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Los estudiantes contra Kast y los recortes en la Educación: “Organización, unidad y calle”

La Confech y la ACES convocan a una marcha para este jueves 14 de mayo, en rechazo a los recortes en educación y a las medidas que, según la organización estudiantil, profundizan la precarización de las condiciones de estudio y vida.

La movilización fue citada para las 11:00 horas en Metro Baquedano, en Santiago y diversas ciudades del país. Desde la organización señalaron que la convocatoria busca reunir a estudiantes y comunidades educativas frente a lo que califican como una política de ajuste sobre derechos sociales.

A través de su llamado, la Confech planteó que la respuesta del movimiento estudiantil será salir a la calle y reforzar la organización. “Frente a la política del recorte y la mercantilización de nuestros derechos, respondemos con lo que históricamente ha levantado las transformaciones: organización, unidad y calle”, señalaron.

Los estudiantes contra Kast y los recortes en la Educación: “Organización, unidad y calle”

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Venezuela: Ministerio de Educación Universitaria rechaza llamado a paro de docentes universitarios por salarios insuficientes

Dicen que los profesores que actualmente se encuentran ejerciendo sus labores académicas están recibiendo un bono

 El Ministerio de Educación Universitaria de Venezuela rechazó que haya “algunos voceros gremiales” que estén llamando a un paro de 24 horas el próximo martes en las universidades públicas como una forma de protesta por los bajos salarios en el sector, luego de cuatro años de un sueldo mínimo mensual congelado en 130 bolívares o 27 centavos de dólar en la actualidad.

La cartera de Estado indicó en un comunicado que el lunes recibió a una amplia representación del sector universitario proveniente de distintas instituciones del país y que escuchó sus solicitudes y reclamos.

El ministerio considera “incomprensible que, apenas culminado el encuentro y sin permitir siquiera el desarrollo de los lapsos acordados para la evaluación de los requerimientos planteados, algunos voceros gremiales hayan convocado a un paro de 24 horas y promovido llamados a la conflictividad”, según el texto.

“No existe razón para esta actitud”, continúa la cartera al exponer que los profesores que “actualmente se encuentran ejerciendo sus labores académicas están recibiendo” un bono como “parte de los primeros pasos orientados al reconocimiento del esfuerzo y compromiso de quienes permanecen al frente de sus estudiantes” y que continuaría revisando las peticiones.

En ese sentido, llamó al sector al diálogo y el entendimiento.

El martes, cerca de medio centenar de profesores universitarios protestaron ante el Ministerio en Caracas para denunciar que la crisis salarial persiste, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara el incremento de unas bonificaciones a 240 dólares en lugar del sueldo mínimo mensual.

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Alfonso, recordó que “ninguna de las bonificaciones son salarios”, debido a que no tienen incidencia en los beneficios laborales como las vacaciones, liquidaciones o el cálculo de prestaciones sociales.

“Sin salario están destruyendo el valor de nuestro trabajo”, añadió Alonso al señalar que si no hay aumentos la movilización va a escalar “en la posibilidad real” de una paralización del sector universitario.

Alfonso indicó que convocaba a las universidades a una nueva paralización de 24 horas para el martes 19, luego de que el pasado 23 de abril ya se realizara uno.

El salario mínimo mensual en Venezuela es de 130 bolívares desde 2022, cuando equivalía a 30 dólares, pero la inflación crónica -cuyo valor acumulado en lo que va del año alcanzó el 90%- lo devaluó a 27 centavos de dólar en la actualidad, y para paliar esta depreciación, el Gobierno paga unas bonificaciones que el pasado 30 de abril fueron aumentadas a 240 dólares.

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Marcha Federal Universitaria: Argentina vuelve a marchar en contra del ajuste

Por: Emilia Trabucco

Este martes 12 de mayo, más de sesenta universidades nacionales de Argentina se paralizarán durante veinticuatro horas. Docentes, nodocentes, estudiantes y la comunidad en general marcharán en decenas de ciudades de todo el país, en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. El reclamo sostiene una continuidad que atraviesa estos dos años de conflicto: el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso y ratificada por la Justicia, pero sistemáticamente desatendida por el Poder Ejecutivo.

En esta oportunidad, la movilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires modificará su punto de llegada. La concentración no se dirigirá al Congreso, como en las ediciones anteriores, sino a la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. El desplazamiento expresa un corrimiento en la interpelación política, que deja de situarse en el ámbito legislativo —donde la ley fue aprobada y sostenida— para dirigirse directamente al núcleo de decisión del Ejecutivo nacional.

El Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario en agosto de 2025. El presidente la vetó mediante el Decreto 879/2024 bajo el argumento de que carecía de previsión presupuestaria y comprometía los objetivos de política económica del gobierno. Ese veto fue rechazado con mayoría agravada, lo que dejó la norma plenamente vigente. Aun así, el Ejecutivo apeló a la Corte Suprema, solicitó la excusación de sus miembros por su condición de docentes universitarios y avanzó en distintas estrategias para bloquear su aplicación, entre ellas la inclusión de su derogación en el proyecto de Presupuesto 2026 —que no prosperó— y la presentación de iniciativas alternativas que tampoco lograron tratamiento parlamentario.

El conflicto, lejos de cerrarse en el plano institucional, se profundizó en el terreno material. Las universidades continúan funcionando con el presupuesto de 2023, prorrogado en un contexto de inflación acumulada del 293% desde noviembre de ese año, mientras que la recomposición salarial alcanzó apenas el 160%, lo que implica una pérdida sustantiva del poder adquisitivo. El financiamiento universitario pasó del 0,71% del PBI en 2023 al 0,45% en 2026, y el presupuesto educativo total cayó del 1,2% al 0,59%. La inversión en ciencia y tecnología descendió hasta el 0,15% del PBI, el nivel más bajo en casi cinco décadas.

La convocatoria del 12 de mayo articula a tres actores centrales del sistema universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el movimiento estudiantil confluyen en una misma escena que ha logrado sostener niveles de masividad inéditos en los últimos años. La consigna que recorre la movilización —“Milei, no sos rey, cumplí la ley”— condensa tres demandas inmediatas: la aplicación efectiva de la norma vigente, la recomposición salarial y la actualización presupuestaria. En este último punto, el CIN estima una caída real del 45% entre 2023 y 2026, mientras que los gremios docentes señalan pérdidas salariales de entre el 32% y el 48%, en un escenario sin paritarias desde octubre de 2024.

Sin embargo, el proceso que desemboca en esta cuarta marcha no puede leerse únicamente como una acumulación de demandas sectoriales. Desde la primera movilización del 23 de abril de 2024, la universidad pública se constituyó en un punto de inflexión del escenario político argentino, condensando un malestar social más amplio frente al programa de ajuste. Aquella jornada evidenció la emergencia de una fuerza social heterogénea que encontró en la defensa de la educación pública un eje de unidad, una experiencia de politización que desbordó el ámbito universitario y articuló a amplios sectores de la sociedad.

Esa centralidad no es contingente, ya que la universidad pública, elegida por alrededor del 80% de les estudiantes, forma parte de una trama histórica que la ubica como derecho social, como dispositivo de movilidad y como espacio de producción de conocimiento. El ataque sobre su financiamiento adquiere así una dimensión estratégica, en tanto se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración estatal, donde la reducción del gasto público, la transferencia de recursos y la mercantilización de derechos configuran un nuevo orden de prioridades.

En ese marco, la disputa no se libra únicamente en el terreno presupuestario o institucional. En paralelo al ajuste material se despliega una ofensiva en el plano simbólico y digital que busca erosionar la legitimidad social de la universidad pública. A través de redes sociales, actores económicos, referentes políticos y las cuentas oficialistas amplifican discursos que presentan a la educación superior como un privilegio, un gasto improductivo o un espacio de adoctrinamiento.

El empresario Marcos Galperin, dueño de Mercado Pago y el hombre más rico de Argentina,  ha sostenido públicamente que la educación debería ser privada y ha acompañado en redes sociales contenidos que cuestionan la universidad pública. Sus intervenciones forman parte de ese clima de época donde la deslegitimación opera como condición para avanzar en reformas estructurales . A esto se suma la acción de las milicias digitales, que instalan agendas, viralizan contenidos falsos o sesgados y construyen sentido común en torno a la idea de que el ajuste sobre la educación resulta necesario o incluso deseable.

Esta ofensiva se profundizó a partir de la segunda gran movilización, en octubre de 2024. En un contexto de caída presupuestaria y deterioro salarial, la universidad comenzó a ser objeto de una disputa ideológica más explícita, donde desde sectores del oficialismo se la caracterizó como espacio de adoctrinamiento, al tiempo que se promovían modelos de financiamiento a la demanda, créditos educativos y esquemas que abren el sistema al negocio financiero. En ese marco, la educación superior dejó de ser concebida como derecho garantizado para pasar a inscribirse en una lógica de mercado, donde el acceso queda mediado por la capacidad de endeudamiento

El deterioro no se restringe al sistema universitario. La política de ajuste implicó una reducción del 27% en las partidas destinadas al funcionamiento del Estado, un recorte del 79% en la obra pública y una caída del 55% en las transferencias a las provincias. En el campo científico, el CONICET perdió más de mil trabajadores y trabajadoras, mientras que hospitales universitarios advierten sobre la posibilidad de interrumpir servicios por falta de financiamiento.

En ese marco, el conflicto universitario se consolidó como uno de los principales vectores de oposición social al gobierno. A lo largo de estos dos años, el proceso de movilización combinó paros, tomas de edificios, clases públicas y acciones de visibilización que lograron articular a la comunidad universitaria con amplios sectores de la sociedad, manteniendo una capacidad de convocatoria que no encuentra antecedentes recientes.

El respaldo internacional también forma parte de la escena. La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), que reúne instituciones de seis países de la región, expresó su apoyo a la movilización y reafirmó la defensa de la educación superior como un derecho colectivo vinculado a la producción de conocimiento y a la transformación social.

El conflicto universitario, en este punto, desborda el reclamo sectorial y se inscribe en una discusión más amplia sobre el modelo educativo en disputa. Mientras el sistema vigente concibe a la universidad como un derecho social garantizado por el Estado, las iniciativas impulsadas por el gobierno avanzan hacia un esquema de subsidiariedad estatal, financiamiento a la demanda y redefinición del rol docente, en un contexto atravesado por la digitalización y la expansión de actores privados en la gestión del sistema educativo.

La escena del 12 de mayo, entonces, condensa un proceso sostenido que ha ido configurando un campo de confrontación donde la universidad pública aparece como uno de los núcleos de resistencia más persistentes frente al programa de gobierno. Dos años después de aquella primera marcha que marcó un punto de inflexión, con la ley sin cumplir, el salario deteriorado y la resolución judicial en suspenso, la pregunta que se instala vuelve a proyectarse sobre el conjunto de la sociedad: hasta dónde puede sostenerse este esquema sin que el conflicto se traduzca en una reconfiguración más profunda del escenario político argentino.

Marcha Federal Universitaria: Argentina vuelve a marchar en contra del ajuste

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Las propuestas de los candidatos para transformar la educación en Colombia: más cobertura, IA y cambios estructurales

Los aspirantes presidenciales proponen estrategias diversas que incluyen ampliar el acceso a la universidad, fortalecer la formación técnica en regiones vulnerables, integrar nuevas tecnologías y renovar la educación pública, junto con incentivos para la permanencia estudiantil y la actualización curricular

Según una recopilación de El Tiempo, los principales candidatos presidenciales han convertido la crisis educativa en un eje central de sus campañas, con propuestas divergentes en cobertura, calidad y modernización. Frente a una caída pronunciada de la matrícula, altos índices de deserción y bajos resultados en pruebas nacionales e internacionales, los programas apuestan por desde ampliar la educación superior hasta incorporar la inteligencia artificial en la enseñanza.

Iniciativas recientes del Gobierno

Durante la administración de Gustavo Petro, el foco estuvo en la educación superior. La meta oficial fue la creación de 500.000 nuevos cupos universitarios, aunque el mandatario afirmó haber alcanzado ya 400.000, cifra aún no verificada por datos oficiales hasta 2024. El programa ‘Universidad en tu Territorio’ priorizó la apertura de sedes universitarias en regiones apartadas, aunque muchas corresponden a adecuaciones de instalaciones existentes, según reportó El Tiempo

Ilustración de un aula escolar con pupitres, globos terráqueos y mapas. Varios estudiantes jóvenes interactúan, conversan, susurran, dibujan y hacen pulso.El sistema educativo colombiano enfrenta baja cobertura, alta deserción y desafíos en calidad y resultados académicos. – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Pacto Histórico: acceso, diversidad y memoria

La fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué propone fortalecer la educación pública en todos sus niveles con mayor presupuesto, calidad e inclusión. El énfasis está en llevar la universidad a territorios rurales históricamente excluidos, mediante la creación de multicampus universitarios independientes o filiales de instituciones existentes, especialmente en regiones como Mompox.

Plantean el fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio (Seip), en reconocimiento a la diversidad cultural, y la inclusión de apartados sobre memoria histórica y liderazgo social en los textos escolares de historia de Colombia. “Sin memoria no habría reconciliación”, afirman los candidatos, según recogió el medio.

Defensores de la Patria: virtualidad, tecnología y articulación con el sector productivo

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo impulsan una reforma para internacionalizar la educación y conectar los programas con las demandas del sector productivo. Su propuesta incluye la creación de una universidad virtual con acceso a conectividad y computadores gratuitos, así como créditos blandos y programas de méritos para los mejores talentos.

Entre los ejes centrales está la formación en inteligencia artificial, computación cuántica y robótica, además de la capacitación de cien mil jóvenes rurales en emprendimiento, con acceso a crédito y mentoría. Proponen fortalecer la evaluación docente y fomentar la inversión privada en ciencia y tecnología.

Cepeda apuesta por fortalecer la educación pública y la inclusión; De la Espriella propone virtualidad y formación tecnológica. - crédito Visuales IACepeda apuesta por fortalecer la educación pública y la inclusión; De la Espriella propone virtualidad y formación tecnológica. – crédito Visuales IA

Centro Democrático: libertad de elección y formación dual

La fórmula de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo prioriza la libertad de elección entre colegios públicos y privados de calidad, con la entrega de 150.000 bonos educativos para los más vulnerables y 187.000 cupos gratuitos en colegios en concesión. El plan incluye la consolidación de supercolegios públicos de excelencia, la actualización de programas en inteligencia artificial y la promoción de liderazgo escolar.

Plantean reformar el Icetex para que los créditos solo se paguen cuando el estudiante esté empleado y en función de su salario, y rescatar el programa Colfuturo para financiar estudios de posgrado en el exterior. Prometen formar a un millón de jóvenes en habilidades digitales, ofrecer cursos gratuitos con internet incluido y articular la educación media técnica con empresas a través de formación dual desde noveno grado.

Dignidad y Compromiso: enfoque STEAM e integración con el mundo del trabajo

Sergio Fajardo y Edna Bonilla consideran que la transformación educativa es esencial para la movilidad social. Sus propuestas se organizan en tres ejes: ampliar el acceso a educación inicial de calidad para niños de cero a cinco años, transformar la educación básica y media con metodologías STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), e integrar la formación técnica y universitaria con el mercado laboral.

Plantean un proyecto nacional de enseñanza de matemáticas y la conversión de las instituciones educativas en comunidades de aprendizaje, con programas de salud mental, convivencia democrática, inclusión y fortalecimiento de la educación rural y etnoeducación.

Sergio Fajardo cierra la puerta a Claudia López y pone en duda la fuerza de Paloma Valencia para segunda vuelta - crédito VisualesIAValencia promueve la libertad de elección y formación digital; Fajardo impulsa enfoques STEAM; López plantea becas e innovación curricular. – crédito VisualesIA

Con Claudia Imparables: becas, infraestructura y renovación curricular

La propuesta de Claudia López y Leonardo Huerta incluye la transformación del Sena para responder a necesidades regionales, y la creación de una agencia nacional de educación, trabajo y emprendimiento que unifique el sistema posmedia. El eje central es llevar el programa ‘Todos a la U’ a nivel nacional con un millón de becas adaptadas a las necesidades regionales.

Buscan universalizar el preescolar de tres grados, renovar la infraestructura de las sedes oficiales y diseñar un plan especial para educación rural con pertinencia intercultural. Promueven una renovación curricular participativa, la integración de competencias del siglo XXI y la incorporación de la educación socioemocional y la salud mental en las políticas educativas.

Panorama actual: cifras y desafíos estructurales

La situación educativa es alarmante. El Tiempo detalla que la matrícula escolar disminuye a un ritmo cuatro veces superior al de la caída demográfica. Mientras en 2018 la cobertura bruta en preescolar era de 41,3%, en 2024 ese índice bajó a 38,8%. El 55% de quienes inician la primaria logran llegar hasta el último grado, pero solo la mitad de los jóvenes en edad de cursar décimo y once están dentro del sistema.

En educación superior, más de la mitad de los matriculados no se gradúa, con una tasa acumulada de 44,22% según el Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (Spadies).

Los resultados en calidad tampoco mejoran. Las pruebas Saber muestran estancamiento, y en las pruebas Pisa de 2022, Colombia quedó por debajo del promedio mundial en matemáticas, lectura y ciencias. El Banco Mundial estima que dos de cada tres niños menores de 10 años no logran comprender textos adecuados para su edad.

https://www.infobae.com/colombia/2026/05/12/las-propuestas-de-los-candidatos-para-transformar-la-educacion-en-colombia-mas-cobertura-ia-y-cambios-estructurales/

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Gobierno de Javier Milei ejecuta recorte masivo en educación

El ajuste más significativo recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, mientras que la medida afectó directamente a proyectos edilicios de 13 universidades nacionales.

El Gobierno argentino, a cargo del presidente ultraderechista Javier Milei, oficializó un recorte presupuestario que afecta programas de la Secretaría de Educación y bloquea transferencias para infraestructura universitaria.

El Gobierno nacional recortó 78.768.179.759 de pesos (más de 56 millones de dólares) en partidas asignadas a la Secretaría de Educación y suspendió el envío de fondos destinados a proyectos de infraestructura en universidades nacionales, según consta en los registros de gastos de la administración nacional.

La medida, formalizada a través de la Decisión Administrativa 20/2026, impacta en programas vigentes y en la ejecución de obras edilicias del sistema educativo público.

 

El ajuste más significativo recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que sufrió una reducción de $35.288.051.713, afectando principalmente las transferencias de fondos hacia las provincias para la ejecución del programa. Asimismo, el Poder Ejecutivo suprimió el Fondo de Compensación Salarial Docente por $8.929.835.294, instrumento encargado de nivelar los sueldos mínimos de los maestros en todo el territorio argentino.

https://www.telesurtv.net/gobierno-milei-recorte-masivo-educacion/

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Recordar lo que no nos enseñaron: memorias, educación y la invisibilización de identidades en Argentina

Hace algunos años, mientras cursaba una maestría en Estados Unidos y tomaba una clase sobre descolonización, leí por primera vez algo que me dejó completamente desconcertada: en Argentina hay, y siempre hubo, población afrodescendiente.

Tenía más de veinte años. Había pasado toda mi escolaridad en Buenos Aires. Y, sin embargo, esa parte de la historia nunca había formado parte de lo que aprendí. No era que me la hubieran enseñado mal: directamente no estaba.

Ese momento fue un quiebre. Me obligó a volver sobre mi propia educación y preguntarme: ¿Qué significa crecer en un país donde ciertas presencias han sido sistemáticamente borradas? ¿Cómo se construye una identidad nacional a partir de silencios?

Esa pregunta se volvió aún más concreta cuando recordé una escena de mi infancia escolar, que después se volvió parte de un proyecto (Rodríguez-Fransen et al., 2025). La memoria era algo así:

Era el 25 de mayo, un día para celebrar el inicio de la independencia de Argentina, y ella tenía seis años. Apenas podía contener su emoción mientras su mamá la ayudaba a prepararse para la escuela: vestía una falda colorida, una camisa blanca y un pañuelo en la cabeza; llevaba un canasto con pastelitos. Estaba lista para su gran actuación.

—¿Quién se supone que soy, mamá?
—Una negrita. Vendiendo pastelitos en la calle.

No estaba muy segura de quién era ese personaje; solo se sentía aliviada de no tener que ser una “dama antigua”. Nunca le gustaron mucho las princesas, y las damas antiguas se parecían a ellas, con sus vestidos largos y el maquillaje. Además, se suponía que debían comportarse correctamente. Le divertía que su personaje fuera cómico y ruidoso, gritando: “¡pastelitos calientes que queman los dientes!”

A medida que se acercaba el momento de salir al escenario, comenzó a formarse con sus compañeros para que la maestra aplicara los toques finales en sus rostros: debían pintarlos de negro con un corcho. Notó que su amiga Amparo, la única niña de piel morena en la clase, esperaba en la fila detrás de ella. Confundida, le preguntó a su maestra:

—¿Por qué la están pintando si su piel ya es morena?

La maestra simplemente se rió y continuó pintando su rostro. Después de la actuación, la maestra le contó la historia a la mamá de la niña, quien también se rió.

En ese momento no entendí lo que esto significaba. Solo me dio vergüenza que se rieran de mí. Pero como adulta, le encontré otro significado: mi maestra y mi mamá no estaban formadas ni preparadas para dar otra respuesta, para usar esa instancia como momento pedagógico.

El problema: una identidad nacional construida sobre la eliminación

Argentina ha sostenido durante siglos una narrativa de homogeneidad: un país blanco, europeo, y “sin problemas raciales”. Pero esa imagen no es inocente ni natural. Es el resultado de procesos históricos, políticos y educativos que han invisibilizado activamente la presencia afrodescendiente y de otras identidades (Andrews, 1989; Geler, 2016; Ocoró Loango, 2011).

Las investigaciones muestran que esta invisibilización ha operado a través de múltiples mecanismos: omisión en los contenidos escolares, representaciones estereotipadas, y la relegación de las personas afro a un pasado colonial, como si no existieran en el presente (Balsas, 2011; Douer, 2021). En la escuela, esto se vuelve particularmente evidente. Los manuales, los actos escolares y las efemérides han enseñado generaciones enteras quién “pertenece” a la nación y quién no.

En una investigación previa que realicé, entrevisté a estudiantes argentinos sobre los actos del 25 de mayo. La mayoría asociaba esas representaciones con pueblos indígenas, sin reconocer su vínculo con la población afroargentina. Esto muestra hasta qué punto la eliminación ha calado en el imaginario colectivo. No se trata solo de una ausencia de información. Se trata de una forma de organizar la memoria colectiva de un país.

Mi proyecto doctoral: recordar juntas/os para imaginar otras historias

A partir de estas preguntas, desarrollé un proyecto de investigación como parte de mi doctorado en Educación en la Universidad Estatal de Arizona (ASU), en Estados Unidos.

El proyecto propone crear un espacio colectivo donde personas que se identifiquen como afroargentinas y personas que no – incluyéndome a mí misma como investigadora/participante – podamos reunirnos a compartir memorias sobre nuestras experiencias escolares.

El objetivo no es simplemente “recuperar” el pasado, sino entender cómo aprendimos a ver, o a no ver, la diversidad en Argentina, y cómo esas memorias pueden abrir nuevas formas de pensar la identidad, la educación y la justicia.

¿Qué es la metodología de memoria colectiva?

La investigación se basa en una metodología llamada memoria colectiva (o collective memory work), desarrollada inicialmente en el campo feminista (Haug et al., 1987).

Esta metodología parte de una idea clave: nuestras experiencias personales no son solo individuales, sino que están profundamente moldeadas por contextos sociales, históricos y políticos. Las memorias que recordamos – y cómo las recordamos – participan en la construcción de quiénes somos (Crawford et al., 1992; Hawkins et al., 2016).

A diferencia de enfoques tradicionales, la memoria colectiva no busca verificar si los recuerdos son “exactos”, sino explorar qué revelan sobre los sistemas en los que vivimos. Como señalan diversas autoras, recordar es una forma de producir conocimiento situado, encarnado y relacional (Davies & Gannon, 2006; Mnemo ZIN, 2024).

En la práctica, esto implica:

  • Escribir y compartir recuerdos breves sobre experiencias específicas (por ejemplo, mi memoria sobre el acto escolar del 25 de mayo)
  • Escuchar las memorias de otras personas
  • Reflexionar colectivamente sobre patrones, emociones y silencios
  • Reescribir esas memorias a partir del diálogo

El proceso es tanto analítico como afectivo. A través de él, lo que parecía una experiencia individual comienza a revelar estructuras más amplias: racismo, invisibilización, pertenencia, exclusión. En este sentido, la memoria colectiva no es solo una técnica de investigación. Es también una práctica política y decolonial: una forma de cuestionar quién tiene derecho a producir conocimiento y qué historias cuentan como válidas.

¿Por qué es importante la participación comunitaria?

Este proyecto también parte de una preocupación ética central: evitar la extracción académica. Durante mucho tiempo, las investigaciones han hablado sobre comunidades sin involucrarlas realmente en la producción de conocimiento. Frente a eso, la memoria colectiva propone otra lógica: co-crear conocimiento con quienes participan (Lamborghini et al., 2017).

Esto implica que:

  • Las personas participantes no son “objetos de estudio”, sino co-investigadoras
  • Las memorias producidas pertenecen también al grupo
  • El material generado puede ser utilizado por las/los propias participantes en distintos espacios (escuelas, arte, publicaciones, etc.)

Además, el proceso mismo puede tener un valor transformador. Recordar en colectivo permite cuestionar lo que parecía “normal”, poner en palabras lo no dicho, y abrir nuevas formas de comprensión.

¿Cómo participar?

Estoy invitando a participar en este estudio a personas que:

  • Hayan completado la secundaria en Buenos Aires, aproximadamente entre 1995 y 2015
  • Se identifiquen como argentinas/os o afroargentinas/os

La participación incluye:

  • Un taller presencial de medio día (durante un día del fin de semana en CABA, en el taller de la artista Mirta Toledo)
  • Actividades de escritura reflexiva, discusión grupal y memoria colectiva
  • Participación en una actividad artística guiada por la artista argentina Mirta Toledo
  • Una discusión virtual posterior de aproximadamente 1 hora (opcional)
  • Consentimiento para grabación de audio con fines de investigación

Compensación y logística

Las personas participantes recibirán:

  • USD 60 (o equivalente en pesos argentinos)
  • Almuerzo y refrigerios durante el taller
  • Viáticos para el traslado al lugar del taller

Contacto

Si te interesa participar o querés saber más, podés contactarme:

📧 vdesimon@asu.edu
📱 (+1) 919-748-8488 (WhatsApp)

Este proyecto nace de una pregunta or preocupación personal, pero no es solo mío. Es una invitación a pensar juntas/os qué historias nos contaron, cuáles no, y qué podemos hacer con eso.

Recordar lo que no nos enseñaron: memorias, educación y la invisibilización de identidades en Argentina

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Paraguay: Educadores se movilizan en reclamo a la inclusión de estudiantes con discapacidad En 30/05/2025 3.795

Educadores se movilizan en reclamo a la inclusión de estudiantes con discapacidad

Educadores marchan este viernes por inclusión real y contra sobrecarga de trabajo

Los docentes de la Organización de Trabajadores de la Educación-Sindicato Nacional (Otep-SN) se movilizarán mañana viernes 30 de mayo en protesta por la creciente sobrecarga laboral, en reclamo de financiamiento para proyectos educativos y una verdadera implementación de la Ley de Educación Inclusiva.

La convocatoria está marcada para las 07:00 frente al Panteón Nacional de los Héroes, desde donde marcharán hasta el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para entregar su propuesta.

La profesora Blanca Ávalos, dirigente de la OTEP-SN, explicó tras la reunión intersindical de esta semana en el MEC que la ley de inclusión —promulgada en 2022— “no está funcionando” porque la cartera educativa no generó los espacios ni designó a los profesionales necesarios para acompañar el proceso de aprendizaje de niños con necesidades educativas especiales.

“Nosotros no somos técnicos para hacer los ajustes razonables que exige la ley. Según los artículos 8 y 9, deben estar los siete técnicos que acompañen el proceso, pero eso no se cumple”, expresó Ávalos, quien denunció que las promesas del Ministerio solo “ponen paños mojados” en vez de ofrecer soluciones reales.

La dirigente también cuestionó la falta de financiamiento para los programas que se implementan en las instituciones educativas y aseguró que esto genera una sobrecarga laboral y económica sobre los docentes, especialmente en lo que se refiere a la implementación de ajustes razonables para garantizar la inclusión.

Mencionó también el impacto de otros programas, como el plan Hambre Cero, que, según ella, “repercute negativamente” en el día a día de los educadores.

“Nuestra herramienta es la lucha. Es insistir, es exigir al gobierno de turno que cumpla. Si la Resolución 376 no se puede aplicar por falta de recursos, pedimos que se suspenda o se modifique hasta que haya fondos”, afirmó Ávalos.

Aunque el MEC propuso el martes instalar mesas de trabajo para abordar los reclamos, la OTEP-A considera que eso no justifica suspender la movilización. “Las marchas son necesarias para visibilizar las carencias del sistema y exigir respuestas concretas”.

Funte:  https://www.nodal.am/2025/05/paraguay-educadores-se-movilizan-en-reclamo-a-la-inclusion-de-estudiantes-con-discapacidad/

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