¿Puede América Latina unir fuerzas para mejorar la educación pública?

Por: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

América Latina ha estado experimentando un fenómeno único en los últimos años. Líderes empresariales y comunitarios han unido sus fuerzas en muchos países con un objetivo común: hacer del tema educativo una prioridad nacional y trabajar codo a codo con el sector público y privado para ofrecer ideas, conocimientos y recursos que mejoren la calidad de la educación.

La idea detrás de las organizaciones sociales que han surgido en muchos países latinoamericanos es que los ciudadanos también deben exigir y apoyar políticas educativas efectivas. Si bien la responsabilidad de brindar una buena educación a los niños recae principalmente en estados, escuelas y maestros, también los líderes de familias, comunidades y empresas deben comprometerse con ello.

En América Latina, la calidad de la educación aún está rezagada en comparación con países desarrollados y 23 millones de niños de 4 a 17 años ni siquiera asisten a la escuela. Considerando estas cifras, las organizaciones decidieron que el momento de actuar es ahora si quieren ver resultados en los próximos años. Y optaron por hacerlo de forma conjunta.

El 16 de septiembre, Brasilia, la capital de Brasil, atestiguó la creación de una red de organizaciones civiles y sociales que prometieron en su declaración constitutiva garantizar los derechos de los niños y jóvenes latinoamericanos, intercambiar conocimientos, aprender conjuntamente y unir sus voces en su lucha por una mejor educación.

Hay 13 organizaciones en esta red, cada una de un país diferente en la región: Argentina; Brasil; Chile; Colombia; Ecuador; El Salvador; Guatemala; Honduras; México; Panamá; Paraguay; Perú y República Dominicana. La red cuenta con el apoyo de la División de Educación y el Sector de Conocimiento y Aprendizaje del BID, que ha colaborado no solo en la creación de la red sino también en la estrategia de difusión de conocimiento entre sus miembros. Esta iniciativa también cuenta con la ayuda del movimiento brasileño “Todos por educación”, una exitosa iniciativa digna de ser contada.

Todo comenzó en 2007, cuando un grupo de líderes empresariales formó una alianza y estableció cinco objetivos que deben ser cumplidos para el año 2022. El primero de estos objetivos, por ejemplo, es asegurarse de que todos los niños brasileños entre 4-17 años no abandonen la escuela.

Luego, periodistas, artistas, académicos y otros líderes comunitarios fueron reclutados para apoyar los objetivos del programa en una masiva campaña pública que resaltó la importancia de preocuparse por la educación hoy, no mañana, aunque los resultados se vean a largo plazo.

Funcionó. Según una columna escrita por el periodista Andrés Oppenheimer en su libro “¡Basta de historias!”, una encuesta realizada en 2009 en Brasil reveló que ofrecer una buena educación se convirtió en la segunda prioridad más importante para la población, por detrás de los problemas de inseguridad.

Como tal, el gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidió adoptar los objetivos de “Todos por la educación” y dar a la organización el apoyo que necesita desde el sector público.

Hay más organizaciones –que ahora son parte de esta nueva red- que vienen trabajando sobre lo mismo en otros países. Por mencionar algunas: EducAr 2050 en Argentina ha estado trabajando desde 2002 para mejorar la calidad de la educación en el país; ExE Colombia también intenta hacer lo mismo con la ayuda de líderes empresariales, así como Mexicanos Primero México, fundada en 2005.

Ahora estos líderes cívicos y empresariales unieron sus caminos con la esperanza de que América Latina oiga su voz, en un llamado que sin duda resonará en todo el continente.

Fuente: http://www.iadb.org/es/temas/educacion/pueden-los-latinoamericanos-unirse-para-mejorar-la-educacion-publica,4176.html

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Educación superior: ¿Es lo estatal sinónimo de calidad?

Por: Raúl Figueroa Salas

La incorporación automática a la gratuidad de unas universidades estatales y la exclusión de otras privadas que tienen igual acreditación es una señal evidente de que la calidad no es el elemento central al momento de diseñar políticas públicas. De hecho, se instala una noción de calidad que carece de todo fundamento: esto es, que las instituciones del Estado, por el solo hecho de existir, cumplen con estándares de calidad que el resto debe demostrar.

Definir la calidad de las instituciones de educación superior es complejo y siempre polémico. Los factores que la determinan son diversos y, por lo mismo, no es razonable atribuirle a una característica específica la posibilidad de distinguir inequívocamente entre un proyecto bueno y uno malo, sobre todo considerando que la subjetividad juega un rol importante que no puede desconocerse. En ese sentido, los sistemas modernos de aseguramiento de la calidad apuntan a reconocer que la coexistencia de proyectos distintos no es un obstáculo para que cada uno de ellos, con sus propias particularidades, sea considerado de calidad. Nuestro sistema de acreditación reconoce esta dificultad y contempla un mecanismo de certificación voluntario que se basa en identificar si una institución de educación superior tiene una misión clara y cuenta con los medios adecuados para llevarla a cabo, sin que el carácter estatal o privado de la institución sea relevante.

Uno de los elementos que varían entre las instituciones dice relación, precisamente, con la forma en que las universidades e instituciones técnicas están organizadas. Más específicamente, si se trata de iniciativas privadas o estatales. En Chile existen 62 universidades, de las cuales 18 son del Estado. De las privadas, en la actualidad existen ocho universidades que carecen de acreditación habiéndose presentado al proceso. De las estatales, la Universidad de Aysén y la de O’Higgins fueron creadas por ley el año pasado y aún no cuentan con acreditación. Tampoco pasaron estas últimas por el proceso de licenciamiento, al que debe someterse cualquier universidad privada que pretenda crearse y que comprende la aprobación del proyecto institucional por parte del Consejo Nacional de Educación, así como  la evaluación del avance y concreción del proyecto educativo de la nueva entidad.

Como se mencionó, la acreditación en Chile es voluntaria, pero tiene importantes efectos en lo que a financiamiento estudiantil se refiere. De acuerdo al proyecto de ley de presupuestos para el próximo año, uno de los requisitos para que las instituciones adhieran a la política de gratuidad en la educación superior es contar con una acreditación de al menos cuatro años. Sin perjuicio de las críticas que uno pueda hacerle a la citada gratuidad, parece razonable que su implementación esté relacionada con algún criterio de calidad para las instituciones que pretendan incorporarse, pero lo curioso es que ese estándar no se aplica por igual a todas las instituciones. En efecto, borrando con el codo lo que con la mano se escribió, todas las universidades del Estado quedan eximidas de esa exigencia y pasan a ser automáticamente parte de una política de gratuidad que, al menos en el papel, estaba reservada a las instituciones que cumplieran ciertos criterios mínimos.

A las dos universidades ya mencionadas que no están acreditadas, hay que agregar otras tres que no cumplen con el período de acreditación exigido, a saber: la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), la Universidad Arturo Prat de Iquique y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). La incorporación automática a la gratuidad de unas universidades estatales y la exclusión de otras privadas que tienen igual acreditación es una señal evidente de que la calidad no es el elemento central al momento de diseñar políticas públicas. Se trata de una discriminación arbitraria que perjudica a los jóvenes e interfiere en su elección, forzándolos a optar por un determinado proyecto ya no por sus características pedagógicas, sino por los beneficios económicos que ofrece. Asimismo, se instala una noción de calidad que carece de todo fundamento: esto es, que las instituciones del Estado, por el solo hecho de existir, cumplen con estándares de calidad que el resto debe demostrar.

En momentos en que se discute el futuro de la educación superior en Chile sería conveniente transparentar el debate, de forma tal que quienes buscan imponer la primacía del Estado en el sistema educacional lo digan derechamente.

 Fuente: http://ellibero.cl/opinion/educacion-superior-es-lo-estatal-sinonimo-de-calidad/

 

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Espacios públicos, ¿cotos privados?

Por: Pedro de la Hoz

Toda ciudad cuenta con espacios públicos: plazas, parques, arterias viales, pero también centros culturales, recreativos, de servicios y otros ámbitos en los que está presente el intercambio social. En unos, más que en otros, pero en todos sin excepción, opera y se manifiesta una dimensión cultural que es a su vez reflejo de conductas cívicas, actitudes éticas y nociones estéticas.

Una sociedad como la nuestra, o con mayor exactitud a la que aspiramos, debe precisar el alcance conceptual de lo que esos espacios representan tanto en el plano simbólico como funcional, y en un orden mucho más puntual, hallar correspondencias entre la manera de gestionarlos y su incidencia en la calidad de vida de las comunidades donde se insertan.

Cuando hablo de gestión no me refiero únicamente a la administración aun cuando en ciertos casos sea deficiente y hasta negligente, sino al uso que se les dé a partir de la comprensión de su necesidad como bien público. A la administración se debe exigir cumplir con lo que toca, pero sin el compromiso y la participación ciudadana nada será posible.

Permítaseme colocar un ejemplo. En el cen­tro de El Vedado se levanta un monumento que honra a Mariana Grajales, la madre de los Maceo. Por años parque y monumento vinieron a menos en cuanto a estado físico, hasta que por interés y voluntad de la Oficina del Historiador de la Ciudad y el órgano de gobierno de la capital se restauró la escultura y rehabilitaron el mobiliario y las áreas verdes del parque.

Pero tales acciones solo se completaron cuando al darle nueva vida a ese espacio, de memoria sagrada para la Patria, se comprometieron con su cuidado a los actores de la comunidad, léase el Consejo Popular, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, la Federación de Mujeres Cubanas y el preuniversitario Saúl Delgado. Lo que se veía y padecía poco tiempo atrás —retozos sobre la estatua, balonazos que se estrellaban contra esta, pintadas en los pasajes, maltrato a los bancos, escándalos producidos por la ebriedad— se ha reducido a la mínima expresión y cuando sucede se toman las medidas pertinentes.

Mantenimiento, protección y llamadas de atención pesan, pero lo decisivo pasa por in­formar, orientar, educar, compulsar y comprometer: crear conciencia entre los vecinos y es­tudiantes acerca de los valores de ese espacio público.

Hace dos años, Eusebio Leal decía: «Hoy existe una conciencia más amplia en la población del carácter patrimonial de su ciudad, no solamente del centro histórico. La patrimonialidad de La Habana desborda con creces el Centro Histórico, y existe también una gran preocupación por su preservación, para que no aumente, más bien se detenga, la degradación urbana, la descalificación de los espacios públicos».

No hay ningún municipio del país, por pequeño que sea, en el que deje de existir un sitio relacionado con nuestra historia. De lo que se trata es de potenciarlos como parte de la memoria colectiva del presente y el futuro.

Pero también debemos ocuparnos de aquellos espacios de uso cotidiano, donde transcurre una parte importante de nuestras vidas. Qué santiaguero no siente orgullo de la calle En­ramadas, o de la trama cultural de la calle He­redia. A ninguno habrá que decirle cómo comportarse, mantener limpio el ambiente, dar muestras consuetudinarias de civilidad y respeto.

Lo que no puede ocurrir es algo que observé el año pasado en el Parque de la Libertad, de Matanzas, donde la apertura de una zona de conexión inalámbrica (wifi) se traducía en el agrupamiento de decenas de personas sobre los símbolos del lugar, o lo que en fecha más reciente ví en el parque Ignacio Agra­monte, de Camagüey, en el que no hay mo­mento del día y parte de la noche sin la emisión de músicas urbanas de pésima calidad reproducidas por bicitaxistas a todo meter.

En este último caso es deplorable que un esfuerzo tan afanoso como el que llevan a cabo las autoridades locales y la Oficina del Historiador de la Ciudad —entre el 2016 y 2017 se acomete un programa inversionista de notable magnitud para el cuidado, mantenimiento y protección del patrimonio tangible de la villa— se empañe por indisciplinas sociales.

Ni que en una trama cultural que sobresale a escala nacional, como la Calle de los Cines, que alienta un inédito proyecto para la educación de los jóvenes en el universo digital con fines estéticos, se convoque, en el cine Ca­sablanca, a una llamada discofiñe, donde la música dista de ser de la mejor calidad.

Es quizá la utilización de la música en los espacios públicos la asignatura de más baja calificación en el país. Pareciera territorio de nadie, aunque se sabe que se halla a merced del gusto o el mal gusto de los operadores de audio. Suele confundirse animación con estridencia. Vaya usted a la pizzería de la Marina Hemingway un fin de semana para que se aturda con el volumen indiscriminado de los reguetones más pedestres.

No es cuestión de género, aunque cabría en otro momento analizar de dónde viene y de qué va el reguetón. Rock, pop, salsa, o esas indefiniciones que ahora pasan por mú­sicas tropicales, en vivo, en grabaciones o en pantallas, a todo volumen y arbitrariamente programados, agreden oídos y degradan sensibilidades, ya sea en espacios gestionados por el estado o por el emergente sec­tor no estatal.

Al Instituto Cubano de la Música le cabe el encargo de establecer regulaciones y normas válidas para ambos sectores, pero se ha dilatado en demasía su dictado. No se trata de prohibir ni aplicar absurdas o inviables restricciones, sino humanizar el disfrute de la diversidad sonora de nuestro entorno.

Si hemos llegado al consenso, explícito en la actualización de los Lineamientos Eco­nó­micos y Sociales aprobados por el 7mo. Con­greso del Partido y asumidos por los diputados que nos representan en la Asamblea Nacional del Poder Popular, de que estamos en la obligación de promover y reafirmar la adopción de los valores, prácticas y actitudes que deben distinguir a nuestra sociedad, no podemos darnos el lujo de desatender el tema que nos ocupa.

Fuente: http://www.granma.cu/opinion/2016-10-18/espacios-publicos-cotos-privados-18-10-2016-23-10-56

Foto de archivo

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Uruguay: Otoño en primavera

América del Sur/Uruguay/Septiembre 2016/Noticias/http://kaosenlared.net/
Marcha contra la criminalización de la protesta, ayer, en Avenida del Libertador. Foto: Pablo Albarenga
La coordinación del Movimiento Estudiantil, en la que participan la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), los gremios de las carreras del Consejo de Formación en Educación y varios gremios de secundaria, organizaron ayer una marcha desde el liceo Bauzá hasta la sede del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública, con dos reivindicaciones: en contra de la criminalización de la protesta, al haberse cumplido un año del desalojo del Codicen, y en contra del recorte al presupuesto para la educación.
Durante la oratoria, los estudiantes recordaron lo que ocurrió el 22 de setiembre de 2015, cuando se aplicó “una medida autoritaria que no había sido implantada desde el pachecato”, en relación al desalojo de la ocupación en el local del Codicen por parte de gremios estudiantiles. Diego Almada, integrante del Centro de Estudiantes del IPA, añadió, en diálogo con la diaria, que se reclama el “desprocesamiento de los compañeros que fueron procesados” y “que se detenga, por parte de la Policía, el hostigamiento y persecución a militantes”.
También manifestó que “se complica cada vez más la promesa del 6%” del Producto Interno Bruto para la educación, y los estudiantes expresaron su preocupación por el Hospital de Clínicas, ya que “podría estar peligrando su funcionamiento a corto plazo”
Fuente:
http://kaosenlared.net/noticias-uruguayas-24-septiembre-2016/
 Fuente imagen: 
https://lh3.googleusercontent.com/qc9_iSJS-AAD8PuFB74umstCZRcQc-jVO6ETK6uo770B8ADmi0DEwVbywlNFiMB80J8HQA=s128
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