Calidad educativa

Por: Rubén Darío Núñez Altamirano. 

Resumen

En el análisis de las acciones de gobierno para impulsar el desarrollo, existe una estrecha relación entre las ideologías políticas y la definición de los sistemas educativos, cuestión que reviste enorme importancia actualmente, pues la organización de la educación escolarizada a nivel nacional, ha estado ceñida a la imposición de políticas homogeneizantes, sin incorporar los elementos multiculturales de las regiones. El presente artículo hace énfasis las transformaciones educativas aplicadas en México, como estrategia fundamental para reflexionar sobre las problemáticas de calidad educativa, que las reformas  impuestas en México no han solucionado.

Abstract

In the analysis of government actions to promote development, there is a close relationship between political ideologies and the definition of educational systems, a question that is of great importance today, since the organization of education Schooled at the national level, it has been close to the imposition of homogenizing policies, without incorporating the multicultural elements of the regions.

Palabras clave: Educación, calidad educativa, reformas, políticas públicas, .

Key words: Compared education, educational systems, public policies, globalisation.

De las políticas y los sistemas educativos

Por su naturaleza multifactorial, en la constitución, consolidación y desarrollo de las políticas gubernamentales; así como en la conformación de un sistema educativo, influyen factores naturales, históricos, económicos, políticos, socio-culturales, internacionales, entre otros, que constituyen elementos extraescolares, que deberían proyectarse como parte sustancial de la articulación de los sistemas educativos. (Masson, 2006)

En América Latina y el Caribe, las condiciones históricas generaron ideologías políticas que se proyectaron en los sistemas educativos desde el periodo colonial, independentista y de intervención externa. Estos tres grandes eventos generaron, a través de la historia y hasta la actualidad, un conjunto de opiniones y conceptos que mediante un modelo ideológico, fundamentaron las políticas educativas y su puesta en práctica. (Vázquez, 2017)

Entre los factores que desconocieron la realidad e impusieron valores normativos externos tenemos la subutilización o incluso desaparición de los sistemas educativos y de la cultura de los pueblos originarios, la imposición de los criterios educativos de los países europeos colonizadores, el surgimiento de una nueva población “criolla”, y el desarrollo de un proyecto liberal modernizante. (Suarez, 2001)

Por ello, la conformación y desarrollo de las políticas y los sistemas de enseñanza en la región latinoamericana y caribeña, han heredado elementos de modelos foráneos e impuestos, bajo la influencia de la colonización primero y del neocolonialismo, después. Las relaciones originadas por estos procesos históricos impusieron las condiciones de dependencia que tienen un reflejo en la educación hasta el día de hoy. (Masson, 2006)

No obstante, la larga y azarosa lucha por la independencia y consolidación de las naciones latinoamericanas, ha originado un pensamiento y una acción que se puede calificar como autónoma, autóctona y revolucionaria, sobre todo en países como Cuba, México y Venezuela, en donde tras largas luchas y periodos de conflicto, el derecho a la educación está garantizado por el Estado, es universal y gratuito constitucionalmente. (UNESCO, 2011).

Pero el siglo XXI ha dictaminado políticas educativas globales post capitalistas, interviniendo en la mayoría de los sistemas continentales, que han sufrido reformas moldeadas bajo una mirada impositiva neoliberal, mediante la intromisión de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que han señalado los criterios monetaristas y reduccionistas de la educación, amén de imponer disminuciones presupuestarias a los presupuestos asignados para la educación de países deudores.

De tal forma, las transformaciones de poder que se producen en el escenario global, tienen una repercusión directa en la política y el sistema educativo de cada uno de los países de la región latinoamericana; aunque en la misma manera, depende de las fuerzas sociales de cada uno de ellos, la generación de propuestas alternativas que contribuyan a la transformación de los sistemas educativos, estableciendo un cambio necesario en la sociedad. Sin duda, resulta indispensable reflexionar constantemente, analizar y comparar las bases ideológicas, de dominación, económico-industriales, sociales, etc; de cada uno de las reformas educativas, para ello, nuestro estudio presupone el análisis del caso mexicano.

Reformas Educativas inflexivas. Retos de la calidad educativa en México

El Humanismo hispanoamericano, formuló desde el siglo XVIII la idea de una educación inclusiva, propuesta que se reglamentó en el año de 1823, cuando el Supremo Poder Ejecutivo del naciente Estado Mexicano, presentó un Proyecto de Reglamento General de Instrucción Pública, en cuyo Artículo 1° declaró una educación pública y gratuita, mientras que el artículo 3° señaló: todo ciudadano tiene derecho a instruirse; nadie ha de pagar por ella, la instrucción será uniforme y por los mismos métodos y tratados elementales, mientras que el Art. 33° mencionó, que se establezcan escuelas públicas de primeras letras para instruir a los niños y formar sus costumbres en utilidad propia y provecho de la nación.(Meníndez, 2012:5)

Sin duda, la educación se consideró indispensable para el desarrollo social y para la dignificación del individuo, pero los enfrentamientos entre facciones ideológicas opuestas y los graves conflictos económicos y militares, imposibilitaron una correcta aplicación de las propuestas jurídicas y reglamentarias, cómo el plan educativo liberal de 1827 y el conservador de 1832, basado en la pedagogía lancasteriana y modificado por José María Luis Mora, para separar el sistema educativo de la enorme influencia del Clero; aspecto cercenado por el presidente Santa Anna poco tiempo después. (Meníndez, 2012:7)

Tras varios intentos fallidos, sería hasta finales del siglo XIX, durante el régimen de Porfirio Díaz, cuando se logró integrar un sistema de instrucción oficial, que abarcaba desde el jardín de niños, hasta niveles de educación superior, reflejado en el laboratorio liberal que fue la Escuela Nacional Preparatoria y el proyecto de Justo Sierra, de impulsar una Universidad Nacional, culminado en 1910 (Vázquez, 2000: 101). Sin embargo se mantuvo un escenario de concentración y prácticamente no se atendió la instrucción popular en los sectores rurales.

El periodo revolucionario, logró establecer un proyecto de reforma a la constitución liberal de 1857, aun operante en 1916, con la intención de establecer un sistema muy amplio de garantías democráticas, pero sobre todo, de eliminar toda injerencia privada o religiosa en la educación, quedando ésta como prerrogativa exclusiva del Estado, definida en el artículo 3º constitucional que aún rige al sistema educativo mexicano. (Sierra, 2006:371). Pero en la realidad y a pesar de que el presidente Álvaro Obregón creó la Secretaría de Educación Pública en 1921, sumándose al grandilocuente proyecto culturalista de José Vasconcelos; la rectoría del gobierno Federal en la educación fue muy acotada y casi el 80 % de la población no sabía leer y escribir, nada o lo hacía de manera autodidacta. Ante ello, el presidente Plutarco Elías Calles impulsó medidas de formación profesional y creó la “Dirección de Misiones Culturales”, encargada de la capacitación a los docentes, quienes más allá de su ejercicio en el aula, promovieron oficios en las comunidades a las que se integraron de manera directa, en el momento denominado como “Escuela rural mexicana”. Con Calles, surgió también la Educación Secundaria, como institución diferenciada de la Educación primaria en 1925. (León, 1976:63-75).

Además del crecimiento de la infraestructura educativa, el Estado mexicano pretendía desarrollar un modelo de educación socialista, particularmente impulsado por el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río y en menor medida por el de Manuel Ávila Camacho, proponiendo entre otras cosas:

• Extirpar enfermedades y vicios de la sociedad mexicana,[__] alcoholismo, juegos de azar y fanatismos.
• Alfabetizar al pueblo.
• “Imponer” un laicismo educativo sustentado en los fundamentos de la ciencia.
• La pedagogía del aula, organizada en torno a tres rubros: la naturaleza, el trabajo y la sociedad.
• Integrar a la mujer a la vida nacional dándole derechos políticos y económicos, implantando la coeducación. (Gobierno Federal, Ley General de Educación, 2005).

Es fundamental señalar, que la primera reforma al artículo 3° constitucional, fue efectuada por el Congreso de la unión, convocado por Venustiano Carranza en 1916 y promulgada en 1917, en la que se observa un carácter democrático respecto a anteriores legislaciones. Pero la literatura especializada identifica en el primer lugar la Reforma de 1934, impulsada por  el presidente Lázaro Cárdenas del Río y  que por decreto señaló:

Artículo 3°__ La educación que imparta el Estado será socialista, y además de excluir a todas las doctrinas religiosas combatirá el fanatismo y los prejuicios para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades de tal forma que permita crear en la juventud el concepto racional y exacto del universo y la vida social.

Solo el Estado __ Federación, Estados, Municipios __  impartirá educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los tres grados anteriores, de acuerdo en todo caso con las siguientes normas:

I.- Las actividades y enseñanzas de los planteles particulares deberán ajustarse, sin excepción alguna, a lo preceptuado en el párrafo inicial de este artículo, y estarán a cargo de personas que en concepto del Estado tengan suficiente preparación profesional.  En tal virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realicen actividades educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas directa o indirectamente con la propaganda en un credo religioso, no intervendrán en forma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales, ni podrán apoyarlas económicamente.(Ibarra, 1934)    

A diferencia de los que sucede en nuestra época, ésta reforma pretendió fortalecer la laicidad de la educación condicionando y sujetando, en todo momento, a las instituciones de carácter privado, con firme intención ciudadana, de formar a una juventud fuertemente nacionalista y progresista, exigencia que define una línea profesional, ideológica y moral del docente, acorde a la compleja realidad del país.

Entre los cambios posteriores al artículo 3°, se destaca el implementado por el presidente Miguel Alemán Valdez que en 1946 decretó:

ARTÍCULO 3.- La educación que imparta el Estado__ Federación, Estado o Municipio__ tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I.- Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencia, el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios.

II.- Los particulares podrán impartir educación en todos sus tiempos y grados.(Gobierno Federal, 1946)

A la par del cambio radical respecto a la visión de una educación socialista, esta Reforma diluyó el concepto de laicidad, permitiendo a asociaciones religiosas, mediante la permisividad a particulares, su permanencia en el sistema educativo, perdiéndose así, la estricta vigilancia laica por parte del Estado, en la formación educativa de la sociedad.

La tercera Reforma fue hecha durante el gobierno de José López Portillo, en 1980 que por decreto, adicionó una fracción VIII y se cambió la última fracción:

Artículo 3°…[ ]

VIII.- Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad  de  gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de éste artículo, respetando la libertad de cátedra y de investigación de este libre examen y discusión de las ideas. (Gobierno Federal, 1980)

En tal modificación, el supuesto de libertad, independencia y democracia en el funcionamiento de las universidades en México, instala un modelo de educación “incluyente”, en el que las instituciones privadas pueden tener más oportunidades de injerencia en la educación y una mayor libertad curricular, administrativa, investigativa, etc; sin que exista una correcta supervisión gubernamental, en sus orientaciones ideológicas e intereses.

La crisis en la economía mexicana de finales de 1970, se acentuó en la década de 1980, con la devaluación del peso frente al dólar y una deuda externa prácticamente impagable, que provocó una sujeción de las políticas gubernamentales, a los lineamientos impuestos por el  Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a cambió de un reestructuración financiera mediante el otorgamiento de nuevos préstamos. El gobierno de Miguel de la Madrid (1983-1988), efectuó un proceso de descentralización de los servicios educativos de Estado, delegando las responsabilidades a los gobiernos estatales y municipales, política fortalecida en las posteriores administraciones de Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo; quien por cierto, impuso enfoques de gerencialismo privado en la administración gubernamental, como enfoque de calidad. (Sánchez, 2009:88-90).

Con la firma del tratado de libre comercio (TLC) en 1992, hoy en fase de una profunda revisión, el tema de la modernización educativa en México no era algo opcional, sino obligatorio, se planteó como un vínculo para paliar las necesidades de producción, incluso varios países latinoamericanos en la década de los noventas, donde hicieron “ajustes” a sus sistemas educativos bajo patrones “universalistas” propuestos por los organismos internacionales. (Medina, 2001:15) Sin embargo, el problema de la crisis económica sostenida, trajo como consecuencia una agudización de deserción escolar y reprobación, que el gobierno mexicano trato de paliar, mediante otro proceso de descentralización de la responsabilidad gubernamental en materia de educación; por un lado al concederle al sindicato oficialista “Nacional de Trabajadores de la Educación”(SNTE), el dominio administrativo del proyecto de modernización del sistema educativo y por otra parte, sometiendo dicho proceso a la fiscalización de organismos internacionales, bajo criterios de competencia y eficiencia comercial e industrial.

Incluso los gobierno panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón Hinojosa, se sumaron a la “Alianza por la Calidad de la Educación”, programa de estándares cuantitativos, basado en métodos asociados a la producción tecnológica; tal es el caso del documento denominado “Competencias docentes para el manejo de las tic´s. en educación básica” (SEP, 2012). Este documento expuso la necesidad de generar habilidades “tecnológicas” en los docentes, a fin de guiar al alumno en la búsqueda de los materiales, en línea, que los nuevos libros de texto sugieren como materiales de consulta electrónica, no obstante, no se incorporó un diagnóstico sobre la infraestructura existente para tal efecto en las zonas rurales y de alta marginación, que hasta el día de hoy, adolecen de tales equipos.

La misma fórmula descentralizadora ha sido arropada en las políticas de evaluación, el SNTE por ejemplo, mantiene el control de los procedimientos en materia de promoción, capacitación y contratación tanto de docentes como de directivos, lo mismo que la medición de los aprendizajes adquiridos por los alumnos mediante la prueba estandarizada conocida como ENLACE y/o PLANEA, que han sido duramente criticadas en sus resultados.(Rodríguez, 2015:310)

Reflexión de la inflexión

En México las elites y quienes han definido la agenda pública en educación, han visualizado a la política educativa, como algo relacionado con acciones gubernamentales, sin tomar en consideración las necesidades reales que tiene la población y el sistema educativo, gestando deficientes programas públicos, tanto de profesionalización docente, como de generación de una calidad educativa humanista.(Carmona, 2007)

Bajo esta lógica y con una supuesta intencionalidad de mejorar tal panorama, se han implementado una serie de reformas encaminadas al mejoramiento en la calidad de la educación, instrumentándose criterios industrialistas y técnicos, funcionalistas para un contexto empresarial, pero no social.

Queda claro, que los problemas educativos que tales cambios pretendieron acotar persisten y pareciera que a pesar de la inclusión de la tecnología en la educación se han acentuado; tal como lo muestran los resultados de los propios instrumentos impuestos por las instituciones reformistas; tales como la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) y del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) (PISA, por sus siglas en inglés). (INEE, 2003).

Si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratificó en su artículo 3º que todas las personas gozarán del derecho a la educación, laica, gratuita y obligatoria, el Estado tiene la obligación de ofrecer tales servicios educativos a toda la población. Bajo esta lógica, la participación del Estado incluye además, la promoción y atención de toda la estructura del sistema educativo, con la intención de proveer a su población una educación de calidad, responsable socialmente y ética.

No obstante, las reformas educativas, tan demandantes de recursos públicos, no han subsanado las problemáticas sistémicas, tales como la cobertura, la deserción y la eficiencia terminal y sin duda, las necesidades del sistema educativo mexicano cada vez son más  numerosas. Además, la diversidad cultural hace más difícil la aceptación de la homogeneidad descontextualizante de los planes y programas que actualmente el gobierno de México intenta establecer y que será parte de una discusión nacional, según la propuesta de la nueva administración gubernamental, que se instalará a pocos días de la elaboración del presente escrito (2018).

Además, cabe reflexionar que las instituciones escolares enfrentan una doble presión: desde el exterior se imponen modelos rígidos e homogeneizantes, mientras al mismo tiempo, al interior de las escuelas el panorama se hace más problemático y conflictivo, sobre todo por los recortes presupuestales a la educación, los desafíos en materia de infraestructura, los conflictos sindicales y por el panorama actual de crisis económica y social. Por ello, sin duda las escuelas reclaman más autonomía, más recursos y más apoyo gubernamental.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, propone que los pilares de la educación deben basarse en: la capacidad de construir conocimientos (saber), desempeñarse eficazmente, integrarse de forma eficiente a la actividad profesional y al ámbito social (saber hacer). (UNESCO, 2003). Ante ello, los profesores demandan una mejor preparación inicial y continua, para afrontar con eficacia las nuevas circunstancias del entorno global y ejercer su rol profesional, para encarar de mejor manera las complejas realidades locales. Pero ante posturas ideológicas contrastantes, sobre cómo abordar  las problemáticas educativas y la instauración de políticas públicas deficientes, es necesario considerar, iniciar un diagnóstico comparado, para conocer las tendencias pedagógicas, económicas, políticas, sociales y educativas en general a nivel mundial, para analizar cómo se han abordado en otros países, los problemas que presenta el sistema educativo local. (Alcántara,2010), pero sobre todo, para establecer las particularidades de la multiculturalidad de cada región e incorporarlas a la definición de políticas educativas, que tienen que emanar de un modelo participativo y colegiado.

Resulta indispensable también, analizar las múltiples fallas de la reforma educativa actual, y de su pertinencia político-social (Bonilla, 2000), de sus problemas para integrarse a las demandas sociales y su incapacidad para generar procesos de innovación educativa, más allá de una tecnificación sin sentido y de la instauración de una nueva Reforma educativa, repetitiva de teoremas poco evaluados, a la luz de las realidades regionales complejas del México actual.

Referencias:

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