Introducción
La existencia de una gran desigualdad social, particularmente en España,
ya ha sido reconocida en los ámbitos académicos, políticos y mediáticos. La
grave realidad de la precariedad sociolaboral y vital y desprotección pública se
ha consolidado. Esta derivada de las consecuencias de la crisis económica y las
políticas de austeridad dominantes hasta hace poco, y afecta a la mayoría de la
sociedad. Ahora se ha agudizado por la presente crisis sanitaria y
socioeconómica producidas por la pandemia.
No obstante, la interpretación de su importancia, sus causas y las
responsabilidades institucionales están sometidas a un fuerte debate. Por tanto,
hay que profundizar en sus características y su evolución, así como en los
recortes sociolaborales y de derechos sociales, el debilitamiento de los servicios
públicos y el proceso de desmantelamiento del Estado de bienestar, que
agudizan su impacto negativo entre la mayoría de la población.
La palabra crisis tiene una doble acepción: dificultad y momento de
cambio. Aquí la utilizo, sobre todo, en su primer significado, incluyendo la ruptura
de anteriores equilibrios y, por tanto, con posibilidades de cambios. Al calificarla
de ‘sistémica’ interpreto que cimientos fundamentales del sistema (económico,
político e institucional europeo), con sus políticas y gestores dominantes, pasan
por dificultades relevantes y cierta inestabilidad al no cumplir bien sus funciones
básicas (desarrollo económico, bienestar e integración social, legitimidad
institucional, cohesión europea…), tener graves déficits democráticos y estar
sometidos a una presión ciudadana para su transformación. No hablo de
‘derrumbe’ o ‘hundimiento’ del sistema, aunque sí de oportunidad de cambio
sustantivo.
El aspecto más relevante es que este proceso regresivo, dominante en
las élites institucionales hasta hace poco, es valorado como injusto por amplios
sectores de la sociedad. Ello ha condicionado el actual giro europeo más
expansionista ante la actual crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la
pandemia. La desigualdad, la injusticia social, ha llegado a ser intolerable. Lejos
de los intentos de ciertas élites gobernantes de justificar sus medidas
antisociales, como inevitables o necesarias, se ha generado entre la mayoría
popular una actitud de indignación frente a la imposición de esa involución social
y democrática. Y una vez reiniciado cierto crecimiento económico y de empleo la
dinámica dominante, hasta el reciente cambio gubernamental, ha sido de
continuismo económico, sin revertir las políticas sociales y laborales y sin
reforzar el frágil Estado de bienestar, insuficiente para atender las graves
necesidades sociales. Lo que se ventila es la legitimación de los distintos actores
en pugna, los fundamentos que justifican unas posiciones u otras y, sobre todo,
los criterios normativos, las políticas y los cambios institucionales necesarios
para superarla y poner las bases de una salida de progreso y una democracia
social…
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