Bienestar social

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El bienestar de los estudiantes debe ser componente de su educación

Paulette Delgado

Por: Paulette Delgado

Según un metaanálisis, el aprendizaje activo contribuye a disminuir la sensación de malestar causado por el aislamiento ya que se transforma en un proceso de aprendizaje contextualizado y autorresponsable.

El bienestar de los estudiantes debe ser componente de su educación, esto según el metaanálisis publicado en Frontiers titulado “Trends of Active Learning in Higher Education and Students’ Well-Being: A Literature Review”. De acuerdo con el metaanálisis, este tema debe ser incluido en las reformas curriculares de todos los países.

El 1 de enero de 2016 entró en vigor la resolución de las Naciones Unidas titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, cuyo propósito es construir un mundo equitativo y universal. Los autores destacan los objetivos tres y cuatro, los cuales buscan “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades y garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, respectivamente”. Debido a la pandemia, estos objetivos se ven lejos de alcanzar ya que se acentuó la brecha digital, educativa y social, agravando las disparidades socioeconómicas e incluso obligando a los más afectados a abandonar la escuela. Es por ello que, para los autores, el bienestar de los estudiantes se ha convertido en prioridad.

El metaanálisis encontró limitadas referencias académicas sobre cómo el bienestar puede convertirse en un elemento exitoso de la educación, aún así, descubrieron que en Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda y Escocia, se han venido realizando ajustes curriculares para integrar cuestiones vinculadas al bienestar. Más allá de poner a los estudiantes a llevar un aprendizaje activo que los hace leer, escribir, discutir, resolver problemas, analizar, sintetizar y evaluar, deben además pensar en lo que están haciendo, observar sus emociones, actitudes y valores al involucrarse en proyectos más allá de las aulas para trabajar con la comunidad. Esto con el propósito de que los estudiantes vean “el proceso de aprendizaje como un proceso constructivo que reúne a personas de todo el mundo”.

La colaboración entre todos es, según el análisis, la forma de responder a los desafíos que enfrenta el mundo actualmente como “la preservación del medio ambiente, la pobreza, el desarrollo socialmente incluyente y justo, las ciudades inteligentes y sostenibles, el respeto mutuo y la generación de nuevos conocimientos para brindar soluciones sostenibles a problemas sociales”. Aunado a eso, ayuda a las nuevas generaciones a adaptarse a distintas circunstancias y personas, contribuyendo a la integración de la sociedad. Pero, ¿qué tiene que ver el aprendizaje activo con el bienestar?

Aprendizaje activo y bienestar socioemocional
Los autores del metaanálisis revisaron literatura que se enfocó en el uso de metodologías de aprendizaje activo en la educación superior para saber si apoyan la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Buscaron en Web of Science, Scopus y en revistas que publicaron exclusivamente revisiones o son importantes en el campo de la educación superior, lo que resultó en seis estudios: Akinla et al., 2018; van der Zanden et al. 2018; Kötter et al., 2019; Theelen et al., 2019; Thorburn, 2020; Agasisti y Soncin, 2021.

Entre las seis publicaciones argumentan que muchos estudiantes se estresan con la transferencia a la educación superior, las expectativas que tienen de la universidad, cómo evaluarán su desempeño y, en general, lo que significa tener éxito universitario. Este último punto se divide en tres: el rendimiento académico de los estudiantes, las habilidades de pensamiento crítico y el bienestar socioemocional.

Para reducir el estrés que implica entrar a la universidad, Akinla et al. investigaron cómo en estudiantes de medicina tener tutores de pares cercanos les podría ayudar con la transición, además de hacerlos crecer profesional y personalmente y preservar el bienestar. Además, es un recurso de aprendizaje activo ya que promueve la asistencia social y académica a la comunidad universitaria de nuevo ingreso. Esto es apoyado por van der Zanden et al. quienes describen que la participación ayudó a la integración social y el ajuste de los estudiantes en lugar de sus sentimientos generales de ajuste.

Los efectos de la pandemia en el bienestar de la comunidad estudiantil
El reporte más reciente del metaanálisis, el de Agasisti y Soncin (2021), toca el tema de la pandemia y cómo hace del bienestar una preocupación crucial para la educación superior. Los autores dicen que las instituciones realizaron importantes inversiones en tecnología para preparar las aulas para el aprendizaje remoto. Esto representó un sinfín de desafíos complejos pero demostraron que “los objetivos fundamentales de las facultades tenían que ser los estudiantes, no el método en sí”. Para Agasisti y Soncin, una de las lecciones más esenciales de esta época fue el énfasis en las relaciones ya que estas le dan “sentido a las experiencias educativas de los estudiantes, así como al proceso a través del cual se desarrollan la investigación y la innovación”.

Entre los retos, un estudio de Defeyter et al. (2021) discutió cómo varios estudiantes mostraron bajos niveles de bienestar mental durante la pandemia porque no confiaban que sus universidades o gobierno tuvieran un buen desempeño ante la situación, lo que impactó su bienestar mental, ya que transmite una sensación de inseguridad y malestar. Para realmente alcanzar los objetivos de bienestar en la educación debe haber un énfasis en los educadores, los estudiantes, instituciones, gobierno y un concepto de logros académicos más amplio. Todo esto para proporcionar a los docentes una mayor autonomía profesional y que pueda proveer experiencias de aprendizaje más integrales para sus estudiantes.

Promover el bienestar mental y emocional del estudiante mejora su autoestima y su vida ya que proporciona equilibrio emocional y hace frente a los sentimientos de depresión o aislamiento. Las instituciones de educación superior deben ofrecer el aprendizaje activo donde los estudiantes tengan autonomía y la capacidad de decidir mientras cooperan con su comunidad. Los autores explican que “el aprendizaje con estos enfoques disminuiría la sensación de malestar causado por el aislamiento (o incluso la soledad) y la ambigüedad de la situación, ya que se transforman en un proceso de aprendizaje contextualizado y autorresponsable que tiene en cuenta las habilidades y restricciones de cada individuo”.

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas aspira a una alfabetización universal y un acceso equitativo a una educación de calidad en todos los niveles, a la salud y la protección social, y donde se asegure el bienestar físico, mental y social. Sin embargo, el metaanálisis demuestra que existe falta de interés por parte de la comunidad científica y las propias instituciones. Se necesita invertir en investigación sobre el aprendizaje activo y el bienestar de los estudiantes, especialmente en países socialmente desfavorecidos o que sufren de una brecha digital mayor para interpretar más ampliamente el bienestar y cómo cumplir con los objetivos de la Agenda 2030.

En los últimos años se ha visto la importancia de enfocarse en el bienestar del alumno, y, como dicen los autores, “todos consideran que el bienestar debe ser enfatizado como un componente de la educación”.

Fuente de la información e imagen: https://observatorio.tec.mx

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Libro (pdf): Cambios en el Estado de bienestar. Antonio Antón Morón

Reseñas

Introducción
La existencia de una gran desigualdad social, particularmente en España,
ya ha sido reconocida en los ámbitos académicos, políticos y mediáticos. La
grave realidad de la precariedad sociolaboral y vital y desprotección pública se
ha consolidado. Esta derivada de las consecuencias de la crisis económica y las
políticas de austeridad dominantes hasta hace poco, y afecta a la mayoría de la
sociedad. Ahora se ha agudizado por la presente crisis sanitaria y
socioeconómica producidas por la pandemia.
No obstante, la interpretación de su importancia, sus causas y las
responsabilidades institucionales están sometidas a un fuerte debate. Por tanto,
hay que profundizar en sus características y su evolución, así como en los
recortes sociolaborales y de derechos sociales, el debilitamiento de los servicios
públicos y el proceso de desmantelamiento del Estado de bienestar, que
agudizan su impacto negativo entre la mayoría de la población.
La palabra crisis tiene una doble acepción: dificultad y momento de
cambio. Aquí la utilizo, sobre todo, en su primer significado, incluyendo la ruptura
de anteriores equilibrios y, por tanto, con posibilidades de cambios. Al calificarla
de ‘sistémica’ interpreto que cimientos fundamentales del sistema (económico,
político e institucional europeo), con sus políticas y gestores dominantes, pasan
por dificultades relevantes y cierta inestabilidad al no cumplir bien sus funciones
básicas (desarrollo económico, bienestar e integración social, legitimidad
institucional, cohesión europea…), tener graves déficits democráticos y estar
sometidos a una presión ciudadana para su transformación. No hablo de
‘derrumbe’ o ‘hundimiento’ del sistema, aunque sí de oportunidad de cambio
sustantivo.
El aspecto más relevante es que este proceso regresivo, dominante en
las élites institucionales hasta hace poco, es valorado como injusto por amplios
sectores de la sociedad. Ello ha condicionado el actual giro europeo más
expansionista ante la actual crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la
pandemia. La desigualdad, la injusticia social, ha llegado a ser intolerable. Lejos
de los intentos de ciertas élites gobernantes de justificar sus medidas
antisociales, como inevitables o necesarias, se ha generado entre la mayoría
popular una actitud de indignación frente a la imposición de esa involución social
y democrática. Y una vez reiniciado cierto crecimiento económico y de empleo la
dinámica dominante, hasta el reciente cambio gubernamental, ha sido de
continuismo económico, sin revertir las políticas sociales y laborales y sin
reforzar el frágil Estado de bienestar, insuficiente para atender las graves
necesidades sociales. Lo que se ventila es la legitimación de los distintos actores
en pugna, los fundamentos que justifican unas posiciones u otras y, sobre todo,
los criterios normativos, las políticas y los cambios institucionales necesarios
para superarla y poner las bases de una salida de progreso y una democracia
social…

Descarga gratis en: https://rebelion.org/download/cambios-en-el-estado-de-bienestarantonio-anton-moron/?wpdmdl=653380&refresh=5ff25a6a856541609718378

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Colombia: Niños indígenas en riesgo de desnutrición y muerte

Noticias

Por: hrw.org

Se debe mejorar el acceso de los wayuu a alimentación, agua y atención en salud durante la pandemia.

La pandemia de Covid-19 y las medidas de aislamiento dispuestas para contenerla están provocando que les resulte aún más difícil sobrevivir a los wayuu, un pueblo indígena que habita en Colombia y Venezuela, señalaron Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins en un informe conjunto y una publicación multimedia que se dieron a conocer hoy.

A causa de la pandemia y el aislamiento, a los miembros del pueblo wayuu en el departamento de La Guajira, Colombia, les resulta sumamente difícil acceder a alimentos, agua y atención médica en un momento en que estos servicios son más necesarios que nunca. El gobierno colombiano debería adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de los niños y las niñas wayuu.

“Las comunidades indígenas de La Guajira no tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo para lavarse las manos, y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Esta situación ha contribuido a que durante años los wayuu hayan sufrido uno de los niveles más altos de desnutrición infantil en Colombia, y resulta sumamente preocupante en el contexto actual del Covid-19”.

La publicación multimedia, “Un pueblo resiliente: El pueblo indígena wayuu de Colombia enfrenta una crisis de desnutrición en medio de la pandemia”, deja al descubierto las dificultades que enfrentan las familias wayuu en una región marcada por la inseguridad alimentaria e hídrica y un acceso limitado a la atención en salud. La mala administración y la corrupción gubernamental generalizada, la crisis humanitaria en Venezuela y los efectos del cambio climático han agudizado los problemas de inseguridad alimentaria y desnutrición. La Corte Constitucional de Colombia ha concluido que las actividades mineras en la región también han degradado la calidad del agua y el acceso a esta para algunas comunidades wayuu.

En enero de 2020, investigadores de Human Rights Watch y del Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins, basado en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, entrevistaron a más de 150 personas en La Guajira y en Bogotá, incluyendo miembros y autoridades del pueblo wayuu, exiliados venezolanos, funcionarios de Naciones Unidas y del gobierno colombiano, representantes de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, funcionarios de organismos humanitarios, personal de atención de la salud, docentes y científicos ambientales. Entre enero y junio, investigadores de Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria llevaron a

cabo otras 42 entrevistas telefónicas. También analizaron información y datos proporcionados por numerosos organismos gubernamentales, hospitales y organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, así como varios documentos judiciales y de la Fiscalía General de la Nación sobre investigaciones en materia de corrupción.

Con una población de al menos 270.000 personas, los wayuu son el grupo indígena más numeroso de Colombia. La gran mayoría vive en el departamento de La Guajira, que tiene un territorio parcialmente desértico. Casi todos viven en áreas rurales o poblados pequeños; sus fuentes de alimentos y de ingresos tradicionalmente han sido la agricultura de subsistencia, la búsqueda estacional de alimentos, la cría de cabras o la pesca. Muchos otros trabajan en el sector de turismo o en la minería de sal o carbón, elaboran artesanías y las venden, o dependen del comercio con Venezuela. Según un censo llevado a cabo por el gobierno en 2018, el 90 % de las personas en La Guajira trabajan en el sector informal, incluyendo los sectores de turismo, hotelería y comercio transfronterizo.

Si bien Colombia ha reducido la tasa nacional de mortalidad de menores de cinco años en los últimos cinco años, la tasa en La Guajira ha incrementado en ese periodo. En 2019, la tasa oficial de muertes por desnutrición entre niños menores de 5 años en La Guajira fue casi seis veces la tasa nacional. Es posible que la tasa real sea aún más alta, según señalaron médicos, enfermeros, funcionarios gubernamentales y trabajadores de organizaciones humanitarias. El gobierno no registra todas las muertes, en parte porque muchos niños y niñas mueren en sus hogares. Si bien la tasa de mortalidad infantil por desnutrición en Colombia ha disminuido notablemente en los últimos años, este índice tampoco ha mejorado en el departamento de La Guajira, que actualmente registra el mayor número de muertes infantiles por desnutrición en el país.

Este alto número de muertes responde en gran parte a la inseguridad alimentaria e hídrica y los obstáculos para el acceso a la atención de la salud. Estadísticas oficiales indican que solo el 4 % de los wayuu que viven en zonas rurales de La Guajira tienen acceso a agua limpia y los que residen en zonas urbanas reciben un servicio irregular. La última encuesta gubernamental sobre nutrición, realizada en 2015, concluyó que el 77 % de las familias indígenas de La Guajira están afectadas por la inseguridad alimentaria; es decir, que no cuentan con un acceso seguro y permanente a alimentos de calidad en cantidades suficientes para una vida saludable y activa.

Los centros médicos en La Guajira suelen estar a gran distancia de las comunidades indígenas y acceder a ellos resulta costoso para muchos wayuu, que en algunos casos deben viajar varias horas para recibir atención médica. Muchos niños y niñas enfermos no sobreviven el viaje o experimentan una recaída después de abandonar el centro de atención.

Solamente 3 de los 16 hospitales de La Guajira ofrecen atención en salud especializada para manejar casos complejos de desnutrición aguda. La Alta Guajira, una región del norte del departamento donde vive la mayor cantidad de población wayuu, tiene solamente un hospital que ofrece atención básica. Los niños que requieren atención más especializada deben ser transportados a Riohacha, la capital de La Guajira, lo cual suele requerir un viaje de varias horas desde las comunidades, siempre y cuando las condiciones de la carretera permitan la circulación.

En los últimos años, las autoridades gubernamentales han implementado una amplia gama de programas y políticas para abordar la crisis de desnutrición, incluyendo intentos de ampliar el acceso al agua. No obstante, Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins concluyeron que estos programas han presentado graves deficiencias y generado resultados limitados.

La corrupción gubernamental generalizada en La Guajira, especialmente en los contratos públicos y su ejecución, también está menoscabando los proyectos hídricos, los programas de alimentación escolar y los servicios de salud en el departamento. A través de 14 auditorías oficiales de programas de alimentación escolar en La Guajira, se determinó que se perdieron 30.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 10 millones) como consecuencia de la corrupción o una administración deficiente de los recursos. A pesar de los esfuerzos significativos de algunos funcionarios, en general las autoridades han logrado muy pocos avances para que los funcionarios corruptos de La Guajira rindan cuentas por sus delitos, lo cual prácticamente garantiza que continúe la corrupción, señaló Human Rights Watch. Un obstáculo importante es la cantidad limitada de fiscales, jueces e investigadores con que cuenta el departamento para perseguir la corrupción.

El Covid-19 introduce un nuevo desafío para los wayuu y para los limitados programas y servicios públicos en el departamento. Al 10 de agosto, las autoridades colombianas habían confirmado más de 2.700 casos de Covid-19 en La Guajira, incluidos 65 casos entre indígenas wayuu. En el contexto de acceso limitado a alimentos y agua, los efectos económicos y sanitarios de la pandemia de Covid-19 podrían ser devastadores para los wayuu si el virus alcanza una mayor expansión en la región, señalaron Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins. Las autoridades habían confirmado más de 397.000 casos de Covid-19 y 13.000 muertes en todo el país por esta enfermedad hasta el 10 de agosto de 2020.

El Covid-19 podría ser transmitido fácilmente dentro de las comunidades wayuu, muchas de las cuales carecen de acceso a un suministro continuo y suficiente de agua que les permita seguir las pautas básicas de higiene para prevenir la propagación del virus. Si se contagian, muchos wayuu no tendrán acceso seguro a un hospital.

A su vez, profesionales médicos, funcionarios y residentes locales afirman que las medidas de aislamiento en Colombia, que comenzaron en marzo y continúan al menos hasta el 30 de agosto, así como otras restricciones a la movilidad, limitan gravemente el acceso de los wayuu a alimentos.

De conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, el gobierno de Colombia tiene la obligación de asegurar, sin discriminación alguna, que todas las personas en el país gocen de un estándar de vida adecuado. Esto incluye como mínimo un suministro suficiente —físicamente accesible y asequible— y seguro de agua, acceso a alimentos nutritivos y a otros bienes esenciales que permiten una vida digna. Las normas internacionales de derechos humanos también protegen el derecho al disfrute del nivel más alto de salud posible y obligan a Colombia a asegurar que la atención médica sea accesible y asequible. Estos servicios deberían brindarse de modo que resulten culturalmente apropiados y tomen en cuenta las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas.

“La corrupción gubernamental en La Guajira, que en general queda impune, ha sido un factor clave en los problemas de acceso a agua, alimentos y servicios de salud que son esenciales para la supervivencia de muchos wayuu”, señaló Vivanco. “Las autoridades colombianas deben llevar ante la justicia a los responsables de la corrupción, así como asegurarse de manera urgente que la asistencia gubernamental llegue a los wayuu, especialmente durante la pandemia”.

A continuación, se presentan recomendaciones y un análisis de las medidas gubernamentales para abordar la crisis en La Guajira y combatir la corrupción.

Avances limitados en las acciones para garantizar el acceso a alimentos, agua y servicios de salud

En toda América Latina, la pobreza extrema, la degradación ambiental y la pérdida de tierras, territorios y acceso a alimentos tradicionales han contribuido a que las tasas de desnutrición entre los niños y las niñas indígenas dupliquen las de la población general. Durante años, informes sobre La Guajira han sugerido que el impacto desproporcionado de la desnutrición para los wayuu es incluso más agudo.

En La Guajira vive alrededor del 7 % de la población de Colombia, pero el departamento registra más del 20 % de las muertes por desnutrición en niños y niñas menores de 5 años. Según datos del gobierno, más del 75 % de las muertes por desnutrición en La Guajira corresponden a niños y niñas indígenas, aunque la población indígena representa el 42 % de la población del departamento.

La llegada masiva de ciudadanos venezolanos desde 2015 ha agravado la situación de los muy limitados sistemas de salud, agua y alimentos en el departamento, conforme lo señalaron médicos, docentes y funcionarios gubernamentales. La Guajira alberga al menos a 161.000 de los 1,8 millones de venezolanos que han migrado a Colombia, escapando de la crisis humanitaria y de derechos humanos en su país. Cientos de miles de exiliados venezolanos en Colombia atraviesan situaciones de inseguridad alimentaria. El gobierno colombiano y organizaciones humanitarias han adoptado medidas para brindarles apoyo en La Guajira, entre otras cosas, creando un albergue del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y otorgando algunos permisos de residencia temporal, pero estas medidas resultan insuficientes ante los enormes desafíos en el departamento.

En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno colombiano a adoptar medidas urgentes para garantizar al pueblo wayuu el derecho a acceder a alimentos, agua y atención de la salud en varios municipios de La Guajira. En sentencias de 2016 y 2017, la Corte Constitucional de Colombia ordenó al gobierno que abordara la crisis. En la sentencia de 2017, la corte determinó que, en parte por la inacción gubernamental, los wayuu habían experimentado una “vulneración generalizada, desproporcionada e injustificada de los derechos al agua, a la alimentación y a la salud”, y ordenó al gobierno que tomara medidas “urgentes y prioritarias” para asegurar que los niños y niñas wayuu tengan disponibilidad de alimentos, agua y servicios de atención de la salud accesibles y de calidad.

En febrero de 2017, el gobierno nacional intervino las entidades departamentales responsables del suministro de agua y de los servicios de salud y educación en La Guajira y nombró autoridades temporales del gobierno nacional para que se hicieran cargo de su administración y brindaran “orientación técnica”. El 2 de julio de 2020, el gobierno nacional restituyó la supervisión en materia de salud a las autoridades departamentales, pero los servicios de educación, alimentación y agua continúan bajo “intervención” hasta 2022.

El gobierno ha realizado esfuerzos para mejorar el acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios para los wayuu en el marco de la llegada masiva de exiliados venezolanos a La Guajira, pero ha tenido resultados limitados.

En los últimos cuatro años —salvo por una breve mejora en 2017— las estadísticas sobre niños y niñas de La Guajira que sufren desnutrición aguda no han registrado mejoras significativas. Según datos del gobierno, hubo 1.607 casos de desnutrición grave en La Guajira en 2019; 1.647 en 2018; 993 en 2017 y 1.661 en 2016. En 2019, se registraron 64 muertes relacionadas con la desnutrición, mientras que en 2018 hubo 105; en 2017, 50; en 2016, 85 y en 2015, 48. La tasa de desnutrición y de muertes por desnutrición en comparación con los nacimientos en el departamento tampoco ha mejorado significativamente desde 2016.

Las muertes de niños y niñas de menos de 5 años a causa de diarrea —a menudo vinculadas con acceso a agua contaminada o insuficiente para una buena higiene— han aumentado en los últimos años, según datos del gobierno. En 2019, 46 niños y niñas de menos de 5 años fallecieron por diarrea en el departamento; en 2018, 33; en 2017, 13; en 2016, 23 y en 2015, 6. Las muertes a causa de diarrea, al igual que las muertes por desnutrición, son en gran medida prevenibles. La desproporcionada tasa de muertes por desnutrición en La Guajira, que es cinco veces más alta que el promedio nacional, resalta el pobre acceso a agua y a saneamiento en el departamento.

Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins identificaron graves deficiencias en numerosos programas y políticas gubernamentales para abordar la desnutrición en La Guajira.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha establecido dos centros de recuperación en La Guajira para niños y niñas con desnutrición aguda. Además, ha creado unidades móviles para evaluar a los niños y niñas, en cada una de las cuales trabajan un profesional médico, un profesional de enfermería, un trabajador social y un promotor de atención de la salud. Entre 2015 y 2018, el gobierno amplió la cantidad de unidades de 4 a 10. Según cifras aportadas por el gobierno, en estas unidades se evaluaron 27.000 niños en 2018.

No obstante, una autoridad de salud local entrevistada en enero señaló que aproximadamente la mitad de los niños y las niñas con diagnóstico de desnutrición en el departamento no reciben asistencia en el marco de los programas de alimentos o tratamientos de ese organismo. A su vez, las unidades móviles del ICBF solamente funcionaron durante tres meses de 2019, y no han operado al menos entre enero y julio de 2020 debido a la falta de presupuesto, según señalaron funcionarios del organismo a Human Rights Watch.

La falta de familiaridad con los centros de salud y de conocimiento del idioma, así como antecedentes de discriminación y desatención, son otros factores que obstaculizan y limitan el acceso de los wayuu a los servicios de salud. Muchos wayuu hablan únicamente wayuunaiki y no dominan el español, no todos los trabajadores de atención de la salud hablan wayuunaiki y no siempre hay intérpretes disponibles.

El tratamiento por desnutrición puede requerir hospitalizaciones prolongadas, en particular para los niños que tienen tanto desnutrición aguda como otras enfermedades. Es posible que los padres y madres no estén habituados a permanecer en hospitales o en ciudades, o no estén a gusto con la idea de dejar a sus hijas e hijos enfermos con personal médico en el cual no confían, según señalaron autoridades de salud y residentes. Asimismo, residentes y personal médico destacaron que el costo que deben afrontar las familias para permanecer cerca de los hospitales mientras sus hijos se encuentran hospitalizados suele ser prohibitivo.

Las brechas en la cobertura de atención médica también provienen de las dificultades logísticas para llegar a comunidades remotas. Las opciones virtuales como los servicios de telesalud son difíciles de implementar debido a las limitaciones en el acceso a internet en el departamento.

Para aumentar la seguridad alimentaria para los niños y niñas en riesgo, el gobierno también ha invertido millones de dólares en programas de alimentación escolar desde 2014, incluyendo aproximadamente USD 18 millones en 2019. Pero los alimentos proporcionados a veces han sido demasiado escasos o no han estado en buenas condiciones, según señalaron autoridades de la comunidad wayuu, fiscales locales y trabajadores de asistencia regionales. En algunas oportunidades, los contratistas a cargo de alimentos no han tenido en cuenta a los cientos de niños y niñas provenientes de Venezuela y los docentes han tenido que fraccionar las comidas para cubrir las necesidades de esos niños.

Las iniciativas gubernamentales para llevar agua a las comunidades indígenas de La Guajira se están llevando a cabo a un ritmo lento, a pesar de que el agua se está volviendo progresivamente más escasa y su acceso es cada más importante. Las autoridades gubernamentales han creado pozos, puntos provisorios de suministro público de agua y acueductos para mejorar el acceso al agua de las comunidades. Como parte de un programa en el que participan múltiples organismos, la Alianza por el Agua y la Vida en la Guajira, que comenzó en 2015, el gobierno informó que había construido o reparado 249 “soluciones de agua” hasta fines de 2019, incluidos pozos que funcionan con energía solar y eólica, instalaciones para el almacenamiento de agua y algunos pozos entubados profundos.

Sin embargo, los residentes manifestaron que muchas “soluciones de agua” se han contaminado o dejado de funcionar debido a falta de mantenimiento y que algunas solo funcionan de modo intermitente, puesto que el funcionamiento de sus bombas depende de que haya viento. Indígenas wayuu, funcionarios gubernamentales y funcionarios de organismos humanitarios señalaron que el agua de estos pozos a veces está sucia, tiene color amarronado o verdoso, o un sabor salado. Human Rights Watch visitó varios pozos y jagüeyes—reservorios indígenas de agua a cielo abierto— en diversas comunidades y encontró que, si bien algunos funcionaban y eran accesibles, el agua era turbia en ciertos casos y había presencia de animales como cabras o perros, lo cual representa un riesgo de contaminación.

El Ministerio de Vivienda ha comenzado a instalar pilas públicas —puntos provisorios de suministro público de agua— como parte del proyecto Guajira Azul, que comenzó en 2018. Aunque estas pilas pueden brindar acceso al agua en este contexto de urgencia, no son soluciones permanentes. En lugar de establecer medidas provisorias, se deberían construir y mantener fuentes de agua potable seguras y sostenibles.

Las soluciones provisorias también están siendo implementadas a un ritmo lento: al mes de marzo, el Ministerio de Vivienda había finalizado solo uno de los 19 puntos provisorios de suministro de agua que planeaba construir con financiamiento de la cooperación internacional antes de 2022. También había obtenido financiamiento para otros cuatro, según informó un funcionario gubernamental de alto rango de La Guajira. Un funcionario local informó que el plan se encuentra interrumpido en la actualidad a causa de la pandemia.

Otra medida temporal que beneficia a algunas comunidades es la entrega de tanques de agua suministrados por el gobierno. No obstante, la entrega plantea dificultades porque las comunidades wayuu tienden a encontrarse dispersas en zonas rurales. Residentes y autoridades locales explicaron que las entregas a veces son infrecuentes y que en ocasiones deben caminar varias horas para obtener agua. Este sistema no puede garantizar la calidad del agua ni la ausencia de contaminación en los puntos de recolección o de uso, dada la falta de presupuesto suficiente para realizar un monitoreo y tratamiento del agua.

Las autoridades colombianas —incluyendo la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo— también han señalado graves falencias en la respuesta del gobierno ante la crisis. Un funcionario de la Procuraduría, un órgano independiente responsable de proteger los derechos humanos y supervisar las decisiones de los funcionarios gubernamentales, manifestó que “existe incumplimiento por parte de la mayoría de las entidades” para adoptar “medidas adecuadas y necesarias” para abordar la situación de La Guajira. De manera similar, la Defensoría del Pueblo concluyó en un informe de diciembre de 2019, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, que “[n]o se evidencian avances significativos en las medidas de largo plazo” que se necesitan para enfrentar la crisis.

Obstáculos al juzgamiento de hechos de corrupción

En 2016 y 2017, la Corte Constitucional de Colombia concluyó que la corrupción fue uno de los principales factores que afectaron el acceso de los niños y las niñas al agua, a los programas de alimentación escolar y a los servicios de salud en La Guajira. La corte determinó que la contratación de estos servicios fue realizada con poca transparencia y señaló que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría debían priorizar las medidas para sancionar la corrupción en el departamento.

En los casos sobre programas de salud y de alimentación que se encuentran actualmente bajo investigación, la Fiscalía estima que se han perdido más de 13.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 5 millones) desde el año 2014 a causa de la corrupción en el departamento. A través de 14 auditorías realizadas a programas de alimentación escolar en La Guajira, la Contraloría determinó que se habían perdido cerca de 30.000 millones de pesos (casi USD 10 millones) por razones de corrupción o mala administración. En la mayoría de estos casos, la corrupción se produjo en la ejecución de contratos de prestación de servicios de alimentación y atención de la salud. Dado que estas cifras solo reflejan investigaciones de un grupo limitado de casos, es probable el valor total de los fondos perdidos a causa de la corrupción en La Guajira sea mucho más alto.

En abril de 2020, la Fiscalía, que lleva adelante investigaciones penales, informó a Human Rights Watch que estaba adelantando al menos 28 investigaciones en La Guajira por apropiación indebida de fondos públicos que estaban destinados a servicios de alimentación y salud. Estas incluyen tres contra exgobernadores y cuatro contra exalcaldes. Al mes de marzo, 21 personas habían sido imputadas en casos de corrupción y al menos 13 —incluyendo un exgobernador y cinco contratistas privados— habían sido condenadas, según manifestó la Fiscalía.

Por ejemplo, en dos investigaciones relacionadas con programas del ICBF llevadas a cabo en 2015 y 2016, los investigadores determinaron que funcionarios de gobierno y empleados de un proveedor de salud privado se apropiaron indebidamente de aproximadamente 3.712 millones de pesos (cerca de USD 1,2 millones) destinados a planes para proporcionar alimentos y atención médica integral a más de 28.000 niños y niñas menores de 5 años y mujeres embarazadas o lactantes en 2015. Los fiscales comprobaron que se habían utilizado facturas falsas, inventado nombres falsos y realizado pagos de alquileres por el doble del valor real. Al mes de marzo, la Fiscalía había acusado a 17 personas, incluyendo funcionarios de alto rango del ICBF, algunos de los cuales actualmente están a la espera de un juicio.

En 2017, el entonces alcalde de Riohacha, un municipio de La Guajira, y su entonces secretaria de educación fueron imputados en otro caso por la apropiación indebida en 2016 de más de 1.000 millones de pesos colombianos (USD 385.000) de un plan para alimentar a más de 16.000 niños y niñas de escuelas en comunidades rurales e indígenas de Riohacha. La Fiscalía comprobó que se les había pagado dos veces a algunos contratistas y que había sobrecostos en el  transporte. Algunos alimentos no habían sido entregados y otros no eran “aptos para el consumo humano” o eran de “mala calidad”, según los fiscales a cargo del caso. La Fiscalía informó a Human Rights Watch que el exalcalde y la exsecretaria fueron imputados y enviados a prisión preventiva en febrero de 2017. Otras personas todavía están siendo investigadas como parte del caso.

También se han producido casos de corrupción relacionados con los servicios de agua en La Guajira. Por ejemplo, en noviembre de 2016 la Fiscalía logró la imputación de 11 personas, incluido un exalcalde de Riohacha, por corrupción en la construcción de un acueducto entre 2012 y 2014. El acueducto nunca funcionó y los fiscales estiman que se perdieron más de 12.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 3,9 millones) a causa de la corrupción.

Si bien los fiscales han iniciado y llevado a cabo muchas investigaciones sobre corrupción en La Guajira, estas y futuras investigaciones sobre corrupción en el departamento enfrentan grandes obstáculos.

Un obstáculo fundamental es la cantidad limitada de fiscales que se ocupan de la investigación y el procesamiento de casos de corrupción en La Guajira y el número excesivo de casos que tienen a su cargo, según manifestaron los fiscales a Human Rights Watch. De los 47 fiscales que actualmente trabajan en La Guajira, solamente dos se encargan de casos de corrupción de funcionarios públicos, ambos de ellos en Riohacha. Cada uno tiene más de 400 casos a su cargo, según señaló la Fiscalía.

La cantidad de investigadores que apoyan a los fiscales en su trabajo también es insuficiente. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el área de la Fiscalía que se encarga de brindar apoyo investigativo y forense a los fiscales en procesos penales, cuenta con aproximadamente 60 investigadores en La Guajira. Pero solamente tres de ellos trabajan en los más de 900 casos de corrupción que se encuentran en investigación en este momento. Solamente uno de los tres ha recibido alguna capacitación para llevar adelante investigaciones sobre corrupción. Ninguno tiene formación en contabilidad ni análisis financiero, habilidades que, según señalaron los fiscales, son necesarias para adelantar estas investigaciones.

Los riesgos de seguridad que enfrentan los fiscales e investigadores también han menoscabado su capacidad de investigar delitos. Varios fiscales manifestaron a Human Rights Watch que han recibido amenazas por llevar a cabo investigaciones en la región. En 2016, al menos seis fiscales y cuatro investigadores que manejaban casos de corrupción en La Guajira fueron transferidos a Bogotá porque su seguridad estaba en riesgo, según señalaron los fiscales.

Numerosas investigaciones se llevan a cabo en Bogotá, donde hay muchos más fiscales e investigadores, algunos de los cuales se especializan en investigar la corrupción. De hecho, muchos de los casos en que la Fiscalía de la Nación ha logrado avances sustanciales contra la corrupción en La Guajira han sido investigados por la Unidad Nacional Anticorrupción basada en Bogotá. No obstante, como regla general el derecho colombiano obliga a los fiscales en Bogotá a presentar estos casos ante los tribunales de La Guajira, que también son escasos y enfrentan importantes demoras y problemas por la carga de trabajo atrasado.

El Consejo Superior de la Judicatura, que tiene la responsabilidad de supervisar el trabajo de los jueces en todo el país, señaló que solo hay seis juzgados en La Guajira que se pueden ocupar de casos de corrupción. Al mes de junio, los juzgados manejaban un promedio de 1.000 casos y tenían solamente entre tres y cinco funcionarios cada uno. El departamento tiene un tribunal con dos salas penales, cada una con dos funcionarios, incluyendo al juez. Debido a la abrumadora cantidad de casos, las audiencias de casos de corrupción son programadas aproximadamente cada siete meses, lo cual causa demoras significativas, según señalaron fiscales, autoridades de la Fiscalía y un funcionario de la Procuraduría a Human Rights Watch.

Otros tipos de investigaciones sobre corrupción en La Guajira también han producido avances muy limitados.

La Procuraduría, que está a cargo de llevar adelante investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios públicos, ha logrado avances muy limitados —si es que alguno— en la investigación de hechos de corrupción en La Guajira. La Procuraduría informó a Human Rights Watch que ha iniciado 92 casos de corrupción en La Guajira desde 2016. Dos funcionarios gubernamentales han sido acusados, pero ninguno ha sido sancionado en procedimientos disciplinarios hasta el momento. Una razón clave que explica las demoras es la falta de personal suficiente. Un funcionario de la Procuraduría manifestó en marzo a Human Rights Watch que solo había un procurador a cargo de los casos de corrupción. Al mes de marzo, tenía aproximadamente 1.000 casos bajo su cargo, así como varias otras tareas.

La Contraloría, que puede sancionar a los funcionarios gubernamentales o a particulares que realicen una mala administración de los recursos públicos, también ha logrado resultados muy limitados. La Contraloría señaló en abril que había iniciado 28 investigaciones sobre corrupción en La Guajira desde 2016, incluyendo 21 que estaban relacionadas con programas de alimentación. En marzo, de esas 28 investigaciones, 23 seguían en curso y 3 se habían archivado.

En otros tres casos, la Contraloría archivó las investigaciones porque las personas investigadas devolvieron parte del dinero presuntamente robado o mal administrado. Entre las personas que están siendo investigadas hay 7 funcionarios gubernamentales, incluyendo dos exalcaldes, y al menos 21 contratistas, incluyendo varios de comunidades indígenas. En relación con casos de presuntas irregularidades en contratos de alimentación y atención en salud ocurridos 2016, la Contraloría había recuperado, hasta marzo de 2020, solamente 8 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 2.719) de los casi 6.400 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 2,1 millones) que esta entidad estima que se han perdido a causa de desmanejos y corrupción.

Recomendaciones

Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins instan al gobierno del presidente Iván Duque a adoptar medidas concretas para garantizar los derechos de los niños y niñas indígenas wayuu de La Guajira a tener acceso a alimentos, agua y atención de la salud, liderando iniciativas orientadas a lo siguiente:

  • Aumentar y orientar, de manera urgente, los esfuerzos para brindar alimentos, agua potable segura y elementos de higiene suficientes a las familias de La Guajira que están expuestas al mayor riesgo de desnutrición, particularmente mientras las escuelas estén cerradas debido a la pandemia o por otros motivos.
  • Asegurar que, en coordinación con autoridades indígenas, las comunidades wayuu reciban la ayuda financiera nacional y local prometida por el gobierno como parte del paquete de estímulo fiscal por el Covid-19 para Colombia. Los requisitos para la solicitud de asistencia deben ser comunicados de manera clara, en idioma wayuunaiki y en español, y deben ser diseñados de manera apropiada para evitar las barreras técnicas o burocráticas.
  • Brindar pruebas de Covid-19 y atención médica que sean accesibles y asequibles para todas las personas de La Guajira.
  • Garantizar a las comunidades wayuu el acceso inmediato a servicios de salud, lo cual incluye aumentar los fondos para reactivar las unidades móviles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para detectar y tratar la desnutrición; ofrecer asistencia, incluyendo subsidios al transporte de ida y vuelta a los hospitales; y brindar apoyo económico para que las personas accedan a servicios de salud y compren los medicamentos necesarios.
  • Integrar las creencias, las costumbres y los métodos tradicionales de las comunidades wayuu en las prácticas médicas y los centros de atención de la salud. Esto incluye trabajar junto con sanadores tradicionales, asegurar la disponibilidad de intérpretes de wayuunaiki y emplear servicios culturalmente apropiados en los centros médicos; por ejemplo, utilizar hamacas, en las cuales muchos wayuu están habituados a dormir, cuando resulte posible.
  • Priorizar planes para crear establecimientos de atención de la salud permanentes en comunidades wayuu o cerca de ellas, especialmente en la Alta Guajira.
  • Priorizar planes para fortalecer la conectividad del servicio de internet en zonas rurales a fin de implementar servicios de telesalud y mejorar el acceso a información y la consulta de servicios de salud, en coordinación con sanadores locales en quienes la comunidad confía y de conformidad con las normas culturales de los wayuu.
  • Ampliar las iniciativas relacionadas con medios de subsistencia en las comunidades wayuu, así como el apoyo para la extensión de actividades agrícolas, brigadas de salud animal y apoyo para cooperativas agropecuarias o establecimientos agrícolas comunitarios a corto plazo, y tomar medidas para monitorear y mitigar los efectos del cambio climático en La Guajira a largo plazo.
  • Agilizar el proyecto “Guajira Azul” del Ministerio de Vivienda para construir pilas públicas como una medida temporal en todo el territorio de La Guajira, orientando los esfuerzos particularmente a las comunidades expuestas a un mayor riesgo, y realizar mantenimiento de estas pilas de forma periódica.
  • Agilizar y dar prioridad a los planes para establecer y mantener sistemas permanentes de agua en las comunidades wayuu.
  • Ampliar la capacidad para registrar y brindar asistencia a los migrantes venezolanos que procuran obtener documentos de identidad y permisos.
  • Llevar a cabo un censo integral y una encuesta nutricional de las comunidades wayuu de la región para determinar la cantidad de casos de mortalidad infantil y desnutrición, así como el alcance de la migración venezolana, a fin de que esta información sea utilizada para definir políticas públicas orientadas a garantizar sus derechos.
  • Aumentar la cantidad de fiscales, jueces e investigadores que manejen las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas sobre corrupción en La Guajira, y brindarles protección y capacitación adecuada a estos funcionarios para investigar hechos de corrupción.
  • Intensificar los esfuerzos para prevenir la corrupción en La Guajira, incluyendo a través de presupuestos participativos y una supervisión comunitaria genuina, y garantizar procesos de contratación competitivos y transparentes.

La investigación y redacción de este informe fueron llevadas a cabo por personal de Human Rights Watch y del Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins. Los autores que forman parte de Human Rights Watch son  Hilary Rosenthal, la Leonard H. Sandler Fellow; Nathalye Cotrino, asistente de investigación; Juan Pappier, investigador de las Américas; y Tamara Taraciuk Broner, subdirectora de las Américas. Shannon Doocy, profesora asociada de Salud Internacional en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, y la Dra. Alia Sunderji, médica de emergencia pediátrica y MPH de Johns Hopkins, también son autoras de este informe.

Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2020/08/13/colombia-ninos-indigenas-en-riesgo-de-desnutricion-y-muerte

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Erradicar la pobreza, de sueño a pesadilla

Sergio Ferrari 1 comentario

El objetivo planetario de erradicar la pobreza en el 2030 se diluye entre los zarpazos de la pandemia que arrastrará a 250 millones de personas al borde de la inanición. Sin embargo, las causas del incumplimiento de esta meta esencial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se limitan al impacto sanitario del  COVID-19.  Sino que hay que buscarlas en mecanismos internos propios de un sistema oxidado por la desigualdad.

Constatación que no surge -en este caso- de la crítica alter mundialista. Sino que condensa las conclusiones centrales de un nuevo informe de Naciones Unidas que acaba de ser presentado la primera semana de julio en Ginebra por el experto belga Olivier De Schutter, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. “El pésimo historial de la comunidad internacional en lo que respecta a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el desprecio por la vida humana precede en gran medida a esta pandemia”, enfatiza el experto (Versión preliminar en inglés bajo la denominación  A/HRC/44/40 Advanced Unedited Version).

El documento anticipa que la misma arrastrará a 176 millones de personas más a la extrema pobreza, agravando la situación, ya dramática, de personas de muy bajos ingresos, entre las que se encuentran, fundamentalmente, mujeres, trabajadora-es migrantes y refugiada-os o demandantes de asilo.

Estadísticas “manipuladas”

«Muchos líderes mundiales, economistas y expertos han promovido con entusiasmo un mensaje de autocomplacencia, proclamando que el progreso contra la pobreza es uno de los mayores logros humanos de nuestro tiempo», dice el documento de las Naciones Unidas. Sin embargo, «la realidad es que miles de millones de personas se enfrentan a pocas oportunidades, innumerables indignidades, hambre innecesaria y muerte evitable, y no disfrutan de sus derechos humanos básicos».

«En demasiados casos, los beneficios prometidos del crecimiento no se materializan o no se comparten», enfatiza. Y desnuda el mecanismo de polarización social planetario:  «la economía mundial se ha duplicado desde el final de la Guerra Fría, y sin embargo la mitad del mundo vive con menos de 5,50 dólares al día, principalmente porque los beneficios del crecimiento han ido en gran medida a los más ricos».

Según estadísticas oficiales de organismos internacionales, entre 1990 y 2015 se habría logrado reducir el nombre de personas pobres de 1.900 millones a 736 millones. Sin embargo, según el informe de la ONU, esa cifra se basa en una medición “insatisfactoria” de la pobreza aplicada por el Banco Mundial, que fija el piso de la misma en 1,90 dólares diarios. Si la barra de análisis se estableciera en 2,50 dólares diarios, en los últimos 25 años casi no se percibieron mejorías. Incluso, se comprobaría un empeoramiento de la situación de al menos 140 millones de personas que viven, especialmente, en África subsahariana y el Medio Oriente.

El documento – por el momento solo en una versión preliminar en inglés- fue elaborado por el profesor australiano Philip Alston, quien hasta abril de este año fue el Relator de la ONU en esta temática y quien sintetiza su contenido de 20 páginas en tres conclusiones principales.

Hay que parar con la apuesta al crecimiento económico como medio para reducir la pobreza y centrarse, sobre todo, en la reducción de la desigualdad y la redistribución de las riquezas.  En segundo lugar, la filantropía no puede reemplazar el rol esencial de protección que deben jugar los gobiernos. Adicionalmente, propone implementar una más efectiva justicia fiscal, profundizar la democracia y adoptar una gobernabilidad participativa.

La diabólica evasión fiscal

Casi en paralelo a la presentación en el 44 período del Consejo de Derechos Humanos del informe de Philip Alston, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) se pronunció sobre uno de los temas centrales del informe sobre la pobreza.

“La evasión fiscal en América Latina es un obstáculo para la recuperación de la crisis del coronavirus”, subraya el organismo al presentar el 6 de julio su Panorama Fiscal (https://www.cepal.org/es/publicaciones/45730-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2020-la-politica-fiscal-la-crisis-derivada).

Recaudar más fondos con los que mitigar el impacto económico y social creado por el COVID-19 -en lugar de un mayor endeudamiento- es la fórmula que recetan los expertos económicos de la ONU para América Latina y el Caribe. Región donde solo en 2018, el incumplimiento tributario –denominando como evasión fiscal- representó 325.000 millones de dólares, monto equivalente al 6,1% del Producto Interior Bruto de la región.

La evasión del impuesto sobre la renta corporativa, es decir la que deberían pagar las grandes empresas, en la región latinoamericana es especialmente aguda, subraya la CEPAL. Quien llega a la conclusión que los sistemas tributarios que tienen un impacto significativo en el PIB, en algunos casos de más del 5%, en algunos países, debido a la evasión, generan menos de la mitad de lo que deberían recaudar.

Esa evasión fiscal empresarial constituye una “de las principales barreras” para una mayor movilización de recursos internos en la región. Una parte significativa de los recursos destinados por los Estados en la situación de la emergencia pandémica podrían ser cubiertos por el correcto pago de los impuestos empresariales. Evitando así un incremento del endeudamiento interno.

La justicia fiscal 

“La pobreza no es sólo una cuestión de bajos ingresos», afirmó Olivier De Schutter en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra el martes 7 de julio. «Es una cuestión de desempoderamiento, de abuso institucional y social, y de discriminación. Es el precio que pagamos por las sociedades que excluyen a las personas cuyas contribuciones no son reconocidas. Erradicar la pobreza significa construir sociedades inclusivas que pasen de un enfoque caritativo a un enfoque de empoderamiento basado en los derechos». Y llamó a conformar un Fondo de Protección Social para ayudar que los países puedan asegurar garantías básicas de seguridad social a los sectores más empobrecidos de su población.

El mundo necesita nuevas estrategias, una auténtica movilización, potenciación y responsabilidad «para evitar el sonambulismo hacia el fracaso asegurado mientras se producen interminables informes insípidos», subraya el informe del Relator Especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos.

La justicia fiscal es clave para garantizar que los gobiernos dispongan del dinero necesario para la protección social: en 2015, las multinacionales trasladaron aproximadamente el 40 % de sus beneficios a paraísos fiscales, mientras que los tipos del impuesto de sociedades a nivel mundial han caído de una media del 40,38 por ciento en 1980 al 24,18 % en 2019.

La pandemia, subraya por su parte el Panorama Fiscal de la CEPAL, ha expuesto las deficiencias en los sistemas de protección social, tanto en el mercado laboral como en los sistemas de seguridad social y en la limitada provisión crucial de bienes y servicios públicos de alta calidad.

Por lo tanto, “América Latina debe acelerar hacia Estados de bienestar social que garanticen mejores condiciones de vida para todos y provean de fundamentos sólidos para el desarrollo sostenible mediante la reducción de la desigualdad…” enfatiza.

Fuente: https://rebelion.org/erradicar-la-pobreza-de-sueno-a-pesadilla/

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Invertir en educación para salir de la crisis

Noticias 1 comentario

Por: Ángel Pérez Martínez.

 

Este hecho demandará creatividad y nuevos compromisos del Estado y de los gobiernos para luchar contra la pobreza y las inequidades sociales. Apoyo en el corto plazo la creación de una renta básica de emergencia, pero el país no puede olvidar que la inversión y el gasto en educación contribuye a redistribuir la riqueza. Así lo evidencia Europa: la ventaja de una educación de calidad permitirá generar capacidades y competencias humanas que propiciarán nuevos desarrollos y un crecimiento económico más estable y duradero.

La crisis producida por la covid-19 puso en evidencia la enorme deuda social que el país tiene con los niños de la educación pública, el escaso efecto redistributivo de la política fiscal y la debilidad laboral que se produce por la alta informalidad de los empleos, sin el consecuente apoyo de políticas de bienestar social.

En Colombia, la política fiscal que determina los ingresos y los gastos del Estado ha logrado, en principio, la estabilidad macroeconómica, un activo que sin importar el color político debemos mantener y proteger; es bueno para todos. Sin embargo, no hay nada nuevo cuando se afirma: ¡el gasto público dejó de ser un instrumento de lucha contra la pobreza y más bien la perpetúa! Los objetivos de distribución del ingreso o de la riqueza que buscan la equidad, así como la asignación de los recursos de manera eficiente son un fracaso, que el país debe aceptar y revisar con cuidado; además, aquello será definitivo para las acciones que se establezcan con el fin de salir de la crisis económica producida por la pandemia, cuyo costo y efectos aún son indeterminados, pero ya evidencian ser muy graves.

A partir de diversos documentos de la CEPAL, del Banco Mundial y de otros organismos internacionales, así como de un simple seguimiento a los datos del DANE, se puede afirmar que las exenciones y los beneficios que se otorgan a quienes obtienen los mayores ingresos, así como la evasión y la corrupción, desvirtúan el propósito de alcanzar un sistema tributario progresista. Tampoco la política de gasto mejora la distribución del ingreso de las personas o de las entidades territoriales. El Gini después del gasto social no se altera. A pesar de que durante este siglo no hemos hecho más que citar, cientos de veces, que Colombia tiene uno de los peores Gini del mundo.

En lo territorial, ¿no les parece que llevamos mucho tiempo discutiendo la pobreza ancestral de la costa Pacífica o de los territorios indígenas? Para mencionar dos hechos históricos que se reproducen gobierno tras gobierno y no pasa nada. Según el DANE, en 2018, las tasas de incidencia de pobreza multidimensional más altas se presentaron en las regiones Caribe y Pacífica (sin incluir Valle del Cauca): la primera con 33,5% y la segunda con 33,3%.

La crisis desnudó cómo la creciente informalidad del empleo, cercana al 50%, afecta la garantía de ingresos para 9 millones de familias, 29 millones de colombianos, según las cifras del Senador Iván Marulanda, en la sustentación del proyecto de renta básica de emergencia. También quedó claro que solo el 33% de las sedes de las escuelas públicas están conectadas a internet y que más del 60% de los estudiantes oficiales no tiene acceso a internet en sus casas o computadora, lo que reduce de manera dramática las probabilidades de lograr educación de calidad para los más pobres. Ellos no pueden acceder a la información y al conocimiento científico, lo que conlleva un incumplimiento a la garantía del derecho a la educación.

La revista The Economist sostiene que el modelo social europeo es principalmente efectivo a través de la predistribución en tres ámbitos de política social: alta inversión en educación, atención médica universal, normalmente pública, y regulaciones de los mercados laborales que comprimen la escala salarial, acompañada de seguros de desempleo y de políticas de bienestar social. El artículo señala que en los países europeos el coeficiente de Gini antes de impuestos y transferencias pasa de 0,5, pero después de la intervención de los Estados cae a 0,3. En Estados Unidos fue de 0,39, mientras que los países del este asiático como Japón y Corea del Sur quedaron en el medio. En Colombia, el Gini se mueve entre 0,53 y 0,55, lo que ubica al país como el segundo más inequitativo de América Latina después de Honduras (0.537), y el séptimo en el mundo, según el Banco Mundial.

Para seguir comparando, de acuerdo con los datos de la Ocde (Education at a glance, 2018), Colombia tiene —frente a los países europeos— un sistema educativo barato, cuando se comparan las canastas educativas. Recordemos que desde los años setenta del siglo pasado, Colombia incrementó la cobertura en la educación primaria y secundaria pública mediante la creación de dos y tres jornadas escolares, utilizando la infraestructura educativa construida hasta ese momento y con profesores de bajo costo. Así llegamos al 2020, con escuelas mal construidas, peor equipadas, sin el mantenimiento básico y con media jornada escolar que en nada beneficia a los niños y adolescentes más pobres. Las pruebas Saber 11 del 2019 muestran una brecha de más de 30 puntos entre los estudiantes de colegios privados y públicos, que clasifican con los puntajes más altos (A o A+), a favor de los primeros. La educación en Colombia amplía distancias sociales y económicas y no ayuda a resolver los problemas de cuna.

Invertir en construcción, mejoramiento y dotación de los colegios públicos creará empleo y demandará productos nacionales; los profesores y el personal de apoyo de los colegios, distribuidos en los territorios más pobres, jalonarán consumos y generación de otros empleos; igual ocurre con la alimentación y el transporte escolar. Instalar internet de alta velocidad en todas las sedes de los colegios oficiales y conectar internet gratuito para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 es indispensable para reparar inequidades y mejorar la calidad de la educación. ¿Por qué no copiar a los europeos y el gasto que hacen los países de la Ocde en educación? Ellos son un buen ejemplo y está probado que funciona.

Fuente de la noticia: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/invertir-en-educacion-para-salir-de-la-crisis-por-angel-perez-martinez/289663
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Emprendimiento en África, ¿diversificación o subsistencia?

Noticias

Por: Navin Khemlani/Rebelión

El emprendimiento digital, y especialmente el sector tecnofinanciero, está registrando grandes éxitos en el continente. Sin embargo, terminar con la informalidad de algunos negocios y combatir la brecha de género son dos asuntos clave, entre otros, para que el emprendimiento no sirva solo para subsistir, sino para que diversifique las economías, cree empleo sostenible y logre mayores niveles de bienestar social.

“El emprendimiento crea nuevos empleos y empresas, nuevas formas de proporcionar servicios básicos, nuevas formas de ver el mundo: es la chispa de la prosperidad”. Esta fue una de las frases más contundentes del discurso de Barack Obama en la Cumbre International de Emprendimiento celebrada en Kenia en 2015, un evento que sirvió para dar visibilidad al emprendimiento en el continente africano. Pero África ¿emprende para diversificar su economía o por subsistencia?

La respuesta no es sencilla y hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, el PIB per cápita de África en 2018 fue de tan sólo 1.930 dólares (1.640 dólares en África subsahariana), según datos del Banco Mundial, y con alta desigualdad del reparto de la riqueza entre los distintos Estados y regiones.

En segundo lugar, para emprender hay que tener en cuenta la facilidad de hacer negocio en la región o país, que depende de varios factores y también de si la administración pública favorece o no un clima de emprendedor óptimo que cree empleo y riqueza mediante políticas, incentivos y reformas con el objetivo de crear nuevas empresas. Informes como el Doing Buiness 2019 elaborado por el Banco Mundial posiciona a África subsahariana, por sexto año consecutivo, como líder en número de reformas regulatorias empresariales en un año.

Según el Banco Mundial, Islas Mauricio (puesto 20 a nivel mundial) y Ruanda (en la 29) ocupan las dos primeras posiciones en la región y están incluso por encima de España (puesto 30). Kenia (en el 61) ocupa el tercer lugar en África subsahariana.

Ante estos datos, son varios los informes que afirman que emprender en África está erigiéndose como una solución sostenible para erradicar la pobreza y combatir las altas tasas de paro y empleo precario, particularmente en la población joven, ya que el 60% de la población africana tiene menos de 25 años.

Aun así, emprender es difícil en muchos Estados africanos debido a factores que frenan la creación de empresas como la ineficiencia administrativa, el entorno político, el difícil acceso a la financiación tradicional, la falta del acceso a la educación y de infraestructuras, etcétera. De hecho, hasta hace bien poco el emprendimiento en África se consideraba un trabajo secundario al trabajo asalariado, es decir, tener al menos un ingreso para subsistir y complementarlo con el emprendimiento para mejorar la calidad de vida a medio y largo plazo.

Son muchos los países del continente que dependen de la evolución de los precios de diferentes materias primas y que han mermado el crecimiento económico, por tanto, el emprendimiento puede servir para que África diversifique su economía.

Dentro del emprendimiento en el continente africano destaca la proliferación de empresas en el ámbito de las nuevas tecnologías que están atrayendo cada vez más inversión, pese a que África ha ido registrando un fuerte descenso en la atracción de inversión extranjera en 2017, que alcanzó el mínimo en 10 años por el descenso continuado del precio de las materias primas (petróleo principalmente) y con un ligero incremento del 8% en 2018, según el informe World Investment Trends Monitor elaborado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, en sus siglas en inglés).

En paralelo al auge de las startups tecnológicas en África eclosionó el fenómeno de los tech hubs , que son centros o clústeres de empresas tecnológicas situadas de norte a sur y de este a oeste, que comparten espacio e infraestructuras que han creado un efecto de bola de nieve, ya que han impulsado la estructuración del sector consiguiendo notoriedad y la implicación de las administraciones públicas bajo un ecosistema colaborativo para ser auténticos polos de innovación y diversificación económica pese a las dificultades para emprender en este sector. Según un reciente estudio de GSMA , en 2018 se contabilizaron más de 440 hubs tecnológicos activos en el continente, un 50% más que en 2016. Los países con mayor concentración de ellos en el continente africano son Suráfrica, Nigeria, Kenia, Egipto y Marruecos.

El gerente de la startup eButler.co.za, Brian Ndona, en un espacio de coworking, Johannesburgo. Suráfrica. Leon Neal/Getty Images

Todo esto ha contribuido para que el ecosistema emprendedor tecnológico africano en 2018 consiguiera captar 725,6 millones de dólares en 458 nuevos proyectos, lo que supone un incremento del 300% en volumen monetario y un 12% en volumen de proyectos si lo comparamos con 2017, según datos del informe realizado por WeeTracker .

Según el mismo informe, Nigeria fue en 2018 el país con mayor número de proyectos financiados con un total de 136, desbancando a Suráfrica que ocupa el tercer lugar en 2018. En el segundo lugar se situó Kenia con 73 proyectos. El informe destaca que hay países que están sumándose a esta carrera de captación de financiación para el emprendimiento tecnológico como son Egipto, Uganda, Ghana y Túnez.

Son las empresas tecnológicas que desarrollan soluciones en el sector financiero, las Fintech , las que acaparan el 40% de la financiación del total en 2018, siguiendo la tendencia de estos últimos años. En este ámbito financiero han aparecido muchas empresas que han desarrollado sistemas de pago mediante móvil que ni siquiera necesitan Internet, tan sólo es necesario enviar un SMS para pagar. En definitiva, surgen por mera cuestión de supervivencia, todavía hay una gran parte de la población africana que no posee una cuenta corriente en un banco o no tiene una sucursal por no residir en zonas urbanas o simplemente porque el país tiene un sistema financiero débil.

De hecho, África es el hogar de más implementaciones de servicios financieros digitales que cualquier otra región del planeta, con casi la mitad de los cerca de 700 millones de usuarios individuales en todo el globo, según datos del Banco Mundial; además, según recoge la base de datos elaborada por Global Findex , la inclusión financiera en África ha pasado del 23% en 2011 al 47% en 2017 gracias al fenómeno de las Fintech africanas.

Todo esto hace que se haya aumentado el gasto per cápita en familias, que pequeños agricultores puedan vender o comprar a gran escala y, por tanto, se generen beneficios más amplios para la sociedad africana. Por ejemplo, en 2007 la empresa Safaricom, filial de Vodafone, lanzó M-Pesa , un sistema que permitió a las personas, e incluso a comunidades enteras, que nunca habían tenido una cuenta bancaria, enviar y recibir dinero para pagos esenciales como agua y luz, además de no tener que llevar dinero encima y evitar robos.

En la actualidad, el 96% de los hogares kenianos usan la aplicación de M-Pesa y, según un estudio de 2016, el impacto que ha tenido esta tecnología en Kenia ha sido enorme, ha sacado a casi 200.000 hogares de la pobreza extrema y ha permitido que casi la misma cantidad de mujeres pasen de la agricultura de la subsistencia a un modelo de empresa.

El emprendimiento digital en África continúa registrando nuevos hitos en 2019, como es el caso de la empresa africana Jumia , que es un conglomerado de comercio electrónico (conocida como el Amazon africano) que vende desde calzado, moda, electrónica, viajes, etcétera, y que este año se convirtió en la primera startup africana que cotiza en la bolsa de Nueva York, pese a que hay cierta polémica por sus orígenes (fue fundada en Nigeria pero sus socios fundadores son franceses y la empresa tiene raíces en Alemania) y porque están en entredicho por haber inflado sus cuentas y usuarios. Aún así, es la primera tienda online con presencia panafricana y adaptada a las necesidades y especificidades del continente.

Un hombre enseña en su móvil el servicio de M-Pesa en Nairobi, Kenia. TONY KARUMBA/AFP/Getty Images

Emprender también puede otorgar mayor independencia económica a la mujer en África, una de las regiones con mayor brecha de género y en donde tan sólo 37% de las féminas en la región tienen una cuenta bancaria, según el Banco Mundial. Pese a esto, las africanas son altamente emprendedoras y poseen un tercio de todas las empresas en el continente, hasta un máximo del 62% en Costa de Marfil, según el índice de emprendimiento de MasterCard 2018 .

Aunque también es cierto que lo más probable es que las mujeres estén dirigiendo microempresas en el sector informal, participando en actividades de bajo valor agregado que cosechan rendimientos marginales. Tienden a ser empresarias que surgen de la necesidad, en lugar de la oportunidad, impulsadas ​en pequeñas compañías por la falta de alternativas. Solo el 15% de las empresas del sector formal tienen a una mujer como directora gerente, mientras que el 32% tiene algún grado de propiedad femenina.

Incluso los organismos multilaterales son plenamente conscientes de la necesidad de fomentar el emprendimiento femenino en África, por ello recientemente la Women Entrepreneurs Finance Initiative (Iniciativa de financiación para emprendedoras) que está compuesta por 14 gobiernos, ocho agencias multilaterales y comandadas por el Banco Mundial concedió al Banco Africano de Desarrollo 61,8 millones de dólares para el programa Affirmative Finance Action for Women in Africa (Acción financiera afirmativa para las mujeres en África) con la intención de mejorar el acceso a financiamiento para 40.000 pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres en 21 Estados africanos, principalmente en países frágiles y de bajos ingresos, donde las empresarias tienen serias dificultades para acceder a financiación, mercados, conocimiento y mentoría

En definitiva, el emprendimiento en África ha estado siempre en el continente para la subsistencia de una parte de la población y actualmente está ayudando a que compita globalmente en sectores no tradicionales diversificando su economía, y ayudando a reducir la brecha de género. A medio y largo plazo, el emprendimiento debería poder contribuir a un mayor bienestar social, consolidar una clase media y generar empleo sostenible en África.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=259174

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Bolsonaro anuncia un mayor recorte presupuestario en Brasil

Noticias

América del Sur/ Brasil/ 02.08.2019/ Fuente: www.telesurtv.net.

 

La nueva política económica afectará principalmente a la educación y programas de bienestar social, cuyos recursos serán bloqueados por un decreto extraoficial del Ejecutivo.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este miércoles un recorte del presupuesto federal de 82.5 millones de dólares, representando la mayor reducción de los últimos años en el país.

La nueva política económica afecta principalmente a la educación y programas de bienestar social, cuyos recursos serán bloqueados por un decreto extraoficial del Ejecutivo.

Entre 2016- 2019 Brasil ha vivido una reducción de su producto interno bruto (PIB) de siete puntos porcentuales, generando una cifra de 13 millones de desempleados.

La semana pasada, Bolsonaro comunicó que el Ministerio de Educación tendría una reducción de la quinta parte de su presupuesto, afectando principalmente a los becarios universitarios.

Por su parte, el ministro de esa cartera, Paulo Guedes, expresó que el lento crecimiento de la economía y la recaudación de impuestos no son suficientes para cumplir con los programas sociales que se necesitan, por lo tanto, es «necesario» disminuir los gastos públicos.

Asimismo, Bolsonario explicó que en el transcurso de la semana los ministerios conocerán la cifra exacta de la disminución presupuestaria para el presente año.

El crecimiento económico brasileño va en un lento crecimiento del 1,1 por ciento en 2017 y 2018, por lo que la nueva proyección para el 2019 es del 0,81 por ciento.

Fuente de la noticia: https://www.telesurtv.net/news/brasil-bolsonaro-anuncia-mayor-recorte-presupuesto-20190731-0029.html

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