Acceso a la Educación Universitaria

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Puerto Rico: Rectores y personal de Administración Central toman riendas de UPR

Noticias

Puerto Rico/Junio de 2017/Fuente: Metro

Ayer, un grupo denominado como “cuerpo de rectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR)” afirmó que tomará la cabeza del primer centro docente del país, junto a miembros de la administración central de dicha institución.

De acuerdo a una carta enviada a este medio, tres representantes de los líderes de los diferentes recintos y unidades del sistema universitario se reunirán periódicamente con tres representantes de la oficina central de la UPR. Esto luego que el pasado 23 de abril, tras no poder cumplir con una orden del Tribunal Apelativo, la presidenta interina de la universidad, Nivia Fernández, así como tres miembros de su Junta de Gobierno, renunciaron a sus puestos.

En este momento, el máximo ente de gobernanza de la UPR tiene solo seis miembros. Según la Ley Universitaria necesita siete para tener cuórum y tomar decisiones; la junta se compone de 14 personas en total.

Actualmente, están ante la consideración del Senado dos nominados por el gobernador Ricardo Rosselló. Se trata del profesor Walter Alomar y la abogada Zoraida Buxó.

Lee la misiva completa de los rectores aquí:

Ante la coyuntura histórica en la que se encuentra el primer centro docente del país y ante el deber de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de cumplir con su misión de transmitir el saber poniéndolo al servicio de la comunidad, es necesario reestablecer la armonía dentro y fuera de los recintos. Ante esto, durante el día de hoy el Cuerpo de Rectores de la Universidad de Puerto Rico alcanzó un histórico acuerdo con el propósito de contribuir en la gobernanza de la UPR. De esta forma, el cuerpo de Rectores acentúa la gestión proactiva y de liderato en el ejercicio de su responsabilidad pública según la estructura que establece la Ley de la Universidad.

Según el Cuerpo de Rectores, “en las pasadas semanas eventos extraordinarios han trastocado los cimientos de nuestra institución. Como resultado, se ha creado la errónea percepción pública de que la UPR se encuentra acéfala, sin facultad ni liderato para enfrentar las importantes decisiones que le aguardan. Nada más lejos de la verdad”.

La UPR cuenta con estructuras definidas en ley para alcanzar el cumplimiento de su misión. Una de estas estructuras es la Junta de Gobierno. Como es de conocimiento general, en este momento, luego de la renuncia de varios de sus miembros los rectores “estamos en espera de que la Legislatura confirme a los miembros designados a este cuerpo”. Una vez constituida la Junta, esta seleccionará un Presidente y formulará el nombramiento de un Presidente de la UPR.

Además de la Junta de Gobierno y del Presidente de la UPR, está la Junta Universitaria, compuesta por miembros de diversos sectores de la comunidad universitaria, la cual tiene como función esencial mantener integrado al sistema de la UPR en sus aspectos académicos, administrativos y financieros. Como parte de este propósito y de contribuir a la gobernanza en la UPR, el Cuerpo de Rectores se ha integrado al equipo gerencial de la Administración Central de la UPR para colaborar y apoyar las labores administrativas futuras y las que ya están en curso con miras a dar continuidad a la gobernanza de la institución.

La participación de los rectores junto al grupo de trabajo en la Administración Central facilitará la articulación con todos los recintos y unidades del sistema, además contribuirá a sostener la gobernanza en la institución. El objetivo primordial es mantener los enlaces y vías de comunicación necesarias para que se puedan seguir conduciendo los asuntos urgentes de la institución, en lo que se constituye una Junta de Gobierno con capacidad para la toma de decisiones.

Tres representantes de los rectores y tres de la administración central sostendrán reuniones periódicas para intercambiar ideas y sugerencias para la continuidad de los planes de trabajo de los directores de las oficinas centrales de la UPR y la articulación con las unidades.

La determinación de constituirse en un grupo de trabajo de apoyo administrativo se mantendrá vigente hasta que la UPR tenga una Junta de Gobierno con el cuórum que requiere la ley para tomar decisiones válidas, incluyendo la designación de un nuevo presidente para la UPR.

Además, los rectores apoyaron que los miembros de la Junta Universitaria se reunieran para informar a ese foro sobre asuntos prioritarios que están en curso y son del interés de toda la comunidad universitaria. La Junta Universitaria está integrada por los rectores y, representantes claustrales y estudiantiles que electos por sus sectores en cada recinto de la UPR.

Este esfuerzo cuenta con la colaboración de todos los rectores del sistema universitario de la UPR y de los directores de oficinas de la administración central, quienes actuarán de manera coordinada.

De este modo, se persigue facilitar la comunicación continua entre las oficinas de la administración central y las unidades del sistema respecto a las actividades académicas y administrativas medulares,  tales como, la elaboración del presupuesto del próximo año fiscal y la atención de los asuntos sobre acreditación, entre otros.

La Universidad de Puerto Rico continúa realizando las labores necesarias para el funcionamiento operacional de la institución, en espera de que el gobernador de Puerto Rico y el Senado completen los procesos de nominación y confirmación de miembros a los puestos vacantes en la Junta de Gobierno.

Conforme al ordenamiento legal vigente, corresponde a la Junta de Gobierno el nombramiento de una persona que ocupe el cargo de  presidente de la UPR, lo cual no ha podido hacer debido a que, actualmente, no tiene el cuórum mínimo necesario para poder tomar decisiones.

La Junta de Gobierno de la UPR tiene ocho puestos vacantes al presente, de un total de 14. El Senado de Puerto Rico tiene ante su consideración dos nominados del gobernador Ricardo Rosselló. Según la Ley de la UPR, la Junta de Gobierno de la UPR requiere de un cuórum mínimo de siete miembros. Actualmente, tiene seis miembros en funciones, que incluyen dos representantes estudiantiles, dos representantes del claustro, un representante del Departamento de Educación y un representante la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.

Fuente: https://www.metro.pr/pr/noticias/2017/06/01/rectores-personal-administracion-central-toman-riendas-upr.html

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China becomes ever more plausible as a study destination

Noticias

China/Mayo de 2017/Autor: Melanie Peters/Fuente: IOL

Resumen:  China tiene uno de los sistemas de educación más grandes del mundo y como el poder económico del país fortalece su influencia en la educación global. Más estudiantes se están matriculando en las 2852 instituciones de educación superior del país  y esto incluye a estudiantes del extranjero.World Education News & Reviews describió el dramático aumento en el consumo de estudiantes de educación superior, en el último cuarto de siglo, como una «masificación» del sistema universitario del país.

China has one of the biggest education systems in the world and as the country’s economic might strengthens so does its influence on global education.

More students are enrolling in the country’s 2852 higher education institutions than ever before, and this includes students from abroad.

World Education News & Reviews described the dramatic increase in the intake of higher education students, in the last quarter century, as a “massification” of the country’s university system.

The percentage of 18 to 22 year olds in higher education has increased from 4% in 1990 to 6.5% in 1999 to 37.5% in 2014.

Last year seven million graduates flooded China’s labour market and education authorities are recognising the need to nurture and grow vocational training.

As the country’s population climbs towards 1.4 billion and its middle class expands, more Chinese students are opting to study abroad than any other country in the world.

While this may be the case, China’s global integration has led to its universities opening their doors to an increasing number of international students.

According to some estimates, students from Africa account for more than one in 10 students studying abroad. Previously their universities of choice were in the UK, France and the US.

However, in recent years trends have changed.

As Sino-African ties strengthen and China is increasingly seen as the continent’s lodestar, more students apply to study in the East.

According to China’s Ministry of Education, the growth rate of international students has seen a 35% annual rise on average.

Between 2005 and 2015, the department reported the number of African students in China rose from 2 757 to almost 50 000.

The number of South Africans studying there are small, only 2299 of the student population with 146 awarded scholarships. One of the spin-offs of studying in China is learning Chinese languages, and about its people and the culture.

Since China is South Africa’s biggest trade partner and more Chinese-run companies are opening their doors in the country, an academic certificate from China may work to the advantage of the possible job-seeker.

Education expert Ye Liu argues that the emerging economic giant is not only an increasingly important geopolitical, but also a cultural, force in the world.

“If this is to be the Asian Century”, Liu wrote in an article for The Conversation, “global interest in China’s cultural traditions and institutions will undoubtedly increase.”

The Chinese view education as an import tool to promote its so-called “soft power”.

Across Africa there are a growing number of Confucius Institutes which seek to teach Chinese language skills and culture.

These Chinese government-supported institutes run in partnership with local colleges or universities around the world.

South Africa has 10 Confucius Institutes and Confucius Classes, the most in Africa, which hosts a total of 48 Confucius Institutes and 27 Confucius Classes.

South Africa has also added Chinese languages to its school curriculum, currently conducting trials at 11 primary and secondary schools.

Brics (Brazil, Russia, India, China and South Africa) has its own barometer which tracks performance at tertiary institutions in the five countries.

In the latest results of the QS University Rankings: Brics, Chinese universities make up more than a third of the 250 institutions featured. The Brics ranking aims to showcase the best universities in the emerging economies.

China has been a strong contender, a reflection of the country’s investment in higher education and research, boasting 86 entrants and has consistently dominated the top five positions.

As the embers burn from South Africa’s bruising university fee protests, studying in China may well be a plausible option.

Fuente: http://www.iol.co.za/weekend-argus/opinion/china-becomes-ever-more-plausible-as-a-study-destination-9400169

 

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Aumentan aprobados en exámenes de ingreso a la universidad en Cuba

Noticias

Cuba/Mayo de 2017/Fuente: Prensa Latina

Datos preliminares de la primera convocatoria de las pruebas de ingreso a la educación superior en Cuba muestran un aumento en el índice de aprobados en esos exámenes, según informaciones divulgadas hoy aquí por la prensa nacional.
De acuerdo con la ministra cubana de Educación, Ena Elsa Velázquez, existe una mejora en sentido general en comparación con el curso precedente, aunque todavía los resultados en la asignatura de Historia están lejos de lo deseado.

La funcionaria, quien participó en el Consejo Nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) finalizado este sábado, instó a los jóvenes a apoyar el trabajo dirigido al ingreso a las carreras universitarias de perfil pedagógico, así como a la retención escolar en ellas, cuestión que consideró compleja en no pocos territorios de la isla.

Durante la reunión de la víspera también se planteó que la preocupación de los alumnos por los exámenes de ingreso no debe comenzar en el duodécimo grado, sino desde el inicio del nivel preuniversitario (décimo grado).

Los participantes dialogaron, además, sobre la pertinencia de aprovechar mejor los espacios de la FEEM de cara al funcionamiento correcto de las estructuras de esa organización.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=89028&SEO=aumentan-aprobados-en-examenes-de-ingreso-a-la-universidad-en-cuba
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¿Por qué impugnar una ley que beneficia la educación superior?

Ignacio Mantilla

Por: Ignacio Mantilla

Desde el año 2013 la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se aliaron en un proyecto conjunto para tramitar, con el apoyo fundamental del Congreso de la República, la modificación y ampliación de la Estampilla pro Universidad Distrital.

Las dos Instituciones han dado un claro ejemplo de cooperación académica y han demostrado la eficacia de la unión para el fortalecimiento de la calidad y el logro de los objetivos. Conscientes de nuestras responsabilidades con la educación superior pública en la capital de la República, tenemos claro que no es la competencia, sino la cooperación, el camino correcto para formar mejor a nuestros jóvenes estudiantes. Actualmente, el 95 % de los estudiantes de la Universidad Distrital y el 80 % de los estudiantes de pregrado de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional provienen de las 20 localidades de esta ciudad.

Ambas instituciones acordaron solicitar al Congreso la modificación a la Ley 648 de 2001, que autorizaba la emisión de la Estampilla pro Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Con esta modificación, aprobada por amplias mayorías en el Congreso a través de la Ley 1825 de 2017, se logra extender el recaudo por 30 años para la financiación de la infraestructura de las dos universidades, el apoyo a sus laboratorios, bibliotecas, investigación, contratación de profesores con doctorado y la ampliación en la cobertura de la educación superior en Bogotá.

La Ley 1825 fue sancionada por el señor Presidente de la República el pasado mes de enero. Gracias a esta ley más de 60 000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3 se podrán beneficiar de manera directa con el apoyo y fomento a la calidad de las dos instituciones de educación superior. Esa norma define que el 70 % del recaudo se destine a la Universidad Distrital y el 30 % restante a la Sede Bogotá de la Universidad Nacional.

La Universidad Distrital es la universidad pública de la Capital y la Sede Bogotá de la Universidad Nacional es la más grande de las sedes de la Universidad Nacional, con impacto principal en esta ciudad. Pero su labor no se limita a la Ciudad Universitaria en Bogotá; en efecto es la única universidad que hace presencia en Sumapaz, por ejemplo, y mantiene convenios interinstitucionales con las universidades públicas y privadas radicadas en Bogotá. Adicionalmente, asesora con frecuencia a entidades públicas y privadas del Distrito.

Es oportuno reconocer el apoyo indiscutible que el Congreso le entregó a esta nueva ley para fortalecer la educación superior en Bogotá. Gracias al acompañamiento permanente de los representantes a la Cámara Olga Lucia Velásquez y Alfredo Guillermo Molina, y a los senadores Fernando Tamayo, María del Rosario Guerra y Ángel Custodio Cabrera, la ley hoy es una realidad que espera ser reglamentada por el Concejo de Bogotá, con el fin de iniciar el recaudo efectivo.

Ante el apoyo mayoritario del Congreso de la República, en especial el de los representantes a la Cámara por Bogotá, y siendo evidente el acuerdo de las dos universidades para articular sus proyectos institucionales, no se entiende por qué la Alcaldía Mayor de Bogotá considera que dicha ley debe ser impugnada.

Opina el señor alcalde que la ley, con aplicación en el Distrito, no debe beneficiar a una institución de nivel nacional como la Universidad Nacional de Colombia, pues ésta debe ser responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional.

Lamento la ceguera y mezquindad de la Alcaldía para comprender que los beneficiados en este tipo de iniciativas siempre son las personas, y para el caso de la Ley 1825 de 2017 son, principalmente y en su gran mayoría, los miles de jóvenes de la ciudad de Bogotá, pues se aclara en la misma ley que los recursos para la Universidad Nacional solo podrán ser destinados a la Sede Bogotá, que como ya se dijo, recibe ampliamente a jóvenes de los estratos más bajos de los colegios distritales.

Recordemos que ya existen varios casos de recaudo solidario como el aprobado en la Ley 1825 del 2017. Podemos destacar la Estampilla pro Universidad Nacional de Colombia que comparte el recaudo con las restantes 31 universidades públicas del país, incluyendo universidades departamentales o locales como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Aunque el recaudo de esta ley se hace sobre contratos de obra con recursos de nivel nacional, no discrimina a los jóvenes universitarios de las regiones o de las ciudades que hacen parte de instituciones que no están adscritas al nivel nacional del Estado.

Impugnar la ley no solamente es injusto con los miles de jóvenes estudiantes matriculados en los programas de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional, de prosperar la impugnación también se verán afectados los estudiantes de la Universidad Distrital, pues no contarían con esos recursos hasta que no se tramite y apruebe una nueva ley en el Congreso de la República.

Nos deja profundamente preocupados la actitud discriminatoria del mandatario distrital, que bien podría, más bien, apoyarse en la Universidad Nacional, patrimonio de todos los colombianos, como un aliado estratégico para adelantar tantos proyectos que requieren del apoyo de nuestros expertos. Para la reglamentación de la ley confío, sin embargo, en el buen juicio del Concejo de Bogotá, organismo del que siempre hemos recibido amplio respaldo y en el que se percibe gran compromiso con la educación pública de calidad.

Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/por-que-impugnar-una-ley-que-beneficia-la-educacion-superior-columna-694629

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Honduras: BCIE y UTH lanzan programa de crédito educativo

Noticias

Honduras/Mayo de 2017/Fuente: El Economista

Representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) firmaron un convenio de colaboración para que este centro de estudios superiores forme parte del Programa BCIE Crédito Educativo (PBCE).

El objetivo del acuerdo es fortalecer la competitividad de estudiantes hondureños que buscan continuar sus estudios de educación superior en la UTH.

El convenio fue firmado por el gerente de País BCIE Honduras, Pedro Emilio Banegas y el rector de la UTH, Javier Mejía; y  fungieron como testigos de honor el embajador de la República de China (Taiwán) en Honduras, Alejandro R.K. Huang, y embajador de la República de Costa Rica, Eugenio Trejos.

Banegas explicó que esta alianza estratégica es parte de los esfuerzos impulsados por el banco para crear iniciativas de alto impacto en la región, teniendo como meta fundamental el desarrollo de los centroamericanos.

El PBCE, es un mecanismo creado para promover el incremento de los índices de educación de los países centroamericanos, que se financia con fondos propios del BCIE con aportes del Gobierno de la República de China (Taiwán), otorgados a través del Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional de Taiwán (TaiwanICDF, por sus siglas en inglés).

Hasta la fecha, el programa ha desembolsado un total de $5.7 millones beneficiando a 469 jóvenes (225 mujeres y 244 hombres) de 24 universidades ubicadas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Fuente: http://www.eleconomista.net/2017/05/19/bcie-y-uth-lanzan-programa-de-credito-educativo

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España: La educación pública es el derecho social más importante en tiempos de crisis: UNAM

Noticias

España/Mayo de 2017/Fuente: Noticias MVS

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers afirmó desde Madrid que la educación pública es uno de los derechos sociales fundamentales de todos los pueblos.
Al participar en el Primer Congreso Internacional de la Unión de Universidades y de las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica, el rector Graue señaló que este tipo de acercamientos de la UNAM con universidades de Iberoamérica, como las de Barcelona, Buenos Aires, São Paulo, ya se han realizado con «excelentes resultados».
Pero afirmó que esta es la primera vez que se reúnen con los presidentes de tribunales y cortes supremas y constitucionales de España, México, Argentina y Brasil.
Debates como “la protección de los derechos sociales en tiempos de crisis”, que se realiza en la Universidad Complutense de Madrid, España, son útiles para encontrar puntos en común entre las grandes universidades iberoamericanas-
Y con ese propósito, dijo:»Nos reuniremos pronto en México para continuar con los trabajos que aquí inicien».
Este Congreso se enmarca dentro de las actividades académicas internacionales de la Unión Iberoamericana de Universidades (UIU),  en su primer año de existencia.
La UIU es una  gran alianza atlántica sellada en junio de 2016 entre las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), de Buenos Aires (UBA), Argentina; de Sao Paulo (USP), Brasil; además de las de Barcelona (UB) y Complutense de Madrid (UCM) de España.
En el encuentro se tratarán temas como los mecanismos judiciales e institucionales de tutela de los derechos sociales, y la protección de los derechos sociales en tiempos de crisis, entre otros, que vinculan el papel de las universidades más importantes de Iberoamérica, entre ellas la UNAM, con los procesos judiciales y los derechos ciudadanos en los países de la zona.
Durante su visita, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México sostendrá una reunión con Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y con el Rey de España, Felipe de Borbón.
Fuente: http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/la-educacion-publica-es-el-derecho-social-mas-importante-en-tiempos-de-crisis-unam-487

 

 

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El sabor dulce y amargo de la calidad en las universidades públicas

Ignacio Mantilla

Por: Ignacio Mantilla

El nivel de cualificación de los miembros de una sociedad y su capacidad de investigación y desarrollo están fuertemente asociados con la disposición de los recursos financieros necesarios para poder competir en «igualdad de condiciones” en un mundo globalizado y exigente.

Cimentar una cultura de investigación significa formar profesionales integrales, capaces de abordar de manera autónoma tareas que conduzcan a la solución de los problemas que retan sus propias capacidades y su imaginación. Si bien, las disciplinas pueden fomentar algunos islotes de la comunidad científica, con un alto nivel de especialización, son los nuevos problemas los que reúnen a las comunidades académicas, de diversas áreas del conocimiento, con el objetivo común de encontrarles solución.

La calidad de la investigación en nuestras universidades está también estrechamente ligada a los programas de posgrado y muy especialmente a los de doctorado. Los actuales profesores universitarios deben entonces aceptar y realizar su trabajo, equilibrando la indisoluble relación entre la docencia y la investigación.

De la misma manera, hoy en día a la universidad no le basta con solamente formar nuevos profesionales, también debe formar nuevos investigadores. Por lo tanto, la contratación de nuevos profesores, que se dediquen en forma exclusiva a la universidad y que tengan la capacidad para realizar una buena docencia y, además, integren grupos de investigación es una tarea que exige gran responsabilidad. Lamentablemente, tras la búsqueda exitosa de los mejores candidatos y después de la enorme satisfacción que produce la vinculación de un gran profesor, llega la amarga realidad que enfrentan las directivas de las universidades públicas: a saber, el de ir poco a poco profundizando la desfinanciación institucional.

Y es que el actual sistema que regula los salarios de profesores universitarios de las instituciones públicas, los clasifica en categorías acordes con su hoja de vida, pero además establece una base salarial que depende especialmente de su formación (títulos) y su productividad. Es deseable que los profesores tengan una formación al más alto nivel y una gran productividad, y que ésta no disminuya tras su vinculación en la universidad. Pero, también es cierto que el relevo generacional que obliga la sustitución de un profesor que se pensiona después de 30 años, normalmente implica un costo mayor para la institución -debido a los requisitos de formación más exigentes de los actuales concursos docentes en todas las áreas- que no se reconoce en la fórmula inercial de financiación estatal que ordena la Ley 30 de 1992. En relación con este mismo desequilibrio presupuestal está el mecanismo que establece el Decreto 1279 de 2002 según el cual, durante todo el tiempo de vinculación, la productividad académica de los profesores y las direcciones de tesis deben reconocerse con un estímulo económico adicional, que en el caso de las publicaciones de calidad representan un aumento en la base salarial para toda su vida laboral restante. Aun cuando, gracias a estos estímulos la productividad y la investigación en las universidades han mostrado un crecimiento significativo, también es cierto que en ausencia del financiamiento estatal de estos nuevos elementos no incluidos en los presupuestos, se ha propiciado un desfinanciamiento crónico de las universidades públicas.

Desde la aprobación de la Ley 30 la fuente de financiación estatal crece anualmente con el porcentaje del IPC del año inmediatamente anterior, pero los gastos, sólo debidos a lo señalado anteriormente, crecen aproximadamente 4 puntos por encima de este indicador. Como consecuencia, las universidades públicas se ven obligadas a cubrir con recursos propios estas diferencias y a aumentar las tareas que les permitan obtener recursos adicionales para financiar su funcionamiento. Así, podemos afirmar que hoy en día estamos obligados a financiar buena parte de la calidad con recursos propios y que el dulce de la calidad contrasta con el amargo de su desfinanciación.

El pasado 12 de febrero el Gobierno Nacional expidió los decretos correspondientes al reajuste salarial de los empleados públicos para 2016. Este ajuste es del 7.77%; un punto por encima del IPC del año 2015. Esta noticia, que es buena para los servidores públicos, tiene también el amargo reto que nos impone cubrir ese punto adicional con recursos propios. Otro factor que en años anteriores ha sido también una causa más de la desfinanciación de las universidades públicas.

Como se deduce, es urgente llevar a cabo la modificación de la Ley 30 y, en especial, de la fórmula del IPC para el presupuesto de funcionamiento de las universidades públicas, reconociendo factores como los expuestos. Una propuesta en tal sentido, originada desde las universidades, viene discutiéndose actualmente con el Ministerio de Educación Nacional.

Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/opinion/el-sabor-dulce-y-amargo-de-la-calidad-en-las-universidades-publicas-columna-617673

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