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Otro fútbol y otro mundo son posibles… e imprescindibles

Haciendo un breve recuento, el primer campeonato tuvo lugar en Uruguay en 1930, en medio de la Gran Depresión ocasionada por la burbuja financiera en los Estados Unidos. Cuatro años después, la Copa se jugó en la Italia de Benito Mussolini. El fascismo descubrió que once jugadores podían serle de gran utilidad, sobre todo con el triunfo que obtuvo la escuadra nacional.

En 1938, Francia hospedó el torneo con la sombra de la guerra que se desataría poco tiempo después. Doce años después, la Copa saldría de su escondite en una caja de zapatos, debajo de la cama del Vicepresidente de la FIFA para viajar al Brasil, quien perdió la final con el equipo uruguayo en un memorable partido definitorio en el Maracaná.

Suiza, que se había mantenido neutral durante la Guerra, debía simbolizar el regreso de la paz en el Mundial de 1954. Sin embargo, el mundo había entrado en una nueva guerra entre el bloque socialista y el bloque capitalista capitaneado por los Estados Unidos. Alemania, que regresaba al torneo después de haber estado prohibida su participación, venció a los favoritos húngaros en la final.

La Unión Soviética consiguió participar por primera vez en la sexta edición que se jugó en Suecia en 1958. La lucha por la liberación del colonialismo entraba a las canchas. Por vez primera tuvieron un cupo para participar seleccionados de Asia y África.

En 1962, dos años después del terrible terremoto de Valdivia, la Copa se jugó en Chile. Uno de los cuatro estadios utilizados era propiedad de la minera estadounidense Braden Copper Company – nacionalizada nueve años después por el gobierno de Salvador Allende. Brasil se llevó el trofeo de la mano de Garrincha y Pelé, pero la alegría desatada no duró mucho. El país, presidido por el progresista João Goulart, se vería ensombrecido por el golpe militar de 1964, dictadura que recién vería su fin veintiún años después.

En el 66´ la corona volvería a Europa y la ganó el local Inglaterra, mientras que en México 1970, en plena ebullición de la ola de rebeldía juvenil y a dos años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, Brasil consagraría su tercer triunfo. Los alemanes ganarían su segundo trofeo también como locales en 1974 superando, una vez más, al favorito equipo magiar. Pocos meses antes había ocurrido el embargo petrolífero de los países árabes, como represalia al apoyo que prestaron varios países occidentales a Israel en la guerra de Yom Kippur.

Mientras tanto, sangrientas dictaduras se ensañaban con los impulsos revolucionarios en América Latina. El mundial de 1978 intentaría tapar en Argentina la terrible violación a los Derechos Humanos de los sucesivos gobiernos militares que dejaría treinta mil víctimas.

Los mundiales jamás han estado separados de la política, del dinero o del poder.

España, poco después del fin de la dictadura franquista, organizó la Copa en 1982, en la que por primera vez participaron equipos de todos los continentes, un preludio de la globalización en ciernes.

En México 86, la “mano de Dios” y los pies de Maradona llevaron a Argentina a lograr su segundo galardón, derrotando en fase de cuartos de final a la escuadra inglesa, con las heridas aun frescas de la guerra en las colonizadas Islas Malvinas. Los sudamericanos no pudieron revalidar su título en el siguiente Mundial en Italia (1990), cayendo ante el conjunto alemán, cuyo pueblo celebraba la reciente reunificación nacional.

Regida por la preeminencia del neoliberalismo, en 1994 el Mundial de fútbol se disputó en los Estados Unidos, un país sin tradición en este deporte. En 1998, el evento tendría lugar en Francia con el triunfo de la escuadra gala en el Estadio de Saint-Denis, un suburbio de París con una gran población inmigrante. Tiempo después, la ultraderechista Marine Le Pen calificaría a este barrio de la periferia capitalina como un área «fuera de control», una «zona sin ley» en manos de «escoria».

En el evento inaugural del siglo XXI, la Copa se disputó en Corea del Sur y Japón, siendo atravesada esta edición por la rampante corrupción de altos directivos de la FIFA. El lema del torneo siguiente, disputado en Alemania en 2006, (“El mundo entre amigos») no pudo plasmarse en el juego, rompiéndose el récord del mayor número de tarjetas amarillas y rojas. Fuera de la cancha, millones de personas sensibles habían llenado las calles en contra de la invasión estadounidense a Irak. Esta furiosa avanzada por recursos petrolíferos y control geopolítico había intentado legitimarse como “guerra contra el terrorismo islámico”, estigmatizando a las poblaciones musulmanas, sin distinción alguna, como fanáticos peligrosos.

El enorme Nelson Mandela celebrararía la elección de Sudáfrica como sede del primer Mundial en suelo africano en 2010 a pesar de la enorme erogación financiera que suponía la construcción de nuevos estadios, mientras el país seguía cargando las enormes desigualdades heredadas del apartheid. También en Brasil, cuatro años después, el alto coste de las millonarias obras motivaron extendidas protestas por parte de la población brasileña, antes y durante el torneo. El clamor popular, más allá de la habitual euforia futbolera que caracteriza al país insistió – con toda la razón –  en que hubiera sido mucho más importante que el dinero de los estadios se hubiera invertido en hospitales y escuelas.

La vigésima edición fue en Rusia 2018, cuya elección como sede fue cuestionada por presuntas denuncias de corrupción. El entonces primer ministro Vladimir Putin dijo que consideraba las investigaciones como un intento de los Estados Unidos de expulsar a Joseph Blatter del cargo de presidente de la FIFA como castigo por su apoyo a Rusia como anfitrión del certamen. La elección del Reino de Qatar para el certamen 2022 tuvo idénticas sospechas, sumadas a los cuestionamientos por la violación de derechos humanos. En esa edición, en un final no apto para dolencias cardíacas, Argentina obtuvo su tercer trofeo.

La inminente Copa Mundial de Fútbol 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, no logrará ocultar el intento de limpieza étnica de la población palestina, los bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán, el secuestro del presidente venezolano, las redadas antiinmigrantes y las agresivas medidas y la descarada injerencia del gobierno reaccionario de Donald Trump. Será un Mundial con una guerra abierta entre Rusia y Ucrania, conflictos armados en Sudán y República Democrática del Congo, catástrofes climáticas y la continuidad del expolio de los recursos naturales para beneficiar a unos pocos conglomerados financieros. Ningún gol podrá aliviar las violaciones a los derechos humanos, la violencia contra las mujeres, los intentos de recolonización, la discriminación racista o el incremento de las afecciones de salud mental.

Asistiremos a una sofisticada ingeniería tecnológica, que fuera de la competencia deportiva ya está siendo usada para vigilar a las poblaciones y asesinar selectivamente. Los juegos tendrán lugar en un escenario geopolítico que, más allá de sus resultados deportivos estará signado por un nuevo (des)equilibrio internacional que ya no estará asentado sobre la hegemonía del eje occidental.

Sucede que el fútbol y el deporte en general, absorbido por intereses mezquinos, convierte la alegría en mercancía y el juego en negocio. Los mundiales y megaproyectos deportivos no favorecen a las comunidades, ponen las ganancias por encima de la vida y venden la ilusión efímera de que la felicidad puede vestirse con la casaca de un equipo nacional.

Frente al futbol espectáculo, frente al fútbol que oculta la desigualdad y la discriminación, es preciso reivindicar el futbol de los barrios, de las comunidades y de los pueblos. El fútbol que siempre nace y se nutre del corazón de los desheredados, de los excluidos y despojados.

Otro fútbol es posible e imprescindible, el que sirve al encuentro y a la paz, no a la división, a la manipulación o al enfrentamiento. Ese fútbol que hoy crece desde la convicción de todas y todos aquellos que queremos un mundo justo, con igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo para todo ser humano sobre la Tierra, por el solo hecho de haber nacido. Un mundo humanista.

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Trump acelera el desmantelamiento del Departamento de Educación quitándole funciones clave

Por ANNIE MA

La administración del presidente Donald Trump aceleró el martes el desmantelamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos, al delegar gran parte de su trabajo destinado a proteger a los estudiantes en riesgo del país, en una medida que recorta la gran mayoría de sus funciones para que otras agencias se encarguen de ellas.

El Departamento de Justicia se encargará de la aplicación de los derechos civiles en la educación, mientras que el Departamento de Salud y Servicios Humanos supervisará la educación especial, anunciaron funcionarios gubernamentales.

Las dos agencias afectadas —la Oficina de Servicios de Educación Especial y Rehabilitación y la Oficina de Derechos Civiles— defienden los derechos de los niños con discapacidades y de quienes sufren discriminación por raza, sexo o religión. Los defensores temen que el cambio pueda significar fallas en la comunicación para familias y funcionarios escolares que necesitan ayuda.

El mandatario republicano hizo campaña con la promesa de cerrar el Departamento de Educación, diciendo que “devolvería la educación a los estados, donde corresponda”. Aunque solo el Congreso puede cerrar el departamento, la secretaría de Educación, Linda McMahon, multimillonaria y exdirectora ejecutiva de World Wrestling Entertainment, ha suscrito acuerdos con otras agencias federales para que se encarguen de gran parte del trabajo de su departamento.

McMahon señaló que los acuerdos asignan las responsabilidades federales a las agencias mejor posicionadas para apoyarlas.

“El gobierno de Trump ha sido claro: al tiempo que reducimos la microgestión federal cuando obstaculizamos el éxito, estamos igualmente comprometidos a reforzar la eficacia de la supervisión federal donde sea esencial”, dijo McMahon en un comunicado por escrito.

Los críticos advierten sobre el impacto en los servicios estudiantiles.

Los defensores dijeron que los cambios provocarían incertidumbre en torno a los servicios de los que dependen millones de estudiantes y familias.

“Como ocurre con demasiada frecuencia, los estudiantes tradicionalmente desatendidos, incluidos los estudiantes con discapacidades, los estudiantes negros y latinos, los estudiantes multilingües, los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes en comunidades rurales, soportarán la mayor parte de la carga creada por esta imprudente decisión, a la que las comunidades de las discapacidades y los derechos civiles ya se han opuesto vehementemente”, señaló en un comunicado por escrito EdTrust, un grupo de análisis con sede en Washington, DC, que aboga por la equidad educativo.

El Departamento de Educación ya ha transferido algunos de sus programas mediante 10 acuerdos internos anteriores, pero las agencias afectadas por el anuncio del martes estaban entre las más observadas.

La Oficina de Servicios de Educación Especial y Rehabilitación administra millas de millones de dólares en subvenciones y supervisa el cumplimiento de los estados con la Ley de Educación para Personas con Discapacidades. La Oficina de Derechos Civiles, que ha sido reducida por despidos masivos, investiga denuncias de discriminación en las escuelas y universidades del país.

El Departamento de Justicia también asumirá el trabajo de proteger la privacidad de los estudiantes y brindará a las escuelas cierta capacitación y asesoramiento.

Aunque el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Justicia asumirán la mayoría de las tareas cotidianas de las oficinas asignadas, el Departamento de Educación seguirá realizando algunas labores, como responder a auditorías y emitir determinaciones finales en casos de derechos civiles, que por ley está explícitamente obligado a hacer.

El representante demócrata por Virginia, Bobby Scott, miembro de mayor rango del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, dijo que el anuncio del martes fue una medida política destinada a cumplir la promesa de campaña del presidente. Los cambios, dijo, probablemente ampliarán las desigualdades para los estudiantes de color y los estudiantes con discapacidades.

Los acuerdos dispersan programas educativos a agencias que no tienen la experiencia para administrarlos, dijo la senadora demócrata por Washington Patty Murray.

“En lugar de ayudar a los niños a una gran educación, esta administración gasta su tiempo, energía y recursos de los contribuyentes obsesionados con dónde se sientan los empleados e intentando ilegalmente cerrar el Departamento de Educación”, dijo la senadora en un comunicado por escrito.

Rachel Gittleman, presidenta del sindicato que representa a los empleados del departamento, dijo que las medidas generarán caos para familias, estudiantes y escuelas.

“Esto dejará a nuestros estudiantes y familias más vulnerables, que han sido excluidos de nuestro sistema educativo, sin los servicios que necesitan y sin protección cuando se enfrentan a la discriminación”, afirmó Gittleman en un comunicado por escrito.

Las familias de estudiantes con discapacidades se oponen a la decisión

El traslado de la educación especial al Departamento de Salud y Servicios Humanos alarmó especialmente a los defensores de las personas con discapacidades, quienes dicen que la supervisión de si las escuelas atienden adecuadamente a los niños con discapacidades la manejan mejor los expertos en educación, no los expertos médicos.

«La IDEA está destinada a equipar a los estudiantes mientras aprenden junto a sus compañeros, no a curarlos —el Departamento de Salud y Servicios Humanos no está preparado para supervisar y administrar el programa IDEA de manera efectiva. Los sistemas de salud y educación hablan en idiomas completamente diferentes, e incluyen variaciones en terminología, capacitación y disciplinas», dijo Jennifer Coco, directora ejecutiva interina del Center for Learner Equity.

El Departamento de Educación señaló que McMahon pasó más de seis meses en sesiones de escucha con familias, defensores y educadores para comprender mejor las preocupaciones sobre cómo el desmantelamiento del departamento podría afectar la educación especial. Muchas familias expresaron preocupaciones sobre obstáculos para los servicios adecuados para sus hijos, pero Coco dijo que los participantes en esas sesiones estaban unidos en su oposición a trasladar la supervisión de la educación especial fuera del Departamento de Educación.

“Creo que estamos de acuerdo en el problema”, dijo Coco. “Tenemos un marcado desacuerdo sobre la solución y estas transferencias de hoy no parecen una solución a ese problema”.

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La cobertura educativa de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Trump acelera el desmantelamiento del Departamento de Educación quitándole funciones clave

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Italia prohíbe la educación sexual en las escuelas

La normativa impone un veto directo en primaria y exige el consentimiento explícito de los padres para secundaria, dejando desprotegidos a los menores procedentes de los entornos más vulnerables.

En Roma, el Senado italiano aprobó el pasado 5 de junio el texto definitivo de la reforma educativa impulsada por el ministro de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, con un resultado de 78 votos a favor y 38 en contra. Esta nueva legislación, que ya había superado previamente su trámite en la Cámara de Diputados tras tensos debates parlamentarios el pasado mes de noviembre, regula de forma estricta la implementación de las horas destinadas a impartir contenidos de educación sexual en los centros educativos de todo el país, relegando el estudio de la sexualidad exclusivamente al ámbito de la biología.

Imagen de archivo de Giuseppe Valditara. Foto: zazoom.it
Imagen de archivo de Giuseppe Valditara. Foto: zazoom.it

Según informa il manifesto, la normativa establece una prohibición total de estos programas en la educación primaria. A partir de la educación secundaria, equivalente a los 12 años de edad en adelante, la realización de estos talleres estará condicionada al consentimiento previo y expreso de los progenitores. Las familias dispondrán, además, del derecho a revisar detalladamente los materiales didácticos que se vayan a utilizar y a “evaluar la idoneidad de los profesionales externos implicados en las actividades”. Esta postura coincide con las declaraciones de la primera ministra italiana, la fascista Giorgia Meloni, quien ha defendido públicamente que “la formación de los niños en materias tan delicadas debe corresponder en exclusiva al ámbito familiar”.

Por su parte, el ministro Giuseppe Valditara calificó la aprobación de la ley como “un paso histórico para el sistema educativo”, argumentando que la medida tiene como propósito fundamental “proteger a los estudiantes de la propaganda de género y evitar el adoctrinamiento ideológico en las aulas”. Esta perspectiva ha sido respaldada firmemente por las fuerzas ultraderechistas de la mayoría gubernamental, integradas por los partidos de la Lega y Fratelli d’Italia, así como por asociaciones familiares de corte ultraconservador. El Movimiento de Padres Italianos (Moige) y el colectivo Pro Vita & Famiglia, representado por su portavoz Jacopo Coghe, manifestaron su satisfacción ante el resultado de la votación en el Senado, atribuyéndose el éxito de una ley que consideran “un freno necesario”.

Estigmatización y censura

Sin embargo, la aprobación de la ley ha desatado una profunda preocupación y el rechazo inmediato de múltiples organizaciones y entidades dedicadas a la prevención de la violencia de género. La federación Arcigay criticó duramente la decisión del Ejecutivo, calificándola como “un grave retroceso autoritario que no logrará hacer desaparecer las dudas e inquietudes de los jóvenes”. Del mismo modo, la organización Una, Nessuna e Centomila subrayó la contradicción que supone obstaculizar la información afectivo-sexual en las aulas en un contexto marcado por el incremento de las infecciones de transmisión sexual y las agresiones sexuales entre la población adolescente.

Desde el ámbito técnico y pedagógico, entidades como la asociación Educare alle Differenze denunciaron en declaraciones recogidas por medios de comunicación como El Salto que la nueva ley “estigmatiza la educación afectiva y generará un clima de censura y persecución sobre el profesorado”. Además, la red institucional Ready y diversos expertos en salud pública recordaron que el texto aprobado colisiona frontalmente con las recomendaciones internacionales fijadas por la OMS, la Unesco y los principios de la Convención de Estambul. Advierten también de que la falta de herramientas educativas en los entornos escolares formales dejará desprotegidos a los menores procedentes de entornos vulnerables y trasladará el aprendizaje sobre la sexualidad al ámbito descontrolado de la pornografía en internet.

https://diariosocialista.net/2026/06/17/italia-prohibe-la-educacion-sexual-en-las-escuelas/

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La izquierda ante un gran desafío: Sobre los comités de base por un gobierno de trabajadores

En el mundo entero, y no solamente en la Argentina, el capitalismo se halla inmerso en una época de crisis profunda y multifactorial. Nos hallamos en medio de una transición, pero nadie sabe a ciencia cierta hacia dónde. Es probable, de hecho, que haya varios destinos posibles. Para la izquierda revolucionaria ello entraña la posibilidad que, de los actuales fuegos, resurja como el ave Fénix el horizonte del socialismo. A escala global, sin embargo, no parece ésta la opción más a la mano. Pero en los momentos de crisis las cosas se aceleran y posibilidades inverosímiles hasta poco tiempo atrás se vuelven atractivas e incuso factibles. Y siempre hay circunstancias peculiares. Que la dirigente trotskista Myriam Bregman se encuentre en Argentina entre las figuras políticas con mejor imagen y el FIT-U con una creciente intención de voto es un fenómeno que no se puede ignorar. La crisis del gobierno y la parálisis, las disputas intestinas y el giro a la derecha del peronismo parecen no tener fin. Desde hace varias semanas en el conjunto de la izquierda de nuestro país se debate cómo intervenir sobre este fenómeno político. Los autores de este texto hemos participado en estos intercambios con dos Cartas Abiertas. Aquí quisiéramos desarrollar algunos aspectos de nuestro análisis de la situación y lo que nos parece una vía de acción posible y fructífera.

En los regímenes políticos capitalistas democrático-liberales parece haberse producido, en los últimos años, un cambio significativo. Durante décadas estos regímenes sirvieron como un poderoso dique de contención para todo tipo de radicalización política, consolidando bolsones enormes de electorados estables que daban solidez al sistema y hacían poco probable tanto los cambios repentinos de las preferencias políticas o electorales cuanto las rebeliones por abajo. Los levantamientos tenían lugar característicamente en países no democráticos (ejemplo típico: la primavera árabe).Hubo excepciones (como la Argentina de 2001), pero el panorama general era que las democracias liberales constituían un puntal de estabilidad. Eso se ha ido desmoronando en la última década, en la que han proliferado levantamientos y protestas callejeras de diferente tipo que incluso han tumbado gobiernos constitucionales (como el de Nepal hace pocos meses), como así también se ha visto  virajes electorales rápidos y profundos o la aparición recurrente de outsiders como Bukele en El Salvador, Castillo en Perú o de la Spriella en Colombia. Milei es un caso extremo de esta tendencia. Sin embargo, en ningún caso, hasta ahora, se ha roto de manera inequívoca con los parámetros neoliberales consolidados durante el último medio siglo, ni mucho menos con las bases capitalistas de la economía (aún más antiguas). La fuerte inestabilidad de los gobiernos no da necesariamente lugar a una inestabilidad equivalente del sistema político en sí mismo, y hasta ahora no ha amenazado a las relaciones de propiedad. El descontento es casi universal, pero la emergencia de alternativas es la gran ausencia. Los virajes políticos de las últimas décadas no han alterado las dinámicas sociales y económicas capitalistas más profundas. Las políticas focalizadas no han podido contrarrestar la precariedad, la informalización y la miseria universales. Las compensaciones simbólicas de la política posmoderna se tornan crecientemente vacuas ante las duras realidades de la vida material en lo que hace a empleo, ingresos, vivienda, salud,educación o degradación ambiental. Las tibias estatizaciones (allí donde la hubo) no han podido frenar los vendavales de la economía global. Los derechos tantas veces proclamados –“con la democracia se come, se cura y se educa”- se vuelven cada vez más papel mojado. La falta de una alternativa al capitalismo liberal que resulte creíble y atractiva para las grandes mayorías es el gran vacío que, en buena medida, caracteriza la política actual en nuestros países.

El interrogante es: ¿cómo transitar del descontento que se palpa y la inestabilidad que se acrecienta hacia un cambio político y social verdaderamente estructural y significativo?

La inestabilidad política en nuestras sociedades se da sobre un trasfondo que no se puede ignorar ni minimizar, y que es mucho lo que debe a los cambios tecnológicos, culturales y sociales operados en las últimas décadas. Las redes sociales y los nuevos dispositivos tecnológicos permiten una difusión masiva de ideas a bajo costo, de manera descentralizada y no fácilmente controlada por los Estados y las corporaciones privadas. Esto puede ser aprovechado por la izquierda, que siempre tuvo dificultades para acceder a los grandes medios de comunicación. Pero, en contrapartida, el anegamiento de la arena pública con basura digital, noticias falsas, exceso de emoción y minimización de los argumentos y de la razón no favorece en lo más mínimo a la izquierda socialista. La ultraderecha siempre se basó en una radicalización discursiva y emocional que ocultaba un conservadurismo social destinado a mantener e incluso acrecentar el poder y la riqueza de los ricos y poderosos. La emocionalización y la virtualización de la vida social generan inestabilidad política, fenómenos virales y cambios súbitos en las preferencias electorales o simpatías momentáneas. Pero, paralelamente, tienden a socavar el alcance y la solidez de las fuerzas políticas (fenómeno reforzado por la mercantilización acelerada de los últimos años y la importancia creciente concedida a los aspectos más privados de la vida personal). El desafío para la izquierda argentina en la hora actual es aprovechar un vaivén favorable que se registra en el estado de ánimo de grandes sectores sociales para propiciar una politización más consciente, consistente y organizada, que haga posible un cambio revolucionario. Un cambio que, para ser genuino, demanda una participación tan masiva como autoconsciente.

En nuestra primer Carta Abierta propusimos que, a partir de la creciente simpatía en torno a Myriam Bregman, se conformaran “Comités de base por un gobierno de trabajadores”. La propuesta fue tomada parcialmente por el PTS, la organización que Myriam integra, en una convocatoria que acompañamos con nuestras firmas. Sin embargo, la implementación concreta de los comités parece haber sido encaminada en una dirección bastante diferente a la que proponíamos y a lo que daba a entender la convocatoria “Vos hacés falta”. El llamado a conformar los comités se ha concentrado casi exclusivamente en la construcción de “un partido de la nueva clase trabajadora”, y los comités han estado integrados en la mayoría de los casos por militantes del PTS y activistas independientes, con exclusión no sólo de los otros partidos que integran el FIT-U, sino de muchas otras organizaciones sociales y políticas que, en principio, son favorables a un “gobierno de trabajadores”. No podemos dejar de señalar que esta vía de actuación puede mantener a miles de personas alejadas de los comités, socava la unidad del FIT-U (un activo que la mayor parte de sus simpatizantes valoran positivamente), pone trabas a su posible desarrollo como un genuino movimiento de masas y cierra casi por completo las puertas a una posibilidad inédita: que la izquierda pueda influir sobre trabajadores y jóvenes peronistas disconformes con la orientación cada vez más derechista del Partido Justicialista (PJ) y la burocracia sindical, traccionando a una parte significativa de ellos hacia posiciones revolucionarias.La construcción del partido revolucionario (tarea cuya importancia no desmerecemos) puede (y debe) desarrollarse fortaleciendo y consolidando un movimiento de masas, necesariamente más amplio y plural.

No tenemos una posición rígida sobre las formas de organización política revolucionaria más conveniente en el presente. Pero a la luz de la configuración actual de la izquierda política, del movimiento sindical y del variopinto espectro de muy disímiles movimientos sociales, consideramos que los comités de base (y en esto consistía nuestra propuesta inicial) deberían ser un espacio democrático de masas capaz de concentrar a todas las fuerzas en principio favorables a la idea genérica de un “gobierno de trabajadores”, para emprender conjuntamente aquellas tareas en las que estamos de acuerdo: enfrentar al gobierno de Milei; apoyar a las luchas sociales y sindicales en curso; difundir el ideario socialista y la perspectiva revolucionaria; debatir a partir del programa del FIT-U un programa de gobierno de emergencia mucho más detallado. Paralelamente a estas tareas de lucha y propaganda conjuntas, pensamos que el espacio de los comités (o instancias paralelas relacionadas o no con los mismos, como foros, paneles, mesas redondas, talleres, etc.) podría servir para estudiar, conversar o debatir el amplio espectro de cuestiones tácticas, estratégicas organizativas e intelectuales que atañen a un cambio revolucionario.

Insistimos entonces con nuestro planteo inicial: debemos asumir con audacia la posibilidad de debatir con miles de personas para avanzar en la construcción de una alternativa gubernamental de los trabajadores y trabajadoras que haga posible una salida a la crisis opuesta a la que nos proponen Milei, el PJ y todas las variantes del sistema.

Los comités de base pueden ser la gran herramienta para esta tarea, a condición de que sirvan para desarrollar y coordinar las luchas de resistencia a las políticas oficiales y den un marco político y organizativo a la creciente bronca popular.

La apuesta es inmensa. Ningún colectivo, por pequeño que sea, y hasta ningún militante individual que quiera sumarse puede quedar afuera. Necesitamos grandeza, firmeza y unidad. De nuestra parte no tenemos dudas: si rodeada de las principales figuras públicas del FIT-U y de referentes de los distintos movimientos sociales y/o sindicales que en los últimos años han estado dando la pelea, Myriam Bregman diera una conferencia de prensa convocando a la conformación de comités de base podríamos aglutinar a decenas de miles de personas dispuestas a militar por una alternativa revolucionaria.

https://vientosur.info/la-izquierda-ante-un-gran-desafio-sobre-los-comites-de-base-por-un-gobierno-de-trabajadores/

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Qué tiene de emancipador el feminismo del siglo XXI

Por: Justa Montero

El feminismo es plural con importantes diferencias políticas e ideológicas, en ocasiones incluso antagónicas. Por lo tanto, en el texto me referiré siempre al que, con una mirada global, habla del conjunto de conflictos que genera el sistema, que considera que le competen, y que expresa su voluntad de cambiarlo todo desde unas luchas que miran hacia un horizonte emancipador para todas, todes y todos.

Qué tiene de emancipador el feminismo, qué esperanzas puede abrir en medio de una realidad plagada de monstruos de un capitalismo racista y patriarcal salvaje, que no solo reconfigura la geopolítica, sino también pone en juego nuestra propia existencia y que, como señala Wendy Brown (Brown, 2019), dibuja un mundo sin corazón.

El mundo sin corazón

El genocidio del pueblo palestino es una muestra de cómo las políticas colonialistas, militaristas y racistas que sostiene el poder global solo dejan muerte y destrucción. Es la prueba de los procesos de deshumanización que se vienen desencadenando. Está siendo el laboratorio en el que no cabrá la banalización del mal porque a ojos vista de todo el mundo se deshumaniza a las y los palestinos y se les priva de derechos destruyendo sus condiciones de vida para acabar presentándolas como prescindibles. ¿Qué tipo de humanidad se está configurando?

Forma parte de la necropolítica que cuenta en su haber los secuestros y asesinatos migrantes en Minneapolis por parte del ICE, los asesinatos que levantaron el grito del Black Lives Matter, las muertes en las vallas de Melilla, las de las 7291 personas mayores de las residencias en Madrid durante la covid, los asesinatos de las mujeres y disidencias sexuales y de género, las de las defensoras de los derechos medioambientales, víctimas de la lucha contra el extractivismo, de las que Berta Cáceres, diez años después de su asesinato, sigue siendo un símbolo.

Todo ello tiene su correlato en importantes movilizaciones, que sí tienen corazón y denuncian la impunidad generalizada a la que asistimos.

Otros factores que marcan el presente tienen que ver con la lucha por la hegemonía imperialista que, en la actual fase de crisis del capitalismo patriarcal, racista y ecocida también suponen el saqueo permanente de territorios y cuerpos (tal y como lo conceptualizan las mujeres centroamericanas). El rearme bélico, como ya sin pudor lo reivindica Trump, no es sino una guerra por los recursos naturales que acelerará y agudizará su efecto destructor sobre la naturaleza que nos sostiene.

Esta violencia generalizada requiere el reforzamiento de Estados autoritarios para tratar de imponer una salida, si existe, a semejante crisis. Es el sentido de las leyes mordaza, de las de extranjería, los CIES, las políticas de migración y asilo de la UE y de los campos de concentración de migrantes. Pero el reforzamiento del control del Estado tiene múltiples aristas, y una de ellas son las lógicas securitarias, punitivistas y carcelarias dirigidas al disciplinamiento social. Como parte del mismo, sirven para el control y moralización de la vida y de los cuerpos de las mujeres formando parte del estado de guerra permanente contra ellas del que habla Silvia Federicci.

Las lógicas securitarias son muy eficaces en la conculcación de derechos económicos, así como en la defensa de una libertad completamente disociada de la justicia social. Consiguen generar inseguridad económica, malestar social, ansiedad e incertidumbre sobre el futuro. Y esto, que es algo que el propio sistema genera, paradójicamente lo están capitalizando las extremas derechas a través de las llamadas guerras culturales. De este modo están consiguiendo, por un lado, una penetración en el tejido social y por otro, la construcción de una nueva identidad: la del hombre agraviado.

El miedo es uno de los ejes de su estrategia, les permite crear los enemigos imaginarios. Es el miedo al otro, a lo desconocido, a la persona migrante, trans, a quien se sale de la norma, a las feministas. Y, paradoja de las paradojas, es en la instrumentalización de los derechos de las mujeres como, desde sus postulados negacionistas, legitiman la invasión de países o racializan la violencia sexual. Un aspecto, este último, que forma parte de su estrategia islamófoba, con la que buscan rédito electoral mediante el proceso por el que atribuyen la violencia a la cultura musulmana y presentan la agresión de un hombre musulmán a una mujer como la amenaza del grupo. Una trampa en la que, sin embargo, no han caído colectivos feministas que en sus pueblos o ciudades han tenido que denunciar una presunta agresión sexual junto a la criminalización que desde las instituciones y partidos de derechas se realiza contra el colectivo migrante. Una vez más: “no en nuestro nombre”.

Las derechas radicales consideran que el feminismo, el movimiento LGTBIQ+ y las personas migrantes han producido una crisis de valores y son una amenaza a su patria, en lo que Sara R. Farris llama los feminacionalismos. Como señala Nuria Alabao (Alabao, 2025) las extremas derechas tienen como elemento común la defensa a ultranza de políticas antigénero, racistas, xenófobas, antiecologistas, antifeministas, siempre bajo el paraguas de su noción de identidad nacional. Es el pegamento que les une, a pesar de sus diferencias según países, en el que las mujeres y personas migrantes aparecemos como chivos expiatorios.

En muchos análisis las guerras culturales se reducen solo a una pugna de relato. Sin embargo, forman parte de una pugna, si, pero la de significar y legitimar prácticas económicas y sociales de clase, racistas y patriarcales. Son la constatación de cómo el liberalismo económico y el profundo conservadurismo son expresiones igualmente constitutivas del capitalismo actual.

La realidad está llena de ejemplos. El racismo es lo que legitima unas condiciones laborales en régimen de semiesclavitud y de extracción de fuertes beneficios en los pueblos freseros gobernados por PP y VOX en Andalucía. El racismo también determina el acceso a la vivienda, el empleo y la sanidad.

La negación de la violencia machista va de la mano de la defensa del modelo liberal de familia como espacio de reformulación del orden económico y reproductivo a través, por un lado, de la refamiliarización de la reproducción social y la negación del derecho de decisión reproductiva y, por otro lado, por la vuelta al imaginario conservador del hombre proveedor (aunque no guarde relación con la realidad).

Y sin ánimo de agotar los ejemplos, la criminalización de las personas trans las somete a una absoluta precariedad material y vital al no poder acceder ni al empleo ni a satisfacer una necesidad tan básica como es la del derecho a la identidad.

Cabe la transformación social porque cabe la esperanza colectiva

Parafraseando a Yayo Herrero (Herrero, 2025) la condición necesaria que abre posibilidades de actuación es ser conscientes de la gravedad de lo que sucede, construir esperanzas, trayectos que iluminen la posibilidad de un destino deseado, aún incierto.

Ese cómo actuar ante las enormes urgencias del presente pensando en el futuro siempre ha tenido y sigue teniendo muy distintas vías. Desde las luchas marcadas por un nuevo internacionalismo en la defensa de los ataques del capital extractivista, a las de las luchas por la vivienda y la creación de un nuevo tipo de organizaciones, a las de un nuevo internacionalismo en la protesta contra el genocidio palestino, o muchas luchas feministas, queer y antirracistas que reverberan y se convierten en transnacionales.

No se parte de cero, pero la brutalidad de la situación y la debilidad de la izquierda política y social abre muchos interrogantes desde esos propios espacios.  Cómo articular las luchas, cómo construir un horizonte común desde la pluralidad de sujetos, cómo participar en un diálogo urgente y necesario para no quedarnos atrapadas en los límites que el sistema establece y lograr avanzar en la transformación social.

En esta conversación hay algunos aspectos que resuenan particularmente en el movimiento feminista interseccional. Uno de los temas recurrentes es el de la fragmentación de las luchas. Otro de ellos es su caracterización como movimiento identitario en la globalidad, es decir centrado en lo que se consideran reivindicaciones del ámbito cultural, en una visión desde mi punto de vista equivocada y reduccionista.

Sin duda, esto también forma parte del debate intrafeminista, siempre intenso, pero resulta muy problemático que en el debate general se prescinda de parte de la realidad, de la capacidad (o cuando menos voluntad) que viene mostrando el feminismo para articular en su acción política, y en su discurso, las condiciones materiales de existencia con las condiciones sociales (también llamadas “culturales”). Es lo que Nancy Fraser (Fraser,  2006) expresó, allá por los años 90, y que tanto juego ha dado, como la interacción entre las políticas de redistribución, es decir las políticas económicas que apelan a los procesos de explotación capitalista, y las de reconocimiento social de identidades y colectivos subalternos e invisibilizados.

Ignorar la relevancia de sectores importantes de un movimiento que, desde un enfoque intersectorial, logró ampliar su espacio político y social como nunca se había logrado antes, es cortocircuitar parte de la conversación y acción conjunta necesaria. Este feminismo, identificado también como anticapitalista, mostró la viabilidad de unir masividad y radicalidad. Así sucedió en los procesos de las huelgas feministas, y este es el enorme capital político con el que sigue actuando, aun en situaciones de menor movilización social como la actual.

El debate también reaparece con quienes solo dan legitimidad al movimiento feminista en la versión más economicista de su adscripción de clase, cerrada por otro lado a las nuevas conceptualizaciones que se hacen ante los cambios en su propia composición dadas las modificaciones en las nuevas formas de explotación y dominación capitalista. Es un problema, porque puede dificultar las alianzas precisamente desde la materialidad de las luchas concretas.

De alguna forma es una vuelta a las teorías clásicas de los años 70 sobre las que numerosas feministas marxistas, como Zillah Einsenstein o Heidi Hartman, entre muchísimas otras, iniciaron una fructífera producción teórica. Señalaron las limitaciones y debilidades de la teoría marxista clásica y su dificultad para explicar la opresión de las mujeres en su complejidad, en la medida que solo abordaba las condiciones de producción capitalistas y las relaciones de explotación que de ellas se derivaban, pero sin abordar las de reproducción social. Abrieron así un nuevo campo para la comprensión de las formas en las que el patriarcado se inscribe y resulta constitutivo al capitalismo y, por tanto, para la articulación entre clase y género como formas de poder que organizan la sociedad.

Desde entonces ha llovido mucho y ha seguido un potente desarrollo, tanto teórico como político (en este sentido la huelga de cuidados en Euskal Herria es una referencia imprescindible). De la mano de economistas feministas (Cristina Carrasco, Amaia Pérez Orozco, Sandra Ezquerra entre muchas otras) se ha ido profundizando y mostrando la complejidad del funcionamiento del sistema. Para empezar, a partir de la redefinición del concepto de trabajo (tan presente y central en las huelgas feministas), situando la relación de los procesos de producción y reproducción como parte del funcionamiento del capitalismo, entendido como sistema integrado (Pérez Orozco, 2014).

También se ha ampliado el concepto de reproducción social al señalar que los espacios donde se reproduce la fuerza de trabajo (los llamados trabajos de cuidados) no son solamente los hogares, sino también instituciones como la sanidad, la educación, etc.), y que estos, además, tienen una dimensión transnacional como resultado de la cadena global de cuidados, siendo además trabajos racializados.

A cuenta de la interseccionalidad

El concepto de interseccionalidad viene de lejos, concretamente del pensamiento feminista negro de EE UU. Aunque fue Kimberlé Krenshaw quien lo acuñó en 1989, a raíz de una crítica a procedimientos jurídicos y teorías sobre la discriminación laboral de las mujeres negras, su origen se remonta a la práctica política de un colectivo de feministas lesbianas negras: Combahee River Collective (1974-1980). En un manifiesto de 1977 señalaban el

“cruzamiento de diversas identidades que luchan por su reconocimiento y también articulan una acción emancipatoria (…). También nos resulta difícil separar la raza de la clase y estas de la opresión sexual porque en nuestras vidas la mayoría de las veces ambas se experimentan simultáneamente”.

Una línea que ha ido desarrollando en la actualidad Gloria Anzaldúa (Anzaldúa, 2016) al introducir la noción de identidades fronterizas.

Tal y como señala Carolina Meloni (Meloni, 2012), el pensamiento y activismo del feminismo negro tiene un largo recorrido. Autoras como Angela Davis y su llamado a la “interseccionalidad de luchas”, Bell Hooks y su “feminismo para todo el mundo” han profundizado en las implicaciones teóricas y políticas del racismo como constitutivo del capitalismo y de la interconexión de opresiones. Por tanto, hablan de la imposibilidad de articular un feminismo que prescinda del racismo, el heterosexismo o las diferencias de clase, puesto que es ese cruce de opresiones e identidades lo que marca la vida concreta de las mujeres y personas disidentes concretas.

Se trata de una crítica en toda regla (que también comparte el mundo queer) al feminismo clásico y hegemónico por excluyente, por encerrar a las mujeres en una identidad fija y sin fisuras, interpretando de forma lineal lo que supone que la sociedad adscriba a las mujeres a un género y hacerlo aparecer en su pensamiento y práctica como lo único determinante en sus vidas. No se contempla, en la práctica concreta, la forma en que puede interactuar en sus identidades y vidas otras desigualdades establecidas por la pertenencia de clase, raza, etnia y sexualidad, que es lo que en definitiva explica la multiplicidad de expresiones del patriarcado y que adopta el sexismo (Montero 2009).

Este planteamiento, presente en algunos feminismos clásicos e institucionales, presupone una uniformidad en las experiencias de las mujeres, resulta una visión normativizadora y esencializadora que establece como generales y comunes a todas, las vivencias de algunas.

Estas ideas totalizadoras de las mujeres tienen un efecto en el discurso y acción política puesto que excluye a todo lo que no encaja en la representación que se hace de las mujeres, no entra en las estrategias y prácticas. Es una política de un feminismo que, de esta forma, se otorga el poder de representar a todas y presentar su agenda como la auténtica agenda feminista. La transfobia, la negación de la crítica al binarismo del movimiento queer, o los derechos de las trabajadoras sexuales tienen aquí parte de su origen.

El feminismo intersectorial no es una fórmula, es una propuesta para articular las luchas y el relato feminista y, por tanto, requiere hablar de sujetos, porque el conflicto existe y requiere sujetos que protagonicen la acción colectiva de revuelta y de propuesta emancipatoria.

Todo conflicto implica cierta afirmación de identidad, una identidad colectiva que explica quiénes somos, quiénes conformamos ese sujeto, y lo hace acogiendo al mismo tiempo la identidad individual ese quién soy.

El sujeto del feminismo habla de identidades colectivas, cambiantes y diversas, que recogen las experiencias de explotación, opresión y discriminación vividas individualmente, y las politiza. Las politiza dándoles una expresión social al ponerlas en relación con las estructuras y las relaciones sociales de poder en el proceso de organización y lucha.

No realiza una lista de experiencias e identidades individuales para convertirlas en un recetario, eso es lo que conforma el individualismo propio del sujeto neoliberal. Como señala Andrea Peniche (Peniche, 2020) se trata de un enfoque que también problematiza la idea de “la identidad como experiencia y la experiencia como única legitimadora del discurso, convirtiéndola en un reduccionismo cultural sin estrategia política”.

La interseccionalidad es una noción de enorme potencial político porque permite entender cómo opera nuestra realidad y subjetividad, la pertenencia a las jerarquías sociales y a las relaciones de poder que establece la clase, el género, la raza, algo que se siempre se da en condiciones sociales e históricas concretas.

El entramado de las luchas que los feminismos han desplegado en este ciclo hablan de un sujeto múltiple que ha permitido amplificar los objetivos de la lucha. Lo constituimos todas las que el sistema excluye y criminaliza, las que sufren las nuevas formas de explotación, cualquier tipo de violencias sexistas o institucional, las trabajadoras del sexo, mujeres racializadas, migrantes, las mujeres lesbianas, cis, trans, quienes se reconocen y nombran queer, precarias, trabajadoras de cuidados, las que lo hacen en el ámbito productivo, jóvenes y pensionistas, las que luchan por la vivienda y contra la pobreza energética, las que llevan hiyab, las jornaleras…, todas las que protagonizan los conflictos sociales y se levantan contra las injusticias que el sistema genera.

Como decía, no se trata de un listado de identidades sino de sujetos colectivos que protagonizan la conversación sobre la estrategia feminista desde la voluntad de no jerarquizar las opresiones, ni las luchas ni las reivindicaciones, sino de trabajar por espacios de convergencia real, no retórica, entre colectivos diversos y heterogéneos. Un reto permanente, no exento de tensiones y dificultades, pero algo profundamente transformador.

Un ejemplo de todo ello lo representan las jornaleras de Huelva. Pastora Filigrana, de la cooperativa de abogadas de Sevilla, explica cómo la comarca fresera de Huelva es un laboratorio donde se puede ver cómo funciona este sistema que entrecruza la violencia del capitalismo, el patriarcado, el racismo y la explotación de la tierra y los recursos naturales. “Todas las vertientes del sistema neoliberal en una sola comarca”.

Por su parte Ana Pinto, de la Asociación de jornaleras de Huelva en lucha, muestra cómo la pelea contra las condiciones de explotación en el campo, la explotación de la fuerza de trabajo de los cuerpos migrados y racializados de miles de mujeres, contra las condiciones de vida, de violencia sexual a las trabajadoras y la pelea por la defensa de la tierra forman parte de una misma lucha. Y apela a que “el feminismo se sume a nuestras luchas feministas, antirracistas y ecologistas, que deberían ser las luchas de todas, de un feminismo que no se puede dejar a ninguna fuera y ponga la vida digna de todas las mujeres en el centro”.

¿Cómo denominar a este feminismo? ¿Popular, de base, de clase, anticapitalista, anticapitalista y antiracista, interseccional, queer? No todo tiene la misma significación, y se podría debatir al respecto, pero creo que todos apuntan en una misma dirección. Desde mi punto de vista, pese a lo que tiene de palabro, la interseccionalidad abre mejores posibilidades para expresar y comprender la complejidad y la potencia política de las luchas que se vienen articulando en esta época.

A partir de este enfoque se participa (con distinto éxito) en alianzas por la defensa de los servicios públicos, por la regularización de las personas migrantes, por los derechos de quienes tienen empleo, por el derecho a una vivienda, el fortalecimiento del tejido comunitario, las luchas contra las violencias patriarcales, por los derechos sexuales y reproductivos, por los derechos de las personas trans. Resulta un sólido enfoque generado por y desde las propias luchas. Algunas reverberan con fuerza.

Valga como ejemplo la marcha realizada el 31 de enero 2026, organizada por un colectivo de mujeres (la Asociación Tabadol del Sector 6 de La Cañada Real) y otros colectivos, por el derecho al territorio, a la vivienda y a la vida. En la Cañada viven miles de personas y sufren desde hace cinco años el corte del suministro eléctrico, el derribo y desalojo de sus casas. Houda Akrikez leyó el manifiesto de la marcha del que recojo unos extractos.

“Marchamos con otras luchas que saben que lo que ocurre aquí les atraviesa directamente (Movimiento por la vivienda, colectivos antirracistas, ecologistas, vecinales, lgtbi). Marchan con nosotras las feministas, porque saben que los derribos también son violencia. Porque cuando se destruye un hogar, quienes más sostienen el impacto son las mujeres. Las que cuidan, las que sostienen la vida cotidiana, las que reorganizan la supervivencia cuando el Estado se retira. Las feministas marchan porque saben que sin vivienda no hay autonomía, que sin territorio no hay redes, que sin estabilidad no hay libertad. Porque no hay feminismo posible si se acepta que mujeres pobres, migrantes, gitanas, sean expulsadas de sus casas en nombre del progreso. Defender que la Cañada se queda es defender un feminismo popular, antirracista, de barrio, que pone la vida en el centro”.

Una marcha que apoyó la comisión 8M de movimiento feminista de Madrid y colectivas de mirada interseccional.

Esto es lo que explica la potencialidad del feminismo (Gago, 2019) y las condiciones en las que puede enfrentar a este mundo sin corazón.

El objetivo del neoliberalismo apunta al corazón mismo de la propuesta feminista, supone un ataque feroz a lo social, como señala Wendy Brown, es un ataque a ese espacio donde transcurre la vida en común, se establecen los vínculos sociales, se recobra la identidad, la participación, se visualizan las exclusiones y las desigualdades, se establecen las demandas, se articula la protesta.

Es la defensa de un individualismo que nos convertiría en sujetos económicos prestas para el mercado negando las interdependencias y los vínculos entre nosotras y nosotros y el planeta.

Es un ataque justo a lo que da sentido a la organización colectiva, los proyectos colectivos, la creación de lazos comunitarios y la aspiración a una universalidad real y efectiva de derechos. Explica el feroz ataque al feminismo en su versión emancipadora y la consiguiente respuesta.

El feminismo como un movimiento contrahegemónico busca desafiar el capitalismo, desmontar el patriarcado y la colonialidad y acabar con las relaciones de poder que marcan. Transformar las ideas y valores dominante, las estructuras y condiciones sociales que sustentan la explotación y las distintas opresiones. Abrir a otras formas de relacionarnos, de vivir, de hacer de los cuerpos y sexualidades espacios de rebeldía y de disfrute, de pensar que la propuesta queer hará de nuestras identidades, sean cuales fueren, espacios de libertad.

Es un proceso de construcción en común que es también una apuesta por la organización que construya colectividad política feminista y anticapitalista, cuyo fin último sea la transformación radical de todo para todas, todes y todos.

Romper el relato del único mundo posible es trazar ese nuevo sentido común en las conversaciones y luchas múltiples.

Parafraseando a Eleni Varikas (Varikas, 2000) “la manera como se perciben los problemas y las soluciones que se proponen están forzosamente marcados por nuestra posición en las relaciones sociales, por nuestras pertenencias (…). La visión sobre el conjunto de problemas que plantea la vida en común pasa por el reconocimiento de que la multiplicidad en la contribución a la definición de la vida en común no es un peligro sino una fuente inexplorada de posibilidades sociales incumplidas”.

Referencias:

Alabao, Nuria (2025) Las guerras de género. La política sexual de las derechas radicales. Pamplona: Katakrak.

Anzaldúa, Gloria (2016) Borderlands/la frontera. Madrid: Capitán Swing.

Brown, Wendy (2019) Estados del agravio. Poder y libertad en la modernidad tardía. Madrid: Lengua de Trapo.

Fraser, Nancy (2006) ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico. Madrid: Morata.

Gago, Verónica (2019) La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo. Madrid: Traficantes de sueños.

Herrero, Yayo (2025) Metamorfosis. Una revolución antropológica. Barcelona: Arcadia.

Meloni, Carolina (2012) Las fronteras del feminismo. Teorías nómadas, mestizas y postmodernas. Madrid: Fundamentos.

Montero, Justa (2009) Sexo, clase, raza y sexualidad: desafíos para un feminismo incluyente. https://feministas.org/sexo-clase-raza-y-sexualidad/

Peniche, Andrea; Sena Martins, Bruno; Roldao, Cristina y Louçã, Francisco (2020) Nao posso ser quem somos?  Identidades e estratégia política da esquerda. Lisboa: Bertrand.

Pérez Orozco, Amaia (2014) Subversión feminista de la economía. Madrid: Traficantes de sueños.

Varikas, Erika “¿Una ciudadanía “como mujer”? Paridad versus igualdad”.

Justa Montero, activista feminista, miembro del Consejo Asesor de viento sur.

Fuente: https://vientosur.info/que-tiene-de-emancipador-el-feminismo-del-siglo-xxi/

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Los maestros y el legado neoliberal

La Jornada Internacional

También: El Mundial 2026. Experiencias agrarias esperanzadoras. Cuba: sexto cargamento de ayuda humanitaria de México y Belice. Movimientos sociales y gobierno progresista.

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“Si siguen gritando, los mataremos”: los ataques contra la educación aumentan un 40% en el mundo

Silvia Laboreo Longás

Un informe documenta al menos 8.566 agresiones contra centros educativos, estudiantes y docentes entre 2024 y 2025. El uso militar de las escuelas casi se duplica y también se incrementan los ataques con drones.

En la madrugada del 2 de agosto de 2024, unos 15 miembros de la banda 400 Mawozo irrumpieron en el Instituto Montfort, una escuela para niños y jóvenes sordos y sordociegos en la comuna Croix-des-Bouquets, en Haití. “Los niños tenían mucho miedo. Empezaron a gritar y los miembros de la banda les apuntaron con sus armas y dijeron: ‘Si siguen gritando, los mataremos’. Los niños se tiraron al suelo y ellos se llevaron todo”, explicaba una responsable del centro.

Este es uno de los testimonios que se recogen en el informe de la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA, por sus siglas en inglés), publicado este lunes, que alerta de un aumento del 40% de los ataques contra la educación en todo el mundo en 2024 y 2025, en comparación con el periodo anterior.

Se documentaron al menos 8.566 ataques contra escuelas, universidades, alumnos y profesores, y casos de uso militar de centros educativos, que afectaron a más de 10.600 estudiantes y personal educativo en 83 países, incluidos 55 que no tenían un conflicto armado activo.

“Lo que estamos viendo es devastador. Las escuelas están siendo bombardeadas o destruidas y los estudiantes asesinados. Las niñas sufren violencia sexual y los niños son reclutados por grupos armados cuando van de camino al colegio”, dice Lisa Chung Bender, directora ejecutiva de GCPEA, en una entrevista con este diario. “Las escuelas son la última línea de nuestra humanidad”, continúa. “Se han erosionado los valores y normas compartidos que establecen que deben ser protegidas y que los niños no pueden ser un objetivo. Antes veíamos mucha más contención. Ahora diría que estamos observando muchos más ataques deliberados y dirigidos contra la educación”, enfatiza.

Antes veíamos mucha más contención. Ahora diría que estamos observando muchos más ataques deliberados y dirigidos contra la educación. Lisa Chung Bender, directora ejecutiva de GCPEA

En 2024 y 2025, los lugares con más agresiones documentadas fueron Palestina, Ucrania, la República Democrática del Congo (RDC), Etiopía, Haití y Colombia. Ucrania sufrió alrededor de 900 ataques contra escuelas. Haití, país que se analiza por primera vez en este informe, sufrió más de 400 ataques. En Palestina se registraron al menos 2.400 ataques contra estudiantes, docentes y personal educativo. “Se estima que más del 98% de la infraestructura educativa ha sido destruida [en Gaza]. Esto no es accidental. Es una forma de destruir la moral de la población, el futuro de los niños y de limitar sus oportunidades educativas”, explica Chung.

Myanmar, Nigeria, Yemen y Camerún concentraron el mayor número de víctimas de ataques contra la educación, con más de 1.700 estudiantes y trabajadores educativos asesinados o heridos entre los cuatro países.

“Hay un aumento en los casos reportados. Por eso creemos que las cifras reales son incluso más altas”, explica Chung. “Existen violaciones infradenunciadas, especialmente aquellas que ocurren en pequeñas zonas rurales. Sabemos que la intensidad de los conflictos está aumentando y eso se traduce en un mayor número de víctimas”, añade.

La directora ejecutiva de GCPEA explica que países como Colombia cuentan con gran capacidad para documentar los ataques. En otros, como RDC, Haití o Ucrania, hay misiones de Naciones Unidas sobre el terreno, lo que permite saber lo que está pasando. “En cambio, en otros como Sudán o Sudán del Sur, la presencia internacional es mucho menor. No tenemos acceso humanitario ni podemos desplazarnos para verificar los hechos. Además, se producen cierres masivos del acceso a las redes sociales y una fuerte represión de la libertad de prensa. Muchos ataques simplemente no llegan a ser documentados”, explica.

Una situación que podría empeorar como consecuencia de los recortes de fondos para la cooperación. “Estamos viendo un verdadero ataque contra el ecosistema que sustenta el monitoreo y la elaboración de informes, especialmente en el ámbito educativo. Hemos visto cómo varios financiadores han dado un paso atrás. También hemos presenciado recortes a organizaciones que proporcionan datos fundamentales sobre el origen de las municiones, que verifican los ataques y realizan el seguimiento de esta información”, relata. “Dentro de uno o dos años podríamos encontrarnos en una situación en la que el número de ataques parezca haber disminuido significativamente, pero solo porque la capacidad de documentarlos se habrá visto gravemente dañada”, añade Chung.

Ataques con drones

En 2024 y 2025, GCPEA identificó al menos 11 países donde niñas y mujeres fueron objeto de ataques contra la educación debido a su género: Afganistán, Camerún, República Centroafricana (RCA), Colombia, Haití, India, Nigeria, Pakistán, Sudán del Sur, Sudán y Yemen.

Chung destaca el caso de Afganistán. “Observamos una disminución en el número de ataques en el país”, explica. “La guerra que se libra contra la educación en Afganistán es tan grave que, aunque el número de explosiones o de asesinatos denunciados pueda haberse reducido, las niñas simplemente no pueden ir a la escuela. Intimidan a cualquiera que intente crear centros educativos”, añade. El informe documenta el cierre en enero de 2025 de un centro de formación en inglés en la provincia de Ghor que brindaba educación a niñas de grados superiores al sexto. “Llevamos ya más de cinco años de exclusión. No es un tiempo que pueda recuperarse fácilmente”, expone.

El GCPEA alerta del uso cada vez mayor de armas explosivas, incluidos los explosivos lanzados desde drones, con 300 ataques contra centros educativos documentados, muchos de ellos durante el horario lectivo. “Podemos ver que los Estados están atacando deliberadamente instituciones educativas. Además, con la tecnología asociada a los drones, la precisión que ofrecen y la cantidad de información de la que disponen quienes los utilizan, resulta mucho más difícil afirmar que estos ataques son accidentales. Debe haber mucha más rendición de cuentas”, enfatiza.

Cuando los militares ocupan escuelas, envían el falso mensaje de que ese lugar es un objetivo legítimo

Lisa Chung Bender, directora ejecutiva de GCPEA

También se ha registrado un aumento del uso militar de escuelas y universidades. Los casos documentados pasaron de 1.000 en el informe anterior a más de 1.900. Para Chung, “esto es realmente grave, porque cuando los militares ocupan escuelas, envían el falso mensaje de que ese lugar es un objetivo legítimo”, exponiendo a los estudiantes a bombardeos, reclutamiento forzoso o violencia sexual.

Este uso militar provoca un “efecto disuasorio”. “Si sientes que la escuela ya no es segura y decides no enviar a tus hijos o abandonar los estudios, es algo que no constituye un ataque en sí mismo, pero tiene implicaciones duraderas para la seguridad, la protección, el bienestar y la participación de los niños en la educación”, añade.

La GCPEA insta a que se respalde de forma universal la Declaración sobre Escuelas Seguras y hace un llamamiento a los gobiernos, los organismos de la ONU y los donantes para que refuercen las protecciones legales, pongan fin al uso militar de las escuelas, mantengan el seguimiento de los ataques y doten de recursos a los sistemas de alerta y prevención.

https://elpais.com/planeta-futuro/2026-06-15/si-siguen-gritando-los-mataremos-los-ataques-contra-la-educacion-aumentan-un-40-en-el-mundo.html

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