Análisis Político y Social

Por: Mario Hernandez

Se desmorona la versión criolla del fin de la historia

Manifestarse en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, pero también en Neuquén, San Pedro en Jujuy, La Plata, Luján, Río Negro, Ingeniero Juárez (Formosa) implica someterse a gases lacrimógenos, emboscadas, balas de goma y cacerías policiales, pero además al aparato de propaganda paraestatal (el ejército de trolls que operan bajo el control de la Jefatura de Gabinete) y los canales de TV como América con “periodistas” oficialistas como Eduardo Feinnman que igualan a un activista que tiró una bengala como Sebastián Romero, con policías que dispararon balas y proyectiles a mansalva.

La táctica del lunes 18 fue distinta a la del jueves anterior cuando se practicó la “represión preventiva”. Mientras que en la primera los efectivos se dejaron cascotear durante una hora para después reprimir, justificados por las imágenes que los exhibían como víctimas. El saldo de heridos policiales fue de más de 80, mientras que en la segunda solo de 8. No obstante, en ambas la situación de los reprimidos fue similar. Se superó el centenar de heridos y detenidos al voleo, una práctica que se hizo habitual.

Daniel Sandoval que enseña Química en una escuela de Villa Soldati perdió un ojo y terminó con 15 balas de goma en el cuerpo, seis de ellas en la cabeza. Así el gobierno busca instalar el terror.

Docentes, militantes de organizaciones sociales y periodistas [1] son los blancos preferidos por las fuerzas de seguridad. Seis personas perdieron los ojos a manos de la policía. Una nueva modalidad represiva.

Miedo a ser golpeado, de sufrir un allanamiento en la madrugada, de ir preso y quedar procesado. A pesar de todo la gente sigue saliendo. El lunes a la noche las calles se llenaron de pibes con cacerolas.

Pronunciamientos contra la represión

La represión policial que provocó decenas de heridos durante las manifestaciones contra la reforma previsional motivó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresara su preocupación por el uso “inadecuado” y “desproporcionado” de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones. El organismo de la OEA difundió un comunicado en el que recordó que “la criminalización de la protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la detención arbitraria de manifestantes y su proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente”. En este sentido, advirtió que “el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas”. La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión hicieron además un llamado a las autoridades “a investigar de forma pronta y exhaustiva la conducta policial durante esas manifestaciones, y establecer las sanciones correspondientes”. El texto dado a conocer habla específicamente de dos operativos represivos. El 14 de diciembre fue el día en que, al no poder mantener el quórum, se cayó la primera sesión de Diputados para aprobar el ajuste jubilatorio. “Según la información recibida por la CIDH, varias personas habrían resultado heridas por impactos de balas de goma y dos legisladores denunciaron agresiones por fuerzas de seguridad, todo lo cual supone un uso desproporcionado de la fuerza”, indicó el comunicado. La segunda referencia es a la represión del lunes 18. En el comunicado difundido el jueves pasado, la Relatoría hizo especial mención de la violencia de los efectivos contra periodistas que registraban los hechos. “Durante las movilizaciones al menos 26 periodistas y trabajadores de medios de comunicación habrían sido agredidos por fuerzas policiales mientras cubrían las manifestaciones en ambas jornadas. De este grupo, 18 periodistas denunciaron recibir múltiples impactos de balas de goma. También se reportaron varios periodistas afectados por el efecto de los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Asimismo, un grupo de manifestantes habrían agredido a otros quince periodistas y produjeron daños a los equipos móviles de cinco televisoras. La policía habría detenido a seis trabajadores de un medio de comunicación”. Los especialistas recordaron finalmente que en democracia, “los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público”.

Mientras tanto, agitando el fantasma de un «renacer de las guerrillas urbanas» el fiscal general ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, pidió nuevas leyes que impidan excarcelar a «los violentos» detenidos en manifestaciones.

Las opiniones de Moldes fueron avaladas por Macri: “El que tira una piedra está dispuesto a matar”, afirmó el primer mandatario, encubriendo a los policías que le pasaron por encima con una moto a un joven que estaba en el piso. O a los policías que disparaban balas de goma a corta distancia a personas indefensas, apuntando al rostro.

A tono con las declaraciones presidenciales, en el Congreso ya preparan una ley que limite la excarcelación de los manifestantes. Y hay jueces y fiscales dispuestos a aplicar la Ley Antiterrorista sancionada durante el kirchnerismo. Sazonada con amenazas de persecución a los organismos de Derechos Humanos proferidas por la funcionaria judicial de la dictadura y actual diputada del oficialismo, Elisa Carrió.

Ante estas declaraciones, el abogado y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Ismael Jalil , señaló: «Pedir una ley como lo hace Moldes para no excarcelar es la consagración de un estado de excepción: con una apariencia de legalidad lo que hacen es disciplinar e impedir que la gente proteste».

Por su parte, el Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, afirmó que el Gobierno está «evaluando y recopilando todo para pedirle el juicio político» a la jueza López Vergara por ordenar que la Policía no lleve armas letales a la manifestación. También pidió que se aplique la figura de «sedición» a los manifestantes del lunes pasado, señaló al «Partido Obrero, al Partido de izquierda (sic), Frente Para la Victoria, ligado a La Cámpora» y la «UOM de Quilmes» como los autores de una «planificación» para «desestabilizar al gobierno», y adelantó que investigarán la responsabilidad en «las máximas conducciones» para «solicitar en el juzgado electoral y a la Cámara Electoral sacar la personería jurídica de los partidos políticos».

En una conferencia realizada el viernes, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y los organismos de derechos humanos y antirrepresivos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia leyeron un pronunciamiento donde denuncian la escalada represiva del gobierno de Mauricio Macri : « en una ciudad militarizada, todos los manifestantes sufrimos durante horas gases lacrimógenos tóxicos, balas de goma, ataques de camiones hidrantes, a manos de una fuerza policial con órdenes de descargar toda su brutalidad contra el pueblo. Así ocultan que las fuerzas represivas disparaban a la cara de los manifestantes . Posteriormente desataron una cacería en el centro de la ciudad, con más de 130 detenidos sobre los que pesan imputaciones penales graves, como forma de amedrentamiento. Para frenar la movilización popular también el gobierno reprimió el cacerolazo espontáneo de miles y miles por la noche del 18«.

También remarcaron que «Macri ha lanzado un ataque contra una jueza por limitarse a dictar un fallo estrictamente ajustado en lo legal, que prohíbe el uso de municiones de plomo para reprimir movilizaciones«.

En este sentido, denunciaron: «el Gobierno Nacional ha implantado un verdadero estado de excepción, suspendiendo de hecho las garantías constitucionales sin declarar el Estado de Sitio» .

Finalizaron recordando «los asesinatos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, las violentas represiones a la protesta social en las provincias, las detenciones a los manifestantes contra la OMC, la brutal represión a la manifestación de los movimientos sociales el 13/12, contra los trabajadores que protestaban el 14 de diciembre primero en La Plata y luego frente al Congreso Nacional, demuestran que el gobierno nacional y la inmensa mayoría de los gobernadores están dispuestos a imponer su ajuste violando todas las garantías democráticas si es necesario«.

También la OIT pidió explicaciones al gobierno por las detenciones del Secretario general y el Secretario gremial del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio La Esperanza, Sergio Reynaldo Juárez y Néstor Bautista, respectivamente, que fueron encarcelados junto a más de una veintena de trabajadores que se manifestaban contra los despidos y el retraso salarial en San Pedro (Jujuy).

Cae la imagen presidencial

El lunes 18, previo a la brutal represión desencadenada en Plaza Congreso y alrededores, el índice de optimismo que releva Management and Fit para Clarín revelaba la caída de los números de la imagen presidencial en el ámbito económico y político. Se trata de la primera caída considerable desde los resultados electorales de octubre, hace apenas un par de meses atrás.

En materia política, el “optimismo” bajó 2 puntos, el subíndice de “expectativas” cayó 2,5 y el de clima político bajó 1,8, pero las principales caídas se dan en percepción de eficiencia del gasto público (4 puntos), aprobación general de gestión (3,2) y la percepción de capacidad futura del Gobierno para resolver problemas (3). La percepción de confianza en la economía actual baja 1,3 hasta los 35 puntos sobre 100. “La variable más afectada en materia económica es aquélla que mide la percepción sobre el nivel de vida alcanzado que cae 1,9 puntos”, destaca Juan Pablo Hedo, de la consultora.

El último domingo se conoció otra encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) donde consigna que la imagen positiva de Mauricio Macri era de un 52,5 % el 17 de noviembre y descendió a un 43,4 %. Además, el 74,2 % opina que la Reforma Previsional perjudicará a los jubilados y el 69 % que en estos dos años se benefició más a la clase alta.

Para el oficialista Clarín, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se ubicó 8 % por debajo de la semana anterior a la elección de octubre al igual que la diputada oficialista Elisa Carrió. Macri, con el 38 % de imagen positiva, 9 % por debajo de su nivel en el mismo período.

También cayó el consumo masivo en supermercados un 0,7 % en noviembre frente al mismo mes del año pasado y acumula una merma interanual del 3,4 % en once meses. Los supermercadistas advierten que el arranque de las ventas en diciembre fue flojo, más allá de la usual tracción de las fiestas. Según un informe elaborado por el Indec, octubre también había cerrado con caída de ventas en supermercados del 0,1 % en términos interanuales.

El Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, registró en diciembre una caída del 15,5 %, la mayor de los últimos 22 meses.

La desregulación del mercado de combustibles jugó a contramano del pronóstico del presidente Mauricio Macri que, al momento de anunciar la medida, en octubre pasado, se mostró confiado en que el precio internacional del petróleo iría a la baja. Desde ese entonces, sin embargo, la cotización del barril, que se mantenía en torno a los 50 dólares, registró una curva ascendente que hoy lo ubica casi en los 65 dólares. Ya con un mercado abierto que no es intervenido por el Estado, esa presión alcista del crudo a nivel mundial, que se combina con el deslizamiento del dólar por sobre los 18 pesos, podría decantar en un nuevo aumento en los surtidores argentinos. Sin embargo, la posición de las petroleras es contradictoria y aún no hay una decisión tomada. Las dos últimas subas (a fines de octubre y a principios de diciembre), que acumularon un aumento del 16%, les dio margen para maniobrar.

Apuntes económicos para entender la reforma previsional

En “Deuda y Jubilaciones” del pasado 19/12, publicado en infoydata, el economista Héctor Giuliano sostenía: “Bajo el ampuloso título de Reforma Previsional el gobierno Macri ha logrado la aprobación parlamentaria de una nueva fórmula de actualización de haberes jubilatorios –y beneficios sociales en general – que disminuye el aumento de los sectores pasivos de la economía.

Esto es, una ley que permite la rebaja en los incrementos de los gastos sociales del Estado a costa de los jubilados como uno de los componentes centrales de la contención y/o baja del Gasto Público y del Déficit Fiscal.

La clave funcional del Proyecto de Ley (PL) aprobado es lograr un ahorro del Gasto Público por concepto de gastos previsionales que compense, total o parcialmente, el incremento de los pagos que el Estado tiene que realizar en otros rubros, fundamentalmente en el crecimiento de los intereses de la Deuda Pública.

El logro de la aprobación parlamentaria de esta Reforma Previsional para reducir los aumentos a los jubilados forma parte del paquete de medidas comprometido por el presidente Macri ante los acreedores y banqueros norteamericanos durante su viaje a Nueva York, a principios de Noviembre pasado, apenas pasadas las elecciones legislativas del 22.10, durante cuya campaña notablemente tanto oficialismo como oposición política no sometieron a debate ninguna de las iniciativas que fueran sólo enunciadas por el gobierno de Cambiemos para después de los comicios.

Peor aún, el mismo gobierno –a través de su Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña – en declaraciones producidas en Agosto pasado, había desmentido en forma expresa las versiones de un proyecto de Reforma Previsional del Ejecutivo para después de los comicios de Octubre.

La actual fórmula de indexación de haberes –que se usa para actualizar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y por discapacidad, AUH y otros gastos sociales– toma en cuenta dos factores básicos: la evolución de los salarios activos y el ritmo de recaudación tributaria.

La nueva fórmula del gobierno Macri cambia estos factores reemplazándolos por otra cuya incidencia corresponde a la Inflación pasada en un 70 % y a la evolución del Índice Salarial o Ripte en un 30%.

En el próximo mes de Marzo, los jubilados –y, por extensión, todos los beneficiarios sociales– percibirán así un aumento de sólo un 5.7 % mientras que por aplicación de la fórmula de actualización hoy vigente les correspondería un 12 %, es decir, poco menos de la mitad.[2]

Esta pérdida en los haberes jubilatorios no se recupera tampoco con el nuevo Bono compensatorio –planteado, a último momento, como paliativo parcial para los beneficiarios más bajos– que, a su vez, es un bono de carácter discriminatorio porque se concedería sólo a personas con ingresos menores de 10.000 $/Mes y es una suma que sigue estando por debajo del valor de la Canasta Básica Total, que mide la Línea de Pobreza.

En un artículo anterior, “Deuda pública y reformas macristas” del 2/12 había advertido en referencia a la reforma impositiva:

«El objeto central de las reformas –siempre según la formulación oficial– sería reducir la presión tributaria (impositiva y previsional) sobre las empresas para favorecer la Inversión.

Aunque se quiere presentar estas iniciativas como factores clave de una reactivación económica no se trata, en realidad, de medidas que vayan necesariamente a incidir –y menos en el corto plazo– en las decisiones de inversión, producción y empleo dentro de la economía argentina.

En efecto: ¿qué peso relativo tienen o pueden tener los cambios jurídicos en las decisiones de inversión empresaria cuando es el propio gobierno el que estimula, facilita y alienta la mayor rentabilidad de los negocios especulativos frente a la rentabilidad de la actividad económica?

Dicho en términos más simples: que es dudoso que cualquier empresario altere sus decisiones económicas de inversión y producción cuando es el propio gobierno –a través del Banco Central (BCRA)– el que le ofrece ganancias especulativas a corto plazo (¡desde los 30 días!) en la compra de Lebac que rinden el 28-29 % anual.

En síntesis, que la mentada reforma tributaria no garantiza el logro de una reducción del Déficit Fiscal, que no constituye una verdadera modificación del Sistema Impositivo Argentino sino sólo una batería de medidas y que el mismo objetivo teórico se pudiera aspirar a cumplir por la vía más simple y directa que existe en materia de Administración Tributaria, que es la de combatir hasta sus últimas consecuencias la Evasión Fiscal.

Por estas razones, habría explicaciones realistas mucho más fundadas para suponer que el verdadero objetivo del magnificado paquete de Reformas Estructurales es otro y que, en consecuencia, lo que se estaría buscando es algo distinto al enunciado: Debido al acelerado proceso de endeudamiento externo de la administración Macri -que implica un aumento del stock de la Deuda Pública y un correlativo aumento más que proporcional de los Intereses a Pagar- el Déficit Fiscal se está desbocando y es necesario acotarlo.

Los grandes acreedores externos están apretando al gobierno macrista para que se les garantice el pago de estos servicios crecientes de Intereses –ya que la totalidad de los vencimientos de Capital se refinancia– y ello tiene que lograrse a través de planes de Ajuste Fiscal que reduzcan y/o compensen el Déficit del Estado para poder pagarle a los acreedores.El paquete de Reformas Estructurales–un conjunto de medidas muy insuficiente como para reducir significativamente el déficit de las cuentas fiscales– tendría por finalidad seguir ganando tiempomientras se toma más Deuda Pública, que es el sostén y motor esencial de la gestión Macri. (Negritas mías)

Consenso fiscal

“Si no hay reforma previsional, no hay Pacto Fiscal”, advirtió el Gobierno a los gobernadores antes de la sesión legislativa del jueves 14, con el objetivo de alcanzar quórum. Al fracasar desde el viernes se convirtió en amenaza. Sin Pacto Fiscal se caía todo el acuerdo entre Macri y los gobernadores, reapareciendo el Fondo del Conurbano y su caja de $ 55.000 millones que perderían las provincias. Así, una vez más se sentaron todos los gobernadores, peronistas y no peronistas, con la excepción de Alberto Rodríguez Saá, en la mesa del ministro Rogelio Frigerio a acordar lo que luego se conoció como “consenso fiscal”. De caerse el Pacto Fiscal, también arrastraba a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales y dependen de fondos nacionales para cubrir sus déficits que en 2017 ascendieron a unos $ 15.000 millones. El Gobierno les alertó que si no tenía su reforma previsional, tampoco tendría recursos para asistirlas. Tampoco incluirían en el Presupuesto 2018, que comenzaría a tratarse después de la reforma previsional, obras públicas en las provincias acordadas previamente. Sin que se vuelque en un texto puntual, los gobernadores también acordaron que la Nación será “más colaborativa” cuando las provincias requieran, como ocurrirá con varias a fin de año para pagar sueldos y aguinaldos, anticipos de fondos o asistencia vía ATN para cubrir “eventualidades”, según manifestó un mandatario.

Despidos estatales

El pasado martes trabajadoras pertenecientes a la Subsecretaria de Coordinación de Programas Productivos y Acción Cooperativa del Ministerio de Producción, con sede en la ciudad de La Plata, fueron notificadas de la no renovación de 17 contratos, sumándose a los más de 150 despidos en la provincia.

El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, avisó a los gremios que hay una decisión tomada de no renovar en el cargo a todos los docentes suplentes y provisionales que no tengan el título habilitante. La medida afectaría a alrededor de 7.000 maestros de grado. Se trata de la aplicación de los artículos 109 y 110 del Estatuto Docente donde se establece el cese en el cargo al finalizar las tareas de cada curso escolar, para aquéllos que hubieran accedido al cargo sin título habilitante. Aunque la ley es de 2006 hasta ahora nunca se había aplicado y la renovación se hacía de manera automática el 31 de diciembre de cada año.

El conflicto ocurre en las puertas de la discusión salarial 2018. Si bien hubo una primera reunión paritaria, hasta ahora no comenzó la negociación por el aumento. El gobierno aguarda la inflación de diciembre ya que el 21,5% otorgado este año a los docentes está atado al Índice de Precios de cada trimestre. El titular de Suteba, Roberto Baradel, sostuvo que «la semana que viene nos tendrían que estar convocando porque tienen que aplicar la cláusula gatillo ya que la inflación es más alta que el 21,5% que firmamos».

Con la presencia de trabajadores de emisoras de las provincias, de la Agencia Telam, de la TV Pública, y de representantes de los sindicatos integrantes de la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa (FATPREN, FETRACCOM y CISPREN), se exigieron precisiones sobre la continuidad del personal contratado y rechazaron el plan de jubilaciones anticipadas en Radio Nacional.

El director ejecutivo de la Televisión Pública, Horacio Levín, reunió a los principales gremios del canal para anunciarles su salida de la señal.

La noticia puso en guardia a los sindicatos de Televisión (SAT) y de prensa (SiPreBA) que vienen encabezando el rechazo al ajuste, ya que el ahora ex funcionario, en la práctica el director del canal, se había comprometido a no implementar recortes de personal mientras estuviera en su cargo.

Los recortes en el Ministerio de Cultura amenazan dejar a 64 trabajadores en la calle. Como respuesta, cacerolas, bombos y aplausos se hicieron sentir frente a la sede de calle Alsina al 400 como un “ruidazo” que denuncie la política de ajuste fiscal y de vaciamiento de programas culturales que impulsa el Gobierno.

El viernes al mediodía 70 trabajadores del Ministerio de Defensa fueron despedidos. Entre ellos 10 pertenecen a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Estaba conformada por 35 trabajadores.

De esta manera, quedan desmanteladas las áreas de archivos y políticas de género. El área de archivos se encarga de aportar documentos de los archivos de las Fuerzas Armadas a las causas judiciales de lesa humanidad. Asimismo, la Dirección de políticas de género lleva a cabo la tramitación de denuncias de vulneración de derechos humanos en razón de género y realiza capacitaciones, entre otras tareas, dentro de las Fuerzas Armadas.

Otros 27 corresponden a la sede central de Fabricaciones Militares, a ellos se sumó el recorte anunciado para la planta de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, donde fueron desvinculados 35 trabajadores más.

Basándose en el último informe crítico que elaboró el IEC sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto 2018 elevado al Congreso por el Gobierno Nacional, la Conadu (docentes universitarios) exige $ 9.700 millones para la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo del sector, la regularización de los contratados y ad honorem, las becas estudiantiles y gastos de funcionamiento y para recuperar la pérdida salarial y el poder adquisitivo de 2016.

Más despidos privados

El viernes los trabajadores de la empresa Rodolfo Stockl no pudieron ingresar a la planta industrial. Además, les adeudan la mitad de la 2ª quincena de noviembre y la 1ª de diciembre más el aguinaldo. Por tal motivo, marcharon al Ministerio de Trabajo y a la UOM Seccional Avellaneda.

El jueves fue confirmada por la seccional de Firmat de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que la empresa Vasalli se desprenderá en una primera etapa de 52 operarios y estiman una cifra similar para enero de 2018.

“Lo curioso es que el próximo miércoles 27, en Rosario, está prevista una audiencia en el Ministerio de Trabajo entre las autoridades de la UOM y los titulares de la empresa. Simultáneamente, se realizará una manifestación de la cual participarán distintas seccionales de la UOM en Santa Fe”, detalló El Correo de Firmat.

En la tarde del jueves 21 se puso en marcha un importante operativo policial en la zona céntrica de La Plata para desalojar a trabajadores ambulantes, tal como sucedió el pasado martes 12.

Comienzan a calentarse las paritarias

El Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria por un período de 15 días en toda la actividad bancaria.

Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe explicaron en un documento en representación del Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria (AB) que la decisión oficial fue impuesta no obstante “el incumplimiento de Trabajo de la convocatoria a la paritaria dispuesta en el último acuerdo salarial” y en el contexto del conflicto originado por “la irrisoria oferta de las cámaras patronales de producir un aumento del 9 %” para 2018.

La Bancaria realizó asambleas en las dos últimas horas de atención al público en la totalidad de las entidades financieras en rechazo de ese aumento salarial y la City porteña estuvo prácticamente paralizada.

El Gobierno ya acordó un aumento salarial de 17% con los empleados de Intercargo, la firma estatal que se dedica a la atención en tierra de los aviones, y está próximo a cerrar un trato con el personal de Aerolíneas Argentinas por un promedio similar. La suba, sin embargo, tendría un impacto de bolsillo mayor, de entre el 20 y 25%, según la categoría del empleado, debido a que algunos tramos de pago serán no remunerativos.

Con los pilotos de APLA, en tanto, negocia sobre la misma base aunque con un ítem adicional por productividad, que representaría un beneficio mayor y que llevaría el alza por encima de 20%.

Lo que se defina con la paritaria de la estatal Aerolíneas Argentinas se replicaría en la privada Latam, que postergaría su paritaria a enero porque el Ministerio de Trabajo renovaría la conciliación obligatoria por las últimas medidas de fuerza.

El congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se declaró “en estado de alerta permanente” y consideró la posibilidad de “no iniciar el ciclo lectivo 2018 en caso de que no haya una propuesta salarial que responda a la demanda de los docentes” en actividad y jubilados.

Tras conocerse la propuesta de un nuevo Reglamento del régimen de Residencias, cientos de jóvenes trabajadores de la salud organizaron su rechazo con un paro provincial activo realizado el martes y se movilizaron desde diferentes hospitales y centros de atención primaria a 4 y 51, sede de Desarrollo y Capacitación del Ministerio de Salud.

El nuevo reglamento deja de entender a las residencias como un “modelo formativo remunerado” para pasar a llamarlo escuetamente “modelo formativo”. Atribuye una “asignación dineraria en concepto de beca de capacitación”, un gran retroceso frente a la remuneración vigente mensual, la cual está sujeta a normas de liquidación y actualización. Se rechaza la incorporación al régimen previsional y a las asignaciones familiares como la AUH. Se quita el derecho al SAC (aguinaldo), y como si fuese poco la beca estaría sujeta a “cese por fuerzas mayores”. Es inadmisible el concepto de beca negando los derechos conquistados de los trabajadores.

Un ataque brutal para quienes hoy son de los principales sostenes de la Salud Pública. Los residentes llegan a realizar jornadas de más de 30 horas, con un salario que no cubre la canasta básica y con una inestabilidad laboral que no les garantiza la continuidad dentro de los hospitales una vez finalizada su especialización.

El rey desnudo se va dos semanas de vacaciones a Villa la Angostura

El pasado 18D, luego de jugar al paddle en la residencia presidencial de Olivos, el presidente Mauricio Macri arribó a la Casa Rosada poco antes de las 15:00. Allí recibió a los directores locales del grupo franco-suizo Lafargue-Holcim, la mayor cementera del mundo, que según la justicia francesa es también una corporación que financia el terrorismo yihadista.

Unos días antes, el viernes 15 se cumplió un mes de la desaparición de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. Mientras sufren el maltrato de los funcionarios, los familiares siguen esperando noticias, exigiendo que la búsqueda no termine.

El gobierno ruso ofreció buscar al submarino perdido durante un mes, con el buque oceanográfico Yantar que se encuentra en Puerto Nuevo, y cuenta con un submarino de alta tecnología y equipos para detectar y filmar objetos hundidos a más de 1.000 metros de profundidad, lo que puede revelar las causas del naufragio. El gobierno denegó terminantemente la búsqueda, pasando también por arriba del enfático pedido de los familiares de la tripulación del submarino.

Silvina Krawczyk, hermana de Eliana, la submarinista y única mujer a bordo, escribió en Twitter: “Señor Mauricio Macri, ¿usted está de vacaciones? ¿Usted es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas? Desde mi punto de vista tendría que estar en Puerto Belgrano verificando las operaciones de búsqueda del ARA San Juan”. Tiene razón. Pero el Presidente hizo oídos sordos, al igual que ante el reclamo popular contra la reforma previsional, y optó por ir a descansar un par de semanas junto a su amigo Nicolás Caputo y cerca de su también amigo Joe Lewis.

Mientras tanto, se conoció el ajuste en las partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa, sobre las tareas de mantenimiento en las Fuerzas Armadas. Al rubro Mantenimiento y Producción para la Defensa, se le habían asignado en 2015 un total de $ 1.032 millones. En 2017 se redujo a la mitad: $ 533.140.000, monto del que al 23 de noviembre, el día en que se confirmó la explosión en el ARA San Juan, había sido ejecutado apenas un 51,2 %.

En abril, el gobierno anunció un fuerte recorte de “gastos superfluos” en Defensa por $ 4.154 millones. El grueso del ajuste afectó directamente proyectos industriales y capacidades productivas. A la interrupción del plan de re motorización de los aviones Pucará se agregó la suspensión de la fabricación de la serie II de los radares RPA3L-DaII. Hubo recortes de personal en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y en Fabricaciones Militares, y se canceló la inversión en las plantas de pólvora de Azul, Río Tercero y Villa María.

Otra erogación que se decidió suspender fue la reparación del submarino ARA Santa Cruz, presupuestada en $ 20 millones. Respecto del rubro “Transportes Navales” de la Armada, el Presupuesto 2018, le quitaba $ 170 millones. Este año fue de $ 292 millones, pero solo se ejecutó un 34,5 %. Pasaría a ser de $ 119.630.000.

Ni el tiro del final te va a salir: la conferencia de la OMC fue un fracaso

Nadie intentó esconderlo. De nada sirvieron las deportaciones, el operativo de seguridad que provocó un caos de tránsito, las pérdidas de los negocios de la zona de Puerto Madero y sus alrededores y el millonario presupuesto gastado en la organización.

La comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström, dijo que había sido “horrible, una ocasión perdida. Estoy muy triste de decir que no hay ningún resultado”. Y el director del organismo, Roberto Azevedo, calificó la Cumbre como “decepcionante”.

Siguiendo con las malas noticias, Macri esperaba anunciar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, pero no pudo. Los europeos dijeron que quizá el año que viene.

Más allá de las disputas en la OMC, el modelo de neoliberalismo impulsado por Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los ‘80, ya no es el paradigma de los países como EE.UU. que con sus ataques a la OMC, intenta cambiar las reglas que promueven la liberalización arancelaria y el debate multilateral, inclinándose por generar TLC bilaterales y negociaciones comerciales inaceptables con los países periféricos, al tiempo de respaldar la producción nacional made in USA , acompañados por sus socios conservadores británicos a partir del proceso de ruptura (Brexit) con la Unión Europea.

A contramano de esos cambios, algunos líderes neoconservadores latinoamericanos, como Mauricio Macri o Michael Temer, ostentan un neoliberalismo reciclado, sin las renovaciones anunciadas por las campañas electorales, que muy bien maquillan el marketing político y los medios hegemónicos. El dúo está proponiendo más de lo mismo, con aperturas económicas en condiciones desfavorables para la producción nacional, que tendrán repercusiones laborales, distributivas y culturales. Ya empezaron con las reformas previsionales y laborales.

Las trabas en las discusiones de la OMC no significan el fin del capitalismo, ni un paso atrás de las poderosas transnacionales, aunque representan una crisis del modelo neoliberal, que puede convertirse en posibilidad para aquellos sectores de la sociedad mundial que pretenden salir de los estrechos márgenes del libre comercio, porque los temas agrícolas-alimentarios, las disputas por las patentes -especialmente de medicamentos-, sobre la producción industrial soberana y la desregulación de servicios médicos y educativos, siguen siendo fundamentales para las sociedades, y por ello son parte de la agenda política mundial en disputa.

Se suma a esa agenda de discusión, el tema del comercio electrónico, que promete ser la batalla de batallas por el control de mercados, por los software y las monedas digitales, una problemática que debe estar en la retina de investigadores, Estados y organizaciones, para un análisis profundo, sin esperar a que los desreguladores de Google, Amazon, Alibaba y e-Bay, avancen en el control mundial del comercio electrónico, porque el neoliberalismo en los centros de poder mundial se está repensando en esos ámbitos, aunque los neoliberales criollos reciclen la pesada herencia de los 80.

La represión del estado argentino contra los manifestantes pacíficos que participaron en la contra-cumbre en la Universidad de Buenos Aires y contra de los expertos internacionales de las ONG, a quienes se les negó la entrada al país, son la muestra del maridaje entre el poder y la violencia, que es la forma de acumulación de riquezas del modelo imperante. No es casualidad el uso de la fuerza desmedida, es la forma de gobernar de las democracias restringidas, propia de los conservadores, nuevos y viejos.

Notas

[1] En la marcha del lunes último hubo 36 fotógrafos, camarógrafos y cronistas heridos, según reveló el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). El jueves anterior, 12 fotógrafos baleados, 3 afectados por gases y chorros de camiones hidrantes y un periodista agredido por policías.

[2] El Gobierno aún no informó cuánto estima que será el porcentaje de aumento según la fórmula anterior. Sus cuentas hablan de un 14 %, pero con los datos de noviembre, el especialista Guillermo Jáuregui lo calculó en 14,7, pero atento a la marcha de la recaudación y de los salarios de diciembre, el porcentaje podría ser aún mayor. En ese caso, se agrandaría la diferencia con el 5,7 % para marzo de la nueva fórmula.

Fuentes: Clarín, Tiempo Argentino, www.infogremiales.com.ar, www.pagina12.com.ar, Anred, Resumen Latinoamericano, www.perfil.com