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Irán entierra a más de 160 «niñas inocentes» en un bombardeo de EEUU e Israel contra una escuela

La mayoría de los fallecidos eran niñas de Primaria en un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel en el sur del país

Decenas de personas participaron este martes en el funeral de las más de 160 víctimas mortales de un bombardeo contra una escuela en el sur de Irán, ejecutado poco después del inicio de la ofensiva a gran escala lanzada por Estados Unidos e Israel.

La ceremonia tuvo lugar en Minab, en la provincia de Hormozgán, donde los asistentes marcharon por las calles portando fotografías de las víctimas. Según las autoridades iraníes, el número de fallecidos asciende a 165, en su mayoría alumnas del centro educativo.

“Fosas comunes para más de 160 niñas inocentes”

El ministro de Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, denunció en su perfil en X que se están cavando “fosas comunes para más de 160 niñas inocentes” que murieron en el bombardeo contra una escuela primaria. Aseguró además que los cuerpos quedaron destrozados por el ataque.

El bombardeo, ocurrido hace tres días contra la escuela Shajaré Tayabé, fue calificado por la Fiscalía provincial como un acto “criminal” y “salvaje”. Entre las víctimas mortales figuran también profesores y padres que se encontraban en el lugar en el momento del impacto.

Identificación de víctimas y posible investigación internacional

El jefe del aparato judicial de Hormozgán, Mojtaba Qahremani, señaló que hasta ahora se ha logrado identificar a 140 fallecidos, mientras continúan los trabajos para confirmar la identidad de otras 25 personas, para lo que serán necesarias pruebas de ADN.

Qahremani subrayó que los fragmentos de las armas utilizadasen el bombardeo han sido localizados e incautados para su análisis, en el marco de una investigación cuyas conclusiones podrían ser elevadas ante tribunales internacionales.

Casi 800 muertos desde el inicio de la ofensiva

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según datos confirmados por la Media Luna Roja iraní. Entre los fallecidos figuran altos cargos políticos y militares del país.

En respuesta, Irán ha lanzado misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en Oriente Próximo, en un conflicto que continúa intensificándose y que mantiene a la región en un nivel máximo de tensión.

https://www.atlantico.net/mundo/iran-entierra-160-ninas-inocentes_1_20260304-4186354.html

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Panamá: Meduca con una ejecución presupuestaria al nivel de la pandemia y sin explicaciones

Por: Mary Triny Zea
La ministra de Educación Lucy Molinar evitó contestar respecto a la ejecución del presupuesto de inversión. En tanto, una reunión para una licitación millonaria de computadoras empezó con cuestionamientos de obstáculos a la competencia

A los niveles de la pandemia, así se encuentra la ejecución del presupuesto de inversión del Ministerio de Educación (Meduca) y mientras que docentes advierten de serias necesidades en infraestructura, el ministerio ha evitado rendir explicaciones.

Según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Meduca fue la entidad del gobierno central con la más baja ejecución en el presupuesto de inversión, al 31 de diciembre del año pasado.

La cartera de educación contaba con un presupuesto ley de $1,652.7 millones, sin embargo trasladó $436.8 millones a otras entidades por lo que el presupuesto modificado quedó en $1,215.9 millones. De este monto, se ejecutaron $209 millones.

Esta ejecución en inversiones es similar a los niveles de la pandemia por covid-19, cuando en el año 2022 el Meduca ejecutó $203,9 millones, según la información de la Dirección de Presupuesto de la Nación y que se publica en el portal del MEF.

Desde el pasado martes La Estrella de Panamá intentó conocer a qué se debe esta ejecución presupuestaria y a qué entidades se trasladaron los fondos así como los motivos de ello, pero la respuesta dejó más interrogantes.

“¿Importa lo que digamos?”

En vista de que la jefa de relaciones públicas del Meduca no atendió las llamadas ni mensajes, este diario contactó al viceministro administrativo, Roberto Sevillano quien se comprometió en dar respuesta desde el miércoles pero la misma no llegó.

Por su parte, la ministra Lucy Molinar tampoco atendió la llamada; abordada al respecto por mensaje de texto contestó: “¿Importa lo que digamos?” y se le volvieron a remitir las preguntas: ¿ A qué se debe esta ejecución?, ¿En qué se invirtieron los fondos, ¿A qué entidad se transifieron los $436.8 millones y cuál fue el motivo?. Tras ello, respondió: “Sugiero abordar el tema con el MEF, por favor”.

Este diario pudo conocer que estos $436.8 millones al menos la mitad fueron repartidos entre seis entidades, según información de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El grueso: $173 millones al Ministerio de Obras Públicas, otros $81.2 millones al Ministerio de Salud, al MEF $14 millones y otros $12 millones entre la Autoridad de Pasaportes de Panamá, la de Turismo y el Ministerio de Comercio a Industrias.

Al respecto, tanto el diputado independiente de Seguimos, Betserai Richards y Fernando Ábrego dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) coincidieron en su rechazo en estos traslados y calificaron que el Meduca se había convertido en “la caja menuda” de los demás ministerios.

Y mientras que desde el Meduca se informa que el 99.5% de las 3.112 escuelas están listas para iniciar el año lectivo este lunes 2 de marzo, a excepción de unos 13 planteles que iniciarán por módulos, docentes advierten de una situación opuesta, precisamente por falta de infraestructuras.

El profesor José Cambra, de la Asociación de Profesores de Panamá recordó que producto de la movilización de los docentes en 2023 se estableció que se destinara el 7% del Producto Interno Bruto pero esto nunca se ha cumplido.

Advirtió que de las 108 escuelas en las que se imparten los bachilleratos en ciencia, 76 de ellas no cuenta con los laboratorios apropiados.

De igual manera, mencionó que de los 108 Institutos Profesionales y Técnicos existentes, no conoce uno solo que cuente con todos los talleres e instalaciones que requieren los alumnos para poder recibir el conocimiento requerido.

Controversia en la licitación de computadoras

Por otro lado, ayer se efectuó la reunión de homologación virtual convocada por el Meduca para la compra de computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial, con el desacuerdo de los participantes ante la solicitud del requisito de una muestra física.

La licitación de 531,250 equipos de computación también incluye 21.000 licencias de Microsoft M365 A3 con un precio de referencia de $273.1 millones, según Panamá Compra.

Uno de los requisitos de la licitación por renglón es que el proveedor presente ,como parte de su propuesta, “una muestra del dispositivo ofertado que permita su evaluación” con todos los software instalados y operativos, para evaluar su funcionamiento.

“Exigir una muestra completamente funcional en este plazo solo es posible si el equipo ya estaba previamente desarrollado con esas mismas características. Esto limita la participación real y favorece únicamente a quien ya tenga la solución lista”, reclamó un proponente.

También se solicitó que “por transparencia” el Meduca evaluara la muestra de forma pública y en presencia del proponente, pero la institución rechazó modificar el pliego de cargos, asunto que continuará abordándose este viernes.

De cara al inicio del año lectivo en el que 737,200 alumnos – el 84% de escuelas públicas -se darán cita este lunes 2 de marzo, el mandatario José Raúl Mulino dejó un mensaje:

“Tener casi el 100% de las escuelas listas” ha sido un gran esfuerzo, y que contó con la mano de obra de los privados de libertad. Espero que los maestros, profesores y administrativos hagan el gran esfuerzo de dar clases. No hay en este momento nada que deba obstaculizar ese proceso de aprendizaje. El que quiere buscar (un obstáculo) es porque lo quiere buscar”, manifestó Mulino en su conferencia semanal en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.

“Les deseo lo mejor y he dado todo el apoyo a la ministra Molinar para que este año escolar sea tranquilo y no tengamos que vernos en la penosa necesidad del año pasado en el que se mezcló educadores con politiquería y casi pierden el año escolar por una semana”, agregó el mandatario.

https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/meduca-con-una-ejecucion-presupuestaria-al-nivel-de-la-pandemia-y-sin-explicaciones-KJ20294394

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Breve historia de la privatización de los medios electrónicos

Según Marconi, la radio iba a ser “un heraldo de paz y civilización entre las naciones”. Poco después, vendió su invento a los británicos como instrumento de comunicación y propaganda para sus guerras coloniales. En 1906 se emitió el primer programa de radio en Estados Unidos. Pronto, los discursos políticos se redujeron de una hora a diez minutos. El político que mejor supo usar el nuevo medio fue Franklin Roosevelt. En Alemania, Hitler no sólo se inspiró en la tradición racista de los esclavistas y de teóricos como Madison Grant, sino que su ministro de propaganda aprendió de los libros de Edward Bernays. Hitler no tenía dudas y no andaba con vueltas: “Cuando se desencadena una guerra, lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria”.

En Estados Unidos, en los años 20, la mayoría de la población prefería que el nuevo medio, la radio, continuara siendo un servicio público de información. Para 1926, sólo el 4,3 por ciento de las emisoras eran comerciales. Los gremios de maestros y profesores estaban a favor de mantener un número mínimo de esas ondas destinadas a la educación a distancia, no comercial y más democrática, pero para 1928, en apenas dos años, las universidades ya habían perdido decenas de ondas (de 128 a 95). El director de la radio de la University of Arkansas se quejó de que la FRC (organismo en Washington que administraba las ondas de radio) “nos sacó todas las horas que valían algo y nos dejaron aquellas sin ningún valor”. Esto no es sólo un ejemplo; por entonces, apenas el cinco por ciento de la población estadounidense apoyaba un cambio radical hacia la comercialización. En 1932 Business Week reportó una avalancha de cartas protestando por la nueva radiodifusión basada en anuncios.

En 1925 los maestros y profesores habían fundado el National Association of Educational Broadcasters (NAEB) y en 1930, como respuesta al incipiente pero agresivo control del sector privado a través de la venta de publicidad, crearon el National Committee on Education by Radio. Para 1938 habían logrado asegurarse cinco ondas destinadas a la educación, pero todos los observadores estaban de acuerdo en que la exposición de anuncios comerciales no era bien recibido por la población. Pese a esta larga historia de resistencia por medios sin fines de lucro, a finales de los 30 ya quedaban pocas ondas destinadas a la difusión de la cultura y el conocimiento. Todas habían cedido terreno a la radiofonía comercial, con sus programas de diversión apoyados por anuncios comerciales.

Para dar el golpe final, las nuevas emisoras comerciales ofrecieron espacios gratis a los políticos y a los legisladores. ¿Suena conocido? Entre 1931 y 1933, los legisladores fueron invitados 298 veces a la flamante NBC, cadena propiedad de General Motors, la telefónica AT&T y la United Fruit Company, responsable de múltiples golpes de Estado y masacres en América Latina.

El 28 de abril de 1932, la publicación Education by Radio, sostenía que el principio de la Carta Magna de la radio estadounidense declaraba que su existencia se debía al “interés público” y criticaba los lobbies que intentaban cambiar estos principios: “El personal de la Comisión [Federal] de Radio está en este momento reclutando abogados y gente con intereses militares y comerciales (…) y subordinando el aspecto educativo al monopolio de los intereses comerciales”. Más adelante advierte: “La libertad de expresión es la base de cualquier democracia. Permitir que los intereses privados monopolicen el mayor instrumento de acceso a la mente humana que se ha conocido es destruir la democracia. Sin la libertad de expresión de aquellos que no tienen a los ‘beneficios’ como interés principal, no habrá una base inteligente para determinar ninguna política de interés social”.

Poco a poco, se fueron cerrando las radios universitarias y otras de educación, confirmando el divorcio de sus mayores instituciones de educación y cultura con el resto de la población, lo que se refleja cada dos años en los mapas electorales y en la mutua desconfianza entre estos dos sectores de la sociedad disociada. Ya por los años 30, las organizaciones a favor de una cuota de ondas no comerciales como el NCER (parte del Institute of Education Sciences) era caracterizado como “un grupo engañado por pedagogos” demandando tonterías “infantiles”. Por su parte, el “socialista” F. D. Roosevelt no tomó partido por los grupos que se oponían a la toma total de las ondas por los intereses privados porque, frecuente invitado en todas ellas, temía perder este favor político.

Al mismo tiempo, en Canadá se realizaron discusiones populares en decenas de ciudades para decidir qué era lo más conveniente, si seguir un incipiente proceso de comercialización del nuevo medio que se estaba dando en Estados Unidos a través de los avisos o mantener los medios independientes del capital privado. Como lo resumió el hombre de negocios y socialista canadiense Graham Spry al millonario estadounidense y defensor de los medios públicos, Armstrong Perry: “Nuestro mayor temor no es sólo el monopolio [comercial] sino el poder extranjero que viene con el monopolio”. La decisión mayoritaria fue mantener la radiodifusión como un servicio público, no comercial.

No obstante, el poder de los capitales acumulados era abrumador. Como observó el profesor Robert McChensny, el mismo proceso ocurrió durante los 90 en el debate sobre el estatus legal de Internet: mantener el nuevo medio de comunicación regulado por los gobiernos o dejarlo librado a las “leyes del mercado” y a los intereses de las corporaciones. El 22 de junio de 1998, el New York Time reportaba “un clima en el que cualquier regulación de Internet en su infancia comercial se considera alta traición”.

En 1934, los lobbies privatizadores y contra la petición de un 25 por ciento para canales no comerciales en Estados Unidos lograron su mayor éxito con la Ley de Comunicaciones. Esta fue la ley rectora de los medios hasta la Ley de Telecomunicaciones de 1996, no por casualidad diseñada para regular el nuevo medio, Internet, bajo la nueva ideología neoliberal de privatizaciones y desregulaciones de la “libertad comercial”. Entre otras previsiones, eliminó el número legal de canales en manos de un mismo grupo financiero. Es el caso de Sinclair Broadcast Group, el cual actualmente es dueño de casi doscientos canales locales en diferentes estados (afiliados a las grandes cadenas nacionales como Fox, CBS y NBC) los cuales son forzados a leer manifiestos del directorio central como si se tratase de información real, objetiva e independiente, en todos los casos en apoyo de la ideología conservadora de las grandes corporaciones.

En 1938, años después del asalto privatizador de los medios, la NBC concluía: “Nuestros medios son lo que son porque operan en la democracia estadounidense. Es un sistema libre porque este es un país libre. Es de propiedad privada porque la propiedad privada es una de nuestras doctrinas nacionales. Se mantiene de forma privada, a través del patrocinio comercial de una parte de las horas del programa, y sin costo alguno para el oyente, porque el nuestro es un sistema económico gratuito”.

En Inglaterra, con la BBC y con el apoyo mayoritario de la población, la radiofonía permaneció, en su gran mayoría, como servicio público, no comercial, hasta una década después de la Segunda Guerra Mundial. Desde los años cincuenta hasta los ochenta, permaneció como propiedad mixta entre capitales públicos y privados pero con un claro control de calidad en cuanto a los contenidos culturales y de información por parte del Estado. Esto comenzó a cambiar a partir del neoliberalismo impuesto por el gobierno de Margaret Thatcher en los 80. Para los 90, la comercialización del servicio público británico tuvo lugar en Estados Unidos con el fin de recaudar fondos para su central en Inglaterra.

La historia de Internet es un calco del proceso que sufrió la radio. A mediados de los años 20, cuando la radio, el nuevo medio revolucionario por entonces ya había sido inventado y su uso se encontraba en desarrollo, un tercio de las ondas todavía eran de servicio público, es decir, educativas o no comerciales. Similar a todos los medios de comunicación anteriores, Internet no fue inventada por ningún “exitoso hombre de negocios” sino por profesores estadounidenses que, a pesar de su origen militar, creyeron crear un medio anárquico; primero una red no comercial de investigadores y luego una red abierta al público para la interacción y la difusión de las ideas y la información. Como observa McChensny: “Internet nunca hubiese sido creada por ninguna compañía privada; no sólo porque el tiempo de espera para los retornos de ganancia hubiese sido inaceptable, sino por su idea fundamental de una arquitectura de propiedad abierta hubiese sido inaceptable para las compañías privadas”.

Un par de décadas después, cuando la idea y toda la estructura de Internet ya estaba desarrollada en base al principio más democrático de propiedad pública, como todos los medios y todos los grades inventos anteriores fue secuestrada por el poder de turno que, en lo que se refiere a los últimos siglos, está basado en el dinero y en la concentración de los capitales, es decir, las grandes corporaciones. La privatización y comercialización de Internet a través de diferentes leyes desreguladoras ocurrieron en los años 90, no por casualidad en la cresta de la ola neoliberal. Washington decidió la privatización de grandes sectores de la red en 1993, cuando hasta entonces se encontraba prohibida y se había mantenido y desarrollado como una realidad anárquica, amenazando en convertirse en propiedad de la gente común. La idea original de quienes trabajaron en esos proyectos no iba en favor del monopolio de un gobierno, pero tampoco en favor del oligopolio de las grandes corporaciones (protegidas por ese mismo gobierno) que en pocos años se hicieron con este instrumento fundamental de creación de realidad y de opinión pública, no en su totalidad, pero sí en un grado suficiente para mantener el control.

Incluso una poderosa publicación liberal (es decir, conservadora) como The Economist lo reconoció en 1998, aunque no sin sus clásicas ambigüedades de clase: “Cuando Cyberia [Internet] era un pequeño país de académicos, sus leyes funcionaban muy bien. Pero ahora ha sido colonizada por el mercado. Es necesaria una acción más en favor de los negocios” (“The death of an icon”, 22 de octubre de 1998). El poder siempre tiene una buena excusa para apropiarse de todos los inventos, habidos y por haber.

En este caso, la decisión de privatizar Internet se tomó muchos años antes, en 1990, en una reunión en Harvard University, a la cual asistieron representantes del gobierno de Washington y de las grandes corporaciones de las telecomunicaciones. Por supuesto que ni siquiera hubo un profesor de otras áreas, como ciencias o humanidades. Menos hubo un representante del pueblo, ni estadounidense ni de ningún otro pueblo. La democracia es siempre un estorbo para el progreso y la libertad, ¿no? “Es verdad, el gobierno creó Internet con sus recursos, pero el muchacho ha crecido y se ha ido de casa”, fue la explicación de uno de los miembros de la Internet Society (ISOC), interesados en su privatización (Wall Street Journal, 4 de junio de 1998, p. 26).

No por otra razón, en 1996 se aprobó la ley más importante sobre medios de comunicación desde 1934, la Ley de Telecomunicaciones, la que liberaba las fuerzas de los grandes lobbies y corporaciones en nombre de una participación democrática de todos los actores privados. Gracias a esta ley, una misma corporación dejó de estar limitada en el número de medios autorizados para operar. La libertad de los liberales y, más recientemente, de los libertarios conservadores, la libertad de los poderosos, la libertad de los dueños de los países. Que viva la libertad.

Desde la comercialización de Internet, la gente no abandonó la radio ni la televisión, sino que sumó un nuevo medio, agregando varias horas por día al mercado de la atención. Al igual que con la popularización de los periódicos en el siglo XIX, el nuevo medio prometía democratizar la información y crear pueblos e individuos más libres. Al igual que con todos los nuevos medios de comunicación, con Internet y las redes sociales esta libertad ha sido fuertemente cuestionada. Al igual que en todos los casos anteriores, los poderes de las elites de turno secuestraron los nuevos medios y las nuevas tecnologías desde el primer día y, en ningún caso, fue con un propósito altruista de ceder poder a la abrumadora mayoría de los de abajo, los (aparentemente) sin poder. Esta urgencia fue aún más importante en aquellos países que habían consolidado un sistema de democracia liberal con votaciones periódicas. De esta forma, los medios justificaron los fines y la opinión pública se convirtió en el commodity y en el arma más valiosa.

En octubre de 2022, el hombre más rico del planeta, Elon Musk, compró Twitter por 44 mil millones y, antes de conocer siquiera a los principales directores de la empresa, prometió despedir a la mitad de los empleados para “limpiar la casa”. Los asalariados son siempre basura para los psicópatas que aman el éxito y el ejercicio del poder despidiendo empleados. Para noviembre, ya había cumplido con su promesa y, en nombre de la libertad, propuso diferentes cobros del servicio, aparte de comenzar a incluir publicidad. En Twitter la libertad comenzó a expresarse con una explosión de racismo y violencia política. La red no mejoró pero el señor Musk continuó haciendo miles de millones de dólares. De una junta administrativa se pasó a una dictadura más estilo banana republic con un jefe psicópata, autopromocionado como el paladín de la libertad y la democracia.

La introducción de publicidad en Twitter es la repetición del proceso de comercialización de un medio de comunicación, exactamente como ocurrió con la radio en los años 30, con la televisión más tarde y con las compañías de telecomunicación y, principalmente, con Internet en los años 90. La comercialización se vendió por parte de políticos, presidentes y grandes gerentes como una forma de expandir la libertad y la neutralidad ideológica, como si los grandes negocios y la cultura de adoración de las corporaciones y los multimillonarios no se sostuviera con un permanente y ubicuo bombardeo ideológico que es aceptado como si fuese la lluvia que da vida a los campos. Los anunciantes que realmente importan en esta lógica son las grandes compañías, no los pequeños negocios. Más aún, en los países periféricos (la mayoría del mundo) ni las grandes compañías tienen muchas chances de pagar publicidad en las plataformas en la escala en que lo hacen las compañías de los países dominantes.

La super comercialización de las sociedades ha creado una cultura del consumo y, con ella, la fosilización de la ideología que diviniza las leyes del mercado sobre toda actividad humana, define el éxito (los millonarios) y demoniza cualquier opción bajo alguna figura ficticia (los trabajadores holgazanes o los socialistas come niños). No hay consumo sin beneficios y no hay concentración de las ganancias sin un consumismo que impida cualquier pensamiento radical que se oponga a una realidad radical.

En el ensayo “There are Alternatives” publicado en 1998, el filósofo Jünger Habermas fue categórico: “No creo que podamos tener ilusiones sobre lo público de una sociedad en la que los medios de comunicación comerciales marcan la pauta” (New Left Review, setiembre 1998). Claro que, como decía NBC y los lobbies empresariales en los años 30, todas estas opiniones no comerciales son irrealistasinfantiles, y están contra la libertad y la democracia. Al fin y al cabo, Habermas como el profesor Einstein o el pionero de la computación moderna, Alan Turing y los filósofos o inventores de los últimos siglos han sido todos pobres, irrealistas y fracasados.

Hoy, en Estados Unidos, existe una cadena pública de televisión, PBS, y una de radio, NPR. Hasta la presidencia de Ronald Reagan, la mayoría de sus ingresos procedían del gobierno federal, lo cual se fue reduciendo en las décadas posteriores hasta un magro 15 por ciento, en un persistente intenso en convertirlas, sino en privadas, al menos en cadenas comerciales. A pesar de ser los mayores productores de contenido cultural e informativo profesional del país, todos los años deben mendigar donaciones a su público para complementar su menguado presupuesto, siempre bajo ataque de los políticos conservadores y las corporaciones que los financian, los que entienden que la existencia de un medio depende de su rating. Por otro lado, como ya lo observó Robert McChesney, “lo último que quieren las cadenas comerciales es que PBS y NPR salgan a competir por la publicidad, sobre todo entre aquel público educado y de clase media alta. Cuando en 1998 el gobierno de Francia limitó el tiempo de publicidad en la televisión pública, TF1, la mayor cadena comercial del país, se vio de repente beneficiada”.

En 2025, el presidente Donald Trump eliminó casi todos los fondos del gobierno para NPR y PBS.

La misma historia ha sido y continúa siendo la historia de la Inteligencia Artificial. Luego de 70 años de investigación, experimentación y naturales fracasos por parte de sus creadores no capitalistas, se logró su desarrollo a principios del siglo XXI. Para 2015, luego de la aceleración del desarrollo de los modelos de lenguaje y aprendizaje artificial, se fundó una de las compañías más visible de la actualidad, OpenAI. Sus fundadores no inventaron nada, pero iniciaron el proyecto como una organización sin fines de lucro (nonprofit) para “asegurar que la inteligencia artificial general (AGI) beneficie a toda la humanidad”. En 2019 comenzó su privatización. Luego del éxito de ChatGPT, en 2025 OpenAI pasó de organización “sin fines de lucro” a corporación en gran parte privatizada, con fines de lucro.

 

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La reforma agraria rebrota en América Latina: «Que devuelvan lo que nos han quitado»

Por Mariángeles Guerrero

La Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural reúne a gobiernos, movimientos campesinos y pueblos indígenas para debatir la tierra para quién y para qué. «Las reformas agrarias deben estar basadas en la soberanía alimentaria y la agroecología», señalan desde la Vía Campesina. El sector de la agricultura familiar, campesina e indígena es el mayor productor de alimentos sanos y cuenta con solo el 12% de la tierra.

La II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Ciradr+20) se realiza desde el 23 al 28 de febrero en Cartagena (Colombia). Es convocada para promover el derecho a la tierra para las poblaciones campesinas e indígenas a nivel global. “Lo que hoy nos amenaza es la mercantilización de la naturaleza. Se debe tener en cuenta a los territorios como un centro de autodeterminación y de vida”, afirma Nury Martínez, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) de Colombia, organización integrante de La Vía Campesina. Actualmente, el uno por ciento de las grandes explotaciones de tierra concentra el 70 por ciento de las tierras agrícolas mundiales. Y los establecimientos de pequeña escala solo cuentan con el 12 por ciento de las tierras.

La primera Ciradr, realizada en Brasil en 2006, definió los compromisos internacionales para el acceso equitativo a la tierra, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural inclusivo. Veinte años después y con Colombia como anfitriona, la Conferencia reúne a gobiernos, organizaciones internacionales, representantes de la agricultura familiar, pueblos indígenas y personas del sector académico para actualizar el diálogo sobre la reforma agraria.

El concepto y la práctica de reforma agraria tiene múltiples aristas. El histórico dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, João Pedro Stédile, en su artículo “Conceptos y tipos de reforma agraria“ (incluido en el libro Experiencias de reforma agraria en el mundo), explica que esta noción se adoptó en el siglo XX como una síntesis de programas o propuestas para democratización del acceso a la tierra en cada país. Sin embargo, a lo largo de la historia, hubo procesos similares aunque no se llamaron explícitamente “reforma agraria“. Sucedieron en Europa, Asia, América (incluido Estados Unidos) y África.

El sociólogo chileno Sergio Gómez, en el texto “Reformas Agrarias en América Latina en el siglo XX“, destaca las experiencias de México en la primera mitad del siglo XX (con el lema zapatista de “la tierra para quien la trabaja“); de Bolivia a mediados de siglo y de Cuba post revolución, entre otras. Señala que en solo dos países de la región la reforma agraria no llegó a plantearse como tal en el siglo pasado: Argentina y Uruguay. Y explica que eso ocurrió porque, en el auge de las reformas, estos países no contaban con un «problema agrario» sino que sus «agriculturas eran altamente eficientes, conectadas a los principales mercados agropecuarios mundiales de la época».

También apunta que, en la actualidad, las políticas de reforma agraria se dan por expropiaciones o por diversas formas de asignación de tierras. Un ejemplo de ello es la experiencia del MST brasileño de “ocupar, resistir y producir“ en grandes latifundios improductivos.

La reforma agraria rebrota en América Latina
Foto: Laís Alanna – MST

A la historia transitada se suman los desafíos del presente: la alta concentración de tierras en manos de multinacionales, la necesidad de planificar las políticas rurales en clave feminista, la iniciativa de mejorar la situación de la tenencia de la tierra de las familias campesinas y de restituir las robadas a los pueblos indígenas.

En las vísperas del encuentro, Martínez apunta: “El agronegocio se fundamente en los agrotóxicos y el monocultivo. Y consideramos que las reformas agrarias en los diferentes países deben estar basadas en la soberanía alimentaria y en la agroecología”. Afirma que la distribución de la tierra incluye al agua y a las semillas.

Distribución de la tierra ante el poder corporativo

La Segunda Conferencia de Reforma Agraria se propone actualizar estos debates con aspectos como la seguridad y la soberanía alimentaria, la inseguridad de la tenencia por parte de las comunidades campesinas e indígenas y la gobernanza de la tierra. La convocatoria institucional define a la reforma agraria como “el conjunto de políticas que buscan redistribuir, regularizar o democratizar el acceso y uso de la tierra, especialmente para las poblaciones rurales excluidas“.

En 2012, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) ratificó un conjunto de directrices universales y voluntarias. Las mismas están orientadas a los gobiernos para salvaguardar el derecho de las personas a poseer, ordenar y acceder a la tierra, la pesca y los bosques. Pero no son vinculantes. Y diversos datos afirman que lo que se incrementó en los últimos decenios es la concentración de la tierra en pocas manos.

El Transnational Institute marca cómo se consolidó la compra de tierras a gran escala. Por ejemplo, 30.000 hectáreas adquiridas en Nigeria por la empresa estadounidense Dominion Farms, en 2011, para producir arroz. Otro caso: 60.000 hectáreas adquiridas en Camboya por el político y empresario local Ly Yong Phat, en 2006, para producir caña de azúcar. O las 900.000 hectáreas compradas en Argentina por la compañía italiana Benetton, en 2002, para monocultivos y cría de ovejas.

En muchas instancias, agrega el informe, se sobrepasan los marcos formales-legales preexistentes para dar la apariencia de legalidad. Algunos de los casos más destacados conllevan acoso, intimidación y violencia contra las comunidades. Y destacan que la inversión en tierras se relaciona más con la especulación de su valor que con iniciativas productivas.

La FAO señala en su estudio «Tenencia de la tierra y sistemas agroalimentarios sostenibles» que agricultores con menor acceso a la tierra (propiedades de menos de dos hectáreas) producen aproximadamente el 35 por ciento de los alimentos del mundo. Y cuentan con solo el 12 por ciento de las tierras agrícolas disponibles en el planeta.

El relavamiento titulado “Señores de la Tierra” de la organizaciones FIAN y Focus on the Global South da cuenta del aumento de las adquisiciones trasnacionales de tierras desde el 2000, con aproximadamente 65 millones de hectáreas. Blue Carbon, firma financiera de los Emiratos Árabes centrada en créditos de carbono, encabeza la lista: 24,5 millones de hectáreas. El segundo lugar es de la australiana Macquarie Group, empresa de gestión de activos, con 4,7 millones. En tercer lugar, con 2,36 millones de hectáreas, está Olam Group, empresa agroindustrial de Singapur. En Argentina, entre las diez grandes empresas que concentran la tierra en el mundo operan la forestal Arauco, el Grupo Benetton y Cresud.

Ese informe destaca que el uno por ciento de las grandes propiedades agrícolas concentran el 70 por ciento de la tierra a nivel global.

Otro estudio, “Estructura Global de la Tierra por regiones analíticas: concentración y fragmentación” (de Carlos Duarte, Carlos Salgado y Lina Díaz), describe que en América Latina y el Caribe la concentración de la tierra es del 56 por ciento. La región contiene más del 50 por ciento de las explotaciones agrícolas por debajo de las cinco hectáreas.

José Dionicio Canahui, miembro del Consejo Internacional de Tratados Indios, denuncia la criminalización de los líderes indígenas, muchas veces acusados de terrorismo por defender su territorio. Asegura: “Hay una agenda de los Estados y de las corporaciones internacionales de acaparar la tierra. Y no cualquier tierra, sino la tierra fértil, la tierra donde están los minerales y el agua. Y quienes producimos la comida y nutrimos a las comunidades nos estamos quedando sin tierra, sin agua y sin recursos”.

Derecho a la alimentación, crisis climática y cuidado de la biodiversidad 

Martínez precisa que es necesario abordar los factores estructurales del despojo: la explotación y el colonialismo. Sin embargo, marca su posicionamiento frente a la conferencia: “No nos ilusionamos con que este encuentro vaya a resolver estos aspectos, pero sí nos va a permitir participar por primera vez, como movimientos sociales, en la conferencia oficial y colocar allí nuestras posiciones”.

Consultada sobre el rol de los Estados, considera que falta un compromiso real con la reforma agraria. “Hay muchos compromisos de los Estados con el Banco Mundial, con la Organización Mundial del Comercio (OMC). A través de las COP y de los compromisos que han habido, se aumenta o se mantiene el acaparamiento de tierras. Los compromisos que existen son los que mantienen el poder de las corporaciones”.

Señala también la necesidad de ampliar el Acuerdo 8J, adoptado en la 16° Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), realizada en Cali en 2024. Allí se reconoció a los pueblos indígenas como guardianes de la biodiversidad, por sus conocimientos tradicionales y derechos territoriales. “Pero no se reconoció al campesinado y no se vinculó ese acuerdo con la Declaración de los Derechos de Campesinos y Campesinas de la ONU”, apunta.

“Si queremos conservar la biodiversidad se le debe entregar tierra a los pequeños productores campesinas y campesinos, pueblos indígenas, comunidades negras, pastoralistas, pescadores”, argumenta.

Recuerda que el sistema agroalimentario industrial es uno de los responsables del calentamiento global, por lo que es necesario hablar de cambios sistémicos y no tener discusiones multilaterales en conferencias independientes sobre clima, sobre biodiversidad o sobre alimentación. Y subraya que el Banco Mundial y el poder corporativo sí ven estos aspectos como un todo al momento de hacer negocios.

También menciona los negocios ilegales que acaparan tierras. Por ejemplo, la minería ilegal y el narcotráfico. Y anticipa que ese será otro tema que llevarán a la conferencia. “El narcotráfico en América Latina también despoja y criminaliza. No son los pueblos los que cultivan coca o amapola; son los grandes narcotraficantes que ni siquiera están en estos países”, señala.

Sobre la coyuntura global, analiza: «Estamos en un momento político complejo. Vemos lo que pasa en Cuba y en Palestina, donde se instrumentaliza la alimentación como un arma de guerra. Para acabar con el hambre en el mundo, hay que hablar de redistribución de la tierra. Y por lo que pasó con Venezuela también es importante colocar el elemento antiimperialista en esta conferencia”.

Una perspectiva feminista de la reforma agraria

Sarah Luiza de Souza Moreira es activista de la Marcha Mundial de las Mujeres y de la Articulación Nacional de Agroecología (ANA) de Brasil. Camino a Cartagena, señala: “Estamos muy atentas y preocupadas por los desafíos que enfrentamos para construir una reforma agraria verdaderamente feminista, integral y popular en nuestra región”.

“Las mujeres han experimentado los desafíos concretos de enfrentar la concentración de la tierra en manos de grandes terratenientes, empresas transnacionales y hombres. Representan alrededor del 40 por ciento de la fuerza laboral agrícola mundial, pero solo poseen el 15 por ciento de las tierras agrícolas a su nombre”, indica. Sin embargo, agrega, contribuyen de manera fundamental a la producción de alimentos agroecológicos.

Para Moreira de Souza, una reforma agraria popular integral debe ser también una reforma agraria feminista que reconozca y valore el trabajo de las mujeres. Pero que cuestione y problematice la sobrecarga laboral que recae sobre ellas, por las tareas de activismo, de trabajo doméstico, de cuidado y en el campo.

Y concluye: “No es posible luchar por la reforma agraria y construir políticas públicas de reforma agraria sin que las mujeres sean escuchadas, sin que sus necesidades, conocimientos y sabidurías sean valorados. Sin feminismo no hay reforma agraria justa, integral, popular; sin feminismo no hay soberanía alimentaria ni justicia climática”.

En el informe “Tenencia de la tierra y sistemas agroalimentarios sostenibles”, la FAO remite a una estimación que realizó en 2011. La misma proyectaba que, a nivel mundial, si las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres a recursos productivos como la tierra y los fertilizantes, podrían aumentar la producción de sus explotaciones agrícolas entre un 20 y un 30 por ciento. E incrementarían la producción agrícola total entre un 2,5 y un 4 por ciento.

La reforma agraria rebrota en América Latina
Foto: La Vía Campesina

Pueblos indígenas: “Que nos devuelvan lo que es nuestro”

José Dionicio Canahui vive en Guatemala y pertenece al Pueblo Maya. Sobre la situación de la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas en el país, hace historia. Explica que durante la colonización se arrebataron grandes extensiones de tierra. Más tarde, en la época liberal, se les quitó a las comunidades las pocas hectáreas que les quedaban. En la actualidad los pueblos indígenas que habitan Guatemala cuentan con muy poco territorio. Y lo grafica: «Una manzana por familia, como mucho».

Guatemala tuvo su experiencia de reforma agraria en 1953, durante el gobierno de Jacobo Arbenz. Se distribuyeron tierras a 100.000 familias campesinas. Pero el proceso fue detenido por la empresa United Fruit Company, en complicidad con Estados Unidos.

Explica que hay comunidades que habitan zonas de amplia biodiversidad. Y que están siendo hostigadas para dejar sus tierras porque el área donde viven es codiciada para la minería, las hidroeléctricas, la explotación maderera o el monocultivo de palma africana.

En Guatemala viven el Pueblo Maya, el Pueblo Garífuna y el Xinca. El Pueblo Maya, que es el más numeroso, se divide en 22 nacionalidades. Según el Instituto Nacional de Estadística, los pueblos indígenas representan el 43 por ciento de la población guatemalteca. Pero Canahui asegura que la metodología estadística no es utilizada correctamente y que ese porcentaje asciende al 70 por ciento.

“Los pueblos indígenas hablamos de restitución de tierra y territorios y bienes naturales. No hablamos de que distribuyan lo que tiene el Estado, porque el territorio de los actuales Estados es territorio de pueblos indígenas. Hablamos de que devuelvan lo que nos han quitado”, asegura.

Menciona que varias comunidades poseen tratados firmados por los Estados colonizadores (como España). Estos reconocen su posesión de las tierras, pero no son tenidos en cuenta. “Esos títulos deben prevalecer en las relaciones actuales con los Estados”, señala. Este reconocimiento figura en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (del 2007).

También alude a la importancia de incorporar los saberes y tecnología indígenas en la producción de alimentos, frente al avance del paquete tecnológico del agronegocio. Y reflexiona: “Las personas de las ciudades deben estar conscientes de que la comida que llega a su mesa no viene del supermercado. Hay miles y millones de personas del campo labrando la tierra, cortando y transportando los frutos hacia su mesa”.

Canahui marca que el colonialismo es algo vigente. “La reforma agraria solo será viable cuando hablemos de la descolonización contemporánea. Cuando el Estado deje de pensar que quitar tierras a los pueblos indígenas significa garantizar mayor producción de alimentos para el mercado internacional o mayor rentabilidad para los bancos”, afirma.

Marca el deterioro de los organismos multilaterales de las Naciones Unidas y la presión que ejercen sobre ellos las multinacionales. Se esperanza en la solidaridad internacional entre los titulares de derechos. En otras palabras: “Entre la gente del campo, entre la gente que sale a las calles a manifestar, a señalar al Estado. Ahí está nuestra fuerza porque ¿de dónde viene el poder, sino del pueblo?”.

Colombia: sede de la conferencia y escenario de una reforma agraria

El país donde se realiza la conferencia no es casual. El gobierno de Gustavo Petro, electo en 2022, comenzó a implementar políticas de reforma agraria en Colombia. Y desde el Ministerio de Agricultura asumieron la organización del encuentro multilateral. Sobre la reforma agraria colombiana, Martínez considera: “No es el cambio estructural que nos gustaría, pero es importante porque el Gobierno tomó elementos que ya estaban en las leyes y los usó para el bien de la población rural”.

Cita como ejemplo el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, firmado en 2016. Ese documento incluye el desarrollo rural con enfoque de reforma agraria. Pero, asegura, fue el punto que menos avanzó en la implementación del acuerdo. “El gobierno actual lo colocó como un elemento importante“, asegura.

También destaca que Petro haya reconocido al campesinado como sujeto de derecho. Tuvo en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (Undrop) y la  Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Undrip).

No obstante, el Presidente se comprometió en la campaña electoral a no realizar expropiaciones. Por lo tanto, las tierras que hasta el momento se entregaron a las familias campesinas e indígenas son aquellas incautadas al narcotráfico. “La voluntad política y el trabajo que se hacen son importantes, aunque el Congreso y la Corte Constitucional no hayan querido avanzar en ello”, alerta.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/la-reforma-agraria-rebrota-en-america-latina-que-devuelvan-lo-que-nos-han-quitado/

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8 de marzo de 2026: Congreso, modelo de Estado y educación en una definición histórica

 Por: Carlos Munévar

Cuando la correlación de fuerzas, la memoria del magisterio y la arquitectura democrática se cruzan en una misma elección

El 8 de marzo de 2026 Colombia no elegirá únicamente un nuevo Congreso para el período 2026–2030. Elegirá la correlación de fuerzas que hará posible —o inviable— la orientación estructural del Estado en la próxima década. En contextos de transición política, las elecciones legislativas dejan de ser un episodio intermedio y se convierten en el verdadero escenario donde se define si un proyecto de transformación se consolida como política de Estado o se reduce a experiencia pasajera.

Desde una perspectiva de izquierda democrática, esta elección no es simplemente un referendo sobre un gobierno. Es una disputa por el tipo de Estado, por el modelo de desarrollo, por la profundidad de la democracia y por el lugar que ocupará la educación pública en ese diseño institucional.

La arquitectura del poder: por qué el Congreso define el rumbo real

El presidencialismo colombiano no opera sobre la voluntad unilateral del Ejecutivo. En la práctica, las transformaciones estructurales —tributarias, laborales, energéticas y sociales— dependen de mayorías legislativas estables capaces de sostenerlas en el tiempo. Sin ese soporte parlamentario, el cambio se ralentiza, se fragmenta o termina desnaturalizándose en el trámite legislativo y eso es precisamente lo que no ha tenido el país históricamente.

La democracia como sistema de gobierno implica que el Congreso puede desempeñar tres funciones claramente diferenciadas. Puede actuar como motor de transformación cuando existe coherencia programática y disciplina política en torno a un proyecto común; puede convertirse en un espacio de transacción permanente donde cada reforma se negocia al costo de reducir su alcance beneficiando a los clanes políticos regionales; o puede erigirse en un dique de contención que bloquee o vacíe de contenido las agendas estratégicas del Ejecutivo, como es el caso del periodo Petro. La diferencia entre estos escenarios no es retórica ni simbólica: determina si una reforma social se consolida como norma duradera o si se diluye en concesiones parciales.

Por ello, el 8 de marzo no solo se disputan curules. Lo que realmente se define es la correlación de fuerzas que condicionará la gobernabilidad y el margen de acción política durante todo el período siguiente. La izquierda enfrenta aquí un desafío estratégico central: sin mayorías estables y cohesionadas, incluso los proyectos más legítimos quedan supeditados a acuerdos coyunturales y “mermelada política” que limitan su profundidad. La fragmentación interna no es solo un problema organizativo; puede convertirse en una debilidad estructural que comprometa la viabilidad del programa de transformación.

El modelo de desarrollo en disputa: la economía política del Congreso

El próximo período legislativo será decisivo en la definición del modelo de país que se está construyendo. El debate no se limita a iniciativas aisladas, sino que atraviesa la arquitectura misma de la economía política del país. En este escenario, el Congreso no es un simple escenario técnico de aprobación normativa: es el espacio donde se dirime qué intereses prevalecen y qué orientación estratégica adopta el Estado.

En materia de justicia fiscal y redistribución, la sostenibilidad del Estado social depende de un sistema tributario progresivo que permita financiar derechos y políticas públicas de manera equitativa. Sin un respaldo parlamentario sólido, cualquier reforma fiscal corre el riesgo de diluirse a través de exenciones sectoriales, ajustes regresivos o mecanismos compensatorios que terminan favoreciendo a los sectores de mayor poder económico. El Congreso no se limita a aprobar impuestos; define, en última instancia, quién financia el Estado y quién se beneficia de su acción. El grave problema es que las grandes mayorías del congreso actual, y del que puede ser electo si se pierden las elecciones, son cuotas políticas de clanes mafiosos integrados con terratenientes, empresarios y multinacionales con nexos históricos con grupos armados herederos del paramilitarismo y/o cooptados por intereses políticos de la oligarquía colombiana.

Política laboral y estructura del mercado de trabajo

Colombia mantiene niveles estructuralmente altos de informalidad laboral, precarización y segmentación del mercado de trabajo. La orientación que adopte el Congreso será determinante para definir si el país avanza hacia un modelo de formalización progresiva, estabilidad contractual y fortalecimiento de la negociación colectiva, plasmados en la reforma laboral del gobierno Petro o si, por el contrario, se consolida un esquema centrado en la flexibilización bajo el argumento de la competitividad y la atracción de inversión.

El trabajo no es únicamente una variable macroeconómica ni un dato estadístico en los informes de crecimiento. Es un eje constitutivo de ciudadanía social. A través del empleo se accede a seguridad social, ingresos estables y reconocimiento social. Por ello, el desarrollo de la reforma laboral no solo regula relaciones productivas; expresa, en el fondo, el modelo de sociedad que se busca consolidar.

Transición energética y soberanía económica

La transición hacia energías limpias implica mucho más que un ajuste ambiental. Supone una redefinición profunda de la matriz productiva, de las fuentes de ingreso fiscal y del lugar de Colombia en la economía internacional. La discusión no se limita a sustituir combustibles fósiles por energías renovables; involucra decisiones estratégicas sobre inversión, desarrollo regional, empleo y soberanía económica.

El Congreso será el escenario donde se definan la velocidad y la profundidad de este proceso, así como los mecanismos de compensación territorial y social. De sus decisiones dependerá si la transición se convierte en una oportunidad para diversificar la economía y reducir desigualdades, o si se gestiona de manera fragmentada, generando nuevas tensiones fiscales y territoriales.

Paz territorial y concepción de la seguridad

La consolidación de la paz territorial requiere marcos normativos estables y recursos sostenidos en el tiempo. Políticas de desarrollo rural integral, sustitución de economías ilícitas y presencia efectiva del Estado en regiones históricamente marginadas no pueden depender de voluntades coyunturales. Necesitan respaldo legislativo consistente que también construya percepciones y sustituya la matriz mediática del enemigo interno, cambiando las lógicas de discriminación y de desconocimiento de las causas profundas del conflicto interno colombiano.

En este campo se enfrentan dos concepciones distintas de seguridad. Una entiende la seguridad como un enfoque integral, articulado con inversión social, infraestructura, educación y oportunidades económicas. La otra privilegia principalmente el control coercitivo y el despliegue de fuerza. El Legislativo actuará como árbitro de esa tensión, definiendo cuál de estas visiones orientará la política pública en los próximos años.

Educación y poder: la lección histórica

La historia demuestra que cuando se disputa el proyecto de nación, la escuela se convierte en un espacio estratégico. No porque sea, por naturaleza, un aparato de propaganda, sino porque es el lugar donde se forma ciudadanía, se transmiten valores democráticos y se construyen marcos de interpretación de la realidad. Vale la pena hacer memoria.

En la Alemania de Adolf Hitler, tras 1933, el régimen expulsó a docentes judíos y opositores políticos, reescribió los currículos para inculcar antisemitismo y culto al líder, y convirtió la afiliación ideológica en requisito profesional. La escuela dejó de ser un espacio plural para transformarse en instrumento del Estado totalitario. Las juventudes Hitlerianas fueron consecuencia de esta política educativa de un régimen como el nazi, que aún hoy, evidencia la herencia cultural en el auge de grupos neonazis y de ultraderecha en las sociedades modernas.

En la Italia de Benito Mussolini, el juramento obligatorio de lealtad impuesto en 1931 simbolizó la subordinación de la autonomía universitaria al proyecto fascista. La educación fue integrada explícitamente al aparato político del régimen.

En la España de Francisco Franco, tras la Guerra Civil, miles de docentes republicanos fueron fusilados, encarcelados o expulsados. La educación laica fue reemplazada por un modelo nacionalcatólico doctrinario, alineado con la ideología oficial.

El patrón histórico resulta evidente: primero se estigmatiza al maestro crítico; luego se produce la depuración institucional; finalmente se impone el control curricular. Colombia no vivió un régimen fascista europeo, pero sí ha conocido el peso de la estigmatización en contextos de conflicto armado y polarización política.

El giro contemporáneo: disputa cultural y autonomía educativa

Durante la presidencia de Donald Trump no se han registrado purgas masivas en el sistema educativo, pero sí se ha venido desarrollando una confrontación cultural significativa con el magisterio organizado. Se han promovido políticas de “school choice” y se cuestionaron programas de diversidad bajo la narrativa del supuesto “adoctrinamiento”.

Este caso evidencia que la intervención en educación puede adoptar formas simbólicas y normativas sin recurrir a violencia física directa. La disputa cultural puede tensionar profundamente la autonomía pedagógica y erosionar la legitimidad del magisterio. El lenguaje político no es neutro: construye legitimidades o las debilita.

Colombia: violencia contra el magisterio y memoria democrática

En Colombia, el debate adquiere una dimensión especialmente sensible. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), fundada en 1959, se consolidó como actor central en la defensa de la educación pública y los derechos laborales del magisterio.

Esa visibilidad tuvo costos humanos profundos. Entre 1986 y 2016, informes presentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz documentan cerca de mil quinientos docentes asesinados. La Escuela Nacional Sindical ha registrado más de 3.300 sindicalistas asesinados entre 1971 y 2023, además de miles de amenazas, desplazamientos y hechos de violencia. El sector educativo fue uno de los más afectados.

Regiones como Urabá, Arauca y el Magdalena Medio conocieron listas negras y asesinatos selectivos en los que, con frecuencia, el señalamiento ideológico precedía al crimen. La estigmatización no fue un discurso inocuo; en múltiples casos operó como antesala de la violencia.

Coyuntura electoral y disputa simbólica

En la actual coyuntura, sectores como el Centro Democrático y figuras públicas como Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Daniel Briceño y otros, han formulado críticas severas al sindicalismo docente, señalando presunto “adoctrinamiento” y proponiendo limitar su influencia en el sistema educativo.

No se anuncian persecuciones explícitas. Sin embargo, la historia colombiana demuestra que la erosión sistemática de legitimidad puede generar condiciones adversas para la protección institucional y la garantía de derechos. En democracias frágiles, el discurso importa tanto como la norma.

Más allá de 2026: una decisión estructural de largo plazo

La elección del 8 de marzo no debe leerse únicamente como respaldo o castigo a una administración específica. Se trata de una definición estructural sobre el tipo de Estado que Colombia consolidará en el mediano plazo: si avanzará hacia un Estado social de derecho con capacidad redistributiva robusta; si promoverá un modelo económico orientado a la equidad territorial; si apostará por una política de paz con inversión estructural; y si garantizará una escuela pública plural y protegida.

El Congreso que emerja de esa jornada electoral moldeará el horizonte político, económico y social de la próxima década.

Educar, legislar y decidir el futuro democrático

En Colombia, educar ha sido, en demasiadas ocasiones, un acto de resistencia. La memoria de los docentes asesinados no constituye un recurso retórico, sino una advertencia histórica sobre los riesgos de la estigmatización y la desprotección institucional.

Defender la educación pública y la dignidad del magisterio no es una consigna partidista; es una condición básica de la democracia. El Congreso que se elija el 8 de marzo de 2026 definirá la profundidad de las reformas sociales, la orientación del modelo económico, la concepción de la seguridad y la paz, y el lugar de la escuela en el proyecto nacional.

No se trata simplemente de una elección legislativa. Es una decisión estructural sobre el rumbo del Estado, la calidad de la democracia y la protección de quienes, desde las aulas, forman ciudadanía en Colombia.

8 de marzo de 2026: Congreso, modelo de Estado y educación en una definición histórica

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Al menos 85 alumnas muertas y decenas heridas tras ataque israelí contra una escuela en Irán

En medio de la proclamada campaña para acabar con el programa nuclear de Irán, los ataques también han alcanzado infraestructuras civiles aledañas y han causado víctimas entre la población civil, entre ellos menores de edad. Este sábado, un bombardeo israelí alcanzó una escuela primaria, provocando decenas de víctimas fatales.

De acuerdo con la última actualización de los medios locales, el saldo mortal en el colegio se elevó a 85 víctimas fatales, y se contabilizan 93 heridos. Si bien la mayoría de los fallecidos eran alumnas, también se encuentran entre ellos padres y personal docente. Las labores de identificación de los cuerpos continúan en estos momentos. Diversos medios están difundiendo imágenes del impacto en el centro educativo.

Horas antes se había reportado que, en la ofensiva del sábado, Israel bombardeó directamente una escuela primaria para niñas en la localidad de Minab, al sur de Irán. El edificio quedó completamente destruido y aún hay estudiantes atrapadas entre los escombros.

Este sábado, Israel lanzó un ataque «preventivo» contra Irán para «eliminar amenazas», según su Ministerio de Defensa. Horas después, Donald Trump confirmóque EE.UU. se sumó a la agresión, alegando «actividades amenazantes» iraníes. Medios locales reportan bombardeos contra los Ministerios de Inteligencia y Defensa, la oficina del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, e instalaciones nucleares, así como daños a viviendas en zonas céntricas de la capital iraní. En redes sociales circulan imágenes de la destrucción causada.

Respuesta de Irán

Teherán había advertido que cualquier acción militar en su contra «se considerará el inicio de una guerra», al tiempo que afirmó que sus Fuerzas Armadas estaban «preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión». No obstante, expresó su disposición a mantener un «diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos».

El comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohammad Pakpour, advirtió a EE.UU. y a Israel que sus fuerzas estaban preparadas para responder a cualquier provocación.

Según sus palabras, las tropas «tienen el dedo en el gatillo, están más preparadas que nunca, listas para cumplir las órdenes y directrices del comandante en jefe, un líder más querido que sus propias vidas», en referencia al ayatolá Alí Jameneí. Otro alto cargo militar de Irán, Ali Abdollahi, aseguró que, si la Casa Blanca opta por atacar su país, «todos los intereses, bases y centros de influencia estadounidenses» serían «objetivos legítimos» para las Fuerzas Armadas iraníes.

Guerra de los 12 días

Esta nueva agresión contra Irán se produce apenas meses después de la intervención militar de junio de 2025, cuando Israel lanzó un ataque no provocado contra el país persa, que desembocó en un intercambio de ofensivas con misiles y drones entre ambos países. Durante la llamada Guerra de los 12 días, los objetivos del Estado hebreo fueron las instalaciones nucleares de la República Islámica, comandantes militares y altos cargos, así como científicos nucleares. Varios de ellos fueron asesinados junto con sus familiares.

El enfrentamiento se intensificó con la intervención de EE.UU., que bombardeó tres importantes instalaciones nucleares iraníes. Trump aseguró entonces que el programa nuclear de la República Islámica había quedado «destrozado», evaluación que fue cuestionada por la propia inteligencia de Washington.

Teherán respondió a la ofensiva estadounidense lanzando un ataque contra la base militar más grande de EE.UU. en Oriente Medio, ubicada en Catar. El 24 de junio, Tel Aviv y Teherán anunciaron un alto el fuego que puso fin a las hostilidades.

https://esrt.site/actualidad/589572-40-alumnas-muertas-decenas-heridas-ataque-israeli-escuela-iran

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UNESCO: Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas

Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas

Acerca del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas

Reconociendo la creciente brecha entre el Norte y el Sur global en la investigación y la innovación cuánticas, la UNESCO mantiene su compromiso de promover la equidad en este campo transformador. El Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas es la ocasión para despertar la curiosidad de los jóvenes, en particular de las mujeres de países en desarrollo, por cursar estudios y carreras en el ámbito de la ciencia cuántica, cultivando así las habilidades esenciales para un futuro más inclusivo y sostenible.
Óptica cuántica
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