España/25 junio 2016/Autora: Teresa López Pavón Fuente: El mundo
Los sindicatos APIA, PIENSA y CGT han exigido a la delegada de Educación,Francisca Aparicio, que aclare si existe un procedimiento ajeno al legalmente convocado cada año para asignar los ‘puestos específicos’ habilitados en los centros educativos de la provincia.
También CCOO anunció días atrás a este periódico que demandaría información al respecto, tras admitir la delegación territorial de Educación, en una respuesta a EL MUNDO, la existencia de plazas que se gestionan y se cubren al margen del concurso oficial de méritos que se convoca cada año.
En el caso de APIA, este sindicato ha remitido a la delegada un escrito en el quepregunta concretamente por el caso de Anaís Moreno Malpartida, hija del inspector jefe, Alberto Moreno, que ocupa uno de esos puestos específicos adscritos al Comisionado del Polígono Sur sin haber concurrido a las convocatorias ordinarias, tal y como informó la semana pasada EL MUNDO.
El sindicato muestra en este escrito su extrañeza por el hecho de que esta profesora no figure dentro de la plantilla de funcionamiento de ninguno de los centros docentes o de los servicios centrales o periféricos dependientes de la Consejería de Educación, según el listado que la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos hizo llegar a APIA el pasado mes de febrero.
De esta forma, el sindicato, a través de su delegada Abel Díaz Tamargo, reclama a la responsable de la delegación territorial de Sevilla, Francisca Trujillo, copias del nombramiento de la profesora, de la convocatoria pública en la que se sacó a concurso el puesto ocupado por ella y de la resolución por la que se hizo pública la selección del personal correspondiente «en la que aparezca la referida docente».
Con unas raíces enterradas en la religión hindú y otros factores históricos y culturales, la India mantiene hoy en día una estratificación que supone un obstáculo a superar para el ejecutivo indio. Tras la declaración de independencia que decía adiós al Imperio Británico, la población se sumergió en un conflicto social que sigue coartando los derechos humanos de millones de personas, con una cultura de castas, tribus y clases aún arraigada, por muchos artículos y garantías que pueda ofrecer el gobierno indio. El paso iniciado por Mohandas Gandhi para poner en evidencia la mala situación sufrida por las castas más bajas destaparía en la segunda mitad del siglo XX un puzle de difícil resolución: garantizar derechos y libertades para todo tipo de clases sociales, tribus y castas y la aceptación de las mismas. Cuando la posición que ocupa una determinada casta se ve sumida en la degradación de la dignidad humana a lo largo de los años, esto tiende a convertirse en cultura. Y es uno de los mayores peligros que residen en la sociedad india. Demostrado queda en actos violentos realizados por miembros de castas y comunidades más desarrolladas contra tribus desfavorecidas, que ven en las medidas contra la desigualdad tomadas por el gobierno un instrumento político con el que obtener mayor número de votos. Una inestabilidad social que la segunda mayor democracia del mundo no se puede permitir.
La semilla del árbol estratificado: raíces
El sistema de castas indio se trata de un sistema de estratificación social que fue evolucionando durante el tiempo, influenciado tanto por la religión hindú como por otras razas y culturas. Asimismo, éste sistema no es una entidad bien definida, sino varios grupos heterogéneos de personas que se fueron mezclando a raíz de los años. El sistema de castas indio tradicional tiene su similitud en el sistema ocupacional elaborado por Confucio, en el que se encontraban académicos, laboreros, artesanos y comerciantes. Una compleja amalgama de grupos sociales, entre los que se encuentran los clanes llamadosgotras, etnias y tribus llamados jatis y la jerarquía social definida por uno de los textos antiguos incorporados en sánscrito, el Rigveda.
En la antigua India, el término “casta” sería adjudicado por los portugueses, mientras que la palabra en sánscrito para éste sistema era varna. Un sistema que reparte tanto derechos como deberes y privilegios. Dividida la sociedad en cuatro secciones según sus labores, los grupos hereditarios dentro de los varnas fueron llamados jatis. Estos últimos darían representación inicial al grupo de comunidades, que proporciona un rol social a cada persona nacida en cada jati, con una endogamia predominante. Dentro de la religión hindú, se nace mediante la creencia de que todos los seres humanos somos creados de manera desigual. Según el texto antiguo Rigveda, los comienzos de la estratificación los encontramos en la representación de Brahma, deidad hindú venerada como creador del universo.
Representación del sistema de castas en la India. Fuente: Krishna.org
La sociedad india está basada en la manifestación divina de Brahma de los cuatro grupos que la conforma: de su boca salieron los profesores y sacerdotes, creando la clase brahmana: aquellos encargados de la educación y la enseñanza, así como labores religiosas –profesores, sacerdotes, etcétera–. También denominados los brahmins,desde la época colonial las autoridades británicas las dotaron de puestos influyentes dentro del clero. Hoy en día suelen ocupar puestos dedicados a las ciencias, los negocios y el gobierno; de sus brazos se materializaron guerreros y gobernantes, la casta kshatriya: quienes se adjuntan al servicio público, la administración, el mantenimiento de la Ley y la Defensa –Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, gobernantes o funcionarios–. Hoy en día, predominan como propietarios de tierras y su influencia y poder ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. Tocando el ámbito de la economía, los mercaderes y comerciantes surgieron de sus muslos, representando la casta vaishya: negociantes, empresarios, aquellos dedicados a la actividad comercial. Antiguamente agricultores y ganaderos, y al tiempo, propietarios de tierras, comerciantes y prestamistas. Asociados hoy en día a la clase media, representan el avance social, así como un quinto de la población total de la India. Y por último, de sus pies nacieron los laboreros y campesinos, oficios sin cualificación profesional; la casta shudra. Hoy en día, suelen pertenecer mayoritariamente al sector servicios.
Coexiste una última casta que no pertenece dentro del sistema varna. Los llamados “intocables” representan la clase más baja de la sociedad. Considerados poco más que animales, sus cometidos laborales rozan el límite de los derechos humanos más básicos, empleados donde las otras castas se lo permitan.
Romper con la historia de la discriminación: reconocimiento
La adopción de la constitución india y su puesta en marcha en 1950 anuló el anterior sistema de castas que imperaba desde hacía décadas. En concreto, el artículo 15, que consideraba ilegal la discriminación contra las castas más bajas. Sobre el papel se comenzarían a dar los pasos para evitar una forma de estratificación social propia de la Edad Media, pero en la práctica no hacía más que subrayar uno de los problemas más arraigados en la población india, provocando una oleada de violencia sobre los dalits, aquellos pertenecientes a las clases más bajas. A pesar de que la fuerza de éste sistema de castas no ha desaparecido completamente, el gobierno indio ha prohibido oficialmente la discriminación provocada por éstas, aplicando reformas en multitud de ámbitos. Gracias a figuras como la de Mohandas Gandhi, se han relajado leyes y reglas concernientes a la diferenciación entre castas, así como la mezcla de personas entre ellas.
Uno de los esfuerzos políticos más notables de Gandhi sería proveer de derechos y de un marco legal para los harijans (término que quiere decir “bendecido), los anteriormente denominados “intocables”, para favorecer su emancipación de otras castas, así como acercar la igualdad a todos los ciudadanos. Con el paso de los años, los harijans se mostraron más activos en materia política, adoptando el nombre de dalits. Éste último término obtendría una mayor aceptación que el de “intocables”, entendiendo que ofrecía un sentido degradante. “Dalit” puede ser traducido como “oprimidos”. El gobierno indio ha provisto a los dalit de mayores garantías laborales, así como una representación propia en el parlamento. A pesar de dichas medidas, estos siguen obteniendo menores oportunidades, tanto en materia educativa como laboral, que las demás castas.
La tensión entre castas y tribus no se disipa, manteniendo confrontaciones con las fuerzas del orden. Una de las más recientes es la provocada por la casta Patel, que encabeza desde el 2002 las protestas producidas en el estado de Gujarat –conforman el 20% total de su población–, uno de los núcleos industriales de India. Las protestas residen en la prohibición a la entrada a la universidad, lo que mantiene a las castas más pobres sin oportunidad para desarrollarse, así como un descenso en la industria de la pequeña y mediana empresa, cerrando nuevas oportunidades laborales. La casta Patel reclama acciones que corten con esta situación, así como ser incluidos en la clasificación OBCs (Other Backward Classes). La clasificación OBC incluye castas que, aun sin sufrir una exclusión total de la sociedad, han sido tradicionalmente las más desfavorecidas en materia social y económica.
Protestas recientes de la casta Jat en cuanto a privilegios ofrecidos a otras castas. Fuente: Youth Ki Awaaz
La Constitución india ha prohibido la discriminación contra los dalit desde 1950, pero muchos de los 160 millones de personas que pertenecen a esta casta continúan viviendo en la pobreza. Otra de las consecuencias es la asociación de apellidos familiares con castas, heredando de padres a hijos la posición que esta mantenga en la sociedad. A pesar de estos factores, se recuerda la elección del presidente K. R. Naranyanan como un desafío a éste sistema. Nacido dentro de una de las castas más pobres al sur de la India, Naranyanan consiguió ser elegido como presidente y cumplir su mandato entre los años 1997 y 2002.
Uno de los problemas más crecientes que plantean los recientes incidentes es la falta de trabajo y de futuro para las castas más pobres. La comunidad Jat, una de las más numerosas dentro de la India –conforma un quinto del total de la población del país– es otra de las protagonistas dentro de la lucha por la igualdad y mayor representación, ya que abogan por mayor número de puestos de funcionariado accesibles para los grupos más desfavorecidos en la India.
En 1953 se daría el primer paso para tratar de identificar las clases más desfavorecidas. El llamado First Backward Class Commission, bajo la batuta del reformador social Kaka Kakelkar, entregó un informe con un listado de 2399 castas o comunidades poco desarrolladas. Dentro de esa cantidad, 837 de ellas fueron clasificadas como muy poco desarrolladas. A pesar de los resultados, el informe nunca se implementó.
La comisión Mandal y el descontento general: identificación
Establecida en 1979 por el Primer Ministro Moraji Desai, del partido Janata, con el firme propósito de identificar los estratos menos desarrollados en materia social y educativa y liderada por el parlamentario Bindeshwari Prasad Mandal, se propuso reservar asientos del parlamento para representar las castas más discriminadas, así como el uso de indicadores sociales –índice de desarrollo, edad de matrimonio, participación de la mujer en el mundo laboral–, económicos –valor medio de bienes familiares, préstamos adquiridos, fuentes de agua potable– y educativos –tasa de abandono escolar, tasa de matriculación universitaria– para determinar el nivel de atraso que sufrían dichos grupos.
En 1980, un informe de la comisión concluyó que las prácticas llevadas a cabo por la Ley India consiguieron garantizar una pequeña cantidad de puestos en el funcionariado y en universidades públicas para miembros de las OBC y las SCT (Other Backward Classes y Scheduled Castes & Tribes). Se recomendó aumentar la cuota de puestos garantizados de un 27% a un 49%. Ocho años más tarde, el Primer Ministro indio perteneciente al partido Janara Dal, Vishwanath Pratap Singh, recogió los resultados y recomendaciones ofrecidas por la Comisión Mandal y comenzó a implementarlas en todos los estados indios. El porcentaje de puestos garantizados para las OBC (un 27%) y para las ST y las SC (22%) disminuirían el cómputo global de puestos no-reservados a un 50%.
Esta medida comenzaría a generar protestas en contra de la garantía de trabajo en el funcionariado por el simple hecho de nacer en un tipo de casta, en detrimento del mérito propio del candidato. A pesar de las reformas iniciadas para contrarrestar la situación sufrida por millones de personas, las protestas contra las cuotas garantizadas para las OBC y las SCT surgieron en Nueva Delhi, donde, en septiembre de 1990, un estudiante de la Universidad de Delhi se inmoló como protesta. Esta forma de reivindicación la seguirían más jóvenes en las ciudades circundantes, que verían ésta reserva de cuota injusta por la falta de mérito, alegando que dichas medidas estaban dirigidas a la obtención del voto de las OBC. La mala gestión de las protestas, que se extendieron por otros estados del país, sería uno de los motivos para la dimisión del presidente V.P. Singh.
Las protestas marcarían un punto fundamental entre los polos opuestos a la iniciativa de la Comisión Mandal, y la formación de grupos políticos de las castas pertenecientes al as OBC. El 16 de noviembre de 1992, la abogada Indra Sawhney interpuso una demanda judicial contra el gobierno, la Unión de la India, en referencia a la conceptualización de una OBC y la cuota de puestos reservados, que por entonces estaría excediendo el 50%. La Corte Suprema fallaría a su favor, reconociendo a las clases sociales menos desarrolladas como una categoría, añadiendo a las “castas” como factor identificador de clase social atrasada. Se reconoció la validez de la reserva del 27%, así como identificar aquellos que habían trascendido su condición de OBC, quedando excluidos de la reserva de puestos laborales. Se incluyeron nuevos criterios económicos, sociales y educacionales para limitar la cuota de puestos asegurados y hacer efectivo el 50%.
Evolución en la participación laboral de las castas menos favorecidas Fuente: Census of India 2011
Un ejemplo de la poca diligencia del gobierno indio a la hora de abordar casos de discriminación contra dalits y castas más bajas es el referente a la masacre de dalits en Karamchedu, una villa situada en el estado de Andhra Pradesh. El 16 de julio de 1985, un conflicto entre dalits y terratenientes de una casta más alta, la Kamma, acabaría con 6 dalitsmuertos y otros 20 gravemente heridos. Tras una confrontación entre un sirviente y su terrateniente, la comunidad adinerada de Chowdary lo entendería como una revuelta contra ellos. Los terratenientes de las castas más altas se unirían para atacar a los dalits en todo el estado, tanto a mujeres como a niños. Perseguidos por toda la villa, tuvieron que huir al campo para salvar sus vidas. 159 personas fueron condenadas a cadena perpetua, pero la Alta Corte de Justicia de Andhra Pradesh decidió anular el juicio. El 24 de octubre de 1998, tras una petición especial a la Corte Suprema, motivó que el 19 de diciembre del 2008 se ratificaran las condenas impuestas en primera instancia. Únicamente el principal acusado, R. Anjaiah, sería condenado a cadena perpetua. Otros 29 acusados serían sentenciados a 3 años de cárcel.
Organizaciones internacionales ya advirtieron de los problemas causados por el sistema de castas y la continua degradación de derechos humanos que ocurren en múltiples estados de la India. En el año 2005, un informe de las Naciones Unidas hizo hincapié en la incapacidad del gobierno indio para detener la discriminación por castas que imperaba en el territorio. El Comité de las Naciones Unidas puso de manifiesto la cifra de 165 millones de dalits que continuaban enfrentándose a la segregación en escuelas y servicios públicos. A pesar de la protección legal y constitucional proporcionada durante 60 años, la discriminación seguiría presente. En marzo del 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la ONU instó al gobierno indio a tomar medidas efectivaspara proteger a los dalits y a grupos tribales, quienes continúan sufriendo actos de violencia comunitaria. A pesar de exponer la poca voluntad de las autoridades locales para proveer de protección efectiva, el gobierno indio insistió que la casta no es similar a la raza, ergo la denuncia de discriminación de castas y tribus no era competencia del CEDR.
La edad media en el siglo XXI: el viento que no cesa
La conclusión que podemos sacar de la situación actual la podemos convertir en una comparación entre dos casos muy similares, con actores idénticos pero con fines totalmente diferentes. En primer lugar, Rajiv Goswami, un estudiante de la Universidad de Nueva Delhi, que se inmoló en 1990 como protesta por la implementación por parte del presidente, V.P. Singh, de las recomendaciones ofrecidas por la Comisión Mandal para reservar puestos a los dalit dentro de la Universidad. Ahora bien, el 17 de enero de este mismo año, Rohith Chakravarathi Vemula, un estudiante de investigación de la Universidad de Hyderabad, se suicidó en la habitación del hostal de un amigo como protesta por las condiciones que sufrían los dalit dentro del campus. Se les prohibió la entrada a hostales y áreas comunes en grupos, así como participar en las elecciones para la Asociación de Estudiantes. Al no poseer los medios necesarios para permitirse un hogar, comenzaron una huelga de hambre frente a la Universidad.
¿A qué queremos hacer referencia con esto? Al descontento demostrado por ambas caras de la moneda. Un grupo social más acomodado que ve como una injusticia la concesión de trabajo y educación para los más desfavorecidos; referencia también a la influencia que han tenido las castas durante siglos en este país. Imaginémonos si hubiéramos dejado atrás el sistema social propio de la Edad Media hace únicamente 50 años. Es impensable encontrar una solución real para este problema. La falta de concienciación que supone los asesinatos de miembros de clases más bajas, los conflictos entre tribus y castas, y la falta de sensibilidad y de acciones efectivas por parte de gobiernos locales –no nacionales–, hacen que al país que se le conoce como la democracia más grande del mundo se le pregunte cómo sigue siendo un “país desarrollado”. Un país desarrollado con una democracia que tiene a la población enfrentada los unos con los otros. Y descontado la problemática religiosa o el conflicto de Cachemira, sólo podemos suponer que la India es un cartucho de dinamita con la mecha encendida.
Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador son hoy claros ejemplos de que la cacareada “libertad de prensa” es una farsa de la derecha para engañar, manipular y someter a los pueblos, además de atacar sin tregua a los procesos progresistas que perduran en la Patria Grande pese a la feroz guerra mediática de que son blancos.
Los sectores conservadores de Latinoamérica reiteran esa controvertida “expresión”, acuñada por Estados Unidos, con el objetivo de esconder su verdadero propósito: utilizar a los emporios de la información, o mejor dicho de la desinformación, como armas letales mediáticas contra las naciones y gobiernos de Nuestra América que defienden su independencia, favorecen a todos sus habitantes, y batallan por la paz e integración regional.
Por supuesto que la “libertad de prensa” por la cual aboga la derecha no es válida para medios de comunicación progresistas como las afamadas televisoras internacionales TeleSur y RussiaToday, entre otros, que poseen líneas editoriales objetivas y reportan de manera veraz acerca de los acontecimientos en el mundo.
TeleSur y RussiaToday en español ya no podrán verse en Argentina por uno de los tantos decretazos del presidente Mauricio Macri, quien por el contrario siempre ha favorecido al dominante y embustero emporio Clarín, que lo llevó a la Casa Rosada, y para muchos fue el verdadero vencedor en las elecciones del pasado año en ese país.
Macri censuró hace pocos días a ambas televisoras de cobertura mundial por dar a conocer a la opinión pública los desmanes de su régimen, y al mismo tiempo ha despedido a decenas de periodistas argentinos críticos con sus medidas neoliberales y accionar represivo.
Pero Argentina no es el único caso que en nombre de la “libertad de prensa” se esconde la verdad y a la vez se agrede a América Latina. Otros son sin duda alguna Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador, por citar las naciones más atacadas, las cuales han vivido campañas mediáticas difamatorias sin precedentes dirigidas a destronar a sus presidentes legítimos, y derrumbar sus gobiernos.
La mandataria del gigante sudamericano Dilma Rousseff, destronada temporalmente del poder y sometida a un “juicio político”, fue y sigue siendo diana de constantes embestidas de la “gran” prensa brasileña, que en estrecha complicidad con los sectores ultraconservadores alentados por la administración norteamericana persisten en consumar definitivamente un golpe de Estado en ese país.
Igual ocurre con Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro, a quien los medios derechistas nacionales, en contubernio con otros de Estados Unidos, España y Latinoamérica, no le han dado un solo minuto de tregua para conseguir la demolición a la Revolución Bolivariana.
Los Jefes de Estado de Bolivia, Evo Morales y de Ecuador, Rafael Correa, tampoco han escapado de las modernas cañoneras mediáticas patrocinadas por Washington y sus servicios secretos, que utilizan todos los recursos a su alcance destinados a cambiar la correlación de fuerzas en favor de sus intereses de dominación en la Patria Grande.
De Evo injuriaron sin escrúpulo alguno, previo y durante el referendo celebrado en Bolivia para otra postulación suya en el 2020, y no han parado de hacerlo porque los papagayos de la “libertad de prensa” saben muy bien que es un líder autóctono y antiimperialista de Nuestra América.
De manera similar ocurre con Correa, a quien a pesar del devastador terremoto que recientemente sacudió a Ecuador, y sus ingentes esfuerzos en favor de los miles de damnificados, lo continúan asediando, con la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA) a la cabeza.
Acorde con investigaciones difundidas por TeleSur y el diario El Telégrafo, la CIA creó en Ecuador una red de periodistas encargada de materializar acciones subversivas contra la Revolución Ciudadana que lidera Correa.
No es un secreto para nadie que la CIA y sus tentáculos de espionaje como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED) trabajan abierta e intensamente para aniquilar los procesos de cambios en Latinoamérica y hacer nuevamente de esta región el patio trasero de Washington.
Con ese propósito utilizan a la prensa ultraconservadora, sus redes sociales y las nuevas tecnologías, además de los órganos legislativos y las instituciones judiciales, como sus armas principales para consumar los llamados “golpes suaves o blandos”, que no son otra cosa que una versión de los golpes castrenses del siglo pasado.
Si en nombre de la “libertad de prensa” la derecha y sus patrones de Washington hacen lo que les viene en gana, cabe entonces la interrogante de por qué los gobiernos progresistas de la Patria Grande no responden con medidas severas que incluyan, incluso, la nacionalización de los medios de prensa al servicio de los poderosos.
Uruguay/25 Junio 2016/Autor: Valeria Fariña/Fuente: Resumen latinoamericano
La entrevista concedida este 23 de Junio por la Ministra de Educación y Cultura, Julia María Muñoz, al diario “Búsqueda”, se enmarca en una política de desacreditación a los sindicatos, que sostenida desde hace ya varios años por muchos personajes gubernamentales, infunda serias consecuencias en un escenario conservador y reaccionario que en la región parece acentuarse con mayor ahínco en estos últimos tiempos.
Las declaraciones recientes se suman a muchos otros ataques que encontraron su traspié en el rechazo masivo al Decreto de Esencialidad de la Educación en el 2015, demostrando el significado y alcance que tiene la organización y movilización popular.
En la entrevista indicada la Ministra afirma que el “compromiso” es llegar al 6% del PBI para la educación en…lo que resta del período de gobierno y que aunque se esperaba más dinero, “el desafío es hacer lo mismo con lo que se tiene”. (¿?) También afirma que “en captación el número meta es que todos ingresen a la educación media” aunque “siempre pasan cosas” por lo cual esto podría no suceder; piénsese que los “alumn@s se mudan o se van del país” (!). A pesar de esto nos recuerda que “las utopías siempre hay que tenerlas”.
Entre los dichos y no dichos de Muñoz, lo cierto es que pudieran “suceder cosas” que, entre otras cosas muestren, cuán utópico es gestionar la educación mercantil con reveses sociales y políticos, preocupación que late entre gestores y tecnicistas que avisoran los límites y cotos de sus modelos.
A todos consta que para mantener el “consenso social” no basta sólo con “humanizar el capitalismo”, se requiere además contener y dividir al movimiento popular y a las diversas expresiones y corrientes que lo integran. La Ministra lo advierte, por ello despliega una retórica facilista que esquiva responsabilidades bien concretas vinculadas a la política que viene sosteniendo.
La Ministra contragolpea ante lo se avecina: la movilización en rechazo a los recortes presupuestales, que sufrirá particularmente la educación, como ya lo anunció el gobierno para esta Rendición de Cuentas. Naturalmente los sindicatos de la enseñanza jugarán un papel importante pero no menor al que caben a los estudiantes de todos los niveles, y a los sindicatos en general. Avisada de que al pueblo no se le une, la “bárbara” -como ella misma se autoproclama- se concentra en los sindicatos de la educación remarcando que “las maestras tanto en el orden sindical como en el orden docente, son mucho más apegadas a la tarea, más vocacionales, tienen mucho más compromiso con la educación”.
Esta grosera caricatura de la labor de maestr@s y docentes, plantea una falsa oposición en un intento por alentar intereses corporativos entre los gremios, un propósito por confundir y asignar papeles distintos en la lucha que se avecina.
La entrevista desborda en apreciaciones tecnicistas que muestran no sólo cuánto se ha abandonado el debate ideológico sino también el temor por abordarlo. Las trampas retóricas envuelven y asfixian al tratamiento que realiza la Ministra sobre distintos temas, como el asunto de la violencia en los centros educativos, “síntoma de una fractura social espantosa” y una “pérdida de códigos y valores”. ¿Cuál es la fractura y a qué se debe?. De eso tampoco dice nada, silencio absoluto… pues hacerlo supondría reflexionar sobre la profundización de los valores y códigos burgueses en los marcos de una sociedad que ella venera.
Para colmo de cinismos intenta trasladar el problema moviendo el foco hacia los profesores que “no quieren” dar clases en contextos de violencia, y con una pedantería poco austera, la Ministra exige a los docentes propuestas concretas (!), pues a su parecer “faltos de madurez” sólo “protestan por todo”; quien sabe si está desinformada, si no lee las propuestas docentes o si es pura demagogia. Lo cierto, y por supuesto lo que no dice, es que hay muchas propuestas que difieren y discrepan con la política mercantil educativa que sostiene, y por ello las esconde y teme debatirlas ideológicamente.
Este tipo de abordajes políticos son el caldo del cultivo a la reacción que el cortoplacismo minimiza, porque en el fondo no sólo estamos ante la despolitización de la sociedad sino ante la desideologización de amplios sectores populares. Urge recuperar la lucha política-ideológica, y propiciar la unidad del pueblo en la movilización concreta. A no dejarse distraer.
México/25 Junio 2016/Autor: Mario Hernández/Fuente: Rebelión
Entrevista a Guillermo Almeyra, editorialista internacional de La Jornada (México)
Mario H.: Quiero retomar un tema que abordamos hace dos semanas, una situación que se ha complicado mucho, me refiero a la que se está viviendo en México. Los maestros de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que tiene unos 200.000 afiliados, 80.000 de ellos en la localidad de Oaxaca al sur del país, que están llevando adelante una lucha desde hace largo tiempo, han sido duramente reprimidos, se hablaba de 8 muertos, pero en las últimas informaciones hablan de 12 y 22 personas desaparecidas, con lo que eso significa en México, luego de los acontecimientos de Ayotzinapa, decenas de heridos, por parte de la policía.
Me gustaría Guillermo que usted que conoce tanto México por haber vivido muchos años en ese país, inclusive es integrante de la Academia Nacional de Ciencias de México, comparta su análisis sobre esta situación.
Guillermo A.: Nuevamente hay dos grupos en el gobierno, el mayoritario dispuesto a imponer a sangre y fuego un ajuste y destruir las organizaciones sindicales, y las palancas de desarrollo del país, privatizaron el petróleo, abrieron el camino a la explotación privada del agua y quieren destruir la educación pública y crear una educación planificada por los grandes capitales, sobre todo, extranjeros para producir gente que le sirva al capital, todo lo demás no les interesa. Y destruir fundamentalmente el sentimiento nacional que es la base de la resistencia del pueblo mexicano. Los maestros luchan por todos, por la democracia, por la cultura, por abrir una perspectiva que no sea la del talón de hierro, de la que hablaba Jack London, del capitalismo aplastando todo; y esta nueva masacre al día siguiente de una enorme manifestación en la Ciudad de México en apoyo a los maestros, contra el pueblo que apoyaba a los maestros, porque los muertos no son solo maestros, entraron a tiros en un mercado indígena, mataron a un catequista que venía a socorrer heridos.
Esta nueva masacre ha colmado la paciencia y ha levantado una campaña internacional y en México mismo, y hoy el gobierno se ha visto obligado a hacer lo que había prometido no hacer nunca: negociar con los maestros. No le llama negociar, sino dialogar y no sobre la Ley de educación sino sobre la situación política, pero no se puede discutir la situación política sin discutir la ley y por lo menos modificarla.
Es una situación brutal de dictadura, han suprimido los derechos democráticos y además la policía ha recibido orden de tirar a matar contra todos, antes tiraban gases o balas de goma y cada tanto asesinaban y decían que se había mezclado algún infiltrado y lavaban culpas, pero ahora no, ahora tiran a matar directamente.
Hay una discusión, el Ministro de Gobernación que es el de Interior, quiere ir en busca de una salida política porque si no le va a estallar el país. Michoacán que está en el centro, Guerrero, Oaxaca y Chiapas ya están en llamas, los pequeños comerciantes apoyan a los maestros, en la ciudad de México decenas de miles de estudiantes universitarios salieron a apoyar a los maestros. Estamos ante la perspectiva de este llamado diálogo al que los maestros van en posición firme, no van a negociar su repudio a la Ley y el gobierno dice que no va a cambiarla, pero se va a ver obligado a hacer modificaciones.
Mario H.: Señalaba recién que han suprimido derechos democráticos, pero aparentemente no es solo en México, también en Francia está sucediendo algo parecido con la nueva convocatoria contra la reforma laboral para el día de mañana (23/6).
Guillermo A.: En efecto, la Coordinadora sindical decretó una manifestación para mañana y otra el 27, coincidiendo con el curso de la discusión de la Ley laboral en el Parlamento, donde hay una gran oposición a la ley. El gobierno primero decretó que no iban a haber más manifestaciones, las prohibió, en contra de las leyes y de la Constitución francesas. Después sustituyó la medida por la prohibición de las manifestaciones dejándoles en cambio un recorrido establecido por el Ministerio del Interior, una suerte de “Manifestódromo” inventado por el gobierno lo más lejos posible del centro, de los turistas, del transporte y de la influencia mediática. Todos protestan contra esto, hasta Marie Le Pen que habla de su anticonstitucionalidad, porque el día de mañana se la van a aplicar a ella.
Mario H.: El jueves hay una elección muy importante en Inglaterra donde está en cuestión la permanencia de ese país en la Unión Europea (UE). Tenía datos de la semana anterior donde en general la opinión pública se inclinaba por votar a favor de la salida de Inglaterra de la Unión Europea, esto había provocado pánico en los mercados financieros, las principales bolsas europeas el martes 14 cerraron acumulando pérdidas de más de 400.000 millones de euros, según datos extraídos de Bloomberg. Pero el diario de hoy dice que ayer hubo alzas en la City en Londres y la libra esterlina volvió a cerrar con la mejor cotización desde 2009. Esto me hace pensar que la inclinación de la opinión pública ha cambiado en el término de dos semanas. ¿Esto es así?
Guillermo A.: Parece ser así, yo no estoy en Inglaterra pero es evidente que el asesinato de la diputada laborista por un fascista inclinó a los indecisos y a un fuerte sector hacia el voto para quedarse en la Unión Europea. Hay un último sondeo que dice que es ligeramente superior el número de gente que votaría por quedarse. Incluso se agrega otra pregunta, quedarse en qué condiciones, muchos de los que votan por quedarse aumentarían muchísimo, tal vez un 15%, si Inglaterra decide prohibir el ingreso de Turquía en la Unión Europea, porque una de las resistencias al acuerdo con la UE es coexistir con dictaduras como la ese país.
El panorama no está claro todavía pero es evidente que la Bolsa de Londres reacciona a partir de las noticias que le dan una ventaja a quedarse en la Unión Europea. Sin embargo, quedarse no quiere decir que estén de acuerdo con ella, por ejemplo, el gran cineasta Ken Loach dice que hay que quedarse porque se puede al menos reducir la velocidad de la campaña brutal de ajuste que está haciendo la UE.
Mario H.: Una posición parecida a la de Jeremy Corbyn.
Guillermo A.: Claro.
Pablo Iglesias que es una especie de Tsipras aguado
Mario H.: Finalmente el domingo hay elecciones en España, ¿va a cambiar algo el panorama político?
Guillermo A.: Yo creo que no mucho, porque Iglesias es mucho más blando que lo que fue Tsipras en Grecia. De todos modos, lo que puede cambiar es la relación de fuerzas interna, de los sectores, todos ellos reformistas que tratan de gobernar el capitalismo español. Por ejemplo, Podemos con Iglesias que es una especie de Tsipras aguado, podría con su alianza con los comunistas y la Izquierda Unida superar a los socialistas y pesar sobre éstos para un eventual gobierno socialista, que sería posible.
Mario H.: Algo parecido a lo que esta sucediendo en Portugal.
Guillermo A.: Claro, ese sería de todos modos un golpe importante a la derecha. Si los socialistas dicen que no, quedaría el gobierno de Rajoy muy debilitado y condenado a corto plazo porque perdería en las próximas elecciones y un PSOE desgarrado tirado por un lado por los de Podemos y, por otro, por la tendencia a buscar todavía acuerdos con las derechas.
La firma de los acuerdos sobre “Cese bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades”, “Dejación de armas” y “Garantías de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo” suscritos el jueves 23 de junio en La Habana, suponen el fin de la guerra que desde hace más de 52 años ha enfrentado en Colombia a la guerrilla campesina de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC–EP) y al Estado colombiano.
Tras tres intentos de paz fallidos, en 1984, 1992 y 1998, el actual proceso de conversaciones de paz iniciado en Oslo y en La Habana en noviembre de 2012 se acerca a su fin y al inicio del llamado “post conflicto”, sin duda más difícil aún que las conversaciones de paz, fase que consiste en la reincorporación a la vida civil de los antiguos combatientes guerrilleros y en la implementación de los distintos acuerdos parciales alcanzados para acabar con las causas estructurales de esta cruenta y prolongada guerra que ha provocado más de 250.000 muertos, medio millón de exiliados y 7 millones de desplazados internos.
A pesar del discurso abonado por los enemigos de la paz, el actual proceso de conversaciones ha avanzado rápidamente, habiendo sido el segundo proceso de paz más corto en el tiempo de los habidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El proceso de paz de El Salvador duró 10 años, 11 años el de Guatemala, más de 10 años el de Irlanda del Norte, 14 años el de Angola, y así podríamos seguir con los procesos de Sudáfrica, Burundi, Tayikistán, Sierra Leona… Todos ellos duraron en torno a los 10 años. Únicamente el proceso de paz de Nepal ha durado algo menos que el actual proceso de paz en Colombia, 4 años exactos. Sin duda no es lo más importante la duración de un proceso de paz sino que este llegue a buen término, pero desgraciadamente la Mesa de Conversaciones de La Habana ha trabajado desde hace más de dos años con la espada de Damocles del tiempo pendiendo sobre sus cabezas, falaz argumento esgrimido por los distintos sectores económicos y políticos que pierden su razón de ser, o sus beneficios, con la llegada de la paz, argumento que el Gobierno de Colombia –siempre pendiente de las encuestas de opinión política– ha utilizado en más de una ocasión para presionar a su contraparte en la mesa de conversaciones. Pero hoy estamos de enhorabuena, porque la firma del Acuerdo Final de paz es algo ya cercano –quizás un mes, dos como mucho– y sobre todo es irreversible.
Esto no significa que los problemas en Colombia, las desigualdades entre el campo y la ciudad, entre los más ricos y los más pobres, entre las mujeres y los hombres, entre los criollos y los indígenas o los afro descendientes –es el país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales del mundo, según el coeficiente de Gini–, desigualdades que ocasionaron este último conflicto armado y los muchos que lo precedieron, vayan a desaparecer por la firma del Acuerdo de Paz. En Colombia el 53% de la tierra aprovechable está en manos de 2.300 personas y el 58% de los depósitos bancarios en manos de 2.681 clientes.
El post conflicto será una intensa batalla contra esas desigualdades y del éxito de la implementación de los acuerdos parciales alcanzados, dependerá que Colombia entre irreversiblemente en la senda de la paz, la consolidación democrática y el progreso o que este acuerdo pase a la historia como uno más de las decenas de acuerdos de paz fallidos para poner fin a conflictos internos que, de forma sucesiva, ha habido en Colombia desde su independencia del dominio español el 7 de agosto de 1819. La principal responsabilidad recaerá en los poderes públicos y las instituciones colombianas, quienes con el apoyo de la comunidad internacional –un apoyo ojalá que irrestricto– deberá garantizar la implementación de los acuerdos, eludiendo la maldición que ha asolado a la inmensa mayoría de los procesos de paz habidos en el mundo en los últimos sesenta años, en los cuales el cumplimiento de las medidas de desarrollo social y económicos plasmados en los acuerdos finales ha sido más que deficiente, como acreditan la mayoría de las evaluaciones de cada uno de esos procesos de paz realizadas a fecha de hoy.
Desde noviembre de 2012 en La Habana se han alcanzado acuerdos sobre “Reforma Rural Integral” –el abandono por el Estado del campo y de los pequeños campesinos y la negación del derecho de propiedad de la tierra a estos, es el origen del actual conflicto armado–; “Participación Política” –en Colombia los partidos tradicionales, el llamado “establecimiento”, ha acostumbrado a exterminar físicamente a cualquier alternativa política organizada que amenazara la continuidad de la alternancia entre liberales y conservadores–; “Sustitución de cultivos de uso ilícito” –los cultivos ilícitos han sido en la practica el único medio que para sobrevivir han tenido los pequeños campesinos y las comunidades rurales, los únicos productos que podían comercializar–; “Descontaminación de Restos Explosivos de Guerra, Municiones sin explotar y minas antipersonas” –Colombia es uno de los países del mundo más contaminado por estos explosivos, obviamente en las zonas rurales–; “Victimas. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición” –el único acuerdo sobre justicia transicional alcanzado en un mesa de conversaciones que respeta estrictamente los contenidos del derecho internacional en vigor y que supone el sometimiento de ambas partes a una justicia especial para la paz–; “Búsqueda de personas desaparecidas” –según datos oficiales, en Colombia existen más de 50.000 desaparecidos por motivos relacionados con el conflicto interno, solamente desde los años 80 hasta hoy–; y ahora los acuerdos sobre “Cese bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades”, “Dejación de armas” y “Garantías de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo” .
Este último acuerdo sobre desmantelamiento del paramilitarismo es de una especial importancia. El fenómeno de los ejércitos privados en Colombia, habitualmente creados y al servicio de los terratenientes y ganaderos, los denominados “paramilitares”, hace tiempo que escapó del control del Estado, a pesar de haber sido utilizados en especial por la Fuerza Publica en su combate contra las distintas insurgencias guerrilleras. Según los datos de la “Unidad de victimas” del Ministerio de Interior de Colombia, entre 1980 y 2012 se produjeron 1.166 masacres ejecutadas por grupos paramilitares, 1 cada 10 días. En muchos casos las masacres duraban días, hasta semanas, y se producían en la cercanía de bases militares. En ninguna de esa masacres la Fuerza Pública llego a intervenir, ya fuera para impedirlas o para detenerlas, nunca hubo enfrentamientos entre Ejército y paramilitares. Hoy día, las denominadas “bandas criminales” u “organizaciones sucesoras del paramilitarismo” controlan en monopolio las rutas de exportación de cocaína a Europa y a los Estados Unidos, así como innumerables fenómenos de delincuencia organizada común. Tras el proceso de paz de Casa Verde, iniciado en 1984 entre las FARC EP y el Gobierno de Belisario Betancur, grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado asesinaron a más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica, la fuerza política de izquierdas nacida en el seno de dicho proceso de paz. Ese riesgo, muy cierto hoy día, es el que el Gobierno colombiano, con el apoyo de toda la comunidad internacional, debe conjurar, dando un combate frontal hasta el desmantelamiento total de los ejércitos privados, objetivo alcanzable con la estricta implementación del acuerdo alcanzado en la Mesa de Conversaciones sobre “Garantías de Seguridad”, garantías no solamente para los guerrilleros que van a dejar las armas, sino necesariamente extensivas a las comunidades campesinas, fuerzas políticas, grupos étnicos, defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, y tantos otros y otras ciudadanos colombianos en permanente amenaza o riesgo a su integridad por trabajar por un país más justo y equitativo.
La Unión Europea ha venido acompañando este proceso en los últimos años, de forma activa en los últimos meses. El Enviado Especial de la UE para el proceso de paz, el ex ministro irlandés Sr. Eamon Gilmore, ha acudido a La Habana en varias ocasiones, reuniéndose con ambas partes y ofreciendo ayuda económica para la construcción de la paz, si bien se trata de una ayuda aún insuficiente: el apoyo financiero de la UE será distribuido en tres etapas, la primera pondrá a disposición recursos inmediatos para atender 24 requerimientos que ya fueron acordados con el ministro para el post conflicto, Rafael Pardo. La segunda etapa girará en torno al denominado Fondo Fiduciario de la Unión Europea, que actualmente alcanza la muy limitada cifra de 90 millones de euros, y su uso principal será apoyo al desarrollo rural. La última fase será la financiación de proyectos de infraestructura para el post conflicto, a través del desembolso de créditos hasta por 400 millones de euros que saldrán de la Banca de Inversión Europea. Créditos reembolsables, es decir, no se trata estrictamente de cooperación. Habremos de estar atentos a las condiciones de reembolso que se impondrán a dichos créditos para que realmente ayuden y no lleguen a dificultar la construcción de la paz.
Alemania ha sido el país de la UE que más activo se ha mostrado en el apoyo al proceso de paz en Colombia, con la designación hace más de un año del Diputado Tom Koenigs como Comisionado del Ministro de Relaciones Exteriores para el proceso de paz, mientras que el Banco de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo, entidad pública alemana, ha comprometido a fecha de hoy 75 millones de euros para el post conflicto y la construcción de paz.
El enviado especial Koenigs se ha mostrado especialmente comprometido con la paz, ayudando a la buena marcha del proceso con pronunciamientos sobre los problemas concretos que enfrenta el post conflicto: “Los sucesores del paramilitarismo contradicen claramente a todos los protagonistas (guerrilla, gobierno, sociedad civil, víctimas, etc.) y contenidos (reforma agraria, reparación a víctimas, devolución de tierras, fin del narcotráfico, justicia, no repetición, etc.) de los acuerdos de paz, y son una grave amenaza para su realización” o “Resulta sorprendente que las víctimas de todas las partes y sus asociaciones correspondientes, con unas pocas excepciones, apoyan el acuerdo (de Justicia Transicional y Victimas) y están dispuestas a adjudicar una mayor importancia a los elementos de verdad, reparación y no repetición que a la severidad de las penas judiciales, mientras que los políticos de la derecha quieren ver restablecida la dignidad de las víctimas únicamente por penas de prisión” (2º Informe al Bundestag de T. Koenigs, 30 abril 2016).
En comparación, la diplomacia española, dependiente de su trabajo en América Latina para mantener su peso específico en el panorama diplomático internacional, ha estado ausente de este proceso de conversaciones, especialmente si se compara con su activa participación en los tres anteriores procesos de paz, fallidos, habidos entre las FARC EP y el Gobierno de Colombia. Este desentendimiento probablemente tiene que ver con el papel muy activo que la diplomacia española –tanto en los gobiernos de Aznar, de Rodríguez Zapatero como en el de Mariano Rajoy– desempeñó en el apoyo a la llamada “doctrina de la seguridad democrática” en Colombia, implementada por el Presidente Álvaro Uribe entre los años 2002 y 2010, y que lejos de acabar militarmente con la guerrilla –como se proponía– provocó pavorosas situaciones de violaciones a los derechos humanos, como los llamados “falsos positivos” –más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes colombianos desempleados o marginales a los que el Ejército hacía pasar por guerrilleros abatidos en combate con el fin de mostrar resultados– o las denominadas “chuzadas del DAS”, espionaje a defensores de derechos humanos, jueces, políticos opositores y periodistas, que acabó con la disolución del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –servicio de inteligencia dependiente directamente de la Presidencia de la República– y el procesamiento de la mitad de su plantilla, tras ser calificado por los tribunales colombianos como una “organización criminal”.
El proceso de paz está llegando a buen término gracias al acompañamiento internacional, especialmente de los países de la América Latina que han visto en la paz de Colombia la paz de todo el continente. Junto al activo papel desempeñado como país garante por Noruega –sin duda la diplomacia con mayor especialización y eficacia en procesos de paz de cuantas existen hoy día–, Cuba ha sido el otro país garante, que además de poner a disposición su territorio y las debidas condiciones de seguridad para que avanzara el proceso, ha sabido garantizar el apoyo político de la región al proceso, a la vez que –conjuntamente con Noruega– ha desplegado un imprescindible pragmatismo diplomático que ha permitido sortear los muchos desencuentros que entre las partes ha habido durante las conversaciones. El papel de países acompañantes desempeñado por Venezuela y Chile han ayudado a destrabar problemas y a sumar más apoyos a la causa de la paz. Finalmente, a partir de enero de 2015 la Administración estadounidense del Presidente Obama, con la designación del diplomático Sr. Bernard Aronson como enviado especial para el proceso de paz, también ha desempeñado un papel constructivo en las conversaciones, quizás no todo lo comprometido que pudiera haber sido a la vista de la influencia internacional de los EEUU, pero sin duda un apoyo a la paz en Colombia que nunca antes de forma tan explícita comprometió una administración estadounidense. La reunión celebrada el pasado mes de marzo entre el Secretario de Estado Sr. Kerry y la comandancia de las FARC EP en La Habana, supuso un evidente reconocimiento político a esta organización guerrillera, a pesar de que, inexplicablemente, aún sigue incluida en las arbitrarias listas de organizaciones “terroristas” de la Unión Europea, del Reino Unido y de los propios Estados Unidos.
Aún quedan acuerdos imprescindibles de alcanzar para la firma del Acuerdo Final de Paz. Los más importantes, los relacionados con la reincorporación de los antiguos combatientes a la vida civil, las zonas donde se producirá dicha reincorporación, la imprescindible y urgente amnistía –prevista expresamente en las Convenciones de Ginebra a la finalización de un conflicto armado interno–, las necesarias Garantías de No repetición –revisión de la doctrina de seguridad y militar de Colombia y su adaptación a una sociedad en paz donde la población civil nunca más sea considerada un enemigo– y la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras cuestiones de índole menor. Pero la firma este jueves en La Habana de los tres acuerdos que de facto ponen fin a la guerra, es la mejor garantía para alcanzar los acuerdos parciales restantes, de forma irreversible, en unas pocas semanas.
A partir de la firma del Acuerdo Final de Paz, será la comunidad internacional la que deba coger el relevo de la Mesa de Conversaciones de La Habana. Sin un acompañamiento firme e imparcial de la comunidad internacional, en especial de los países de América Latina y el Caribe y de las Naciones Unidas, será muy difícil verificar el cumplimiento de los acuerdos y acabar con las causas del conflicto. Es imprescindible garantizar un periodo de post acuerdo eficaz, donde la implementación de lo firmado sea una realidad y no se defrauden las expectativas de los colombianos y colombianas, en especial de aquellos que han vivido en primera persona la guerra, generación tras generación, en las zonas rurales del país. Una Colombia en paz abrirá la puerta a la solución de varios problemas mundiales, entre ellos el los cultivos susceptibles de unos ilícito y el narcotráfico o el desplazamiento de población. Colombia es un país dotado de inmensas potencialidades, sin duda la más importante reside en las personas que habitan en él, gente trabajadora y cordial, culta y emprendedora, con una envidiable formación académica y científica. El compromiso de la comunidad internacional con esta paz que viene, tan difícil y generosamente construida entre todas, se verá cumplido cuando portar un pasaporte colombiano sea definitivamente motivo de orgullo y dignidad, nunca más un estigma.
La Comisión Europea afirma que la continuidad futura se tendrá negociar, pero insiste en que hay países no comunitarios que participan
Todos los estudiantes europeos que tienen previsto empezar el próximo septiembre un programa Erasmus en el Reino Unido, así como todos los británicos que lo quieran cursar en un país de la UE, entre ellos España, tienen totalmente garantizado el curso, según ha avanzado la Comisión Europea y el Ministerio de Educación.
Unos 27.000 estudiantes europeos llegan anualmente al Reino Unido, incluyendo 4.000 españoles, dentro del programa europeo de becas movilidad para alumnos y profesores de universidad. La misma garantía de continuidad tienen otros programas educativos de menor entidad, como el Leonardo da Vinci o el Comenius.
En cambio, lo que no está decidido es qué pasará dentro de dos años, cuando se consume la desconexión. “Ahora mismo se abren muchas incertidumbres -admite Carlos Martín, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España- puesto que habrá que negociar tratado por tratado las condiciones de salida”.
En el mismo sentido se pronuncian fuentes del Ministerio de Educación: «El procedimiento de salida del Reino Unido está recogido en el propio tratado de la UE y solo se pondrá en marcha cuando el Gobierno británico lo solicite oficialmente ante las instituciones europeas, algo que no ha sucedido todavía. A partir de ese momento, existe un plazo de dos años para que Reino Unido negocie con la UE los términos y acuerdos de su salida».
En cualquier caso, como recuerda el ministerio, formar parte de la UE no es un requisito indispensable para participar en el programa, pues hay países no comunitarios que han firmado convenios y participan en el programa Erasmus, como Noruega, Islandia, Liechtenstein, la República de Macedonia y Turquía. En estos casos, el país emisor se hace cargo de la beca de su estudiante.
España es el primer emisor y el primer receptor de estudiantes Erasmus de la UE, en ambos casos con unos 40.000 anuales.
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En el mismo sentido se pronuncian fuentes del Ministerio de Educación: «El procedimiento de salida del Reino Unido está recogido en el propio tratado de la UE y solo se pondrá en marcha cuando el Gobierno británico lo solicite oficialmente ante las instituciones europeas, algo que no ha sucedido todavía. A partir de ese momento, existe un plazo de dos años para que Reino Unido negocie con la UE los términos y acuerdos de su salida».
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