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Estudio: Las tasas más altas de mortalidad infantil están vinculadas a un mayor crecimiento de la población

Un nuevo estudio que demuestra que las elevadas tasas de mortalidad infantil contribuyen al incesante aumento de la población humana mundial apoya los argumentos a favor de un mayor acceso a la anticoncepción y la planificación familiar en los países de renta baja y media.

La investigación, publicada en la revista ‘PLOS ONE’ y dirigida por el profesor Corey Bradshaw, catedrático de Ecología Global de la Universidad Flinders, y Peter Le Souëf, catedrático de Pediatría de la Universidad de Australia Occidental, ha descubierto que, con tasas de mortalidad infantil más elevadas y un mayor tamaño de los hogares (como indicador de la densidad de población), las tasas de fertilidad son más altas.

En el primer estudio de este tipo, el profesor Bradshaw afirma que proporciona un argumento convincente de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para reducir la mortalidad infantil pueden acelerarse aumentando el acceso a la planificación familiar.

«Aunque suene contraintuitivo, las tasas más altas de mortalidad infantil están vinculadas a un mayor crecimiento de la población, porque cuantos más bebés pierde una mujer, más hijos es probable que tenga. La planificación familiar, incluido el acceso a anticonceptivos de calidad, permite a las mujeres planificar mejor los embarazos y, por tanto, reducir la mortalidad infantil para frenar el llamado efecto ‘reemplazo’ o ‘seguro'», afirma el profesor Bradshaw.

«Evaluamos seis condiciones que se cree que influyen en la fertilidad de una mujer –añade–: disponibilidad de planificación familiar, calidad de la planificación familiar, educación, religión, mortalidad y condiciones socioeconómicas, en 64 países de ingresos bajos a medios».

La investigación comprobó específicamente si el aumento de la disponibilidad de servicios de planificación familiar se asocia a la reducción de la fecundidad; si el aumento de la calidad de los servicios de planificación familiar está asociado a la reducción de la fecundidad; si el aumento de los años de educación femenina se asocia a la reducción de la fecundidad, y si el aumento de la fecundidad se observa en países con una mayor prevalencia de fieles del catolicismo o el islam, dos religiones principales que dictan expresamente elementos de la fecundidad y/o la estructura familiar.

Además, investigó si un mayor tamaño medio del hogar está positivamente correlacionado con la fecundidad, así como con unas condiciones socioeconómicas más bajas; ysi una mayor mortalidad (tanto infantil como materna) se asocia a una mayor fecundidad.

La coautora del estudio, la doctora Melinda Judge, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Australia Occidental, afirma que «mantener vivos a los bebés reduce la fertilidad media y ayuda a frenar el crecimiento demográfico. Esencialmente, una mayor mortalidad infantil y un mayor tamaño de los hogares aumentaron la fecundidad, mientras que un mayor acceso a cualquier forma de anticoncepción la redujo», añade.

«Curiosamente, la educación femenina, las visitas a domicilio de los trabajadores sanitarios, la calidad de los servicios de planificación familiar y la adhesión religiosa tuvieron una contribución débil, si es que tuvieron alguna, a escala de países enteros», precisa.

El profesor Bradshaw afirma que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 (buena salud y bienestar) y 5 (igualdad de género) de las Naciones Unidas hacen hincapié en el derecho básico a ejercer el control sobre la salud sexual y reproductiva mediante el acceso universal a la planificación familiar.

El mundo no va por buen camino para cumplir el Objetivo 3 de reducir la mortalidad materna mundial a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos y poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y niños menores de 5 años para 2030, advierten.

«Nuestros resultados muestran que el mejor camino para alcanzar estos objetivos es proporcionar servicios de planificación familiar de alta calidad y de fácil acceso -explica Bradshaw–. Estas acciones no sólo reducirán las tasas de fertilidad, sino también el número de embarazos no deseados, muertes infantiles y maternas».

E insiste en que «estos resultados respaldan la idea de que, para fomentar un descenso continuado de la fecundidad mundial, es necesario aumentar tanto las tasas de supervivencia infantil como el acceso a los métodos anticonceptivos».

Por su parte, la coautora Chitra Saraswati, también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Australia Occidental, afirma que «las recomendaciones de medidas para reducir la mortalidad infantil hacen hincapié en mejorar la calidad de la atención prenatal, aumentar el número de personal sanitario formado en los partos y mejorar la atención posnatal tanto para los bebés como para las madres. Dada la evidencia de que los hogares numerosos pueden empeorar la salud infantil, la mejora de las condiciones de vida para paliar la alta densidad de población también podría redundar indirectamente en una menor fertilidad», apunta.

Por ello, indica que «permitir que los padres elijan la planificación familiar proporcionando métodos anticonceptivos modernos y fácilmente disponibles puede mejorar la supervivencia infantil y reducir la mortalidad materna. Esto se debe a que los padres pueden planificar y espaciar sus nacimientos, y poder decidir tener menos hijos también tiene el potencial de facilitar una mejor inversión en la salud y el bienestar general de las familias». Y destaca la importancia de facilitar el acceso a la anticoncepción como contribución directa a la disminución de la mortalidad infantil.

«Si no actuamos ahora para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la fecundidad aumentará, morirán más niños y más mujeres sucumbirán a muertes relacionadas con el parto», concluye Bradshaw.

Fuente: https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-tasas-mas-altas-mortalidad-infantil-estan-vinculadas-mayor-crecimiento-poblacion-20230227073048.html

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El rostro de la esclavitud moderna en el Líbano

Rahim Teshome llegó a Beirut cuando tenía 15 años por medio de una ‘kafala’, un sistema de patrocinio por el que empresas y familias importan mano de obra barata. Nunca le pagaron, le confiscaron su pasaporte etíope y la violaron. Su historia es la de miles de trabajadoras domésticas

Rahim Teshome habla de Etiopía como si no fuese el país que la vio nacer. No siente nostalgia ni apego por sus raíces. A sus 26 años recuerda su infancia con mucha distancia pues, desde muy temprana edad, supo que su futuro no estaba Adís Abeba. Con tan solo seis años quedó a cargo de sus hermanas mayores tras la muerte de sus padres. “Era muy pequeña, la vida era difícil, iba a escuela, no teníamos comida y por ello decidí salir”, recapitula. En 2012 tenía 15 años y una vecina le recomendó marcharse al Líbano, como había hecho su hija, bajo el sistema de la kafala.

Kafala en árabe significa protección y, en origen, era la fórmula prevista en el derecho islámico para la acogida de huérfanos. Sin embargo, en las últimas décadas se ha convertido en el medio usado por las empresas y particulares para importar mano de obra barata a los países del Golfo y Oriente Próximo, principalmente en sectores como el de las labores domésticas o la construcción.

“Me dijeron que iba a trabajar con una familia, que me arreglaría los papeles y que cobraría un sueldo para ayudar a mis hermanas”, asegura sonriendo mientras rememora lo que iba a ser el plan perfecto de una niña que soñaba con salir de la pobreza. Embarcó con otras 150 menores de edad etíopes; ninguna sabía ubicar el Líbano en el mapa, pero estaban convencidas de que, desde su nuevo destino, iban a poder ayudar a sus familias. “El viaje fue muy largo. Estuvimos varios días en un aeropuerto de Yemen sin comida y durmiendo en el suelo”, dice Teshome.

Rahim Teshome mira hacia el exterior a través de una ventana de la sede del Anti-Racism Movement (ARM), en Beirut. Llegó al Líbano cuando tenía 15 años, le confiscaron el pasaporte y la violaron. Su historia se repite entre los miles de trabajadoras domésticas extranjeras.
Rahim Teshome mira hacia el exterior a través de una ventana de la sede del Anti-Racism Movement (ARM), en Beirut. Llegó al Líbano cuando tenía 15 años, le confiscaron el pasaporte y la violaron. Su historia se repite entre los miles de trabajadoras domésticas extranjeras.BRAIS LORENZO

“Me duele mucho recordar las condiciones en las que llegué. Tenía mucha hambre y estaba agotada”, añade. Fue a buscarla la madame, título con el que se refiere a su empleadora, la señora que la acogió como empleada doméstica y que desde entonces se convirtió en su dueña. Así lo establecen las normas de extranjería, que otorgan a los empleadores un control absoluto sobre “sus patrocinados”.

Fara Baba, portavoz del Anti-Racism Movement (ARM), lo explica: “En determinados sectores, no están amparados por el Código del Trabajo libanés. El Código de la kafala le da el poder al que da empleo y no protege a las trabajadoras como en este caso. Por eso lo llamamos una esclavitud moderna”. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) denuncia que se trata de un círculo vicioso de salarios bajos y falta de protección social. “El sistema vigente va en contra del reconocimiento del servicio doméstico como un empleo decente. Algo que afecta tanto a migrantes como a nacionales que pudieran estar interesadas en formar parte de este sector”, detalla Zeina Mezher, portavoz de Migración Laboral de la OIT para el Líbano.

Según datos oficiales, hay unas 250.000 mujeres migrantes, procedentes de África y del sudeste asiático, que son trabajadoras domésticas en un país de seis millones de habitantes. “Por nuestra experiencia sobre el terreno sabemos que este número es mucho mayor. El propio cónsul de Etiopía afirmó el año pasado que había alrededor de 450.000 ciudadanos etíopes aquí. Esto significa que el número total es mucho mayor”, aclara Baba.

El problema no era el trabajo. El problema no era mi agotamiento físico y mental. Mi problema es que me violaban el hijo y el padre de la familia

Teshome no tardó en darse cuenta del peso que caía sobre su espalda: “Me vi con 15 años gestionando una casa. Todo, absolutamente todo, lo tenía que hacer yo. Cuidaba desde los más pequeños hasta a los más mayores. Trabajaba las 24 horas del día, los siete días de la semana; y nunca me pagaban”, denuncia la joven llena de indignación. “Para comer o beber agua tenía que esperar a que la madame se marchara”, relata sobre las condiciones en las que vivía.

Cada vez habla más atropellada, como si necesitara contarlo todo, antes de que la sorprendan. Los gestos y la mirada la delatan, pese al esfuerzo que hace por disimular la angustia al recordar las atrocidades vividas. Se interrumpe y busca el aire que parece escapársele sin remedio; se frota las manos sobre las rodillas como quien busca el modo de coger impulso y enfrentarse a una realidad que no consigue dejar atrás. “El problema no era el trabajo. El problema no era mi agotamiento físico y mental”. Vuelve a hacer una pausa. “Mi problema es que me violaban el hijo y el padre de la familia”. De nuevo, el silencio.

“Ahora quiero denunciarlo y no me importa decirlo. Muchas chicas se suicidan tras sufrir abuso sexual”, anuncia con decisión. Además, insiste en que vienen de “sociedades muy conservadoras” en las que, si pierden la virginidad, son repudiadas. “Aunque hayamos sido violadas, nos consideran culpables”. La experiencia de su joven vida la ha llevado a entender que la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo, es estructural. Este tipo de abuso es más probable que suceda cuando las que trabajan a “puerta cerrada y con poca interacción con el mundo exterior”, recalca la portavoz de la OIT para Líbano. “Se hace aún más posible en un ambiente de trabajo desprotegido y donde el sistema priva a estos empleados del derecho a vivir y hacer su labor con dignidad”.

Desde el Movimiento Antirracista libanés resaltan que muchas de las muertes de trabajadoras domésticas son consideradas suicidio por las autoridades libanesas. “Para evitar abrir una investigación sobre las acusaciones de abuso y homicidio por parte de los empleadores”, explica su portavoz. Aseguran que es habitual que estos aleguen que “su protegida” tenía problemas de salud mental con el fin de presentar su muerte como autoinfligida y, por lo tanto, desentenderse de cualquier responsabilidad, pese a la existencia de denuncias por abusos. “Las Fuerzas de Seguridad Interna (ISF) calculan que, entre 2008 y 2018, 1.366 mujeres se habían quitado la vida en el Líbano, de las que el 13,4% eran inmigrantes etíopes”, añade Baba.

“Hace unos días, una joven etíope embarazada por violación fue expulsada del país por la familia que la empleaba. Volvió a Etiopía a criar al bebé y es que abortar no está bien visto”, denuncia. En el caso de Teshome, el hijo de la familia donde trabajaba comenzó el acoso, primero sutilmente, luego exigiéndole que le enseñara su ropa interior, después se desnudaba delante de ella y, finalmente, aprovechando los momentos en los que su madre no estaba, pasó a violarla. “Cuando le dije a la madame que su hijo me pedía cosas extrañas, me exigió que le obedeciera, que era mi hermano”, asevera. “Al cabo de un tiempo, su marido también empezó a violarme”.

Finalmente, Teshome, después de que el hijo la agrediese sexualmente por la mañana y el padre por la tarde, decidió jugársela y escapar. “Me tiré por el balcón de un segundo piso. Tenía que elegir entre la vida o la muerte”, zanja. Se salvó, pero había huido con lo puesto y sin su pasaporte, en poder de la madame. Se levantó del suelo magullada, se escondió en un callejón hasta recuperarse y tomar una decisión. Al poco, ya había puesto rumbo a Beirut, la capital.

Rahim Teshome habla con Fara Baba, portavoz del Anti-Racism Movement (ARM). Según datos oficiales, hay unas 250.000 mujeres migrantes, procedentes de África y del sudeste asiático, que son trabajadoras domésticas, pero las ONG estiman que son muchas más.
Rahim Teshome habla con Fara Baba, portavoz del Anti-Racism Movement (ARM). Según datos oficiales, hay unas 250.000 mujeres migrantes, procedentes de África y del sudeste asiático, que son trabajadoras domésticas, pero las ONG estiman que son muchas más.BRAIS LORENZO

“Me quedé deambulando en las calles y con mucho miedo a la policía porque era una persona ilegal”, relata. En la capital se juntó con otras jóvenes etíopes que también se habían escapado y desde entonces ha hecho todo tipo de trabajos para salir adelante. “He limpiado muchos bares, casas y almacenes. He trabajado en cocinas y en hoteles. A veces me pagaban, pero muchas otras me decían que, como era ilegal, no podía cobrar”, concluye.

Según Baba, la crisis en el Líbano, agudizada por la pandemia, ha creado más conciencia sobre las terribles condiciones de las mujeres migrantes bajo el sistema de la kafala. Muchos empleadores, con el desplome de la libra libanesa, ya no podían pagar los salarios. En lugar de repatriar a las empleadas con el depósito que abonaron cuando las contrataron, las mantienen sin sueldo y abusando de ellas; otros prefieren abandonarlas en las puertas de sus respectivos consulados, “sin haberles pagado y sin devolverles sus pasaportes”, asegura Baba.

En 2020, un grupo técnico coordinado por la OIT trasladó al Ministerio de Trabajo un plan de acción para desmantelar la kafala que permitiría rescindir los contratos por parte de los empleados domésticos migrantes. En segundo lugar, este aborda todos los componentes del trabajo forzoso, “como la confiscación de pasaporte, el retraso en el pago de estipendios o el abuso horario”, asegura Mezher. Sin embargo, subraya que erradicar está práctica es un camino complicado: “El reconocimiento oficial de que es un sistema abusivo que pone en riesgo vidas humanas es un punto de partida crucial”.

Hay trabajadoras domésticas que deciden volver a sus países, aunque no es fácil por temas burocráticos. “Cuando hablaba con mis hermanas, me decían que tenían a un hombre dispuesto a casarse conmigo. Era mayor, pero les daría una buena dote”. Para Teshome, regresar no estaba en sus planes, pues “habría sido transitar de una cárcel a otra”.

Lo he perdido todo, incluso mi libertad y mi dignidad. Me he ahogado tantas veces en el país de los cedros, que no me da miedo el mar

Líbano atraviesa una de las crisis económicas más graves de su historia moderna y, según la OIT, esto ha hecho bajar la demanda de empleadas domésticas. Denuncian que las agencias de contratación todavía están tratando de identificar nuevos mercados en el intento de motivar a mujeres a trabajar en el país árabe. “Existe un alto riesgo en tales tendencias, ya que las inmigrantes no cuentan con conocimientos suficientes sobre el contexto laboral y carecen de vías de buscar ayuda si es necesario”, asegura Mezher.

Para Teshome, la vida en las calles de Beirut también fue igualmente traumática. “Te ven una mujer negra y se creen que pueden hacer contigo lo que quieran”. Finalmente, se casó con un sudanés. “Necesitaba tener un apoyo y seguridad”, se justifica. “Esta es una sociedad machista. Es mejor casarme a que me violen. Nadie tiene por qué acosarme en la calle o en las casas”.

Rahim Teshome ayuda a su hijo, de seis años, a realizar las actividades escolares en el interior de su casa. “Tengo mucho miedo por él, pero debo garantizarle un lugar seguro. Si aquí el Estado no se hace cargo por el sistema de la kafala implantado, tendremos que buscar alguna solución”.
Rahim Teshome ayuda a su hijo, de seis años, a realizar las actividades escolares en el interior de su casa. “Tengo mucho miedo por él, pero debo garantizarle un lugar seguro. Si aquí el Estado no se hace cargo por el sistema de la kafala implantado, tendremos que buscar alguna solución”.BRAIS LORENZO

Pese a todo, su vida no ha cambiado demasiado, puesto que aún vive con el temor a ser detenida; lo que ha hecho puede ser motivo de cárcel o deportación. Además, no tiene papeles y sabe que jamás los tendrá y, aunque ahora tiene un hijo nacido en el Líbano, este también está en situación irregular. “La madame me dijo que mientras ella viviera, yo nunca tendría mi permiso de residencia”. La preocupación de Teshome ahora es su niño de seis años; cuando cumpla los diez, sin el permiso de residencia, no podrá ir al colegio. Su vida está limitada al trayecto de la escuela a casa. “No puedo dejarle jugar por si le pasa algo; sin documentación, pueden quitármelo”.

Ahora, su único objetivo es tener papeles. Pero lo sabe inalcanzable, ya que necesita el visto bueno de la madame y cree que ella no dará su brazo a torcer. Ahora, Teshome está preparándose para volver a emigrar. “Tengo mucho miedo por mi hijo, pero tengo que garantizarle un lugar seguro. Si aquí el Estado no se hace cargo por el sistema de la kafala implantado, tendremos que buscar alguna solución”. No tiene una fecha marcada en el calendario, pero su intención es marcharse a Turquía y de ahí intentar llegar a Europa cruzando el Mediterráneo. “Lo he perdido todo, incluso mi libertad y mi dignidad. Me he ahogado tantas veces en el país de los cedros, que no me da miedo el mar”.

Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-03/el-rostro-de-la-esclavitud-moderna-en-el-libano.html

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Se dispara la pobreza extrema en Venezuela: el 76,6% de su población vive con menos de 1,2 dólares al día. Estudio de la Universidad Católica Andrés Bello

La nueva Encuesta de Condiciones de Vida, realizada por tres universidades, alerta del aumento de la desigualdad en el país, con ocho millones de personas sin empleo.

La Venezuela sin gasolina es más desigual y también más pobre. La nueva Encuesta de Condiciones de Vida, presentada este martes por la Universidad Católica Andrés Bello, muestra cómo el agravamiento de la pobreza en el país el último año estuvo muy relacionado con la crisis de abastecimiento de combustible y la reducción de la movilidad. El estudio es también el retrato de un país que dejó de ser petrolero, donde el 94,5% de la población es pobre y el 76,6% está por debajo de la línea de pobreza extrema, con ingresos inferiores a 1,2 dólares por día.

Los datos evidencian que las medidas del Gobierno contra el virus de la covid terminaron de catapultar la crisis. Las iniciativas para frenar la pandemia, en un país una circulación del virus similar a las de las naciones más aisladas, le han costado un año y medio fuera de las aulas a los niños y la paralización de parte del sector productivo, con un esquema de siete días de cuarentena seguidos de siete días de apertura. “Copiar las medidas anticovid de países con contagios como los de Latinoamérica, cuando no los tenemos, reforzó la recesión”, explica uno de los investigadores de la Encovi, el sociólogo Luis Pedro España.

Las diferencias entre los empleados del sector público y privado también se han ampliado. En el sector privado el 58% de los trabajadores están en condición de pobreza extrema, en el sector público la cifra alcanza al 75%. Por el contrario, en el sector privado casi el 10% no son pobres, mientras en el público solo el 4% se salva de esta situación. La precariedad del empleo en el sector público fue advertida por Michelle Bachelet en su último informe sobre Venezuela. Un funcionario puede ganar hasta 12 dólares al mes, un empleado del sector privado, en promedio, recibe 38 dólares al mes, y por cuenta propia 32 dólares al mes.

Con estos números se cuantifica la desigualdad, que los investigadores ubican en 0,56 puntos este año, la más grande la región, si te toma como referencia los índices de 2019 en los que Brasil, el más desigual entonces, registraba 0,53 puntos. “La sociedad venezolana está más o menos igualada en la pobreza en un 90%, hasta el último tramo, especialmente en el último decil de la población donde se abre la brecha de los más ricos”, señala España. En 10% de los venezolanos se queda el 40% del ingreso nacional y este grupo puede ser hasta 15 veces más ricos que el estrato anterior.

Aun con esos datos, agrega el sociólogo, el problema de Venezuela hoy no es la desigualdad sino la paralización de la producción y la abismal caída de los ingresos del país de 90.000 millones de dólares en 2012 a 5.000 millones en 2020, en su mayoría por exportaciones no petroleras privadas, una evidencia del fin de la economía petrolera y en manos del Estado. “Si distribuyéramos todo el ingreso equitativamente entre las familias, el promedio per cápita sería de 30 dólares por venezolano al mes, es decir un dólar por persona al día, un escenario en el que todos seríamos pobres extremos”, añade.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha desarrollado una intensa política de transferencias directas de dinero a través de bonos en bolívares. En el caso de los hogares en pobreza extrema, los ingresos llegan a 36 dólares mensuales y los aportes del Gobierno superan los 50 dólares, casi 76% de sus ingresos, por lo que estas personas dependen totalmente de los bonos. Aun así, se necesita incrementar más de 30 veces esas asignaciones para poder sacar a esas familias de la pobreza extrema.

Los que ya no están

La Encovi reúne el análisis de más de 17.000 encuestas con más de 800 preguntas a hogares y se ha convertido en los últimos siete años en el único medidor fiable de la profunda crisis que atraviesa Venezuela, ante la total opacidad gubernamental sobre indicadores demográficos, económicos y sociales y de rendición de cuentas. De acuerdo a los datos, se estima que al menos 340.000 niños dejaron de nacer en Venezuela en cinco años. El impacto de la migración, las potenciales madres que se fueron, y el aumento de la mortalidad infantil a 25,7 por cada 1000 nacidos vivos, la misma de hace 30 años, ha modificado la pirámide poblacional del país. “Las condiciones de vida han llevado a que las generaciones que nacieron entre 2015 y 2020 tengan tres años menos de vida que las que precedieron a la crisis”, señala Anitza Freites, coordinadora de la investigación.

El crecimiento demográfico en el último quinquenio fue negativo, del -1,1%. Los venezolanos en Venezuela son 28,7 millones. “Tenemos un país más empobrecido y más pequeño en términos demográficos”. Más de cuatro millones, el 90% de entre 15 y 49 años de edad, se han ido en los últimos cinco años. La razón del éxodo se mantiene: falta de empleo. Una segunda razón para irse, la reagrupación familiar, empieza a ganar peso y evidencia las dimensiones del éxodo.

Escuelas cerradas

El impacto de la pandemia en la educación se evidencia en los que no están. La cobertura educativa cayó en cinco puntos en tan solo un año y cerca de la mitad de los niños ya no accede a la educación inicial. “En todos los niveles hubo disminución, pero en la educación inicial y universitaria —que ya venía cayendo— se registró un gran bajón”, dice Freites.

El contexto de la casi inviable educación a distancia obligó a tomar decisiones a las familias sobre quién se queda en el sistema educativo y quien no, restándoles oportunidades a los más pequeños, que quedaron a cargo de las madres y asumieron el reemplazo educativo en el 78% de los hogares. “El proceso educativo es acumulativo, las competencias que se adquieren en la educación inicial son fundamentales para la maduración y de eso se ha privado a los niños de entre tres y cinco años”, señala Freites. En el caso de los adolescentes de 12 a 17 años ha aumentado el porcentaje que con rezago escolar.

El cierre de las escuelas por más de un año, que se ha vivido en gran parte Latinoamérica como una de las medidas del contra el covid, ha contribuido a la pobreza y tendrá consecuencias que aún están por verse. Venezuela es de los pocos países que no ha vuelto a las aulas ni una sola vez desde marzo de 2020 cuando se decretó la pandemia. “La escuela es la que rompe la reproducción social de la pobreza y se desactivó por más de un año”, cuestiona España. “Esto hará que la próxima generación de hijos de obreros también sean obreros, porque los niños que se quedaron en casa lo máximo que van a aprender es lo que sabe su mamá”, concluye.

Fuente: https://elpais.com/internacional/2021-09-29/el-945-de-los-venezolanos-vive-en-la-pobreza.html

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México: Medio millar de aspirantes indígenas se verán afectados por cierre de licenciaturas en UPN

Medio millar de aspirantes indígenas se verán afectados por cierre de licenciaturas en UPN

*La Asamblea tiene entre los puntos de su pliego petitorio, la instalación de una Comisión Electoral Central responsable de coordinar y evaluar la propuesta de elección para el nuevo director o directora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).


La Asamblea de Académicos, Estudiantes, Administrativos y Aspirantes (AAEAA) de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 071 dieron a conocer que, desde hace 9 meses demandan la reapertura de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena (LEPEPMI Plan 90) y la Licenciatura en Educación (LE Plan 94), como el cumplimiento de un pliego petitorio.

Explicaron que, de no impartirse esas licenciaturas en las nueve subsedes que conforman la Unidad 071 de la UPN, afectarían a un número aproximado de 500 aspirantes en 9 municipios de la entidad chiapaneca.

Durante ese tiempo, la única respuesta que recibieron del gobierno estatal y autoridades educativas fue a través de una entrevista realizada el pasado 28 de mayo, donde informaron el cierre de ambas licenciaturas.

La AAEAA señaló que, dicha decisión tiene fundamento en la “filosofía racista y discriminatoria”, ya que las dos licenciaturas van dirigidas a jóvenes estudiantes de origen indígena, además su radio de influencia abarca municipios y comunidades de todo el estado.

A esto se suman las amenazas de: Amir Gómez Martínez, director de Gobierno; Julio Cesar Santos Puón, jefe del departamento de Educación Continua; Yadira Lavalle Herrera, coordinadora de delegados del gobierno; José Bastiani Gómez, director de UPN impuesto; y Rafael Morales Vázquez, representante de la Dirección de Educación Primaria Indígena.

Los estudiantes exigen que se gestionen los programas de movilidad académica. Foto: Cortesía.

Los representantes -gobierno estatal y autoridades educativas- y servidores públicos mencionados han dicho que tienen los domicilios y nombres de los integrantes de la Asamblea, y si alteran la paz social incurrirían en delito.

Añadieron que, Roberto Méndez Rodríguez, coordinador de la subsede Ocosingo, intimida, amenaza y hostiga a las y los estudiantes que participan en el movimiento.

Este es un movimiento en defensa de la educación pública, en defensa de la UPN, en defensa de la vida académica de la UPN. Y sobre todo es la defensa del derecho a la educación para la juventud, pues, de cerrar las licenciaturas que demandamos, prácticamente nos despojan del derecho a la educación, dijo la AAEAA.

Al no recibir ninguna respuesta favorable, enviaron una comisión a la Ciudad de México, para hacer de conocimiento a las altas autoridades del país, sobre los agravios que se están cometiendo en su contra, al negarles derechos fundamentales, como es la educación.

Responsabilizaron a Bastiani Gómez, ya  que desde su participación en el cuerpo directivo anterior, avaló el cierre definitivo de las licenciaturas y ahora como director se ha dedicado a justificar dicha acción, como a calumniarles y victimizarles por luchar en defensa de la UPN.

Por esa razón, la educación no avanza en sus procesos formativos y críticos que liberen la conciencia de nuestros pueblos y localidades marginadas donde se vive realmente la pobreza económica extrema y las condiciones de vida son deplorables, a pesar de tener todos los recursos humanos y naturales que tiene nuestro estado, expuso la AAEAA.

Reafirmaron que continuaran la lucha a favor de la educación Pública y la UPN con la exigencia de respuestas positivas a su pliego petitorio, entre sus puntos se encuentra la apertura inmediata de matrículas de nuevo ingreso, desde hace más de dos años no se ha emitido convocatoria en los diversos programas, a nivel licenciatura como en posgrados, para aspirantes a cursar estudios y formación pedagógica, en todas las subsedes pertenecientes de la unidad 071.

Piden un alto a las amenazas por parte del director de la UPN, en
contra de estudiantes, académicos y administrativos. Foto: Cortesía

Asimismo, la emisión directa de contratos laborales para los alumnos que cursan del 6° al 8° semestre por parte de la Subsecretaria de Educación Federalizada (SEF), con techo financiero, en sus dos modalidades: preescolar y primaria.

Los estudiantes exigen que se gestionen los programas de movilidad académica dentro de su casa de estudios, como del establecimiento y puesta en práctica de cursos extracurriculares con validez oficial, para complementar su formación como docentes y cumplir con los requisitos que se enmarca en las convocatorias de ingreso a la educación básica.

Otro punto es la suspensión inmediata por parte de la SEF, de las ordenes emitidas contra las y los maestros que están y han estado comisionados en la Unidad 071, y respeto a los trabajos académicos que han venido desarrollando dentro de la universidad.

La Asamblea piden la reinstalación inmediata de los trabajadores que se encuentran invalidados, así como aquellos que suspendidos en sueldo y funciones por parte de la administración saliente.

Así como la destitución del director impuesto y la emisión conjunta de la nueva convocatoria, respetando la libre participación democrática mediante voto universal y secreto de la comunidad universitaria, en la elección del nuevo director o directora de la Unidad 071 de la UPN.

Por último, la participación en la asignación de plazas directas a todos los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, en sus diferentes niveles escolares, y el alto a las amenazas que el director ejerce en contra de los estudiantes, académicos y administrativos para no participar en la defesa y lucha.

Fuente: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2021/07/medio-millar-de-aspirantes-indigenas-se-veran-afectados-por-cierre-de-licenciaturas-en-upn/

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La prueba de que es posible reducir la pobreza en una crisis sanitaria está en Sierra Leona

Por: Alejandra Agudo

El Índice de Pobreza Multidimensional muestra que se habían mejorado las condiciones de vida más allá del ingreso de millones de personas. La covid-19 pone en riesgo el progreso, pero no es imposible seguir avanzando, según los datos del PNUD

Sierra Leona es un país muy pobre. Un 40% de su población vive con menos de 1,90 euros al día, el 58% no tiene combustible saludable para cocinar, el 54,4% carece de saneamiento adecuado y casi el mismo porcentaje (54,5%) no tiene acceso a electricidad. Pero todas esas cifras, recogidas en 2017, son mejores que las que registraba en 2013, cuando la proporción de personas que padecían estas privaciones era unos 20 puntos superior. De hecho, el país es el que más rápido ha reducido la pobreza multidimensional, que se mide con 10 indicadores de salud, condiciones de vida y educación en esos años. Su situación es todavía muy precaria y el país ocupaba la posición 181 de 189 en el Índice de Desarrollo Humano de 2019, pero todo ese progreso lo consiguió durante uno de sus períodos más críticos: en plena crisis del ébola.

Estos datos, recogidos en el último informe de pobreza multidimensional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), demuestran que «en las peores circunstancias, la esperanza es posible; se puede reconstruir mejor», opina Sabina Alkire, directora de la Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), entidad que firma el estudio. «Sierra Leona es inspiradora. Durante la crisis del ébola se puso la atención en prevenir muertes y, por ello, en campañas para promover el lavado de manos, programas contra la desnutrición y educación», comenta la líder del equipo de autores en una entrevista telefónica tras la presentación telemática del estudio. «Se enfocaron en los más pobres porque no tenían ni acceso al agua». Gracias a eso, explica, la pobreza multidimensional en el país africano pasó de afectar al 74% de la población en 2013 al 58% en 2017. «Y mejoraron en todos los indicadores, sobre todo en acceso a electricidad y combustibles limpios para cocinar», detalla.

Como Sierra Leona, otros países venían realizando importantes progresos en la reducción de la pobreza multidimensional entre el 2000 y 2019. Concretamente, 65 de los 75 analizados (que abarcan a 5.000 millones de personas) en este estudio. «Estos son logros notables y no tienen que ver solo con recursos económicos, sino con voluntad política», considera Alkire. Según los datos del informe, India es el país en el que más personas salieron de la pobreza multidimensional, unos 270 millones entre 2005/2006 y 2015/2016. En China, 70 millones entre 2010 y 2014. Y en Bangladés fueron 19 millones entre 2014 y 2019. «Nos dimos cuenta de que para luchar contra la pobreza teníamos que tomar medidas, pero que no solo tenían que ver con el ingreso; teníamos que abordar todas las caras de la pobreza», comenta Muhammad Abdul Mannan, ministro de Planificación del país asiático en su intervención en la presentación del informe.

Con todo, todavía 1.300 millones de personas padecen pobreza multidimensional, el 98,8% sufren más de tres carencias del listado de diez, como no disponer de agua potable, un suelo pavimentado en la vivienda o estar desnutridos. El 83,5% viven privados de más de cinco de estos parámetros. La mitad son niños menores de 18 años. ¿Dónde? África subsahariana concentra la mayor parte de este problema.  El 55 % de su población (558 millones de personas) se encuentra en situación de pobreza multidimensional. De estas, el 98 % (547 millones) no tienen acceso a combustible de cocina limpio, el 84 % (470 millones) carece de electricidad, y el 66 % (366 millones) no tiene acceso a agua potable.

«Pero todo esto era antes de la covid», apunta Alkire. Todos los avances conseguidos —47 países estaban en la buena senda de reducir a la mitad su pobreza multidimensional para 2030— están ahora en peligro, advierte el PNUD. Un temor compartido por el mandatario bangladesí que estima que 35 millones de los más de 160 millones habitantes del país están en riesgo de caer en la miseria debido a la crisis desencadenada por la pandemia. Más optimista, Achim Steiner, administrador del PNUD, ve en el momento actual «una oportunidad para repensar el desarrollo y reconstruir mejor». Algo indispensable, anota, porque «habrá nuevas crisis, sobre todo teniendo en cuenta el impacto del cambio climático».

En este sentido, los participantes en el encuentro digital, coinciden en destacar la importancia de usar la información del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para tomar decisiones políticas acertadas para la reducción de la miseria. «Esto no es una herramienta para controlar a los Gobiernos, sino ara apoyarles a medir sus avances», precisa Isabel Saint Malo, ex vicepresidenta de Panamá. Así, la asesora técnica en equidad de la Organización Mundial de la Salud, Theadora Swift Koller, sugiere observar los datos de distribución de la pobreza entre áreas urbanas y rurales. «Estas últimas concentran el 85% de los pobres multidimensionales y tienen peor acceso a la salud. En este contexto de recuperación, hay que invertir más en recursos humanos sanitarios para reducir la desigualdad en el acceso a la salud en áreas rurales», plantea.

«Aprendamos las lecciones de los países que lo han hecho bien», pide Steiner. «No es imposible reducir la pobreza, no es tan difícil como ir a la luna; sería un cambio histórico que en este tiempo de covid-19 se hiciera más para proteger a los más pobres», apunta Alkire. Pero ve que en algunos países las ayudas están llegando a clases acomodadas y no a los más necesitados quienes, además, no tienen voz para reclamar apoyo. Otros, matiza la experta, «sí tratan de obtener información de cómo es la situación de la gente con voluntad de responder a sus necesidades». Así lo hizo Sierra Leona, según muestran los datos, en una crisis sanitaria de gran magnitud. Las ayudas internacionales sirvieron al propósito de mejorar la vida de los más pobres.

En esta ocasión, hace falta todavía el primer paso: que haya suficiente ayuda internacional. La ONU ha lanzado tres llamamientos para recaudar 10.300 millones de dólares (9.000 millones de euros) para su Plan Global de Respuesta Humanitaria. Desde el primero, en marzo, cuando se solicitaron 2.000 millones a la comunidad internacional, apenas se han recaudado 1.700 millones dólares. «La respuesta hasta ahora de las naciones ricas (…) a situaciones en otros países ha sido extremadamente inadecuada», ha criticado recientemente Mark Lowcock, subsecretario general de la ONU para asuntos humanitarios. «Existe un grave riesgo de hambrunas múltiples a fines de este año y principios del próximo. Tenemos que invertir ahora para evitarlo», ha advertido.

La OPHI y el equipo de investigadores del PNUD han realizado sus propias proyecciones de cuántos pobres multidimensionales habrá debido al impacto de la pandemia. Con simulaciones para 70 países (4.800 millones de personas) en desarrollo a partir de los efectos anticipados en cuanto a nutrición y asistencia escolar, la conclusión es que, en el escenario más conservador —que un 25% de las personas en pobreza multidimensional o vulnerables entren en situación de desnutrición, y la mitad de los niños en edad de educación primaria dejen de asistir a la escuela—, los niveles de pobreza podrían volver a los de hace nueve años, lo que significa que 490 millones de personas más caerían en situación de pobreza multidimensional.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/07/16/planeta_futuro/1594916645_258161.html

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América Latina: Apuntes sobre la pandemia en la ciudad de muros

Apuntes sobre la pandemia en la ciudad de muros

Por Silvio Schachter 7 Otro mundo es posible

Rebelión

 

La globalización de lo urbano en cuestión

El siglo XXI fue definido como el periodo histórico de la urbanización definitiva y del dominio de las ciudades globales, las que concentran el mayor nivel de recursos y de personas ricas, sedes de las principales corporaciones, asiento de las bolsas de valores y centros financieros internacionales. Este urbano centrismo, que se presenta como un fenómeno irreversible, la explicitación física de los postulados posmodernos, es en realidad el espejo invertido de los sueños urbanísticos de la modernidad donde se realizaría el ideario de urbs y civitas, el ejercicio pleno de la ciudadanía y equidad social, junto a la potencialidad creativa, la inventiva y las posibilidades de progreso. Los efectos fulminantes de la pandemia han vuelto a replantear con fuerza una revisión de estos postulados y nos presentan el desafío de pensar entre la continuidad reformada de lo existente, con más vigilancia y control, en un mundo delivery cargado de temor o la posibilidad de crear un nuevo paradigma de lo urbano.

Se puede seguir la historia de las grandes epidemias asociándolas a las condiciones de la vida y la evolución del espacio de las ciudades, sin embargo, más allá de las impactantes imágenes de los inéditos paisajes de calles vacías, la vida social congelada y las múltiples hipótesis sobre la transformación en las relaciones y vínculos interpersonales, poco o nada se lee en estos días ante la evidencia que muestra que la propagación de la pandemia del COVID 19 se despliega y tiene el mayor porcentaje de víctimas por habitantes, en los principales centros urbanos del planeta.

La valoración de los espacios públicos y privados, los límites entre lo individual y lo colectivo, la urdimbre de nodos y nexos espaciales tejida por los lazos metabólicos del comercio y el universo de los negocios, que funcionan a toda velocidad para garantizar la mayor circulación de personas y mercancías, quedó patas arriba. El ritmo de la globalización capitalista se paralizó y puso en crisis la cuota de ganancia basada en el rápido reciclaje del dinero y bienes. A modo de ejemplo basta una mirada sobre dos sitios icónicos que grafican este circuito: shoppings y aeropuertos, consumismo y flujo mundial de pasajeros, ambos quedaron vacíos y enmudecidos. Otro eslabón de esta dinámica es el controversial turismo internacional que satura la geografía de todo el planeta, 1.400 millones de visitantes por año, que reciben el premio que les permite el capitalismo, fugarse transitoriamente de la sociedad que los somete a una alienación cotidiana, se desplomó y puso en terapia a las ciudades que se sostienen, laten y padecen al ritmo de sus multitudes.

No debemos ilusionarnos con las imágenes de animales incursionando en las calles vacías, pensando en una resiliencia de la naturaleza que no pasa por ahí, la ciudad no es el sitio de la fauna salvaje y la tregua del productivismo es un suspiro, el cambio climático sigue su inexorable curso y la pandemia no puede analizarse sin considerarla también como un producto de nuestra negligencia contra el medio ambiente.

Las medidas urbanas que se van adoptando pensando en la pos-pandemia, nos hablan de equipamientos de las ciudades que consolidan el distanciamiento, el control y relaciones sociales más gélidas y mediadas, normas consensuadas a base del miedo y no de la superación positiva de la forma en que hemos organizado el mundo de lo urbano .

Nueva York, Londres, París, Milán, Madrid, una parte de la élite del sistema de ciudades globales, han mostrado su vulnerabilidad, rápidamente toda la riqueza acumulada se mostró impotente para detener el avance de los contagios y las muertes. Nueva York, la urbe paradigma, síntesis y modelo, la más reverenciada y reluciente, a la que Scott Fitzgerald bautizara para siempre como la Gran Manzana, ha sido la más castigada. En ella los más débiles, inmigrantes, latinos, afroamericanos, los sin techo, son las víctimas más numerosas. Ellos no encontraron lugar en las clínicas privadas, que se vieron desbordadas evidenciando lo perverso de un sistema de salud mercantilizado. Ni los fallecidos tuvieron la posibilidad de ser despedidos dignamente. El COVID19 mató en la ciudad seis veces más personas que el atentado terrorista a las torres gemelas, que fuera utilizado para un cambio de estrategia, no solo en el campo militar, sino en los mecanismos de vigilancia y control mundial. Servirá la pandemia para un nuevo reajuste en lo ya limitados espacios de libertad?

EEUU, la más poderosa potencia militar del planeta, la nación que tiene el más sofisticado arsenal acumulado para amenazar y extorsionar a toda la humanidad, la que invierte miles de millones de dólares para investigar cómo matar a distancia, con tecnología de exterminio quirúrgico, no fue capaz de garantizar las condiciones sanitarias necesarias para salvar las vidas de cientos de miles de sus propios habitantes. Las actuales urgencias y flujos financieros que alimentan a distintos laboratorios farmacéuticos, se deben más al intento de recuperar a la mayor brevedad posible la actividad productiva y financiera y a rediseñar una nueva normalidad que permita reducir los daños a futuro, que a la preocupación por la salud de la población mundial.

Villa miseria también es América

El panorama mundial sobre las situación en las grandes metrópolis, es más dramático en la región latinoamericana, pues en pocas décadas sus principales ciudades crecieron exponencialmente en tamaño y población, desbordando sus límites sin planificación alguna, espoleadas por la lógica del mercado, como consecuencia de los actuales modelos de acumulación capitalista, la especulación inmobiliaria y los expulsivos resultados del predador agronegocio y la megaminería, con la consiguiente pauperización de cientos de pueblos, que generan permanentes oleadas migratorias en busca de un nicho de supervivencia en las urbes centrales.

En las megalópolis del continente, a la sinergia de fenómenos negativos, polución y contaminación ambiental, congestión del tránsito, fragmentación socio espacial una violenta profundización de la huella ecológica, enormes distancias a recorrer para acceder a los sitios de trabajo y a las largas horas de viaje, hay que sumar ahora el hecho de que el transporte público se ha convertido en un medio principal de contagio y que por su densidad se han convertido en los principales centros de difusión del virus, con el mayor porcentaje contagios por cantidad de habitantes. Lima, que tiene el 30 % de la población de Perú acumula el 68 % de contagios de todo el país, la misma relación es para Santiago de Chile 40 % con 68 %, México DF 14% con 30 % y San Pablo que junto con Rio de Janeiro, tienen 13 % de la población total de Brasil registran el 27% de infectados. La región metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, es el caso más extremo de esta relación, tiene el 30% de la población de todo el país y el 90 % de los casos, si bien Argentina se diferencia por tener el menor porcentaje de contagiados y fallecidos de estos países.

Así como el virus expuso las lacras del sistema socio económico del capitalismo en su actual fase neoliberal, la ciudad invisibilizada cobró dramáticamente presencia en los medios y en las preocupaciones poco creíbles de la clase política. La ciudad de muros, los materiales y los del desprecio, mostró su lado oscuro, miseria, abandono y segregación. Los eufemísticamente llamados barrios populares, o de urbanización informal en la jerga profesional, reciben el golpe más duro de la pandemia. Las consignas y métodos para la ciudad formal, “quedate en casa”, “lavate las manos” y otras semejantes, demostraron su ineficacia allí donde la desidia y la marginación han hecho que la combinación del virus y el hambre se vuelva un letal mecanismo de selección social.

“Villa miseria también es América”, es el título del libro que publicó Bernardo Verbitsky en 1957 y está más vigente que nunca. En América Latina más de 100 millones de personas, el 25% de su población, viven en villas miseria, ranchos, favelas, tugurios, poblaciones callampas, barracones, ciudades perdidas, campamentos, pueblos jóvenes, cantegriles, palomares, distintos nombres para un mismo territorio de pobreza, dolor y rabia.

Italia detecta el primer caso del COVID el 30 de enero de 2020, Brasil da a conocer el 26 de febrero que con su primer contagiado había llegado el virus al continente, en la Argentina el 3 de marzo se registra el primer infectado. Recién el 20 de mayo, cuando ya había más de 500.000 casos, la burocrática OMS declara que América Latina es “el epicentro” mundial de la pandemia por los niveles de pobreza y elevados casos de contagio que se perciben en esta región”.

Nadie, menos aún los especialistas y asesores, pueden alegar que desconocían, que así como en Europa las mayores cantidades de víctimas estaban en las residencias para ancianos, en nuestro continente a los geriátricos, núcleo frágil por edad y falta de supervisión, se le sumarían a gran escala los habitantes de las villas y asentamientos. Todos los diagnósticos sobre su situación existen desde hace décadas, son aportados por organizaciones sociales con presencia en esos territorios, múltiples estudios de investigadores de variadas disciplinas, ONGs nacionales e internacionales y, por supuesto, las instituciones del Estado que han realizado relevamientos y poseen informes y estadísticas, que no dejan lugar para la duda sobre la vulnerabilidad de quienes habitan en esos territorios.

En el AMBA existen 1.800 villas y asentamientos, donde moran casi medio millón de familias, históricamente invisibilizadas, en condiciones de precariedad, carencias de infraestructura básica de agua potable, sistemas cloacales y pluviales, servicios de recolección de residuos y viviendas exiguas donde se apretujan familias enteras. Recién ahora cuando, como era previsible, el eje de la pandemia recorre implacable estos enclaves, los lugares donde se registra el mayor porcentaje de contagio por habitante, se corporizan y toman notoriedad para los medios. En las noticias son solo números para la estadística, deshumanizados, sin rostros ni historias. Las opiniones cargadas de prejuicios y estigmas, muestran la preocupación por ”la bomba nuclear”, según palabras del Ministro de Seguridad Sergio Berni, de munición infectada que si estalla y desborda, afectara a la “sociedad formal”, aquellos que saben cómo cuidarse

Muchos de los que tienen las mejores condiciones para acuarentenarse en sus casas, que ya hace tiempo se han recluido en refugios de auto aislamiento, en las jaulas doradas rodeadas de muros de los barrios cerrados o gated communities, quienes se atribuyen el rol de establecer las categorías de merecimientos en la jerarquía social, reclaman medidas urgentes, flexibilizadad en los countries, pero rigidez y cordones sanitarios para los barrios pobres, con mano dura para quienes los violan; piensan solamente en su propia seguridad, poco importan las vidas de los olvidados. Su solidaridad declamada y aplaudida, llega hasta los de su propia clase, para los otros, los diferentes, los nadies, están los guetos contemporáneos, donde contener las víctimas fruto de la combinación de procesos selectivos que Loic Wacquant caracteriza con el concepto “seclusión urbana”. Acorde con esta posición se despliegan fuerzas policiales con el endeble argumento de cuidarlos, sumando medidas más coercitivas que solidarias. Las deudas históricas del Estado y las promesas incumplidas ya hicieron el resto. Las mejoras siempre fueron producto del esfuerzo propio y de años de reclamos y lucha.

El operativo retorno de decenas de miles de turistas varados en el exterior fue puesto en ejecución inmediatamente, aviones, testeos y alojamientos, respondieron a la demanda de la clases altas y medias, pero las medidas para proteger y cuidar los más pobres y a los ancianos de los geriátricos, son más que insuficientes y tardaron demasiado en llegar.

El crecimiento sostenido de los hábitats frágiles e inhumanos que se pensaron de transición pero que invariablemente se vuelven permanentes, debería tener una respuesta integral, que no niegue, pero que supere los incumplidos planes de urbanización, que además no son aplicables a todas las situaciones. Es necesaria una genuina y viable estrategia a largo plazo. Una política basada en proyectos regionales que aspiren a una distribución racional de la población en el territorio, que confronte con las corporaciones extractivistas y otras prácticas depredadoras del medio ambiente, que deje de considerar el suelo, el urbano incluido, como una mercancía especulativa, es imperioso trabajar sobre un modelo social que garantice el buen vivir en armonía con la naturaleza. Una sociedad en la que cuando se hable de la salud, no sólo se exhiban estadísticas de hospitales, equipamiento y médicos, porque salud, como lo define la propia OMS, no es solo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar físico, mental y social. Esto significa que una población saludables es aquella que recibe alimentación acorde a cada etapa de la vida, servicios básicos imprescindibles, como agua potable, luz y recolección de desechos eficiente, viviendas con las medidas y las condiciones de ventilación e iluminación necesarias, asentadas en un espacio amigable, que permita interacciones sociales, con una localización accesible a los equipamientos de salud, educación, recreación y proximidad a los centros de trabajo. Este debería ser el horizonte a tener como objetivo en un proyecto de una sociedad digna e igualitaria, desde y más allá de la pandemia.

“Nada será igual” es la frase repetida en estos días, pero todo indica que la supuesta nueva normalidad que proyecta el actual orden mundial no les reserva a millones de seres humanos un sitio de marginalidad diferente al que vienen padeciendo por generaciones.

Blog del autor: https://silvioschachter.blogspot.com/2020/05/apuntes-sobre-la-pandemia-en-la-ciudad.html

Fuente de la Información: https://rebelion.org/apuntes-sobre-la-pandemia-en-la-ciudad-de-muros/

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Llamamiento continental: A los pueblos originarios, afrodescendientes y organizaciones populares

Por: Rebelión

La crisis que globalmente ha provocado el COVID-19 nos presenta una encrucijada a los pueblos de Abya Yala – América Latina. Las organizaciones populares somos la primera línea de resistencia frente a las peores expresiones del sistema en descomposición:

Estamos atravesando una crisis integral que amenaza la vida en todas sus formas. El COVID-19 se transformó en pandemia en un momento de agudización de la crisis capitalista y de reiterados intentos desde el poder económico de que la clase trabajadora cargue con la recomposición de la tasa de ganancia empresarial; que confluye con el debilitamiento de los sistemas de salud, el deterioro de las condiciones de vida y el despojo de lo público como resultado del giro neoliberal. La asfixia a la que nos someten la deuda externa, los organismos internacionales y el agobio permanente del imperialismo contra nuestra soberanía le dan forma a un escenario que anticipa las graves consecuencias.

En una América donde nos negamos a aceptar los ajustes estructurales y el desembarco de nuevas políticas imperialistas, y donde nuestros pueblos han encarnado importantes levantamientos populares en los últimos meses, la pandemia se ha convertido en una excusa para legitimar la presencia de las fuerzas armadas en nuestros territorios e implementar medidas de ajuste y el deterioro de las condiciones de existencia de la clase trabajadora. Asimismo, esta crisis puso de manifiesto nuevamente la brutalidad de la violencia patriarcal sobre las mujeres y disidencias sexuales, así como la exclusión histórica de los pueblos indígenas y afrodescendientes expuestos a enfrentar la pandemia en condiciones de vulnerabilidad extremas.

Como es la mejor tradición de nuestra gente, somos las organizaciones del pueblo, obreras, campesinas, de pueblos originarios, feministas, afrodescendientes, piqueteras, de pobladoras/es, las que estamos poniendo el cuerpo, la cabeza y el corazón en desarrollar respuestas inmediatas, pero también a proyectar

los lazos comunitarios y de unidad popular, territorial y regional, que alimentemos durante esta batalla, serán parte del tejido que construya los horizontes de transformación en Abya Yala.

Ante la falta de vivienda ocupamos territorios y construimos casas; ante la falta de trabajo organizamos cooperativas, recuperamos fábricas y enfrentamos cierres, despidos y suspensiones; ante el ataque patronal peleamos por mejores condiciones de trabajo; ante la falta de educación generamos escuelas; ante la opresión hacia las mujeres y disidencias construimos feminismos populares; ante la explotación construimos organización sindical de base y luchamos contra la precarización y por salarios dignos; contra el hambre construimos comedores y merenderos populares; ante la crisis climática desarrollamos la agroecología; frente el monocultivo y el monopolio de los alimentos, construimos territorios campesinos agroalimentarios para garantizar la soberanía y autonomía alimentaria; ante la militarización, el paramilitarismo y el narcotráfico hacemos sustitución de cultivos y luchamos por la paz. Nuestra alternativa es de vida contra los que nos proponen muerte.

Frente a la política de fronteras cerradas y de fragmentación, y frente a la xenofobia y el neofascismo que proponen desde arriba, retomamos el horizonte de la solidaridad continental y la unidad de los pueblos.

Frente a las políticas de los y las capitalistas, para usar la crisis como revestimiento del ajuste, profundicemos y replanteemos nuestras luchas históricas por la defensa de los territorios, la vida y la socialización de las riquezas, construyamos poder popular y comunitario.

Por eso, exigimos a los gobiernos y llamamos a los pueblos:

una salida a esta crisis que no sea una vuelta atrás a la normalidad capitalista, sino un camino hacia una sociedad mejor. Ello será posible si tomamos lo mejor de nosotros como pueblos,

1. Priorizar la vida sobre la deuda. No al pago de la deuda externa, investigación exhaustiva y condonación de la misma. Es criminal que se escatimen fondos a la salud y los derechos, por pagar las obligaciones con el FMI y otros acreedores. Los sistemas de salud y de protección social para enfrentar la pandemia son la prioridad.

Necesitamos recuperar nuestra riqueza estratégica y el manejo de nuestros bancos y comercio exterior, fuente permanente de la sangría económica de los países latinoamericanos. Solo una política de soberanía económica, desde el avance del poder popular, puede aliviar la crisis económica y la mundial que estamos empezando a vivir.

2. Combatir las desigualdades. Impuesto extraordinario a los ricos, a la ganancia de los bancos y las grandes empresas, a los que fugaron capitales. Que los gobiernos asuman el papel de eliminar las desigualdades promovidas por el mercado, que las inversiones necesarias en políticas de emergencia se financien enfrentando la concentración de la riqueza, no con rebajas salariales a los trabajadores. Reorientar las líneas de producción de las grandes empresas para la producción de insumos destinados a combatir el Coronavirus, así como las enfermedades que soportamos sin atención del Estado como la desnutrición, el dengue, el chagas y la tuberculosis.

3. Fortalecimiento urgente de los sistemas de salud pública: inversión urgente y prioritaria en el sistema público de salud, estatización de la salud privada y fortalecimiento de las medidas de contención pandémica por parte de los estados. La pandemia reafirma la necesidad de que todos y todas reciban asistencia de salud universal, fortaleciendo la promoción pública de estos servicios. Que los Estados tomen control de la producción y administración de todos los insumos necesarios para enfrentar la crisis con participación y control de los y las trabajadoras. Eliminación del sistema de patentes sobre los medicamentos para desarrollar con plenitud la investigación y aplicación científica para resolver los problemas humanos, y reconocimiento a la medicina originaria y ancestral.

4. Por trabajo con todos los derechos. Ingreso universal garantizado para todas y todos, prohibición de despidos y suspensiones. Es esencial reconocer los derechos de las y los trabajadores para vivir una cuarentena digna. Que esta emergencia no sea la excusa para seguir avanzando en la precarización del trabajo. No al cierre de empresas, apoyo estatal a su ocupación y recuperación por parte de los y las trabajadoras.

5. La vivienda y el hábitat digno como derecho social, la cuarentena solo puede realizarse bajo un techo, con servicios básicos garantizados y en un barrio saludable. Es necesario suspender desalojos, pagos de alquiler y de servicios; las políticas de hábitat deben direccionarse hacia una reforma urbana integral que garantice el acceso a la vivienda en barrios dignos para todas las familias trabajadoras.

Acceso universal al agua, luz y gas y urbanización de los barrios populares: no hay lucha contra la pandemia sin que todas las personas puedan tener agua potable, gas y acceso a la electricidad en el hogar, barrio o comunidad. Ni casas sin personas ni personas sin casas. Requisición de propiedades vacías para la población en situación de calle y albergues populares.

6. Enfrentar el hambre y garantizar la alimentación universal, priorizar el financiamiento y el rol de la agricultura familiar cooperativa, comunitaria y agroecológica en el abastecimiento de alimentos para el pueblo, comedores, merenderos y cocinas comunitarias: es necesario avanzar en la promoción del acceso a los alimentos, como una forma de impulsar la economía y no causar una crisis de suministro. Garantizar una canasta básica con precios regulados y exentas de impuestos. Exigir sanciones a la especulación con los precios el acaparamiento de supermercados e intermediarios. Condonación de las deudas de los campesinos y campesinas, la redistribución de la tierra productiva e implementación de sistemas de protección y colonias agroecológicas con financiamiento del Estado.

7. Contra la mercantilización de la naturaleza, necesitamos recuperar la soberanía sobre nuestros bienes comunes como el agua, el gas, el petróleo, la tierra, riqueza estratégica que es usurpada por pulpos económicos con las complicidad de gobiernos y empresarios locales. Pleno respeto a los territorios de los pueblos y replanteo del modelo económico y extractivo. La explotación de recursos naturales debe respetar a la madre tierra como así a los pueblos que la habitan.

8. Fortalecimiento del cerco sanitario y asistencia humanitaria con garantía de soberanía de los territorios a pueblos originarios, nacionalidades indígenas y afros. especialmente a todo aquellos cuyo hábitat se encuentra en ecosistemas vitales como la Amazonía, para quienes la amenaza epidemiológica puede significar un etnocidio. Fortalecimiento del gobierno propio y sus sistemas para la pervivencia territorial y cultural de la vida de los pueblos indígenas y afros. Prohibición de desalojos y acciones que violen la soberanía de los pueblos indígenas.

9. Políticas reales para enfrentar la violencia machista: Con las medidas de aislamiento social, existe la posibilidad de aumentar la violencia doméstica y otras formas de violencia contra las mujeres. Que para las mujeres, cis y trans, la expansión de las plataformas tecnológicas para garantizar su uso cuando la violencia contra las mujeres es un hecho no es suficiente para prevenirla y erradicarla. Presupuesto para prevenir femicidios y transfemicidas. Refugios para personas en situación de violencia, entrega de subsidio económico especial a sobrevivientes. Planes de empleo y educación orientados hacia mujeres y disidencias.

10. Más prevención, no a la represión: muchos gobiernos han utilizado el contexto del coronavirus para intensificar la lógica represiva y de vigilancia y para aumentar el encarcelamiento de los más pobres, a líderes comunitarios, defensores y defensoras de derechos humanos y de la madre tierra. Es hora de reducir la población carcelaria y otros cuidados como un problema de salud pública. También es necesario revalorizar las autoridades propias y las guardias comunitarias que cuidan los territorios ancestrales y están siendo un efectivo organismo comunitario para cuidad la vida.

11. No a la intervención política, economica y militar imperialista: rechazamos de manera categórica el uso de la crisis como excusa para una intromisión militar en Venezuela por parte del imperialismo yankee y sus socios, el asesinato permanente de líderes indigenas y populares de Colombia, la feroz represión del regimen golpista en Bolivia y del gobierno antipopular de Piñera en Chile, la expansión de proyectos extractivos en territorios indígenas y campesinos. Exigimos que se levanten los bloqueos hacia Cuba y Venezuela.

12. Ayuda Humanitaria Internacionalista: Exigimos a los gobiernos que soliciten ayuda humanitaria a Cuba y a otros países que han desarrollado experiencia técnica para enfrentar la pandemia y que pueden ayudar a contener el brote de Covid-19 en las ciudades donde la pandemia se ha expandido con más crudeza, cómo Guayaquil y San Pablo.

Contra la riqueza de pocos, por la soberanía de los pueblos. ¡Por la vida, no el FMI!

Como luchan los pueblos latinoamericanos: Diciendo-haciendo, diciendo-haciendo, diciendo-haciendo, ¡carajo!

¡Solidaridad internacionalista!

CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-Ecuador
Congreso de los Pueblos-Colombia
MTST Movimiento de Trabajadores Sin Techo-Brasil
CONFENIAE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana- Ecuador

FPDS Frente Popular Darío Santillán-Argentina
ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia-Colombia
FOL Frente de Organizaciones en Lucha- Argentina
Ukamau-Chile
CRBZ Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora-Venezuela
CNTE-SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-México
AUTE sindicato electricista-Uruguay
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’Kej- Guatemala
CNA Coordinador Nacional Agrario-Colombia
Movimiento de los Pueblos/por un socialismo feminista desde abajo.(Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional-Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social – Izquierda Latinoamericana Socialista-Movimiento 8 de Abril)-Argentina
CLOC (ANAMURI, Ranquil, Conaproch, Red Apícola Nacional, ANMI)-Chile

FENASIBANCOL Federación Nacional de Sindicatos Bancarios Colombianos-Colombia MPA Movimiento de Pequeños Agricultores -Brasil
CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca-Colombia
UTT Union de Trabajadores de la Tierra-Argentina

PCN Proceso de Comunidades Negras-Colombia

CONAMURI Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas – Paraguay

União Nacional de Trabaladoras(es) Camelôs, Feirantes e Ambulantes do Brasil-Brasil MICC Movimiento Indigena y Campesino de Cotopaxi – Ecuador
PAPDA Plate-forme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif-Haiti Comisión Intereclesial de Justicia y Paz-Colombia

MNCI Movimiento Nacional Campesino Indígena “Somos Tierra”- Argentina CENPAZ Coordinación Nacional de Paz-Colombia
MBL Movimiento de Barrios en Lucha-Ecuador
Brigadas Populares-Brasil

Zona humanitaria de San pedro del Ingara Chocó Territorio de paz-Colombia UNORCAC – Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi – Ecuador MTD Aníbal Verón-Argentina
FOB Autónoma-Argentina

FOB La Libertaria-Argentina
MTR por la democracia directa-Argentina
FAR Frente Arde Rojo/COPA-Argentina
Frente Popular – Ecuador
Coordinadora Simón Bolívar-Venezuela
Radio al Son del 23-Venezuela
Plataforma de Lucha Campesina- Venezuela
Colectivo Caminos Verdes-Venezuela
FNL Frente Nacional de Lutas -Brasil
Movimiento de Mujeres por la Vida de Cajibio y Popayán-Colombia
Comité por la Abolición de las deuda ilegítimas CADTM Abya Yala Nuestra América (Colombia, Haití, Uruguay, Argentina, Venezuela, Brasil y Puerto Rico)
Red Emancipa de Educación Popular-Brasil
Feministas del Abya Yala
MPLT Movimiento Pueblo Lucha y Trabajo-Argentina
Pañuelos en Rebeldía-Argentina
Red de la Diversidad-Bolivia
Escuela Popular Permanente-Chile

Colectivo Whipala-Bolivia

Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Colombia

OLP Resistir y Luchar-Argentina Colectivo Alexis Vive-Venezuela

Venceremos Partido de Trabajadores-Argentina Corriente Social y Política Marabunta-Argentina

Juntos! – Juventud en Lucha-Brasil

Fabrika Zurda – Ecuador

FECAOL Movimiento Nacional Campesino – Ecuador

Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Transporte (ASOTRASET) – Ecuador Corriente Sindical Carlos Chile-Argentina

Convergencia 2 de Abril-Chile
Democracia Socialista-Argentina
ASL Acción Socialista Libertaria-Argentina
La Junta-Peru.
Venceremos Abriendo Caminos-Argentina
ORG Organización Revolucionaria Guevaristas-Argentina

Organización Política Presentes por el Socialismo «PPS» – Colombia

CPI Corriente Política de Izquierda -Argentina

Adhesiones:

fru@resistencia-urbana.org

comunicacion@conaie.org

Fuente e imagen: https://rebelion.org/llamamiento-de-los-pueblos-originarios-afrodescendientes-y-las-organizaciones-populares-del-continente/

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