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Sin embargo, el Día Mundial del Ambiente de 2026 es particularmente difícil. Se siguen talando las selvas, el cambio climático no se detiene, los mineros taladran y los petroleros perforan. Una vez más, como viene sucediendo año a año, la problemática ecológica se agrava, en unos asuntos a un ritmo acelerado, como ocurre con la pérdida de biodiversidad, y en otros más pausadamente, como son las alteraciones en ciclos biogeoquímicos. Pero nada se detiene. Las medidas para evitar esos problemas siguen siendo inefectivas, y apenas se logran algunos éxitos puntuales, como crear una nueva área protegida o controlar algún agroquímico que dadas esas circunstancias se celebran como enormes victorias.

Teorías y prácticas entrampadas

El balance de lo que podría resumirse como la teoría y la práctica, que mutuamente se potencian, no es auspicioso. De un lado la información, los argumentos y los debates progresan a tropezones. Del otro lado las acciones que realmente se implementan están muy lejos de las medidas que son necesarias.

En el primer ámbito, todos los años deben repetirse las evidencias de los problemas ambientales, tanto los que se sufren dentro de cada país como los que padece la biósfera. Se vuelven a publicar indicadores tales como las hectáreas de bosques talados o el número de especies amenazadas. Cada 5 de junio es necesario defender la relación entre emisiones de gases invernadero y el cambio climático, ante la avalancha de negacionistas. Ante medios de prensa convencionales, refractarios a estos temas, es comprensible que se disfrute que, al menos en el Día Mundial del Ambiente, se pueda hablar de la debacle ecológica. Pero, al mismo tiempo, es como si nada se aprendiera de año en año, lo que obliga a repetir las evidencias.

También debe reconocerse que hay disputas conceptuales que no se han saldado, y que eso, en parte, contribuye a los estancamientos. La más evidente se observa en la academia, y junto a ella en organizaciones ciudadanas y gobiernos, donde muchos creen que incluyendo los recursos naturales como mercancías dentro de los mercados, surgirían milagrosamente bienes y servicios ambientales que resolverían esta problemática. Son reflexiones que pueden ser valiosas como exploración de ideas, que sin duda nutren los papers en los journals, pero han sido inefectivas en impedir el colapso ambiental. Lo son precisamente porque la mercantilización de la naturaleza es una de las causas básicas de los problemas actuales, y no una solución.

También se enfrentan dificultades en los vínculos entre las teorías y las prácticas. El mejor ejemplo es que aun reconociéndose que deben detenerse las emisiones de gases invernadero, la mayor parte de las propuestas de cambio que emplean la etiqueta de “transiciones” quedan empantanadas en no terminar de romper con el carbón o los hidrocarburos, o en promover nuevos extractivismos que necesitan del litio para el mundo eléctrico que imaginan.

Otro ejemplo lo ilustra la reciente conferencia internacional sobre la transición para dejar los combustibles fósiles, convocada por los gobiernos de Colombia y Países Bajos, que se reunió en la ciudad de Santa Marta. Sin duda fue muy bueno que la administración de Gustavo Petro lo hubiese logrado. Pero si somos sinceros, y aunque sea doloroso indicarlo, no se consiguieron resultados concretos y solo se puede celebrar que algunos gobiernos testarudos aceptaran, por fin, al menos hablar en público sobre la posibilidad de abandonar sus adicciones al petróleo y el carbón, lo que se les reclama desde hace casi treinta años.

En el campo de la práctica, las medidas concretas son limitadas, indefinidas o ineficientes. En todos los países persisten vacíos normativos y frecuentemente los incumplimientos, desde la caza furtiva a los derrames de tóxicos, no son detectados ni castigados. Es más, han alcanzado los gobiernos actores de la extrema derecha que lanzan medidas para desmantelar las normas y controles ambientales. Ese camino, iniciado por Donald Trump en Estados Unidos, ahora es imitado en nuestro continente, tal como hacen las administraciones Noboa en Ecuador, la de Milei en Argentina, Kast en Chile o Paz en Bolivia. Esto se ilustra con un ejemplo reciente que acaba de ocurrir en Bolivia donde, con la aprobación de un nuevo “Reglamento de adecuación de derechos mineros simplificado”, se elimina la licencia ambiental y la consulta previa para las cooperativas mineras.

Las brechas persistentes

Se mantienen enormes brechas entre las medidas ambientales que serían necesarias y el apego de políticos, empresarios y buena parte de la sociedad a estilos de desarrollo que, al final de cuentas, son responsables de lo que padecemos. Inevitablemente surgen múltiples interrogantes.

¿Cómo discutir las vías para abandonar los combustibles fósiles, cuando los gobiernos, empresas y amplios sectores ciudadanos ponen toda su atención en los aumentos de los precios de los combustibles en América Latina por el bloqueo del estrecho de Ormuz?

¿Cómo reclamar la defensa de la Amazonia en Perú, si miles de personas acosadas por la pobreza y falta de opciones se lanzan a la minería de oro aluvial para poder ganar unos dólares?

¿Cómo alzar la voz en Bolivia para evitar que los salares andinos sean devorados por la minería de litio si el país está colapsado por bloqueos carreteros y demandas cruzadas?

¿Cómo llamar a la defensa de la vida si mueren miles de personas por los misiles que unos países lanzan contra otros o llevan adelante impunemente un genocidio?

¿Cómo señalar que se pierde la biodiversidad mientras la violencia urbana y rural se mantiene en muchas regiones, y la muerte de las personas se vuelve una cotidianidad, como si fuera una desgracia inevitable a las que todos deben resignarse?

No tengo una respuesta mágica para esas preguntas, pero eso no implica, de ningún modo, una renuncia a seguir insistiendo en los llamados y reclamos a defender todas las formas de vida. El silencio no es una solución a esta problemática. Desentenderse de ese esfuerzo nos haría cómplices de la destrucción que denunciamos e intentamos revertir.

La política de la crisis ambiental

Al mismo tiempo, plantear interrogantes como las que se acaban de enumerar, es un paso fundamental para comprender que la problemática ambiental es inseparable de las circunstancias políticas. Precisamente, una de las razones de las inacciones actuales, es que se presentan reclamos o se intentan medidas desconectadas de los contextos políticos, económicos o sociales.

Eso nos lleva a reconocer que somos testigos del deterioro de la calidad de la política, entendida en su clásico sentido de servir a la justicia, la virtud y el bienestar de las personas. A medida que esos ideales se abandonan, las democracias enflaquecen bajo distintos autoritarismos, las opciones y oportunidades para informar y debatir sobre la problemática ambiental se acotan, y se generan vacíos que son ocupados por las lógicas mercantiles. Es una época de oscuridad, para retomar un calificativo de Hannah Arendt, empleado para los momentos de crisis y autoritarismo, que afectan las capacidades de pensar y derrumban los compromisos morales.

Bajo esa dinámica es difícil enarbolar los reclamos ambientales. No solamente se cierran espacios, sino que quienes insisten, por ejemplo, en denunciar los impactos de los extractivismos o el tráfico ilegal de maderas, son perseguidos por el Estado y por los grupos económicos que se benefician de la destrucción de la naturaleza. Entre los ejemplos más recientes se cuentan las medidas del Gobierno Noboa en Ecuador lanzando investigaciones judiciales contra defensores ambientales, o la imposición de controles en la gestión y las finanzas de las organizaciones ciudadanas, como ocurre en Perú.

El deterioro de la justicia y las salvaguardas de los derechos dentro de cada país se da la mano con los embates contra los acuerdos multilaterales que ofrecían esas coberturas, ya que gobiernos como los de Estados Unidos, China o Rusia los atacan. Entretanto, bandas criminales toman el control de la explotación de recursos naturales, como ocurre con la minería de oro aluvial, y la violencia se multiplica hasta alcanzar los asesinatos.

Desembocamos en la necropolítica: una política donde se tolera la muerte de las personas y de la naturaleza para mantener vivas las economías. La necropolítica es una consecuencia de estos tiempos oscuros. En esas condiciones, los países caen en sucesivas crisis, que pueden ser políticas, económicas o de otros tipos, las que, al mismo tiempo, agravan la problemática ambiental y suman impedimentos para poder resolverla. Esto permite abordar una condición clave: los temas del Día Mundial del Ambiente son inseparables de otras dimensiones, todas ellas enmarcadas en estilos de desarrollo que sueñan con seguir creciendo explotando tanto a las personas como a la naturaleza. Se desatiende o reniega de la crisis ambiental precisamente porque se interpreta que cualquier medida es un obstáculo al funcionamiento de las economías. De un modo análogo, se recortan las salvaguardas de los derechos humanos porque también son concebidas como trabas para un buen desempeño económico. Y, a su turno, se produce una política raquítica que permite seguir destruyendo la naturaleza y tolera la pobreza y la muerte de las personas.

Es por esas razones que en el Día Mundial del Ambiente, como en los demás días del año, no es posible celebrar medidas que apenas son actos cosméticos como las campañas de publicidad de empresas o gobiernos, es pertinente reconocer acciones valiosas, pero no contentarse con ellas si sabemos que no detendrán la avalancha de destrucciones que cotidianamente presenciamos. Asumir las dificultades que imponen los actuales contextos políticos lleva, por el contrario, a persistir porfiadamente en reclamar y actuar en defensa de todas las formas de vida. Estos tiempos oscuros se enfrentan iluminando con alternativas, luchando contra la contaminación, la extinción de especies o la desaparición de paisajes, con mejores teorías y prácticas, al mismo tiempo que se milita por la democracia y los derechos. Son tareas inseparables entre sí y para todos los días del año.