La educación pública en manos neoliberales: tres impactos en México.

Por Redacción de Insurgencia Magisterial

A nivel federal las celebraciones por el cumplimiento de los dos años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se centran en la exhaltación de dos aspectos: el fin del neoliberalismo y el combate a la corrupción. Sobre esos dos elementos se tejen diversas narrativas. Lamentablemente en el campo de la educación pública, el consenso apunta a que esto no ha ocurrido.

Pero más allá de que AMLO decidiera no impulsar una política educativa no neoliberal en el campo de la educación pública, lo cual fue una promesa de campaña, alarma que cedió la rectoría del Estado en este rubro a uno de los grupos empresariales más depredadores del país. Este grupo empresarial contaba desde hace años con una agenda privatizadora en materia de educativa, la cual se ha convertido ahora en política gubernamental.

A menos de dos años que este grupo empresarial capturó al gobierno de AMLO, sus decisiones ya empiezan a mostrar impactos en el desmantelamiento de la educación pública, que parecen ya irreversibles. A continuación presentamos tres impactos.

  1. El contenido, los métodos y fines de la educación pública apuntan a la consolidación de la formación de un “sujeto neoliberal”. De manera acelerada se perfeccionan los mecanismos de construcción de ciudadanos funcionales para el neoliberalismo, incorporando el “aprendizaje” de nuevas herramientas que buscan resolver fallas de mercado, tales como el emprendedurismo, el “control” emocional, la “educación financiera” o la alimentación “sana”. Este enfoque funcional, se caracteriza por no cuestionar las causas estructurales que originan los “problemas”.
  2. La centralización de la toma de decisiones y con ello el erosionamiento del federalismo, que implica que se estandaricen intervenciones, desconociendo las diferencias contextuales. Esta centralización del poder empieza a impactar en las decisiones que se están tomando en el rubro financiero, acelerando los procesos de privatización ya conocidos e incorporando otras expresiones como la venta de información del Sistema Educativo a redes corporativas.
  3. El desmantelamiento, coptación o negociación con organizaciones magisteriales para nulificar puntos de resistencia o interpelación que pudieran poner en peligro el “arreglo” de AMLO con ese grupo de empresarios a los cuales “vendió la Secretaría de Educación Pública”. Esto lo ha logrado AMLO de manera sorprendente.
    La CNTE está feliz con “mesas de negociación” que las atiende personalmente AMLO. Las críticas que realizan son “suaves” y dirigidas a la “nada”, han logrado una “bilateralidad” cómoda. A cambio se han desmovilizado y guardado un silencio cómplice. Un  ejemplo es la declaración en Facebook del combativo líder de la Sección 9 hace unos momentos, dice: “Un supuesto “Encuentro de docentes con el Secretario de Educación” que resulto un monólogo desde el poder, ni los veo ni los oigo. Profr. Pedro Hernández Morales, Secretario General Sección 9 Democrática SNTE-CNTE”, a eso se reduce la combativa CNTE.
    Otro “referente nacional, ” el CEND del SNTE, está ocupado en formar comités para defender a AMLO y con ello obtener candidaturas en las próximas elecciones. Al igual que la CNTE sus críticas a lo que ocurre en la educación pública  en la 4T, no se traduce en una agenda de lucha.

Estos tres impactos combinados muestran un desmantelamiento acelerado de la Educación pública en México, algo que ni el PRI, el PAN o el PRD soñaron estando en la cúspide del “pinche” poder.

Fuente: https://insurgenciamagisterial.com/la-educacion-publica-en-manos-neoliberales-tres-impactos-en-mexico/

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Chile: Presidenta electa de la FEUC: «Sebastián Piñera propone una educación de mercado»

Chile/Noviembre de 2017/Fuente: ADN 91.7

A pocos días de que se realicen las elecciones presidenciales, las propuestas de los candidatos continúan provocando todo tipo de reacciones.

Josefina Canales, presidenta electa de la FEUC, conversó con ADN Hoy respecto a la visión educacional de Sebastián Piñera. «Me parece muy grave que quiera reponer la selección y el copago. La Ley de Inclusión ha sido un avance y creo que es gravísimo los dichos de que pagar un poquito mejora la educación. La segregación aumenta la desigualdad y eso no lo podemos permitir», indicó.

En esa misma línea, la estudiante de educación parvularia señaló que «hace falta hablar de temas sobre la calidad de la educación. Tenemos muchas diferencias con Piñera sobre cómo mejorar esta educación, él propone una de mercado y para nosotros es una perspectiva de cómo la entendemos y si está sirviendo en el país».

Sobre cómo mejorar la calidad educativa en Chile, la integrante del grupo Nueva Acción Universitaria (NAU) apuntó que «hemos visto que los niños han sido invisibles en los últimos gobiernos, es importante trabajar la materia de educación inicial sin dejar de lado la educación superior. Es difícil mejor la educación parvularia si no mejoramos las educadoras que se titular de las universidades y si no fiscalizamos las universidades que tienen estas carreras».

Por último, en relación a la gratuidad, Canales tuvo una categórica mirada. «La gratuidad no puede ser a través de una glosa presupuestaria, porque no define si es que los estudiantes la podrán tener el próximo año. Hay un problema de raíz cuando, por falta de recursos, estudiantes no pueden acceder a la educación superior», concluyó.

Fuente: http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/presidenta-electa-de-la-feuc-sebastian-pinera-propone-una-educacion-de-mercado/20171113/nota/3635613.aspx

 

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Brasil: Temer ya no les sirve

Por: Alfreso Serrano Mancilla

En los golpes del siglo XXI en América Latina han cambiando mucho las cosas. El nuevo formato ya no tiene una cara visible militar. Estos nuevos golpes son parlamentarios, con el poder judicial-comunicacional-económico haciendo su trabajo. Sin embargo, esto no es lo único que es novedoso. El otro aspecto crucial, que quizás haya pasado más desapercibido, es que estos nuevos golpes siempre cuentan con un ejecutor que se queda en el cargo mientras la derecha gana tiempo para buscar al verdadero candidato que debe gobernar el periodo posterior.

En el 2009 en Honduras fue Roberto Micheletti quién se quedó como Presidente transitorio luego de sacar a Manuel Zelaya de su legítimo cargo. Pero duró poco. Se logró la interrupción democrática, se sacó al Presidente electo, y luego vino Porfirio Lobo por la vía electoral, y más tarde Juan Orlando Hernández. Algo similar ocurrió en Paraguay en 2012. Se dio el golpe contra Fernando Lugo, y Federico Franco se quedó en su puesto sin necesidad de acudir a elecciones. Pero éste no se iba a quedar por mucho tiempo porque la idea era abrir la cancha para que llegara rápidamente el verdadero candidato de la derecha, Horacio Cartes, para darle estabilidad al proceso de restauración conservadora.

Lo mismo es lo que sucede hoy en Brasil. Michel Temer fue el ejecutor del golpe contra Dilma Rousseff. Asumió el 31 de agosto del 2016 sin necesidad tampoco de acudir a las urnas para implementar un conjunto de medidas económicas neoliberales en tiempo record. Privatizaciones y recortes que fueron ejecutados a gran velocidad para asentar las bases del nuevo modelo económico y social. Todo esto, unido a ser el verdugo más visible contra la democracia, le llevó a tener una popularidad por debajo del 10%. La ofensiva de la derecha es salvaje pero no estúpida. Por ello, ahora le toca sacrificar a Temer porque ya no sirve. Fue de usar y tirar.

Es por ello que el emporio O Globo, verdadero actor ordenador del Brasil, le hace la jugada para sacarlo rápidamente del tablero. La derecha necesita orden y estabilidad en Brasil, y por ello, se necesita un nuevo Presidente, resplandeciente e impoluto, con mayor respaldo popular. Temer hizo el trabajo sucio y ahora toca limpiarle la cara al golpe.

Y entonces ya se atisba a los nuevos candidatos para gestionar la ofensiva neoliberal con una cara más amigable. Uno, Joan Doria, y dos, Cármen Lúcia Antunes. El primero ganó elecciones el pasado octubre para ser Prefecto de Sao Pablo con un alto caudal de votos. Se presenta como representante de la pos política aunque tuvo algunos cargos públicos menores. Este supuesto outsider de la política, publicista, empresario televisivo y presentador de programas, parece que es el elegido por los mercados para dirigir a Brasil hacia el abismo. Seguramente no aceptará ser interino y querrá acudir a la batalla electoral. La otra persona elegida por el establishment es Cármen Lúcia Antunes, representante del aparato judicial, presidenta de la Corte Suprema, a quién le tocaría asumir mientras que se convoquen elecciones. Quizás, sea también la próxima candidata para cuando se abran las urnas.

De esta maquiavélica forma, se lustra la fachada democrática tras un golpe. Temer desaparecerá como por arte de magia como así lo hicieron Micheletti en Honduras y Franco en Paraguay. Este es el rol que tienen los operadores transitorios para poner fin al régimen democrático y abrir otro que debe aparentarlo. La nueva época golpista tiene sus propios manuales con su modus operandi. Temer ya cumplió su trabajo. Que pase el siguiente.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226892&titular=temer-ya-no-les-sirve-

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The Culture of Cruelty in Trump’s America

By Henry Giroux

For the last 40 years, the United States has pursued a ruthless form of neoliberalism that has stripped economic activity from ethical considerations and social costs. One consequence has been the emergence of a culture of cruelty in which the financial elite produce inhuman policies that treat the most vulnerable with contempt, relegating them to zones of social abandonment and forcing them to inhabit a society increasingly indifferent to human suffering. Under the Trump administration, the repressive state and market apparatuses that produced a culture of cruelty in the 19th century have returned with a vengeance, producing new levels of harsh aggression and extreme violence in US society. A culture of cruelty has become the mood of our times — a spectral lack of compassion that hovers over the ruins of democracy.

While there is much talk about the United States tipping over into authoritarianism under the Trump administration, there are few analyses that examine how a culture of cruelty has accompanied this political transition, and the role that culture plays in legitimating a massive degree of powerlessness and human suffering. The culture of cruelty has a long tradition in this country, mostly inhabiting a ghostly presence that is often denied or downplayed in historical accounts. What is new since the 1980s — and especially evident under Donald Trump’s presidency — is that the culture of cruelty has taken on a sharper edge as it has moved to the center of political power, adopting an unapologetic embrace of nativism, xenophobia and white nationalist ideology, as well as an in-your-face form of racist demagoguery. Evidence of such cruelty has long been visible in earlier calls by Republicans to force poor children who get free school lunches to work for their meals. Such policies are particularly cruel at a time when nearly «half of all children live near close to the poverty line.» Other instances include moving people from welfare to workfare without offering training programs or child care, and the cutting of children’s food stamp benefits for 16 million children in 2014.  Another recent example of this culture of cruelty was Rep. Steve King (R-Iowa) tweeting his support for Geert Wilders, a notorious white supremacist and Islamophobic Dutch politician.

Focusing on a culture of cruelty as one register of authoritarianism allows us to more deeply understand how bodies and minds are violated and human lives destroyed. It helps us to acknowledge that violence is not an abstraction, but is visceral and, as Brad Evans observes, «should never be studied in an objective and unimpassioned way. It points to a politics of the visceral that cannot be divorced from our ethical and political concerns.» For instance, it highlights how Trump’s proposed budget cuts would reduce funding for programs that provide education, legal assistance and training for thousands of workers in high-hazard industries. As Judy Conti, a federal advocacy coordinator [at the National Employment Law Project] points out, these cuts would result in «more illness, injury and death on the job.»

Rather than provide a display of moral outrage, interrogating a culture of cruelty offers critics a political and moral lens for thinking through the convergence of power, politics and everyday life. It also offers the promise of unveiling the way in which a nation demoralizes itself by adopting the position that it has no duty to provide safety nets for its citizens or care for their well-being, especially in a time of misfortune. Politically, it highlights how structures of domination bear down on individual bodies, needs, emotions and self-esteem, and how such constraints function to keep people in a state of existential crisis, if not outright despair. Ethically the concept makes visible how unjust a society has become. It helps us think through how life and death converge in ways that fundamentally transform how we understand and imagine the act of living — if not simply surviving — in a society that has lost its moral bearing and sense of social responsibility. Within the last 40 years, a harsh market fundamentalism has deregulated financial capital, imposed misery and humiliation on the poor through welfare cuts, and ushered in a new style of authoritarianism that preys upon and punishes the most vulnerable Americans.

The culture of cruelty has become a primary register of the loss of democracy in the United States. The disintegration of democratic commitments offers a perverse index of a country governed by the rich, big corporations and rapacious banks through a consolidating regime of punishment. It also reinforces the workings of a corporate-driven culture whose airwaves are filled with hate, endless spectacles of violence and an ongoing media assault on young people, the poor, Muslims and undocumented immigrants. Vast numbers of individuals are now considered disposable and are relegated to zones of social and moral abandonment. In the current climate, violence seeps into everyday life while engulfing a carceral system that embraces the death penalty and produces conditions of incarceration that house many prisoners in solitary confinement — a practice medical professionals consider one of the worse forms of torture.

In addition, Americans live in a distinctive historical moment in which the most vital safety nets, social provisions, welfare policies and health care reforms are being undermined or are under threat of elimination by right-wing ideologues in the Trump administration. For instance, Trump’s 2017 budgetary proposals, many of which were drafted by the hyperconservative Heritage Foundation, will create a degree of imposed hardship and misery that defies any sense of human decency and moral responsibility.

Public policy analyst Robert Reich argues that «the theme that unites all of Trump’s [budget] initiatives so far is their unnecessary cruelty.» Reich writes:

His new budget comes down especially hard on the poor — imposing unprecedented cuts in low-income housing, job training, food assistance, legal services, help to distressed rural communities, nutrition for new mothers and their infants, funds to keep poor families warm, even «meals on wheels.» These cuts come at a time when more American families are in poverty than ever before, including 1 in 5 children. Why is Trump doing this? To pay for the biggest hike in military spending since the 1980s. Yet the U.S. already spends more on its military than the next 7 biggest military budgets put together. His plan to repeal and «replace» the Affordable Care Act will cause 14 million Americans to lose their health insurance next year, and 24 million by 2026. Why is Trump doing this? To bestow $600 billion in tax breaks over the decade to wealthy Americans. This windfall comes at a time when the rich have accumulated more wealth than at any time in the nation’s history.

This is a demolition budget that would inflict unprecedented cruelty, misery and hardship on millions of citizens and residents. Trump’s populist rhetoric collapses under the weight of his efforts to make life even worse for the rural poor, who would have $2.6 billion cut from infrastructure investments largely used for water and sewage improvements as well as federal funds used to provide assistance so they can heat their homes. Roughly $6 billion would be cut from a housing budget that benefits 4.5 million low-income households. Other programs on the cutting block include funds to support Habitat for Humanity, the homeless, energy assistance to the poor, legal aid and a number of antipoverty programs. Trump’s mode of governance is no longer modeled on «The Apprentice.» It now takes its cues from «The Walking Dead.»

If Congress embraces Trump’s proposal, poor students would be budgeted out of access to higher education as a result of a $3.9 billion cut from the federal Pell grant program, which provides tuition assistance for low-income students entering college. Federal funds for public schools would be redistributed to privately run charter schools, while vouchers would be available for religious schools. Medical research would suffer and people would die because of the proposed $6 billion cut to the National Institutes of Health.

Trump has also called for the elimination of the National Endowment for the Arts, the National Endowment for the Humanities, the Corporation for Public Broadcasting and the Institute of Museum and Library Services, making clear that his contempt for education, science and the arts is part of an aggressive project to eliminate those institutions and public spheres that extend the capacity of people to be imaginative, think critically and be well-informed.

The $54 billion that Trump seeks to remove from the budgets of 19 agencies designed to help the poor, students, public education, academic research and the arts would instead be used to increase the military budget and build a wall along the Mexican border. The culture of cruelty is on full display here as millions would suffer for the lack of loans, federal aid and basic resources. The winners would be the Departments of Defense, Homeland Security, the private prison industry and the institutions and personnel needed to expand the police state. What Trump has provided in this budget proposal is a blueprint for eliminating the remnants of the welfare state while transforming American society into a «war-obsessed, survival-of-the fittest dystopia.»

The United States is now on a war footing and has launched a war against undocumented immigrants, Muslims, people of color, young people, the elderly, public education, science, democracy and the planet itself, to say nothing of the provocations unfolding on the world stage.  The moral obscenity and reactionary politics that inform Trump’s budget were summed up by Bernie Sanders: «At a time of massive income and wealth inequality, when 43 million Americans are living in poverty and half of older Americans have no retirement savings, we should not slash programs that senior citizens, children and working people rely on in order to provide a massive increase in spending to the military industrial complex. Trump’s priorities are exactly the opposite of where we should be heading as a nation.»

As more and more people find themselves living in a society in which the quality of life is measured through market-based metrics, such as cost-benefit analyses, it becomes difficult for the public to acknowledge or even understand the cost in human misery and everyday hardship that an increasing number of people have to endure.

A culture of cruelty highlights both how systemic injustices are lived and experienced, and how iniquitous relations of power turn the «American dream» into a dystopian nightmare in which millions of individuals and families are struggling to merely survive. This society has robbed them of a decent life, dignity and hope. I want to pose the crucial question of what a culture of cruelty looks like under a neofascist regime, and in doing so, highlight what I believe are some of its most crucial elements, all of which must be recognized if they are to be open to both criticism and resistance.

First, language is emptied of any sense of ethics and responsibility and begins to operate in the service of violence. This becomes evident as social provisions are cut for programs that help poor people, elderly people, impoverished children and people living with disabilities. This is also evident in the Trump administration’s call to scale back Medicaid and affordable, quality health insurance for millions of Americans.

Second, a survival-of-the-fittest discourse provides a breeding ground for the production of hypermasculine behaviors and hypercompetitiveness, both of which function to create a predatory culture that replaces compassion, sharing and a concern for the other. Under such circumstances, unbridled individualism and competition work to weaken democracy.

Third, references to truth and real consequences are dismissed, and facts give way to «alternative realities» where the distinction between informed assertions and falsehoods disappears. This politics of fabrication is on full display as the Trump administration narrates itself and its relationship to others and the larger world through a fog of misrepresentations and willful ignorance. Even worse, the act of state-sanctioned lying is coupled with the assertion that any critical media outlets and journalists who attempt to hold power accountable are producing «fake news.» Official lying is part of the administration’s infrastructure: The more authority figures lie the less they have to be taken seriously.

Fourth, in a culture of cruelty, the discourse of disposability extends to an increasing number of groups that are considered superfluous, redundant, excess or dangerous. In this discourse, some lives are valued and others are not. In the current moment, undocumented immigrants, Muslim refugees and Black people are targeted as potential criminals, terrorists or racial «others» who threaten the notion of a white Christian nation. Underlying the discourse of disposability is the reemerging prominence of overt white supremacy, as evidenced by an administration that has appointed white nationalists to the highest levers of power in the government and has issued a racist appeal to «law and order.» The ongoing rise of hate crimes should be no surprise in a society that has been unabashedly subjected by Trump and his cohorts to the language of hate, anti-Semitism, sexism and racism. Cultures of cruelty slip easily into both the discourse of racial cleansing and the politics of disposability.

Fifth, ignorance becomes glamorized, enforced through the use of the language of emotion, humiliation and eventually through the machinery of government deception. For example, Donald Trump once stated that he loved «uneducated people.» This did not indicate, of course, a commitment to serve people without a college education — a group that will be particularly disadvantaged under his administration. Instead, it signaled a deep-seated anti-intellectualism and a fear of critical thought itself, as well as the institutions that promote it. Limiting the public’s knowledge now becomes a precondition for cruelty.

Sixth, any form of dependency in the interest of justice and care for the «other» is viewed as a form of weakness, and becomes the object of scorn and disdain. In a culture of cruelty, it is crucial to replace shared values and bonds of trust with the bonds of fear. For the caste of warriors that make up the Trump administration, politics embraces what might be called neoliberalism on steroids, one in which the bonds of solidarity rooted in compassion and underlying the welfare state are assumed to weaken national character by draining resources away from national security and placing too large a tax burden on the rich. In this logic, solidarity equates with dependency, a weak moral character, and is dismissed as anaemic, unreliable and a poor substitute for living in a society that celebrates untrammeled competition, individual responsibility and an all-embracing individualism.

Seventh, cruelty thrives on the language of borders and walls. It replaces the discourse of bridges, generosity and compassion with a politics of divisiveness, alienation, inadequacy and fear. Trump’s call for building a wall on the Mexican border, his endless disparaging of individuals and groups on the basis of their gender, race, religion and ethnicity, and his view of a world composed of the deadly binary of «friends» and «enemies» echo the culture of a past that lost its ethical and political moorings and ended up combining the metrics of efficiency with the building of concentration camps.

Eighth, all cultures of cruelty view violence as a sacred means for addressing social problems and mediating relationships; hence, the criminalization of homelessness, poverty, mental illness, drug addiction, surviving domestic violence, reproductive choice and more.  The centrality of oppressive violence in the United States is not new, of course; it is entrenched in the country’s origins. Under Trump this violence has been embraced, openly and without apology, as an organizing principle of society. This acceleration of the reality and spectacle of violence under the Trump administration is evident, in part, in his call for increasing an already-inflated military budget by $54 billion. It is also evident in his efforts to create multiple zones of social abandonment and social death for the most vulnerable in society.

Ninth, cultures of cruelty despise democracy and work incessantly to make the word disappear from officially mandated state language. One example of this took place when Trump opted not to utter the word democracy in either his inaugural address or in his first speech to Congress. Trump’s hatred of democracy and the formative cultures that sustain it was on full display when he and his top aides referred to the critical media as the enemy of the American people and as an «opposition party.» A free press is fundamental to a society that takes seriously the idea that no democracy can exist without informed citizens. Trump has turned this rule on its head, displaying a disdain not only for a press willing to pursue the truth and hold politicians and corporations accountable, but also for those public spheres and institutions that make such a press possible. Under these circumstances, it is important to remember Hannah Arendt’s warning: «What makes it possible for a totalitarian or any other dictatorship to rule is that people are not informed … and a people that no longer can believe anything cannot make up its mind. It is deprived not only of its capacity to act but also its capacity to think and to judge.»

Tenth, all fascist regimes disparage, dismantle and destroy institutions, such as public and higher education and other public spheres where people can learn how to think critically and act responsibly. Evidence of an act of war against public spheres that are critical, self-reflective and concerned with the social good is visible in the appointment of billionaires, generals and ideological fundamentalists to cabinet positions running public agencies that many of them have vowed to destroy. What does it mean when an individual, such as Betsy DeVos, is picked to head the Department of Education even though she has worked endlessly in the past to destroy public education? How else to explain Trump appointing Scott Pruitt to head the Environmental Protection Agency, even though he does not believe that climate change is affected by human-produced carbon dioxide emissions and has spent most of his career actively opposing the authority of the EPA? At stake here is more than a culture of incompetency. This is a willful assault on public goods and the common good.

Eleventh, cultures of cruelty thrive when shared fears replace shared responsibilities. Under such conditions, an ever-expanding number of people are reduced to the status of a potential «terrorist» or «criminal,» watched constantly, and humiliated under the watchful eye of a surveillance state that inhabits practically every public and private space.

Twelfth, cultures of cruelty dispose of all vestiges of the welfare state, forcing millions to fend for themselves. Loneliness, powerlessness and uncertainty — fueled by the collapse of the public into the private — create the conditions for viewing those who receive much needed social provisions as cheaters, moochers or much worse. Under the Republican Party extremists in power, the welfare state is the enemy of the free market and is viewed as a drain on the coffers of the rich. There are no public rights in this discourse, only entitlements for the privileged, and rhetoric that promotes the moral superiority and unimpeachable character of the wealthy. The viciousness of these attacks is driven by the absolute idolatry of power of wealth, strength and unaccountable military might.

Thirteenth, massive inequalities in power, wealth and income mean time will become a burden for most Americans, who will be struggling merely to make ends meet and survive. Cruelty thrives in a society in which there seem to be only individual problems, as opposed to socially-produced problems, and it is hard to do the work of uniting against socially-produced problems under oppressive time constraints. Under such circumstances, solidarity is difficult to practice, which makes it easier for the ruling elite to use their power to engage in the relentless process of asset-stripping and the stripping of human dignity. Authoritarian regimes feed off the loyalty of those who benefit from the concentration of wealth, power and income as well as those who live in stultifying ignorance of their own oppression. Under global capitalism, the ultrarich are celebrated as the new heroes of late modernity, while their wealth and power are showcased as a measure of their innate skills, knowledge and superiority. Such spectacles function to infantilize both the general public and politics itself.

Fourteenth, under the Trump administration, the exercise of cruelty is emboldened through the stultifying vocabulary of ultranationalism, militarism and American exceptionalism that will be used to fuel further wars abroad and at home. Militarism and exceptionalism constitute the petri dish for a kind of punishment creep, in which «law and order» becomes code for the continued rise of the punishing state and the expansion of the prison-industrial complex. It also serves to legitimate a war culture that surrounds the world with military bases and promotes «democracy» through a war machine. It turns already-oppressive local police departments into SWAT teams and impoverished cities into war zones. In such a culture of cruelty, language is emptied of any meaning, freedom evaporates, human misery proliferates, and the distinction between the truth and lies disappears and the governance collapses into a sordid species of lawlessness, emboldening random acts of vigilantism and violence.

Fifteenth, mainstream media outlets are now a subsidiary of corporate control. Almost all of the dominant cultural apparatuses extending from print, audio and screen cultures are controlled by a handful of corporations. The concentration of the mainstream media in few hands constitutes a disimagination machine that wages a pedagogical war on almost any critical notion of politics that seeks to produce the conditions needed to enable more people to think and act critically. The overriding purpose of the corporate-controlled media is to drive audiences to advertisers, increase ratings and profits, legitimate the toxic spectacles and values of casino capitalism, and reproduce a toxic pedagogical fog that depoliticizes and infantilizes. Lost here are those public spaces in which the civic and radical imagination enables individuals to identify the larger historical, social, political and economic forces that bear down on their lives. The rules of commerce now dictate the meaning of what it means to be educated. Yet, spaces that promote a social imaginary and civic literacy are fundamental to a democracy if the young and old alike are to develop the knowledge, skills and values central to democratic forms of education, engagement and agency.

Underlying this form of neoliberal authoritarianism and its attendant culture of cruelty is a powerfully oppressive ideology that insists that the only unit of agency that matters is the isolated individual. Hence, mutual trust and shared visions of equality, freedom and justice give way to fears and self-blame reinforced by the neoliberal notion that individuals are solely responsible for their political, economic and social misfortunes. Consequently, a hardening of the culture is buttressed by the force of state-sanctioned cultural apparatuses that enshrine privatization in the discourse of self-reliance, unchecked self-interest, untrammeled individualism and deep distrust of anything remotely called the common good. Once again, freedom of choice becomes code for defining responsibility solely as an individual task, reinforced by a shameful appeal to character.

Many liberal critics and progressives argue that choice absent constraints feeds the rise of Ayn Rand’s ideology of rabid individualism and unchecked greed. But they are only partly right. What they miss in this neofascist moment is that the systemic cruelty and moral irresponsibility at the heart of neoliberalism make Ayn Rand’s vicious framework look tame. Rand’s world has been surpassed by a ruling class of financial elites that embody not the old-style greed of Gordon Gekko in the film Wall Street, but the inhumane and destructive avarice of Patrick Bateman in American Psycho. The notion that saving money by reducing the taxes of the rich justifies eliminating health care for 24 million people is just one example of how this culture of cruelty and hardening of the culture will play out.

Under the Trump administration, a growing element of scorn is developing toward the increasing number of human beings caught in the web of oppression, marginalization, misfortune, suffering and deprivation. This scorn is fueled by a right-wing spin machine that endlessly spews out a toxic rhetoric in which all Muslims are defined as «jihadists;» the homeless are cast as «lazy» rather than as victims of oppressive structures, failed institutions and misfortune; Black people are cast as «criminals» and subjected en masse to the destructive criminal punishment system; and the public sphere is portrayed as largely for white people.

The culture of hardness and cruelty is not new to American society, but the current administration aims to deploy it in ways that sap the strength of social relations, moral compassion and collective action, offering in their place a mode of governance that promotes a pageant of suffering and violence. There will, no doubt, be an acceleration of acts of violence under the Trump administration, and the conditions for eliminating this new stage of state violence will mean not only understanding the roots of neofascism in the United States, but also eliminating the economic, political and cultural forces that have produced it. Addressing those forces means more than getting rid of Trump. We must eliminate a more pervasive irrationality in which democracy is equated with unbridled capitalism — a system driven almost exclusively by financial interests and beholden to two political parties that are hardwired to produce and reproduce neoliberal violence.

http://www.truth-out.org/opinion/item/39925-the-culture-of-cruelty-in-trump-s-america

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El «radical» plan de austeridad económica a 20 años aprobado por Brasil

Brasil/22 diciembre 2016/Fuente: BBC Mundo

Cuando Michel Temer llegó a la presidencia de Brasil este año, tras el impeachment de Dilma Rousseff, el nuevo mandatario brasileño prometió cambios profundos para solucionar la crisis económica que vive el gigante sudamericano.

La intención de encauzar la economía por la senda de la austeridad se intuía, pero pocos esperaban la intensidad del ajuste económico que Temer busca implementar.

Y en las últimas semanas, miles de brasileños han estado expresando su descontento en las calles frente a la estrategia que ha escogido el gobierno para afrontar el problema: amarrar al país en un inflexible cinturón de disciplina fiscal.

Despilfarro

En el centro de la polémica está una reforma constitucional recién aprobada por el Congreso brasileño.

La semana pasada el Senado dio su visto bueno a la norma que congela por 20 años el gasto público federal, limitándolo apenas al crecimiento de la inflación.

Image copyright AFP
Image caption La enmienda congela el gasto público por dos décadas.

Unos ven aquí un remedio al excesivo gasto público, el despilfarro que alimentó la corrupción y que contribuyó a la intensa crisis económica que experimenta la mayor economía latinoamericana.

Pero los opositores de la medida la califican de radical, cruel y destructiva por el impacto que tendrá sobre los más pobres, los mismos que se habían beneficiado del gasto social brasileño en los años de bonanza de la pasada década.

Naciones Unidas denuncia

Entre las voces que se alzaron contra la medida está la del Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Extrema Pobreza, Philip Dalton.

«Actualmente, Brasil no está invirtiendo dinero suficiente en educación y, quedarse maniatado en un ciclo de reducción de la inversión, eso representaría un revés no solo para la niñez brasileña, sino también para la competitividad global del país», aseguró el funcionario en entrevista a BBC Brasil.

Image copyright AFP
Image caption El gobierno de Temer enfrenta la oposición de muchos sectores.

El gobierno encabezado por Michel Temer asegura no tener alternativa a la medida de austeridad.

La reforma constitucional es «necesaria para la recuperación económica», teniendo en cuenta que «Brasil enfrenta la peor crisis desde el comienzo del siglo 20, en la que en dos años el PIB per cápita cayó en 10», según dijo a BBC Brasil en una declaración el Ministerio de Hacienda.

«El objetivo de la PEC 55 (como se conoce la norma) es enviar una señal a los mercados de que Brasil está adelantando en serio la austeridad fiscal y que la deuda nacional no va a quedar fuera de control en los próximos años», le dice a BBC Brasil Ricardo Gottschalk, investigador de UNCTAD, la agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo.

Encrucijada

No obstante, reconoce el experto, «aprobar una medida que congela los gastos públicos en términos reales por los próximos 20 años es bastante radical».

Gottschalk argumenta que en el largo plazo, la medida «afectará a una generación completa de brasileños, con consecuencias cada vez más negativas a medida que pasan los años».

«A largo plazo, las implicaciones serán que los gastos públicos en proporción al PIB irán decayendo cada vez más en términos reales. Eso, naturalmente va a afectar la capacidad de invertir en infraestructuras económicas y atender demandas sociales como las inversiones en programas de bienestar social, salud y educación», sostuvo Gottschalk en declaraciones a BBC Brasil.

Entre tanto, el gobierno de Temer enfrenta una encrucijada compleja en el terreno político.

La ciudadanía, ya confrontada con un impopular plan de austeridad económica, es además testigo de continuas denuncias de corrupción contra altos funcionarios gubernamentales.

Una combinación nada alentadora para Temer, a quien muchos le auguran un camino turbulento para completar los dos años de periodo presidencial restante antes de las elecciones generales de 2018.

Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias-38385891

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“BID planea la venta del sector público: ¿cura o enfermedad?”

Por: Gerardo Barboza

“De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco intergubernamental regional y el mayor prestamista multilateral para América Latina, América Latina es pobre porque su gente se educa de manera inadecuada, está enferma y estancada. De acuerdo con casi todos los demás, la mayoría de los latinoamericanos no tienen educación, están enfermos y estancados porque son pobres…, pero el BID tiene los miles de millones, por lo que lo que dice se hace. En su Informe de Progreso Económico y Social 2000, el Banco explica el fracaso de América Latina para el desarrollo en términos de instituciones gubernamentales ineficientes… En 2001, el Informe de nuevo culpó a las instituciones de América Latina por los males del hemisferio, la reducción a cero en el cuidado de la salud pública, la educación y la infraestructura como los organismos públicos responsables de la pobreza y el desempleo… En otras palabras, el problema lo constituye los servicios sociales públicos, y la solución es simple: privatizarlos”.

“El Banco está realizando grandes préstamos para ayudar a los gobiernos para que arrastren a los organismos supuestamente obsoletos e inútiles hacia siglo 21 con eficiencia empresarial. Desde principios de 1990, cuando el BID empezó a apoyar y ejecutar el paquete de políticas neoliberales punitivas llamado Consenso de Washington, el Banco ha financiado la privatización de tratamiento de aguas residuales, aeropuertos, carreteras, educación secundaria y los fondos de pensiones. El BID ha entregado las telecomunicaciones, la seguridad social, los jardines infantiles, los hospitales y la generación de electricidad al sector privado para el funcionamiento y la búsqueda de ganancias. Los fondos de bienestar social y de vivienda se han arrendado, junto con las escuelas de formación profesional y los programas de vacunación… Ser economista del BID es aceptar un solo artículo de fe: lo privado es mejor que lo público”.

“El proceso de generación de crédito detrás de estos proyectos es uniforme, y varía poco en todo el continente, si los banqueros están tratando con las economías del tamaño de Brasil o Belice. Comienza con un caballo de Troya de la “asistencia técnica no reembolsable” proporcionado por el BID al gobierno con potencial para el préstamo. Este regalo se compone de un par de millones más o menos para los contratos, boletos aéreos y dinero para gastos de consultores aprobados por el BID para el estudio de un sector y recomendar medidas de reforma. Las recomendaciones resultantes son uniformes: la participación del sector privado…”.
“Los consultores luego escriben la propuesta de préstamo, a menudo incluyendo espacios presupuestarios lucrativos para su empleo en el futuro, además de fondos discrecionales para los beneficiarios políticos designados en la oficina de la presidencia o al nivel superior del ministerio correspondiente. Si los consultores son especialmente astutos y detectan muestras de descontento sobre la externalización masiva y despidos, giran hacia una “búsqueda de consenso” como parte del préstamo para proporcionar financiación para los grupos focales y las campañas publicitarias que venden la privatización”.
“Una población reacia pide prestado dinero para una campaña publicitaria para convencerse a sí misma que quiere algo que no quiere, y luego tiene que devolver el dinero, con intereses…  No es de extrañarse que los consultores obtengan grandes cantidades de dinero”.
“Los políticos llevan luego la propuesta al Directorio del BID para su aprobación, que se compone de personas no muy distintas entre ellos mismos y sus viejos amigos de universidad… No es raro que los documentos del préstamo sean escritos solamente en inglés, sin traducción disponible al español”.
“Sin embargo, en algo el BID tiene razón: El sector público en América Latina necesita una reforma; una reforma para limpiar los ladrones en los puestos superiores en lugar de dejarlos allí para supervisar sus nuevos sistemas de regulación permisivos. Mientras estamos en ello, también podemos reformar el BID; es una institución pública que gasta demasiado si tenemos en cuenta lo que realmente ofrece. En su discurso, el Banco fomenta la rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal del sector público en las Américas, pero en la práctica, es el único entre las instituciones gubernamentales que está por encima de la ley”.
Lo que ha leído son extractos del artículo “IDB Plan To Sell The Public Sector: The Cure or the Ill?, publicado por la Dra. Beatrice Edwards, directora de Government Accountability Project – GAP (Proyecto de Responsabilidad Gubernamental), fundado en 1977 en Washington, D.C. La Dra. Edwards posee una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas y un Ph.D. en Sociología de American University.
El artículo “IDB Plan To Sell The Public Sector: The Cure or the Ill?” se encuentra disponible –para su lectura completa- en el sitio web de “North American Congress on Latin America (NACLA)”,“una organización independiente, sin fines de lucro fundada en 1966 que trabaja en pro de un mundo en el que las naciones y los pueblos de América Latina y el Caribe estén libres de la opresión y la injusticia, y que puedan disfrutar de una relación con Estados Unidos de América basada en el respeto mutuo, libre de la subordinación económica y política”.
Quienes han tenido y tienen el país a cargo han desarrollado un proceso agnotológico (producción deliberada de la ignorancia). Es el momento de leer y escuchar otras fuentes de información acreditadas, antes de que culminen con el proceso de privatización de los activos públicos por medio de la aprobación de ciertos proyectos de ley que se ventilan en la Asamblea Legislativa…
Fuente: http://www.elpais.cr/2016/07/29/bid-planea-la-venta-del-sector-publico-cura-o-enfermedad/

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OCDE, FMI y BM elogian reformas en México

México/13 octubre 2016/Fuente: Mundo Ejecutivo

a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) elogiaron las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto y que han permitido a México responder de manera oportuna a las amenazas externas y crecer por arriba de los países desarrollados, y de América Latina.

El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, aseguró además que el presupuesto propuesto por el gobierno federal para 2017 es responsable y responde a uno de los entornos más complejos e inciertos que se han tenido en el pasado reciente.

Apuntó que en este contexto tan difícil, en el cual los países miembros de la OCDE crecen entre 1.5 y 1.8%, la tasa de México está alrededor de 2.5 por ciento, por encima del promedio de las principales economías del mundo y de América Latina, donde incluso hay tasas de crecimiento negativas.

Comentó que cuando se caen los precios de las materia primas, como el petróleo, se vuelve difícil venderle al mundo estos productos, y un país como México, que es exportador de crudo, “por supuesto tiene impactos”.

Sin embargo, resaltó, “México ha respondido de manera muy importante y oportuna” a las estas amenazas externas, con ajustes a los presupuestos para reducir los déficit, incluso al aumentar su tasa de referencia ante la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos eleve sus tasas.

“Es decir, un ambiente complejo, un ambiente difícil, en el cual México está sorteando estas dificultades”, manifestó al expresar el reconocimiento de la OCDE a este esfuerzo y brindarle el apoyo del organismo internacional a la administración del presidente Peña Nieto.

El pasado sábado, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, se dijo alentada por la decisión de las autoridades financieras de México de mantener la actual política fiscal, reconoció la marcha del proceso de reformas estructurales, como agentes promotores de crecimiento económico y ofreció el apoyo de la institución al gobierno mexicano.

“Claramente, México ha conducido algunas de las mayores reformas que no se habían implementado por muchos años, ya sea en educación, en telecomunicaciones, sector petrolero, nuevas licencias, eso es un masivo rango de reformas”, dijo.

También la semana pasada, el presidente del Grupo del Banco Mundial (BM), Jim Yong Kim, expresó ser un gran admirador de las reformas que ha instaurado el presidente Enrique Peña Nieto, las cuales son sumamente valiosas, “y aunque México no ha disfrutado hasta ahora todos los beneficios de las reformas, hay muchas experiencias sorprendentes y muy positivas».

En conferencia de prensa en el marco del inicio de los trabajos de la reunión anual de otoño del BM, comentó que la economía mexicana se mantiene bien posicionada, más allá de las fluctuaciones en el tipo de cambio, e insistió que las reformas estructurales impulsarán un mayor crecimiento del país en el corto plazo.

Por ejemplo, dijo, la reforma energética que puso en marcha el gobierno mexicano, permitió lanzar una subasta para energía solar que colocó los precios de energía en niveles de 4.5 centavos de dólar por kilowatt-hora.

Resaltó que para cualquier país en el mundo, ese precio constituye un atractivo porque representa casi la mitad del precio de la electricidad en Estados Unidos, y enfatizó que ahora lo que se requiere es paciencia para la llegada de los beneficios de las reformas.

El presidente del Grupo del Banco Mundial señaló también que el tipo de cambio del peso respecto al dólar ha estado subiendo y bajando, basado más en consideraciones sobre la política de Estados Unidos, que sobre los fundamentales económicos del país, afirmó Kim.

Fuente: http://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/2016/10/10/ocde-fmi-bm-elogian-reformas-mexico

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