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Reseñas/30 Enero 2020/elpais.com

Las niñas nacidas en 1995, a las que el mundo se comprometió a ofrecerles un futuro mejor, y las que nacen hoy tienen las mismas probabilidades de terminar en uniones tempranas

Hace 25 años, en Beijing se vivió una euforia que trascendió al mundo entero. Más de 30.000 activistas y 17.000 participantes de 200 países generaron una presión y un dinamismo tan poderosos que el documento final de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, se convirtió en el plan más progresista jamás alcanzado para trabajar por los derechos de la mujer.

Ahí estaban temas como la igualdad de género, la salud, el empoderamiento, la educación, las oportunidades laborales, la violencia contra la mujer y el matrimonio infantil, entre otros.

Desde entonces, el mundo ha dado un giro significativo hacia la igualdad, aunque hay temas que no han avanzado en la región de América Latina y el Caribe. Hay avances que podemos celebrar como un mayor reconocimiento de las distintas formas de violencia contra las mujeres, nuevas leyes y políticas para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres y niñas, y cada vez más movilización de distintos actores para poner fin a la violencia.

Sin embargo, el matrimonio infantil, y su expresión más común en la región que son las uniones antes de los 18 años, sigue siendo un tema en gran medida desatendido. Las niñas nacidas en 1995, a las que el mundo se comprometió a ofrecerles un futuro mejor, y las que nacen hoy, tienen lamentablemente las mismas probabilidades de terminar en un matrimonio infantil o unión temprana.

En América Latina y el Caribe, el matrimonio infantil y las uniones tempranas permanecen con los mismos indicadores de hace 25 años, en los que una de cada cuatro niñas se casa antes de los 18 años, una cifra más alta que en Oriente Medio y África del Norte. Si no hay acciones ni inversiones, la región se convertirá en 2030 en la segunda con más casos en el mundo, solo por detrás del África subsahariana. Las cifras resultan, a todas luces, inaceptables.

En la Declaración de Beijing quedó estipulado que el matrimonio infantil es una violación de los derechos humanos cuyas consecuencias resultan devastadoras. Aunque socialmente sigue siendo visto como una práctica aceptada, sus efectos en los derechos humanos, el bienestar y desarrollo de las niñas y adolescentes son alarmantes.

La mayoría de las mujeres que contrajo matrimonio o se unió durante su niñez dio a luz antes de cumplir 18 años y, del total, ocho de cada 10 niñas casadas se convirtieron en madres antes de cumplir los 20 años. El matrimonio infantil y las uniones tempranas llevan a la deserción escolar, así como a pobres resultados escolares y niveles de alfabetización. En la mayoría de los casos van acompañadas por algún tipo de violencia sexual, física o emocional. Una de cada cinco niñas unidas antes de los 18 años lo hizo con un hombre al menos 10 años mayor que ellas, por lo que la dependencia económica suele ser alta, y más en contextos de pobreza, ruralidad y en comunidades indígenas o afrodescendientes, donde suele haber mayor incidencia de la práctica.

El impacto va más allá de las niñas y adolescentes. El matrimonio infantil y las uniones tempranas llevan a una menor participación social, económica y política, y a un bajo desarrollo social y económico de las sociedades, que terminan afectando a los ingresos de las mujeres, llevan a una mayor pobreza en los hogares e impactan potencialmente sobre la pobreza nacional y las tasas del PIB. Lo sorprendente es que el tema sigue sin formar parte de las agendas nacionales ni regionales. El silencio alrededor del tema impide, todavía hoy, avanzar en términos de igualdad de género para las niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe.

La aprobación o tolerancia social con la que cuenta el matrimonio infantil y la consecuente invisibilidad de esta práctica como un problema, ha impedido su disminución, por lo que Unicef, UNFPA y ONU Mujeres nos unimos para llamar a la acción a gobiernos, instituciones, sociedad civil, donantes, personas y aliados, con la intención de que orienten sus decisiones políticas, económicas y sociales para la eliminación de esta forma de abuso, teniendo en cuenta que se ha posicionado en la agenda de desarrollo global y forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Es posible terminar con el matrimonio infantil y las uniones tempranas; países como Etiopía o India han logrado una reducción significativa en sus estadísticas gracias a inversiones y acciones coordinadas y sostenidas. Debemos trabajar de manera conjunta para hacer frente a los motores de esta práctica, estableciendo marcos legales y políticas que protejan a las niñas y adolescentes y promuevan la igualdad de género; empoderando a las niñas y adolescentes; transformando las normas sociales y de género que “normalizan” estas situaciones; y brindándoles servicios de calidad y amigables en áreas como la educación y la salud.

Este año es clave en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres por la celebración de la Conferencia Regional de la Mujer y la Conferencia Mundial sobre la Mujer que se centran en la revisión de los 25 años de Beijing. Hacemos un llamado a alzar la voz y trabajar juntos para visibilizar este problema en la región y generar compromisos políticos, sociales y financieros para que esta práctica social sea eliminada y se garanticen verdaderas oportunidades presentes y futuras a las niñas. Para América Latina y el Caribe, es tiempo de actuar y acelerar el cambio. Sus niñas y adolescentes no pueden esperar más.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2020/01/28/planeta_futuro/1580210751_841277.html