Pienso en la Humanidad, así con mayúsculas, como un ideal fallido.
Debieron suceder muchos asesinatos, innumerables abusos y millones de violaciones de niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas para que los medios de prensa comenzara a ceder sus privilegiados espacios a una de las mayores amenazas contra la vida y la integridad de más de la mitad de la población del continente. No era noticia. De hecho, la violencia intrafamiliar y las violaciones sexuales se consideraron, hasta hace pocos años, “un asunto privado” en el cual nadie tenía por qué intervenir.
Sin embargo y aun cuando se reconoce el gran valor de la apertura de esta línea noticiosa y de investigación, se observa un enfoque estereotipado en la forma -y patriarcal en el fondo- cuya perspectiva retrógrada se consolida por medio de un lenguaje ambiguo y la perenne sombra de sospecha sobre las víctimas como las primeras responsables de su propio drama.
Es decir, si las adolescentes descuartizadas no se hubieran ido de paseo al puerto…. Si Cristina hubiera denunciado a tiempo… Si la niña violada por su padrastro desde los 4 años hubiera hablado… Es decir, no se pone el dedo sobre el hechor sino sobre la víctima, una y otra vez no solo revictimizándola, sino transformando la violencia feminicida en una manifestación casi normal aunque perversa de la sociedad. Por lo tanto el mensaje oculto en este imaginario construido desde un sistema machista es: Mejor tomar precauciones y no exponerse. Ser casta y sumisa para no provocar. Anularse para no sobresalir.
¿Qué clase de humanos somos? ¿Este retroceso será otra Era de Extinción como la que acabó con los dinosaurios? ¿Dejamos asesinar a nuestras niñas como una ofrenda a alguna divinidad maldita? Porque hasta estas fechas avanzadas del siglo todavía se prohíbe a las mujeres salir libremente a las calles, disfrutar de un momento de esparcimiento en un sitio público sin temor a ser agredida, drogada, violada y abandonada en un cuartucho de hotel por un grupo de hombres que “solo se divertían”.
La mala noticia es que no hay escondite seguro para una niña, adolescente o mujer. Tampoco para los niños porque ellos también son presa fácil de un violador, un pedófilo, un delincuente sexual. De acuerdo con los organismos encargados de recabar datos y convertirlos en estadísticas, el escenario es aterrador. Lo que no aparece en esos cuadros es la parte más espeluznante de esta realidad de abusos continuados y de crímenes oportunistas. Son los no denunciados por miedo a la venganza, el recurso más utilizado por un violador en contra de sus víctimas.
Ese estado de indefensión en el cual sobreviven miles de mujeres en los sitios supuestamente seguros como su hogar, su escuela o su iglesia, marca de manera indeleble la vida futura de estas víctimas. ¿Será cuestión del Estado crear sistemas de protección o será responsabilidad de la sociedad vigilarse a sí misma? El Ministerio Público de Guatemala creó un Botón de Pánico (1572) como un recurso a la mano de las víctimas de abuso sexual o violencia. Pero hay miles de niñas y mujeres sin acceso a la tecnología y viviendo en un mundo de restricciones de todo tipo, al punto de creer en el imperio de la violencia como una maldición divina, a la cual debe someterse con resignación.
Es en esta involución de lo humano como un valor superior, en donde reside la maldición. Ninguna sociedad funcional y democrática se asienta sobre un sistema de violencia contra los más vulnerables, contra un sector debilitado a propósito mediante un sistema de discriminación, racismo y menosprecio capaz de cruzar generaciones, fortaleciéndose en el trayecto. Es hora de romper el silencio.
Como declara la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, no existe ninguna circunstancia por la cual se considere aceptable utilizar niños para representaciones y materiales pornográficos. “El nombre ‘pornografía infantil’ es poco apropiado, ya que implica que la explotación sexual infantil es un subgrupo de una industria (mayoritariamente) legal”, sostiene Sarah Norton-Staal, jefa de Protección Infantil para UNICEF Filipinas. “Cualquier niño menor de 18 años al que se utilice para realizar representaciones o crear materiales pornográficos se puede considerar una víctima. Toda imagen o vídeo que contenga abuso infantil constituye una prueba documentada de un delito en proceso. La producción y la distribución de esos materiales de explotación y abuso infantil, ya estén en papel, en Internet o se emitan en directo, representan una violación de unos derechos humanos fundamentales, y es necesario proteger a los niños contra eso”.
Filipinas se ha convertido en el epicentro mundial del mercado del abuso sexual en directo, y muchas de las víctimas son niños. En los suburbios de Manila, la redada policial de una operación contra la explotación sexual infantil reveló las dificultades a las que se enfrenta el país para proteger a los niños vulnerables y llevar a los tribunales a quienes abusan de ellos.
Una noche de 2014, la policía filipina hizo una redada en una casa de apariencia normal situada en los suburbios de Manila. Justo antes de la media noche, cuando la oscuridad había inundado los callejones estrechos de alrededor, los oficiales entraron con una orden de registro. Dentro de la casa, que era pequeña y tenía una sola habitación, encontraron una cantidad inusual de equipos informáticos: portátiles, webcams y un router de Wi-Fi.
Además, hallaron a un grupo de cuatro niñas y niños de edades comprendidas entre los siete y los 10 años preparándose para una “representación”. Los niños estaban a punto de desnudarse y representar actos sexuales unos con otros, siguiendo las instrucciones de un pedófilo conectado desde el otro lado del océano mediante una webcam.
El abuso sexual de niños en directo, también conocido como turismo sexual por webcam, lo había organizado una “cabecilla” que vivía en la casa y que, además, era la madre de uno de los niños. Se trataba de un negocio ilegal en curso. Los perpetradores extranjeros mandaban su dinero mediante giros internacionales, y ella le pagaba a los niños 150 pesos (el equivalente tres dólares estadounidenses).
Los otros tres niños también estaban viviendo con la cabecilla mientras su madre trabajaba fuera de Manila. La llamaban “tita”, aunque no les unía ningún vínculo de consanguinidad. Uno de esos niños, Danilo*, de siete años, le había contado a su padre los abusos, y fue este quien llamó a la policía.
Durante la redada, la policía se incautó de los ordenadores portátiles como prueba y arrestó a la cabecilla. Un trabajador social rescató a los niños y los llevó a la Unidad de Protección Infantil del Hospital General de Filipinas, en Manila. Allí, un pediatra, el Dr. Merle Tan, los examinó. El centro acababa de ser renovado y ofrecía a los niños un entorno luminoso y alegre, con una sala de juegos bien equipada y varias salas de terapia.
Otro de los niños era Jennifer*, de nueve años, la hija de la cabecilla. Al principio negaba los hechos para proteger a su madre, que le había advertido de lo que tenía que decir si venía la policía. Sin embargo, a lo largo de las sesiones terapéuticas que recibió, poco a poco comenzó a desahogarse con el Dr. Tan y con otros trabajadores del centro.
Se aprovechan de la pobreza
La pobreza es un factor determinante que se esconde tras el mercado internacional del abuso sexual de niños en directo. Al menos una de cada tres personas de Manila vive en suburbios con casas hechas improvisadamente con madera, placas de metal y carbón y tres o cuatro plantas, situadas junto a ríos y vertederos de basura. Muchos padres que viven aquí son desempleados o tienen trabajos inestables como la mano de obra eventual. Los niños juegan en las calles, donde es frecuente el consumo de alcohol y drogas. Estas zonas son los objetivos principales de la actividad delictiva.
En el suburbio de Manila en el que vivían Jennifer y Danilo, la existencia de abusos sexuales emitidos en directo era un secreto en voz alta. “La cabecilla dirigía una casa donde muchas noches había “representaciones” abiertas al público”, explica el Dr. Tan. “Si los niños de la barriada tenían hambre, sabían que podían ir allí a por comida y cobijo, y que si participaban en la “representación” ganarían 150 pesos.
Lo más chocante es que algunos padres llevaban a sus propios hijos a la casa. “Como el perpetrador no está tocando a los niños directamente, la gente se convence de que no es un abuso”, sostiene el Dr. Tan. “Pero sí se trata de un abuso que perjudica su desarrollo mental y físico. Conforme van creciendo, pueden tener problemas a la hora de entablar relaciones, y pueden llegar a verse arrastrados a trabajos sexuales o incluso convertirse en abusadores”.
Filipinas se ha convertido en el epicentro mundial del mercado de abusos sexuales emitidos en directo. En algunas partes del país, como en la Isla de Mactán, en Cebú, hay “núcleos” donde tanto la pornografía por webcam en la que participan adultos y el abuso sexual infantil en directo son prácticas extendidas en los pueblos o las comunidades locales. En esas zonas se ha concentrado un gran número de arrestos e intervenciones.
UNICEF Filipinas está llevando a cabo una investigación sobre este asunto destinando fondos para preparar a policías y ONG, ayudar a establecer una línea de ayuda nacional e incrementar el poder de los policías nacionales.
“Esto lleva ocurriendo ya varios años, pero cada vez hay más casos”, asegura Sarah Norton-Staal, jefa de Protección Infantil para UNICEF Filipinas. “El mayor acceso a Internet y el abaratamiento de los dispositivos han permitido a las comunidades conectarse. El nivel de inglés alto y los infractores llevan viniendo desde los años setenta. Hay una gran diáspora filipina que envía dinero a casa desde el extranjero. Y también existe una cultura de silencio y deferencia hacia los mayores, que ocultan los abusos. Todo esto contribuye a crear un entorno fácil para los delincuentes”.
En 2009, siguiendo las labores de defensa emprendidas por UNICEF y otros, los materiales de abuso sexual infantil se ilegalizaron por primera vez en Filipinas. Pero aún queda trabajo por hacer. “La edad legal de consentimiento sexual en Filipinas sigue estando en 12 años”, informa Norton-Staal. “Eso dificulta la condena de personas por abuso sexual a niños. Queremos elevar la edad a, al menos, 16 años, además de crear mejores recursos para descubrir y condenar a los infractores”.
Una respuesta holística
La Subsecretaria del Departamento de Justicia de Filipinas, Mónica Pagunsan, asegura que el gobierno está empleando un enfoque más amplio para abordar el asunto. “Se considera que Filipinas es la mayor fuente de pornografía infantil de todo el mundo”, sostiene. “La adopción de una ley contraria a la pornografía infantil y la creación de la oficina contra los delitos cibernéticos dio impulso a la campaña contra el abuso sexual infantil en Internet. Además, contamos con tratados de extradición con unos 13 países y estamos trabajando estrechamente con la Interpol”.
Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, el nivel de condenas sigue siendo bajo. Pagunsan subraya la necesidad de mejorar la cooperación con el sector privado. “El gobierno no puede hacer esto solo”, asegura. “Necesitamos ayuda del sector privado, en particular de las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet. Nos preocupa lo mucho que se tarda en eliminar contenido, identificar a las víctimas y los perpetradores y preservar las pruebas”.
“En la actualidad debemos obtener una orden judicial antes de que las compañías puedan cooperar con la investigación”, prosigue. “Para entonces, el abusador suele haber desaparecido”.
En la comisaría de la Policía Nacional filipina, el coronel Ivy Castillo está al frente de la nueva unidad de delitos cibernéticos, que incluye el abuso sexual de niños emitido en directo. Se trata de una unidad pequeña que trabaja en una cabina diminuta en el extenso campus. Ivy nos explica que el número de casos está aumentando: de 57 que había en 2013, a 89 en 2014 y 167 en 2015. Sin embargo, hasta ahora solo ha habido siete condenas, todas ellas de conformidad con la legislación sobre contrabando infantil.
“La mayoría de las pistas nos las envían nuestros homólogos de la policía de otros países”, dice el Coronel Castillo. “Ellos encuentran imágenes de Filipinas en los ordenadores de los sospechosos y nos piden que los localicemos. A veces también saquean la cuenta de Facebook de un perpetrador y la utilizan para contactar con los cabecillas”. Aun así, la unidad encuentra muy pocas pistas. “Los filipinos se resisten a denunciar el abuso o a archivar quejas”, prosigue. “Algunas personas no saben que lo que hacen está mal, no son conscientes de las sanciones”.
Para abordar este asunto, la unidad lleva a cabo actividades de concienciación en escuelas y comunidades, especialmente en las zonas donde se concentran más casos de abusos. UNICEF está financiando formación para oficiales de policía con el fin de enseñarles a identificar y tratar un caso de delito cibernético. Sin embargo, hasta el momento los delincuentes aún les llevan la delantera.
Para las personas que trabajan en primera línea para combatir el abuso sexual infantil en directo, como el Dr. Tan y la Unidad de Protección Infantil, este desafío a veces se hace cuesta arriba. “Puede llegar a ser muy desolador, pero debo ser fuerte”, dice el Dr. Tan. “Intento sacarme de la mente todos los pensamientos tristes. No quiero que estas historias me afecten. Si quiero ayudar a nuestros niños, debo seguir siendo fuerte y positivo”.
*Los nombres se han cambiado para proteger la identidad de las víctimas.
En China, al igual que en muchos otros países en el mundo, estudiar no está al alcance de cualquiera y es habitual que muchos jóvenes pidan préstamos para poder financiarse los costos.
Pero el precio que algunos estudiantes deben pagar por no devolver el dinero adeudado en el plazo estipulado, por lo general miles de dólares puede ser demasiado alto.
Tanto que a veces la moneda de cambio incluye la «venganza pornográfica»cada vez más popular en internet.
Una investigación reciente del diario estatal Youth Daily, de Pekín,reveló un alarmante dato: cada vez son más los prestamistas que extorsionan a las estudiantes amenazándolas con publicar sus fotos desnudas si se retrasan en los pagos.
Para poder acceder a estos créditos las estudiantes deben proporcionar fotos de ellas mismas desnudas, mostrando a la cámara su documento de identidad.
Se trata de una «garantía de pago» que les permite acceder a sumas de dos a cinco veces más altas.
Para muchas, sin embargo, esta la única opción de costearse los estudios o de poder hacer frente a otro tipo de pagos.
Image copyrightAFPImage captionLa cuota de interés semanal de estos préstamos, denunciaron medios locales, asciende hasta el 30%.
Un «secreto a voces»
Según el informe, si hay un retraso en el pago los usureros amenazan con publicar las fotos en internet y con enviarlas a sus familiares y amigos. Además, aumenta desproporcionadamente la cuota de interés.
Se trata, según el diario chino, de un «secreto a voces».
A veces las amenazas van más allá de la publicación de las fotos; los medios locales advierten que se llegaron a dar casos de coacción sexual.
Una de las afectadas dijo al periódico local Southern Metropolis Daily que pidió un préstamo a una de estas compañías por valor de US$75.
La cuota de interés semanal era del 30% y pronto su deuda se multiplicó.
Después continuó pidiendo créditos para poder pagar los anteriores, y la deuda aumentó hasta US$8.347. Fue entonces cuando el prestamista le exigió una foto desnuda como «garantía».
La joven, que se aprestaba a reportar el incidente a la policía, le dijo al periódico que muchas de sus compañeras de clase también se habían visto afectadas por las extorsiones de este tipo de usureros, pero no querían comentarlo en público.
Amenazas y reacciones
Una periodista de ese mismo medio decidió hacerse pasar por estudiante para comprobar la situación en primera persona.
Según el testimonio de la joven, los usureros no sólo piden fotos desnudas a sus cliente, sino también información personal, como su dirección familiar, su documento de identidad o los nombres de sus padres y de sus compañeros de piso (a quienes enviarían las fotos en caso de un retraso en el pago).
Image copyrightGETTY IMAGESImage captionLa única forma de acceder a la universidad para muchos estudiantes chinos es a través de préstamos privados.
Según el Youth Daily, estos sombríos esquemas de préstamos se han llevado a cabo a través de la página web Jiedaibao, de la compañía financiera JD Capital.
Los usureros no sólo se aprovechan de estudiantes, sino también de otros jóvenes con poca experiencia financiera.
Fue el caso de Lin Xiao, nombre ficticio de una estudiante de la provincia de Jiangsu que no quiso revelar su identidad.
Xiao le dijo al diario estatal que quería empezar un pequeño negocio, así que en febrero aceptó enviar sus fotos desnudas a prestamistas privados, a cambio de más de US$18.000.
En cuatro meses, su deuda se duplicó. Y, tras ser amenaza por los usureros, tuvo que pedir dinero a su familia y así poder evitar que publicaran sus imágenesen internet.
«Responsabilidad de los prestatarios»
La publicación de la investigación periodística ha generado miles de comentarios en varias páginas de internet en China, y muchos han condenado la actuación de los usureros.
Image copyrightGETTY IMAGESImage caption«Es responsabilidad de las estudiantes», dijo una de las empresas acusadas.
«Este tipo de créditos son como el opio. ¿Por qué las autoridades reguladoras los pasan por alto?«, escribió un internauta en Weibo, la principal red social de China.
No obstante, algunos chinos se han mostrado críticos con las estudiantes que piden los préstamos.
«No merecen mi simpatía«, dice un comentario en Weibo. «¿Por qué gastar el dinero que no tienes la capacidad de ganar?», critica otro.
En los últimos días, la red social china se llenó de fotos de jóvenes que denunciaron la situación y hicieron públicos los mensajes que les enviaron los prestamistas.
El Youth Daily citó a un representante de Jiedaibao según el cual la compañía «no tiene control alguno sobre cualquier exigencia colateral hecha por un prestamista como parte de un acuerdo comercial privado».
«Los riesgos son responsabilidad de los prestatarios», agregó la fuente.
La compañía publicó un comunicado en Weibo que confirmaba la existencia de estos «préstamos desnudos», pero sostenía que las cuotas y los intereses eran acordados entre las dos partes a través de «otros canales» externos.
Hasta el momento, las autoridades chinas no han lanzado ninguna investigación sobre estos controvertidos esquemas de préstamos.
Image copyrightGETTY IMAGESImage captionEl objetivo final: acceder a la universidad y graduarse.
Mulheres protestam no Congresso Nacional contra cultura do estupro
Um grupo de mulheres fez um protesto ontem (31) no Congresso Nacional contra a cultura do estupro. Com cartazes e faixas com os dizeres “Nenhuma mulher merece ser estuprada”, “Mexeu com uma, mexeu com todas e “Pelo fim da cultura do estupro”, as manifestantes procuraram chamar a atenção dos parlamentares para a importância do combate à violência e da sociedade para os constantes casos de abuso ocorridos no Brasil.
A deputada Luiza Erundina (PSOL-SP) chamou atenção para o caso da adolescente estuprada por vários homens em uma casa no alto do morro São José Operário, na zona oeste do Rio, há cerca de 10 dias. “Aquele estupro coletivo é algo que nos envergonha, a imagem do Brasil no mundo todo está manchada. Estamos aqui indignadas, querendo solução no que diz respeito à integridade física e psicológica das mulheres brasileiras”, afirmou a deputada, em discurso logo após a entrada das manifestantes no plenário da Câmara para abrir uma faixa em protesto contra a cultura do estupro.
A deputada Maria do Rosário (PT-RS) criticou alguns projetos em tramitação na Câmara, por considerar que atentam contra os direitos das mulheres. Maria do Rosário citou o que trata do Estatuto do Nascituro, que visa proibir o aborto em todos os casos, inclusive nos de estupro e de risco de vida para a mulher. “A Câmara tem que estar aberta para as mulheres, porque tramitam projetos de lei que são extremamente nocivos para as mulheres”, afirmou a deputada.
Maria do Rosário lembrou a importância de se garantir atendimento adequado às vítimas de violência sexual. “No Brasil, a cada 11 minutos uma mulher é vítima de violência sexual. Estamos diante de uma epidemia de estupros, de violência sexual. É preciso assegurar atendimento hospitalar, medicação adequada com antirretroviral, medicamentos para doenças sexualmente transmissíveis”, acrescentou.
O protesto começou no Salão Azul do Senado e de lá o grupo se dirigiu ao Salão Verde da Câmara. Inicialmente, o grupo, formado por parlamentares, funcionárias e integrantes de movimentos feministas tentou entrar no plenário, mas foi impedido pelos seguranças da Casa. Após negociação, as mulheres conseguiram entrar. “Este é um protesto pacífico, de muitas mulheres e muitos homens contra a violência, e o Parlamento brasileiro não pode dar esse exemplo de truculência ao Brasil”, disse a senadora Vanessa Gazziontin (PCdoB-AM).
Os manifestantes protestaram também no plenário do Senado, onde pediram ao presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL), que coloque em votação o Projeto de Lei do Senado (PLS) 618/2015, que agrava a pena para estupro coletivo. Renan disse ao grupo que colocaria em votação a urgência do projeto.
“Basta de tanta violência, machismo e desrespeito às mulheres do país. Queremos que o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário nos tratem com o devido respeito, com o devido direito, pois somos cidadãs brasileiras”, afirmou Erundina.
Ciudad Guatemala. Por Isabel Soto Mayedo*/PL | 27 mayo de 2016
Durante los últimos tres años sumaron 59 las denuncias por violaciones y agresiones sexuales en centros educativos de Guatemala y lejos de disminuir esa problemática tiende a aumentar, refieren este viernes registros del Ministerio Público (MP).
De hecho el titular del Ministerio de Educación (Mineduc), ûscar Hugo López, informó que de enero a mayo de este año van ocho quejas por casos de esa naturaleza en varios departamentos del país, donde es notable la incidencia de estos crímenes más allá de los espacios destinados a la enseñanza.
El problema de la violencia sexual es enorme y nosotros debemos llamarlo por su nombre: una plaga, un flagelo, opina el director de Misión Internacional de Justicia, Bradley Curtis, para quien esta es una forma de violencia particularmente repugnante y traumática.
En Guatemala las denuncias por violencia sexual llegaron a 11 mil 299 en 2015, lo cual indica que cada día 31 personas fueron victimizadas de ese modo y que cada 46 minutos ocurrió una violación sexual, alertó la organización humanitaria.
Esa cantidad de denuncias representó el doble de los homicidios reportados en el año, cinco mil 677 según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), pero esas estadísticas esconden subregistros.
Por cada víctima que denuncia una violación sexual, ocho callan al sentirse culpables del daño infringido a su integridad, por temor a represalias del victimario -más si es un adulto y/maestro- y por el estigma social que supone una violación, entre otros factores, coinciden especialistas.
ATACAR AL MAL
El MP y Misión Internacional de Justicia concuerdan en que 64 por ciento de las denuncias de agresiones sexuales muestran que los más vulnerables ante esos hechos son niños y adolescentes y que 90 por ciento de los abusos contra ellos ocurre en la casa y en la escuela.
«Este asunto es grave mas no existe en Guatemala una ley que prevenga la violencia sexual en los centros educativos. Incluso, el Mineduc carece de un protocolo que regule, en la práctica, la selección del personal capacitado para atender esos casos», lamentó el subjefe de la bancada legislativa del partido Convergencia, Leocadio Juracán.
En una conversación sostenida con Prensa Latina, en la capitalina Casa Cervantes, el otrora secretario general del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) manifestó su preocupación por un problema que gana rango de recurrente y afecta sobre todo a las niñas, aunque también a los varones.
De igual modo compartió la iniciativa presentada por él el 13 de mayo de 2016 al Congreso de la República, que dispone aprobar una Ley Contra la Violencia Sexual en Centros Educativos de Guatemala, para prevenir y brindar asistencia a los menores de edad víctimas del delito en escuelas o colegios.
«La propuesta, registrada con el número 5077, sentará las bases legales para superar la tradicional complicidad ante este tipo de violencia y de convertirse en ley con el voto favorable de los legisladores viabilizará la adopción de una política real de combate a estos crímenes en los centros educativos», explicó Juracán.
A su juicio la aprobación de este cuerpo jurídico impulsará la generación de mecanismos de coordinación entre las distintas entidades para prevenir, enfrentar y atender de manera adecuada a las víctimas con tal que estas no opten por prescindir de disfrutar el derecho a la educación.
«Se trata de una ley con la cual se pretende cumplir con los deberes que el Estado toma como fundamentales y con los compromisos asumidos a nivel internacional para la protección de la niñez», señaló.
Y añadió que «con esta norma procuramos dotar al Estado de Guatemala y a la población de una institucionalidad que permita tratar de forma sistemática la violencia sexual contra niñas y niños en las escuelas, así como eliminar las condiciones que pueden propiciar la producción y distribución de pornografía infantil».
-INICIATIVA 5077
La iniciativa 5077 está estrechamente vinculada con lo refrendado por los artículos 2 y 51 de la Constitución Política de Guatemala, relativos a los deberes del Estado para con sus habitantes y en particular con los menores de edad.
Además, parte del presupuesto que este país es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño -adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989-, en virtud de la cual debe legislar en aras de proteger a la infancia contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental.
La propuesta contempla como «niña o niño: todo ser humano menor de 18 años de edad o quien como producto de alguna condición clínica no alcance un desarrollo físico o mental adulto.»
Al mismo tiempo define por violencia sexual contra la niñez todo acto derivado de una relación de poder o confianza, que implique el sometimiento o victimización de un infante por placer sexual, estimulación o gratificación a un adulto o joven.
En ese sentido alude a los actos deshonestos, la explotación sexual, el exhibicionismo, la exposición o participación en pornografía, prostitución y a la penetración vía vaginal, anal o bucal, sea con el pene o con cualquier objeto.
Por otra parte condena la violencia, sea con contacto o sin este, y delimita como tal hasta los comentarios sinuosos o sexualmente explícitos, las llamadas o mensajes obscenos o insinuantes de conductas sexuales.
En modo paralelo el proyecto mandata a abarcar entre las víctimas al núcleo familiar del niño o niña directamente afectado por dichos actos y establece que la atención a esas situaciones estará a cargo de un Consejo Nacional de Protección a la Niñez Contra la Violencia Sexual en los Centros Educativos.
En la instancia confluirían delegados del Mineduc, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, del Procurador de los Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la Nación, del Ministerio Público, del Inacif, de la Policía Nacional Civil y del Congreso.
Pero a su vez participarían especialistas designados por la Facultad de Sicología de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala.
El consejo debe ser instaurado dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, especifica el texto, para que en corto plazo emita un reglamento interno de funcionamiento, políticas y protocolos de atención a los casos de violencia sexual así como los relativos a la atención a la víctima, su familia y compañeros de aula
La preparación y orientación de las capacitaciones, la prevención de la problemática, el seguimiento a cada denuncia, la evaluación de los niveles de incidencia de esta y de los protocolos diseñados para frenar el fenómeno, igual serán responsabilidades de ese equipo.
Asimismo el plan de ley prevé regular el proceso de selección del personal administrativo, docente y operativo en los centros educativos, y delimita que los cargos de director y directora «solamente podrán ser ejercidos por personas con especialidad en administración educativa p psicología, o carrera afín».
«En ningún caso podrá ser nombrado o contratado para ocupar un cargo administrativo, docente u operativo en un centro educativo las personas que hayan sido condenadas en sentencia firme y ejecutoriada por algún delito sexual o por actos de violencia intrafamiliar», enuncia el artículo 10.
Mientras que el 12 mantada a todo el personal empleado en las escuelas a denunciar cualquier anomalía o acto de violencia contra los infantes, en tanto el 13 ordena fijar un número telefónico gratuito para formular estas denuncias, que podrán realizarse de manera anónima.
Particular atención merece el apartado relacionado con la atención sicológica a las víctimas, la cual deberá ser garantizada por el Mineduc a partir de la integración de una unidad especializada que ayude a superar los efectos sicosociales de la violencia sexual, evitar la revictimización y que el menor abandone el aula.
«En los casos en que los causantes de la violencia sexual sea otro u otros niños o niñas, la atención se orientará a determinar las causas de tales conductas y a tomar las medidas necesarias para poder superarlas sin afectar su acceso a la educación», acota el artículo 15 de la iniciativa 5077.
-LEY NECESARIA
Para Juracán, la incidencia de las violaciones sexuales en colegios y escuelas de Guatemala no puede verse de manera aislada de la compleja realidad que enfrenta el sector educacional en todo el país, pero de manera particular en las zonas rurales.
«Durante una reunión efectuada con el ministro se analizó la situación de los técnicos especializados en telesecundaria y los malos manejos que sólo fortalecieron la corrupción en torno al proceso de calificación, selección y contratación de personal en el Mineduc», abundó.
A la vez adelantó que el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (Msicg) planifica presentar en un corto plazo varias acciones tendentes a eliminar los pilares que sustentan la discriminación en esa cartera de Gobierno en detrimento de la educación, la niñez, y los trabajadores.
La intención del Misicg es compartida por Juracán y los otros diputados de la Bancada de la Dignidad Convergencia, que desde el 14 de enero probaron su disposición a batallar por la aprobación de instrumentos legales que frenen abusos, reviertan la impunidad y fortalezcan el sistema de aplicación de justicia.
Con relación a la educación, la perspectiva es garantizar también la contratación regular y estable de los más de tres mil técnicos especializados de Telesecundaria, quienes atienen a cerca de 150 mil estudiantes a nivel nacional sobre todo en el área rural.
Esto debe marchar aparejado a la creación de condiciones propicias para la labor de los maestros, ampliar la cobertura de la educación y la calidad de la enseñanza, así como de su efectividad para el desarrollo de los estudiantes.
La inclusión de la ciudadanía, y sobre todo de los perjudicados con estos y otros problemas en la labor de búsqueda de soluciones, es una de las constantes que distinguen el desempeño de quienes como Juracán pretenden darle un giro al trabajo en el Congreso de la República en esta VIII Legislatura.
Esta corriente, en la que prevalecen Sandra Morán, Álvaro Velázquez, Walter Félix y Amílcar Pop, es para muchas personas una suerte de aurora que pese a chocar constantemente con los nubarrones de los malos hábitos arrastrados dentro del órgano parlamentario pudiera hacer progresar ciertos cambios en Guatemala.
Noruega/26 mayo 2016/Autor: Amnistía Internacional
“Si un cliente se porta mal contigo, al final tienes que solucionarlo tú misma. Sólo llamas a la policía en caso de peligro de muerte. Si llamas a la policía, lo pierdes todo.»
–Trabajadora sexual de Noruega
Amnistía Internacional publica hoy su política sobre la protección de las trabajadoras y los trabajadores sexuales frente a los abusos y las violaciones de derechos humanos, junto con cuatro informes de investigación sobre este asunto en Papúa Nueva Guinea, Hong Kong, Noruega y Argentina.
“Las personas dedicadas al trabajo sexual están especialmente expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra los derechos humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación. Con demasiada frecuencia la protección de la ley y los medios de resarcimiento con que cuentan son escasos o inexistentes», ha explicado Tawanda Mutasah, director general del Programa de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.
“Nuestra política indica que los gobiernos deben tomar aún más medidas para proteger de los abusos y violaciones de derechos humanos a quienes se dedican al trabajo sexual. Nuestra investigación pone de relieve los testimonios de estas personas y los problemas a que se enfrentan a diario.»
La política
La política de Amnistía Internacional es la culminación de extensas consultas de ámbito mundial, un minucioso examen de datos sustanciales y normas internacionales de derechos humanos e investigación directa, llevados a cabo a lo largo de más de dos años.
Su aprobación formal y su publicación son el resultado de una decisión democrática, tomada por el movimiento global de Amnistía Internacional en agosto de 2015 (disponible aquí) y de la que se informó ampliamente entonces.
En la política se formulan varios llamamientos a los gobiernos para que, entre otras cosas, garanticen la protección contra el daño, la explotación y la coerción; la participación de las trabajadoras y los trabajadores sexuales en la elaboración de las leyes que afectan a su vida y a su seguridad, el fin de la discriminación, así como el acceso a la educación y a oportunidades de empleo para todas las personas.
Se recomienda la despenalización del trabajo sexual consentido, incluida la anulación de las disposiciones legales que prohíben las actividades conexas, como la prohibición de la compra y el ofrecimiento de servicios sexuales y de la organización general de trabajo sexual Esta recomendación está basada en la evidencia de que tales disposiciones hacen a menudo que las personas dedicadas al trabajo sexual estén menos seguras y que se abuse de ellas con impunidad, pues es frecuente que tengan demasiado miedo a que las sancionen para presentar una denuncia ante la policía. Las leyes sobre el trabajo sexual deben estar centradas en la protección contra la explotación y los abusos, no en intentar prohibirlo por completo y sancionar a quienes se dedican a él.
La política de Amnistía Internacional refuerza su postura de que el trabajo forzoso, la explotación sexual infantil y la trata de seres humanos son abusos atroces contra los derechos humanos, que hacen necesaria una acción concertada y que, con arreglo al derecho internacional, han de estar penalizados en todos los países.
“Queremos que se modifiquen las leyes para centrarlas en conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura y que mejore su relación con la policía, a la vez que se aborda el problema absolutamente real de la explotación. Queremos que los gobiernos se aseguren de que ninguna persona es coaccionada para vender servicios sexuales o no puede dejar el trabajo sexual si decide hacerlo», ha añadido Tawanda Mutasah.
Queremos que se modifiquen las leyes para centrarlas en conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura y que mejore su relación con la policía, a la vez que se aborda el problema absolutamente real de la explotación. Queremos que los gobiernos se aseguren de que ninguna persona es coaccionada para vender servicios sexuales o no puede dejar el trabajo sexual si decide hacerlo.
La investigación
Un extenso trabajo de investigación, incluidos cuatro informes específicos desde el punto de vista geográfico que se han publicado hoy junto con la política de Amnistía Internacional, muestra que las trabajadoras y los trabajadores sexuales sufren a menudo terribles abusos contra los derechos humanos. Es así debido en parte a la criminalización, que agrava su situación de peligro y marginación y les impide buscar protección contra la violencia y solicitar servicios jurídicos y sociales.
“Algunas trabajadoras sexuales nos contaron que la criminalización permite a la policía acosarlas y no dar prioridad a sus denuncias y a su seguridad», ha explicado Tawanda Mutasah.
En vez de centrarse en proteger a las trabajadoras y los trabajadores sexuales de la violencia y el crimen, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de muchos países se centran en prohibir el trabajo sexual por medio de la vigilancia, el acoso y las redadas.
La investigación de Amnistía Internacional revela que las personas que realizan trabajo sexual suelen tener muy poca o ninguna protección frente a los abusos y carecer de resarcimiento por medios judiciales incluso en los países donde la venta de servicios sexuales es legal.
Papúa Nueva Guinea
En Papúa Nueva Guinea es ilegal vivir del trabajo sexual y organizar actividades de comercio sexual. La homosexualidad también está penalizada y es la principal causa de procesamiento de trabajadores sexuales.
La investigación de Amnistía Internacional ha determinado que esta legislación penal permite a la policía amenazar, extorsionar y detener arbitrariamente a las personas dedicadas al trabajo sexual.
Las trabajadoras y los trabajadores sexuales de Papúa Nueva Guinea sufren en grado extremo estigmatización, discriminación y violencia, incluidos la violación y el asesinato. Según una encuesta de investigación académica de 2010, en un periodo de seis meses el 50% de las personas dedicadas al trabajo sexual en la capital del país, Port Moresby, habían sido violadas por clientes o por la policía.
Amnistía Internacional escuchó testimonios terribles de personas que habían sido sometidas a violación y abusos sexuales por agentes de policía, clientes y otros agresores, pero tenían demasiado miedo para denunciarlo porque incluso ellas mismas se consideraban «ilegales».
Mona, trabajadora sexual sin hogar, contó a Amnistía Internacional: “La policía comenzó a golpear a mi amigo [un cliente] y a mí […] Seis agentes tuvieron sexo conmigo uno tras otro. Estaban armados, así que tuve que hacerlo. No tengo ningún apoyo para denunciarlos ante los tribunales. Fue muy doloroso, pero lo he dejado estar. Si recurro a la ley, no podrán ayudarme, porque el trabajo sexual es ilegal en Papúa Nueva Guinea.»
La policía de Papúa Nueva Guinea ha utilizado preservativos como prueba contra personas dedicadas al trabajo sexual, a quienes a menudo se estigmatiza y se acusa de ser «propagadoras» de enfermedades. Esta práctica hace que muchas se abstengan de buscar información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluso para el VIH/sida.
Mary, trabajadora sexual, explicó: “Cuando nos agarra o nos retiene la policía, si nos encuentran condones nos golpean y dicen que promovemos el sexo o que somos las que propagamos enfermedades de esas como el VIH. La policía pide dinero; nos amenaza o nos dice que le demos tanto. Nosotras se lo damos, porque tenemos miedo de que nos golpeen si no.”
Hong Kong
En Hong Kong, vender servicios sexuales no es ilegal si se trata de una persona que lo hace en un domicilio particular. Sin embargo, trabajar en lugares aislados deja a las trabajadoras y los trabajadores sexuales en situación vulnerable, expuestos a sufrir robos, agresiones físicas y violaciones.
En su calidad de trabajadora sexual, Queen contó a Amnistía Internacional: “No he denunciado nunca ningún delito, como violación, porque temo que me acusen de ofrecer servicios sexuales.”
No he denunciado nunca ningún delito, como violación, porque temo que me acusen de ofrecer servicios sexuales.
Las personas dedicadas al trabajo sexual en Hong Kong no sólo reciben poca protección de la policía, sino que a veces son sometidas deliberadamente a acoso por ella.
La investigación de Amnistía Internacional revela que los agentes de policía ejercen a menudo sus atribuciones de manera indebida para atrapar y sancionar a estas personas tendiéndoles trampas, extorsionándolas y coaccionándolas. Se permite que agentes de policía de incógnito reciban en el curso de su trabajo determinados servicios sexuales de personas dedicadas al trabajo sexual para conseguir pruebas. Amnistía Internacional ha registrado también casos de policías o individuos que afirmaban serlo que dijeron a trabajadoras o trabajadores sexuales que podían librarse de sanciones legales si les daban dinero o sexo «gratis».
Las personas trans dedicadas al trabajo sexual suelen ser objeto de prácticas policiales especialmente abusivas, como humillantes e invasivos cacheos integrales, practicados por agentes varones a mujeres trans.
“Hay mucho manoseo y mucha mofa”, explicó un abogado que defiende a personas trans dedicadas al trabajo sexual en Hong Kong.
Tras su detención, las trabajadoras sexuales trans pueden ser enviadas a centros de detención para hombres y a unidades especiales para personas con enfermedades mentales.
Noruega
En Noruega, comprar servicios sexuales es ilegal, pero el acto directo de venderlos, no. Otras actividades relacionadas con el sexo están penalizadas, entre ellas la «promoción de la prostitución» y alquilar establecimientos para vender servicios sexuales.
A pesar del alto índice de violaciones y violencia de clientes y bandas organizadas, el grado de resistencia de las personas dedicadas al trabajo sexual a denunciar la violencia ante la policía es muy alto.
“Fui a casa de un hombre. Me dio dos puñetazos en la cara. No lo denuncié a la policía. No quiero que figure en mi historial”, dijo a Amnistía Internacional una persona dedicada al trabajo sexual.
Fui a casa de un hombre. Me dio dos puñetazos en la cara. No lo denuncié a la policía. No quiero que figure en mi historial.
Amnistía Internacional escuchó el testimonio de varias personas dedicadas al trabajo sexual en Noruega que habían denunciado violencia a la policía y habían sido desalojadas de sus hogares o expulsadas por haber hablado con la policía.
En virtud de la legislación noruega, las trabajadoras y los trabajadores sexuales corren riesgo de desalojo forzoso, pues sus caseros pueden ser procesados por alquilarles la casa si venden servicios sexuales en ella.
Una persona que representaba a una organización noruega de defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales explicó: «Si los caseros no proceden al desalojo, la policía interpone una querella criminal contra ellos […] La policía anima a los caseros a tomarse la justicia por su mano y aplicarla ellos mismos.”
Las personas dedicadas al trabajo sexual no pueden tampoco agruparse para trabajar por motivos de seguridad ni contratar servicios de terceros en funciones de seguridad, pues probablemente se calificaría de «promoción de la prostitución» según la ley.
Buenos Aires, Argentina
En teoría, la venta o compra de servicios sexuales no es ilegal en Buenos Aires, pero en la práctica a las personas dedicadas al trabajo sexual se las criminaliza por medio de diversas leyes que sancionan actividades conexas y que no distinguen entre trabajo sexual con consentimiento y trata de seres humanos.
En la investigación de Amnistía Internacional se determinó que entre las personas dedicadas al trabajo sexual en Buenos Aires el grado de resistencia a denunciar violencia a la policía era muy alto.
“[El cliente] me pagó y estaba a punto de bajarme del auto cuando me agarró del cuello y me cortó con un cuchillo. Le di todo el dinero que tenía y mi teléfono celular, y me dejó ir,” dijo a Amnistía Internacional Laura, trabajadora sexual que se desempeña en la calle.
Explicó que no había denunciado la violencia ni el robo a la policía porque le parecía que iba a ser una pérdida de tiempo: “No me van a escuchar, porque soy trabajadora de la calle.”
La policía suele abordar arbitrariamente en la calle a las personas que se dedican al trabajo sexual, que en ocasiones tienen que pagar reiteradas multas y son sometidas a libertad vigilada. Es ilegal que la policía o los fiscales de Buenos Aires tengan en cuenta la apariencia, la vestimenta o los modales de una persona al hacer cumplir una ley que penaliza la comunicación relacionada con el trabajo sexual en público. Sin embargo, la aplicación de estos criterios es un hecho, y en sus operaciones la policía se dirige específicamente contra las personas trans que se dedican al trabajo sexual.
En Buenos Aires, aunque desarrollen su actividad en domicilios particulares, las trabajadoras y los trabajadores sexuales suelen sufrir largas y violentas inspecciones y allanamientos de la policía, así como extorsiones y chantajes.
Las personas que se dedican al trabajo sexual en Buenos Aires informaron también de problemas para acceder a los servicios de salud, entre ellos una enorme estigmatización y discriminación.
Realmente no teníamos acceso a los servicios de atención a la salud, porque siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en último lugar.
«Realmente no teníamos acceso a los servicios de atención a la salud, porque siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en último lugar», dijo a Amnistía Internacional una persona trans que se había dedicado al trabajo sexual.
Amnistía Internacional comprobó que estos obstáculos habían hecho que algunas personas que realizaban trabajo sexual prescindieran por completo de estos servicios.
Nada justifica los abusos
“En demasiadas partes del mundo, las trabajadoras y los trabajadores sexuales carecen de protección de la ley y sufren espantosos abusos contra los derechos humanos. Esta situación no puede justificarse jamás. Los gobiernos deben tomar medidas para proteger los derechos humanos de todas las personas, incluidas las que se dedican al trabajo sexual. La despenalización es sólo una de las medidas necesarias que los gobiernos pueden tomar para garantizar la protección frente al daño, la explotación y la coerción», ha manifestado Tawanda Mutasah.
América del Sur/Colombia/Abril 2016/Autor: Editor/Fuente: telesurtv.net
El director nacional de Fiscalías de Colombia, Luis González, informó que se encuentra abierta una investigación por 38 casos de abuso sexual contra niñas de la comunidad indígenas wayúu, ocurridos en los últimos dos años.
Seis hombres han sido detenidos en Riohacha, capital de La Guajira, y en los municipios de Maicao y Uribia, por presuntamente ser responsables.
También se han expedido 12 órdenes de captura que se harían efectivas en las próximas horas.
Entre los aprehendidos se encuentran cinco indígenas, siendo uno de ellos el padrastro de una niña que se encuentra embarazada.
El titular del organismo precisó que lo triste del hecho es que las niñas han sido víctimas de padres, vecinos, padrastros, amigos y gente cercana a las familias.
Anteriormente, la Fiscalía capturó en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, a 16 hombres por abusos sexuales contra varias niñas.
Fuente de la noticia: http://www.telesurtv.net/news/Fiscalia-colombiana-investiga-violacion-de-38-ninas-wayuu-20160417-0038.html
Fuente de la imagen: http://www.telesurtv.net/__export/1460925130679/sites/telesur/img/news/2016/04/17/mil-quinientos-nuevos-nic3b1os-y-nic3b1as-menores-de-cinco-ac3b1os-de-la-etnia-wayuu-del.jpg_1718483346.jpg
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