Bajo el argumento de una “reparación” que beneficia a una franja de los jubilados que verán incrementados sus haberes, el gobierno está creando condiciones para el empeoramiento de la sustentabilidad del sistema previsional. ¿La crisis del sistema es inevitable, o hay alternativas que ni Cambiemos ni la mayor parte la oposición parecen dispuestas a discutir?

El “Programa de Reparación Histórica a Jubilados y Pensionados” aprobado en julio pasado como parte de un megapaquete legislativo que incluyó el blanqueo, representa una avanzada sobre el sistema previsional. Tomando de forma parcial y unilateral una demanda de franjas significativas de jubilados por haberes mal liquidados, cuestión ninguneada por el kirchnerismo, la política de Cambiemos, al no acrecentar los recursos que financian a la ANSES, llevará a un pronto agravamiento de la precariedad de un sistema que ya tenía inconsistencias.

Este Programa establece una serie de cambios que ameritan una urgente discusión. En especial, aquel que propone la modificación del sistema previsional en el mediano plazo, sin una base de un diagnóstico ni propósitos explicitados. Considerando las incertezas del origen de los recursos para el propio Programa, es claro que vamos a una profundización del desfinanciamiento del sistema mientras comienza a reflotar la discusión sobre una insolvencia “intrínseca” al mismo. Se argumenta para ello un supuesto problema de extensión de la esperanza de vida y envejecimiento poblacional, pero por lo bajo se va gestando el camino para avanzar ofensivamente sobre una extensión de la edad jubilatoria, un incremento de la edad mínima de aportes, una nueva reprivatización y una suerte de constitución de “jubilados de primera” y jubilados “de segunda”.

Es curioso cómo se menciona al incremento en la esperanza de vida de las personas y el envejecimiento poblacional como algunos de los motivos por los que la edad jubilatoria debería correrse por no ser suficiente al día de hoy. Sin embargo, mientras que por un lado el capital intenta permanentemente extender la edad de retiro de los trabajadores activos, por otro lado millones de trabajadores en edad y capacidad de trabajar van engordando el ejército de reserva, al no conseguir ocupación productiva o hacerlo en los márgenes de la precariedad. De manera que no hay un faltante de trabajo que obligue a extender la edad en que se decide retirar a los trabajadores (“jubilarlos”), sino que lo que existe es una puja por el destino de la plusvalía. Esta puede seguir siendo extraída (y no “perdida” por el capital) en tanto los trabajadores no deban ser apartados de la esfera de la producción.

Si parte de la plusvalía generada va a parar a manos de población que ya no produce valor (a los adultos mayores), debe ser un monto tal que retorne rápidamente al circuito de valorización del capital, como por ejemplo por la vía del consumo (alimentos, alquileres y medicamentos). Pero esencialmente, una vez que el cuerpo del trabajador no es capaz de ser exprimido, lo único que queda al capital es minimizar el gasto en su manutención. Los adultos mayores adquieren así el status de ser una carga para el sistema.

Jubilados precarizados

En Argentina, el 10,8 % de la población tiene más de 65 años, y la proporción llega a 12 % si se incluye a mujeres desde 60 años (Censo Nacional de Población, 2010). Son cerca de 6 millones los jubilados y pensionados y 1,5 millones cobran pensiones no contributivas. Hoy, existen dos problemas acuciantes: de un lado, el muy bajo monto promedio del haber que reciben una mayoría de jubilados para poder cubrir los gastos necesarios de vida. De otra parte, las dificultades crecientes para alcanzar los 30 años de aportes exigidos por la ley menemista de 1993 y mantenidos durante el kirchnerismo.

Casi la mitad de los jubilados tiene jubilaciones ordinarias, mientras que más del 40 % accedió a un haber por el régimen de moratoria, lo que equivale a percibir un monto igual al mínimo. Este hecho plantea un aspecto crítico del sistema. Actualmente, solo una pequeña proporción, estimada en un 15-20 % de los adultos mayores en edad de jubilarse, reúnen los 30 años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria. Las condiciones de empleo en los últimos años estuvieron marcadas por una fuerte inestabilidad y rotación laboral, en un contexto reciente de gran desocupación a fines de los años ‘90 y una masa importante de trabajo no registrado, que fue uno de los pilares sobre el cual se apoyó el modelo kirchnerista. De esta manera se afecta la frecuencia de aportes personales y se va alejando la posibilidad de millones de acceder a la jubilación. El sistema, que no tuvo nada más para ofrecer que precariedad laboral o desempleo en sus años activos, al momento de su retiro los condena, por sus bajos aportes, a una jubilación de hambre.

Así, si bien hoy en día la cobertura del sistema previsional está cercana al 97 %, el 72 % de los jubilados y pensionados cobran el haber mínimo, que en marzo llegó a $ 4.959 por mes¹, esto es, menos de un cuarto del valor de la canasta básica². Un algoritmo similar se mantiene para los 1,5 millones de personas que cobran pensiones no contributivas. Dato aún más crítico si se considera las necesidades especiales en salud, cuidados y medicamentos que poseen los adultos mayores en relación con un individuo medio. Así, la canasta básica del jubilado se estima en $ 11.031 pesos³.

Para el kirchnerismo, la situación alcanzada hoy es el máximo nivel alcanzable al que puede aspirar la clase obrera, negando cualquier posibilidad de incrementar los recursos que pueda significar una afectación a las ganancias capitalistas, como veremos abajo. De esta forma, se jacta de haber incrementado el haber mínimo en términos nominales más de 3.000 % acumulado desde el 2002 (cuando estaba en $ 150), y señala el hecho de que este haber representa hoy casi el 82 % del salario mínimo vital y móvil, lo que hoy es apenas superior a $ 6.000. En términos de capacidad adquisitiva real de los jubilados, un haber de esa magnitud es la condena a una vida de miseria, pero además, una tergiversación de su demanda histórica del 82 % móvil. Las jubilaciones representan menos del 50 % de las remuneraciones promedio y el haber medio, por su parte, llega en la actualidad a un estimado promedio de $ 6.500 mensuales, no muy alejada del mínimo. ¿Es que el sistema no daba para más?

El macrismo, al mismo tiempo que se propone favorecer a un sector de los jubilados que pasarán a cobrar varias veces la mínima gracias a la “reparación”, apunta a ir reduciendo la porción que sostiene a la franja de la clase obrera más vulnerable. Una primera muestra de estas intenciones la constituye la Pensión Universal que establece el Programa para aquellos adultos que no alcancen los años suficientes de aportes. Esta involucra un pago por tres años que es un 80 % del ya bajo haber mínimo, y además avanza en dos niveles: de una parte, niega la edad jubilatoria de 60 años en las mujeres, en tanto dicha pensión se establece para adultos mayores de 65 años, tanto para mujeres como para varones. De otra parte, elimina el derecho a las moratorias previsionales a futuro.

Los pobres sostienen a los jubilados

El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, manifestaba hace poco que existe un sistema donde los pobres bancan a los jubilados o los pobres jubilados se bancan a sí mismos a través del consumo. Disparatado, pero de esto no se habla porque sería meterse en un tema de reformas fiscales, debatir porque sí el IVA y no otras fuentes como la renta financiera y al juego.

En términos generales, los impuestos no son otra cosa que una masa de plusvalía captada por el Estado, es decir, es una masa de valor generada por los trabajadores. No obstante, no es indiferente sobre quién recae en primer lugar esa captación de plusvalía, si al capital o al trabajo.

Existen cuatro fuentes de financiamiento principales de la seguridad social: Los aportes y contribuciones a la seguridad social, los impuestos con afectación específica a la ANSES (IVA, Ganancias, combustibles, cigarrillos, etc.), un porcentaje de la Masa Bruta Coparticipable, que era hasta hace poco 15 % pero tiene prevista una paulatina disminución, y otros ingresos entre los más importantes las rentas de la propiedad, que han ido ganando ponderación a partir de la estatización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), alcanzando entre un 7-10 % de los recursos totales.

Más de la mitad de los fondos anuales (52 % aproximadamente) provienen de la recaudación de aportes y contribuciones de los cotizantes en relación de dependencia, esto es, un 60 % de contribuciones patronales y un 40 % de aportes personales. Los ingresos tributarios aportan alrededor del 22 % de los recursos totales, dentro de los cuales cerca de la mitad corresponde a impuestos al consumo (con preponderancia del IVA), mientras que la otra mitad corresponde a Ganancias, que además en el último tiempo ha tenido un comportamiento descendente en su participación del 17 % al 11 % y ha recaído en una proporción creciente de los asalariados debido a la no actualización del mínimo no imponible.

El Sistema en su conjunto ha sido hasta hace poco apenas superavitario y terminaría el 2016 con ligero déficit de 0,6 % del PBI. En los próximos años, de sostenerse un esquema como el arriba descripto y aplicándose los cambios impuestos por la Ley de Reparación Histórica, se profundizaría el rojo contable. Para Fundación Germán Abdala, el incremento de los haberes del 30 % de los jubilados, en un marco de no ampliación de recursos ordinarios llevaría al déficit previsional al 2,8 % del PBI hacia 2018, aún en el mejor de los escenarios macroeconómicos que supone una recuperación de la economía hacia 2017, una disminución sustancial de la informalidad laboral y bajo desempleo, una estabilización de la inflación y del tipo de cambio⁵. Por su parte, según un trabajo del Centro Cultural de la Cooperación, el Programa significa un aumento del costo previsional de $ 203.000 millones entre retroactivos y flujo anual, equivalentes al 4,5 % del PBI.

¿Hacia dónde va el sistema?

Las respuestas esgrimidas por el gobierno apuntan a “resolver” este problema básicamente en tres direcciones. De ninguna hay datos certeros ni cálculos que demuestren la sostenibilidad del esquema planteado.

La primera, artificialmente unida por la ley ómnibus al Programa, es la utilización de fondos provenientes del blanqueo de capitales, para lo cual se estableció una serie de premios a los fugadores que declaren su dinero e inmuebles en el exterior. Según la estimación que realizan diversos analistas, esta entrada podría otorgar una recaudación por multas por única vez apenas superior a $ 30.000 millones, en el mejor de los casos. Lejos siquiera de hacer frente al pago de los retroactivos de haberes que sumarían $ 115.000 millones. A lo que debe sumarse la paulatina disminución del 15 % de la Masa Bruta Coparticipable que significa hoy un importante aporte de recursos del sistema y serán en poco tiempo devueltos a las provincias.

Una segunda fuente es la venta de activos de empresas privadas en manos del Estado, que constituyen el 12 % del FGS. Por ley se estableció un tope mínimo de composición del 7 % de acciones, lo que significaría poder liquidar cerca de $ 40.000 millones. Nuevamente, es una entrada extraordinaria de una sola vez, que si bien aporta fondos hoy significa resignar activos que generan ingresos futuros.

Ante la evidente insuficiencia de fondos para hacer frente a la Reparación Histórica, que alcanzaría con suerte los $ 70.000 millones entre estos dos rubros, no queda otra alternativa que la utilización de partidas especiales en el Presupuesto para financiar a una ANSES deficitaria, y una posible nueva ofensiva que avance en una liquidación de todo el FGS. Del desfinanciamiento del sistema previsional derivan las bases para la tercera vía de “solución” que parece estar preparando el gobierno de Cambiemos, intentando instalar la idea de una inevitable y necesaria reforma previsional.

Medidas urgentes de emergencia previsional

Como puede verse, la insostenibilidad latente no deriva esencialmente de un corrimiento de la esperanza de vida. Por el contrario, sostenemos que es posible incrementar los recursos sin necesidad de recurrir, en primer lugar, a la liquidación de los fondos de seguridad social del FGS, y especialmente, sin avasallar aún más las condiciones de vida de los trabajadores y jubilados.

Para ello podrían estar al alcance de la mano dos medidas inmediatas. En primer lugar, una restitución de las contribuciones patronales al 33 %. Estas habían sido bajadas durante el menemismo y así se mantuvieron durante el kirchnerismo, pero además son numerosas las exenciones que reciben las patronales en este rubro como supuestos “incentivos” para evitar la evasión impositiva o estimular la inversión, que rara vez tienen algún efecto más que beneficiar al empresariado reduciendo los costos laborales. Mediante este cambio, que implicaría efectivamente avanzar sobre una porción de la ganancia, considerando que existen 11,5 millones de asalariados aportantes, se podría elevar el gasto previsional en un 40 %.

En segundo lugar, la ecuación previsional cambiaría sustantivamente si se llevara adelante un verdadero “blanqueo” del sistema, aquél que refiere a los altísimos niveles de trabajo no registrado por el que las patronales evaden el pago de impuestos, y que alcanzan el 32 % del empleo total. El combate contra el trabajo en negro es una medida elemental de defensa del salario y las condiciones de vida de la clase trabajadora, lo que junto con la prohibición de despidos, además de incrementar los recursos resolvería la exclusión creciente de trabajadores que no logran los aportes exigidos hoy para jubilarse. La masa de aportantes se elevaría entonces al conjunto de la población económicamente activa que se estima en 19,5 millones de trabajadores, lo que implicaría la posibilidad de ampliar el gasto previsional en otro 50 %.

Tomando estas dos medidas en simultáneo sería posible incrementar hoy en un 165 % la cantidad de dinero recaudado en concepto de aportes y contribuciones, incrementando sustancialmente los haberes de los jubilados y pensionados y construyendo un sistema menos excluyente. No obstante, de conjunto está planteado transformar el esquema de financiamiento en lo que hace a los recursos tributarios, que hoy recaen principalmente en el consumo y el bolsillo de los asalariados.

En este camino, propuestas como aumentar la edad jubilatoria no son necesarias ni responden a ninguna causa natural sino que demuestran que para el sistema capitalista la vida de los trabajadores solo se mide según cuánto se la puede explotar. Por el contrario, lo que se pone de manifiesto al realizar el análisis de los recursos y gastos del sistema previsional es que el mismo se apoya absolutamente sobre la base del trabajo asalariado y que en su determinación se libra una disputa feroz entre las clases por el destino de la plusvalía.

Tomado de: http://www.laizquierdadiario.com/ideasdeizquierda/jubilaciones-una-bomba-de-tiempo/