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India: las mujeres explotadas de Tamil Nadu en las mil fábricas pirotécnicas

Este estado indio tiene una de las tasas de población activa femenina más alta del país. Ellas representan el 75% de mano de obra, cobran la mitad que los hombres y carecen de seguridad social y derechos laborales.

S. Rathinam, de 39 años, escapó de la muerte por los pelos aquella tarde. El 13 de febrero de 2021 tuvo que correr junto con centenares de personas para salvar su vida cuando una explosión sacudió la fábrica de pirotecnia en la que trabajaba en el pueblo de Achakulam, cerca de Sivakasi, al sur de Tamil Nadu. Un total de 26 personas, la mayoría mujeres, murieron, y varias resultaron heridas.

“Todo sucedió en un instante”, recuerda Rathinam. Como trabajadora en el sector de la pirotecnia en la región de Sivakasi, no era la primera vez que veía la muerte tan de cerca. Y puede que no sea la última.

El incidente se coló en la campaña durante las elecciones a la Asamblea, celebradas el 6 de abril. El líder de la oposición y jefe del Dravida Munnetra Kazhagam (Partido Progresista Dravídico), Mutuvel Karunanidhi Stalin, acusó al Gobierno de Edappadi K. Palaniswami de hacer caso omiso de los problemas crónicos de las peligrosas factorías de fuegos artificiales y cerillas del distrito. Entre febrero y marzo de 2021 hubo al menos cuatro explosiones en varias fábricas. Según datos facilitados por la Administración del distrito de Virudhunagar, 204 accidentes le robaron la vida a 298 personas e hirieron a otras 236 en la última década.

En sus discursos electorales, Palaniswami prometía regularizar el sector si su partido –All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK)– resultaba reelegido.

Sin embargo, pocos prestan atención a una particularidad destacada de estas tragedias: las más afectadas son las mujeres mal pagadas, como Rathiam, que constituyen la columna vertebral de la industria pirotécnica. El 95% del trabajo en las factorías es manual e incluye desde el manejo directo de productos químicos al relleno, montaje, etiquetado y empaquetado de los petardos; y el 77% de quienes realizan estas peligrosas tareas son mujeres, según el informe Condiciones socioeconómicas de las trabajadoras de la industria fosforera publicado por el Ministerio de Trabajo en 2014-2015.

Las estructuras económicas, el sistema educativo y las iniciativas de desarrollo social de Tamil Nadu han asegurado durante décadas una tasa de participación femenina en la población activa (30%) superior a la media de India (19%), de acuerdo con los últimos datos disponibles recogidos en la Encuesta Periódica de Población Activa 2018-2019. Las de las zonas rurales del estado representan un porcentaje superior de la mano de obra (35%) que las de las zonas urbanas (24%), cifras que también superan a las medias nacionales de un 20% y un 16%, respectivamente.

Sin embargo, las mujeres de otras industrias de Tamil Nadu que cuentan igualmente con abundante mano de obra femenina (alrededor del 75-80%, según los líderes sindicales), como las de componentes para automóviles, electrónica y confección, también se quejan de que sus salarios son más bajos, sus jornadas laborales más largas y que se les niegan los derechos básicos.

Las empresas pequeñas y medianas situadas en el corredor industrial que rodea Madrás emplean a mujeres con contratos que permiten no aplicar subidas salariales y facilitan la contratación y el despido. Por otro lado, las de confección del oeste de Tamil Nadu, tienen un historial de prácticas de empleo y remuneración que las ponen a ellas en desventaja. Lo que tienen en común es la promesa de empleo remunerado para las mujeres; siempre que sean mano de obra joven, vulnerable y sin apenas derechos laborales.

Sivakasi, fuegos artificiales y falta de lluvia

La industria pirotécnica de Sivakasi nació fruto de la desesperación económica de una región sin apenas lluvias, con pocas reservas de agua subterránea y escasas opciones de empleo agrícola. La primera fábrica de fósforos se levantó en la década de 1920, después de que dos empresarios locales, P. Ayya Nadar y su primo, Shanmuga Nadar, viajasen a Calcuta para aprender cómo funcionaba la industria cerillera. Más tarde, la familia instaló también fábricas de fuegos artificiales y pirotecnia en la ciudad. Pronto surgieron imprentas y talleres de etiquetas para dar servicio a esas manufacturas.

Actualmente, las 1.070 fábricas pequeñas y medianas de Sivakasi representan casi el 90% de la producción de petardos y cerillas de India

Y familias enteras empezaron a trabajar para las factorías. “El resultado fue la generalización de una cultura de búsqueda de empleo no agrícola que involucraba a toda la unidad familiar y se traducía en altas tasas de participación en la población activa”, detalla el periodista Hamish Damoradan en su libro India’s New Capitalists: Caste, Business, and Industry in a Modern Nation. “Ya en el censo de 1991, mientras que el porcentaje promedio de población activa de Tamil Nadu era del 44%, en Sivakasi y en las secciones adyacentes rondaba el 60%, lo cual indica el considerable empleo de mano de obra femenina e infantil para complementar los ingresos familiares”.

Actualmente, las 1.070 fábricas pequeñas y medianas de Sivakasi representan casi el 90% de la producción de petardos y cerillas de India. La industria da empleo directo a 300.000 trabajadores, y a más de 500.000 a través de los sectores afines.

Tras la aprobación de una legislación estricta para reducir el uso miserable de mano de obra infantil, las fábricas de Sivakasi pasaron a contratar sobre todo a trabajadoras. Según el mencionado informe del Ministerio de Trabajo de 2014-2015, por entonces ya las mujeres representaban el 74% del total de las plantillas empleadas en la industria cerillera de Tamil Nadu y Kerala. Solo la primera aporta alrededor del 75% de la producción de fósforos de seguridad del país.

Una mujer cobra alrededor de 300 rupias diarias, (unos tres euros), mientras que los hombres de la familia reciben entre 600 y 800 rupias (entre siete y nueve euros)

Lo normal es que a las trabajadoras de las pirotecnias de Sivakasi se les pague la mitad del salario que cobran los hombres. Hemos comprobado que una mujer cobra alrededor de 300 rupias diarias, muy raramente 500 (entre tres y seis euros), mientras que los hombres de la familia ‒es frecuente que familias enteras realicen este trabajo‒ reciben entre 600 y 800 rupias (entre siete y nueve euros).

Manipular explosivos sin seguro

Las casetas donde se trabaja en Sivakasi son particularmente peligrosas debido a los múltiples incumplimientos de las leyes de seguridad en lo que concierne al alquiler, el número de trabajadores y la utilización de sustancias químicas autorizadas. Las licencias para productos pirotécnicos pequeños las expide el funcionario de ingresos del distrito (DRO, por sus siglas en inglés), mientras que la Organización de Seguridad del Petróleo y los Explosivos (PESO, por sus siglas en inglés), un organismo nodal que regula el uso de sustancias peligrosas como explosivos, gases comprimidos y petróleo, autoriza la producción de fuegos artificiales peligrosos de alta gama pensados para ofrecer un despliegue espectacular de luz y sonido.

Las licencias concedidas a los propietarios de pirotecnias difieren dependiendo de la naturaleza del trabajo que se lleve a cabo, los petardos producidos y los ingredientes utilizados. Las normas especifican el número de trabajadores por sala y el número de salas necesarias en función del volumen del material.

“Solo está permitido que trabajen cuatro personas en una caseta, pero en la temporada alta somos más de ocho”, denuncia G. Shanthi, una trabajadora de 30 años de una de las fábricas de Sivakasi.

Los trabajadores denuncian que las casetas están abarrotadas, y que las bolas de productos químicos se secan al sol, y no a la sombra (los productos con un alto contenido de azufre se tienen que secar antes de las 8.30 de la mañana para evitar accidentes). Durante la temporada álgida de actividad, las manufacturas subarriendan sus instalaciones a un contratista para aumentar su producción por encima del límite estipulado en la licencia, según el testimonio de ellas mismas. Las investigaciones de la explosión de febrero revelaron que los locales habían sido subarrendados a cinco personas. Una práctica ilegal.

Solo está permitido que trabajen cuatro personas en una caseta, pero en la temporada alta somos más de ocho”, denuncia G. Shanthi, una trabajadora de 30 años

La Asociación India de Fabricantes de Fuegos Artificiales (TIFMA, por sus siglas en inglés) reconoce que algunas factorías se saltan las normas de seguridad. “La principal causa de accidentes es, sin duda, el arrendamiento y subarrendamiento sin escrúpulos. Como asociación, lo máximo que hemos podido hacer es advertirles. El Gobierno debería intervenir y tomar medidas severas”, reclama T. Kannan, secretario general de la TIFMA.

En los últimos dos meses se han suspendido las licencias de 90 pirotecnias de Virudhunagar por incumplir las normas de seguridad, afirman los miembros de la asociación.

Un estudio publicado en la revista International Journal of Environmental Engineering and Management, los trabajadores de las fábricas también se quejan de dolores de cabeza crónicos, mareos y úlceras debido a los elevados niveles de exposición al manganeso. Los que trabajan sin mascarillas ni guantes, como ocurre en muchas factorías de Sivakasi, corren el riesgo de inhalar altas concentraciones de cromo, manganeso y plomo, todos ellos metales pesados que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), conllevan el riesgo de padecer cáncer tras una prolongada exposición.

J. Kanagalakshmi, una trabajadora de 28 años de Kiliampatti, cerca de Sivakasi, se queja de que tiene menstruaciones dolorosas, irregulares y muy abundantes que atribuye al calor extremo y a la exposición a sustancias químicas en el trabajo. “A muchas que solo tienen algo más de 40 años les han tenido que extirpar el útero por esto. En las revisiones médicas en la fábrica nos aconsejan siempre que comamos fruta y azúcar de caña, pero no nos lo podemos permitir. Debería dárnoslo la empresa”, protesta.

“Hago 200 mechas al día por 500 rupias”

Igual que sus padres, Shanthi cobra 300 rupias al día (algo más de tres euros), pero no es un salario estable. Depende del volumen de trabajo que le dé su contratista. La joven es una trabajadora de segunda generación de una pirotecnia de Sivakasi. La educación les habría proporcionado a ella y a su hermana una vida mejor, señala, pero las dos se casaron con hombres del mismo pueblo, y ahora sus familias llevan más de una década dedicadas a esta labor.

Hasta hace un par de años, Kanagalakshmi trabajaba en una fábrica en la que su tarea consistía en rellenar tubitos químicos con barro para producir sofisticados fuegos artificiales con complicados efectos y sonidos. “Solía hacer unas 200 mechas al día, y ganaba 500 rupias (menos de seis euros). Pero el trabajo con el contratista era irregular. Algunos días no había nada”, cuenta. Ahora, en otra empresa le pagan solo 300 rupias diarias, su tarea es más fácil y tiene acceso a los lavabos, algo que no tenía antes.

Ahora trabaja en una fábrica en la que le pagan solo 300 rupias diarias (tres euros), pero el trabajo es más fácil y tiene acceso a los lavabos, algo que no tenía en su trabajo anterior

Eswari, de 32 años, está traumatizada por el recuerdo de una explosión en su antigua fábrica que mató y mutiló a sus amigas y compañeras. No consiguió regresar hasta pasados unos días de la tragedia. “¿Qué puedo hacer? Es el único empleo que he tenido en toda mi vida. No conozco otro. Trabajo mucho para que mis hijos reciban una buena educación y consigan algo mejor”, se resigna. Ese anhelo es lo que une a todas las obreras de Sivakasi.

Pero las familias a menudo “no tienen manera de escapar de la industria que antes ofrecía la tan necesaria movilidad económica ascendente a los trabajadores sin tierra y les ayudaba a abrirse camino por el sistema feudal de propiedad de la tierra”, observa Muniraj, un activista que se dedica a defender los derechos de los trabajadores desde que perdió a dos miembros de su familia en accidentes en las pirotecnias. “No ha habido ninguna mejora en sus condiciones laborales y muchas siguen trabajando en el sector al menos durante dos o tres generaciones”.

Hasta diciembre de 2020 el Gobierno de Tamil Nadu no creó una junta específica para las pirotecnias y las fábricas de cerillas “no organizadas”, como venían pidiendo los trabajadores desde hacía tiempo. El primer paso del organismo consistirá en asegurar que 62.661 obreros ‒tan solo el 12% de la mano de obra del sector‒ que ya forman parte de la Junta de Bienestar de los Trabajadores Manuales del estado, reciban ayudas. El Gobierno anunció que se animará a los trabajadores informales a registrarse gratuitamente. “Cada año recurrimos a los tribunales contra la prohibición de los petardos. Quienquiera que forme el Gobierno de Tamil Nadu debe garantizar una solución permanente a este asunto”, reclama Kannan, de la TIFMA.

A medida que el coro de voces que pide la prohibición de los fuegos artificiales se vuelve cada año más sonoro con múltiples demandas judiciales, crece la preocupación de las trabajadoras por su futuro. “Desde la mera supervivencia hasta la búsqueda de un empleo remunerado, tenemos la sensación de estar viviendo siempre al límite”, se lamenta Shanthi.

El Gobierno tiene que intervenir en representación de los empleados, opina Kannan. “No han hecho nada por el bienestar de los obreros de las pirotecnias, aunque genere un volumen de negocio de 25.000 millones de rupias (casi 300.000 euros)”, se queja el secretario general de la asociación. “Teniendo en cuenta que se trata de un trabajo peligroso, el Gobierno debería garantizar que las fábricas cumplan estrictamente las normas establecidas y proporcionen la seguridad social necesaria”.

Contratos “manipuladores”

En Tamil Nadu también se violan los derechos laborales en otros sectores en los que predomina la mano de obra femenina. En concreto en dos de ellos: la industria auxiliar situada en las afueras de Madrás, y las fábricas de confección de la zona oeste del estado.

Ruby (un nombre ficticio para proteger su identidad) es una contratada en una factoría de componentes para automóviles de Maraimalai Nagar clasificada en la categoría de fabricante de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés). Ruby, cuya familia vive de su sueldo, trabaja en una cadena de montaje que fabrica los sistemas de cableado de los volantes.

La creciente externalización de la contratación de la mano de obra en India está teniendo como consecuencia el descenso de los salarios, la reducción de las prestaciones y el deterioro de las condiciones laborales

Los trabajadores de estas fábricas, el 75% de los cuales son mujeres ‒como informaron diversos empleados de las OEM‒, son reclutados por agencias externas que les pagan los salarios y se encargan de garantizar otras prestaciones a los empleados de estos centros. Las entrevistadas declararon que sus sueldos se mantienen durante años prácticamente igual de bajos que cuando entraron, y que no tienen seguridad laboral ni oportunidades de progresar. “En la fase de formación cobraba 8.000 rupias (90 euros); cuatro años después mi sueldo es de 10.000 rupias (111 euros) nada más”, afirma.

La creciente externalización de la contratación de la mano de obra en India está teniendo como consecuencia el descenso de los salarios, la reducción de las prestaciones y el deterioro de las condiciones laborales, así como menos responsabilidades para las empresas, a pesar de que estas están aumentando su beneficios, como informaba IndiaSpend en marzo de 2019.

Coser y denunciar

La industria textil y de la confección de Tamil Nadu, concentrada en gran parte en los distritos al oeste del estado, tiene un historial de prácticas de explotación de la mano de obra que han provocado denuncias por los bajos salarios, jornadas laborales excesivas, violencia física y sexual, restricción de movimientos y la denegación del derecho a la sindicación.

Poco después de acabar el instituto, G. Kokila, de 20 años, empezó a trabajar en una hilandería del distrito de Dindigul, en Tamil Nadu, por 230 rupias diarias (poco más de dos euros). Cuatro años después gana 300 (tres euros). Antes, el sector era conocido por su represivo Plan Sumangali, el cual obligaba a las jóvenes solteras a trabajar por un pago único de entre 30.000 rupias (335 euros) y un lakh en concepto de compensación por los gastos de la boda. Las mujeres no cobraban sueldo ni recibían otras prestaciones como el fondo de previsión o el seguro estatal para empleados.

Estas prácticas han sido sustituidas por otras que solo han cambiado el carácter de la explotación. Mediante planes como el Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana y el Deen Dayal Upadhayaya Grameen Kaushalya Yojana, integrados en la iniciativa India Skill, muchas jóvenes de este y otros estados ‒Odisha, Assam, Bengala Occidental y Bihar‒ son traídas a las hilanderías y fábricas de confección de Tamil Nadu. “Las normas y los métodos en vigor en las décadas de 1980 y 1990 como parte del plan [Sumangali] se han modificado para adaptarlas a estrategias más flexibles, como contratar a chicas de entre 16 y 18 años y mantenerlas solo uno o dos años”, revela S. Thivya, del Sindicato del Textil y el Trabajo Común de Tamil Nadu.

Srinivasan, un trabajador de campo de la Alianza Tamil Nadu, una coalición de organizaciones de la sociedad civil que lucha por la mejora de las condiciones del sector textil, denuncia que a las jóvenes se las contrata como aprendices y se las hace trabajar turnos de más sin remuneración adicional. Según el activista, “en la mayoría de los casos, los guardas de los albergues son los encargados de las tarjetas bancarias de las trabajadoras, en las que se les abonan los salarios”.

Este artículo se realizó en colaboración con Behanbox, una plataforma digital para el periodismo de género, y fue publicado originalmente en IndiaSpend.

Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-20/india-las-mujeres-explotadas-de-tamil-nadu-en-las-mil-fabricas-pirotecnicas.html

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La telaraña de los abusos sexuales en la infancia

Fuentes: https://www.pikaramagazine.com

Muchas niñas y niños han sufrido violencia sexual, en un alto porcentaje de las ocasiones cometida por el padre. Mientras la justicia cuestiona los testimonios de las criaturas y las madres que denuncian, las implicadas reclaman colectivizar y politizar un tabú ignorado.


Marta Suria-Vázquez no es Marta Suria-Vázquez. O sí que es ella, pero en su DNI aparece otro nombre. Tuvo que recurrir a esta especie de pseudónimo para contar su historia. Los abusos sexuales en la infancia son más que abusos. Son silencios. Y violencia, dolores, enjuiciamientos. Son sobre todo historias de cuestionamientos, de no creer, de dudar. El sistema judicial no la creyó y, para evitar que se ocultara su historia y poder contarla, nació Marta Suria-Vázquez. Porque lo que vivió en su infancia no es un caso aislado, es una historia colectiva. “Das el paso al mundo exterior y lo que te encuentras es la inmensa nada”, reflexiona por teléfono. Una inmensa nada compartida, porque también cuenta que no son pocas las veces que le dicen “a mí también” o “a mi amiga”, “a mi prima”.

Con una vida de novela autobiográfica, esta mujer, experta en cooperación internacional y consultora de organismos internacionales en asuntos como la resiliencia, trata de que su relato sea un tirón de orejas social. Con una voz suave, en la que no hay espacio para los reproches, solo para las preguntas, pretende que se deje de mirar para otro lado.

“No soy un caso aislado. Así me lo confirman las estadísticas. Soy una de cada cuatro, parte del 23 por ciento de niñas que en España son víctimas de abuso sexual infantil. Soy una de cada cuatro. Sí, has leído bien. Una de cada cuatro. También soy una del 60 por ciento que lo sufre a manos de una persona del entorno familiar. Lo siento, pero las cifras no acaban aquí. Soy una de cada dos donde los casos no son aislados, sino repetidos y continuados. Aunque el 48 por ciento lo olvida, lo relega a la parte más profunda de su cerebro para sobrevivir. Soy una de cada siete, los casos que se denuncian. En el momento en el que escribo, se presentan ocho denuncias al día. Pero yo soy parte del escaso 30% de quienes consiguen llegar a juicio”.

Así arranca Marta Suria-Vázquez Ella soy yo (Círculo de Tiza, 2019), donde narra su vida a través de un relato dividido en dos: como la niña que sufre maltrato por parte de su madre y que tiene problemas de bulimia, y como la mujer adulta que de repente recuerda a través de flashes los abusos sexuales que había sufrido en la infancia por parte de su padre y de los que no había sido consciente hasta la treintena. Lo que empezó siendo un diario en el que anotaba los recuerdos que la golpeaban, se convirtió en un texto que atrapa. Una vez finalizado su largo procedimiento judicial, busca la manera de articular un discurso político sobre los abusos sexuales en la infancia: “No es un libro para víctimas, es para colectivizarlo y las que tienen fuerza que empujen”.

Las cifras

Sí. Los abusos sexuales en la infancia existen. Los datos, que seguro no recogen toda la dimensión real, son abrumadores. Entre un 10 y un 20 por ciento de la población ha sufrido abusos sexuales en su infancia. Este es el porcentaje que más se repite en el informe de Save the Children ‘Ojos que no quieren ver’. También recoge que el Consejo de Europa afirma que al menos, una de cada cinco niñas, niños y adolescentes en Europa es víctima de alguna forma de violencia sexual, incluyendo el abuso, la explotación o la pornografía.

La Fundación Anar atendió, entre enero de 2008 y mayo de 2019, 6.183 casos de abuso sexual a menores de edad. Cuatro de cada cinco eran niñas. Y casi un 40 por ciento de las veces se prolongaron durante más de un año, según apunta esta institución en el estudio ‘Abuso sexual en la infancia y la adolescencia según los afectados y su evolución en España (2008-2019)’. Y los abusadores son en una inmensa mayoría hombres.

No cojas caramelos de extraños es un advertencia que apenas cabe en estas cifras. Porque los abusadores están cerca: el hogar es el lugar en el que con mayor frecuencia ocurren los hechos. Los datos de esta fundación también indican que la mayor parte son perpetrados por el padre (32 por ciento). Si se suman todos los parientes (padres, padrastros, tíos, abuelos, hermanos, primos, etc.) resulta que el 58,8 por ciento de los abusos sexuales a menores de edad en España son cometidos por un miembro de la familia. Y los conocidos también aparecen en las estadísticas (21,2). No cojas caramelos en casa.

Y estos son los casos que se conocen, la gran mayoría están ocultos, silenciados. Save the Children estima que tan solo en un 15 por ciento de las ocasiones son denunciados. Y “un 75 de los que se denuncian se archivan antes de llegar a juicio”, apunta Mª Ángeles Jaime, abogada y presidenta de la asociación de Mujeres Juristas Themis. Y ¿qué pasa con los que se enjuician? Pues que muchas veces no son creídos. La abogada subraya que cuando hay una revelación de una niña o un niño “se produce extrañeza, se piensa que esto no puede pasar, que son muy fantásticos. A veces no queremos creer que estos horrores pasan”.

Las criaturas

En 2016, una niña de nueve años se escondió una grabadora en un calcetín para pillar a su padre después de que un juzgado de Móstoles archivara la denuncia que había interpuesto la madre por abusos. El testimonio de la niña carecía de lógica, se justificó, a pesar de los habituales llantos y quejas cuando tenía que irse con el padre, lo que obligaba a la intervención de la policía. “Como no hay testigos y en la mayoría de los casos no dejan señal física hay que escuchar al menor”, incide la magistrada Helena Gil, de la Asociación de Mujeres Juezas. No siempre es así. La experta en prevención de la violencia infantil de Save the Children Cristina Sanjuán recuerda que existe el derecho de los niños y las niñas a ser escuchados en todos los procesos que les afecten, aunque reconoce que no siempre se cumple.

“¿Cómo había sido posible? ¿Qué había fallado para que con apenas nueve años una niña se viera obligada a pasar por esa situación?”. Con este caso y con esta pregunta arranca Save the Children su informe.

Paula sabe alguna de las cosas que fallan. Paula, por cierto, es un nombre ficticio porque teme revelar su identidad y que eso la perjudique en el proceso judicial que tiene con el padre de su criatura. Todo comenzó cuando la niña, muy pequeña, habló. Y desde entonces los fallos han sido constantes: una pediatra que tarda en poner la denuncia porque no conoce el protocolo, unos servicios sociales que tampoco lo conocen, una administración autonómica que no resuelve las dudas, una policía no quiere recoger la denuncia…. “Lo típico cuando vas una ventanilla y te dan largas. Es violencia institucional pura y dura, y abuso de poder y una misoginia absoluta.Todo el sistema que tenía que hacer su trabajo… que no digo que me crean, pero cuando yo voy tienen que darme el servicio”, cuenta Paula por teléfono, aún encogida, aún dañada.

Su denuncia ha sido sobreseída provisionalmente. Nadie escuchó a su hija y se obvió a la madre: el juicio se centró en analizar la relación entre los progenitores. La justicia, en este caso, determinó que no se llevaban bien. Y caso cerrado. “¡Como si no llevarnos bien eximiera de cometer abusos al progenitor!”, clama la madre en una conversación en la que las palabras “horror”, “terrible” y “pesadilla” salen una y otra vez.

“A la niña hasta hoy no la ha visto nadie, solo el psicólogo de la Seguridad Social que la ha estado tratando un tiempo porque estaba muy alterada”, apunta Paula. La psicóloga Mireia Dardertambién denuncia la desprotección de las criaturas al no ser creídas: “Se hace una negación cultural de que el abuso existe en el seno de la familia. Miramos para otro lado: el sexo es tabú y en el seno de la familia todavía más, preferimos creer que eso pasa en otros países o en familias desestructuradas”.

Las madres

Paula, que apenas ha contado lo que está viviendo a su círculo más cercano, ha tenido que buscar mucha información para entender que lo que les pasa a ella y a su hija no es un caso aislado. Aunque vive a miles de kilómetros, ha sido una asociación gallega la que la ha ayudado a entender el contexto, la estructura en la que operan muchos de estos hechos. “Creen que no ha pasado nada. No investigar porque nos llevamos mal quiere decir que están relacionando lo que dice la niña conmigo y me apuntan a mí, aunque no lo dicen directamente. Lo que ponen sobre la mesa es el falso sap [síndrome de alieción parental]”, cuenta Paula.

La asociación de Mujeres Juristas Themis ha analizado 455 resoluciones judiciales dictadas entre 2010 y 2019 y concluye que las madres denuncian en un 51,24 por ciento de los casos, seguidas de las propias víctimas (18). Pero muchas veces no las creen. Ni a unas ni a otras. De las sentencias absolutorias, un ocho por ciento razonan “que existe una manipulación por parte de un adulto para conseguir un fin. Así, se considera que la menor no quería ir con su padre y que este es el motivo por el que se interpone la denuncia, culpando a la madre de ello”, recoge el análisis que Themis ha hecho para el Ministerio de Igualdad. En un 35 por ciento de ocasiones se achaca la absolución al testimonio contradictorio; además “la tardanza en denunciar, que tiene su fundamento en la idea estereotipada de que todas las víctimas de violencia sexual piden ayuda y denuncian inmediatamente, también fundamenta la absolución en algo más del ocho por ciento de las sentencias”, añade la asociación de juristas.

“Hay un problema de incredibilidad”, lamenta Mª Ángeles Jaime, presidenta de Themis. Cuando estos casos se basan únicamente en testimonios, porque no suele haber testigos, no es raro que no se crea, que se cuestione. Tanto a quien ha sido objeto de abusos como a quien denuncia. “Nuestra experiencia es que, a falta de evidencia físicas o testigos, se vuelve contra quien denuncia. Como la formulan las madres, se cuestiona permanente su credibilidad y siempre se sospecha de un motivo espurio detrás”, añade la abogada.

Sara no denunció. Primero fueron sus médicos los que iniciaron un protocolo de malos tratos. Cuando se separó por este motivo y su hija mayor iba con el padre, de nuevo fue un equipo médico quien inició el protocolo de abusos, ante los síntomas de la niña. Entonces, la psicóloga de violencia de género aconsejó que “no es posible concluir si existe o no abuso por la edad de la menor” y la obligaron a mantener las visitas, a pesar de que la niña no quería. Y el hospital abrió otro nuevo protocolo ante las evidencias, corroboradas por la pediatra mediante un informe. Solo se llama al padre a declarar y nuevo archivo. Por tercera vez la justicia no cree a Sara y la deja sola. El relato lo hace la campaña #MamáEstáCastigada, lanzada por la asociación Mujeres libres, Mujeres en paz, que lleva meses acompañando a Sara para que no sienta sola.

El sistema

A Paula aún la cuesta verbalizar algunas cosas. Y necesita tiempo para leer la documentación judicial. Porque aunque los abusos que ha denunciado sobre su hija sean de momento un caso cerrado, la telaraña judicial la tiene atrapada. Afirma que denunció para salir del infierno, pero ahora ha entrado en otro muy turbio y pegajoso.

“El dilema es terrible y cuando tienes que aconsejar en un despacho, si no hay evidencias, porque son casos en los que es difícil que haya, sabes que implica que se traslade la sospecha y el reproche a la madre que denuncia”, contextualiza Mª Ángeles Jaime.

La sospecha cayó sobre Sara. Porque ante la desprotección del sistema a su hija, decide interrumpir las visitas. Y él pide la custodia. Y se la dan, también la de la hija menor, aunque no tenga filiación paterna. Y Sara no las entrega a la espera de que se le comunique la ejecución de la sentencia. Y él la denuncia por secuestro. “Me las arrebató de manera brutal la policía de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer que, se supone, es la especializada en Extremadura para atender a las mujeres víctimas de violencia de género”, explica Sara. Y el duro relato continúa: detención en la comisaría junto con su hija pequeña, que estuvo horas sin comer, trato vejatorio que incluyó que la desnudaran, “arrancamiento” de las niñas, el dolor de escuchar desde el calabozo las llamadas desconsoladas de sus hijas, y los gritos y los lloros. “Entregaron a mis hijas a un desconocido para la pequeña [que no tiene filiación parental porque él nunca hizo el registro necesario] y por el que la mayor sentía miedo, tal y como ella había expresado a su pediatra y a otras profesionales”, cuenta la madre. ¿El resultado? Sara lleva dos años sin ver a sus hijas y tiene una condena de cuatro años de prisión.

Un estudio publicado por la revista Sexual Assault Report recoge que presentar denuncias por abuso puede ser más perjudicial para el progenitor que intenta proteger a la menor que para el agresor denunciado. E indica que en el 20 por ciento de los casos analizados se entregó la custodia al abusador, en el 10 a quien había denunciado y en el restante 70 por ciento fueron custodias compartidas.

¿Qué debe hacer una madre cuando su hija le cuenta lo que hace su padre con ella? Por cierto, en muchos casos son violaciones. “Si denuncias, te criminalizan. Y a las niñas no las escuchan o, si las escuchan, dicen que están manipuladas. Y puedes perder la custodia. O acabar en la cárcel. Y si no denuncias también te pueden criminalizar y quitar la custodia porque no has protegido a la menor”, cuenta otra madre que ha pasado por esta experiencia. Ella tampoco quiere que salga su nombre, por temor a represalias y a exponer a su hija. Y porque su testimonio, de nuevo brutal y asfixiante, quiere que solo sirva para emprender los primeros pasos de este reportaje, para contextualizar y ayudar a entender la magnitud del asunto.

La telaraña obliga reiteradamente a dejar a un lado la identidad e inventarse un nuevo nombre para hablar.

Y aquí entran los estereotipos. Lo de siempre. “Es muy fácil, porque está más instalado, poner a la mujer de bruja y mala, y eso cala en un periquete”, lamenta Paula. La magistrada Helena Gil recuerda que además de sobre las mujeres los prejuicios también calan en los niños y niñas. “Hace falta mucha perspectiva de infancia para instruir estos casos correctamente, no puedes investigar buscando el error y no creyendo la denuncia”, apunta.

Cuando denunció Marta Suria-Vázquez no era una niña ni tampoco una madre, era una mujer adulta. “Mentirosa”, “loca” y “enferma” fueron los calificativos que recibió por una parte de su familia. También denuncia violencia institucional: “Él es inocente y tú la mentirosa, o la loca, o ambas cosas, si no demuestras lo contrario. No se juzga al acusado, sino a la víctima”. Y reclama que cuando “te abres en canal” es necesario un sitio libre de juicio y rebosante de paciencia.

“Mi proceso judicial fue brutal en mayúsculas, fue una batalla de soldados con lanzas y tú eres el centro de la diana. Mi proceso duró cuatro años, desde que fui a la comisaría hasta que recibo el resultado. Tuve que declarar siete veces, repetirlo todo con detalles. Cuando eres pequeña se recurre a la imaginación, a la mentira de la niña, a la manipulación o a la venganza de las madres. Si eres adulta y no ha prescrito entonces todos los exámenes son sobre tu cordura, cómo puede ser que solo lo cuentes en la edad adulta y que no hayas recordado hasta ahora. De pequeña es el sap y de mayor el síndrome de memorias falsas, que es pseudociencia y que usan para cuestionar tus recuerdos y tu memoria”, explica. Y revive que en sus informes se menciona cómo iba vestida, su sueldo y su trabajo. Y tira del hilo y narra que cuando contó sus problemas con el peso y con la bulimia en su adolescencia, uno de los comentarios de los expertos fue que no lo entendía porque era una mujer muy guapa.

La sociedad

Dylan Farrow, hija adoptiva de Woody Allen, hizo públicos en 2014 los abusos de su padre hacia ella cuando tenía siete años. “Woody Allen es un testimonio vivo de la forma en que nuestra sociedad falla a los supervivientes de agresiones y abusos sexuales”, escribió en The New York Times. Con el movimiento #MeToo volvió a clamar. El proceso judicial tras la denuncia de su madre, Mia Farrow, y a la que respondió Allen pidiendo la custodia, nunca penó al director de cine. Este año, a través de un documental Allen vs Farrow, el testimonio de Dylan Farrow sí ha tenido más repercusión y amparo.

En 1998 Zoilamérica Ortega Murillo, la hija de la actual vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, e hija adoptiva del presidente del país, Daniel Ortega, denunció a este por los abusos sexuales sufridos desde que tenía nueve años. Nadie la creyó, tampoco su madre. Cuando el caso llegó a los tribunales había prescrito. Zoilamérica se tuvo que exiliar en Costa Rica. De nuevo fue un documental, Exiliada, el que recordó la historia a la sociedad para, ahora sí, creer a la víctima. “Una de las cosas que me hace sentir más contenta es la humanización de Zoilamérica, porque es muy común que las víctimas de abuso sexual sean estigmatizadas, que les digan ‘mentirosas’ y ‘locas’, que les acusen de tener agendas ocultas y que por eso hablan”, dijo a Pikara Magazine la directora del documental, Leonor Zúniga.

A pesar de la multitud de casos, el abuso sexual en la infancia cuando el abusador es alguien de la familia o, sobre todo, cuando es el padre, no tiene espacio mediático ni político ni social. “La sensación que tengo es que la gente lo rehúye, es tan horroroso, descabellado y tan oscura la idea…”, apunta Paula. “Todavía estamos en la negación”, añade la psicóloga Mireia Darder.

En los últimos años, los medios de comunicación sí han informado de varios casos. “Sale más, pero descontextualizado, con titulares pornográficos, sin análisis. Está más presente, pero me preocupa cómo lo hace porque alimenta la monstruosidad, el suceso, el caso aislado y todo aparece muy judicializado, cuando hay que hablarlo como un asunto de justicia social”, cuenta Suria-Vázquez. Además, la gran mayoría de las noticias están relacionadas con abusos por parte de personas que pertenecen a instituciones religiosas, trabajan en colegios o son monitores deportivos.

La mamá a la que ni siquiera se le ha puesto un pseudónimo lo anunció desde el inicio: “El problema es cuando el abusador es el padre, porque si es un profesor o un monitor cambias a la niña de colegio”. Hay entonces margen para la protección y el cuidado. Hay espacio para las certezas. Las dudas no señalan ni castigan. Al menos, no tanto.

“Todo el abuso en el seno de la familia es un tabú, no solo del padre, sino de tíos, hermanos, abuelos… Es el gran tabú cultural que tenemos, que es el más común y el que menos sale en los medios. El que más sale es de hombres a hombres”, describe Darder. Y ofrece un ejemplo: de los cuatro libros que ha escrito es precisamente el relacionado con abusos sexuales, La sociedad del abuso, el menos vendido.

Las redes

Marta Suria-Vázquez nació para hacer pública su vida, politizarla fue una de las razones por las que escribió su libro. Y también es uno de los motivos por los que busca alianzas y lanza preguntas, porque a pesar de lo vivido sigue sin entender. Pero una cosa tiene clara: “Las palabras no salvan, la compañía sí”.

La mamá que ni siquiera aparece bajo un nombre ficticio también incide en la importancia de las redes “para mantenerte cuerda” y exige responsabilidad social para proteger a las criaturas.
“Si hay una de cada cuatro mujeres abusada, hay uno de cada cuatro hombres abusador, eso significa cambiar la cultura patriarcal entera, no naturalizar la violencia. El cambio tendría que ser tan grande que por eso no se mira. El abuso es la forma de relación que propone el patriarcado”, añade Darder. “Comprender y aceptar el abuso sexual es devastador para la que lo sufre y para la que acompaña”, escribe Suria-Vázquez.

Y Paula finaliza: “Tengo que involucrarme en politizar los abusos. Además de cuidarme y protegerme, esta experiencia de mierda tiene que ir más allá de destrozar mis nervios y la salud de mi hija”.


Fuente: https://www.pikaramagazine.com/2021/05/la-telarana-de-los-abusos-sexuales-en-la-infancia/

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La UE ante el derecho antidiscriminatorio

El Parlamento Europeo aprobará una resolución declarando “zona de libertad LGTBIQ” a la Unión Europea.

8 de marzo vivido desde el Parlamento Europeo. Jornada de celebración, pero también, sobre todo, reivindicativa. Todas las agendas de la lucha contra desigualdad y la discriminación están vinculadas en la lucha por la emancipación. Están interconectadas, son interdependientes, dialéctica e históricamente. Así es, desde luego, en la Unión Europea, factoría de legislación contra la discriminación, fuente de la que emanan infinitas injusticias cuyo combate se remonta a la historia de la humanidad en una de esas batallas que no conocen final.

En el pleno de marzo del Parlamento en Bruselas escuchamos discursos de mujeres que hoy encarnan liderazgo global: Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, Kamala Harris, vicepresidenta de EEUU, además de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Mujeres que emblematizan energía y empatía en una lucha cotidiana cuyos emplazamientos continúan devengándose en incontables planos, cada 8-M y todos los días.

Así, en el orden del día de este pleno de marzo destacan algunos puntos de la agenda de la igualdad.

a) Primero, una iniciativa sobre la Implementación de la Directiva 2000/78 de Marco para la Igualdad de Trato en el Empleo de las Personas con Discapacidad, ante la perspectiva de la Estrategia Europea para los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021/2030.

c) En tercer lugar, una Resolución sobre Derechos de los Menores y la Infancia en la UE, previa a la comunicación por la Comisión Europea de su Estrategia UE sobre los derechos de la Infancia 2021/2024.

El claro hilo conductor de los tres debates y votos en el pleno del PE es la beligerante defensa de la igualdad en el disfrute de los derechos en la UE. La Carta de Derechos Fundamentales de la UE entró en vigor junto al Tratado de Lisboa en 2009 con “el mismo valor jurídico que los Tratados” (artículo 6 del TUE). Se trata de una Declaración de Derechos deúltima generación.

Así se manifiesta en sus conceptos: bioética y genética; prohibición de clonación; derechos digitales; transparencia y buen gobierno…. Pero también, y sobre todo, en su estructura normativa y en su proyección sobre los Estados miembros de la UE (arts. 51 a 54 CDFUE).

Sus preceptos son vinculantes y actúan como parámetro de validez del Derecho europeo legislado y de la legislación de los Estados según la jurisprudencia sólida del TJUE de Luxemburgo. Además, protegen no solamente a los ciudadanos europeos sino a todas las personas —europeos o no, por tanto, también a los extranjeros, lo que incluye a los migrantes— ante la aplicación del Derecho europeo, sea por las instituciones de la UE, sea por las de los países.

Los artículos 20 y 21 del CDFUE consagran las cláusulas antidiscriminatorias de última generación, prohibiéndola por los supuestos clásicos (sexo, raza, religión, convicciones u opiniones…) y por otros más recientes (pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad, orientación sexual…).

Por su parte, los artículos 24 y 32 del CDFUE consagran los derechos del niño con la prohibición taxativa del trabajo y la explotación infantil, y la consagración expresa del principio rector del derecho protector y correccional de los menores: la preservación ante todo del “interés superior del menor”.

Además, sus artículos 21, 26 y 34 blindan la protección europea de las personas con discapacidad, previendo su integración y promoción en todos los ámbitos con una lexicología más ajustada y actual que la que aún se mantiene en el artículo 49 de la Constitución Española de 1978. Cuya mención de los “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” es objeto de una propuesta de reforma constitucional en el programa del Gobierno.

La Resolución sobre los derechos de los menoresen la UE es particularmente exhaustiva. Su punto de apoyo es la celebración de 30 años de vigencia de la Declaración de NUde 1989 en el horizonte de la Estrategia de la UE2021/2024. Pero cubre todos los frentes de la discriminación. Combate la pobreza infantil; la educación, la sanidad; los derechos de los menores en materia de migraciones y asilo; el ciberbullying; la alfabetización digital; la violencia y abusos; el trabajo infantil, y la explotación sexual. Y ¡de nuevo, una vez más! el Parlamento exige al Consejo —órgano que integra a los Gobiernos de los países— el desbloqueo de la llamada Directiva de Equal Treatment/ Directiva Horizontalde Igualdad de Trato, largos años obstruida.

La agenda de la igualdad —y de legislación, que los juristas llamamos Derecho Antidiscriminatorio (Giménez Glück, Rey Martínez…)— no está nunca colmada. Plantea siempre desafíos y desarrollos pendientes; más acuciantes aún, si cabe, ante la exasperación de todas las desigualdades causadas —también en la UE— por la crisis del coronavirus.

Fuente: https://www.huffingtonpost.es/entry/la-ue-ante-el-derecho-antidiscriminatorio_es_6048c997c5b60e0725f437bd

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Guatemala: En busca de justicia para 22 niñas guatemaltecas abusadas por maestros

Marta, una niña indígena guatemalteca, celebró el pasado lunes sus 15 años con una pequeña fiesta en su hogar. Sin embargo, casi no sonríe y la vida no es la misma desde 2018 cuando fue abusada sexualmente por un maestro del sistema público. En idéntica situación se encuentran otras 22 estudiantes con denuncias similares en el departamento de Alta Verapaz, al norte del país.

Casos como el de Marta sobran en Guatemala. El delito de violencia contra la mujer es el más cometido del país. Sin embargo, la abogada feminista Lilian Vásquez se resiste a normalizar la situación y desde 2014 apoya a quien lo necesita por violencia de género. En este caso, se enteró de la situación meses después de lo ocurrido.

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/en-busca-de-justicia-para-22-ninas-guatemaltecas-abusadas-por

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OPINIÓN: La batalla contra el abuso policial: crónica de un desencuentro

Por: Tlachinollan

 

Bajo la pertinaz lluvia, los comuneros de Alacatlazala permanecían en el corredor de la comisaria, para analizar la situación de tres policías ministeriales, que detuvieron el día viernes 17 de julio, en el crucero de Malinaltepec.  A pesar de que llevaban más de media mañana discutiendo el caso, nadie se exasperaba para pedir que concluyera la reunión, por la hora de la comida. Queda claro que es un tema de mucha preocupación para la comunidad. Estaban presentes las autoridades agrarias, el comisario y todos los delegados municipales, acompañados de sus comisiones y de su policía comunitaria. En esta reunión no se encontraban las mujeres, tampoco los niños ni las niñas. Solo los jóvenes y personas mayores, que con sus machetes fajados en el cinturón hacen frente a este problema. De por sí, se encuentran en guardia, por el conflicto agrario que se reactivó en esta temporada de siembra con los comuneros de Malinaltepec.

A pesar de que las autoridades de la fiscalía regional no pudieron asistir este sábado 18 de julio a la comunidad, los habitantes se mantenían en sesión permanente. Escuchamos los testimonios que daban cuenta de la detención de los tres policías ministeriales. Explicaron que varias familias no tienen tierras dentro de su núcleo agrario para sembrar maíz, por eso en cada temporada se ven obligados a rentar la tierra a la comunidad de Santa Cruz, municipio de Copanatoyac, en la zona conocida como Barranca Honda. Un lugar peligroso, donde se han encontrado varios cuerpos de personas desaparecidas.

Estas familias construyen rudimentariamente cobertizos con lonas para vivir dos meses en su parcela, mientras crece la milpa. Enfrentan con mucha crudeza las inclemencias del tiempo. Por eso, otras familias prefieren viajar diariamente de la comunidad a la parcela, aunque es más caro por el costo del pasaje o el combustible, sin embargo, la noche es menos pesada, porque duermen en su casa. La desventaja es que las madres de familia tienen que levantarse a las cuatro de la mañana para hacer las tortillas y preparar el almuerzo y la comida. A las cinco horas, ya van rumbo a la parcela. En este trajín, es donde se han suscitado algunos problemas con la policía ministerial de Tlapa.

El 26 de junio, cuando varias familias regresaban de Barranca Honda, fueron detenidos por un grupo de la policía ministerial. Revisaron su vehículo, verificaron el número de motor y les comentaron que su carro tenía reporte de robo. Por más que el chofer argumentaba que su camioneta había sido revisada en otras ocasiones, nunca le habían dicho que tuviera problemas. Sin atender el dicho del chofer, los policías bajaron a las familias y se llevaron el vehículo para Tlapa. Antes de llegar a la agencia del ministerio público, lo presionaron diciéndole que sabían que tenía armas de alto poder, y que su caso se complicaría. Le prometieron ayudarle, con dinero de por medio. Le pidieron 18 mil pesos. Al sentirse acorralado y desprotegido, el chofer se vio obligado a conseguir el dinero, logrando juntar 15 mil pesos. En lugar de pedir apoyo a su familia y amigos, prefirió guardar silencio a cambio de su libertad. Además del temor que infundieron, carga con la deuda, sin saber cuando la podrá pagar.

El 7 de julio pasado en el crucero de Tototepec, se instaló otro puesto de revisión por la policía ministerial. A los pasajeros les pedían que se identificaran para corroborar en la computadora si alguien tenía orden de aprehensión. Preguntaban de qué comunidad venían y a qué se dedicaban. También revisaban los vehículos. De nueva cuenta a otro comunero de Alacatlazala lo detuvieron, porque supuestamente su nombre aparecía con orden de aprehensión. No le mostraron ningún documento, simplemente lo intimidaron. No tuvo otra alternativa que negociar su libertad por 25 mil pesos. Para darle más confianza a la víctima de esta extorsión, los policías se identificaron como el grupo “chuta”, garantizándole que ya no lo molestarían.

El viernes 17 de julio, como a las 11:30 de la mañana, recibimos una llamada de Alacatlazala. Nos informaban que en el crucero de Malinaltepec se encontraban tres personas que decían ser policías ministeriales. Comentaron que revisaban los vehículos y preguntaban por personas de Alacatlazala. Ante este operativo, los pobladores se organizaron y fueron a verificar el motivo de esta molestia. Constataron que el vehículo no estaba “balizado”, por lo mismo, dudaron de que fueran policías ministeriales. Los comuneros decidieron llevarse la camioneta y a las tres personas para la comisaría. Los interrogaron sobre su proceder. Solo comentaron que iban a entregar una notificación a la comunidad de Moyotepec y que aprovecharon para comprar duraznos. Se identificaron como elementos de la Policía Investigadora Ministerial adscrita a la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, con sede en Tlapa. Tomaron las declaraciones de cada uno y vieron que sus armas de cargo no correspondían con las que portaban y que, además, uno de los elementos traía una charola de otra persona. Comentó que aun no estaba dado de alta. Ante estas irregularidades, los comuneros determinaron su detención y acordaron solicitar la presencia del fiscal regional para denunciar las tropelías que han estado cometiendo sus elementos y dar a conocer la situación de las tres personas detenidas.

En la asamblea, resaltaron los reclamos de una población que se siente agraviada y perseguida por la policía ministerial. Los principales del pueblo cuestionaban el comportamiento de quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad y respetar los derechos de las personas. Con la experiencia que han obtenido a lo largo de los años, como servidores del pueblo, lamentaron que las autoridades no pongan el ejemplo y, que, al contrario, sean ellas quienes violenten la ley. Por eso, existe mucho desorden. Ya no hay respeto a la misma autoridad porque han defraudado la confianza de la gente. Ya no se sabe si en verdad los policías están capacitados para desempeñar bien su trabajo. Les preocupa mucho que no haya controles dentro de la misma corporación policial, para que no existan personas que se ostenten como policías, sin que tengan su nombramiento, mucho menos que no estén en orden el armamento que portan y el vehículo que usan.

Este domingo 19, los comuneros de Alacatlazala tuvieron una reunión con los principales y delegados municipales. Después de la una de la tarde, recibieron a la comisión encabezada por el fiscal regional de la Montaña. El ambiente se tornaba tenso, al no permitir que los vehículos de las autoridades quedaran sobre la carretera. La instrucción era que quedaran frente a la comisaría, y que la entrada fuera bloqueada con un vehículo de la comunidad. El mensaje era claro: no permitirían la salida de las autoridades hasta que se firmara los acuerdos planteados por la asamblea. Leyeron un documento que narra los hechos de la detención de los tres policías reportando las irregularidades que encontraron. Las personas agraviadas, sobre todo las que han sido extorsionadas dieron su testimonio, resaltando que esta práctica es recurrente. Ilustraban con ejemplos, que a las personas que llevan leña, venden animales de rancho o que se trasladan para ir a sus parcelas, son molestados y llevados a Tlapa. Demandaron con mucha fuerza de que las policías dejen de molestarlos, de intimidarlos y de quitarles dinero. Señalaron que los puestos de revisión no son para proteger a la población sino el mejor pretexto para extorsionar y meter miedo a la población.

Los pobladores de Alacatlazala tuvieron que llegar al extremo de detener a tres policías, para hacer público su reclamo; expresar su enojo, y denunciar los abusos de los policías. Exigieron respeto y demandaron el cumplimiento cabal de su responsabilidad, amparado siempre en la ley. Ante la multiplicidad de agravios que se remiten a otros momentos, en los que también ha habido detenciones de policías del estado y ministeriales, la asamblea tomó el acuerdo de liberar a los tres elementos de la policía ministerial, pero no devolver la camioneta y las armas. Fue una negociación difícil, por los desencuentros que a lo largo de los años se han suscitado en la región, y que la población indígena ha tenido que padecer multiplicidad de abusos, maltratos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, torturas y extorsiones.

Este entuerto ha sido la causa de que las comunidades indígenas generen mecanismos de autodefensa, para proteger sus derechos y contener la fuerza avasalladora de los grupos policiales, que, ante la falta de controles internos para ordenar sus actuaciones, y ante sus precarias condiciones laborales, arremeten contra la población indígena, por considerarla como personas iletradas, que son presa fácil de cualquier amenaza, abuso o engaño.

Los pueblos indígenas no solo han tomado la palabra, sino también las calles, y han sido obligadas a ejercer la protesta para reclamar sus derechos, llegando al extremo de encarar a la autoridad para exigir respeto. Resulta imperioso que las autoridades estatales y municipales pongan el ejemplo de lo que significa respetar la ley y salvaguardar los derechos humanos de la población más lastimada por gobiernos que los han excluido socialmente y les han dado un trato despótico y discriminatorio. Es tiempo de que Congreso del Estado, apruebe la reforma sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos para dar un salto cualitativo en nuestra legislación que los reconozca como sujetos de derecho y acabar con este yugo secular.

Fuente e imagen:  http://www.tlachinollan.org/opinion-la-batalla-contra-el-abuso-policial-la-cronica-de-un-desencuentro/

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Libro(PDF): Antología del pensamiento crítico costarricense contemporáneo

Reseña: CLACSO

La selección de textos, para una obra como la que aquí presentamos, exige un proceso de toma de decisiones sobre lo que se va a considerar como pensamiento crítico, sobre la temporalidad de la producción y sobre las temáticas que se van a incluir. En esta antología asumimos la definición de pensamiento crítico derivada de las propuestas teóricas de la Escuela de Frankfurt, basadas en la definición de Marx de 1843, como aquel pensamiento que no solo busca entender la sociedad, sino también criticarla y contribuir como un todo, sumándose a las agendas, miradas y aspiraciones de los movimientos sociales contestatarios. Como crítico, además, en el contexto costarricense destacamos aquellos textos que han enfrentado el espejo (a veces espejismo) nacionalista y han brindado formas originales para repensar Costa Rica como país, como sociedad y como cultura. En términos de la temporalidad, en esta antología se incluyen textos que abarcan un período de cerca de 100 años, iniciando en la década 1920 y terminando con autores y autoras que desarrollan su producción en las primeras décadas del presente siglo. Sobre la escogencia temática, hemos decidido incorporar trabajos que plantean críticas a un conjunto de mitos sobre la homogeneidad, la igualdad y la excepcionalidad costarricense que se han configurado como poderosos mecanismos de control social y político. La compiladora y el compilador hemos batallado ampliamente sobre la selección que ofrecemos en esta antología. Por eso, debe verse primeramente como un producto de procesos de discusión sobre las características de los textos, su distribución cronológica, sus aportes a las problemáticas que nos planteamos, la originalidad y actividad pionera de sus proponentes y el impacto en las ciencias sociales costarricenses de estos ensayos. No está demás decir que tenemos claro que esta antología y cualquier otra siempre tendrá sus límites, siempre carecerá de otros trabajos importantes y siempre podría ser enriquecida por otras perspectivas. Sabidos de eso, también tenemos claro que estos textos que hemos escogido representan lo mejor del pensamiento crítico costarricense y que a partir de ellos se han generado polémicas, discusiones y se han inspirado otros investigadores e investigadoras.

Autores (as):

Montserrat Sagot. David Díaz Arias. [Coordinadores]

Joaquín García Monge. Manuel Mora Valverde. Víctor Hugo Acuña Ortega. Carlos Sandoval García. Alexander Jiménez Matarrita. José María Gutiérrez. Carmen Lyra. Yolanda Oreamuno Unger. Rodrigo Facio Brenes. Rodolfo Cerdas Cruz. Manuel A. Solís. Mercedes Muñoz Guillén. Jorge Rovira. Ciska Raventós Vorst. Carlos Luis Fallas Sibaja. Daniel Camacho Monge. Eugenia Rodríguez Sáenz. Carlos Sojo. Juliana Martínez Franzoni. Diego Sánchez-Ancochea. Quince Duncan. Omar Hernández. Eugenia Ibarra. Juan Rafael Quesada. Helio Gallardo. Mónica Pérez Granados. Yadira Calvo. Ana Sojo. Alda Facio Montejo. Ana Carcedo. Gabriela Arguedas Ramírez. [Autores y Autoras de Capítulo]

Editorial/Editor: CLACSO

Año de publicación: 2019

País (es): Argentina

Idioma: Español

ISBN: 978-987-722-557-0

Descarga: Antología del pensamiento crítico costarricense contemporáneo

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=1810&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1361

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Tanzania: Frenar agresiones sexuales con una bicicleta

Autor: Pablo L. Orosa/El País

Un programa de préstamos de transporte a pedales en Tanzania se ha convertido en una herramienta eficaz para evitar el abandono escolar y prevenir los abusos

A Anastasia Chikoti le quedaba demasiado lejos la escuela de Mwitikira. A una hora y media de distancia. Demasiado tiempo para desear no volver nunca y para que alguien la agrediese por el camino. En Tanzania, el 11% de las niñas de entre 15 y 19 años han sido forzadas sexualmente. Desde que hace un año le entregaron una bicicleta, a Anastasia el futuro ya no le queda tan lejos. «Quiero estudiar. O ser soldado». Ya no piensa en dejar el colegio. Cada vez menos en que alguien la pueda violar.

“Nuestro principal objetivo es evitar el abandono escolar, especialmente entre las jóvenes que tienen que recorrer largas distancias para asistir a clase cada día; la mayoría de ellas acaba por no volver”, relata Eileen Mwalongo, una de las responsables de Msichana Initiative. «Pero nos dimos cuenta de que ese proyecto podía ayudar también en la lucha contra la violencia sexual: las niñas aquí siguen siendo muy vulnerables a las violaciones».

La idea es sencilla: poner a disposición de las alumnas que residen más lejos una bicicleta con la que desplazarse. Desde el pasado diciembre cuentan con diez unidades. Aún es pronto para que los resultados se traduzcan en estadísticas de menor abandono escolar, pero los indicadores cualitativos son esperanzadores: «El programa les está ayudando mucho. Tienen más energía para atender a las clases», asegura el profesor Mkumbo, jefe de estudios de Mwitikira.

El 11% de las niñas de entre 15 y 19 años en Tanzania han sido forzadas sexualmente, según Unicef

«Yo me siento mejor, tengo más fuerza», corrobora Jema. Su aldea, un pequeño poblado de labradores en plena llanura de Dodoma, está a algo más de cuatro kilómetros de la escuela. «Antes tardaba mucho tiempo en llegar, más de un hora, ahora apenas 15 minutos». La carretera sigue siendo pedregosa, polvorienta en verano y resbaladiza cuando alivia la lluvia, pero los kilómetros avanzan siempre veloces sobre dos ruedas. «Me siento cómoda con la bicicleta, me ayuda mucho. Antes tenía que levantarme muy pronto y venir caminando, por lo que después estaba muy cansada para atender». En las últimas semanas, sus calificaciones están mejorando. «Lleva mejor los estudios», es ahora el profesor Mkumbo quien corrobora. Jema sonríe mientras lo escucha. Mientras tenga su nuevo medio de transporte podrá seguir soñando con ser enfermera. Quién sabe, quizá incluso doctora.

El transporte, la nueva barrera contra la educación

En Tanzania, apenas el 52% de los adolescentes accede a la educación secundaria —más de 1,5 millones de jóvenes fuera del sistema educativo— y buena parte de los que lo hacen no completan sus estudios: en el caso de las mujeres, según las cifras del Banco Mundial, menos de un tercio de las matriculadas obtienen el título de secundaria.

Hasta hace tres años, los costes económicos, alrededor de 100.000 chelines tanzanos anuales (unos 36 euros), eran esgrimidos como principal freno. Tras la llegada al poder del controvertido John Magufuli, el Gobierno ha extendido la gratuidad a todos los cursos de educación básica. “Cuando digo gratuita, quiero decir completamente gratuita”, declaró el mandatario en alusión a las tasas o contribuciones parentales habituales en el país para hacer frente a reparaciones en la escuela, compra de libros o hasta el pago de salarios a los profesores y que suponen un gasto extra de 20.000 chelines (algo más de siete euros) por alumno.

Desde que cuenta con la bicicleta, Jema recorre los cuatro kilómetros que separan su aldea de la escuela en apenas 15 minutos dos veces al día.
Desde que cuenta con la bicicleta, Jema recorre los cuatro kilómetros que separan su aldea de la escuela en apenas 15 minutos dos veces al día. PABLO L. OROSA

A principios de 2016, el ministerio de Educación envió una carta a los centros escolares instándolos a no cobrar más esas tasas, al tiempo que se comprometió a aumentar la inversión en educación —actualmente supone el 22% del presupuesto nacional— para que, en un cumplimiento de su agenda de desarrollo, la totalidad del sistema educativo sea gratuito en 2030.

Lo que no aborda el ideario marcado por Magufuli es el problema del transporte, una de las barreras que sigue alejando a muchos estudiantes de la escuela. Con distancias por encima de los diez kilómetros a recorrer a pie, a muchos alumnos les resulta muy difícil llegar, y cuando lo hacen es a menudo tarde, lo que conlleva reprimendas e incluso castigos físicos: según el African Child Policy Forum, el 78% de las chicas y el 67% de los chicos han sido golpeados o pateados en más de cinco ocasiones por sus profesores. Esto hace que opten por quedarse en hostales o pensiones próximas, lo que dispara el coste para las familias, muchas de ellas con ingresos inferiores al dólar diario. A la postre, esto se convierte en una razón más para justificar el abandono escolar.

“Los retrasos frecuentes terminan convirtiéndose en castigos por parte de los maestros. En mi opinión, otra medida que puede ayudar a reducir el abandono entre las jóvenes es la construcción de albergues donde puedan comer y tener acceso a los recursos necesarios”, subraya Eileen Mwalongo. En la escuela de Mwitikira están comprometidos con esta forma distinta de hacer las cosas. Aquí, a las 10.35 y a las 14.00 se detienen las clases para comer. Porridge —papilla de avena— o frijoles. La mayor dificultad, señala el jefe de estudios, está en el agua: “Esta zona está muy afectada por la sequía y tenemos que recorrer medio kilómetro para aprovisionarnos de la necesaria para cocinar”.

Menos de un tercio de las jóvenes que se matriculan en secundaria completan su formación según el Banco Mundial

Son conscientes de que una buena alimentación y un transporte adecuado son las claves para afrontar el tercer reto al que se enfrenta la educación en Tanzania: su baja calidad. En el país, que ocupa el puesto 159 de 187 en el índice educativo de la ONU, los estudiantes de cuarto curso no son capaces de comprender un párrafo completo.

Para el profesor Mkumbo, la falta de materiales adaptados a la educación infantil, el estado de las instalaciones —muchas sin luz— y el cansancio con el que muchos alumnos acuden a clase están detrás de estos malos resultados académicos. “Desde que no tienen que caminar esas largas distancias su rendimiento escolar es muy superior. Y esto ayuda a que haya menos abandonos”, glosa el responsable de estudios de Mwitikira. “Yo antes estaba siempre agotada”, insiste Anastasia. Ahora, aunque se canse quiere seguir estudiando.

Contra la violencia sexual

Las bicicletas de Veice, de Beatrice, de Elizabeth, de Jema, de otra Elizabeth, de Joyce, de Judith, de una tercera Elizabeth, de Ezeleda y de Anastasia se refugian del sol violento de estas latitudes bajo la sombra del árbol más cercano a la clase. Durante el curso, están siempre a disposición de estas diez alumnas, las que más lejos viven de la escuela. Para ir al médico. A comprar el fin de semana. Para venir a la escuela. “También les ayuda para evitar las agresiones sexuales. Las protege de los hooligans”, subraya el profesor Mkumbo.

En un país donde el 30% de las jóvenes ya ha sufrido algún tipo de agresión al cumplir los 18 años, contar con una bicicleta puede marcar la diferencia. “Hace que nos sintamos más seguras”, dice Anastasia, la más fuerte de sus compañeras, la que toma siempre la palabra. Sin agresiones, las niñas pueden seguir siendo niñas por más tiempo poniendo freno a un modelo que lleva a que el 5% de ellas se casen antes de los 15 y un 31% antes de los 18.

Las diez alumnas becadas pueden disponer de la bicicleta durante todo el curso

«El matrimonio infantil tiene un impacto directo en la educación de las niñas: el 97% de las jóvenes casadas en edad de educación secundaria están fuera de la escuela, frente al 50% de las que no están casadas», señala un informe de Human Rights Watch. No solo son sus propias familias quienes las obligan a dejar los estudios; el propio Gobierno mantiene una polémica normativa para expulsar a las jóvenes casadas o embarazadas, lo que en un entorno donde una de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 19 años es madresupone sacar a miles de alumnas del sistema educativo cada año.

El reto, prosigue Eileen Mwalongo, es transformar el trato como «personas de segunda categoría que reciben las adolescentes en muchas sociedades africanas», «negándoles sus derechos básicos a la educación» y conduciéndolas hacia un matrimonio en régimen de dependencia económica. Una simple bicicleta puede servir para empezar a cambiarlo todo.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/06/11/planeta_futuro/1528710731_213536.html

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