México/ 24 de diciembre de 2016/Autora: Fabíola Munhoz/ Fuente: CLADE
El tema estuvo en el centro de la agenda educativa del país a lo largo de todo el año y seguirá en debate en 2017. Para los y las docentes, en vez de impulsar las mejoras que la educación nacional requiere, las medidas penalizan el magisterio por las actuales deficiencias del sistema educativo.
La noticia de la muerte de ocho ciudadanas/os en Nochixtlán, Oaxaca, en la fecha del 19 de junio de 2016, por su apoyo a la lucha de docentes de México en contra de la reforma educativa que se implementa en el país desde el 2013, llamó la atención del mundo para el actual conflicto entre el magisterio y el gobierno nacional, que se ha caracterizado por la falta de participación social en la definición de las políticas educativas y la represión a la protesta.
Según el profesor mexicano Manuel Gil Antón, la reforma educativa puede considerarse más una reforma laboral que propiamente educativa, pues se implementa en base a la aplicación de pruebas obligatorias a las/os docentes como condición para su ingreso, movilidad y permanencia en la carrera, lo que, de acuerdo al maestro, le permitirá al Estado ejercer mayor control y vigilancia al magisterio, culpabilizándolo por las incontables debilidades del sistema educativo. Antón explica que esta propuesta de reforma no prevé los recursos y medidas necesarios para actualizar los planes y programas de estudios, que son del año 2011. Tampoco prioriza los medios para garantizar la mejora de los materiales, libros de texto e infraestructura en las escuelas públicas, que se encuentran en situación precaria.
“El 64% de las 109 mil escuelas del país tiene problemas de mobiliario y sanitarios, además de una desigualdad brutal: 50 millones de personas pobres. Una cosa que es paradójica es que llamemos reforma educativa a un proceso en el cual se dice que la solución es evaluar a los ‘choferes’ [analogía para profesores/as]. Tendría que estar acompañado de un proyecto de mejora del autobús [sistema educativo] y reparación de la carretera [situación socioeconómica del país]. Aportar que la única causa y la exclusiva solución del problema son los profesores y evaluarlos conduce a una situación que no va a modificar la calidad del sistema educativo, lo que si va a hacer es que el Estado irá recuperar no la rectoría de la educación, sino el control del magisterio”, dice Antón [mira a continuación el video en que el profesor habla sobre la reforma].
Para la maestra en investigación educativa, Martha de Jesús López Aguilar, se trata de una reforma regresiva y lesiva porque afecta los derechos adquiridos de las/os trabajadoras/es de la educación, poniendo en riesgo la enseñanza pública. “Se aniquila a los maestros a través de una evaluación punitiva contenida en el artículo 53 de la Ley del Servicio Profesional Docente (LGSPD), dirigido al personal que no se presente al examen, no se incorpore a los programas de regularización u obtenga resultado insuficiente en su tercera evaluación. Se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa; siendo descertificado y boletinado, es decir, no se le podrá contratar en ninguna escuela pública ni privada, invalidando su cédula profesional para ejercer la docencia, sancionando a la institución pública o privada que lo contrate”, afirma la maestra en artículo publicado en La Jornada [léalo aquí].
A su vez, Alberto Arnaut, historiador e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirma que son rasgos preocupantes de esta reforma laboral: el centralismo en el diseño de lineamientos y evaluaciones educativas, que se concentran en las manos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); y la unilateralidad en la definición de parámetros, perfiles, indicadores, exámenes y dispositivos de evaluación, sin cualquier participación del magisterio y de los sindicatos docentes. «Lo más dramático es que se escuchó mucho más a los empresarios, que no quieren la escuela pública y deprecian al magisterio de las escuelas públicas, que a las y los maestras/os que se someterán a este nuevo régimen laboral. Si no se someten a la evaluación punitiva, que es el corazón de la reforma, serán despedidos de su empleo o echados de la función docente y restrictos a funciones de carácter administrativo que la autoridad educativa decidirá unilateralmente» [oiga aquí entrevista completa con Arnaut].
Juan Melchior Román, de la Dirección Política de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) añade que, con el pretexto de la evaluación, se quiere limitar la calificación docente al buen desempeño en exámenes de opciones múltiples, los cuales no son suficientes para evaluar la calidad social educativa, ni para mejorar el sistema educativo. «Una de las implicaciones de esta reforma es el despido masivo de los trabajadores, y la otra es la reducción de los contenidos educativos que tienen que ver con la formación integral de las y los estudiantes, pues la formación docente y las clases se limitarán a los conocimientos técnicos exigidos en estas pruebas [lea aquí la entrevista completa].
Con miras a la apertura del diálogo con el gobierno nacional sobre la reforma, la CNTE dio a conocer el 7 de diciembre una “Iniciativa Ciudadana en Materia Educativa”, la cual propone la derogación de los cambios constitucionales y las leyes reglamentarias que fueron determinados, así como un análisis puntual de las leyes y artículos que lesionan derechos laborales y humanos de las y los docentes, defendiendo la participación directa, crítica y responsable de la sociedad mexicana en este proceso [conozca aquí la iniciativa].
Volga de Pina, abogada e investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia explica que, en el contexto de la reforma, está en disputa el modelo de educación que se quiere para el país, pues las escuelas normales rurales, entre ellas la de Ayotzinapa, que han sido reconocidas como focos de resistencia y lucha por una educación transformadora, han sido dejadas sin inversiones públicas y tratadas con represión por las fuerzas de seguridad de Estado. “El gobierno abandona su responsabilidad con la formación docente, y a la vez impone al magisterio que demuestre buen desempeño a través de evaluaciones. Mientras tanto, no se hace un diagnóstico que demuestre la responsabilidad del Estado por la actual situación educativa del país”.
En posicionamiento público divulgado en junio, la red Incidencia Civil en Educación (ICE) de México y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) afirman que “la reforma está centrada en aspectos administrativos y laborales que legitiman mecanismos de evaluaciones estandarizadas desde una lógica individualizada, competitiva y punitiva y deja de lado un abordaje sistémico e integral de la educación en el país, favoreciendo con ello una lucha de poderes que afecta la calidad de la educación que queremos, desde una perspectiva holística y fundamentada en los derechos humanos”.
Fuente de la Noticia:
http://ixasambleaclade.campanaderechoeducacion.org/index.php/educacion-emancipadora-en-debate/evaluacion-garante-de-derechos/171-reforma-educativa-en-mexico-enfoca-resultados-mensurables-de-aprendizaje-y-genera-conflictos-entre-el-gobierno-nacional-y-el-magisterio
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