Oceanía

“contribuyen a aumentar el servicio de la deuda” y “menoscaban la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
El citado informe fue elaborado por el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre las actividades de los fondos buitre y sus repercusiones en los derechos humanos, y además de las mencionadas observaciones, brinda extensa información sobre la estrategia de los fondos buitre, los beneficios que obtienen a costa de las poblaciones de los Estados que atacan y sobre los medios que pueden tener los gobiernos para combatirlos.
Según Renaud Vivien, secretario general adjunto del Comité para la Abolición de la Deuda ilegítima del Tercer Mundo (CADTM) Bélgica, los fondos buitre son “empresas financieras a menudo domiciliadas en paraísos fiscales cuya estrategia es la compra a precios muy bajos de acreencias (deuda morosa) de Estados con dificultades financieras, para reclamar luego el pago del 100 % de su valor nominal, aumentado por los intereses, penalidades y eventuales gastos judiciales”.

El “modus operandi”
El informe de la ONU detalla que estos fondos oportunistas (“fondos de deuda morosa”, como se suelen definir ellos mismos) son “hedge funds” (fondos de cobertura) privados “que compran en el mercado secundario (o recobran de otros bonistas) deuda morosa a precio reducido y luego persiguen judicialmente al deudor por un monto mucho mayor”.  Es justamente debido a este “modus operandi” que se los llama popularmente “buitres”.
De hecho, el informe encontró que los fondos buitres suelen apuntar a los Estados soberanos con economías maltrechas y a menudo con poca capacidad de defensa letrada. Según el Banco Africano de Desarrollo, 20 de los 36 países en desarrollo más pobres han sido amenazados o fueron blanco de litigios agresivos por los fondos buitre desde 1999.
Por su parte, el Banco Mundial estima que más de la tercera parte de los países con derecho a beneficiarse de su iniciativa de alivio de la deuda han sido objeto de acciones judiciales entabladas por al menos 38 acreedores, con sentencias por un total de 1.000 millones de dólares en 26 de las causas.
En síntesis, “los fondos buitre tienen un largo historial de prácticas predatorias contra los países en desarrollo, particularmente los países pobres muy endeudados (PPME). Los que están más comúnmente en la mira son los países, la mayoría de ellos de África y América Latina, con una carga de deuda ya insostenible y que carecen de la capacidad y los recursos necesarios para hacer frente a procesos judiciales complejos y prolongados”, indica el informe de la ONU.

Beneficios
desproporcionados
Los beneficios que obtienen al final de este acoso son “exorbitantes”. Según señala el propio informe: “Los fondos buitre han logrado tasas medias de recuperación de entre 3 y 20 veces su inversión, equivalentes a un rendimiento del 300% al 2.000%”.
Al respecto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que en algunos casos el monto de las demandas de los fondos buitre constituye no menos del 12% al 13% del producto interno bruto (PIB) de un país.
Un ejemplo concreto detallado en el mismo informe es el caso de Zambia: “En 2006, solo unos meses antes de la fecha prevista para que Zambia obtuviera la cancelación de la deuda con arreglo a la Iniciativa en favor de los PPME, Donegal International entabló acciones judiciales contra el país ante los tribunales del Reino Unido por un total de 55 millones de dólares. Donegal obtuvo un fallo favorable y un rendimiento del 370%, o sea, casi 17 veces el monto que había pagado por la deuda”.
Y según se informó, “el Gobierno de Zambia aceptó la sentencia y asignó al servicio de la deuda un 65% de la suma recibida, que ya había consignado a programas de salud. Como resultado de este litigio, los fondos buitre sacaron del país casi el 15% de su gasto total de bienestar social, fondos que, de no ser así, habrían podido destinarse a educación, atención de la salud y reducción de la pobreza”.

Litigios desestabilizadores
De acuerdo con el Comité Asesor de la ONU, las estadísticas muestran que los juicios y los intentos de bloqueo de activos se están convirtiendo “cada vez más en un medio común para resolver los litigios en materia de deuda soberana, que entraña procesos judiciales costosos y prolongados para el Estado que ha suspendido los pagos”.
Asimismo, el informe hace notar que esta tendencia ha aumentado desde los 1990s, del 10% a casi el 50% de esos litigios. En el período 1976-2010 “hubo unos 120 juicios contra 26 países en suspensión de pagos solo en los Estados Unidos y el Reino Unido. El elevado porcentaje de éxito (72%) fomenta ciertamente esta inquietante tendencia”.
Por su parte, el FMI observa que si bien la mayoría de los juicios se entablan ahora contra países de ingresos medios, casi el 30% de todos los juicios se han iniciado contra PPME. Y en marzo de 2016, al menos 13 causas seguían pendientes contra 8 de esos países, según la misma fuente.
África es la región más acosada por los buitres, con un promedio de ocho causas iniciadas por año. Según informes del FMI, el monto de las demandas interpuestas por los fondos buitre constituye del 12% al 13% del PIB de los países africanos, que son los que tienen la tasa más baja de causas ganadas y han desembolsado más del 70% de los casi 1.000 millones de dólares concedidos a los fondos buitre como resultado de los juicios.

¿Qué pueden hacer los Estados?: Legislación
Actualmente, sólo Reino Unido, Bélgica y recientemente también Francia han aprobado un marco legal para desalentar los litigios desestabilizadores iniciados por los fondos buitre. Para Renaud, estos marcos legales “ofrecen modelos que deberían inspirar a otros países. Especialmente, la ley sancionada por Bélgica en 2015”, que es la que justamente se toma como ejemplo a seguir en el informe de la ONU.
Entre otras cosas, esta ley fija límites a la suma que pueden reclamar legítimamente los fondos buitre. En los casos en que está demostrado que el acreedor trata de conseguir una “ventaja ilegítima” mediante la readquisición de un préstamo u otra deuda de un Estado, la ley dispone que sus derechos respecto al Estado deudor se limitarán al precio que pagó para readquirir ese préstamo o deuda. Además, la ley establece condiciones acumulativas que deben cumplirse para concluir que se está intentando conseguir una “ventaja ilegítima”.
Otro aspecto a resaltar es que esta ley no se limita a los PPME y prevé una protección integral contra los litigios de los fondos buitre. Según la Cámara de Representantes de Bélgica, integra dimensiones de derechos humanos teniendo a la vez debidamente en cuenta los importantes intereses públicos en juego al tratar de la deuda soberana.
“Exigir que los jueces realicen una evaluación de las consecuencias que el reembolso de la deuda podría tener para la situación socioeconómica del Estado deudor y para el bienestar de su población es ciertamente un elemento innovador y uno de los aspectos más destacados de esta ley”, destaca por su parte el informe del Comité Asesor de la ONU.
Recomendaciones
del Comité Asesor
Una de las principales conclusiones a las que llega el informe es que los fondos buitre “son intrínsecamente explotadores, puesto que tratan de obtener ganancias desproporcionadas y exorbitantes en detrimento del pleno ejercicio efectivo de los derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales y culturales, y el derecho al desarrollo. Tratar de obtener el reembolso de la totalidad de la deuda soberana de un Estado que ha suspendido sus pagos o está por hacerlo es un objetivo ilegítimo”.
Es por ello que el Comité Asesor recomienda a los Estados Miembros de la ONU seguir los pasos de Bélgica.
Entre las recomendaciones más destacadas del informe está: el que los países “aprueben una legislación destinada a restringir las actividades predatorias de los fondos buitre dentro de su jurisdicción. Las leyes nacionales no deberían limitarse a los PPME, sino abarcar un grupo más amplio de países y aplicarse a los acreedores comerciales que se nieguen a negociar toda reestructuración de la deuda. Las demandas que sean manifiestamente desproporcionadas al monto inicialmente pagado para comprar la deuda soberana no deberían tenerse en cuenta”.
Y agrega que “las leyes de Bélgica y el Reino Unido proporcionan valiosos ejemplos a los otros Estados para la elaboración de leyes nacionales destinadas a limitar las prácticas de los fondos buitre”.
Otra recomendación del Comité es que los Estados Miembro “adopten medidas para limitar los litigios desestabilizadores iniciados por los fondos buitre en su jurisdicción. Los tribunales o los jueces nacionales no deberían hacer efectivos los fallos extranjeros ni poner en práctica procedimientos de aplicación en favor de los fondos buitre que traten de obtener beneficios desproporcionados. Es una buena práctica la de limitar el monto de las demandas de los fondos buitre al precio reducido pagado originalmente por los bonos”.

Los fondos NML Capital, el contraataque buitre

La ley belga  está siendo atacada por uno de los más poderosos fondos buitre en el nivel mundial: los fondos NML Capital que pertenecen al magnate Paul Singer, uno de los principales donantes al partido republicano de Estados Unidos, y que fue el que atacó con éxito a Argentina; ahora pide al Tribunal Constitucional belga que anule su ley de 2015.
Renaud Vivien considera que este contraataque de Singer “demuestra la eficacia del dispositivo aprobado en Bélgica contra los fondos buitre”.
Por otro lado, el experto del CADTM nota que la coyuntura mundial actual “está marcada por las crecientes dificultades de reembolso de las deudas soberanas —principalmente en África—. Ante el riesgo de suspensión de pagos de varios países, los acreedores actuales de esos Estados podrían pensar en desembarazarse de esas acreencias, que los fondos buitre podrán entonces comprar a precios inferiores a su valor nominal”.
Vivien observa pues que las poblaciones “no disponen de tiempo para esperar que surja un marco internacional de reestructuración de deudas soberanas bajo el auspicio de las Naciones Unidas, puesto que los principales Estados acreedores, el FMI y el Banco Mundial se esmeran desde hace años en hacerlo fracasar”.
Por tanto, dice el experto, “debemos utilizar desde ahora mismo las herramientas jurídicas que ya están a nuestra disposición, como el derecho de suspender y auditar las deudas para cuestionar todas aquellas que hubieran sido contraídas contra el interés de las poblacion

Fuente:

http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/internacional/item/234173-onu-fondos-buitre-limitan-derechos-humanos-y-lucha-contra-la-pobreza

Fuente Imagen:

https://lh3.googleusercontent.com/I6wZxtZt7-Vq5RaRwhIpu77djCncJ0mjyuiM_xeoezRC6bwmDHSM3Edid_6Puuj6fxQX4w=s85