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El magisterio boliviano se rebela contra el plan económico del presidente Paz

Por Mariano Yedro y Noelia Naranjo*

A fines del año 2025, el recién electo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó el Decreto Supremo 5503 para congelar el salario docente y el presupuesto educativo. La medida detonó una rebelión civil que mantiene hoy más de 60 bloqueos de caminos en todo el territorio boliviano. La norma también establece el incremento en el precio de los combustibles, la flexibilización para la venta de tierras comunales, el retorno al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la entrega de recursos naturales estratégicos como el litio a corporaciones transnacionales.

El perfil de la gestión educativa profundiza el conflicto bajo la dirección de la ministra de Educación, Beatriz Elena García de Achá, oriunda de La Paz. La funcionaria es economista graduada en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y posee una maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Georgetown, en Washington. García de Achá presidió el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible en Bolivia (CEDES), organismo que reúne a corporaciones locales de nafta, gas, minería y agronegocio. En el año 2012, fundó la firma i3 impacto social, creadora de iniciativas como Tecnológicas o Warmis Poderosas —warmi significa mujer en lenguas quechua y aymara— para otorgar becas técnicas en sectores populares. La ministra ejerce además como docente en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, de carácter privado. Actualmente, el Gobierno y los sindicatos sostienen una disputa estadística: el Ministerio de Educación afirma que Bolivia destina el histórico el 8% del Producto Bruto Interno (PBI) al sector, mientras que las federaciones docentes denuncian un recorte real que sitúa la inversión cerca del cuatro por ciento.

El magisterio rural y el magisterio urbano iniciaron protestas callejeras inmediatamente después de la promulgación del decreto. Los maestros rurales concentran su fuerza en las zonas de El Alto aymara y del Chapare, en Cochabamba, agrupados en la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB). La dirigencia de la CONMERB firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación para recibir un bono único, nuevos ítems laborales y conexión satelital de la empresa Starlink en el campo. Sin embargo, las federaciones rurales de base de La Paz y Cochabamba rechazaron el pacto por insuficiencia y reactivaron las marchas.

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) paralizó las principales ciudades del eje troncal: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En la capital del departamento de Santa Cruz, tradicionalmente distante de las huelgas del occidente del país, los maestros rompieron la tregua regional y nacionalizaron el reclamo mediante encadenamientos ante la Dirección Departamental de Educación (DDE).

Las universidades públicas se sumaron a la movilización general. La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en La Paz, la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) en Cochabamba y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) en Santa Cruz paralizaron sus actividades. El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), organismo que agrupa a los rectores del país, calificó al decreto de incompatible con la estabilidad institucional y el bienestar democrático. Las columnas de manifestantes avanzan desde los valles de Cochabamba con la Marcha por la Dignidad Docente, desde los llanos de Santa Cruz y desde la ciudad de El Alto para confluir en la sede de gobierno en La Paz. A nivel internacional, la Internacional de la Educación América Latina (IEAL), la Federación de Docentes de Colombia y la Unión Nacional de Educadores del Ecuador emitieron comunicados de respaldo al magisterio boliviano. El conflicto forzó un quiebre político el pasado 1 de mayo, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) decretó la huelga general indefinida.

La masiva respuesta social transformó las demandas sectoriales en una ofensiva política amplia. Las exigencias originales de un aumento salarial indexado a la inflación, la creación de ítems fiscales y el financiamiento estatal exclusivo mutaron hacia consignas nacionales. Los manifestantes exigen ahora la derogación total del Decreto Supremo 5503, la anulación de la privatización de tierras comunales, la prohibición de entregar recursos naturales al capital extranjero y la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz y de la ministra Beatriz Elena García de Achá.

*Mariano Yedro es Profesor y Licenciado en Historia (UNRC) y Magister en Comunicacion y Cultura contemporánea (UNC). Docente en la UNRC. Noelia Naranjo es Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública (UNCUYO) Especialista en Docencia Universitaria (UNLP). Docente en UNCuyo. Ambos miembros del Centro de Estudios y Formación en Política Educativa (CEFOPED), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

El magisterio boliviano se rebela contra el plan económico del presidente Paz – Por Mariano Yedro y Noelia Naranjo

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Periodismo amenazado, pero siempre esencial

Por: Sergio Ferrari

Fake news, guerras, monopolios, censura, Inteligencia Artificial…

A pesar de crecientes presiones y amenazas, el periodismo de calidad se torna más imprescindible que nunca en la defensa de los derechos democráticos esenciales.

Con el propósito de reactualizar la reflexión sobre la información y la profesión, durante la primera semana de mayo 300 representantes de 600 mil periodistas de los cinco continentes se dieron cita en París, Francia, convocados por la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

El 32º Congreso de la organización sindical más importante del sector a nivel mundial fue también una gran ocasión para celebrar su centenario comparando los valores fundacionales de 1926 con los desafíos actuales, redescubriendo similitudes y paralelismos entre ayer y hoy y evaluando nuevos retos.

En particular, identificando los desafíos que el periodismo confronta actualmente. Muchos de ellos, casi universales, como la defensa del derecho a elaborar una información “objetiva” y sin presiones del poder económico, político o judicial. O las consecuencias negativas de la concentración de los medios de información, así como la exigencia de informar activamente y sin censuras desde zonas de guerra y otras formas de conflicto. Además, la clarificación de la delicada frontera entre los aportes positivos y las amenazas de la Inteligencia Artificial a la profesión; la importancia de los medios públicos, diferenciándose con claridad lo que es información de lo que es propaganda, y la necesidad de una protección más coherente para las mujeres periodistas contra toda muestra de acoso o discriminación. Sin negar el reto constante de diferenciar información objetiva y profesional de las fake news, que crean opinión desvirtuada con argumentos, fuentes o hechos distorsionados o falsos (https://www.ifj.org/es/quien/congreso-centenario-fip-2026).

Solidaridad esencial

El apoyo a las personas que trabajan en la prensa en Palestina, con más de 220 asesinadas desde octubre de 2023 y siempre agredida, así como en Líbano, donde deben operar en condiciones represivas inhumanas y con atentados permanentes, estuvo en el centro mismo de la solidaridad de los delegados reunidos en París. De igual manera que el apoyo al Sindicato de Periodistas Yemeníes en sus esfuerzos por “hacer frente a las fuerzas y movimientos que pretenden silenciarlo”, así como al Sindicato de Periodistas de Sudán y a la organización sindical iraní, ambos luchando por su reactivación.

Apoyo consensual que en América Latina se extendió a las mujeres y los hombres de prensa de México, uno de los países donde la profesión sufre mayores agresiones de poderes no institucionales y, por lo general, con toda impunidad. En otras regiones del planeta, la misma expresión de solidaridad para con los trabajadores de la información en Serbia, actualmente amenazados y perseguidos, así como para sus pares en Pakistán y Sri Lanka, que exigen trabajo digno e igualdad de tratamiento para las mujeres periodistas.

En América del Sur, específicamente en Argentina, muestras unánimes de solidaridad para el fotorreportero Pablo Grillo, agredido y seriamente lesionado por las fuerzas de seguridad del gobierno de Javier Milei durante una movilización en marzo de 2025. Y el rechazo categórico al intento de ese mismo gobierno por derogar el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), intentando así precarizar el trabajo periodístico y debilitar la acción sindical.

El Congreso también festejó varios logros, algunos históricos, como la reciente regularización de 1.860 periodistas en Mauritania gracias a la movilización sindical nacional con el apoyo de la Federación Internacional, la cual jugó un peso decisivo en la presión internacional.

Periodismo en la mira en un mundo complejo

Tanto desde América Latina como de Europa se alzaron numerosas voces para advertir y denunciar, en palabras de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), el “avance de la derecha neofascista” y convocar a “la lucha contra la extrema derecha y el autoritarismo”, como argumentaron los sindicatos franceses. La situación mundial, reforzada por la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, cuya “visión geopolítica concibe al Sur global como un espacio subordinado”, como argumenta FEPALC, también ocupó la preocupación unánime del Congreso. En medio de este panorama alarmante, el cónclave de París rescató el valor primordial de la Carta Mundial de Ética publicada en 2019. Junto con sus propios estatutos y numerosas resoluciones de organismos internacionales, como UNESCO, dicha Carta propugna una información de calidad y sin presiones de ningún tipo. (https://www.ifj.org/es/quien/reglas-y-politica/carta-mundial-de-etica-para-periodistas).

Las amenazas contra esta profesión continúan aumentando en muchas regiones del planeta, casi siempre promovidas por “discursos de odio y restricciones”, así como ataques institucionales contra el periodismo crítico e independiente y la presión de formidables intereses económicos para impedir cierta clase de información. Tendencia agravada por la “criminalización de la protesta social” expresada, como señala FEPALC, en el enjuiciamiento de líderes sindicales, estudiantiles y comunitarios, así como en el uso de mecanismos estatales para acosar, deslegitimar y perseguir a quienes promueven derechos democráticos fundamentales.

Muy significativo en el encuentro parisino de cuatro días fue el interés unánime en debatir el impacto cada vez mayor de la Inteligencia Artificial en la actividad informativa, de allí la propuesta del comité ejecutivo de que los sindicatos adopten consensualmente una “posición crítica y única” para facilitar el aprovechamiento, el marco económico y la regulación de la misma. La Inteligencia Artificial, se subrayó, debe servir a la creación de noticias imparciales y éticas, para beneficio de la humanidad y en conformidad con los principios promovidos por la FIP.

Si bien la discusión sobre esta nueva herramienta aún está en pañales, de todos modos, el Congreso articuló varios conceptos referenciales: oposición a la desigualdad de acceso a la IA; cuestionamiento de la falta de supervisión humana, que da lugar a información inexacta y sesgada, y la certidumbre de que todo trabajo con pretensiones de “periodismo”, en el buen sentido de la palabra, esté avalado por profesionales. Por último, promoción de una regulación internacional sólida de la IA con participación de periodistas acreditados para evitar, entre otras cosas, que la IA quede en manos de unas pocas personas o que no respete los derechos laborales.

En otras palabras, la FIP insiste en la necesidad desarrollar y ampliar la protección de los periodistas, y no solo en relación con la IA. Por ejemplo, mediante campañas en los diferentes países que aseguren leyes que obliguen a los gigantes tecnológicos a pagar un impuesto extraordinario sobre sus beneficios para mejorar los contenidos editoriales y ayudar al despegue de nuevos medios de comunicación.

Una temática no menos importante en París fue la defensa de los medios de comunicación de servicio público. Sendas mociones de los sindicatos del Reino Unido e Irlanda y de Italia, así como un debate central en una de las mesas redondas, subrayaron la necesidad de hacer frente a las amenazas que estos medios confrontan. Un par de propuestas específicas, como la defensa de la RAI italiana y la agencia de noticias AFP francesa, destacó el rol de los medios públicos como pilares del reforzamiento democrático.

Unidad, relevo y paridad para defender mejor el periodismo

El encuentro de la FIP en París, notable por su diversidad y multiculturalidad, con representantes de sindicatos de muchos de los 148 países que la integran, también significó un paso hacia adelante en lo que hace a su capacidad organizativa y su vocación renovadora. A cien años de su nacimiento, eligió presidenta a Zuliana Lainez, una destacada periodista y sindicalista peruana de 49 años de edad. Lainez, la primera representante latinoamericana a la cabeza de la Federación, es editora de opinión en el periódico digital Crónica Viva y de noticias internacionales en ANP Radio. Además, profesora de derecho de la prensa y de derecho a la información.

“Es histórico [el hecho de] que América Latina esté al frente de una federación mundial en el centenario de su fundación”, afirmó Lainez. Y agregó: “Las y los latinoamericanos, al igual que muchos de nuestras y nuestros colegas del Sur, sabemos lo que significa resistir y luchar. Esta historia nos persigue, pero también es una fuerza, una impronta para enfrentar los desafíos de hoy”. Las mujeres latinoamericanas, jóvenes o de edad intermedia, avanzan en los cargos directivos de la FIP. Tres de ellas, periodistas que representan los sindicatos nacionales de Colombia, Brasil y Argentina, forman parte del directorio de la federación compuesto por una veintena de personas.

Estimulado por una segunda presidencia consecutiva de mujeres (la periodista francesa Dominique Pradalie estuvo al frente de la FIP de 2022 a 2026), el Congreso aprobó una histórica reforma estatutaria para asegurar la paridad de género en la composición de su comité directivo que ya, a partir del reciente Congreso, es totalmente equitativa.

A pesar de sus profundas heridas por la partida de varios sindicatos europeos, mayormente de países nórdicos, en los últimos años, el reciente Congreso de París significó un grito concreto a favor de la unidad. Aprobó por consenso varias modificaciones estatutarias que allanan el camino a esos sindicatos y asociaciones para reintegrarse en un futuro cercano. Además, trabajó arduamente para revisar y reforzar su gobernanza, representación y transparencia organizativa para ser “aún más acogedora, unida y solidaria [que hasta ahora y estar más] a la altura de los retos globales”.

La información: ¿simple mercancía, instrumento de la propaganda interesada, o bien público de la humanidad? Debate esencial de la sociedad en un momento histórico donde a menudo resulta difícil diferenciar entre noticia verificada y fake y, no menos preocupante, el gran poder nacional e internacional –sea político, económico o militar- hace del control de la información una prioridad esencial para la defensa de sus propios intereses minoritarios.

El autor de este artículo participó en el congreso de la FIP en París como delegado de SYNDICOM, sindicato suizo de la comunicación e información

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Chile. “Ley del soplonaje de Kast”: Advierten por efectos en salud pública, educación, seguridad y derechos de niños migrantes

Por Seguel Alfredo.

La llamada “Ley de soplonaje” obligaría a colegios y servicios de salud a entregar información de extranjeros a la autoridad migratoria. Expertos advierten sobre aumento de enfermedades infectocontagiosas, vulneración de derechos de niños, ausentismo escolar y mayor costo fiscal. El modelo inspiraría medidas similares al ICE estadounidense.

La llamada “indicación del soplonaje” es cuestionada por sus posibles efectos en salud pública, educación, seguridad y derechos de niños migrantes, según reveló El Mostrador en su programa Punto por Punto con la periodista Paulina de Allende-Salazar. La medida, que obligaría a colegios, servicios de salud y otros organismos a entregar información de extranjeros a la autoridad migratoria, ha generado advertencias de expertos, ministros y exministros, quienes señalan que puede generar efectos graves en múltiples áreas del país.

Entre los riesgos mencionados por los especialistas en la publicación de El Mostrador se encuentran el “aumento de enfermedades infectocontagiosas, vulneración de derechos de niños, más ausentismo escolar, deterioro en salud mental y mayores costos fiscales”. La lógica detrás de esta indicación obligaría a los servicios públicos a actuar como informantes de la autoridad migratoria, lo que, según los expertos, podría disuadir a las familias migrantes de acceder a atención médica y educación, generando un efecto sanitario y social adverso para toda la población.

El Mostrador también alertó que estas medidas están “inspiradas en el modelo ICE de Estados Unidos”, el servicio de control migratorio estadounidense, y advirtió que podrían “reducir la confianza en servicios públicos y agravar problemas de seguridad”. La pérdida de confianza en hospitales y escuelas por parte de comunidades migrantes podría generar un deterioro en la capacidad del Estado para controlar brotes epidemiológicos, afectar la salud mental de niños y familias, y aumentar el ausentismo escolar, con el consiguiente impacto en la integración social y la seguridad ciudadana.

https://www.resumenlatinoamericano.org/2026/06/01/chile-ley-del-soplonaje-de-kast-advierten-por-efectos-en-salud-publica-educacion-seguridad-y-derechos-de-ninos-migrantes/

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CNTE huelga nacional hoy 1 de junio: calles cerradas y rutas en CDMX y otros estados por megamarcha y plantón

Por: Anayeli Tapia Sandoval

Docentes exigirán abrogación de la Ley del ISSSTE y aumento salarial

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La huelga indefinida en la educación valenciana entra en su cuarta semana sin acuerdos

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Palestina, Líbano y Siria, el hambre y el ecocidio como instrumentos de guerra

Por Carolina Sturniolo, Bruno Ceschín y Fernando Rizza

La ofensiva israelí sobre Gaza, Cisjordania, Líbano y Siria no puede analizarse solo en términos militares, sino que hay que indagar en su objetivo político para entender la profundidad del conflicto. Mientras el ejército de ocupación avanza sobre el control territorial por medio de la destrucción de los sistemas agroalimentarios y el ecocidio, dejando tierras arrasadas, pozos de agua inutilizados, bancos de semillas destruidos y millones de personas desplazadas, se configura un escenario donde la guerra busca el exterminio del otro, eliminando su capacidad de producir alimentos y haciendo inviable su permanencia en el territorio.

Sectores de la extrema derecha israelí y del sionismo religioso impulsan cada vez con mayor fuerza su programa político del “Gran Israel”. La doctrina toma como referencia lecturas bíblicas que reivindican un territorio que iría desde el río Nilo en Egipto hasta el Éufrates en Siria, incluyendo Palestina, Líbano, Jordania, porciones de Arabia Saudita e Irak. Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, asumió públicamente esta posición, así como figuras centrales de su coalición, como el Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y el Ministro de Asuntos de la Diáspora Amichai Chikli, promueven abiertamente la expansión territorial israelí sobre estos territorios, incluso afirmando que no cumplen actualmente con la definición de estado y que habría que rever las fronteras.

En Gaza, la devastación del sistema productivo es de escala histórica. Más del sesenta y siete por ciento de las tierras agrícolas fueron destruidas. También quedaron inutilizados invernaderos, granjas avícolas, establos y más de mil pozos de agua. La pesca colapsó por el bloqueo marítimo. El resultado es de más de dos millones de palestinos arrinconados en apenas 40 Km cuadrados, con un 96% de su población con inseguridad alimentaria aguda y cerca de medio millón de personas con niveles de hambre catalogados como “catástrofe”.

La destrucción no se agota en el presente. En Hebrón, en la Cisjordania ocupada, excavadoras israelíes demolieron el último banco nacional de semillas palestino. Allí se preservaban más de setenta variedades tradicionales cultivadas durante siglos. A esto se suman los más de tres millones de olivos que fueron arrancados de raíz en las últimas 6 décadas por parte del gobierno de ocupación, comprometiendo no sólo la seguridad alimentaria de la población civil en lo inmediato, sino en décadas futuras.

La presión territorial también avanza mediante los asentamientos israelíes en Cisjordania. Más de 450.000 colonos israelíes viven actualmente en territorios ocupados. El control del agua es otro instrumento central. Desde 1982, la empresa estatal israelí Mekorot administra la infraestructura hídrica bajo órdenes militares. Mientras los asentamientos ilegales mantienen abastecimiento constante, muchas comunidades palestinas enfrentan restricciones severas para perforar pozos o acceder al riego.

La situación en el Líbano muestra una dinámica similar. Según el Ministerio de Agricultura libanés, la ofensiva israelí dañó casi 56.000 hectáreas agrícolas. Los olivares, plantaciones de cítricos y cultivos de banana aparecen entre los sectores más afectados. Más de 1,8 millones de animales domésticos, como aves, ovejas, cabras y vacas murieron durante los ataques. Además, cerca del 78% de los agricultores del sur del país permanece desplazado.

A esto se suman las denuncias por fumigaciones aéreas con herbicidas en zonas fronterizas del sur libanés y sirio. Informes independientes detectaron concentraciones de glifosato hasta cincuenta veces superiores a las utilizadas habitualmente en agricultura. El impacto no termina en la pérdida de cosechas. La contaminación del suelo y de las aguas subterráneas compromete la posibilidad de recuperar la producción durante años.

En Siria, la guerra dejó una economía devastada. El Producto Interno Bruto se redujo más de un 85% desde 2011. Las tierras cultivadas cayeron un 25% y la mitad de la población debió abandonar sus hogares. Sectores estratégicos como el algodón y el pistacho quedaron profundamente afectados. Antes del conflicto, Siria figuraba entre los principales productores mundiales de algodón y pistacho. Hoy enfrenta dificultades extremas para acceder a semillas, fertilizantes y combustible.

*Carolina Sturniolo es Medica Veterinaria, integrante del CEA, Docente en la carrera de Medicina Veterinaria, UNRC. Fernando Rizza es Médico Veterinario. Columnista de NODAL, integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA) y Docente en la Universidad Nacional de Hurlingham, Argentina. Bruno Ceschin es Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Maestrando en Desarrolo Territorial en América Latina y el Carible. Integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA)

Palestina, Líbano y Siria, el hambre y el ecocidio como instrumentos de guerra – Por Carolina Sturniolo, Bruno Ceschín y Fernando Rizza

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Tesis en la ONU: erradicar la pobreza sin crecimiento perpetuo

La pobreza puede superarse más allá del crecimiento económico con políticas diferentes a las sostenidas hasta ahora por numerosos economistas, organizaciones y gobiernos, con acuerdos y políticas como mejores empleos, una renta básica universal y cancelación de las deudas soberanas insostenibles, afirma una nueva hoja de ruta presentada por un experto de la ONU.

GINEBRA – Un experto independiente de las Naciones Unidas presentó el miércoles 22 de abril una hoja de ruta para erradicar la pobreza sin necesidad de un crecimiento económico perpetuo, un enfoque que desafía décadas de ortodoxia en las políticas de desarrollo.

El modelo actual “no es realista ni sostenible, y a menudo es contraproducente”, afirmó Olivier de Schutter, relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza de Ginebra.

“Durante décadas, la narrativa dominante ha sido que el crecimiento económico es la única salida de la pobreza», declaró De Schutter en la presentación de su Hoja de Ruta para la Erradicación de la Pobreza más allá del Crecimiento.

Sin embargo, “la economía global que hemos construido canaliza una inmensa riqueza hacia las manos de una élite diminuta, debilita las instituciones democráticas y atrapa a millones en trabajos mal pagados”, aseveró.

“Se basa en el saqueo de los recursos naturales y la mano de obra barata del Sur global, y ha causado daños irreparables al planeta”, dijo De Schutter.

Agregó que “en nombre de la competitividad y el crecimiento, los gobiernos también han debilitado las protecciones laborales, desregulado los mercados y recortado los servicios públicos, profundizando la inseguridad y las desigualdades”.

La hoja expone que el crecimiento económico, definido como el aumento del producto interno bruto (PIB), “se ha visto durante mucho tiempo como algo deseable en sí mismo, y los economistas han estudiado cómo conseguirlo, y los políticos cómo repartir sus beneficios”.

A su vez, los órganos de derechos humanos han considerado el crecimiento como una condición indispensable para el ejercicio de los derechos económicos y sociales, bajo el supuesto de que sin crecimiento no habría recursos que movilizar para

La asistencia sanitaria, viviendas sociales, educación o crear puestos de trabajo.

En cuanto a los gobiernos “siguen actuando como si el crecimiento infinito fuera posible. Desoyendo las advertencias de los científicos, parecen creer que la actividad económica puede expandirse sin fin, como si la Tierra fuese a proporcionar recursos ilimitados eternamente”, advierte el documento.

Sostiene la hoja que mientras la economía se rija principalmente por la obtención del máximo beneficio, responderá a la demanda expresada por los grupos más ricos de la sociedad, “provocando formas de producción extractivas que empeoran la exclusión social en nombre de la creación de más riqueza”.

“No logrará hacer efectivos los derechos de las personas en situación de pobreza”, sentencia el texto.

De Shutter afirma que “el paso de una economía impulsada por la búsqueda de la maximización de los beneficios a una economía basada en los derechos humanos no solo es posible, sino que resulta necesario para mantenerse dentro de los límites planetarios”.

La nueva hoja de ruta fue construida con las contribuciones de más de 400 expertos de todo el sistema de la ONU, el mundo académico, los gobiernos, la sociedad civil y los sindicatos, y ofrece opciones de política concretas para una transición hacia una economía de derechos humanos.

Entre las medidas propuestas se incluye el fortalecimiento de los servicios públicos universales y los sistemas de cuidados, y la introducción de mecanismos de seguridad de los ingresos, como la renta básica universal.

Asimismo, la garantía de acceso a un trabajo digno a través de un empleo público garantizado, y la reducción del tiempo de trabajo, garantizando al mismo tiempo salarios justos y dignos.

Se plantea la necesidad de financiar esas transformaciones mediante impuestos a la riqueza y a las herencias, así como la cancelación de las cargas de deuda soberana insostenibles que impiden a muchos países invertir en protección social.

Aunque los países de ingresos bajos y medios puedan necesitar aún cierto crecimiento para invertir en infraestructuras y servicios públicos, el desafío es “apoyar un crecimiento menos dependiente de las cadenas de suministro mundiales explotadoras”.

Ese crecimiento debería “permitir el desarrollo sin perpetuar la desigualdad o el daño medioambiental” de acuerdo con la hoja.

“Cuando comencé mi mandato hace seis años, la agenda ‘más allá del crecimiento’ estaba en los márgenes. Hoy, mientras nuestras estructuras económicas nos precipitan hacia la catástrofe climática y niveles extremos de desigualdad, está configurando cada vez más el debate”, afirmó De Schutter.

La hoja de ruta se presenta en un momento crucial, cuando la comunidad internacional comienza a diseñar la próxima generación de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que sustituirán a los actuales cuando expiren en 2030.

De Schutter advirtió que estos nuevos objetivos «se quedarán cortos si no miran más allá del crecimiento».

“Poner fin a la pobreza es uno de los desafíos más urgentes de la humanidad, pero seguirá siendo inalcanzable a menos que estemos dispuestos a repensar los supuestos económicos que han guiado mal las políticas durante generaciones”, concluyó De Shutter.

A-E/HM

Fuente: https://ipsnoticias.net/2026/04/tesis-en-la-onu-erradicar-la-pobreza-sin-crecimiento-perpetuo/

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