México / 3 de febrero de 2019 / Autor: Miguel Ángel Pérez / Fuente: Educación Futura
Seis años de estancamiento y deterioro de la calidad educativa
Estamos a muy pocos días de vivir la llegada de un nuevo gobierno, el cual no es cualquier gobierno, será el gobierno que representa la transición estructural y de una vuelta de tuerca hacia la izquierda.
El gobierno que se va, se ha caracterizado con distinciones, por ser uno de los peores en la historia moderna de nuestro país, el gobierno que se va deja una estela caracterizada por la controversia, el encono y las disputas en pugnas por el poder.
Un balance de seis años en educación, implica colocar en el centro del balance, el contraste entre las intenciones y los logros de dicho periodo. Como parte del programa estratégico el sexenio 2012 – 2018, se caracterizó por el compromiso de mejorar la calidad de la educación, a través de dos estrategias: a) emprender una compleja reforma educativa y b) incorporar a la evaluación del desempeño docente como el dispositivo central para alcanzar la mejora de la calidad educativa.
En los hechos el sexenio que está a punto de concluir, intentó cambiar la regulación y el estatuto laboral con relación a los docentes y demás trabajadores de la educación a partir de emprender la mal llamada reforma educativa.
Podemos decir que el gobierno se planteó el cumplimiento de tres objetivos estratégicos:
1. Emprender acciones para ofrecer una educación de calidad con equidad, dirigida a niños, niñas y jóvenes.
2. Llevar a cabo una serie de cambios en la ley con la finalidad de modificar el estatuto y la regulación laboral de docentes en todo el sistema educativo nacional (SEN).
3. Emprender una serie de cambios de carácter curricular encaminados a diseñar un modelo pedagógico, que defina con la mayor claridad posible, “los aprendizajes clave para la educación del futuro”.
En la esfera federal el gobierno tuvo tres titulares de la SEP, en el ámbito local hubo dos titules (me refiero al caso Jalisco).
Los tres titulares de la SEP fueron personajes con estilos diferenciados: El primero (Emilio Chaufett), golpeador político y muy buen negociador inició con el ambicioso proyecto de sacara adelante la reforma laboral disfrazada de educativa. El segundo (Aurelio Nuño), condicionó el trabajo y la gestión de la Secretaria a partir de promover sobradamente su imagen personal, con aspiraciones presidencialistas, cuando ni siquiera fue capaz de ganar la candidatura de su propio partido y el tercero (Otto Granados), con menos reflectores, a él le tocó cerrar de manera decorosa lo que sus dos amntecesoisres hicieron mal.
El gobierno de Enrique Peña Nieto, nunca encontró la forma de darle un buen cauce al proyecto y a las acciones de política educativa. De esta manera se puede afirmar que el sexenio se caracterizó por protagonizar una serie de tensiones de principio a fin, entre el magisterio disidente, los intentos por imponer nuevas reglas de ingreso, promoción y permanencia e incluso con cambios en la dirección nacional del sindicato que representa a los propios docentes.
Otra distinción del sexenio que concluye fue la obsesión por la evaluación, nunca en la historia de nuestro país, un gobierno se había aferrado tanto a querer imponer una estrategia política (evaluar el desempeño docente a toda costa como capricho y no como una política racional).
Al final los indicadores de calidad y de eficiencia de la tarea educativa quedaron prácticamente inalterables, no avanzamos con relación al comparativo internacional y se ha dejado al final, un SEN violentado, arisco y con pocas posibilidades de proponerle una nueva reforma educativa.
El sexenio se acabó y los saldos y las promesas en educación seguirán pendientes.
Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 3 de febrero de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.
00:00:00 – Nicaragua: Jóvenes serán afectados con recorte de presupuesto universitario
02:00:00 – Estados Unidos: Crece la rebelión docente en estados demócratas: educadores de Denver deciden iniciar la huelga mientras en Los Angeles gritan victoria
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América del sur/Colombia/24 enero 2019/Fuente: Semana
Cada nuevo año escolar cambian los precios de las matrículas y pensiones. En 2019, el incremento máximo permitido será de 7,2 por ciento, pero el tope varía en cada colegio según sus condiciones de calidad.
La Secretaría de Educación Distrital de Bogotá (SED) emitió un comunicado en el que advirtió a los papás con hijos en colegios privados estar pendientes del aumento de la matrícula escolar, que debe oscilar entre 3,3 y 7,2 por ciento, como incremento máximo.
Como es usual, esta sube un porcentaje cada año. Pero este aumento no es arbitrario y está estrictamente regulado por el Ministerio de Educación y las secretarías de cada entidad territorial certificada.
Anualmente, las instituciones de educación tienen que presentar una autoevaluación a través del aplicativo EVI en la que se tienen en cuenta el Índice Sintético de Calidad Educativa (Isce), características de la oferta educativa, planta física, dotación, certificación y acreditación del centro educativo, entre otros.
Según eso, se clasifica a la institución en un régimen: libertad regulada (aquellos colegios con los puntajes más altos o certificados), libertad vigilada (con puntajes intermedios) o régimen controlado (colegios con más bajos puntajes en la autoevaluación institucional, el Isce o sancionados por la Secretaría de Educación).
De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, en el país existen 11.954 establecimientos educativos de carácter privado, de los cuales el 57 por ciento (6.815) se ubican en Libertad Regulada, el 27 por ciento (3.228) en Libertad Vigilada y el 14 por ciento (1.673) en Régimen Controlado.
Finalmente, las instituciones educativas deben tener en cuenta su régimen, puntaje en el Isce y si paga el salario de los maestros según el escalafón 2277, para determinar el incremento anual de la matrícula.
Es importante que los padres soliciten en los colegios o en las direcciones locales de educación la resolución por la cual cada secretaría autoriza el respectivo incremento, señala el comunicado de la SED.
El documento también advierte que está prohibido que los colegios cobren cuotas en dinero o especie (lea «Continúa el cobro de bonos en colegios privados«), así como bonos o tarifas adicionales por concepto de matrícula, pensión y cobros periódicos. Incumplir esta norma, le podría significar a la institución educativa una multa que oscila entre 50 y 200 salarios mínimos, según la Ley 1269 de 2008.
Por último, la SED pide a la ciudadanía denunciar cualquier irregularidad en el cobro de la matrícula, la pensión y cualquier abuso en los requerimientos en uniformes, textos y útiles escolares en Bogotá por medio de los siguientes canales:
– Directamente en la Oficina de Servicio a la Ciudadanía, ubicada en la Avenida El Dorado n.º 66-63.
– Llamando a la línea telefónica 3241000, opción 7 (quejas o reclamos).
– En la página web de la SED, en este enlace (servicios, quejas y soluciones).
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa
El tema de la calidad es pertinente para valorar la propuesta de las 100 Universidades del gobierno de AMLO. Algunos académicos ponen en duda la “calidad” de la enseñanza que se llegue a impartir en dichas Universidades. Se señala a la Universidad de la Ciudad de México como ejemplo de educación de “mala calidad” y se le considera como un futuro previsible para la propuesta de las 100 universidades.
No tengo elementos para calificar la “calidad” de la educación impartida en la Universidad de la Ciudad de México, pero sí conviene reiterar la pregunta acerca de qué estamos entendiendo por “calidad educativa”[1].
Tomemos la clasificación de las mejores universidades realizada por la QS World University Ranking. En 2018 el MIT de Estados Unidos ocupa el primer lugar, la UNAM el número 122 y el Tecnológico de Monterrey tiene la posición 199[2] ¿Qué tipo de calidad está indicando esta clasificación?
El QS World University Ranking utiliza una métrica que considera 6 factores[3]. Uno de éstos es el número de citas de los trabajos de investigación publicados por la planta docente (con un peso de 20%). Otro factor es la reputación académica del cuerpo de profesores (con un ponderador de 40%). Estos dos factores suman 60% y lo que miden es el perfil del cuerpo de profesores como investigadores, así como la difusión y aceptación que han tenido sus publicaciones. Sin embargo, no se toma en cuenta que distintas universidades pueden tener diferentes objetivos. Por ejemplo, la UNAM tiene cuerpos de investigación en diversas áreas de conocimiento pero también una gran cantidad de profesores orientados a la docencia, incluyendo a docentes por asignatura. Por sus características, la métrica del QS World University Ranking está ponderando en mayor proporción las capacidades de investigación de las instituciones educativas.
La educación universitaria puede proveer una formación profesional para el mercado de trabajo o bien preparar jóvenes para desarrollar una carrera académica. Esta son opciones que pueden seguir los jóvenes, pero las propias instituciones educativas establecen como política su opción preferida para combinar la docencia y la investigación. No deseo mencionar casos específicos de instituciones universitarias del país para no crear falsos debates. Hay instituciones que proveen formación para que los jóvenes tengan como opción estudios de posgrado, mientras que otras instituciones educativas se ocupan, principalmente, de la formación para el mercado laboral y, ambos tipos de universidad, pueden estar logrando sus objetivos con eficacia y eficiencia.
No se conocen aún los detalles sobre el funcionamiento de las 100 Universidades, pero se ha señalado en diversos momentos que su objetivo será proporcionar formación para los mercados laborales de los lugares donde se ubiquen; tal vez será formación en áreas agropecuarias, de acuicultura, industria maderera, turismo u otras formaciones específicas.
Un caso que es semejante a la propuesta de las 100 Universidades es el de los Colegios Comunitarios de Estados Unidos (Community College)[4]. Estos colegios comunitarios proveen programas de 2 a 4 años de duración y los alumnos pueden obtener créditos para lograr un grado de licenciatura. Es una educación que provee el estado a un bajo costo (si se compara con el de una universidad estatal o privada) con el objetivo de ser incluyente; es decir, de proveer educación a los jóvenes para que puedan tener acceso a un empleo formal en el mercado laboral local. Este no es un propósito limitativo, o que excluya la posibilidad de seguir estudiando, pues es decisión de los jóvenes continuar sus estudios para obtener un mayor grado educativo en alguna universidad cercana a su Community College.
La propuesta de las 100 Universidades necesita valorarse por sus propios méritos. No es válido comparar esa propuesta con el sistema de educación universitaria del país. En el mismo sentido, tampoco se pueden hacer comparaciones con instituciones educativas, públicas y privadas, consideradas de “excelencia”. No se pueden comparar instituciones con objetivos educativos diferentes; en este sentido no es válido comparar al MIT con la UNAM o el TECMTY.
Sobre las 100 Universidades aun no se conoce donde estarán, que áreas de conocimiento cubrirán, cuáles son las acciones que usarán para prevenir algunos de los errores cometidos en el sistema universitario del país; cómo se podrá establecer una vinculación efectiva de la enseñanza con el sector social y productivo que permita a los alumnos un traslado efectivo de la etapa escolar hacia una etapa en el mercado laboral y productivo.
No sabemos si las universidades públicas harán alguna contribución para proveer soluciones educativas que se adapten a las condiciones en las que se impartirá educación en las 100 Universidades. Tampoco sabemos si se aprovechará alguna sinergia entre el sistema de 100 Universidades y el subsistema de educación media superior que administra la SEP donde se encuentran los bachilleratos tecnológicos, agropecuarios, de ciencias del mar, entre otros. La propuesta de las 100 Universidades también puede ser un punto de partida para re-pensar los problemas del sistema de educación universitaria del país.
Hay muchas interrogantes, pero no ayuda que analistas o comentaristas profesionales realicen juicios sumarios con descalificaciones a priori sobre la propuesta de las 100 Universidades. Habrá tiempo para ver sus resultados. Como deseo de año nuevo, ojalá que esos resultados sean positivos.
Cuba / 4 de enero de 2019 / Autor: Alina M. Lotti / Fuente: Cuba Sí
Elevar la calidad en todos los niveles de enseñanza continúa siendo el propósito fundamental en materia educativa.
Para la Educación Cubana cada año comienza con importantes celebraciones. El 5 de enero del 2018, luego de que vibraran las campanas del antiguo Convento de San Juan Letrán, tuvo lugar un emotivo y sencillo homenaje en recordación a los 290 años de la fundación de la Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana, en el corazón de La Habana Vieja.
Así que la Universidad de La Habana, la bien nombrada “Madre” de todas las otras del país, festejará en este 2019 sus 291 cumpleaños, con muchos sueños cumplidos y otros en los cuales habrá que trabajar para convertirlos en realidad.
De igual manera, el próximo 4 de enero la Educación Especial cumplirá su aniversario 57, con la premisa de que en la sociedad actual no basta con atender a los más necesitados, sino educar a todos en el máximo de sus capacidades.
En aras de lograr el máximo de calidad, el sector educativo durante el 2018 llevó a cabo un sinnúmero de acciones con tal objetivo, no exento de dificultades en las cuales el bloqueo de los Estados Unidos tuvo un peso fundamental.
Una prioridad en la enseñanza general, por ejemplo, lo ha sido el tercer proceso de perfeccionamiento, que en el presente curso abarca 158 escuelas de todos los niveles y territorios. En esta etapa el experimento continúa en los grados 2.º, 5.º, 8.º y 11.º, de primaria, secundaria y preuniversitario, respectivamente e incluye también la Primera Infancia.
Particular importancia otorga el Ministerio de Educación (MINED) a la formación y superación de los docentes, figura esencial en la escuela, cuya plantilla se garantiza en el actual período lectivo al 93 % sin el empleo de otras alternativas.
La continuidad de estudios de los alumnos que culminaron 9º grado constituye otro punto de atención para este Organismo de la Administración Central del Estado (OACE).
Según se dio a conocer recientemente durante el trabajo de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su segunda sesión ordinaria, de la IX Legislatura, el 99,8 % de los jóvenes que terminaron el bachillerato continuaron estudios: el 41, 6 % en la enseñanza preuniversitaria y el 58,4 % en la formación media superior.
En relación con la Enseñanza Técnica Profesional (ETP), decisiva para el desarrollo del país, el plan de ingreso se cumplió al 99,3 %, el mayor por ciento en la formación de técnicos medio.
Instituto Politécnico Agropecuario Rubén Martínez Villena, donde se forman los futuros
trabajadores para el sector agrícola.
Gran importancia reviste en esta educación las aulas anexas, donde los alumnos adquieren y desarrollan habilidades relacionadas con los perfiles de estudios. Hoy el MINED cuenta con más de siete mil, de ellas 476 en el sector no estatal de la economía.
Entre los OACE que más han apoyado en este sentido están los ministerios de Agricultura, Construcción, Transporte, Industrias y Comercio Interior.
En cuanto a la formación docente, un punto neurálgico para el sector, en la propia Comisión de la Asamblea se conoció además que el país cuenta con 24 planes de formación de nivel medio superior y 27 escuelas pedagógicas, tres de ellas en la capital.
Respecto a la continuidad de estudios de los educandos que culminaron el 12º grado, el plan de otorgamiento de carreras se comportó al 86 %, superior al curso anterior (83,3 %), en las diferentes modalidades, es decir curso diurno, por encuentros y a distancia. Por áreas de las ciencias, las menos solicitadas resultaron las Agropecuarias y las Pedagógicas.
De ahí que el plan de acción para este 2019 esté encaminado, precisamente, a elevar el cumplimiento de los planes de ingreso para estas ciencias, incluidas también las Básicas (Matemática, Física, Química, Biología).
No pudiera dejar de mencionarse en este resumen la inauguración de la escuela primaria Rafael María de Mendive, en La Habana Vieja, un regalo que hizo la Oficina del Historiador de La Habana a los niños y las niñas el pasado 3 de septiembre, lugar donde tuvo lugar el acto de inauguración del presente curso escolar.
El 3 de septiembre el acto de inauguración del curso escolar 2018-2019 tuvo lugar en la
Escuela Primaria Rafael María de Mendive, donde estudió Martí, cuya restauración fue un
regalo de la Oficina del Historiador a los niños de la localidad.
Por otra parte, el Ministerio de Educación Superior (MES) —con la altísima responsabilidad de aportar fuerza de trabajo calificada y especializada al país— labora en el perfeccionamiento de su quehacer en las 22 universidades que se le subordinan, luego de un proceso de integración exitoso, que propició un empleo más racional de los recursos humanos, materiales y financieros.
La Universidad de La Habana cumplirá este 5 de enero su aniversario 291. (Foto: internet)
En este curso una novedad ha sido la puesta en marcha de un programa de ciclo corto, denominado Técnico Superior, el cual incluye 8 de corte pedagógico, 15 de salud, uno sobre administración de redes y otro dedicado a la aduana.
Tal y como se ha dicho, NO es una carrera universitaria, y a este pueden aspirar los egresados de nivel medio superior que, por determinadas razones, no hayan podido acceder a alguna especialidad.
Un evento importante se celebró en el mes de febrero con la realización del Congreso Internacional de Educación Superior 2018, bajo el lema de La universidad y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en el centenario de la Reforma de Córdoba; espacio que resultó idóneo para compartir experiencias y reflexionar acerca de las problemáticas más acuciantes relacionadas con las universidades en el mundo.
Maestros, profesores, trabajadores de apoyo a la docencia y estudiantes tuvieron la posibilidad también de expresar criterios y preocupaciones en torno al Proyecto de Constitución de la República que, finalmente, fue aprobado en la última sesión de la ANPP y que se llevará a referendo el venidero 24 de febrero.
Importantes han sido los pasos dados en este 2018, y aunque no ha sido posible el cumplimiento de todos los objetivos, el conocer las fuerzas con que se cuentan, los principales obstáculos y el camino por dónde transitar serán las fuerzas para enfrentar los retos educativos con la certeza de que son posibles de alcanzar.
Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición de los días viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de enero de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.
Viernes 4 de enero de 2019:
01:00:00 – Libro: El lugar del pensamiento en la educación (PDF)
03:00:00 – Suecia: Huelga de estudiantes contra el cambio climático: conozca a la activista Greta Thunberg de quince años que inspiró un movimiento global
En nuestro portal Otras Voces en Educación (OVE) encontrará noticias, artículos, libros, videos, entrevistas y más sobre el acontecer educativo mundial cada hora.
Por: Marco Antonio Fernández y Laura Noemí Herrera
Animal Político
Es imprescindible que los promotores de la nueva reforma educativa nuevamente aprendan de los errores ajenos de quienes también prometieron una agenda de equidad educativa, pero que en los hechos distribuyeron reiteradamente recursos del erario de forma regresiva, ineficaz y lamentablemente, en ocasiones, con corrupción.
Si las condiciones educativas terminan definiendo el destino de un país, las nuestras nos están condenando. Pese a reconocer que todos los mexicanos tienen el derecho a la educación, el acceso a la escuela aún sigue condicionado por el lugar de nacimiento. Por ejemplo, el 36% de los niños que nacieron en una comunidad rural no asiste a la escuela, lo mismo sucede con 36% de los niños indígenas, el 44% que tiene una discapacidad o el 85% que son hijos de jornaleros agrícolas (INEE, 2018). No sólo eso, de los 14 millones de estudiantes que están en la primaria, 6 de cada 10 egresarán con grandes deficiencias en matemáticas y español, rezagándose tres años respecto a los alumnos de sistemas educativos con mejor desempeño como Corea del Sur o Finlandia (OCDE, 2016). Probablemente sólo 7 de cada 10 lleguen a media superior y sólo 5 la concluyan. Otros 3 ingresarán a la universidad, pero sólo 2 concluirán. Al terminar sus estudios, todos se enfrentarán al reto de insertarse al mercado laboral, pero pocos contarán con las habilidades necesarias para hacerlo exitosamente.
Este es el panorama actual de la educación en México que el nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscará atender con un nuevo proyecto educativo que promete, ahora sí, hacer valer el derecho de todos los mexicanos a la educación desde preescolar hasta educación superior. Equidad y calidad serán los principios que regirán las políticas educativas de la nueva administración federal. Becas universales, atención prioritaria a los más pobres, construcción de 100 universidades públicas y un programa para la capacitación de los jóvenes, destacan como propuestas emblema en el documento entregado en Cámara de Diputados el pasado 12 de diciembre. A ellas se suma la promesa central de revalorizar al magisterio, para lo cual se propone eliminar cualquier consecuencia laboral a la evaluación de su desempeño y derogar al hasta ahora autónomo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), considerado como instancia cómplice en la política de desprestigio docente que, según las nuevas autoridades educativas federales caracterizó a sus predecesores en su labor de la implementación de una reforma, a la que no le reconocen valor educativo, sino simplemente administrativo-laboral.
Similar a lo que ocurrió con las últimas cuatro reformas educativas, los objetivos que se pretenden alcanzar no son muy distintos: excelencia educativa, con educación incluyente y con equidad de oportunidades. Sin embargo, ningún detalle de los cómos, para ahora sí cumplir con dichas metas, está retratado ni en la exposición de motivos ni en el texto constitucional propuesto, quizá dejando esas particularidades para su incorporación posterior a la legislación secundaria que se discuta en caso de ser aprobada la reforma constitucional propuesta. Parecen ser pocas las estrategias educativas de la administración anterior que sobrevivirán el cambio sexenal. Hay, no obstante, eliminación de aspectos muy relevantes del marco jurídico vigente que podrían significar un retroceso educativo.
De manera preocupante destacan 1) la eliminación del Servicio Profesional Docente y 2) la desaparición del INEE, aspectos que reflejan una profunda motivación política más que una estrategia de mejora educativa. En primer lugar, uno de los logros de la reforma que se pretende derogar es quitar los cimientos constitucionales a las reglas de ingreso y ascenso para el desarrollo de la carrera profesional de los docentes, en el que el mérito antes que las conexiones, herencia o prácticas de corrupción marquen la posibilidad de que los docentes avancen en su carrera dentro del magisterio.
Hoy el artículo tercero constitucional establece que “el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”. Además, se elimina la garantía constitucional para evitar que todo ingreso y ascenso que no sea a partir de los concursos de oposición sea considerado nulo. Todo esto desaparece en la propuesta del presidente López Obrador para ser sustituido por la mención a un Servicio de Carrera Profesional del Magisterio a cargo de la federación, cuyos detalles serán definidos por la ley secundaria.
Asimismo, se propone derogar la Ley del Servicio Profesional Docente. Peor aún, en los artículos tercero y séptimo transitorios se contempla que, en tanto se apruebe la nueva legislación secundaria (dentro de 6 meses, una vez aprobada la reforma constitucional), quedarán suspendidos todos los mecanismos de evaluación docente para ingresar o promocionarse en el servicio profesional docente. Lo mismo ocurre con cualquier efecto en la permanencia del empleo de las evaluaciones magisteriales realizadas con anterioridad.
Si bien se reconoce la necesidad de replantear los efectos laborales de la evaluación del desempeño de los docentes –dada la importancia de mejorar los instrumentos de evaluación y sobre todo la calidad de los cursos de capacitación y las tutorías a los maestros con base en los resultados de sus evaluaciones- es necesario advertir de las consecuencias negativas para la operación del sistema educativo al suspender todas las evaluaciones de ingreso y ascenso en el servicio docente.
¿Qué sucederá con los miles de maestros que se evaluaron en agosto pasado para aspirar a una posición de director, supervisor o asesor técnico pedagógico tanto en la educación básica como en la educación media superior? Sus resultados son válidos por un año de acuerdo al marco vigente, lo que les permitiría a los mejores aspirantes, con base en el orden de prelación de sus evaluaciones, obtener la posición directiva por la que concursaron. A quienes obtuvieron estos mejores resultados, ¿simplemente se les dirá que ya no cuenta su esfuerzo para aspirar a una mejor posición en el servicio profesional y por ende no podrán hacerse acreedores a sus nuevas posiciones de dirección? ¿Cómo se plantea nombrar a los directores de primarias, secundarias, preparatorias, etc. en los planteles en que dichas posiciones han quedado vacantes por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncias, etc.? ¿Qué pasará con las plazas vacantes de supervisores y asesores técnico pedagógicos?¿Qué sucederá en el caso de los directores de preparatorias y demás planteles de educación media superior que se evaluaron en noviembre para ver si pueden seguir en su puesto directivo o si necesitan ser sustituidos por nuevos directores? En el sistema educativo hay un ciclo normal de jubilaciones que se acelera hacia finales de año, por lo que en enero tiene que sustituirse al personal directivo y magisterial que haya dejado sus puestos en estas últimas semanas. ¿Cómo se cubrirán las miles de plazas vacantes todo el próximo año mientras se aprueba el nuevo marco jurídico secundario, lo cual, puede suceder hasta agosto-septiembre del próximo año?
¿Qué mecanismo se pretende implementar si está suspendido absolutamente toda evaluación con estos propósitos? El nuevo líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, tiene claro cómo llenar estas necesidades de plazas docentes y directivas: mediante la exigencia de que se le otorgue el 50% de las plazas vacantes al sindicato, para que éste las reparta a sus miembros (familiares e hijos), tal y como lo hacía antes de la reforma que se pretende derogar (aquí el video con sus afirmaciones). Hasta ahora ni el presidente López Obrador ni Esteban Moctezuma han refutado la aspiración del nuevo liderazgo magisterial.
En segundo lugar, en el caso del INEE, la iniciativa menciona que al instituto se le “percibió como un instrumento persecutor del magisterio”, sin que los promotores del documento den prueba alguna de dicha afirmación, pero afirmando que esto es motivo suficiente para su cancelación. La desaparición del INEE, también resulta uno de los retrocesos más profundos para nuestro sistema educativo, al intentar acabar con el trabajo de 15 años en los que se ha buscado construir un órgano que sirva como contrapeso a las acciones tomadas por las autoridades educativas federal y de los estados. Recordemos aquellos actos en que las autoridades en la materia, por limitaciones técnicas y políticas, no fueron capaces de brindarnos información objetiva, confiable y pertinente del estado de nuestro sistema educativo. Por ejemplo, tres años atrás, carecíamos de un diagnóstico de las condiciones en las que estudian los niños de comunidades indígenas o que pertenecen a familias jornaleras, información que hoy conocemos gracias al impulso que el INEE dio al estudio de la desigualdad del sistema educativo nacional. De forma similar, un estudio independiente realizado por el instituto señaló las limitaciones en la ejecución del programa de mejora de infraestructura educativa implementado por la autoridad educativa federal y de los estados en el sexenio anterior.
Sin duda alguna hay aspectos fundamentales que el INEE tiene que mejorar y así lo hemos manifestado públicamente tanto en su Consejo Social como en distintos foros académicos y en los medios de comunicación. Muchos de los indicadores educativos novedosos como el de egreso oportuno o las implicaciones de las evaluaciones a estudiantes mediante la prueba PLANEA tienen que ser mucho más accesibles y útiles a maestros, directores y padres de familia. Las directrices que el instituto ha realizado en distintos ámbitos educativos como las de las normales y las correspondientes a educación media superior tienen que tener un seguimiento puntual en las entidades, para saber cómo las autoridades las adaptan a las políticas educativas para mejorar los resultados en esta materia.
No obstante, la iniciativa en vez de enfocarse en cómo mejorar lo avanzado y corregir las omisiones del instituto, promueve su desaparición para sustituirlo con un nuevo organismos denominado Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua, al cual se le quita de su autonomía constitucional y se le regresa al ámbito de su dependencia federal en la Secretaría de Educación Pública. Se promete un consejo consultivo integrado por 7 miembros (académicos, docentes, especialistas, padres de familia entre otros) pero todos nombrados por la SEP sin consulta alguna al Senado como ocurre actualmente con la junta directiva del INEE, nombrada por mayoría de los senadores.
Se antoja complicado, por decir lo menos, que un centro dependiente de la SEP pueda ser capaz de señalar críticamente las fallas de implementación del proyecto educativo de la administración en turno. Por ejemplo, en las directrices de educación media superior el INEE encontró problemas en la forma en que las becas fueron distribuidas por las autoridades educativas y planteó propuestas para mejorar su focalización, de forma que se apoye realmente a quien más lo requiere y así evitar la duplicación y mal uso de su presupuesto (INEE 2017). Para el nuevo gobierno, el sistema de becas es fundamental. ¿Podrá un centro como el planteado por la propuesta presidencial asumir una postura de evaluación crítica propositiva en caso de que la SEP falle en la distribución de los recursos en dicho programa?
De igual forma la propuesta presidencial reconoce la necesidad de la formación de los docentes como una política fundamental para garantizar el desarrollo de los mejores profesores frente a grupo. Sin embargo, este anuncio no es novedoso, pues las cuatro reformas previas hicieron promesas similares. Los resultados de los programas de capacitación docentes son cuestionables hasta ahora. Existen dudas sobre su calidad, pertinencia y eficacia para atender las necesidades de los maestros, en particular en educación básica. ¿Qué lecciones se han obtenido de las fallas en esta materia para que la nueva estrategia de formación realmente cumpla con la promesa de capacitar correctamente a los maestros de las escuelas públicas del país?
A través de los programas anteriores de formación y capacitación docente se ha logrado que hoy 90% de los maestros en planteles públicos tengan estudios de licenciatura o posgrado. Incluso 9 de cada 10 docentes dedica en promedio 80 días de un ciclo escolar a capacitarse (el doble del tiempo de sus pares en otros países de la OCDE). Sin embargo, pese a estos números aún no tenemos cambios importantes en los aprendizajes de nuestros alumnos: con base en los resultados de la prueba PISA nuestros jóvenes mejoran en promedio cada año 2.7 puntos en matemáticas y 1.1 puntos en lenguaje y comunicación. Un ritmo bastante lento, si se comparan los avances observados en Colombia, Perú o Chile, países con condiciones similares de desarrollo a las nuestras. A esto agreguemos que, pese al tiempo que dedican a capacitarse, 1 de cada 5 docentes declara no sentirse preparado en el contenido de la materia que enseña y 1 de cada 7 profesores, sienta falta de preparación en el aspecto pedagógico (OCDE 2014, BID 2016, INEE 2018).
Si bien el elemento docente no es el único factor detrás de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, sí es un factor fundamental y para ello, brindarles formación y capacitación que les permita poder tener un desempeño pedagógico eficaz en el aula es fundamental. Lamentablemente el país está aún en deuda con el magisterio en este rubro, por lo que es fundamental que las nuevas autoridades respondan a la brevedad ¿Qué aprendizajes se obtuvieron de las fallas en la formación docente brindada por la reforma que se busca derogar, para que ahora el nuevo centro de revaloración del magisterio brinde cursos útiles de calidad que realmente tengan un impacto en el desempeño de nuestros docentes frente a las aulas del país? (Es preciso señalar que a dicho centro se le asigna además de la función de la evaluación de la política educativa, la de la formación docente).
A las dudas planteadas hay que sumar la de la viabilidad de hacer universal el derecho al acceso a la educación superior como plantea la propuesta gubernamental. El país enfrentará múltiples retos en este rubro, cuya promesa es más fácil incorporar a la constitución que brindar los elementos necesarios para hacerla una realidad. Baste recordar que desde 1992 el país incorporó al artículo tercero constitucional el derecho universal a la educación secundaria, pero 26 años después al menos 1 de cada 5 jóvenes mexicanos no cursa este nivel educativo. Lo mismo ocurre en preescolar y media superior, derechos reconocidos en 2000 y 2012 respectivamente, aunque en 2018 tan sólo se tiene 73% y 62% de cobertura neta.
Como lo han señalado nuestros colegas de Mexicanos Primero, preocupa, además, que el derecho a la primera infancia sea omitido de la constitución, lo cual es un contrasentido dado el énfasis en la igualdad que la iniciativa presidencial dice promover. Distintas investigaciones han demostrado que la educación temprana –que se brinda entre los 0 y 3 años de edad, tiene un impacto fundamental en el desarrollo educativo del futuro de los estudiantes. En esta edad más de la mitad de las conexiones sinápticas que permiten a las personas pensar, ver, escuchar y hablar se conforman. Es la edad en que el cerebro humano es más receptivo. Además, los estudios sugieren que la inversión en esta formación educativa arroja retornos sociales muy altos, superiores a la observada en inversión en otros niveles educativos (Heckman, 2012, 2013; Chia, et al, 2017). Por ende, ¿cuál es el argumento de eliminar dicho precepto del marco constitucional?
Consistente con las promesas redistributivas del nuevo gobierno, en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial destaca la necesidad de atender las desigualdades educativas, de forma que la educación sí sea un instrumento eficaz para abatir las brechas sociales y pueda ser el vehículo de movilidad social por excelencia. Como lo ha demostrado el Centro Espinosa Yglesias hasta ahora la educación no ha servido para impulsar la movilidad social en nuestro país (CEEY 2018). Si bien, se tendrá que analizar con mayor detenimiento en trabajos posteriores, es imprescindible que los promotores de la nueva reforma educativa nuevamente aprendan de los errores ajenos de quienes también prometieron una agenda de equidad educativa, pero que en los hechos distribuyeron reiteradamente recursos del erario de forma regresiva, ineficaz y lamentablemente, en ocasiones, con corrupción. Sabemos por el INEE y otros estudios de especialistas y académicos, que las autoridades no han focalizado correctamente la inversión educativa para atender a los alumnos más pobres y a los estados con mayor marginación. En México difícilmente rompemos las trampas de la pobreza a través de la educación. Por ejemplo, invertimos 2 veces más recursos en un alumno pobre que vive en una entidad con menor marginación como Baja California que en un estudiante en la pobreza que vive en Chiapas (ver gráfico).
Fuente: Elaboración del autor con información obtenida de la SEP.
¿Qué esquemas compensatorios se desarrollarán eventualmente en el marco jurídico y se derivarán en políticas educativas focalizadas y redistributivas? Pregunta esencial de cara a la promesa de equidad con aprendizaje de excelencia e inclusión que promueve la iniciativa presidencial. Se habla de la importancia de brindar educación bilingüe a los alumnos indígenas, pero hoy hay al menos 724 mil niños indígenas que acuden a planteles en los que el profesor no habla su idioma.
El tamaño de los retos educativos que enfrenta el país difícilmente pueden atenderse si otra vez las nuevas autoridades, como lo han hecho varios de sus predecesores, pretenden reinventar la rueda educativa y construir políticas prácticamente desde cero y con nulo aprendizaje de las experiencias fallidas y exitosas de lo realizado en materia educativa tanto en México como en el ámbito internacional. Lamentablemente el desprecio por el uso de la evidencia como guía de la política pública ha sido muy oneroso para nuestros estudiantes. Vendrán semanas de intensos debates, en las que esperemos se privilegie la discusión informada, debates en los que se tendrá que hacer el máximo esfuerzo por acotar lo más posible la politización del discurso educativo.
Los derechos a condiciones dignas de trabajo del magisterio, para que puedan a partir de su buena formación, aspirar a desarrollar su carrera como docentes y en la que el mérito de su trabajo sea el motor de su crecimiento, deben prevalecer sobre distorsiones a derechos malentendidos de herencia o control de plazas magisteriales. Los trajes que supuestamente se buscó desarrollar a la medida de las necesidades magisteriales deben ser revisados sustantivamente, de forma que la autoridad pueda dar cuenta de la calidad de la oferta de capacitación que brinda a los docentes. Sin embargo, al centro de esta discusión debe prevalecer la preocupación central de brindar una educación de calidad a los niños y jóvenes que les permita su desarrollo como ciudadanos activos, críticos y responsables. Una educación que debe corregir tanto las omisiones y deficiencias de los aprendizajes del siglo XX al tiempo que permita que, mediante una fuerza magisterial de excelencia, abordar eficazmente las habilidades requeridas en el siglo XXI.
Pensar que es posible el borrón y cuenta nueva, máxime que se están observando en el mundo los efectos laborales del cambio tecnológico y su demanda por mejores habilidades educativas en los individuos, sería un error que terminaría por minar sustantivamente los esfuerzos para brindar la equidad de oportunidades con excelencia que requieren todos los estudiantes mexicanos, pero en particular sería muy costosa para aquellos provenientes de los sectores menos favorecidos a los que reconoce como prioridad el presidente López Obrador.
* Marco Antonio Fernández es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno e investigador asociado de México Evalúa. Laura Noemí Herrera es investigadora en @mexevalua.
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