En las Universidades del Bienestar los profesores han denunciado múltiples despidos arbitrarios llevados adelante por la autoridad de esa institución, con lo que ha salido a relucir el estado de profunda precarización en el que se encuentran.
Docentes y trabajadores de las Universidades del Bienestar Benito Juárez (UBBJ) se encontraron con la sorpresa de ser víctimas de múltiples despidos arbitrarios por parte del gobierno de la 4T, mediante un correo que decía lo siguiente: “Me dirijo a usted para extenderle nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo prestado hasta el día 15 de julio de 2021, su participación ha sido muy valiosa para el desarrollo de la sede, pero por el momento no estamos en condiciones de renovar el convenio de prestación de servicios educativos con usted, esperamos que en un futuro podamos contar nuevamente con su intervención profesional”.
Este mensaje era parte de un oficio firmado por Héctor Leonardo Martínez Torres, director académico, enviado el 19 de julio.
O sea que, en vez de recibir el pago de la primera semana de julio, la cual ya habían trabajado, los docentes y trabajadores de las UBBJ perjudicados se encontraron con que se les informaba de su despido de hecho.
Las autoridades les dijeron que si quisieran cobrar lo devengado tendrían que aceptar esa situación, negándoles el derecho a recibir una liquidación digna. Lo anterior ha generado una situación crítica, ya que distintas sedes se han quedado con sólo un profesor y un coordinador para atender a alrededor de 150 alumnos para los cursos propedéuticos, repercutiendo directamente en la calidad de la educación impartida.
Las escuelas que fueron impactadas por el múltiple despido de maestros son: Etchojoa, Sonora, con 1 docente y 1 asistente académico menos; Cuencamé, Durango, con el despido de 1 asistente académico; Villa de Allende, Estado de México, con 1 docente; Francisco I. Madero, Hidalgo, con 2 docentes; San Quintín, Baja California Sur, con 1 docente; Chenalhó, Chiapas, con 1 docente, y Cosalá, Sinaloa, con 1 docente y 1 asistente académico.
A eso se suma que los profesores deben soportar los efectos de la precarización laboral, como es: recortes a su salario, acoso laboral, maltrato, y un trato déspota perpetrado por parte de Raquel Sosa, coordinadora nacional de las UBBJ, situación que no tiene nada de nueva.
Las UBBJ como proyecto de la 4T
Las UBBJ fueron creadas el 30 de julio de 2019 y empezaron a funcionar en agosto de aquel año. Actualmente, según cifras oficiales, cuentan con 145 sedes en todos los estados del país, con más de 28 mil estudiantes, mil docentes y más de 36 carreras universitarias registradas.
El discurso oficial afirma que son “un proyecto que cumple con un fin comunitario y arraigado en la identidad de los pueblos que sobreviven en condiciones de exclusión, donde se estudia y aprecia el patrimonio histórico cultural y natural”. Sin embargo, en la práctica son instituciones donde se niegan los derechos laborales de los trabajadores docentes y no docentes; mientras que los estudiantes ven mermado su derecho a recibir una educación digna, como fue en el caso de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA), hoy UBBJ sede Cuauhtémoc, que se mantuvo en paro durante varios meses en protesta.
Lo que los trabajadores necesitamos es la basificación, es decir, tener una plaza fija que nos garantice estabilidad y demás derechos laborales; junto con la sindicalización, para poder afiliarnos a una organización de trabajadores que nos permita el acceso a un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
La lucha por estos derechos es parte de la defensa de la educación pública y gratuita, que los trabajadores de la educación de todas las instituciones, niveles educativos y estados del país, debemos librar en unidad con los estudiantes.
Desde la Agrupación Nuestra Clase exigimos la reinstalación inmediata de todos los docentes y asistentes de las UBBJ injustamente despedidos, así como el pago incondicional de sus salarios devengados.
En el marco de la Consulta Regional en América Latina camino a la CONFINTEA VII organizada por OREALC UNESCO se realizó el Taller Desafíos de la Institucionalidad para la EPJA en la tarde del jueves 29 de julio, convocado por la Plataforma de Redes Regionales por la EPJA hacia la CONFINTEA VII. El propósito de dicho taller fue identificar los nudos críticos de la institucionalidad de la EPJA y plantear propuestas específicas de política, estrategias y financiamiento que permitan asumir éticamente una EPJA que garantice la justicia social y educativa.
La Plataforma está integrada por la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Federación Internacional Fe y Alegría (FIFyA), el Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE) y la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM).
La jornada contó con un momento de trabajo grupal, que permitió identificar recomendaciones de cara a la CONFINTEA VII. Entre las recomendaciones cuanto a la Institucionalidad e intersectorialidad de la EPJA en el sistema educativo nacional y orgánico estatal se menciona la importancia de asegurar el cumplimiento de la ley, dado que las constituciones políticas del Estado garantizan el derecho a la educación al total de la población. Se evidencia la necesidad de incrementar el financiamiento de la educación y a la EPJA y coordinar con los otros sectores para reajustar el presupuesto, asumiendo que se trata de una decisión política que se debe corresponder con su prioridad.
Tomando la importancia de la gestión curricular y formación docente se manifestó la necesidad de una formación inicial en EPJA, en la perspectiva de las transformaciones sociales, incluyendo propuestas universitarias y el enfoque de derechos. Así mismo que la gestión curricular contemple una matriz descolonizadora en los diseños curriculares; con perspectiva intercultural, crítica, liberadora, que parta del diálogo de saberes de jóvenes y adultos, con reconocimiento de la diversidad de las y los sujetos. Ello implica una justicia cognitiva, que es parte de la concreción de la justicia social.
Los saberes ancestrales son fundamentales para la reivindicación de las culturas originarias en las políticas de reconocimiento de saberes y de la sociedad civil, así como la valoración la educación a través de la radio en la EPJA, con la potencialidad comunicativa y educativa para espacios desasistidos. Considerar que durante la pandemia se ha renovado la radio educativa y que además facilita la participación y organización comunitaria y popular.
Finalmente se contaron con reflexiones desde la Red Universitaria EPJA de Chile con Guillermo Willimson; Miriam Camilo, Ex Directora de EPJA del Ministerio de Educación de República Dominicana; Cesar Picón del Foro Educativo Perú y la participación de la estudiante Luisa Mishel Solis de la Cruz, del Colectivo de Educación para todas y todos de Guatemala/Consejo Coordinador del Pueblo Xinka de Guatemala.
Recordamos que la Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VII) propone los marcos de políticas y protección de la EPJA para el futuro, de allí la importancia de comprometer a los Estados en su atención y priorización de sus acciones y líneas estratégicas.
El 7 de agosto de 2021, Radio Jënpoj conmemorará sus primeras dos décadas de historia y de transmisiones, siendo el número 20 de especial importancia para la cultura ayuujk porque su numeración es vigesimal y porque su montaña ceremonial-sagrada es el ii’pxyyukp (Cerro de los 20 picos). Por ello, cumplir 20 años es símbolo de fortaleza y esfuerzo espiritual para la palabra de los Ayuujk Jënpoj (“Vientos de Fuego” en mixe).
En el marco del XX Aniversario de la Radio Jënpoj, del reciente Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo (21 de mayo), y del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), la Radio Jënpoj y la Oficina de la UNESCO en México, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, AMARC México, COMUNICARES y la DW Akademie, llevarán a cabo un conversatorio entre radios indígenas y comunitarias, así como una serie de tres talleres para fortalecer sus capacidades de comunicación. Estas actividades tendrán lugar el 6 y 9 de agosto (de las 10:00 a las 14:00 horas del centro de Méxcio) en las plataformas zoom y facebook.
Las radios comunitarias e indígenas forman parte de las industrias culturales y creativas ya que generan empleos, ingresos y sostenibilidad. También promueven la diversidad lingüística y cultural del país, al tiempo que fortalecen los valores y vínculos identitarios propios de los pueblos indígenas y de las comunidades. Estas radios contribuyen al fortalecimiento de la paz, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la lucha contra la pobreza. Su papel en nuestra sociedad involucra la creación de contenidos, la preservación del patrimonio y, sobre todo, habilita nuestros derechos de acceso a la información y a la libertad de expresión.
En México se hablan 68 lenguas indígenas y se cuenta con más de 25 millones de personas que se reconocen como indígenas[1]. Sin embargo, un gran número de estas lenguas están amenazadas y en riesgo de desaparecer. En este contexto, las radios comunitarias e indígenas cobran especial relevancia para mantener vivas las lenguas indígenas y las expresiones culturales, ya que tienen la capacidad de promover identidades y cosmovisiones a través de la producción y distribución de sus contenidos.
Hoy en día, a nivel nacional, con concesión existen 95 registros de radios comunitarias y 19 de radios indígenas, dato que contrasta con las más de 2000 frecuencias de uso comercial[2]. Ante este panorama, las radios indígenas y comunitarias constituyen un elemento fundamental para un ecosistema mediático plural y diverso. No obstante, se enfrentan a diferentes retos para su existencia y sostenibilidad.
El taller AMI lo facilita COMUNICARES, organización de Guatemala y experta en la materia; esta actividad es apoyada por la DW Akademie y forma parte de los esfuerzos de la Red AMI en México. El taller de seguridad para comunicadoras y comunicadores indígenas y comunitarios será facilitado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, quienes cuentan con amplia experiencia en el tema. Finalmente, el taller para tramitar la concesión indígena será impartido por el académico Álvaro Guzmán, especialista en el tema y con experiencia laboral en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como Director General de Concesiones de Radiodifusión.
Participan:
Radio Jënpoj
UNESCO México
COMUNICARES A.C. (Guatemala), facilitador del taller
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, facilitador del taller
El organismo multilateral señala que la pandemia, el cambio climático y los conflictos bélicos son los principales causantes de la hambruna.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), alertaron este lunes sobre el incremento del hambre extrema en el mundo, donde al menos 23 focos poblacionales la sufrirán en los próximos cuatro meses.
En un informe en conjunto señalan que los agricultores sentirán los mayores efectos de dicho fenómeno, entre otras causas por la burocracia y la falta de fondos, los cuales imposibilitan brindar ayuda alimentaria, y poder plantar cultivos a gran escala en el momento indicado.
Asimismo, advierte que a la problemática se suman otras variables como los efectos económicos causados por la pandemia de la Covid-19 y el cambio climático, los cuales acrecentarán la inseguridad alimentaria en al menos 23 sitios.
“Las familias que dependen de la asistencia humanitaria para sobrevivir penden de un hilo. Cuando no podemos llegar a ellos, este hilo se corta y las consecuencias son sencillamente catastróficas”, indicó el director Ejecutivo del PMA, David Beasley.
El documento de la ONU y del PMA destaca que Madagascar y Etiopía serán dos zonas de alerta roja, pues en el segundo país al menos 401.000 personas sufrirán de hambre extrema como consecuencia de los enfrentamientos bélicos entre las tropas federales y eritreas. Mientras, en Madagascar un aproximado de 28.000 ciudadanos padecerán escasez de alimentos, reflejo de una de las peores sequías en los últimos 40 años, el aumento de los precios de los alimentos, las tormentas de arena, y las plagas que dañan cosechas.
Otros polos de hambruna reseñados en el informe indican a Afganistán, Angola, la República Centroafricana, la zona del Sahel central, Chad, Colombia, la República Democrática del Congo, El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití, Kenia, El Líbano, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Sierra Leona, Liberia, así como Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen, como países de posibles mayores carencias.
Al respecto, el pasado mes de junio, la FAO y el PMA señalaron que 41 millones de personas corren riesgo de sufrir de escasez de alimentos a menos que reciban ayuda inmediata. En 2020, 155 millones de personas en 55 países se enfrentaban a inseguridad alimentaria.
Con más de 20 mil contagios diarios de Covid-19 en los últimos días, el presidente insiste en que a fines de agosto se volverá a clases presenciales, “llueva, truene o relampaguee”.
Poco o nada le importa la creciente saturación hospitalaria en diversas entidades del país; que las nuevas variantes del virus afecten más a los jóvenes, quienes no están vacunados; que la campaña de vacunación aún no concluye; o que la mayoría de las escuelas no cuentan con condiciones sanitarias óptimas. El presidente parece decidido a que el próximo ciclo escolar inicie a toda costa con clases presenciales. “No vamos a mantener cerradas las escuelas, ya fue bastante”, afirmó.
Su determinación no es nueva. Semanas antes de concluir el ciclo escolar pasado, a partir de dichos de AMLO en el mismo sentido, las autoridades educativas quisieron imponer el regreso a las escuelas, lo que solo pudieron lograr en algunas debido a la firme oposición de buena parte del magisterio, así como de madres y padres de familia. En el caso de la CDMX, a los pocos días tuvieron que suspender el experimento, ante el regreso del semáforo epidemiológico a color amarillo y luego de 12 alumnos contagiados, de lo que ninguna autoridad se hizo responsable. Ahora vuelven a la carga.
De mal en peor
Para el presidente, “el sistema de educación a distancia es bueno, pero no es lo mismo…”, ya que la escuela “…es donde se socializa el conocimiento”. También dijo que además de la salud física se tiene que pensar en la salud emocional de niñas, niños y adolescentes (NNA), quienes según él no sufren riesgos mayores con la pandemia.
Tendría que haber empezado por reconocer a los millones de alumnos rezagados y excluidos del sistema educativo con la educación a distancia, al no haberlos dotado de recursos tecnológicos y conectividad gratuitos como era necesario, lo que las autoridades educativas quisieron invisibilizar con su política de no reprobación. Pero la solución a esto no es exponer aun más a los alumnos y a sus familias al contagio, lo que sólo agravará los problemas educativos.
Es falso que lxs NNA no sufren riesgos con la pandemia. Está demostrado el aumento de casos entre las personas jóvenes con las nuevas variantes del virus. Por lo que se les niega el derecho a la salud al exponerlxs a la enfermedad, en un transporte público saturado y en escuelas sin condiciones sanitarias óptimas, con posibles secuelas que pueden mermar su calidad de vida, sin mencionar las consecuencias fatales que puede provocar que contagien a sus familiares de mayor edad con los que viven.
Ni que hablar de su “salud emocional”, cuando muchxs han tenido que enfrentar situaciones familiares críticas, con parientes graves en casa, internados o buscando hospital, pero también por el despido o la reducción de los ingresos de sus madres y padres durante la pandemia, que el gobierno federal dejó pasar impunemente en beneficio de los empresarios.
Si verdaderamente le preocupara la salud emocional de lxs NNA, el presidente debería haber decretado la prohibición de los despidos y rebajas salariales, además de dar apoyos suficientes a los pequeños comerciantes y trabajadores del sector informal para que sus familias no quedaran sin sustento durante la pandemia.
Escuelas inseguras
Hay que reconocer también, como hemos denunciado muchas veces desde la Agrupación Nuestra Clase, que las escuelas no cuentan con condiciones sanitarias óptimas. En las ciudades se padece hacinamiento en la mayoría de ellas, es decir, de espacio suficiente para poder guardar “sana distancia”; así como la falta de insumos sanitarios, como gel antibacterial, jabón e incluso agua corriente, que tendrán que obtenerse con las aportaciones de las madres y los padres de familia. Tampoco se cuenta con médicxs o enfermerxs, ni con personal especializado para la atención psicoemocional de lxs NNA, más allá de lxs docentes frente a grupo que debemos hacer de “todologxs”.
En estas condiciones, lo que las autoridades pretenden es que volvamos en una modalidad “híbrida”, es decir, unos días con clases presenciales y otros a distancia, sin que cuenten con los recursos necesarios ni las escuelas ni las familias, lo que promete seguir profundizando el rezago educativo a cambio de mayor carga laboral para las y los docentes.
No a la imposición
Con lo anterior, queda claro que al titular del ejecutivo federal no le interesa ni la educación, ni la salud física y emocional de lxs NNA que asisten a las escuelas públicas. Fue sincero al decir que está de acuerdo con los directivos de escuelas privadas, quienes presionan por el regreso a clases presenciales para poder seguir lucrando con la educación. Mientras ignora la opinión de lxs maestrxs, madres y padres de familia. Aunque el presidente dice públicamente que será “voluntario”, la línea de los directivos en las escuelas es imponer el regreso presencial a toda costa, recurriendo a chantajes y amenazas.
Las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, independientemente de su filiación partidaria, tienen acuerdo en imponer cuanto antes la “nueva normalidad” para que continúen los negocios de los grandes empresarios, sin importarles la salud ni la vida de lxs hijxs y familias del pueblo trabajador. Para lo cual requieren del regreso a las escuelas, que movilizará a millones de personas diariamente.
Los trabajadores de la educación, aliados con las madres y padres de familia, debemos impedir que se imponga esta política irresponsable. Hay que exigirles a nuestros delegados sindicales que convoquen a asambleas por escuela, donde podamos discutir democráticamente cuáles son las condiciones mínimas indispensables para un regreso seguro, tales como: grupos reducidos de no más de 15 alumnos; todos los insumos necesarios, pagados con recursos públicos; médicos y psicólogos en cada escuela; pruebas de diagnóstico a toda la comunidad escolar, antes de iniciar el ciclo y periódicamente; que haya semáforo verde por al menos 3 semanas consecutivas y que esté toda la población vacunada, entre otras.
Para conseguirlo se requiere un plan de acción que movilice las fuerzas de todo el magisterio nacional. La CNTE debe romper con su pasividad y convocar a todas las organizaciones que se reivindican.
Mediante este artículo se busca contribuir en el entendimiento del cambio que la nueva Ley General de Educación Superior implica para las personas, relaciones y procesos que integran las instituciones de educación superior en México.
El 20 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nuevaLey General de Educación Superior (LGES). El anteproyecto de esta ley se tejió en diversos grupos de trabajo, foros estatales de consulta y mesas redactoras. Después, la iniciativa fue presentada por consenso de casi todos los grupos parlamentarios. Con esta nueva ley, se abrogó la Ley para la Coordinación de la Educación Superior que había sido publicada en 1978, bajo la presidencia de José López Portillo.
Durante los 43 años transcurridos entre ambas leyes, el sistema mexicano de educación superior se transformó de manera radical: las instituciones que lo conforman se diversificaron, el tipo de sostenimiento de los servicios varió, la matrícula creció de manera significativa, la profesión académica y las modalidades de enseñanza evolucionaron, entre otras cuestiones. Por este motivo, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior resultaba insuficiente para regular este sistema educativo.
El principal propósito de este artículo es contribuir en el entendimiento de este importante cambio regulatorio para la realidad social y educativa de nuestro país. Para comenzar es relevante considerar que, a fin de lograr una regulación adecuada al contexto actual de la educación superior, una nueva ley general era necesaria. ¿Por qué? Una ley general bien diseñada es capaz de articular todas las instancias y los actores involucrados en un sistema; de distribuir las competencias entre las autoridades; así como de desarrollar el régimen constitucional de derechos y obligaciones que sea aplicable.
Lograr lo anterior no es sencillo. El sistema de educación superior en México está conformado por instituciones con distintos regímenes jurídicos, recursos, capacidades y necesidades. Si bien son muchos los cambios que la nueva ley incluye, enseguida se referirán algunas cuestiones clave que vale la pena considerar para comprender sus implicaciones para el día a día de las personas, relaciones y procesos que integran las instituciones de educación superior (IES):
(1) El federalismo educativo propio del Sistema Educativo Nacional ahora se manifiesta en varios aspectos cruciales de la educación superior, tales como la distribución de competencias entre los órdenes federal, estatal y municipal; el reconocimiento de los sistemas estatales de educación superior; así como la previsión de las comisiones estatales para la planeación y los programas estatales para este tipo educativo.
(2) Dentro del sistema de educación superior, ahora se reconocen tres subsistemas: el universitario, el tecnológico, y el de escuelas normales y formación docente en sus diferentes modalidades. Dentro de cada subsistema, existen instituciones con diversos regímenes jurídicos y administrativos.
(3) Se prevé la existencia de instancias de vinculación y gobernanza, entre las que se encuentran nuevos órganos coordinadores. Uno muy importante es el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, órgano colegiado para acordar acciones y estrategias que impulsen la educación superior. Si bien la ley incluye la definición, integración y principales funciones de este consejo, los mecanismos mediante los que operará y los procedimientos para elegir a sus integrantes serán definidos en los lineamientos que proponga la Secretaría de Educación Pública.
(4) En relación con las IES públicas, la ley indica que los mandatos de obligatoriedad y gratuidad establecidos en el artículo 3º constitucional deben cumplirse de manera progresiva y de conformidad con la disponibilidad presupuestaria; para lo que se contempla la creación de un fondo federal especial. La obligatoriedad significa que el Estado debe asegurar que cualquier persona que termine el bachillerato tenga un lugar que dentro de alguna institución. La gratuidad implica eliminar gradualmente -pero sin retroceder- los cobros de las instituciones públicas al alumnado por conceptos de inscripción, reinscripción y cuotas escolares ordinarias.
(5) Para las IES que gozan autonomía constitucional o legal, la ley establece un mayor blindaje: ahora se requiere una autorización expresa por parte de los órganos directivos de estas instituciones para que alguna reforma a sus leyes orgánicas sea aprobada. Por otro lado, se contemplan excepciones para los régimenes autónomos y obligaciones que estas instituciones comparten con todas las demás, como las relacionadas con transparencia y rendición de cuentas.
(6) En cuanto a las IES particulares, se señala que su actividad constituye un servicio público; es decir, que está sujeta a un régimen jurídico específico en el que se activan ciertas facultades del Estado. Estas facultades pueden ser de carácter regulatorio, como los procedimientos para otorgar o renovar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, o la opción para simplificar los trámites mediante el Reconocimiento a la Gestión Institucional y Excelencia Educativa. Las facultades también pueden ser de aseguramiento de mínimos necesarios, como puede observarse en la nueva obligación de las instituciones particulares de otorgar becas a por lo menos el 5% de su alumnado inscrito. Finalmente, las facultades también pueden ser de vigilancia y sanción, como las que se incluyen en el esquema de infracciones y sanciones que se establece para este conjunto de instituciones.
(7) La ley plantea avances relevantes en términos de información y movilidad dentro del sistema de educación superior. En primer lugar, se indica la creación del Registro Nacional de Opciones para Educación Superior, mediante el que se darán a conocer los espacios disponibles en las IES, así como los requisitos para el ingreso. En segundo lugar, se contempla la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones y el Sistema Nacional de Asignación, Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos, los cuales facilitarán el tránsito de los estudiantes y la continuidad de sus estudios entre la educación superior universitaria, tecnológica y de educación normal. En tercer lugar, se anuncia el establecimiento del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, que dependerá de una labor coordinada entre el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
(8) En la ley se incluyen valiosos principios y acciones con enfoque transversal, tales como inclusión, no discriminación, interculturalidad, perspectiva de género, eliminación de la violencia, entre otros. Su incorporación en los ambientes de aprendizaje y las dinámicas de enseñanza dependerán de la capacidad de respuesta de cada institución, que a su vez está determinada por diversos factores como su historia y sus recursos económicos y humanos.
Crédito: Ana María Zorrilla
Si bien la nueva LGES representa un importante avance en la regulación educativa de nuestro país, para dar cuenta de su efectividad en la realidad habrá que estar pendientes de ciertos hitos de implementación, tales como los acuerdos, lineamientos y demás disposiciones que emita la Secretaría de Educación Pública; así como la asignación de los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año. También habrá que estar atentos a las discusiones sobre el anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, porque ahí se terminará de regular la relación entre los sistemas (nacional, de educación superior, de ciencia y tecnología, y de mejora continua de la educación), así como importantes mecanismos para la acreditación y evaluación de los programas.
*La autora es integrante de MUxED que actualmente se desempeña como Coordinadora de la Clínica en Derecho y Política Pública y del Proyecto de Cultura de la Legalidad en el Departamento de Derecho del ITAM. Es Doctora en Derecho por la UNAM, Maestra en Derecho y Gobierno por American University Washington College of Law, y realizó estudios de evaluación de políticas y programas educativos en Georgetown University. Redes sociales: Facebook: Ana María Zn, LinkedIn: Ana María Zorrilla Noriega.
Esta edición de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ha sido propicia para reabrir el debate sobre el sexismo deportivo que viven las atletas femeninas.
Las Olimpiadas se han caracterizado por ser el evento deportivo mundial en el que concurren mejores atletas de cada país, quienes con arduo trabajo y esfuerzo entregan su corazón en las diferentes disciplinas para conquistar una medalla olímpica.
Sin embargo, estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se han caracterizado por varias polémicas que generan nuevamente el análisis sobre el sexismo en el deporte y cómo se puede combatir.
Las atletas no son las únicas que han emitido comentarios sobre el sexismo que se evidencia en algunas normativas en el campo deportivo, usuarios de redes sociales también han contribuido a cuestionar estas acciones.
Comentarios insultantes
Uno de los primeros hechos registrados en esta edición de las olimpiadas fueron los comentarios realizados por el entonces presidente del Comité Organizador del evento y exprimer ministro de Japón, Yoshiro Mori, en contra de las mujeres.
Foto: AP
«Los consejos de administración con muchas mujeres llevan demasiado tiempo (…) Si aumentas el número de miembros ejecutivos femeninos, y que su tiempo de palabra no está limitado en cierta medida, tienen dificultades para terminar, lo que es molesto», fueron sus palabras ante la prensa.
Tras el rechazo contundente y críticas por sus comentarios, en febrero pasado presentó su renuncia a la presidencia del Comité.
Por su parte, la atleta venezolana Yulimar Rojas, quien ganó medalla de oro e impuso un nuevo récord olímpico y mundial, también fue objeto de este tipo de comentarios.
Luego de subir una imagen a sus redes sociales en la que se ve su contextura física, fue fuertemente criticada e insultada, con comentarios que la comparaban con un «cuerpo de hombre».
Gimnastas alemanas contra la sexualización
El equipo alemán femenino de gimnasia participó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 llevando un uniforme de cuerpo entero, dejando a un lado el tradicional maillot.
Según la integrante de la delegación, Sarah Voss, el propósito de esta iniciativa fue que «las gimnastas que no se sientan cómodas con el atuendo habitual se animen a seguir nuestro ejemplo”.
Ella explicó que, a medida que fue pasando por la pubertad, se sintió cada vez más incómoda con el uniforme que debía llevar.
“Queremos asegurarnos de que todas se sientan cómodas y les mostramos que pueden utilizar la ropa que deseen y verse y sentirse increíbles, ya sea con un maillot largo o corto. Queremos ser un modelo”, expresaron las gimnastas.
Sanción al equipo noruego de balonmano de playa
Otra polémicas que plantea la discusión sobre el sexismo en el deporte fue la sanción al equipo femenino de balonmano de playa de Noruega durante el Campeonato de Europa celebrado en Varna, Bulgaria.
La multa fue impuesta por la Federación Europea de Balonmano (EHF) ante el supuesto «uso de ropa inadecuada» de las integrantes del equipo, quienes eligieron colocarse un short para disputar el partido contra España.
La decisión de las jóvenes fue tomada tras argumentar que la prenda que debían usar era muy restrictiva, sexualizada e incómoda. Cada jugadora debía pagar un equivalente a 177 dólares, aproximadamente 1.768 dólares.
«Juntos seguiremos luchando para cambiar las reglas de la ropa, para que las jugadoras puedan jugar con la ropa con la que se sientan cómodas», expresó la Federación Noruega de Balonmano (NHF) al conocer la sanción.
Esta medida recibió el rechazo de varios usuarios de las redes sociales, entre ellas, el de la cantante estadounidense Pink, quien se ofreció a pagar la multa.
«Estoy muy orgullosa del equipo femenino de balonmano femenino de Noruega por protestar contra las muy sexistas reglas sobre su ‘uniforme’. La Federación Europea de Balonmano debería ser multada por sexismo. Con mucho gusto les pagaré las multas”, publicó en su cuenta Twitter.
Otros casos
En 2011, la Asociación de Jugadoras de baloncesto cuestionó a la Federación Internacional (FIBA) por la normativa sobre el uso de pantalones y camisetas más estrechos, en las competiciones europeas, planteando un sesgo sexista.
Situaciones similares sucedieron con la Federación Mundial de Bádminton y la Federación Española de Balónmano, en 2014, sobre el uso obligatorio de top y bikinis durante las competiciones.
Posteriormente, se acordó que las jugadoras usaran el uniforme que fuera más cómodo para ellas.
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