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Estudio: 1.400 millones de personas son pobres digitales y la mitad está en África

Un nuevo índice sobre el acceso a internet determina que un 18% de la población mundial no se puede permitir al menos 40 minutos de conexión al día. El dato está lejos del objetivo de desarrollo sostenible de garantizar el acceso universal a la Red en los países menos adelantados en 2020

Un 18% de la población del planeta, 1.400 millones de personas, vive en situación de pobreza digital. Así lo ha estimado un estudio de la Internet Society Foundation y el World Data Lab que establece que alguien es pobre en esta dimensión cuando no se puede permitir un acceso al menos a 1Gb al mes con una velocidad de descarga de 10Mb por segundo (40 minutos de conexión al día) sin que ello represente más del 10% de sus gastos. El dato está lejos del propósito expresado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU de “facilitar el acceso universal y asequible a internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020″ como requisito para fomentar la innovación, aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica especialmente en los países en desarrollo (ODS 9).

Este indicador está relacionado con la consecución de otras metas de la agenda internacional. “El acceso a internet juega un papel importante en la reducción de la pobreza global al proporcionar oportunidades para las personas de bajos ingresos en términos de empleo, información, educación…”, señaló Shana Robinson, responsable de programas de la Internet Society Foundation, durante la presentación virtual del nuevo índice este jueves. La pandemia ha demostrado que “internet es más importante ahora que nunca”, continuó. “Es un salvavidas para muchos y tenemos que asegurar que todo mundo tenga acceso, pero todavía hay demasiadas personas desconectadas”. En esta misma línea, Homi Kharasm, cofundador del World Data Lab, subrayó la estrecha relación entre conexión y trabajo: “El hecho de que estemos conectados hoy por videollamada dice mucho sobre esto”.

Como en otras medidas de la pobreza, las mujeres salen peor paradas: ellas representan el 52% de quienes carecen de acceso a internet

“Internet es un recurso para mejorar la vida de las personas y una herramienta para el bien en la sociedad. Nuestra visión es que es para todo el mundo”, comentó Sarah Armstrong, directora ejecutiva de la Internet Society Foundation. ¿Cómo lograrlo? “Hay dos formas diferentes. La primera es lograr que la gente sea más rica y la otra es bajar los precios”, resumió Katharina Fenz, científica de datos del World Data Lab, que fue la encargada de presentar las estadísticas. Aumentar el ingreso disponible es una vía en línea con los esfuerzos para favorecer el crecimiento económico, el desarrollo internacional y, en definitiva, ligada a la meta de la reducción de la pobreza en todas sus formas, recogida en el ODS 1. Por otra parte, “los países pueden trabajar en la disminución de los precios mediante la implementación de reducciones de impuestos o regulando el mercado para asegurar su buen funcionamiento”, añadió la experta. “Algunos países en vías de desarrollo lo han hecho con éxito”.

Entre los ejemplos destacados están India, Túnez o Bangladés, donde los usuarios pueden tener acceso al paquete mínimo por menos de cinco dólares al mes (4,5 euros). “Eso permite que su población con ingresos más bajos también esté conectada”, anotó Fenz. De hecho, si los precios de India se globalizaran, habría la mitad de pobres de internet en el mundo, según sus cálculos. Por contra, si los precios fueran los de Kenia, habría 46 millones menos en África (porque el coste en este país es inferior al de la media del continente), pero aumentaría en siete millones en el planeta (pues el precio keniano es muy superior al que se oferta en Asia).

Ravi Shankar, director de investigación de la Digital Planet Tufts University, se mostró menos optimista sobre los progresos de India. En su intervención como invitado a la presentación del índice, advirtió que el amplio acceso a internet en el país asiático es todavía mejorable. Este país es el segundo que más cantidad de pobres de internet tiene, con algo más de 100 millones (de una población de 1.400 millones), solo superado por Nigeria, donde viven más de 103 millones de personas privadas de conexión (casi la mitad de sus habitantes).

Añadió Shankar que los progresos en India en cuanto a la democratización de la conexión no necesariamente se traducen en una mejora económica de los usuarios. “Se podría pensar que todo este consumo digital facilitado por la reducción de las barreras de acceso puede resultar en una actividad económica significativa. En la medida en que internet se ha vuelto central en el modo en que las sociedades compran, vende, trabajan, pagan, podríamos suponer que un elevado consumo digital se traducirá en economías más prósperas. Pero los datos en la India muestran que la mayor parte del consumo se concentra en clips de Bollywood y juegos de cricket”, afirmó. “India aún no ha llegado al punto en que toda su acceso y actividad digital resulte en un crecimiento económico inclusivo. Y esto es algo sobre lo que debemos reflexionar”, pidió.

“Hay una gran brecha entre el potencial y lo que realmente se hace”, aportó en este capítulo Kharas. “Pero creo que si se regula adecuadamente, el acceso a internet puede ser enormemente positivo para el crecimiento económico”, matizó. “Cuando observamos la forma en que las personas realmente pobres se han desarrollado y la forma en que sus ingresos han aumentado, casi siempre es consiguiendo que se conecten a mercados más grandes. A menudo, la razón por la que las personas pobres en las zonas rurales tan pobres es porque la única persona a la que pueden vender su excedente es a un solo intermediario. Es un monopolio y las ganancias del valor agregado son percibidas exclusivamente por ese intermediario. Lo que hacen las tecnologías digitales es conectar a muchas de estos productores de escasos recursos con más mercados más grandes. Esa es la gran oportunidad de aumentar sus ganancias para muchas de las personas más necesitadas del mundo que todavía viven en áreas rurales”, detalló el cofundador del World Data Lab.

En opinión del experto, quien cerró la charla en la que se analizaron los datos presentados, la carencia de internet tendría que ser incluida en el listado de privaciones con las que se mide la llamada pobreza multidimensional. “Al hablar de pobreza en general, ahora pensamos en todo un conjunto de dimensiones. Por supuesto, nos centramos en los ingresos, en el umbral del 1,90 dólares al día, pero muchos analistas hablan de pobreza multidimensional: de hambre, de acceso a la salud, a la educación, el agua potable y la electricidad moderna. Toda una gama de elementos que, como diría Amartya Sen, son necesarios para desarrollar realmente sus capacidades económicas. En esa medición, todavía no se ha incluido el acceso a internet”, lamentó.

Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/2022-04-02/1400-millones-de-personas-son-pobres-digitales-y-la-mitad-esta-en-africa.html

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El Salvador: Gremios de educación ven viable que las clases sigan semipresenciales en 2022

América Central/EL Salvador/31-12-2021/Autora: Susana Joma/Fuente: www.elsalvador.com

La modalidad da margen para que más niños se sumen a lo largo del año. Sin embargo, educadores y especialistas mantienen preocupación por el acceso a computadoras, internet y brecha de aprendizajes.

Aún está pendiente que las autoridades de Educación y Salud hagan oficial la modalidad de trabajo que aplicarán los centros educativos el 2022, desde la Asociación de Colegios Privados (ACPES) y el gremio de profesores Simeduco ven con optimismo que las clases se mantengan por lo menos bajo la dinámica semipresencial y virtual.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, sostuvo a mediados de este mes, en la entrevista Frente a Frente que ya tienen avanzado el análisis sobre la dinámica del próximo año lectivo y aunque días atrás dijo que este sería de forma semipresencial en esta oportunidad se limitó a decir que es parte de las recomendaciones que han dado.

El profesor Daniel Rodríguez, secretario general del Simeduco, señaló que “sería la decisión más acertada seguir semipresencial” de cara a que no hay certeza de que la nueva cepa del covid -19 (ómicron) ya está en el país y el impacto que pueda generar.

Rodríguez, quien funge como director de una escuela pública de Panchimalco, en San Salvador, no descarta que en la medida mejoren las condiciones sanitarias se podrá ir acercando a la normalidad.

Aunque él reconoce que los alumnos no reciben el cien por ciento de los contenidos planteados en el currículum, considera que se les ha estado dando los esenciales para cursar el año de escolaridad.

El docente tiene también la esperanza de que el 2022 más centros educativos van a poder trabajar en línea con los estudiantes, dado que si bien el ritmo de entrega de las computadoras se mantiene lento en la actualidad hay muchas cuyos alumnos ya las recibieron.

Sin embargo, Rodríguez matiza con la necesidad de que el Gobierno concrete acuerdos con las compañías proveedoras del servicio de internet para que brinden un servicio eficiente, porque de lo contrario no se podrá trabajar aunque tengan los equipos.

Paz Zetino Gutiérrez, miembro de la gremial Bases Magisteriales, señala que todo indica que el 2022 se trabajará en la misma forma que se hizo en el presente, sin embargo, ve con preocupación que en algunas escuelas los niños aún no reciben su computadora.

Según comentó, a las puertas de que el gobierno oficialmente entrara a vacaciones en el departamento de La Libertad tan solo se había entregado un 33 % de equipos. Lo cual implicaría que al iniciar el año muchos alumnos estarían pendientes.

Por su parte, Javier Hernández, presidente de la ACPES mantiene la esperanza de que en un momento dado se vuelva a clases totalmente presenciales, ya que en este momento aunque se habla de semipresencialidad no hay variables que hagan pensar que habrá un retroceso hacia el cierre de los centros.

“Seguimos con el ideal de conducirnos a pensar que las clases van a ser presenciales, o a lo sumo semipresenciales, porque estamos viendo que la curva de contagios va a la baja, que los decesos también van a la baja y que las condiciones de la introducción de la cepa nueva de Covid que se ha visto en el mundo no ha llegado al país según lo ha manifestado el ministro de salud, lo cual nos da a pensar que las condiciones de las clases para el 2022 van a ser mucho mejores que en el año 2021 y 2020”, externó.

Hernández Amaya precisa que ese esquema semipresencial favorece el servir ciertas disciplinas que lo requieren para el proceso de formación y deja oportunidad de trabajar virtualmente otras.

El dirigente de la ACPES también valora la posibilidad de que en el camino se vaya incrementando la confianza de los padres de enviar a sus hijos a la escuela, de que sean solo aquellos niños que enfrentan algún problema de salud los que se queden trabajando desde casa.

El doctor Óscar Picardo Joao, especialista educativo e investigador, considera que si bien la mayoría de instituciones están con la mirada optimista de volver a la presencialidad total, él aún no ve muy claro que esto pueda suceder.

Picardo Joao señala que los sistemas se han adaptado este año a la respuesta online, cree que están más robustos, pero advierte que diversas investigaciones y reportes señalan que se está a un 50 % de operación curricular, lo cual implica brechas de aprendizaje muy grandes que más adelante van a tener consecuencias.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/gremios-educacion-viable-clases-sigan-semipresenciales-2022/910846/2021/

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ONU: La universalización de la protección social en América Latina debe ser sistémica y fiscalmente sostenible, afirma el PNUD

La universalización de la protección social en América Latina debe ser sistémica y fiscalmente sostenible, afirma el PNUD

29 Noviembre 2021

Frente a la recuperación desigual en la región latinoamericana y caribeña, la agencia para el desarrollo aboga por un crecimiento económico cuyo motor sea el sector privado y destaca que para lograrlo hacen falta reformas que propicien la inversión empresarial. Agrega que la protección social no debe limitarse a los programas de transferencias.

A casi dos años del inicio de la pandemia de COVID-19, América Latina y el Caribe da señales de recuperación, con algunos indicadores clave al alza, como ocurre con el empleo. Sin embargo, este repunte es desigual y engañoso, y aún queda un largo camino por recorrer antes de que la región pueda recuperarse por completo de las crisis económica y social desatadas por emergencia sanitaria global.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial presentaron los resultados de la segunda fase de encuestas telefónicas para monitorear el impacto de la pandemia en la región, donde “la coyuntura se topó con la estructura”, según explicó Luis Felipe Calva director del PNUD para la región.

En conferencia de prensa, Calva señaló que para lograr una recuperación más equitativa, lo primero que necesita la región es crear el entorno propicio para que el sector privado sea el motor de un crecimiento incluyente y sostenible.

“Y eso requiere un Estado fuerte, efectivo y capaz de crear las condiciones, es decir, una institucionalidad sólida y niveles de confianza en los gobiernos”, dijo.

Agregó que en esa tarea, los organismos internacionales tienen que acompañar a los países y ayudarlos a cerrar las brechas de financiamiento, de conocimiento, de operación y de implementación de las reformas que hagan falta.

Calva destacó también la importancia de la legitimidad de los gobiernos puesto que se trata de “una región muy polarizada desde el punto de vista político”, por lo que hay que encontrar espacios donde se definan los objetivos comunes.

No sólo transferencias de dinero

Detalló que son muchas las cosas que los países deben hacer desde el enfoque de la productividad y la inclusión y subrayó entre ellas la universalización de la protección social.

“Pero debe ser una universalización que no implique nuevos programas y que no pase solamente por las transferencias monetarias”, recalcó.

El director para la región precisó que la protección social debe ser universal, incluyente, fiscalmente sostenible e impulsora del crecimiento.

La otra condición central para una recuperación más igualitaria, según el PNUD y el Banco Mundial, es encontrar los motores que permitan que la productividad, la sostenibilidad y la inclusión vayan juntas.

En este renglón, afirmaron que la acción contra el cambio climático ofrece oportunidades que van desde optar por modos de vida más sustentables a nivel comunitario hasta las grandes inversiones que pueden tener grandes efectos multiplicadores sobre las economías.

Por su parte, el vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial consideró vitales las encuestas y recopilación de datos constantes porque aportan información rápida, puntual y útil para la toma de decisiones de los países en situaciones de crisis en las que los escenarios cambian de mes a mes.

El cierre de escuelas a causa del COVID-19 afecta a  137 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe  en América Latina y el Caribe

Crisis silenciosa

Carlos Felipe Jaramillo se refirió con especial preocupación a los prolongados cierres de las escuelas en la región, sobre todo de las primarias y secundarias, que han dado lugar a una “crisis silenciosa”.

“Las alternativas que se han usado están muy lejos de ser ideales”, indicó y detalló que la efectividad de esas alternativas revelan que no se ha encontrado un buen sistema para mantener el nivel de la educación.

“Esto nos dejará una cicatriz muy profunda en esta generación, por eso es importantísimo pensar cómo podemos ayudarles a los países a nivelar lo que se ha perdido en aprendizaje en los casi dos años que lleva esta crisis silenciosa en la educación, planteó.

Brecha digital

Jaramillo encadenó esta idea con el problema de la brecha digital, que “ha ahondado las diferencias sociales y es responsable de algunos de los puntos de mayor desigualdad porque quienes gozan de un mayor poder adquisitivo han podido tener acceso a internet, trabajar desde su casa y demás, mientras que los que no tienen ese acceso -y que son cerca de la mitad de los latinoamericanos-, han visto limitadas sus posibilidades”, acotó.

Para concluir, el vicepresidente del Banco Mundial enfatizó la urgencia de invertir en la ampliación del acceso a internet. “Es una inversión urgente, muy importante y, curiosamente, no muy costosa”, sostuvo.

Darle acceso a internet al 20% de la población de menos ingresos no implica gran inversión para la mayoría de los países, insistió Jaramillo.

Fuente de la Información: https://news.un.org/es/story/2021/11/1500682

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Los estragos de la pandemia en las Escuelas Indígenas de México: desigualdad educativa y brecha digital.

Mtro. Iván de Jesús Contreras Espinoza
Docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAyS) y administrador del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

La pandemia generada por la enfermedad del coronavirus (COVID19), sacudió significativamente a todos los países, situación que implicó afrontar una crisis en diferentes sectores: los sistemas de salud empezaron a colapsar; la economía mundial se contrajo, y las instituciones educativas realizaron ajustes en sus sistemas, con la finalidad de re direccionar los esfuerzos y rescatar los ciclos escolares.

En México, la pandemia tuvo un alto impacto en varios sectores de la población, mismos que se vieron severamente afectados ante estos embates, principalmente aquellos grupos vulnerables y marginados, como lo son las comunidades indígenas. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés, 2020) se comprometió con los pueblos indígenas para colaborar en la implementación de acciones específicas y de esta manera responder a la crisis y las necesidades derivadas de la pandemia por la COVID-19. Entre las principales medidas, destaca el seguimiento a los planes estratégicos en educación con la finalidad de diversificar los medios y llegar a comunidades con difícil acceso a la información.

Las intenciones tanto del gobierno mexicano como de organizaciones no gubernamentales fueron bien intencionadas, no obstante, la realidad educativa apuntaló hacia otra dirección, con otro nivel de prioridades. La educación en el país se vio seriamente afectada, esto debido a que las modalidades de aprendizaje cambiaron, y tanto estudiantes como profesores aprendieron nuevas formas de interacción ante la necesidad de cumplir con los contenidos escolares. De manera que la educación indígena no fue la excepción, máxime cuando los retos y desafíos de maestros, alumnos y padres de familia, durante este periodo se intensificaron. Uno de esos retos, fue que el uso de las tecnologías, que empezó a ser prioritario en todos los niveles educativos, dejando en desventaja a aquellos estudiantes en condiciones de pobreza y pobreza extrema que no contaban con los recursos y ni herramientas necesarias para continuar con los aprendizajes en las modalidades emergentes.

Esta problemática fue mayormente visible debido a la estrategia de la SEP “Aprende en casa”, un programa cuyo único interés —pareciera— “no perder el ciclo escolar” (Gallardo, 2020). El intento de unificar la operacionalización del programa hizo aún más evidente la desigualdad educativa en la que se sigue viendo inmersa la población indígena en el país. Los programas de televisión, las clases virtuales en plataformas como Classroom o el uso de aplicaciones como WhatsApp, solo fueron un reflejo de conservar una normalidad adaptada para el sistema educativo general, y no pensado en la heterogeneidad de la escuela, como es el caso de la escuela indígena. En conjunto, esto ocasionó que la brecha digital se ampliara en algunos sectores, “En tiempos normales, tales diferencias son una pieza más del mosaico de las desigualdades en México, pero en tiempos de COVID-19, … tiene consecuencias particularmente nocivas y de largo alcance, sobre todo por su incidencia en el sistema educativo” (Lloyd, 2020, pp. 116-117).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), publicó la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) para 2020 en México. Entre los datos relevantes destacó, que la distribución de los usuarios de internet por grupos de edad entre los 6 y 11 años de edad en los ámbitos urbano y rural, se estima que 78.3% son usuarios del área urbana, y un 50.4% proviene del área rural. Y al realizar un acercamiento al área rural, se deja de manifiesto que en las comunidades indígenas solamente 3 de cada 100 niños cuentan con acceso a internet.

Tras este panorama de situaciones atípicas, para los docentes de las escuelas indígenas, no era momento de claudicar. Fue necesario buscar alternativas y estrategias que le permitieran cumplir los objetivos. La mayoría de estas escuelas se encuentran ubicadas en zonas altamente marginadas, por tanto, implicaba un reto el acceso a los hogares de niños indígenas. Los docentes no estaban preparados para tal situación; se encontraban desprovistos de la capacitación adecuada para hacer frente a esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje, y qué decir de los alumnos indígenas, que no contaban con televisores, dispositivos móviles ni computadoras; aunado a esto, durante la pandemia la prioridad de los padres de los niños indígenas fue el buscar los medios para dar un sustento a sus familias, por tanto, las tecnologías no eran prioritarias, por ende, resultaba complejo para los niños aspirar a ellas (Contreras-Espinoza, 2020).

Sin duda, la tarea es titánica para contrarrestar la desigualdad educativa y la brecha digital en nuestro país. Los esfuerzos del gobierno, en cuanto a las políticas educativas deben apostar por una educación que garantice la conectividad y el uso de TIC en todos los sectores educativos, pero principalmente en aquellos niños y niñas que carecen de los recursos y herramientas para continuar en una modalidad que aparenta ser una simulación. Las propuestas para solucionar la problemática son diversas, una de las ideas principales sería establecer programas como los que se realizan en otros países, donde empresas que se dedican a la producción de equipos de cómputo realizan convenios con los sistemas de educación, para donar equipos de segunda mano pero que aún tienen con tiempo de vida útil. Antes de eso, primero habrá que garantizar la conectividad al internet, porque de nada servirá poseer los equipos cuando las zonas marginadas de las comunidades indígenas en ocasiones no cuentan con los servicios básicos, tales como, la energía eléctrica.

Evidentemente, las meritorias labores de los docentes y niños de las escuelas indígenas hicieron posible el embate a la crisis educativa tras la pandemia. Desde la impresión y entrega de cuadernillos, hasta el traslado a comunidades de difícil acceso para proporcionarlos; así como el interés genuino por el bienestar de cada uno de sus alumnos. Estamos convencidos que la desigualdad educativa y la brecha digital en México son asignaturas pendientes; es necesario dar soluciones palpables e inmediatas, a través de planes y programas que garanticen el cumplimiento de los derechos básicos de los grupos vulnerables. Se dice fácil cuando se habla desde el privilegio, pero, precisamente la divulgación de estas temáticas representan una oportunidad de visibilizar la necesidad imperante de inclusión, dignificación y validación de los derechos de las comunidades indígenas, duramente segregadas y marginadas por la sociedad en estos tiempos tan complejos derivados de la pandemia de la COVID-19.

 

Referencias

 

Contreras-Espinoza, I.J. (2020). Escuela indígena: Filemón y la esperanza de los olvidados. En Gárate (coord). Educadores y pedagogía de la alteridad: Relatos desde la experiencia (pp. 53-75). CETYS. http://158.122.1.53/bitstream/60000/934/1/Educadores%20y%20pedagogi%CC%81a%20de%20la%20alteridad_muestra.pdf

Gallardo, A. (2000). Educación indígena en tiempos de COVID-19: viejos problemas, nuevos problemas. En IISUE, Educación y pandemia. Una visión académica (pp. 164-169). México: UNAM. http://132.248.192.241:8080/jspui/bitstream/IISUE_UNAM/552/1/GallardoA_2020_Educacion_indigena.pdf

Lloyd, M. (2020). Desigualdades educativas y la brecha digital en tiempos de COVID-19. En H. Casanova Cardiel (Coord.), Educación y pandemia: una visión académica (pp. 115- 121). México: UNAM. http://132.248.192.241:8080/jspui/bitstream/IISUE_UNAM/546/1/LloydM_2020_Desigualdades_educativas.pdf

Organización Panamericana de la Salud (OPS), (2020). Consideraciones relativas a los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos durante la pandemia de COVID-19https://iris.paho.org/handle/10665.2/52252

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), (2020). Pueblos indígenas y COVID-19: una mirada desde México. https://es.unesco.org/news/pueblos-indigenas-y-covid-19-mirada-mexico

Fuente: http://www.educacionfutura.org/los-estragos-de-la-pandemia-en-las-escuelas-indigenas-de-mexico-desigualdad-educativa-y-brecha-digital/

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ONU y CIDH llaman a reducir la brecha digital de personas mayores

La brecha digital, marcada por el acceso deficiente o inexistente a internet, y menores recursos y habilidades tecnológicas, dificultan para muchas personas mayores acceder a trámites y servicios, más aún duante la actual pandemia, e incluso a la comunicación con sus seres queridos.

NACIONES UNIDAS – En el Día Internacional de las Personas Mayores, la Secretaría General de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacaron la necesidad de que los Estados intensifiquen sus esfuerzos para reducir las brechas digitales que afectan a la gente de mayor edad.

António Guterres, secretario general de la ONU dijo que “la igualdad digital debe incluir a todos los segmentos de la sociedad, independientemente de la edad”, y las personas mayores “son tal vez quienes más apoyo necesitan” para encarar el reto que plantea la creciente dependencia tecnológica del mundo actual.

Tanto Guterres como la CIDH expresaron, este viernes 1, preocupación por el impacto, sobre las personas mayores, de las desigualdades en el acceso a tecnologías digitales durante la actual pandemia covid-19.

“La herramienta internet determina en muchos casos la posibilidad de tener o no interacciones familiares, sociales y de vida en comunidad, así como la realización de los derechos fundamentales”, recordó una declaración de la CIDH.

Entre otros, mencionó el acceso a la información, los derechos de reunión y asociación, los derechos civiles y políticos, el derecho a la educación, a la salud y a participar en la vida cultural.

La CIDH observó que durante la pandemia “se pudo ver que se acentuó el impacto de la brecha digital en las personas mayores, debido a la creciente digitalización de un amplio espectro de servicios públicos y socio-sanitarios, como la telemedicina, trámites bancarios, información sobre transporte público y plataformas educativas”.

“Si bien las herramientas digitales cumplen un papel facilitador en la gestión de bienes y servicios públicos, también pueden representar un obstáculo para quienes enfrentan obstáculos para acceder a ellas, debido a la falta de conectividad y de las habilidades digitales para su uso”,  subrayó la CIDH.

Guterres también dijo que las personas mayores corren un riesgo más elevado frente a la amenaza del ciberdelito, por lo que “debemos fortalecer sus capacidades digitales” al tiempo que se sostiene la lucha contra los delincuentes.

Su despacho recordó que en 2019, de los 7700 millones de habitantes del planeta, al menos 703 millones tenían más de 65 años, y durante las próximas tres décadas se duplicará la cifra, para llegar a 1500 millones en 2050. De ellos, 1100 millones estarán en los países del Sur en desarrollo.

A pesar de la rápida innovación digital, la mitad de la población mundial aún no está conectada a internet y existe un gran contraste entre los países más desarrollados, con 87 por ciento de conectividad, y los más pobres, con apenas 19 por ciento. La inequidad la padecen más las personas mayores y las mujeres.

En Europa, por ejemplo, sólo una de cada cuatro personas mayores tiene habilidades digitales básicas o superiores a las básicas, en comparación con dos de cada tres en el grupo de edad de 35 a 44 años, tres de cada cuatro entre los jóvenes de 25 a 34, y cuatro de cada cinco entre los de 16 a 24 años.

Un sondeo de 2019 mostró que en la Unión Europea sólo uno de cada cinco encuestados de 75 años o más participa al menos ocasionalmente en actividades de internet, en comparación con 98 por ciento de los que tienen entre 16 y 29 años

En América, un reporte de la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sostuvo que desde 2015 las personas entre 15 y 29 años utilizan internet entre siete y nueve veces más que las personas mayores de 60 años.

También mostró que las desigualdades estructurales refuerzan a brecha digital, incluso entre las propias personas mayores, de acuerdo con niveles socioeconómicos o zonas geográficas en las que residen, y esas situaciones se habrían profundizado durante la pandemia.

La CIDH recordó que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, de 2015, establece el compromiso de los Estados de adoptar medidas que aseguren el acceso de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, a la información y las comunicaciones.

Finalmente, se reiteró un llamado a “acelerar las políticas de acceso universal y de calidad a internet”, y a promover “la educación y el acompañamiento de las personas mayores en el desarrollo de competencias y habilidades digitales”, con un enfoque que considere las desigualdades socioeconómicas, geográficas y de género.

A-E/HM

Fuente de la información e imagen: https://ipsnoticias.net

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Sistema educativo en Honduras atraviesa la peor crisis de la historia

El sistema educativo en Honduras ha sido muy difícil, ya que se ha intentando llevar de la mejor forma las clases virtuales en esta pandemia por la Covid-19, sin embargo, incrementó los desafíos de un sistema educativo que no había tomado en cuenta la brecha digital.

El sistema educativo atraviesa una crisis derivada de la pandemia por la Covid-19, generando trastornos en la educación escolar, y es una de las causas de los principales cambios en la cotidianeidad de las familias.

Mientras el Ministerio de Educación elabora un plan que analiza las propuestas para el “retorno seguro” a clases presenciales, los efectos que ha provocado la pandemia en la educación y en los hogares hondureños no se ha hecho esperar.

En el país la pandemia de la Covid-19 ha causado la mayor disrupción que ha sufrido la educación, ya que muchos estudiantes no cuentan con las herramientas necesarias para poder recibir clases de forma virtual.

Cabe recordar, que el gobierno decidió cerrar los centros de enseñanza el año pasado, como consecuencia de la pandemia, a fin de evitar contagios y muertes masivo por esta enfermedad. De esta forma el sistema presencial dio paso a las clases virtuales, con lo que las autoridades lograron salvar el año escolar.

Retorno a clases presencial

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, aseguró que sería fabuloso la propuesta de volver a clases presenciales en 30 municipios del país bajo estrictas medidas de bioseguridad, propuesta empleada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

No obstante, indicó que sólo es un elemento a considerar en la estrategia, porque la clave de todo esto es que la comunidad educativa, integrada por el director del centro, padres de familia, gobierno local y sociedad civil, evalúen las condiciones de su localidad y decidir si se pueden abrir o no los centros educativos.

Además, precisó que luego deben solicitar la autorización al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), ya que el que evaluará la situación y si la aprueba, pues ahí se aplicará la estrategia de “retorno seguro a clases”.

Sin embargo, afirmó que existe un elemento poderoso y es la vacunación a los docentes, ya que es necesario inmunizarlos, y de igual forma a los estudiantes para poder retornar de forma segura a las clases presenciales.

Sistema educativo en Honduras es crítico 

La propuesta de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) tiene como finalidad responde a la crisis del sistema educativo hondureño, recrudecida por el cierre de escuelas y colegios por la pandemia de Covid-19, que ha dejado a más de un millón de niñas, niños y jóvenes sin acceso a educación.

Según estudios de la ASJ y la plataforma Transformemos Honduras (TH), así como organismos internacionales, la situación actual del sistema educativo en Honduras es crítica, por consiguiente se requieren acciones inmediatas para iniciar la apertura gradual de los centros escolares en el país.

Una encuesta realizada a madres y padres de familia reveló que siete de cada 10 estudiantes se han retirado del sistema, el motivo es porque no cuentan con dinero para compra de Internet y de los que aún permanecen, el 76 por ciento matriculado en una escuela pública está recibiendo menos de cinco horas de clase a la semana.

No obstante, el 70 por ciento de los padres de la escuela pública estaría de acuerdo en enviar a sus hijos a clases presenciales.

De igual forma, el Estado debe de ser capaz de proveerles a los niños y niñas las condiciones necesarias para que puedan continuar con su proceso de aprendizaje, ya que ha sido incapaz de proveerles a los niños y niñas las herramientas y conectividad necesarias.

Educación atraviesa la peor crisis de la historia

El exministro de la Secretaría de Educación, Marlon Escoto, lamentó que en Honduras el sistema educativo en éste momento esté atravesando la peor crisis de la historia, y que el gobierno no actúe para buscar una solucionar a este problema que es de suma importancia en el país.

Igualmente, precisó que la mitad de los escolares intentan recibir sus clases de forma virtual, pero lamentablemente muchos no cuentan con una herramienta adecuada, ni con dinero para poder comprar internet.

“Hasta el momento no hemos visto nada, no hay inversión en tecnología. Se compraron 12 mil tablets frente a un millón de niños sin acceso a estos aparatos, indicó Escoto.

Asimismo, agregó que hasta el momento no ha visto un plan estratégico por parte de las autoridades hondureñas, donde hablen de un plan de apertura vacunando a los decentes y a los niños mayores de 12 años.

Fortalecimiento en centros educativos

El director de la coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), Wilmer Vásquez, planteó que es importante fortalecer los canales de educación por medio de plataformas tecnológicas y analizar el contexto previo a un retorno a clases.

De acuerdo al anuncio de un pilotaje por parte de la Secretaría de Educación, en treinta municipios de diferentes departamentos del país, donde se espera la participación de 42,832 estudiantes y 1,744 maestros, en 1,353 escuelas, indicaron que se debe analizar previamente si se cumplen con todas las condiciones necesarias, para evitar que haya mas contagios y muertes en el país.

Asimismo, señalaron que sin la evaluación, análisis y valoración de las condiciones y capacidades en infraestructura y saneamiento básico de los centros educativos, no será posible pretender realizar un retorno a clases de forma presencial.

Como uno de los puntos a tomar en cuenta, destacan contratar más personal docente que pueda dar seguimientos individualizados a estudiantes mediante visitas domiciliarias y a través de plataformas virtuales y procurar así, que decaiga grandemente la calidad del servicio educativo tal como está ocurriendo actualmente.

En Honduras ha sido muy difícil conllevar el sistema educativo, ya que se ha intentado llevar de la mejor forma las clases virtuales en esta pandemia por la Covid-19. No obstante, la realidad de la educación hondureña incrementó los desafíos de un sistema educativo que no había tomado en cuenta la brecha digital.

La modalidad virtual debe de ser tratados de manera integral para evitar que la deserción aumente y la desigualdad en la educación sea aún mayor.

Fuente: https://hondudiario.com/covid-19/sistema-educativo-en-honduras-atraviesa-la-peor-crisis-de-la-historia/

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México: Normal Rural de Mactumactzá: el rezago de la brecha digital y la represión violenta de la protesta

El 18 de mayo de 2021, durante el desarrollo de una protesta estudiantil, integrantes de la policía estatal de Chiapas usaron indebida y excesivamente la fuerza. Como resultado fueron detenidas 97 personas, en su mayoría estudiantes de la  Escuela Normal Rural Mactumactzá, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quienes además denunciaron que durante la detención fueron víctimas de golpes, maltrato psicológico y abuso sexual por parte los  elementos de seguridad. 

La razón que llevó a la apropiación del espacio cívico por parte de estudiantes, fue la exigencia de que los exámenes de ingreso para el ciclo escolar 2020-2021 fueran de manera presencial y no en línea, ya que la mayoría no tienen acceso a internet en sus comunidades. En 2020, sólo el 20% de las personas aspirantes que se postularon para entrar en Mactumactzá consiguió entrar debido a la brecha digital.

En virtud de lo anterior, el 23 de mayo, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a las autoridades del estado de Chiapas a garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas en el contexto de las protestas estudiantiles de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y a investigar las denuncias de abusos por parte del funcionariado público estatal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó al llamado para investigar el uso excesivo de la fuerza

Chiapas es uno de los estados que tiene el mayor rezago educativo y la brecha digital más grande en el país. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), sólo el 24.8% de los hogares en Chiapas tiene acceso a internet. Por lo que las escuelas normales rurales constituyen un espacio fundamental para la formación de docentes que posteriormente imparten clases principalmente en zonas marginadas del país y comunidades indígenas.

Asimismo, 7 de cada 10 personas se encuentran en situación de pobreza, y 3 de cada 10 en pobreza extrema. Menos del 20% de los hogares tiene acceso a una computadora, laptop o tablet y en 88 % de los hogares rurales ni siquiera hay acceso a internet. Precisamente, la pandemia de COVID-19 incrementó la vulnerabilidad de las comunidades, y éstas  protestas fueron una consecuencia de los problemas y la discriminación histórica que han enfrentado.

Llama la atención que durante el 2020, se presentaron al menos 15 iniciativas legislativas en los planos federal y estatal para restringir de forma indebida los derechos humanos en el ámbito digital. Por el contrario, ninguna iniciativa para mejorar la infraestructura de Internet y dotar de accesibilidad a los sectores marginados ha sido presentada hasta el día de hoy.

Respecto a la situación jurídica de las personas que fueron detenidas durante estas  protestas, 74 mujeres fueron vinculadas a proceso y, posteriormente, liberadas el pasado 24 de mayo, mientras que 19 hombres fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva oficiosa de 45 días para aclarar su situación jurídica. Además, las y los normalistas denuncian haber sido objeto de golpes, maltrato psicológico y abuso sexual durante su detención.

De acuerdo al marco internacional de los derechos humanos, la protesta es una forma importante de participación en los asuntos públicos en el contexto de la desigualdad estructural que existe en nuestro país. Al tratarse de grupos históricamente discriminados, la violación y restricción a este derecho refuerza las condiciones de desigualdad y marginación que enfrentan y los expone a un mayor riesgo de experimentar abusos por parte de las autoridades estatales.

En este caso la brecha digital constituye una violación estructural al derecho de acceso a internet, y es el la causa eficiente de las protestas. La razón es simple: la falta de acceso a internet condiciona el ejercicio de otros derechos.

Los Estados tienen la obligación de respetar los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica. Toda intervención tiene que satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Son inaceptables el uso de fuerza excesiva, detenciones arbitrarias y la violencia sexual en el marco del ejercicio de un derecho humano como la protesta, tal como lo establecen la CIDH y la Corte IDH.

Por lo anterior:

  • Hacemos un llamado urgente al gobierno federal y al gobierno de Chiapas a liberar  de manera inmediata a las 19 personas detenidas aclarando su situación jurídica y liberándoles de cualquier cargo en su contra.
  • Retirar cualquier cargo a las 74 mujeres  y que fueron liberadas el pasado 24 de mayo y que siguen sujetas a proceso penal.
  • Evitar el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía durante cualquier protesta, en particular, aquellas realizadas por los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” y conducirse bajo un enfoque de derechos humanos.
  • Investigar y, en su caso, sancionar a quien resulte responsable de las acusaciones de maltrato físico y abuso sexual desde una perspectiva de derechos humanos, identificando toda la cadena de mando Esto con el fin de garantizar el combate a la impunidad y garantías de no repetición.

Garantizar que las y los estudiantes, hayan o no participado de las protestas, puedan realizar los exámenes de manera presencial, reconociendo la brecha digital existente. Promover una política pública integral y coordinada entre los diferentes niveles de gobierno e instituciones públicas que garanticen una Internet asequible, accesible y universal a fin de eliminar la brecha digital en el país.

Fuente e imagen: https://articulo19.org

Nota para prensa

Para más información, favor de contactar a comunicacion@article19.org

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

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