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El debate del aborto vuelve a agitar a Colombia

América del sur/Colombia/13 Febrero 2020/elpais.com

La Corte Constitucional estudia una demanda que busca penalizar el aborto incluso en las tres causales permitidas en el país desde 2006

Después de catorce años de ser legal en tres circunstancias, el aborto vuelve a ser un asunto de álgido debate político en la sociedad colombiana. Desde 2006, las mujeres en el país andino pueden acceder al procedimiento de forma segura cuando existe malformación fetal; el embarazo es resultado de violencia sexual o cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para su salud física o mental o para su vida. Sin embargo, una nueva demanda de una ciudadana pide que se revise esa sentencia para volver a la penalización absoluta.

La Sala Plena del la Corte Constitucional deberá emitir un fallo en los próximos días, pero el ambiente se ha caldeado y ahora, congresistas cristianos y afines al uribismo mueven sus fichas para que este asunto no quedé en manos del alto tribunal y en su lugar sea debatido en el Congreso. En paralelo, un caso ha ocupado el debate en la opinión pública. Junto a legisladores del Centro Democrático, el partido de Gobierno, un hombre denunció a su ex pareja por interrumpir su embarazo a los siete meses de gestación. La acusa de homicidio y quiere llevarla a la cárcel. “Aquí hubo un feticidio y duele en el alma, no puede ser que ahora la Corte Constitucional no tome en consideración a los padres”, dijo la senadora Maria del Rosario Guerra, cercana al expresidente Álvaro Uribe, líder indiscutible del Centro Democrático y mentor político del presidente Iván Duque.

Sin embargo, Profamilia, la entidad privada que presta el servicio, certificó que la mujer de 22 años cumplía con una de las causales que permite la ley y por eso realizaron el aborto. “La Corte Constitucional determinó que no hay límites en la edad gestacional para la realización del procedimiento, por lo que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) tienen la obligación de atender en todas las etapas del embarazo”, explicó su directora ejecutiva, Marta Royo. Desde que la entidad envió sus recomendaciones al tribunal para que despenalice totalmente el aborto se desató una campaña en su contra en redes sociales. Y a las afueras de la entidad –que lleva 60 años en Colombia prestando asesoría en salud sexual y reproductiva–, un grupo de la ONG estadounidense Cuarenta días contra el aborto exhibe pancartas contra los magistrados y los médicos de Profamilia.

En este país de tradición católica las condiciones del aborto, al igual que ha ocurrido con otros temas que representan choques de valores, como la eutanasia o el matrimonio y la adopción de parejas del mismo sexo, ha sido motivo de acaloradas controversias. Los avances para reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo, sin embargo, se han producido a golpe de sentencias de los tribunales frente a la inacción del Congreso, y esas condiciones cuentan con sólidos defensores que las enmarcan como un asunto de salud pública.

La alcaldesa de Bogotá pide despenalizar

No solo Profamilia ha recomendado la despenalización del aborto; también la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, del partido progresista Alianza Verde, envió un concepto a través de su secretaría de la mujer. En el documento la mandataria local enumera una serie de barreras a las que se enfrentan las mujeres para acceder a la interrupción voluntaria, pide al tribunal que proteja los derechos alcanzados por las colombianas en las últimas décadas y que despenalice totalmente el aborto. “La estigmatización es uno de los principales obstáculos sociales y culturales que deben enfrentar las mujeres. Por un lado, hay una fuerte discriminación hacia esta práctica y por el otro, sigue prevaleciendo el estereotipo de la maternidad como principal fin de la mujer”, indicó.

A pesar de las tres causales permitidas, en Colombia aún se criminaliza a las mujeres que acceden al procedimiento y existe el delito de aborto que da penas de uno a tres años de cárcel. No solo se enfrentan a investigaciones o viven bajo la amenaza de ser detenidas. De acuerdo con la fiscalía, entre 2005 y 2017 hubo 2.290 mujeres criminalizadas por aborto y de ellas 502 eran menores de edad. “La base de este delito es el menor valor que la sociedad le otorga a la vida de las mujeres que no quieren una maternidad forzada. Es decir, bajo esa lógica las mujeres que no se dejan forzar a la maternidad valen menos y por eso son criminales”, asegura Ana Cristina González, directora de la Mesa por la Vida y la Salud de las mujeres y de Causa Justa, que promueve la despenalización total del aborto. “Hay que aclarar que la despenalización del aborto no conlleva a ninguna mujer a abortar”, agrega.

No existen cifras actualizadas sobre cuántos abortos se realizan en el país. El último dato proviene del Instituto Guttmacher, una organización internacional que aboga por el derecho al aborto, según la cual en 2008 se realizaron 400.000 abortos en Colombia y solo 322 se hicieron dentro del sistema legal. Es decir, la mayoría se da en clínicas clandestinas donde las condiciones pueden llevar a las mujeres a la muerte. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Colombia, entre 2005 y 2017 murieron 828 mujeres por “causa básica de embarazo terminado en aborto”. Solo en 2019 fueron 70 las que perdieron la vida por acceder a abortos en lugares ilegales.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/sociedad/2020/02/12/actualidad/1581544888_385168.html

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Argentina: Parazo docente en Tucumán: Piden cobrar la cláusula gatillo que adeudan Manzur y el PJ

América del sur/Argentina/13 Febrero 2020/https://mst.org.ar

Ante la inacción de los gremios docentes como ATEP y APEM, ambas entidades de base de la CTERA, más AMET, la docencia tucumana se viene auto-convocando desde enero. Para hoy, 13 de febrero cuando debían reintegrarse a las escuelas, desde el sector de ATE Docentes se había llamado a un paro. Pero la fuerza, bronca y determinación de la base es enorme y se agarró de esta convocatoria para realizar un parazo total para cobrar lo adeudado por la cláusula gatillo del 2019, la que el gobierno de Manzur y el PJ insisten en desconocer.

Como excusa, el gobierno dice que no se pagan cláusulas gatillo en otras provincias, cosa que es totalmente falsa. En realidad, Manzur responde a la directiva de Alberto Fernández de no avalar esas cláusulas gatillo por aumentos salariales. Pero esto ya fue firmado por el gobierno en el Acta de la Paritaria del año anterior. Un escándalo y robo que implica varios miles de pesos menos en los bolsillos de maestras, profesores y demás trabajadores de la educación, la salud y el estado.

Por eso hubo también una muy importante movilización a la mañana, con más de 800 docentes. El MST en el FIT-Unidad y otras agrupaciones de izquierda e independientes, impulsamos y participamos activamente de esta lucha. Otros sectores movilizan también a la tarde.

Por el mismo reclamo se viene haciendo un paro y protestas en el sector salud de los hospitales de Tucumán. Es imprescindible un plan de lucha votado y coordinado democráticamente, unificado de docentes, estatales y salud para que se pague la cláusula gatillo y se anule el decreto 1/1 de ajuste, con que el gobierno pretende desconocerla.

Plata para educación y salario, no para la deuda y el Fondo Monetario. Anular los millonarios subsidios a la Iglesia Católica y la enseñanza privada para destinarlo a la educación pública. Basta de privilegios. Que Manzur, su ministro de Educación, funcionarios políticos, jueces y legisladores cobren como una maestra. O ganemos todes como un diputado.

La lucha continúa y se resuelve en asambleas. La conducción Celeste de CTERA debe exigir al gobierno de Alberto Fernández que aporte para resolver esta crisis. Y convocar a acciones en solidaridad en todas las provincias. Así no iniciamos este 2020, sin aumento de salarios y presupuesto no están dadas las condiciones básicas y mínimas para aspirar a una educación de calidad.

Alternativa Docente, Tucumán

ANCLA, Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática

MST en el Frente de Izquierda-Unidad

Fuente e imagen tomadas de: https://mst.org.ar/2020/02/13/parazo-docente-y-movilizacion-en-tucuman-piden-cobrar-la-clausula-gatillo-que-adeudan-manzur-y-el-pj/

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Científicas africanas emergentes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

África/13 Febrero 2020/elpais.com

La ingeniera ghanesa Larisa Akrofie lidera una iniciativa, Levers in Heels, que da visibilidad y apoyo a las africanas destacadas en los sectores más científicos, los llamados STEM

Larisa Akrofie comienza todas sus charlas recordando que fue una de las cuatro alumnas de una clase de cuarenta estudiantes de ingeniería en la Universidad de Ghana y mostrando orgullosamente los retratos de sus tres colegas y de ella misma. Así lo hizo también el pasado 21 de enero en unas jornadas sobre biomedicina organizadas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Casa África, donde desgranó su labor de los últimos siete años en el proyecto que constituye la pasión de su vida: Levers in Heels (Palancas en los Tacones), operativo desde 2013 y en plena y boyante expansión.

Esta iniciativa se encarna en una plataforma digital que destaca, a través de entrevistas y artículos, a las africanas emergentes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (áreas STEM). Akrofie, ingeniera biomédica y activista, enfatizó entonces (y como siempre) la importancia de favorecer la visibilidad de las mujeres en este sector, para así influir en las chicas jóvenes y animarlas a seguir carreras de este tipo presentándoles modelos, opciones de guía y acompañamiento y redes en las que apoyarse y compartir camino. Básicamente, Larisa Akrofie aspira a que las presentes y futuras promociones de licenciados en ciencias en su país (y el continente africano) se trufen de rostros de mujeres.

«Nuestra misión es dar voz a las africanas en las áreas STEM, examinar desde todos los ángulos las barreras a las que esas mujeres se enfrentan en sus respectivos países y amplificar sus logros para inspirar y empoderar a nuestra audiencia global, particularmente a la próxima generación de líderes africanas de las áreas STEM», razona Akrofie en cada nueva presentación en la que se embarca.

Su testimonio es simple y efectivo. Apunta hacia la pantalla en la que se despliega su powerpoint para mostrar a la audiencia una sucesión de retratos sonrientes de un puñado de científicas que forman parte de su plataforma, acompañados de una breve presentación, apenas una frase, que las describe: «Esther Ngumbi, una de las afamadas entomólogas de Kenia y New Voices Fellow», «Samira Ali, técnico piloto de un vehículo operado remotamente de Ghana, actualmente trabajando en la industria del petróleo y el gas», «Lucy Quist, la primera ghanesa en liderar como CEO una multinacional de las telecomunicaciones en Ghana (además de ingeniera eléctrica y electrónica)», «Nneile Nkholise, fundadora y directora del iMED Tech Group, una empresa sudafricana que usa tecnologías de fabricación aditiva para diseñar  prótesis de pechos y faciales destinadas a víctimas de cáncer y quemaduras»,… Y la lista sigue.

Entre los retratos de mujeres posando con elegancia en solitario, surgen los de la keniana Judith Owigar (cofundadora y directora de operaciones de Akirachix) estrechando la mano de Barack Obama y la nigeriana Adeola Olubamiji haciendo lo propio con la del rector de la Universidad de Saskatchewan, en Canadá, donde se ha convertido en la primera persona africana en lograr un doctorado en Ingeniería Biomédica. La doctora Zanetor Agyeman-Rawlings, también parlamentaria, aparece ocupada entre sus pacientes y la ingeniera eléctrica y electrónica Precious Kaijuka sonríe inclinada sobre un prototipo parte de su investigación para mejorar el sistema ferroviario.

Zanetor Agyeman-Rawlings.
Zanetor Agyeman-Rawlings. ZANETOR AGYEMAN-RAWLINGS

Akrofie no tiene tiempo de mostrarlas a todas. Levers in Heels continúa expandiendo su base de datos y extendiendo tentáculos de solidaridad por todo el continente africano. Recibió el premio al mejor nuevo blog en el Blogcamp de Ghana en 2014 y ya atesora entrevistas a más de un centenar de mujeres y cuenta con unas 5.000 abonadas, muchas de ellas jóvenes. Entre los perfiles que exhibe con orgullo hay biólogas, programadoras, matemáticas, físicas, farmacéuticas, nutricionistas, epidemiólogas, neurocirujanas, genetistas. Profesionales que luchan contra la malaria, descubren los secretos de las plantas medicinales, la emprendeduría social, el urbanismo o la energía nuclear.

A Larisa Akrofie no se le borra la sonrisa cuando menciona los desafíos y problemas. No le gusta cargar las tintas en la parte más sombría de la investigación hecha por las mujeres, pero es necesario admitir que, aunque brillante, la representación femenina en el mundo del STEM es minoritaria. En África y aquí. También es necesario señalar que la familia y las tareas del hogar ejercen de carga extra en las espaldas y las mentes de esas mujeres, lastrando en ocasiones su progreso. Finalmente, hay que apuntar que luchan por hacerse ver en un entorno mayoritariamente masculino, competitivo, donde la cultura de los cuidados y la conciliación familiar parecen conceptos alienígenas. Todas estas cuestiones ya surgieron en eventos anteriores con mujeres canarias del sector STEM o alrededor del tema de las mujeres y la ciencia, tendiendo puentes de entendimiento y solidaridad entre científicas de diferentes ámbitos y países, pero que chocan con los mismos techos y muros.

La presentación de Akrofie concluye siempre afirmando que «las mujeres africanas han avanzado mucho en los campos de STEM, pero sus logros no se tienen en cuenta». «Estas mujeres son necesarias, hoy más que nunca, para compartir sus historias, contribuciones y luchas, para inspirar a las niñas a convertirse en la próxima generación de líderes STEM», declara, convencida. Ella misma es toda una inspiración hoy, parte del listado de los 50 jóvenes ghaneses más influyentes con otros cuatro compañeros en el sector de la ciencia y la tecnología. Evidentemente, esos cuatro compañeros son todos hombres.

Fuente e imagen tomadas de:https://elpais.com/elpais/2020/02/11/africa_no_es_un_pais/1581380951_099536.html

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España: Coto al ciberacoso. Prohibido el uso del móvil en el recreo del colegio

Europa/España/13 Febrero 2020/elpais.com

La Comunidad de Madrid anuncia esta iniciativa que trata de erradicar el ‘bullying’ en los centros educativos

Nada de móviles. Ni en clase ni en el recreo. La Comunidad de Madrid ha localizado un problema grave en los centros educativos y está decidida a erradicarlo. Anunció en diciembre que los estudiantes no podrían entrar en clase con sus teléfonos y este miércoles anunció que llevará también la decisión fuera de las aulas. La iniciativa requiere la modificación del decreto de convivencia 32/2019 de 9 de abril y estará en vigor el próximo curso escolar. Los centros, dentro de su autonomía y capacidad de gestión, serán los encargados de aplicar esta medida.

La Administración regional trabaja desde el inicio de la legislatura en la limitación del uso de teléfonos móviles en centros educativos, excepto en aquellos casos que el uso esté previsto en el proyecto educativo para alumnos que los necesiten por razones de salud o discapacidad. “Se trata de un compromiso con el uso responsable de las nuevas tecnologías encaminado a la mejora de los resultados académicos de los alumnos, especialmente de los que tienen mayores dificultades para el estudio y lucha contra el ciberacoso y el bullying”, explicaron fuentes de la Consejería de Educación.

Según el Instituto Nacional de Estadística, la mitad de los niños de 11 años tiene teléfono móvil, el 75% de los de 12 años y, a partir de los 15 años, el 94%. El estudio Seguridad y privacidad en el uso de los servicios móviles por los menores españoles realizado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación y la empresa de telecomunicaciones Orange revela que el 88,6% realiza fotografías con su teléfono y un 48,2% las envía a sus contactos. El 11,5% ha accedido a imágenes de peleas con personas del entorno.

Fuente: https://elpais.com/ccaa/2020/02/12/madrid/1581537585_840104.html

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El negocio de la educación (ii parte). 35 años de leyes para privatizar las aulas: de la lode a la lomce.

Por: Daniel Sánchez Caballero

España no ha sido ajena a la mercantilización generalizada de la educación, pero lo ha hecho a partir de conceptos propios como “libertad de elección” y una regulación que ha atraído a grandes fondos de inversión.

Todo gira, básicamente, en torno a dos conceptos: “Libertad de elección” y, más recientemente, “evaluaciones estandarizadas”. España no ha sido ajena a la corriente mercantilizadora que se vive en el mundo desde finales del S.XX, pero lo ha hecho a su estilo.

El traspaso de fondos públicos a instituciones privadas y el desembarco en la educación de una lógica de “cuasimercado” empezó en 1985, cuando el Gobierno de Felipe González creó la escuela concertada con la LODE y decidió pagar a centros privados para que se integraran en la red pública.

En su momento la medida se justificó porque se ampliaba la educación obligatoria desde los 14 a los 16 años y no había colegios suficientes para acoger a este nuevo estudiantado. Pero desde entonces esta partida no ha hecho más que crecer (se ha multiplicado al menos por dos desde 1992, teniendo en cuenta la inflación) y la normativa ha ido reforzando los conciertos hasta culminar con la LOMCE, la actual ley, que llegó a blindar el pago a centros que segregaran por sexo.

La todavía vigente LOMCE ha sido el intento más obvio de desarrollar esta apuesta por hacer negocio con la educación en España. Y para entender la LOMCE hay que mirar a un sector no tan activo en España, pero muy habitual en otras coordenadas: los lobbies, y en concreto FAES, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales del PP.

“El think tank FAES es el actor que está ejerciendo especial protagonismo en el diseño y la defensa de nuevas políticas neoliberales en el ámbito educativo”, escribió Geo Saura, profesor de la Universidad de Barcelona, en el estudio Think tanks y educación. Neoliberalismo de FAES en la LOCME.

“Desde su comienzo, FAES ha ido generando narrativas para reformar el sistema educativo desde una vertiente ideológica y práctica del neoliberalismo”, comenta Saura. “Los ejes centrales han sido la elaboración de discursos en los que se aboga por ofrecer libertad de elección de centro a las familias y modificar los roles que debe ocupar el Estado en el control de la educación”.

Francisco López Rupérez, uno de sus más ilustres miembros en cuestiones educativas, escribió en 2003 que la educación estaba afectada por la “enfermedad de lo público”. Enfermedad que se curaba con mecanismos de privatización. Pedro Schwartz, otro de los ideólogos de cabecera de FAES, definió en 2008 el sistema de distribución de alumnado como “soviético centralizador” y que no promovía la libertad de elección familiar.

Cinco años más tarde de las palabras de Schwartz teníamos la LOMCE, que ya en su artículo 1 cambiaba todo el corpus legal educativo histórico al cambiar la garantía de plazas escolares para todos: ahora podrían ser públicas, como siempre, o privadas concertadas, según decidieran los padres y reclamara la “demanda social”, un término lo suficientemente ambiguo como para recoger muchas cosas.

La otra pata de la mercantilización educativa, previa a la LOMCE pero consolidada en esta, son las famosas evaluaciones estandarizadas. “Son el instrumento esencial para posibilitar las políticas de privatización encubierta de cuasimercados, rendición de cuentas y gestión de resultados”, analiza Saura. Durante un tiempo se llegaron a publicar clasificaciones de colegios en la prensa. Los colegios competían entre sí y los padres elegían al mejor, en una maniobra que ahondó en la situación inversa: al final son los colegios privados-concertados los que eligen a sus alumnos mediante diferentes artimañas.

Un poco de historia

La LOMCE fue la culminación, pero tampoco surgió de la nada. La situación venía de atrás. Empieza con la LODE, en 1985, que asimila los privados en el sistema a través de los conciertos. “La LODE establece el inicio del cuasimercado educativo español distinguiendo entre colegios privados, privados-concertados y públicos para posibilitar la elección a las familias”, explica Saura. Los colegios tenían que competir por el alumnado.

La LOGSE trae cosas positivas, cuenta Beatriz Quirós, catedrática de instituto jubilada que ha estudiado la materia y publicado diversos estudios al respecto. Pero también abrió la puerta al reglamentarismo y a las desigualdades académicas. En el 95 se pone en marcha la LOPEG, que dibuja el marco legal para la entrada de la privatización del sistema educativo y profesionaliza la dirección de los centros, quitando a los Consejos Escolares la capacidad de decisión que tenían en favor de los directores.

La LOCE del PP, en 2002, ya introduce el neoliberalismo sin ambages: “Cultura del esfuerzo”, jerarquización de los centros escolares, que compiten entre sí… De esta norma los expertos destacan que se centró en la figura de la dirección de los centros, “otorgándole a la figura una toma de decisiones propias de planteamientos gerenciales”, cuenta Saura. Nunca entró en vigor porque llegó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobó la LOE, pero el camino ya estaba marcado.

“La LOE debería haber supuesto un freno a las políticas neoliberales, pero no lo hace. Se aplica la estrategia de Lisboa, no hay medidas para mantener el personal en los centros, se introducen las competencias básicas, las evaluaciones de diagnóstico, se filtran clasificaciones de colegios, empieza el gusanillo de PISA, hay que quedar bien colocado… Calan esas ideas y se pervierte la educación”, explica Quirós.

En paralelo, y al calor de la crisis de 2008, en España empiezan a recortarse los presupuestos. La administración dedica hoy a la Educación exactamente el mismo dinero que invertía en 2007, unos 47.500 millones de euros en total. Pero la escuela privada concertada, en manos de la Iglesia en su mayoría, recibe un 25% de fondos públicos más que entonces.

Con este panorama, son las familias quienes compensan este estancamiento en el gasto público en busca del mejor futuro para sus hijos: su gasto educativo ha subido casi un 50% en esa misma década, pasando de 8.700 millones de euros al año en 2007 a 12.300 diez años después.

En el mundo se siguió una tendencia parecida. Por seguir con la misma referencia temporal, los países invertían de media el 4,41% de su PIB en Educación en 2007. Una década más tarde ese porcentaje era del 4,67% de su PIB en Educación, una subida del 5%. Pero el PIB ha subido en el mismo periodo cerca de un 30%, al pasar de unos 60.000 miles de millones de euros a unos 80.000.

La escuela que segrega

Esta mercantilización de la educación está modelando una escuela más sectaria, menos social y que poco a poco va perdiendo el papel de ascensor social que sí ha llegado a ejercer. Lo dicen los profesores, que lo ven, y lo dice la estadística.

En España, el 69% de los hijos de familias con estudios superiores irá a la universidad mientras que el 56% de los descendientes de familias que no pasaron de la secundaria obligatoria (16 años) se quedarán en el mismo punto, según datos de la OCDE. Más: los descendientes del 20% de las familias más pobres necesitarán cuatro generaciones enteras para alcanzar el nivel de vida medio en el país.

La segregación campa por las escuelas. Los ricos van a clase con los ricos a la escuela privada (concertada o no) y los pobres con los pobres a la pública. Lo dice la Fundación BBVA en el informe Diferencias educativas regionales 2000-2016, lo escribió el profesor de la UAM Javier Murillo en un detallado estudio que colocaba a España como el sexto país que más segrega de Europa y a Madrid –laboratorio educativo del PP durante todo el principio del siglo XXI– como la región puntera en este apartado en Europa.

Esta distribución del alumnado tiene sus consecuencias: mejores colegios, mejores compañeros, mejores notas, mejores estudios, mejores trabajos. Esto es una cadena, está estudiado que funciona así (hablando de grandes grupos, los individuos se pueden salir de esta lógica). Si tus padres estudiaron y tienen libros en casa, más opciones tendrás tú de seguir su camino.

Y llegaron los másteres

La llegada de Bolonia supuso una especie de confirmación de estas tendencias. Fuera su intención o no, el desembarco del espacio superior de educación europeo en España (el conocido como plan Bolonia) en el curso 2008-2009 tuvo al menos un doble efecto: los másteres pasaron a ser parte fundamental de los estudios (cuestan el doble o triple que un grado) y como consecuencia las universidades se encontraron con una nueva entrada de ingresos privados. Bolonia cambió la estructura de los estudios universitarios para proponer, con carácter general, carreras más cortas (y más genéricas) que idealmente se completan con un máster para la formación específica.

Alumnos de máster en las universidades privadas.

El individualismo aspiracional con el que bombardea el capitalismo neoliberal lleva a una frenética carrera por llegar a los mejores empleos (o al menos los más remunerados). Estudiar se convierte en obligatorio por el mercado, de manera que ya se ofrecen más másteres (3.540 el último curso) que grados (2.854). Haz un máster. Haz otro. Y los hacemos: en diez años el número de alumnos de posgrados se ha cuadruplicado, multiplicando los 50.000 que hicieron uno el curso que se implantó Bolonia hasta los más de 200.000 del pasado año, según datos de Educación. Antes, uno de cada 25 estudiantes hacía un posgrado. Ahora es uno de cada seis y medio.

Y no son precisamente baratos. Además, la llegada de esta creciente fuente de ingresos para las universidades coincidió en el tiempo con el recorte a la financiación pública que impulsó Rajoy cuando empezó la crisis. Son las universidades privadas las que cada vez más están recogiendo ese pastel: han pasado de tener uno de cada seis alumnos de máster a uno de cada tres en diez años. Y subiendo.

Pero el mercado laboral dual que se está conformando (unos cuantos trabajos bien remunerados arriba, una mayoría de empleos que no requieren de demasiada formación) no es capaz de absorber a todos estos estudiantes formados y el resultado es que España el país de Europa con más universitarios en trabajos que no necesitan esa cualificación. Somos campeones en sobrecualificación: uno de cada tres empleados ha estudiado bastante más de lo que exige su puesto. Por el camino, miles de euros gastados en una formación que quizá no se utilice nunca.

Compraventa de colegios y universidades

La evolución de estas ideas y del propio mercado ha llevado a la creación de un sector educativo de dimensiones a considerar. La Educación mueve mucho dinero. Pese a los recortes, las cifras siguen siendo golosas. Los países de la UE gastaron 716.000 millones de euros en Educación en 2015, a lo que habría que sumar el gasto privado, que solo en España fueron más de 12.000 millones de euros el pasado año. Y esta partida –la de las familias–, al contrario que las públicas, solo sube.

Porque todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos. Los padres no escatiman, dentro de sus posibilidades. Los Gobiernos gastan en escuelas, en profesores, en equipamiento, tanto hardware como software. Las tecnológicas pelean por coger su trozo del pastel. Google, IBM, HP y muchos otros gigantes han saltado de lleno al sector ofreciendo recursos, en forma de maquinaria o programas, conocedores de que meter el pie en el sector solo puede traer buenas noticias. Las start-ups crecen como setas. Solo el pasado año el sector tecnológico movió unos 6.500 millones de euros en todo el mundo.

Ejemplos de este negocio en torno a la educación se pueden observar en España en todos los niveles educativos. En educación obligatoria sirva el ejemplo de los colegios Laude, un grupo compuesto por diez centros privados repartidos por el país. En 2006, los fondos Dinamia y N+1 compraron cinco colegios en una operación que se cerró por unos 18 millones de euros, según contaba la prensa entonces. El “tamaño” y el “crecimiento sólido del mercado” se citaban como puntales para una buena inversión.

El grupo fue creciendo con la compra de más centros hasta que en 2014, tras una inversión total de 35 millones, se vendió por entre 35 y 45 millones de euros al gigante International School Partnership (ISP), cuyo principal accionista es Partners Group, la firma de capital riesgo más grande de Suiza. A día de hoy, el grupo Colegios Laude SL es el segundo más grande del sector con una facturación anual de 46,8 millones de euros en 2017 y un resultado de explotación de 3,6 millones de euros.

Al menos, siempre quedarán las competencias y la satisfacción de tener una escuela “eficiente” que dé “empleabilidad” a los jóvenes. Pero, se preguntan los expertos, ¿es la “empleabilidad” una garantía de empleo por sí misma?

Fuente e imagen tomadas de: https://insurgenciamagisterial.com/el-negocio-de-la-educacion-ii-parte-35-anos-de-leyes-para-privatizar-las-aulas-de-la-lode-a-la-lomce/

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Camille chalmers: “gobierno, usaid y escuelas religiosas son los principales actores de la privatización educativa en haití”

Entrevista/13 Febrero 2020/Autora: Thais Lervolino

En entrevista a la CLADE, el activista y profesor haitiano analiza los contextos y características de la privatización, la mercantilización y del lucro en la educación en el país.

En Haití, país donde el 84% del sistema educativo es formado por escuelas privadas, defender una educación pública y gratuita para todas las personas es uno de los retos más grandes en la lucha por la realización de los derechos humanos en el ámbito nacional.

La CLADE conversó con Camille Chalmers, uno de los representantes de esta lucha, para conocer mejor cómo se da la mercantilización y el lucro en la educación haitiana y cómo la sociedad civil ha resistido a este proceso.

Camille Chalmers es profesor representante de la Plataforma para un Desarrollo Alternativo (PAPDA) e integrante de la red Jubileo Sur/Américas. Durante el diálogo, Camille Chalmers expuso la vulnerabilidad en relación a las leyes y la reglamentación existentes en el país, respecto al sistema educativo privado.

“Hay una ley, cuyo proyecto quedó 10 años en el parlamento, y que fue publicada hace un año y medio. Esta norma realmente prohíbe un aumento abusivo de los gastos reclamados a las y los estudiantes, por el sector privado, pero no hay ningún instrumento legal que regule realmente la actividad educativa en términos de prohibir la mercantilización”, explicó.

Lee a continuación la entrevista completa.

¿Existe alguna legislación nacional que prohíbe o restringe el lucro en la educación?

Camille Chalmers: Por supuesto, existen disposiciones constitucionales que aseguran el acceso gratuito a la educación, pero dentro de los programas neoliberales, han inventado un organismo que reúne las escuelas privadas y, seguramente, están preparando todo un contexto legal para favorecer la privatización y mantener lo que ya han conquistado: el 84% del sistema educativo nacional es de escuelas privadas.

Existe también el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue ratificado por el gobierno haitiano, y por lo tanto, tiene fuerza de ley.

Este pacto ofrece provisiones para avanzar hacia la prohibición del lucro en actividades educativas, y hacia la previsión del acceso universal libre y equitativo a los servicios educativos.

“Existen disposiciones constitucionales que aseguran el acceso gratuito a la educación, pero dentro de los programas neoliberales han inventado un organismo que reúne las escuelas privadas y, seguramente, están preparando todo un contexto legal para favorecer la privatización y mantener lo que ya han conquistado: el 84% del sistema educativo nacional es de escuelas privadas”

¿Cómo se da el lucro en la educación de Haití? 

Camille Chalmers: La privatización de la educación aquí hace parte de un plan global neoliberal, que ya avanzó bastante. Hay una ley nacional [la llamada Ley de Tasas Escolares] que fue publicada recientemente, y trata de regular el aumento de los gastos reclamados a las y los estudiantes por el sector privado, pero todavía no se está aplicando realmente esta norma. Sin embargo, la ley abre posibilidad para la creación de reglamentos interesantes en términos de prohibir el lucro en la educación.

El proyecto de la Ley de Tasas Escolares quedó 10 años en el parlamento, hasta que finalmente la ley fue publicada, hace un año y medio. Esta norma realmente prohíbe un aumento abusivo de los gastos reclamados a las y los estudiantes, por el sector privado, pero no hay ningún instrumento legal que regule realmente la actividad educativa en términos de prohibir la mercantilización.


Respecto a la definición de las legislaciones en Haití, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante?

Camille Chalmers: Los actores más importantes en este sentido, en la coyuntura actual, son los sindicatos de profesores y educadores, que tienen un peso importante en la lucha democrática global y, cuando están debidamente informados y sensibilizados, pueden jugar un papel determinante en la presión sobre el Estado y la Asamblea Legislativa.


¿Qué actores han sido los responsables por impulsar el lucro en la educación en Haití?

Camille Chalmers: El gobierno, la USAID, que es muy activa y apoya la asociación de escuelas privadas, y sobretodo las escuelas religiosas, protestantes. La asociación de directores de escuelas privadas y también este frente de educadores protestantes tienen mucho financiamiento directo del gobierno de Estados Unidos, de la USAID.

Estos actores están presionando hacia la privatización de la educación y para mantener el estado negativo que tenemos en este momento.


La definición de ‘organizaciones sin fines de lucro’ varía según el país, siendo a menudo un nombramiento jurídico establecido por las propias organizaciones. En Haití, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia en relación a su nomenclatura?

Camille Chalmers: En Haití no existe una ley general sobre asociaciones que permitiría definir muy claramente qué es un organismo sin fines de lucro. Llevamos a cabo, hace muchos años, una lucha para tener una legislación general que regule, defina y estabilice el sector de las asociaciones, pero no existe todavía.

Lo que existe son textos legislativos antiguos que fueron adoptados durante la dictadura de [François ] Duvalier, y son represivas. No son aplicables porque fueron adoptadas en un contexto legal totalmente distinto al que tenemos ahora. Hay, entonces, una situación de vacío legal, donde realmente no se define lo que es un organismo sin fines de lucro.

“Llevamos a cabo, hace muchos años, una lucha para tener una legislación general que regule, defina y estabilice el sector de las asociaciones, pero no existe todavía”

Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿qué ajustes o mejoras se debería hacer para consolidar la educación como un derecho humano fundamental?

Camille Chalmers: Es una lucha que tenemos que impulsar. La Asamblea actual es una legislatura muy reaccionaria y conservadora, controlada por el gobierno y el PHTK [Haitian Tèt Kale – partido político], que no tiene ninguna sensibilidad social y no está de acuerdo en aplicar medidas para la universalización del acceso a la educación.

Como estamos en un período de crisis política profunda y de crisis institucional, que probablemente deben retrasar el proceso electoral para la próxima legislatura, esperamos que mientras tanto surjan organismos más sensibles a este tipo de cuestiones. Nos mantenemos en la lucha contra la orientación neoliberal y contra la privatización de los servicios básicos y también contra el hecho de que están quitando cada vez más las competencias del Estado para transferirlas al sector privado.

Es una lucha que llevamos a cabo hace muchos años, y que seguiremos impulsando. Por supuesto, aprovecharemos la transición política para enfatizar estas demandas.

¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la educación pública y gratuita?

Camille Chalmers: Creo que hay que hacer una campaña global, que abarque la sensibilización de la opinión pública, pero también otros aspectos. En Haití, la gente cree mucho en la educación e invierte mucho en este derecho. Más del 60% de los ingresos educativos es asegurado por la gente directamente.

Se necesita una campaña global hacia la sociedad, que promueva la presión y recomendaciones, así como la preparación de instrumentos legales nuevos en interlocución con el Ejecutivo y con el Parlamento. Hay también todo un trabajo a hacer directamente con las organizaciones gremiales del sector educativo.

Pensando en los sindicatos de los profesores y también en algunas asociaciones de directores de escuelas, creo que hay todo un trabajo por hacer con ellos directamente, para darle legitimidad a los nuevos instrumentos legales que permiten asegurar un acceso universal a la educación pública de calidad.

“Se necesita una campaña global hacia la sociedad, que promueva la presión y recomendaciones, así como la preparación de instrumentos legales nuevos en interlocución con el Ejecutivo y con el Parlamento”

¿Le gustaría añadir otras informaciones?

Camille Chalmers: Es importante modificar los compromisos internacionales firmados por el Estado haitiano, los cuales a veces condicionan e impulsan la mercantilización de la educación pública.

Por ejemplo, el acuerdo que la Unión Europea acaba de firmar con Haití tiene provisiones muy estrictas sobre lo que llaman de servicios educativos, y favorece la tramitación de las transnacionales europeas en la educación nacional, sobretodo en el campo de la investigación y la educación superior.

Así, es muy importante que tengamos en la tradición política que se abre la posibilidad de modificar los compromisos tomados, para realmente generar las condiciones favorables a la creación de un plan educativo nacional global, autónomo y soberano, pero también para limitar todo lo que se haga contra la soberanía del país.

Fuente: https://insurgenciamagisterial.com/camille-chalmers-gobierno-usaid-y-escuelas-religiosas-son-los-principales-actores-de-la-privatizacion-educativa-en-haiti/

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España: La reforma de selectividad se aplaza y cada autonomía corregirá a su manera

Europa/España/13 Febrero 2020/elpais.com

La comisión no ha llegado a reunirse por el parón electoral. No se han unificado los criterios de corrección de las materias obligatorias

Al menos habrá que esperar un curso para que se unifiquen criterios para corregir la selectividad, una prueba de acceso a la universidad dispar en España y que marca el futuro laboral de quienes se presentan. Finalmente el Gobierno, que se comprometió el pasado julio a una reforma del selectivo, no ha llegado a convocar a las partes a una serie de reuniones. A ellas iban a acudir representantes de las autonomías —encargadas de elaborar y corregir las pruebas según sus propios temarios—, los ministerios implicados (Universidades y Educación), los estudiantes y los rectores.

Fuentes del Ministerio de Educación explican que se ha retrasado todo el proceso por el parón electoral y la formación del nuevo Gobierno. El primer encuentro de la comisión técnica tenía que haberse celebrado a mediados de noviembre y ni siquiera las partes fueron convocadas, cuenta Laura Alcaide, de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP).

Nota media de los aprobados en 2014 y 2018

Fase general de la Selectividad (convocatoria ordinaria)

2014

2018

7,50

7,64

Extremadura

Canarias

Murcia

Aragón

País Vasco

Castilla y León

Cantabria

Madrid

La Rioja

Andalucía

Navarra

MEDIA NACIONAL

Asturias

Castilla-La Mancha

Com. Valenciana

Cataluña

Galicia

Baleares

7,60

7,60

7,29

7,50

7,21

7,43

7,30

7,40

7,04

7,36

7,20

7,36

7,17

7,35

7,19

7,32

7,22

7,31

7,00

7,30

7,16

7,28

7,20

7,25

7,10

7,22

7,02

7,20

7,06

7,13

6,95

7,06

6,84

6,99

Fuente: Ministerio de Universidades

EL PAÍS

El Gobierno no puede unificar los contenidos de la selectividad porque las regiones tienen autonomía en la redacción de parte del temario, pero pretende al menos homogeneizar lo que se pregunta y la forma de corregir en las tres asignaturas obligatorias (de las que todos deben de examinarse) —Lengua y Literatura Española, Historia de España y primera Lengua Extranjera— y la indispensable de cada rama —Matemáticas (Ciencias), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (Sociales), Latín (Humanidades) o Fundamentos de Arte (Artes)—. «Nosotros más que homogeneizar, lo que queremos es que se establezca un nivel mínimo de exigencia en todas las comunidades y no disparidades en los exámenes», argumenta Alcaide. «Hemos estudiado exámenes y hemos visto irregularidades. Los hay muy genéricos y otros de preguntas muy específicas», prosigue la portavoz de CREUP.

Al Ejecutivo le preocupa también la heterogeneidad al penalizar las faltas de ortografía, como ocurre en las oposiciones a maestro o profesor de secundaria. La polémica de la selectividad se arrastra desde hace un lustro porque la carrera por conseguir plaza en las carreras más demandadas (Medicina, Fisioterapia o el doble grado de Matemáticas y Física) cada vez es más competitiva y las comunidades que cada año puntúan más alto a sus alumnos no se corresponden con las que logran los mejores resultados en las pruebas PISA. Pero la mecha prendió con intensidad en 2018, cuando el consejero de Castilla y León aseguró que “en algunas comunidades las notas de los chicos” están “hinchadas” y que algunas pruebas en esas autonomías eran más fáciles.

Los socialistas y las universidades se resistieron a abordar la polémica, que consideraban estéril. “Sacar el tema de la selectividad es meter ruido al sistema. Son ganas de crear mayor crispación”, aseguró José Carlos Gómez Villamandos, el presidente de la conferencia de rectores (CRUE), en una entrevista en EL PAÍS. Pero, como cada año, en 2019 estalló la enésima oleada de indignación por unos exámenes presuntamente de gran complejidad. En Madrid los docentes de bachillerato denunciaron que la prueba de Dibujo Técnico no respetaba “los principios de igualdad, mérito y capacidad” de la evaluación”, mientras en la Comunidad Valenciana la nota media en Matemáticas fue un 4,5 y los estudiantes recabaron 45.000 firmas en contra del examen. Con esos mimbres, el Gobierno anunció que se revisaría el sistema.

Mejores y peores notas

Los aprobados en Extremadura obtuvieron en 2018 —los últimos datos conocidos— una nota en la fase general de 7,64, frente a la media nacional de 7,28. Extremadura es la tercera región con peor puntuación de España en Matemáticas y Ciencias en PISA. Y le sigue en la clasificación de mejores notas Canarias, la peor en los dos exámenes de la OCDE, que puntuó en 2018 a sus estudiantes con un 7,60 en selectividad. Estas calificaciones más brillantes les permitieron ocupar plaza en grados muy solicitados en otras regiones.  La diferencia entre la comunidad con mejores notas (Extremadura 7,64) y la que menos (Baleares, 6,99) no llega a un punto pero, sin embargo, las centésimas marcan la diferencia para entrar o no a una carrera.

Cristina Rueda, catedrática de Bioestadística de la Universidad de Valladolid, se indigna de que en su clase en Medicina no haya muchos alumnos de su comunidad, Castilla y León, pese a ser la que obtiene mejores resultados en PISA, a la altura de Finlandia. Por eso ha analizado los resultados de forma pormenorizada. La diferencia más evidente se da entre las calificaciones sobresalientes. Un 23% de los bachilleres canarios logró en 2015 una media de entre el 9 y el 10 en la selectividad, frente al 6,16 de Navarra. De forma, subraya Rueda, que ese año un alumno de Canarias tenía tres veces más opciones que un navarro para ingresar en una facultad de Medicina y dos veces la de un castellanoleonés.

“Es un disparate que existan 17 accesos distintos a la universidad. Mientras haya 17 sistemas educativos diferentes [el número de comunidades autónomas] esto no tiene solución. ¿Alguien imagina 17 exámenes del MIR diferentes? Es inimaginable fuera de España”, se enoja Rueda. La catedrática Rueda considera que lo único que se puede hacer es asignar el mismo porcentaje de plazas a cada comunidad acorde a su población. “La forma de ponerse las pilas de Castilla y León ha sido poner notas más altas y esa no es la solución, porque si te dedicas a poner dieces a todos perjudicas a tus mejores alumnos”. En la nota global se hace la media entre las notas del bachillerato puestas por los colegios y la puntuación de selectividad.

Las cifras dan la razón a Rueda. Dieciséis de las 17 autonomías —Baleares no— han aumentado ligeramente sus notas medias. Los que aprueban en junio han pasado de lograr una media de 7,16 a 7,28, una diferencia determinante en plazas muy disputadas. Además de esta prueba general de asignaturas obligatorias, los alumnos que quieren optar a grados muy reñidos se presentan a un máximo de cuatro exámenes de materias optativas y se puntúa hasta 14, no 10.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, que este lunes se reunió con los consejeros del ramo de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, no quiso en rueda de prensa avanzar sus planes respecto de la reforma de la prueba de acceso a la Universidad. Enrique Ossorio, el consejero madrileño, aprovechó para pedir una única selectividad común a todas las comunidades autónomas, algo inviable con el actual sistema educativo y que persiguen PP y Ciudadanos. El ultraderechista Vox va más allá y reclama un único sistema común a todos.

Fuente: https://elpais.com/sociedad/2020/02/10/actualidad/1581336852_880580.html

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