El sabor dulce y amargo de la calidad en las universidades públicas

Por: Ignacio Mantilla

El nivel de cualificación de los miembros de una sociedad y su capacidad de investigación y desarrollo están fuertemente asociados con la disposición de los recursos financieros necesarios para poder competir en «igualdad de condiciones” en un mundo globalizado y exigente.

Cimentar una cultura de investigación significa formar profesionales integrales, capaces de abordar de manera autónoma tareas que conduzcan a la solución de los problemas que retan sus propias capacidades y su imaginación. Si bien, las disciplinas pueden fomentar algunos islotes de la comunidad científica, con un alto nivel de especialización, son los nuevos problemas los que reúnen a las comunidades académicas, de diversas áreas del conocimiento, con el objetivo común de encontrarles solución.

La calidad de la investigación en nuestras universidades está también estrechamente ligada a los programas de posgrado y muy especialmente a los de doctorado. Los actuales profesores universitarios deben entonces aceptar y realizar su trabajo, equilibrando la indisoluble relación entre la docencia y la investigación.

De la misma manera, hoy en día a la universidad no le basta con solamente formar nuevos profesionales, también debe formar nuevos investigadores. Por lo tanto, la contratación de nuevos profesores, que se dediquen en forma exclusiva a la universidad y que tengan la capacidad para realizar una buena docencia y, además, integren grupos de investigación es una tarea que exige gran responsabilidad. Lamentablemente, tras la búsqueda exitosa de los mejores candidatos y después de la enorme satisfacción que produce la vinculación de un gran profesor, llega la amarga realidad que enfrentan las directivas de las universidades públicas: a saber, el de ir poco a poco profundizando la desfinanciación institucional.

Y es que el actual sistema que regula los salarios de profesores universitarios de las instituciones públicas, los clasifica en categorías acordes con su hoja de vida, pero además establece una base salarial que depende especialmente de su formación (títulos) y su productividad. Es deseable que los profesores tengan una formación al más alto nivel y una gran productividad, y que ésta no disminuya tras su vinculación en la universidad. Pero, también es cierto que el relevo generacional que obliga la sustitución de un profesor que se pensiona después de 30 años, normalmente implica un costo mayor para la institución -debido a los requisitos de formación más exigentes de los actuales concursos docentes en todas las áreas- que no se reconoce en la fórmula inercial de financiación estatal que ordena la Ley 30 de 1992. En relación con este mismo desequilibrio presupuestal está el mecanismo que establece el Decreto 1279 de 2002 según el cual, durante todo el tiempo de vinculación, la productividad académica de los profesores y las direcciones de tesis deben reconocerse con un estímulo económico adicional, que en el caso de las publicaciones de calidad representan un aumento en la base salarial para toda su vida laboral restante. Aun cuando, gracias a estos estímulos la productividad y la investigación en las universidades han mostrado un crecimiento significativo, también es cierto que en ausencia del financiamiento estatal de estos nuevos elementos no incluidos en los presupuestos, se ha propiciado un desfinanciamiento crónico de las universidades públicas.

Desde la aprobación de la Ley 30 la fuente de financiación estatal crece anualmente con el porcentaje del IPC del año inmediatamente anterior, pero los gastos, sólo debidos a lo señalado anteriormente, crecen aproximadamente 4 puntos por encima de este indicador. Como consecuencia, las universidades públicas se ven obligadas a cubrir con recursos propios estas diferencias y a aumentar las tareas que les permitan obtener recursos adicionales para financiar su funcionamiento. Así, podemos afirmar que hoy en día estamos obligados a financiar buena parte de la calidad con recursos propios y que el dulce de la calidad contrasta con el amargo de su desfinanciación.

El pasado 12 de febrero el Gobierno Nacional expidió los decretos correspondientes al reajuste salarial de los empleados públicos para 2016. Este ajuste es del 7.77%; un punto por encima del IPC del año 2015. Esta noticia, que es buena para los servidores públicos, tiene también el amargo reto que nos impone cubrir ese punto adicional con recursos propios. Otro factor que en años anteriores ha sido también una causa más de la desfinanciación de las universidades públicas.

Como se deduce, es urgente llevar a cabo la modificación de la Ley 30 y, en especial, de la fórmula del IPC para el presupuesto de funcionamiento de las universidades públicas, reconociendo factores como los expuestos. Una propuesta en tal sentido, originada desde las universidades, viene discutiéndose actualmente con el Ministerio de Educación Nacional.

Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/opinion/el-sabor-dulce-y-amargo-de-la-calidad-en-las-universidades-publicas-columna-617673