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Qatar 2022: la trágica historia de los migrantes

Por: UNAM Global

Como bien sabemos, organizar un Mundial de Futbol es una tarea titánica que requiere contemplar muchos aspectos: los medios de transporte y la infraestructura (estadios, hoteles), entre otros. Necesarios para que la máxima justa futbolística se realice de manera exitosa y pueda albergar a los visitantes sin contratiempos.

Un Mundial genera empleo para muchos trabajadores que brindan sus servicios. Sin embargo, también puede ser el marco de diversos abusos. Qatar 2022 es una prueba contundente de ello. Amnistía Internacional recopiló datos que muestran la violación de los derechos humanos de los trabajadores migrantes que participaron en la construcción de los estadios.

Para comenzar, los migrantes tuvieron que pagar elevadas comisiones para trabajar. Dependiendo de la tarea que podían realizar, estas sumas iban desde 500 hasta 4,300 dólares, que se pagaban a los contratistas, quienes “abusaron de manera reiterada de esta situación”.

Los abusos de los contratistas no sólo quedaron en eso. Por medio de fotografías, Amnistía Internacional enseñó las pésimas condiciones en las que vivían los migrantes. Los cuartos eran muy chicos, por lo que había condiciones de hacinamiento: alrededor de ocho hombres vivían en espacios que sólo eran aptos para cuatro personas; por lo tanto, la falta de higiene y seguridad eran la norma.

También hubo engaño en cuanto a los salarios. Por ejemplo, migrantes a los que se les había dicho que la paga sería de 300 dólares, recibieron en su primer sueldo sólo 190 dólares. A pesar de los reclamos, los gerentes no hacían caso y amenazaban con quitarles la visa y deportarlos a sus países de origen. Sumado a ello, se presentaban casos de retrasos de pagos.

Por otro lado, los empleadores no expedían (o en otros casos no renovaban) los permisos de residencia, lo cual afectaba a los trabajadores porque no podían abandonar los campamentos en los que vivían. Esta situación también implicaba que aquellos que decidieran renunciar no lo pudieran hacer, ya que para obtener un “permiso de salida” era necesario tener el documento de residencia.

Muchos empleados fueron sometidos a trabajo forzoso en situaciones de alto peligro, ya que carecían del equipo para realizarlo. “Fundación para la Democracia” mencionó que algunos trabajadores debían cumplir 60 horas continuas sin descansar, o en su defecto trabajar más de 18 horas al día, soportando temperaturas que alcanzaban los 50ºC.

De acuerdo con datos del diario inglés The Guardian, publicados a principios de 2021, alrededor de 6 mil 500 trabajadores migrantes habían fallecido en Qatar desde que este país fue elegido como sede del Mundial en 2010. Y se cree que gran parte de ellos trabajaban en la construcción de infraestructura para este evento. De manera oficial, el Comité Organizador informó que sólo hubo tres muertes relacionadas directamente con la construcción de estadios.

Fuente de la información e imagen:  UNAM Global

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Hay 33 docentes bajo investigación por posible abuso sexual en escuelas de BC

Las denuncias abarcan desde el nivel preescolar hasta el superior, de acuerdo con la Secretaría de Educación.

Un total de 33 maestros han sido denunciado en planteles escolares por presunto abuso sexual en contra de estudiantes en lo que va del 2022, de acuerdo con Gerardo Arturo Solís Benavides, titular de la Secretaría de Educación de Baja California.

Especificó que esta cantidad abarca desde el nivel preescolar hasta el de educación superior.

Aclaró que no todas las denuncias están plenamente documentadas porque algunas están en proceso, sin embargo, ya hay 10 maestros suspendidos definitivamente.

“Hay evidencias tan obvias que no necesitas comprobar, entonces se da de baja automáticamente y hay otras que deben ser investigadas”, indicó Solís Benavides

Dijo que los otros 23 maestros están suspendidos de manera preventiva como medida cautelar, porque así lo marca el protocolo, y eso no significa que sean culpables.

El secretario de Educación informó que en total tiene registro de 126 incidencias denunciadas por alumnos, ya sea a los docentes o a los padres de familia.

Las incidencias incluyen violencia entre niños y niñas, violencia familiar, presencia de armas y sustancias ilegales, omisión de cuidados, maltrato infantil y escolar, discriminación, amenazas, autolesiones y lesiones, detalló.

Fuente: https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/hay-33-docentes-bajo-investigacion-por-posible-abuso-sexual-en-escuelas-de-bc-9303348.html

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María Ramírez: De las cenizas volví para decir ´Nunca Más´”

Por:  Victoria Ginzberg

 

Durante la última dictadura fue confinada junto a sus hermanos en el Hogar Casa de Belén, donde sufrió todo tipo de abusos

Su madre desapareció. Su padre estaba en la cárcel. Ella y sus hermanos fueron llevados a un hogar de menores donde los apropiaron. La historia de los abusos y de cómo pudo reconstruir su vida. El juicio que se está realizando en La Plata. La complicidad del Poder Judicial y la Iglesia.

Vicenta Orrego les dio a sus tres hijos un largo y fuerte abrazo y les dijo: “Los quiero muchísimo, cuídense entre ustedes”. Luego, puso un colchón en la ventana y empezó a sacar a los chicos. Mariano Alejandro, de cinco años, María Ester, de cuatro, y Carlos Ramírez, de dos años, siguieron escuchando disparos. El 14 de marzo de 1977 Vicenta les salvó la vida pero no pudo salvarlos del infierno que vivirían durante otros siete años, más de dos mil días, encerrados en el Hogar Casa de Belén. “Nos levantaban a la mañana con agua fría, nos bañaban con agua helada, nos torturaban, nos daban órdenes, palos, represión, sufrimos violaciones sexuales. Todo porque no querían que saliéramos como nuestros padres. Entramos en su plan de destrucción”, cuenta María.

Antes de Belén

“Cuando las fuerzas tiroteaban la casa, Carlos corrió detrás de nuestro perro, que se había escondido detrás de la heladera. Yo pegué un grito porque pensaba que lo mataban, había muchas balas. Todo fue muy rápido, habían venido para matarnos a todos. Cuando salimos, las balas seguían entrando. No vi a mi madre muerta aunque escuchaba que seguían tirando. No lo he superado. Estuve traumatizada, es inmenso lo que he pasado. Ella nos salvó y después llegamos a la Casa de Belén, en Banfield. Ahí aprendí a dividir mi cuerpo y mi alma”. María Ramírez hizo un relato detallado de su historia cuando declaró ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y también habló con Página/12 de sus recuerdos. Vive en Suecia, donde su padre llevó a sus hijos cuando pudo reencontrarse con ellos.

Julio Ramírez es paraguayo, desde antes del golpe de Estado de 1976 estaba preso en la cárcel de La Plata y fue expulsado del país en 1981. “A partir de 1977 me dediqué a investigar el destino de mi señora y mis hijos. Escribí a la jueza de menores de Lomas de Zamora Marta Pons, que se negó rotundamente a darme información. Después, tuve la ayuda de la ACNUR (el organismo de Naciones Unidas para los refugiados), la Cruz Roja, Amnistía Internacional y de Emilio Mignone (fundador del CELS). Recién en octubre de 1983 la jueza me dio permiso para visitarlos en la Casa de Belén y pude volver a Suecia con ellos”, narró cuando declaró por videoconferencia.

El caso de los hermanos Ramírez deja expuestas un sinfín de aristas del terrorismo de Estado: la complicidad del Poder Judicial, en la figura de la jueza Marta Pons (ahora fallecida pero multidenunciada por las Abuelas de Plaza de Mayo por su conducta con menores durante la última dictadura) y los integrantes de su juzgado, la complicidad de la Iglesia, que estaba vinculada con el Hogar Casa de Belén, los asesinatos, desapariciones, secuestros y torturas, la cárcel, el silencio de muchos y el padecimiento de los niños, con quienes personas con mucho o poco poder se ensañaban y sometían porque podían, porque eran hijos de “subversivos”.

El juicio

Actualmente, nueve personas están siendo juzgadas por la desaparición de Vicenta y el asesinato de María Florencia Ruival y José Luis Alvarenga, dos militantes de Montoneros que alojaba en su casa, y por los crímenes cometidos contra los tres menores. Los acusados son el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart y el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, el ex jefe del centro clandestino de detención Pozo de Banfield, Miguel Wolk, y cino exmiembros de la policía bonaerense que eran integrantes de la Brigada de Investigaciones de Lanús: Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabro, José Augusto López y Rubén Carlos Chavez. Por el caso de los chicos, la única imputada –por la sustracción, retención y ocultamiento de los niños y la niña– es la ex secretaria del tribunal de menores de Lomas de Zamora Nora Susana Pellicer.

Ninguno de los autores directos de los abusos a los hermanos Ramírez está en el banquillo ya que algunos de ellos murieron y otros fueron apartados por problemas de salud. Ese es el caso de Manuel Maciel (fallecido), Dominga Vera (apartada) que fueron los encargados del lugar, y el ex padrino del Hogar, Juan Carlos Milone (apartado). “Dicen que Manuel está muerto pero yo desconfío. Lo dije en mi declaración, quiero pruebas, que le hagan un ADN, porque desconfío de todo lo que han hecho”, dice María a Página/12.

Durante el juicio, los hermanos Ramírez tuvieron acceso a testimonios que les permitieron reconstruir parte de lo sucedido con Vicenta, hechos y detalles que nunca antes habían escuchado. Los más reveladores vinieron de quienes, como ellos, eran niños en esa época. Francisco Nogueira y Aldo Pietrantuono tenían 10 y 13 años, eran vecinos de los Ramírez y presenciaron el operativo en la casa de Almirante Brown. «Hubo una balacera por 20 minutos. En un momento, un hombre desde adentro de la casa pidió una tregua y ahí fue que la mamá de los chicos comenzó a sacarlos. La señora saca a dos de los chicos y cuando sale con el tercero se acerca un personal policial de civil y la ejecuta de un tiro en la cabeza. Otro personal le saca la criatura y le tiran a ella una ráfaga de disparos», relató Nogueira.

Nogueira y Pietrantuono contaron que los policías retiraron los cuerpos de Vicenta y la pareja que vivía con ella y luego saquearon la casa. “El nene mayor me dijo: ´se llevan mis juguetes´, recordó Nogueira. «Pasaron 45 años, quiero que el tribunal tome en cuenta mi declaración aunque tenía 10 años en ese momento. Yo no escribí un diario como Ana Frank pero tengo todos los recuerdos acá», les reclamó a los jueces emocionado mientras se tocaba con su dedo la cabeza.

Hasta ese momento, la familia Ramírez desconocía los detalles del asesinato de Vicenta. Escucharlos fue una conmoción pero, también, la reafirmación de que las respuestas deben venir de los responsables: qué pasó con su cuerpo, dónde está.

Los chicos fueron dejados en un baldío y luego llevados a la casa de un vecino, que los alojó unos días. Después, fueron puestos a disposición del tribunal de menores de la jueza Marta Pons. Previo paso por poco tiempo por un hogar de monjas, Mariano Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez terminaron en el Hogar Casa de Belén.

 

María Ramírez a los cuatro años, antes de la desaparición de su madre. 

 

Los abusos y la resistencia 

Infierno. Infierno. Infierno. Es la palabra más repetida en el relato de María. Y como contrapartida, el ángel que, en la figura de su mamá Vicenta, la acompañó y le permitió sobrevivir. “Tengo recuerdos felices de mi primera niñez, de amor, de que mis padres me querían y esos recuerdos se quedaron dentro mío como un diamante y no me los pudieron sacar. Lo más absurdo era que nos decían que teníamos que estar agradecidos de estar en el hogar, porque mi mamá me había abandonado y era una prostituta, y mi papá estaba en la cárcel, era un criminal, un borracho. Mi madre Vicenta aparecía cuando más me torturaban, cuando no podía caminar del dolor. Esos recuerdos me ayudaron a diferenciar en la vida qué es el amor y qué es el infierno, qué es la verdad y qué son las mentiras. Ellos (Dominga Vera y Manuel Maciel) me preguntaban si tenía recuerdos de mi madre y yo aprendí que me podían torturar, me podían matar pero que no les iba a decir, no les iba a hablar de los recuerdos de mi madre, esos recuerdos me los llevaba yo hasta la muerte. Eso me dio mucha fuerza para sobrevivir”.

El Hogar Casa de Belén estaba vinculado a la Iglesia de Banfield, donde, dice María “todos sabían lo que pasaba”. Los domingos se disfrazaban de familia perfecta y devota e iban bien vestidos y peinados a misa. Tenían prohibido mirar a las personas a los ojos, siempre había que mirar abajo, al piso, no hablar con nadie. Eran como muñecos. También fueron bautizados y dejaron de ser Ramírez para pasar a ser Maciel. “Nos llamábamos como el viejo de ahí. Sentí que me enterraron viva, pensaba que mi madre no me iba a poder encontrar si tenía otro apellido. Y la casa de Belén no era solo una familia, había más gente que trabajaba con el hogar: la escuela, los médicos, los militares, la justicia, la doctora Pons, los vecinos, todos sabían lo que pasaba. Yo pedí ayuda a la Iglesia, al cura gordo le dije que me violaban. El levantó su teléfono y llamó al hogar. Se pueden imaginar lo que pasó conmigo, lo que me hizo Manuel”.

Manuel la amenazaba. Cuando la violaba le decía que si se quedaba embarazada le tenía que echar la culpa a otro niño. Ella dijo que no. El la ahogó en un inodoro sucio, la agarró de los pelos, la llevó a su pieza, abrió el ropero, donde estaban su ropa, uniformes y armas y le preguntó: “¿cómo querés morir?”. El le apuntó a la cabeza, disparó, ella escuchó el clic. El le dijo “te voy a matar como mataron a tu mamá, te voy a hacer volar la cabeza”. Pero no la mató. Siguió torturándola. “Yo salí como cenizas del hogar, pero de las cenizas volví para decir Nunca Más”

La Odisea

María y sus hermanos pudieron salir del Hogar de Belén en 1983, después de que su padre lograra ubicarlos y sortear las trabas que le ponía la jueza Pons. Los chicos tenían miedo, miedo al cambio, a sufrir más, si eso era posible. En el hogar, Manuel le decía a María que el padre abusaría de ella y que no podía contarle a nadie lo que había pasado durante esos años porque los iban a encontrar y a matar. “Tenemos gente por todo el mundo y te vamos a matar si hablás, sea donde sea, en Suecia o en cualquier lado”, la amedrentaba.

Armar un vínculo con su padre no fue sencillo, cuando llegó a Suecia, María dormía con un cuchillo bajo la almohada y ni ella ni sus hermanos le contaron lo que habían vivido en el hogar. Lo que más la afectó fue que le costaba conectarse con el recuerdo de su mamá. “Se apagó esa luz interior. Me sentía culpable, como que la había dejado en Argentina. No quería vivir, no hablaba con nadie, ni con mi papá ni mis hermanos, estaba sola. La amenaza de Manuel tuvo efecto, me paralizó y me distancié de mi padre y de todos. No podía hablar con nadie”.

Dos cosas la salvaron y le cambiaron la vida. La literatura y el dibujo. “A los 16 en la escuela me dieron el libro de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Con ese libro pude interpretar el Infiero que había pasado y pensar que mi mamá me guiaba en todo ese proceso. Otro libro que me impactó fue La Odisea, lo interpreto como la expulsión del país y el deseo de volver a mi casa natal y llegar con mi familia. Los libros me abrieron el camino para elegir la vida de nuevo. Volví a sentir a mi mamá y elegí vivir”.

A los 25 descubrió la pintura, entró en una escuela de arte y pensó que eso le traería alegría, pintar, los colores, pero la atrapó el infierno de nuevo. Todo lo que salía de sus manos y se volcaba en el lienzo estaba relacionado con el hogar Belén. El maestro les hacía comentar las obras que producían. Y así fue como María pudo comenzar a hablar sobre lo que le habían hecho. Los cuadros también fueron la base para poder revincularse con su papá y sus hermanos. “Pudimos volver a hacer una relación, antes estábamos aislados, teníamos vergüenza de lo que habíamos pasado. Las pinturas nos dieron un espacio para hablar y así decidimos que debíamos buscar justicia”.

María abre grande sus ojos marrones. Mira de frente cuando habla. Busca las palabras en castellano. Dice que quiere justicia para ella y sus hermanos, para su madre y su padre, para los otros niños que estaban en el Hogar, que eran ocho y para María Florencia Ruival y José Luis Alvarenga. Justicia porque a aquellos sufrimientos, hay que sumarles las secuelas que marcaron a toda su familia, que dejaron marcas en su generación, las están dejando en la próxima, y estarán presentes en la siguiente. Por eso, para María, es importante definir y reconstruir la historia: para poder liberarse y renacer después de tanto dolor. Para ella es importante que la Justicia entienda el trato inhumano que han vivido ella y sus hermanos y la gravedad de los delitos que se han cometido. “Nosotros no hemos tenido libertad, hemos sufrido y seguimos sufriendo. Pero estamos todos de acuerdo en que el único camino posible es el de la Justicia.” Define las barbaridades sufridas como genocidios; y exclama que es tiempo de que estos genocidas sean responsables de sus barbaridades. “Nosotros estamos condenados por vida a vivir con estos recuerdos terroríficos. El juicio es un desafío de confianza porque el propio estado destruyó nuestra base familiar y nos arrancó de las raíces al extranjero al expulsar a mi padre del país. Hemos pagado mucho, y seguimos pagando con mucho dolor, también tenemos que afrontar muchos costos económicos para volver a la Argentina, para reconstruir nuestra identidad, historia, familiares y también pagamos con nuestra salud. El daño es inmenso.”

 

Uno de los cuadros pintados por María a partir de los recuerdos de los niños del Hogar Casa de Belén

 

La reconstrucción

Los tribunales también fueron un laberinto. Un camino que se inició hace muchos años; que impulsó el abogado Luis Valenga y recorren hoy las abogadas Carolina Farotto y Carla Ocampo Pilla con la fundamental intervención del Ministerio Público Fiscal. Un paso importante fue poder recuperar la causa que estaba archivada y a la espera de la prescripción, porque los hechos no habían sido considerados como delitos de lesa humanidad, es decir, quedaban fuera del plan sistemático de la dictadura, como si no hubieran tenido relación con la encarcelación de su padre y el asesinato de su madre. “Eran tiempos de impunidad en democracia, tiempos en los que no había esperanza, de destrucción. Cuando asumió Néstor Kirchner y se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida tuvimos esperanza, cuando pudimos avanzar con el doctor Valenga sentí que mi salud mejoraba. Creo que fue admirable que el Presidente pidiera perdón por parte del Estado, fue importante escuchar estas palabras y verlas concretadas en los hechos, que se haya hecho una plataforma de derechos humanos que ayuda a reconstruir nuestra historia es importante también para la memoria colectiva del pueblo. Quiero mencionar a la gente que nos está ayudando y acompañando, que es un grupo fantástico, la fiscal Ana Oberlin, el fiscal Juan Martin Nogueira, mis abogadas, los abogados de la secretaría de derechos humanos, Pedro Griffo y Facundo Dadic y los profesionales del Comité por la Defensa de la Salud, la ética y los Derechos humanos (CODESEDH), Melanie Torre, Silvia Arrendodo, Norberto Liwski y Carmen Celiz. También quiero destacar que el hogar sigue funcionando como si nada y deseo que lo identifiquen como centro clandestino, allí se reunían militares, policías, teníamos padrinos militares. Mi “padrino” me llevó a su trabajo y era una casa abandonada con sangre en las paredes, cables en el piso y camas sin colchones, con olor a muerte. Ahí entendí lo que hacían y sabía que Manuel era capaz de matarme. Esos eran sus compañeros”.

Cuando María declaró en el juicio mostró algunos de los cuadros que pintó cuando empezó a estudiar, figuras oscuras, monstruos sentados a la mesa, bebés, muertos, cruces, un retrato de su madre. También llevó una medalla de la maratón de Berlin, porque correr es otra de las cosas que la ayuda. “Es una expresión de libertad, puedo correr cuatro horas sin pensar en nada del pasado, del presente o del futuro. Corro, respiro y no pienso, pienso en positivo. Las maratones me ayudaron un montón”.

María habla. Después de mucho tiempo. Espera que las palabras puedan ser reparadoras. Que le traigan paz. “Puedo confesar que he temblado, tenido miedo, he sentido de nuevo el revolver en la cabeza, el click, pero apuesto a la vida. He llorado muchísimo y sigo llorando. Seguimos sufriendo las secuelas. Estamos condenados a vivir con todos estos traumas y secuelas. ¿Quién paga todo? Estamos marcados para siempre. El juicio que se está realizando es reparador, pero también muy movilizador, porque nos rompieron en millones de pedazos y tenemos que buscar cada pieza, es muy doloroso armar el rompecabeza. Pero apuesto a la vida para buscar justicia. Me han torturado siete años pero no sabían el amor que guardaba de mi madre y que me hizo vivir. El amor de mi padre también fue fundamental. Hoy tengo un hijo al que le gusta jugar al fútbol y admira a Messi. Yo he jugado fútbol y me encanta compartir con mi hijo y transmitirle sueños, amor y recuerdos. Apuesto a tener una vida digna, a vivir y no sobrevivir. Gracias mamá y papá por el amor que me dieron de niña. Tengo más presente que nunca que el amor debe triunfar sobre el odio”.

Fuente de la información e imagen: https://www.pagina12.com.ar

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Mundo: Momento histórico para los principios de la ONU sobre empresas y derechos humanos, pero persisten los abusos

Mundo/18-06-2021/Autor(a) y Fuente: news.un.org

Aunque más empresas se están comprometiendo a respetar los derechos humanos, persisten brechas y desafíos, dijeron expertos de la ONU el miércoles al evaluar una década de estándares para las empresas que toman en consideración el bienestar de las personas y el planeta.

El décimo aniversario de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos representa un hito, agregaron , y una oportunidad para que los países y corporaciones se preparen para una nueva década de acción. 

Marco para exigir la rendición de cuentas 

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos ha emitido un informe de balance sobre los avances realizados desde que los Principios Rectores fueron respaldados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.   

La legislación europea reciente ha pedido que el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente sea un requisito obligatorio para las empresas, dijeron los miembros, mientras que los gobiernos de todas las regiones están desarrollando planes de acción nacionales. 

“Si bien aún son lentos, estos importantes desarrollos demuestran una conciencia emergente sobre las responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos, que no existía una década antes. Los Principios Rectores también han proporcionado a los sindicatos, las comunidades afectadas y la sociedad civil un marco para exigir la rendición de cuentas por los daños relacionados con las empresas para las personas y el planeta ”, agregaron. 

Los abusos persisten 

Sin embargo, los trabajadores y las comunidades, incluidos los pueblos indígenas, continúan sufriendo abusos relacionados con las empresas, que se producen en todos los sectores y en todas las regiones.   

Las perspectivas de protección o reparación son pocas, según los expertos de la ONU, y los activistas que se expresan se enfrentan a la estigmatización, las amenazas y los ataques mortales. 

“El respeto empresarial por las personas y el planeta es esencial, pero a menudo permanece ausente. En el peor de los casos, la falta de respeto puede socavar un futuro sostenible para todos ”, dijeron. 

“Los Principios Rectores proporcionan la hoja de ruta para que los Estados y las empresas logren ese futuro. Pero necesitan intensificar sus esfuerzos. Todos los Estados deben hacer de la implementación de los Principios Rectores una de las principales prioridades políticas y de gobernanza. Todas las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, deben hacer del respeto de los derechos humanos parte de su cultura corporativa ”. 

A medida que los países emergen de los devastadores impactos de la pandemia de COVID-19 , los expertos afirmaron que la recuperación también brinda una oportunidad para seguir avanzando. 

Voces independientes 

Los miembros del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos son Dante Pesce, presidente; Surya Deva, vicepresidente; Elżbieta Karska, Githu Muigai y Anita Ramasastry. 

Fueron designados por el Consejo de Derechos Humanos, que este mes considerará su informe de balance durante su última sesión. 

Los cinco expertos no son personal de la ONU ni son pagados por la Organización.

Fuente e Imagen: https://news.un.org/en/story/2021/06/1094172

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Corregir o dialogar, el dilema presente en familias de estratos pobres

Por: Tahira Vargas García

Los matices del diálogo se muestran claramente en los grupos focales tanto con adolescentes como con personas adultas.

En una entrega anterior iniciamos la presentación de hallazgos del estudio cuanti-cualitativo sobre “prácticas de crianza que promueven u obstaculizan la protección de niños, niñas y adolescentes del abuso y la violencia, así como la igualdad de género en las provincias: Elías Piña, Gran Santo Domingo y La Altagracia” que realizamos para Plan Internacional desde la dirección del Equipo Vargas de Investigación Social y se puso a circular el 21 de abril de este año.

El estudio muestra distintas situaciones vinculadas a las prácticas de crianza siendo una de ellas la comunicación entre personas adultas y la población infantil y adolescente al interior de las familias.  Un extracto del estudio sobre este tema se presenta a continuación.

El 79% de la población adulta dialoga con niños/niñas y adolescentes al interior de las familias y el 14% solo dialoga con adolescentes y el 6% no dialoga ni con niños/as ni con adolescentes. El diálogo con la población infantil está negado en el 21% de la población adulta encuestada. En las encuestas a adolescentes el 15% señala que sus padres/madres y personas adultas responsables no dialoga con ellos/ellas.

Los matices del diálogo se muestran claramente en los grupos focales tanto con adolescentes como con personas adultas. Las respuestas ofrecidas muestran distintos estilos de comunicación como son:

a) Dialogo sostenido en base a órdenes y deberes de niños, niñas y adolescentes

Al cuestionar a padres y madres sobre qué temas dialogan con sus hijos e hijas. Muchos de ellos respondieron con frases como las siguientes:

Le digo que me pase la cuchara, o un tenedor

Me hace los mandaos.

b) Comunicación sostenida en base a las necesidades (alimentarias y otras). Esta consulta sobre la comida solo se presenta en la población adolescente masculina. Lo que demuestra la reproducción de los roles sexistas de género, a las muchachas no se les pregunta porque se supone que ellas participan de la preparación de la comida, lo que no ocurre con los muchachos.

c) Consulta en decisiones sobre actividades recreativas. Las actividades recreativas son de las pocas consultas que aparecen señaladas por la población adolescente

d) Consejos y recomendaciones de padres/madres a hijos e hijas. Al cuestionar a algunos padres y madres sobre los temas que dialogan con sus hijos e hijas, estos señalan elementos que tienen que ver con consejos y recomendaciones de como “deben comportarse”.

Mis padres hablan conmigo sobre que, debo estudiar para recibir calificaciones buenas.

e) Ausencia de diálogo entre personas adultas y adolescentes. En la población adolescente entrevistada se presentan algunos señalamientos de que no existe dialogo entre ellos y sus padres y madres.

No converso ningún tema con mis padres

No hablamos. A veces mi abuelo me pregunta algo, si hablo la verdad no me cree. Mi mamá pocas veces me cree las cosas

Llama la atención la desconfianza que tienen algunos padres y madres de sus hijos e hijas adolescentes. Señalamientos como “no me creen” o que no “quieren hablar” son elementos que demuestran una gran barrera comunicacional entre la población adulta y la adolescente.

En la población adulta encontramos algunas madres y padres que consideran que no tienen por qué hablar con sus hijos e hijas porque son niños. Entendiendo que solo se conversa con los que son más grandes.

 “No tengo muchachos grandes para hablar con ellos”.

El diálogo en la familia es muy débil. Hablar con los hijos e hijas es interpretado por la población adulta como dar órdenes o mandatos, o recomendaciones sobre lo que deben o no hacer. Los temas que provocan diálogo son aquellos que se refieren a la búsqueda de respuesta a necesidades o para recrearse. En algunos casos hay quienes reconocen que no hay diálogo y peor aún no existe confianza en las relaciones entre padres-madres e hijos/hijas. Demostrándose así una gran barrera comunicacional entre padres/madres/personas adultas responsables e hijos/hijas en las provincias estudiadas.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/corregir-o-dialogar-el-dilema-presente-en-familias-de-estratos-pobres-8942757.html

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India: las mujeres explotadas de Tamil Nadu en las mil fábricas pirotécnicas

Este estado indio tiene una de las tasas de población activa femenina más alta del país. Ellas representan el 75% de mano de obra, cobran la mitad que los hombres y carecen de seguridad social y derechos laborales.

S. Rathinam, de 39 años, escapó de la muerte por los pelos aquella tarde. El 13 de febrero de 2021 tuvo que correr junto con centenares de personas para salvar su vida cuando una explosión sacudió la fábrica de pirotecnia en la que trabajaba en el pueblo de Achakulam, cerca de Sivakasi, al sur de Tamil Nadu. Un total de 26 personas, la mayoría mujeres, murieron, y varias resultaron heridas.

“Todo sucedió en un instante”, recuerda Rathinam. Como trabajadora en el sector de la pirotecnia en la región de Sivakasi, no era la primera vez que veía la muerte tan de cerca. Y puede que no sea la última.

El incidente se coló en la campaña durante las elecciones a la Asamblea, celebradas el 6 de abril. El líder de la oposición y jefe del Dravida Munnetra Kazhagam (Partido Progresista Dravídico), Mutuvel Karunanidhi Stalin, acusó al Gobierno de Edappadi K. Palaniswami de hacer caso omiso de los problemas crónicos de las peligrosas factorías de fuegos artificiales y cerillas del distrito. Entre febrero y marzo de 2021 hubo al menos cuatro explosiones en varias fábricas. Según datos facilitados por la Administración del distrito de Virudhunagar, 204 accidentes le robaron la vida a 298 personas e hirieron a otras 236 en la última década.

En sus discursos electorales, Palaniswami prometía regularizar el sector si su partido –All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK)– resultaba reelegido.

Sin embargo, pocos prestan atención a una particularidad destacada de estas tragedias: las más afectadas son las mujeres mal pagadas, como Rathiam, que constituyen la columna vertebral de la industria pirotécnica. El 95% del trabajo en las factorías es manual e incluye desde el manejo directo de productos químicos al relleno, montaje, etiquetado y empaquetado de los petardos; y el 77% de quienes realizan estas peligrosas tareas son mujeres, según el informe Condiciones socioeconómicas de las trabajadoras de la industria fosforera publicado por el Ministerio de Trabajo en 2014-2015.

Las estructuras económicas, el sistema educativo y las iniciativas de desarrollo social de Tamil Nadu han asegurado durante décadas una tasa de participación femenina en la población activa (30%) superior a la media de India (19%), de acuerdo con los últimos datos disponibles recogidos en la Encuesta Periódica de Población Activa 2018-2019. Las de las zonas rurales del estado representan un porcentaje superior de la mano de obra (35%) que las de las zonas urbanas (24%), cifras que también superan a las medias nacionales de un 20% y un 16%, respectivamente.

Sin embargo, las mujeres de otras industrias de Tamil Nadu que cuentan igualmente con abundante mano de obra femenina (alrededor del 75-80%, según los líderes sindicales), como las de componentes para automóviles, electrónica y confección, también se quejan de que sus salarios son más bajos, sus jornadas laborales más largas y que se les niegan los derechos básicos.

Las empresas pequeñas y medianas situadas en el corredor industrial que rodea Madrás emplean a mujeres con contratos que permiten no aplicar subidas salariales y facilitan la contratación y el despido. Por otro lado, las de confección del oeste de Tamil Nadu, tienen un historial de prácticas de empleo y remuneración que las ponen a ellas en desventaja. Lo que tienen en común es la promesa de empleo remunerado para las mujeres; siempre que sean mano de obra joven, vulnerable y sin apenas derechos laborales.

Sivakasi, fuegos artificiales y falta de lluvia

La industria pirotécnica de Sivakasi nació fruto de la desesperación económica de una región sin apenas lluvias, con pocas reservas de agua subterránea y escasas opciones de empleo agrícola. La primera fábrica de fósforos se levantó en la década de 1920, después de que dos empresarios locales, P. Ayya Nadar y su primo, Shanmuga Nadar, viajasen a Calcuta para aprender cómo funcionaba la industria cerillera. Más tarde, la familia instaló también fábricas de fuegos artificiales y pirotecnia en la ciudad. Pronto surgieron imprentas y talleres de etiquetas para dar servicio a esas manufacturas.

Actualmente, las 1.070 fábricas pequeñas y medianas de Sivakasi representan casi el 90% de la producción de petardos y cerillas de India

Y familias enteras empezaron a trabajar para las factorías. “El resultado fue la generalización de una cultura de búsqueda de empleo no agrícola que involucraba a toda la unidad familiar y se traducía en altas tasas de participación en la población activa”, detalla el periodista Hamish Damoradan en su libro India’s New Capitalists: Caste, Business, and Industry in a Modern Nation. “Ya en el censo de 1991, mientras que el porcentaje promedio de población activa de Tamil Nadu era del 44%, en Sivakasi y en las secciones adyacentes rondaba el 60%, lo cual indica el considerable empleo de mano de obra femenina e infantil para complementar los ingresos familiares”.

Actualmente, las 1.070 fábricas pequeñas y medianas de Sivakasi representan casi el 90% de la producción de petardos y cerillas de India. La industria da empleo directo a 300.000 trabajadores, y a más de 500.000 a través de los sectores afines.

Tras la aprobación de una legislación estricta para reducir el uso miserable de mano de obra infantil, las fábricas de Sivakasi pasaron a contratar sobre todo a trabajadoras. Según el mencionado informe del Ministerio de Trabajo de 2014-2015, por entonces ya las mujeres representaban el 74% del total de las plantillas empleadas en la industria cerillera de Tamil Nadu y Kerala. Solo la primera aporta alrededor del 75% de la producción de fósforos de seguridad del país.

Una mujer cobra alrededor de 300 rupias diarias, (unos tres euros), mientras que los hombres de la familia reciben entre 600 y 800 rupias (entre siete y nueve euros)

Lo normal es que a las trabajadoras de las pirotecnias de Sivakasi se les pague la mitad del salario que cobran los hombres. Hemos comprobado que una mujer cobra alrededor de 300 rupias diarias, muy raramente 500 (entre tres y seis euros), mientras que los hombres de la familia ‒es frecuente que familias enteras realicen este trabajo‒ reciben entre 600 y 800 rupias (entre siete y nueve euros).

Manipular explosivos sin seguro

Las casetas donde se trabaja en Sivakasi son particularmente peligrosas debido a los múltiples incumplimientos de las leyes de seguridad en lo que concierne al alquiler, el número de trabajadores y la utilización de sustancias químicas autorizadas. Las licencias para productos pirotécnicos pequeños las expide el funcionario de ingresos del distrito (DRO, por sus siglas en inglés), mientras que la Organización de Seguridad del Petróleo y los Explosivos (PESO, por sus siglas en inglés), un organismo nodal que regula el uso de sustancias peligrosas como explosivos, gases comprimidos y petróleo, autoriza la producción de fuegos artificiales peligrosos de alta gama pensados para ofrecer un despliegue espectacular de luz y sonido.

Las licencias concedidas a los propietarios de pirotecnias difieren dependiendo de la naturaleza del trabajo que se lleve a cabo, los petardos producidos y los ingredientes utilizados. Las normas especifican el número de trabajadores por sala y el número de salas necesarias en función del volumen del material.

“Solo está permitido que trabajen cuatro personas en una caseta, pero en la temporada alta somos más de ocho”, denuncia G. Shanthi, una trabajadora de 30 años de una de las fábricas de Sivakasi.

Los trabajadores denuncian que las casetas están abarrotadas, y que las bolas de productos químicos se secan al sol, y no a la sombra (los productos con un alto contenido de azufre se tienen que secar antes de las 8.30 de la mañana para evitar accidentes). Durante la temporada álgida de actividad, las manufacturas subarriendan sus instalaciones a un contratista para aumentar su producción por encima del límite estipulado en la licencia, según el testimonio de ellas mismas. Las investigaciones de la explosión de febrero revelaron que los locales habían sido subarrendados a cinco personas. Una práctica ilegal.

Solo está permitido que trabajen cuatro personas en una caseta, pero en la temporada alta somos más de ocho”, denuncia G. Shanthi, una trabajadora de 30 años

La Asociación India de Fabricantes de Fuegos Artificiales (TIFMA, por sus siglas en inglés) reconoce que algunas factorías se saltan las normas de seguridad. “La principal causa de accidentes es, sin duda, el arrendamiento y subarrendamiento sin escrúpulos. Como asociación, lo máximo que hemos podido hacer es advertirles. El Gobierno debería intervenir y tomar medidas severas”, reclama T. Kannan, secretario general de la TIFMA.

En los últimos dos meses se han suspendido las licencias de 90 pirotecnias de Virudhunagar por incumplir las normas de seguridad, afirman los miembros de la asociación.

Un estudio publicado en la revista International Journal of Environmental Engineering and Management, los trabajadores de las fábricas también se quejan de dolores de cabeza crónicos, mareos y úlceras debido a los elevados niveles de exposición al manganeso. Los que trabajan sin mascarillas ni guantes, como ocurre en muchas factorías de Sivakasi, corren el riesgo de inhalar altas concentraciones de cromo, manganeso y plomo, todos ellos metales pesados que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), conllevan el riesgo de padecer cáncer tras una prolongada exposición.

J. Kanagalakshmi, una trabajadora de 28 años de Kiliampatti, cerca de Sivakasi, se queja de que tiene menstruaciones dolorosas, irregulares y muy abundantes que atribuye al calor extremo y a la exposición a sustancias químicas en el trabajo. “A muchas que solo tienen algo más de 40 años les han tenido que extirpar el útero por esto. En las revisiones médicas en la fábrica nos aconsejan siempre que comamos fruta y azúcar de caña, pero no nos lo podemos permitir. Debería dárnoslo la empresa”, protesta.

“Hago 200 mechas al día por 500 rupias”

Igual que sus padres, Shanthi cobra 300 rupias al día (algo más de tres euros), pero no es un salario estable. Depende del volumen de trabajo que le dé su contratista. La joven es una trabajadora de segunda generación de una pirotecnia de Sivakasi. La educación les habría proporcionado a ella y a su hermana una vida mejor, señala, pero las dos se casaron con hombres del mismo pueblo, y ahora sus familias llevan más de una década dedicadas a esta labor.

Hasta hace un par de años, Kanagalakshmi trabajaba en una fábrica en la que su tarea consistía en rellenar tubitos químicos con barro para producir sofisticados fuegos artificiales con complicados efectos y sonidos. “Solía hacer unas 200 mechas al día, y ganaba 500 rupias (menos de seis euros). Pero el trabajo con el contratista era irregular. Algunos días no había nada”, cuenta. Ahora, en otra empresa le pagan solo 300 rupias diarias, su tarea es más fácil y tiene acceso a los lavabos, algo que no tenía antes.

Ahora trabaja en una fábrica en la que le pagan solo 300 rupias diarias (tres euros), pero el trabajo es más fácil y tiene acceso a los lavabos, algo que no tenía en su trabajo anterior

Eswari, de 32 años, está traumatizada por el recuerdo de una explosión en su antigua fábrica que mató y mutiló a sus amigas y compañeras. No consiguió regresar hasta pasados unos días de la tragedia. “¿Qué puedo hacer? Es el único empleo que he tenido en toda mi vida. No conozco otro. Trabajo mucho para que mis hijos reciban una buena educación y consigan algo mejor”, se resigna. Ese anhelo es lo que une a todas las obreras de Sivakasi.

Pero las familias a menudo “no tienen manera de escapar de la industria que antes ofrecía la tan necesaria movilidad económica ascendente a los trabajadores sin tierra y les ayudaba a abrirse camino por el sistema feudal de propiedad de la tierra”, observa Muniraj, un activista que se dedica a defender los derechos de los trabajadores desde que perdió a dos miembros de su familia en accidentes en las pirotecnias. “No ha habido ninguna mejora en sus condiciones laborales y muchas siguen trabajando en el sector al menos durante dos o tres generaciones”.

Hasta diciembre de 2020 el Gobierno de Tamil Nadu no creó una junta específica para las pirotecnias y las fábricas de cerillas “no organizadas”, como venían pidiendo los trabajadores desde hacía tiempo. El primer paso del organismo consistirá en asegurar que 62.661 obreros ‒tan solo el 12% de la mano de obra del sector‒ que ya forman parte de la Junta de Bienestar de los Trabajadores Manuales del estado, reciban ayudas. El Gobierno anunció que se animará a los trabajadores informales a registrarse gratuitamente. “Cada año recurrimos a los tribunales contra la prohibición de los petardos. Quienquiera que forme el Gobierno de Tamil Nadu debe garantizar una solución permanente a este asunto”, reclama Kannan, de la TIFMA.

A medida que el coro de voces que pide la prohibición de los fuegos artificiales se vuelve cada año más sonoro con múltiples demandas judiciales, crece la preocupación de las trabajadoras por su futuro. “Desde la mera supervivencia hasta la búsqueda de un empleo remunerado, tenemos la sensación de estar viviendo siempre al límite”, se lamenta Shanthi.

El Gobierno tiene que intervenir en representación de los empleados, opina Kannan. “No han hecho nada por el bienestar de los obreros de las pirotecnias, aunque genere un volumen de negocio de 25.000 millones de rupias (casi 300.000 euros)”, se queja el secretario general de la asociación. “Teniendo en cuenta que se trata de un trabajo peligroso, el Gobierno debería garantizar que las fábricas cumplan estrictamente las normas establecidas y proporcionen la seguridad social necesaria”.

Contratos “manipuladores”

En Tamil Nadu también se violan los derechos laborales en otros sectores en los que predomina la mano de obra femenina. En concreto en dos de ellos: la industria auxiliar situada en las afueras de Madrás, y las fábricas de confección de la zona oeste del estado.

Ruby (un nombre ficticio para proteger su identidad) es una contratada en una factoría de componentes para automóviles de Maraimalai Nagar clasificada en la categoría de fabricante de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés). Ruby, cuya familia vive de su sueldo, trabaja en una cadena de montaje que fabrica los sistemas de cableado de los volantes.

La creciente externalización de la contratación de la mano de obra en India está teniendo como consecuencia el descenso de los salarios, la reducción de las prestaciones y el deterioro de las condiciones laborales

Los trabajadores de estas fábricas, el 75% de los cuales son mujeres ‒como informaron diversos empleados de las OEM‒, son reclutados por agencias externas que les pagan los salarios y se encargan de garantizar otras prestaciones a los empleados de estos centros. Las entrevistadas declararon que sus sueldos se mantienen durante años prácticamente igual de bajos que cuando entraron, y que no tienen seguridad laboral ni oportunidades de progresar. “En la fase de formación cobraba 8.000 rupias (90 euros); cuatro años después mi sueldo es de 10.000 rupias (111 euros) nada más”, afirma.

La creciente externalización de la contratación de la mano de obra en India está teniendo como consecuencia el descenso de los salarios, la reducción de las prestaciones y el deterioro de las condiciones laborales, así como menos responsabilidades para las empresas, a pesar de que estas están aumentando su beneficios, como informaba IndiaSpend en marzo de 2019.

Coser y denunciar

La industria textil y de la confección de Tamil Nadu, concentrada en gran parte en los distritos al oeste del estado, tiene un historial de prácticas de explotación de la mano de obra que han provocado denuncias por los bajos salarios, jornadas laborales excesivas, violencia física y sexual, restricción de movimientos y la denegación del derecho a la sindicación.

Poco después de acabar el instituto, G. Kokila, de 20 años, empezó a trabajar en una hilandería del distrito de Dindigul, en Tamil Nadu, por 230 rupias diarias (poco más de dos euros). Cuatro años después gana 300 (tres euros). Antes, el sector era conocido por su represivo Plan Sumangali, el cual obligaba a las jóvenes solteras a trabajar por un pago único de entre 30.000 rupias (335 euros) y un lakh en concepto de compensación por los gastos de la boda. Las mujeres no cobraban sueldo ni recibían otras prestaciones como el fondo de previsión o el seguro estatal para empleados.

Estas prácticas han sido sustituidas por otras que solo han cambiado el carácter de la explotación. Mediante planes como el Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana y el Deen Dayal Upadhayaya Grameen Kaushalya Yojana, integrados en la iniciativa India Skill, muchas jóvenes de este y otros estados ‒Odisha, Assam, Bengala Occidental y Bihar‒ son traídas a las hilanderías y fábricas de confección de Tamil Nadu. “Las normas y los métodos en vigor en las décadas de 1980 y 1990 como parte del plan [Sumangali] se han modificado para adaptarlas a estrategias más flexibles, como contratar a chicas de entre 16 y 18 años y mantenerlas solo uno o dos años”, revela S. Thivya, del Sindicato del Textil y el Trabajo Común de Tamil Nadu.

Srinivasan, un trabajador de campo de la Alianza Tamil Nadu, una coalición de organizaciones de la sociedad civil que lucha por la mejora de las condiciones del sector textil, denuncia que a las jóvenes se las contrata como aprendices y se las hace trabajar turnos de más sin remuneración adicional. Según el activista, “en la mayoría de los casos, los guardas de los albergues son los encargados de las tarjetas bancarias de las trabajadoras, en las que se les abonan los salarios”.

Este artículo se realizó en colaboración con Behanbox, una plataforma digital para el periodismo de género, y fue publicado originalmente en IndiaSpend.

Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-20/india-las-mujeres-explotadas-de-tamil-nadu-en-las-mil-fabricas-pirotecnicas.html

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La telaraña de los abusos sexuales en la infancia

Fuentes: https://www.pikaramagazine.com

Muchas niñas y niños han sufrido violencia sexual, en un alto porcentaje de las ocasiones cometida por el padre. Mientras la justicia cuestiona los testimonios de las criaturas y las madres que denuncian, las implicadas reclaman colectivizar y politizar un tabú ignorado.


Marta Suria-Vázquez no es Marta Suria-Vázquez. O sí que es ella, pero en su DNI aparece otro nombre. Tuvo que recurrir a esta especie de pseudónimo para contar su historia. Los abusos sexuales en la infancia son más que abusos. Son silencios. Y violencia, dolores, enjuiciamientos. Son sobre todo historias de cuestionamientos, de no creer, de dudar. El sistema judicial no la creyó y, para evitar que se ocultara su historia y poder contarla, nació Marta Suria-Vázquez. Porque lo que vivió en su infancia no es un caso aislado, es una historia colectiva. “Das el paso al mundo exterior y lo que te encuentras es la inmensa nada”, reflexiona por teléfono. Una inmensa nada compartida, porque también cuenta que no son pocas las veces que le dicen “a mí también” o “a mi amiga”, “a mi prima”.

Con una vida de novela autobiográfica, esta mujer, experta en cooperación internacional y consultora de organismos internacionales en asuntos como la resiliencia, trata de que su relato sea un tirón de orejas social. Con una voz suave, en la que no hay espacio para los reproches, solo para las preguntas, pretende que se deje de mirar para otro lado.

“No soy un caso aislado. Así me lo confirman las estadísticas. Soy una de cada cuatro, parte del 23 por ciento de niñas que en España son víctimas de abuso sexual infantil. Soy una de cada cuatro. Sí, has leído bien. Una de cada cuatro. También soy una del 60 por ciento que lo sufre a manos de una persona del entorno familiar. Lo siento, pero las cifras no acaban aquí. Soy una de cada dos donde los casos no son aislados, sino repetidos y continuados. Aunque el 48 por ciento lo olvida, lo relega a la parte más profunda de su cerebro para sobrevivir. Soy una de cada siete, los casos que se denuncian. En el momento en el que escribo, se presentan ocho denuncias al día. Pero yo soy parte del escaso 30% de quienes consiguen llegar a juicio”.

Así arranca Marta Suria-Vázquez Ella soy yo (Círculo de Tiza, 2019), donde narra su vida a través de un relato dividido en dos: como la niña que sufre maltrato por parte de su madre y que tiene problemas de bulimia, y como la mujer adulta que de repente recuerda a través de flashes los abusos sexuales que había sufrido en la infancia por parte de su padre y de los que no había sido consciente hasta la treintena. Lo que empezó siendo un diario en el que anotaba los recuerdos que la golpeaban, se convirtió en un texto que atrapa. Una vez finalizado su largo procedimiento judicial, busca la manera de articular un discurso político sobre los abusos sexuales en la infancia: “No es un libro para víctimas, es para colectivizarlo y las que tienen fuerza que empujen”.

Las cifras

Sí. Los abusos sexuales en la infancia existen. Los datos, que seguro no recogen toda la dimensión real, son abrumadores. Entre un 10 y un 20 por ciento de la población ha sufrido abusos sexuales en su infancia. Este es el porcentaje que más se repite en el informe de Save the Children ‘Ojos que no quieren ver’. También recoge que el Consejo de Europa afirma que al menos, una de cada cinco niñas, niños y adolescentes en Europa es víctima de alguna forma de violencia sexual, incluyendo el abuso, la explotación o la pornografía.

La Fundación Anar atendió, entre enero de 2008 y mayo de 2019, 6.183 casos de abuso sexual a menores de edad. Cuatro de cada cinco eran niñas. Y casi un 40 por ciento de las veces se prolongaron durante más de un año, según apunta esta institución en el estudio ‘Abuso sexual en la infancia y la adolescencia según los afectados y su evolución en España (2008-2019)’. Y los abusadores son en una inmensa mayoría hombres.

No cojas caramelos de extraños es un advertencia que apenas cabe en estas cifras. Porque los abusadores están cerca: el hogar es el lugar en el que con mayor frecuencia ocurren los hechos. Los datos de esta fundación también indican que la mayor parte son perpetrados por el padre (32 por ciento). Si se suman todos los parientes (padres, padrastros, tíos, abuelos, hermanos, primos, etc.) resulta que el 58,8 por ciento de los abusos sexuales a menores de edad en España son cometidos por un miembro de la familia. Y los conocidos también aparecen en las estadísticas (21,2). No cojas caramelos en casa.

Y estos son los casos que se conocen, la gran mayoría están ocultos, silenciados. Save the Children estima que tan solo en un 15 por ciento de las ocasiones son denunciados. Y “un 75 de los que se denuncian se archivan antes de llegar a juicio”, apunta Mª Ángeles Jaime, abogada y presidenta de la asociación de Mujeres Juristas Themis. Y ¿qué pasa con los que se enjuician? Pues que muchas veces no son creídos. La abogada subraya que cuando hay una revelación de una niña o un niño “se produce extrañeza, se piensa que esto no puede pasar, que son muy fantásticos. A veces no queremos creer que estos horrores pasan”.

Las criaturas

En 2016, una niña de nueve años se escondió una grabadora en un calcetín para pillar a su padre después de que un juzgado de Móstoles archivara la denuncia que había interpuesto la madre por abusos. El testimonio de la niña carecía de lógica, se justificó, a pesar de los habituales llantos y quejas cuando tenía que irse con el padre, lo que obligaba a la intervención de la policía. “Como no hay testigos y en la mayoría de los casos no dejan señal física hay que escuchar al menor”, incide la magistrada Helena Gil, de la Asociación de Mujeres Juezas. No siempre es así. La experta en prevención de la violencia infantil de Save the Children Cristina Sanjuán recuerda que existe el derecho de los niños y las niñas a ser escuchados en todos los procesos que les afecten, aunque reconoce que no siempre se cumple.

“¿Cómo había sido posible? ¿Qué había fallado para que con apenas nueve años una niña se viera obligada a pasar por esa situación?”. Con este caso y con esta pregunta arranca Save the Children su informe.

Paula sabe alguna de las cosas que fallan. Paula, por cierto, es un nombre ficticio porque teme revelar su identidad y que eso la perjudique en el proceso judicial que tiene con el padre de su criatura. Todo comenzó cuando la niña, muy pequeña, habló. Y desde entonces los fallos han sido constantes: una pediatra que tarda en poner la denuncia porque no conoce el protocolo, unos servicios sociales que tampoco lo conocen, una administración autonómica que no resuelve las dudas, una policía no quiere recoger la denuncia…. “Lo típico cuando vas una ventanilla y te dan largas. Es violencia institucional pura y dura, y abuso de poder y una misoginia absoluta.Todo el sistema que tenía que hacer su trabajo… que no digo que me crean, pero cuando yo voy tienen que darme el servicio”, cuenta Paula por teléfono, aún encogida, aún dañada.

Su denuncia ha sido sobreseída provisionalmente. Nadie escuchó a su hija y se obvió a la madre: el juicio se centró en analizar la relación entre los progenitores. La justicia, en este caso, determinó que no se llevaban bien. Y caso cerrado. “¡Como si no llevarnos bien eximiera de cometer abusos al progenitor!”, clama la madre en una conversación en la que las palabras “horror”, “terrible” y “pesadilla” salen una y otra vez.

“A la niña hasta hoy no la ha visto nadie, solo el psicólogo de la Seguridad Social que la ha estado tratando un tiempo porque estaba muy alterada”, apunta Paula. La psicóloga Mireia Dardertambién denuncia la desprotección de las criaturas al no ser creídas: “Se hace una negación cultural de que el abuso existe en el seno de la familia. Miramos para otro lado: el sexo es tabú y en el seno de la familia todavía más, preferimos creer que eso pasa en otros países o en familias desestructuradas”.

Las madres

Paula, que apenas ha contado lo que está viviendo a su círculo más cercano, ha tenido que buscar mucha información para entender que lo que les pasa a ella y a su hija no es un caso aislado. Aunque vive a miles de kilómetros, ha sido una asociación gallega la que la ha ayudado a entender el contexto, la estructura en la que operan muchos de estos hechos. “Creen que no ha pasado nada. No investigar porque nos llevamos mal quiere decir que están relacionando lo que dice la niña conmigo y me apuntan a mí, aunque no lo dicen directamente. Lo que ponen sobre la mesa es el falso sap [síndrome de alieción parental]”, cuenta Paula.

La asociación de Mujeres Juristas Themis ha analizado 455 resoluciones judiciales dictadas entre 2010 y 2019 y concluye que las madres denuncian en un 51,24 por ciento de los casos, seguidas de las propias víctimas (18). Pero muchas veces no las creen. Ni a unas ni a otras. De las sentencias absolutorias, un ocho por ciento razonan “que existe una manipulación por parte de un adulto para conseguir un fin. Así, se considera que la menor no quería ir con su padre y que este es el motivo por el que se interpone la denuncia, culpando a la madre de ello”, recoge el análisis que Themis ha hecho para el Ministerio de Igualdad. En un 35 por ciento de ocasiones se achaca la absolución al testimonio contradictorio; además “la tardanza en denunciar, que tiene su fundamento en la idea estereotipada de que todas las víctimas de violencia sexual piden ayuda y denuncian inmediatamente, también fundamenta la absolución en algo más del ocho por ciento de las sentencias”, añade la asociación de juristas.

“Hay un problema de incredibilidad”, lamenta Mª Ángeles Jaime, presidenta de Themis. Cuando estos casos se basan únicamente en testimonios, porque no suele haber testigos, no es raro que no se crea, que se cuestione. Tanto a quien ha sido objeto de abusos como a quien denuncia. “Nuestra experiencia es que, a falta de evidencia físicas o testigos, se vuelve contra quien denuncia. Como la formulan las madres, se cuestiona permanente su credibilidad y siempre se sospecha de un motivo espurio detrás”, añade la abogada.

Sara no denunció. Primero fueron sus médicos los que iniciaron un protocolo de malos tratos. Cuando se separó por este motivo y su hija mayor iba con el padre, de nuevo fue un equipo médico quien inició el protocolo de abusos, ante los síntomas de la niña. Entonces, la psicóloga de violencia de género aconsejó que “no es posible concluir si existe o no abuso por la edad de la menor” y la obligaron a mantener las visitas, a pesar de que la niña no quería. Y el hospital abrió otro nuevo protocolo ante las evidencias, corroboradas por la pediatra mediante un informe. Solo se llama al padre a declarar y nuevo archivo. Por tercera vez la justicia no cree a Sara y la deja sola. El relato lo hace la campaña #MamáEstáCastigada, lanzada por la asociación Mujeres libres, Mujeres en paz, que lleva meses acompañando a Sara para que no sienta sola.

El sistema

A Paula aún la cuesta verbalizar algunas cosas. Y necesita tiempo para leer la documentación judicial. Porque aunque los abusos que ha denunciado sobre su hija sean de momento un caso cerrado, la telaraña judicial la tiene atrapada. Afirma que denunció para salir del infierno, pero ahora ha entrado en otro muy turbio y pegajoso.

“El dilema es terrible y cuando tienes que aconsejar en un despacho, si no hay evidencias, porque son casos en los que es difícil que haya, sabes que implica que se traslade la sospecha y el reproche a la madre que denuncia”, contextualiza Mª Ángeles Jaime.

La sospecha cayó sobre Sara. Porque ante la desprotección del sistema a su hija, decide interrumpir las visitas. Y él pide la custodia. Y se la dan, también la de la hija menor, aunque no tenga filiación paterna. Y Sara no las entrega a la espera de que se le comunique la ejecución de la sentencia. Y él la denuncia por secuestro. “Me las arrebató de manera brutal la policía de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer que, se supone, es la especializada en Extremadura para atender a las mujeres víctimas de violencia de género”, explica Sara. Y el duro relato continúa: detención en la comisaría junto con su hija pequeña, que estuvo horas sin comer, trato vejatorio que incluyó que la desnudaran, “arrancamiento” de las niñas, el dolor de escuchar desde el calabozo las llamadas desconsoladas de sus hijas, y los gritos y los lloros. “Entregaron a mis hijas a un desconocido para la pequeña [que no tiene filiación parental porque él nunca hizo el registro necesario] y por el que la mayor sentía miedo, tal y como ella había expresado a su pediatra y a otras profesionales”, cuenta la madre. ¿El resultado? Sara lleva dos años sin ver a sus hijas y tiene una condena de cuatro años de prisión.

Un estudio publicado por la revista Sexual Assault Report recoge que presentar denuncias por abuso puede ser más perjudicial para el progenitor que intenta proteger a la menor que para el agresor denunciado. E indica que en el 20 por ciento de los casos analizados se entregó la custodia al abusador, en el 10 a quien había denunciado y en el restante 70 por ciento fueron custodias compartidas.

¿Qué debe hacer una madre cuando su hija le cuenta lo que hace su padre con ella? Por cierto, en muchos casos son violaciones. “Si denuncias, te criminalizan. Y a las niñas no las escuchan o, si las escuchan, dicen que están manipuladas. Y puedes perder la custodia. O acabar en la cárcel. Y si no denuncias también te pueden criminalizar y quitar la custodia porque no has protegido a la menor”, cuenta otra madre que ha pasado por esta experiencia. Ella tampoco quiere que salga su nombre, por temor a represalias y a exponer a su hija. Y porque su testimonio, de nuevo brutal y asfixiante, quiere que solo sirva para emprender los primeros pasos de este reportaje, para contextualizar y ayudar a entender la magnitud del asunto.

La telaraña obliga reiteradamente a dejar a un lado la identidad e inventarse un nuevo nombre para hablar.

Y aquí entran los estereotipos. Lo de siempre. “Es muy fácil, porque está más instalado, poner a la mujer de bruja y mala, y eso cala en un periquete”, lamenta Paula. La magistrada Helena Gil recuerda que además de sobre las mujeres los prejuicios también calan en los niños y niñas. “Hace falta mucha perspectiva de infancia para instruir estos casos correctamente, no puedes investigar buscando el error y no creyendo la denuncia”, apunta.

Cuando denunció Marta Suria-Vázquez no era una niña ni tampoco una madre, era una mujer adulta. “Mentirosa”, “loca” y “enferma” fueron los calificativos que recibió por una parte de su familia. También denuncia violencia institucional: “Él es inocente y tú la mentirosa, o la loca, o ambas cosas, si no demuestras lo contrario. No se juzga al acusado, sino a la víctima”. Y reclama que cuando “te abres en canal” es necesario un sitio libre de juicio y rebosante de paciencia.

“Mi proceso judicial fue brutal en mayúsculas, fue una batalla de soldados con lanzas y tú eres el centro de la diana. Mi proceso duró cuatro años, desde que fui a la comisaría hasta que recibo el resultado. Tuve que declarar siete veces, repetirlo todo con detalles. Cuando eres pequeña se recurre a la imaginación, a la mentira de la niña, a la manipulación o a la venganza de las madres. Si eres adulta y no ha prescrito entonces todos los exámenes son sobre tu cordura, cómo puede ser que solo lo cuentes en la edad adulta y que no hayas recordado hasta ahora. De pequeña es el sap y de mayor el síndrome de memorias falsas, que es pseudociencia y que usan para cuestionar tus recuerdos y tu memoria”, explica. Y revive que en sus informes se menciona cómo iba vestida, su sueldo y su trabajo. Y tira del hilo y narra que cuando contó sus problemas con el peso y con la bulimia en su adolescencia, uno de los comentarios de los expertos fue que no lo entendía porque era una mujer muy guapa.

La sociedad

Dylan Farrow, hija adoptiva de Woody Allen, hizo públicos en 2014 los abusos de su padre hacia ella cuando tenía siete años. “Woody Allen es un testimonio vivo de la forma en que nuestra sociedad falla a los supervivientes de agresiones y abusos sexuales”, escribió en The New York Times. Con el movimiento #MeToo volvió a clamar. El proceso judicial tras la denuncia de su madre, Mia Farrow, y a la que respondió Allen pidiendo la custodia, nunca penó al director de cine. Este año, a través de un documental Allen vs Farrow, el testimonio de Dylan Farrow sí ha tenido más repercusión y amparo.

En 1998 Zoilamérica Ortega Murillo, la hija de la actual vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, e hija adoptiva del presidente del país, Daniel Ortega, denunció a este por los abusos sexuales sufridos desde que tenía nueve años. Nadie la creyó, tampoco su madre. Cuando el caso llegó a los tribunales había prescrito. Zoilamérica se tuvo que exiliar en Costa Rica. De nuevo fue un documental, Exiliada, el que recordó la historia a la sociedad para, ahora sí, creer a la víctima. “Una de las cosas que me hace sentir más contenta es la humanización de Zoilamérica, porque es muy común que las víctimas de abuso sexual sean estigmatizadas, que les digan ‘mentirosas’ y ‘locas’, que les acusen de tener agendas ocultas y que por eso hablan”, dijo a Pikara Magazine la directora del documental, Leonor Zúniga.

A pesar de la multitud de casos, el abuso sexual en la infancia cuando el abusador es alguien de la familia o, sobre todo, cuando es el padre, no tiene espacio mediático ni político ni social. “La sensación que tengo es que la gente lo rehúye, es tan horroroso, descabellado y tan oscura la idea…”, apunta Paula. “Todavía estamos en la negación”, añade la psicóloga Mireia Darder.

En los últimos años, los medios de comunicación sí han informado de varios casos. “Sale más, pero descontextualizado, con titulares pornográficos, sin análisis. Está más presente, pero me preocupa cómo lo hace porque alimenta la monstruosidad, el suceso, el caso aislado y todo aparece muy judicializado, cuando hay que hablarlo como un asunto de justicia social”, cuenta Suria-Vázquez. Además, la gran mayoría de las noticias están relacionadas con abusos por parte de personas que pertenecen a instituciones religiosas, trabajan en colegios o son monitores deportivos.

La mamá a la que ni siquiera se le ha puesto un pseudónimo lo anunció desde el inicio: “El problema es cuando el abusador es el padre, porque si es un profesor o un monitor cambias a la niña de colegio”. Hay entonces margen para la protección y el cuidado. Hay espacio para las certezas. Las dudas no señalan ni castigan. Al menos, no tanto.

“Todo el abuso en el seno de la familia es un tabú, no solo del padre, sino de tíos, hermanos, abuelos… Es el gran tabú cultural que tenemos, que es el más común y el que menos sale en los medios. El que más sale es de hombres a hombres”, describe Darder. Y ofrece un ejemplo: de los cuatro libros que ha escrito es precisamente el relacionado con abusos sexuales, La sociedad del abuso, el menos vendido.

Las redes

Marta Suria-Vázquez nació para hacer pública su vida, politizarla fue una de las razones por las que escribió su libro. Y también es uno de los motivos por los que busca alianzas y lanza preguntas, porque a pesar de lo vivido sigue sin entender. Pero una cosa tiene clara: “Las palabras no salvan, la compañía sí”.

La mamá que ni siquiera aparece bajo un nombre ficticio también incide en la importancia de las redes “para mantenerte cuerda” y exige responsabilidad social para proteger a las criaturas.
“Si hay una de cada cuatro mujeres abusada, hay uno de cada cuatro hombres abusador, eso significa cambiar la cultura patriarcal entera, no naturalizar la violencia. El cambio tendría que ser tan grande que por eso no se mira. El abuso es la forma de relación que propone el patriarcado”, añade Darder. “Comprender y aceptar el abuso sexual es devastador para la que lo sufre y para la que acompaña”, escribe Suria-Vázquez.

Y Paula finaliza: “Tengo que involucrarme en politizar los abusos. Además de cuidarme y protegerme, esta experiencia de mierda tiene que ir más allá de destrozar mis nervios y la salud de mi hija”.


Fuente: https://www.pikaramagazine.com/2021/05/la-telarana-de-los-abusos-sexuales-en-la-infancia/

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