Los niños aprenden muchas cosas en la escuela, unas por diseño, lo que prescribe el currículo y que se supone son importantes para desempeñarse en sociedad. Los docentes despliegan habilidades y percepciones para transmitir conocimientos formales cuyo códigos se expresan en materiales didácticos, libros de texto, por lo general. Es la pedagogía visible. Otras por la acción escolar no formulada pero vigente.
En ocasiones, como hoy, escarbo en la memoria de mis años de estudiante de posgrado. Recordé el libro de Basil Bernstein, Class, Codes and Controls que llevé en una clase de sociología de la educación. No lo releí, sólo rememoré las discusiones que tuvimos en el seminario y el revuelo que causó por salir de los discursos comunes. El autor puso el énfasis en las palabras de transmisión en el aula, donde conjugaba clase social y aprendizaje. Su enfoque era de sociología (y poder), pero con herramientas de la lingüística. Lo que me dificultó su comprensión cabal.
No obstante, recurro a mis recuerdos de las nociones de Bernstein para pensar fenómenos contemporáneos. Los resultados de la pedagogía visible pueden medirse y clasificarse. Las pruebas estandarizadas son un buen ejemplo cómo se tasa la adquisición de códigos en las materias de enseñanza. Las más usuales miden aprendizaje en matemáticas, lenguaje y ciencias. La clasificación de resultados es jerárquica, secuencial y las normas explícitas.
En la lógica que planteó Bernstein, que después inspiró, al menos en parte, a los teóricos de la reproducción social, es que el aprendizaje formal depende más de la clase social de origen de los alumnos, que de la tarea de los maestros o de los libros de texto. En resumen, los niños pobres aprenden menos conocimientos formales que los de clase media y los de las zonas rurales menos que los de las ciudades.
Bernstein planteó que la diferencia de clase social en la escuela, además de los atributos económicos y sociales, eran culturales. Los niños de clase obrera (su territorio empírico era la Inglaterra de los años 60) asimilaban menos los códigos escolares por el trastorno lingüístico, el tránsito del lenguaje del hogar al de la escuela. La expresión de los libros de texto les es ajena a los niños de hogares pobres. Por eso su desempeño escolar es menor.
El otro asunto, educación es poder. La palabra clave de Bernstein fue control. Después otros autores ampliaron el concepto y argumentaron que la educación, el currículo, en particular, define el conocimiento oficial y es más que nada para mantener la hegemonía cultural que ejercen los grupos dominantes. La jerarquía social se reproduce en las escuelas.
En estos días se libra una contienda por el conocimiento oficial. La SEP trata de imponer nuevo currículo y libros de texto, pero de golpe y sopetón. El currículo vigente tomó décadas en construirse; la pedagogía visible generó consenso y también protestas, en especial por el énfasis en la evaluación. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador enterró la mayor parte de la reforma educativa que propuso Enrique Peña Nieto, pero no desplazó la hegemonía cultural.
Con la nueva generación de libros de texto, la 4T aspira a cambiar el conocimiento oficial, mudar parte de la pedagogía visible por otra que hace apología de la pobreza e introduce códigos ajenos a la cultura de las de las clases medias, pero también de las pobres; incluso extrañas para muchos maestros.
La 4T la tiene difícil. Tanto por la oposición de organizaciones civiles como por la vigencia de la pedagogía invisible. Según Bernstein, ésta es más importante en la vida social. Lo veremos la próxima semana.
Referencia. Bernstein, B. (1977). Class, Codes and Controls (2 ed., Vol. 3: Towards a Theory of Educational Transmissions). Routledge & Kegan Paul.
Con diálogo, separación y suspensión se controlan los conflictos entre el estudiantado en escuelas primarias públicas de Guadalajara, Jalisco, y Ciudad Obregón, Sonora, que experimentan problemas en los procesos de convivencia escolar.
La etnografía realizada por la Dra. Cristina Perales Franco, académica del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), propone reformular las estrategias de construcción de paz a fin de que se involucre a escuelas, docentes y directivos, así como a familiares; y no se responsabilice sólo a estudiantes.
La Dra. Cristina Perales Franco informó en una videocolumna publicada en el Canal de YouTube de la División de Investigación y Posgrado que el estudio más amplio se realizó entre 2014 a 2018 y se eligieron esas escuelas por la prevalencia de la violencia en las ciudades de Guadalajara, Jalisco, y Ciudad Obregón, Sonora.
“Estas dos escuelas tenían una mala convivencia y las relaciones con las familias eran muy difíciles”, detalló la académica, al referirse a su estudio que buscó observar en profundidad la relación entre escuelas, familias y comunidades en clave de convivencia.
Al tratar de responder cómo se manejan los conflictos en estas escuelas, la responsable de la línea de investigación Relaciones socio-comunitarias, convivencia escolar y construcción de paz del INIDE de la IBERO, relató que sobresalen tres prácticas restringidas de la convivencia escolar: diálogo, separación y suspensión.
El diálogo: Una plática con enfoque adultocéntrico entre docentes, directivos y familiares para controlar la mala conducta del estudiantado.
Separación: Una práctica que no está reglamentada por la política educativa. Es la más común. Se excluye del grupo a las y a los estudiantes problema y no se atienden las causas de su conducta vinculadas al género, a la clase social o a alguna discapacidad. Los estudiantes problema, incluso, podrían ser orillados a dejar la institución educativa.
Suspensión: Estudiantes problema dejan de participar en actividades o son expulsados o transferidos a otras escuelas.
A propósito de estos hallazgos, la académica refirió que los conflictos tienen implicaciones en términos de aprendizaje, participación ciudadana, democracia y el manejo del equilibrio del poder. Los conflictos son oportunidades para transformar las relaciones y para comprender otros puntos de vista. Sin embargo, en las escuelas, no se enfrentan los conflictos sino que se evitan y se contienen.
Esa estrategia no abona en la construcción de paz.
Se responsabiliza al estudiantado de los conflictos pero no de su manejo y resolución adecuados. La lógica de la separación, por ejemplo, obliga a evitar el problema, pero no a gestionarlo ni a resolverlo de una manera diferente. Se mantiene el control, pero no se contribuye en los procesos de reconciliación, enfatizó la Dra. Cristina Perales.
Con esta investigación, el INIDE de la IBERO propone que se mejoren las estrategias de resolución de conflictos entre toda la comunidad escolar: maestros(as), directivos(as), familiares y estudiantado al vincular las propuestas con la construcción de la paz y las relaciones de ciudadanía, justicia y solidaridad.
“Quédese en casa, manténgase a salvo” ha sido un lema utilizado por muchos gobiernos para garantizar que las medidas tomadas para limitar la pandemia sean aceptadas por las poblaciones urbanas que quedan a merced del miedo y la desesperanza. Sin embargo, esto no fue solo una medida de control y protección. Lo que realmente ha surgido durante los días de la pandemia es una destrucción permanente de lo común, entendido como el ámbito de la corresponsabilidad y el compartir en y de la ciudad. Y este proceso de destrucción incluye dos partes complementarias: la redefinición del espacio público y la redefinición del espacio doméstico. Las políticas de bloqueo se han dirigido directamente a restringir los usos del espacio público en nombre de evitar el contacto con posibles portadores del virus. Los encuentros con otras personas se demonizaban si no se consideraban actos ilegales y signos de “comportamiento irresponsable”. Aunque la mayoría de las personas a menudo se ven obligadas a tocar a otras personas en autobuses y trenes subterráneos abarrotados, se anunció que cruzar caminos en público es una condición arriesgada y peligrosa. Se alienta que prevalezcan la sospecha y el miedo, supuestamente como una forma de promover la protección individual. En muchos casos se desarrolla una vigilancia exteriormente militarizada del espacio público, siendo el ejemplo más profundo la vigilancia de la población por parte del Estado chino. Según la actual mutación de la retórica neoliberal, la «mano invisible del mercado» (considerada como el mecanismo para asegurar el «desarrollo» y la prosperidad), es menos confiable que el «puño de hierro del Estado» (considerado como el mecanismo para asegurar la satisfacción de lo considerado como la necesidad más crucial, la seguridad). El espacio público, así, se convierte en el lienzo de la obediencia, más que en el escenario de la pluralidad.
Por otro lado, la casa se convierte en el único lugar en el que los habitantes de la ciudad deben desarrollar sus vivencias sociales y reproducir su existencia social, obligados como están a quedarse en casa. Como sabemos, en muchas sociedades el hogar es mucho más que el contenedor de la vida individualizada, de la privacidad individual. Las familias (nucleares o extensas), así como los diferentes grupos de convivencia, son a menudo en tales sociedades nodos de redes de ayuda y apoyo mutuo, aunque también pueden generar antagonismo. Obligar a las personas a quedarse en casa significa también convertir las potencialidades de colaboración que se hacen posibles a través de estas redes en amenazas inminentes de incomodidad y enfrentamiento. Sin la experiencia de la vida pública mediada por intercambios vecinales y encuentros urbanos, el hogar se convierte en prisión. Y aquellos que se ven obligados a tolerarse mutuamente en todos y cada uno de los momentos del día, reaccionan de maneras que promueven, hasta un grado paroxístico, asimetrías de poder y antagonismos.
No es casualidad que los casos de violencia intrafamiliar se hayan multiplicado en este contexto. Tener que trabajar en casa (teletrabajo), dar clases o estudiar en casa (teleeducación), entretenerse en casa (tele-cine, tele-ejercicio, etc.) e incluso consultar a médicos de la misma forma (tele (consejos, telepsicoanálisis, etc.), significa tener que hacer frente a prioridades contrastantes dentro de un espacio limitado y en el contexto de diversas necesidades relacionadas con la edad, el género, la educación, la salud, etc. se reduce así a la producción de micro-mundos completamente separados y listos para explotar.
Por supuesto, también hay quienes no tienen una casa donde quedarse. Los que viven en la calle y, a menudo, participan en redes extremadamente complejas de supervivencia cotidiana en y a través de las transacciones callejeras. Y en muchas partes del mundo son un gran porcentaje de la población. Para ellos, la campaña “quédese en casa” simplemente significa mantenerse fuera de la vista. Desaparecer. Abandonar la ciudad. «Realmente no nos importa si sobrevives», parecen decir las élites gobernantes a esas personas. Aparte de su evidente cinismo, este enfoque destruye una peculiaridad doméstica, una apropiación hogareña del espacio público que es una de las corrientes más cruciales de la vida en la ciudad.
Recuperar el espacio público frente a medidas injustas y altamente discriminatorias significa, en efecto, recuperar las plazas y calles como espacios en los que las personas pueden desarrollar las reglas de uso común e inclusivo. Sin embargo, «mantenerse a salvo» significa garantizar la protección higiénica para todos, así como la protección de las políticas que apuntan explícitamente a promover el poder y las ganancias de unos pocos al tiempo que limitan los derechos de la mayoría. Para recuperar la ciudad y el derecho a la ciudad necesitamos recuperar, al mismo tiempo, las potencialidades de la convivencia doméstica. Walter Benjamin, mientras observa la vida en mitad de la guerra en Nápoles, ha señalado: “… la casa es mucho menos el refugio al que se refugia la gente que el depósito inagotable de donde sale la inundación”. ¿No es esta quizás una forma de imaginar un espacio urbano común después de una pandemia? Una especie de espacio producido, desarrollado y soñado como ámbito y medio de una sociedad basada en el cuidado mutuo, la igualdad y la libertad.
Las libertades democráticas se degradan cuando no sirven para resolver problemas sociales agudos, permitiendo que muchos se queden atrás.
Tiene razón Norberto Bobbio cuando afirma que la democracia se ha convertido en estos años en el denominador común de todas las cuestiones políticamente relevantes, tanto teóricas como prácticas. También cuando plantea que “la democracia no puede prescindir de la virtud, entendida como amor a la cosa pública, pues al mismo tiempo debe promoverla, alimentarla y fortalecerla”.
Desde esta perspectiva, la democracia requiere de ciudadanos activos, no pasivos. En general los gobernantes prefieren a los segundos más que a los primeros porque es más fácil mantenerlos controlados como sujetos dóciles e indiferentes. Pero la democracia necesita de los primeros.
Siendo que la democracia, como eje de la convivencia, precisa de personas capaces de participar activamente en la construcción y mejora de la vida colectiva se hace necesario acercar la democracia a los ciudadanos y los ciudadanos a la democracia.
En este sentido, muchos países de Latinoamérica y de Europa vienen desarrollando proyectos de educación para la democracia, mediante una “pedagogía de la democracia” que empieza por aplicar el principio básico y rector de este sistema de convivencia, que es, la participación: el derecho de todo individuo a opinar, a proponer y a gozar en igualdad de condiciones de todos los bienes y servicios públicos.
¿Qué tanto requiere nuestro país incentivar la pedagogía de la democracia? Pareciera que mucho. Según el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, divulgado a finales del mes pasado, al 68% de los dominicanos le resulta indiferente tener o no un gobierno democrático y el 50% da por bueno y válido el que el Presidente de la república pueda manejar los medios. ¿Realidad o percepción? ¡Las cifras alertan y provocan!
El Informe deja una llamativa lección aprendida: la necesidad de promover el conocimiento de la democracia en la cotidianidad política y social para reconocerla, amarla, vivirla, practicarla, defenderla y exigirla. Los defectos de la democracia demandan más democracia, y en ningún caso menos.
Provoca también la necesidad de un amplio debate nacional sobre la situación presentada, incluyendo el impacto presente y futuro en la democracia dominicana vista desde la óptica del presente gobierno democrático.
Pese a su importancia, muchas personas perciben a la democracia como algo lejano, abstracto, inalcanzable e, incluso, como algo difícil de comprender y de aplicar. Pocos saben definirla o describirla, aunque tengan una leve idea que es algo bueno, importante, algo por lo que las personas están dispuestas a luchar. Se requiere “intencionar” deliberadamente el aprendizaje sobre la democracia.
La educación para la democracia debe ser asumida por las escuelas públicas, colegios, universidades y centros de capacitación para el trabajo, destacando los procesos de toma de decisión que realmente les permiten a los niños, jóvenes y adultos formarse integralmente para incorporarse a una sociedad democrática.
Para que las instituciones educativas puedan asumir el compromiso de educar para la democracia deben contar con profesores bien formados mediante una pedagogía de la democracia que los sensibilice, motive y capacite para fomentar espacio democráticos de aprendizaje, disciplina, discusión pública y convivencia.
Sin embargo, la formación democrática será responsabilidad principal de la familia, lugar donde se cultiva la formación en valores, requisito indispensable para el surgimiento de una convivencia democrática basada en el respeto a los derechos de los demás.
Pero la educación para la democracia debe ser también responsabilidad de todas las instituciones y organizaciones públicas y privadas entre las se cuentan los medios de comunicación, las instituciones políticas y electorales, las instituciones religiosas, militares, policíacas y comunitarias, los gobiernos locales, los gremios profesionales y otras instancias de la sociedad civil. De lo que se trata es de despertar en todos los dominicanos, gobernantes y gobernados, un compromiso activo con la democracia.
La promoción y compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, constituyen también un vigoroso referente democrático que no sólo expresa la urgencia de amplias necesidades y reivindicaciones colectivas, sino que también representa la expresión de las deudas incumplidas de las democracias. Siendo, además, que las libertades democráticas se degradan cuando no sirven para resolver problemas sociales agudos, permitiendo que muchos se queden atrás.
Una pedagogía de la democracia conducirá a una “democracia vigorosa”, que no surge espontáneamente, sino que es el resultado del esfuerzo consciente de ciudadanos que asumen y ponen en funcionamiento las capacidades de: reivindicación; deliberación; indignación y sentido de lo justo; agencia con sentido práctico; memoria y promesa.
Cada una de esas capacidades está ligada a uno de los atributos que se postulan como propios de una democracia vigorosa en el mundo actual, “entendida como un sistema de gobierno y un conjunto de prácticas que configuran un modo de vida deseable por resultar dignificante”.
Hagámoslo posible aquí. ¡Pongamos en práctica la pedagogía de la democracia!
Por: Ana Esther Ceceña, Josué García Veiga. 22/05/2021
Es indudable la utilidad que pueden tener estas tecnologías para poder formular políticas lo más adecuadas posible en el tratamiento de covid-19… Pero también es indudable el carácter autoritario de todas estas tecnologías.
El presente trabajo expone los principales usos tecnológicos digitales con fines de control y vigilancia que han sido implementados en América Latina y el Caribe como resultado del combate a la covid-19. La muestra es evidencia de una amplia y variada instrumentalización de distinta intensidad y alcance por país en la región.
Desde Chile hasta México, pasando por Honduras y República Dominicana la emergencia sanitaria es utilizada como discurso para justificar el aumento de dispositivos digitales. En función de lo anterior existen diversos ensayos y aplicaciones de algoritmos de inteligencia artificial, cámaras con sensores térmicos, uso de drones, técnicas de geolocalización y desarrollo de programas para móviles (apps) entre otros, para múltiples fines: desde el rastreo de la covid, la detección de contagios y el seguimiento de contactos, hasta la supervisión de medidas de distanciamiento social, confinamiento, control de la información digital y automatización de prácticas médicas en diagnósticos y otros servicios relacionados.
Cabe señalar que las clasificaciones presentadas siguen la propuesta original de Whitelaw et al. (2020) publicada por la revista Lancet Digital Health y ha sido complementada con otros importantes esfuerzos de sistematizar el creciente avance de estos dispositivos, entre los que destacamos: el Covid Tracing Tracker del MIT (2020), el informe especial de Freedom on The Net 2020, The Pandemic´s Digital Shadow (Shahbaz y Funk, 2020), COVID-19 Digital Rights Tracker por TOP10VPN a cargo de Andrew Dwyer (Woodhams, 2020), la iniciativa Pandemic Big Brother (2020), el compendio de Naciones Unidas sobre iniciativas gubernamentales digitales (UN, 2020) y Fighting the Global Covid-19 Power-Grab de Privacy Internacional (2020).
La tabla es un avance en el estudio de las distintas tecnologías y su implementación por país. No obstante, debe subrayarse que su función es meramente analítica ya que su aplicación en cada país trata de una mezcla complementaria entre tecnologías y dispositivos.
Las estrategias de rastreo de la covid emplean análisis de big data y algoritmos de inteligencia artificial en conjunto de teléfonos celulares, aplicaciones digitales (apps), redes sociales, pagos con tarjetas u otros dispositivos para obtener datos en tiempo real de la ubicación de los casos positivos o posibles contagios y así determinar el avance del virus al interior de los territorios. En Argentina, la firma GranData proyecta mapas de calor diseñados para monitorear el cumplimiento de la cuarentena, basándose en información de ubicación georreferenciada recopilados por terceras apps digitales (PI, 2020). El rastreo en ocasiones se realiza mediante la información que gestionan las corporaciones de telecomunicaciones, en Chile el análisis de big data de dos empresas que integran Atelmo (Entel y Movistar) en conjunto con las Universidades de Chile y del Desarrollo, utilizan la información agregada de la red para crear mapas de calor que reflejen el nivel de movilidad por comunas.
El uso de cámaras térmicas y algoritmos de reconocimiento facial son instaladas en espacios generalmente públicos, altamente concurridos, con el objetivo de detectar patrones entre las personas que correspondan al perfil de un caso positivo: como la alta temperatura corporal. El metro de Panamá instaló cámaras térmicas en sus estaciones para detectar a viajeros con posible infección de SARS-CoV-2, se trata de cámaras con sensores infrarrojos a la entrada de las estaciones, en el área de los molinetes de acceso, para detectar personas con alta temperatura, que generen sospechas de contagio (Infobae, 2020). En la Ciudad de México el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) las cámaras cuentan con algoritmos de reconocimiento facial e inteligencia artificial y en tan solo 2 segundos pueden detectar la temperatura corporal de 15 a 30 personas simultáneamente mientras éstas transitan a lo largo de los pasillos (Staff High Tech Editores, 2020). Asimismo, se instalan cámaras en los sistemas de transporte público como los autobuses de Buenos Aires y Bogotá, y en los aeropuertos de las principales ciudades (como Sao Paulo y los nuevos equipos en el San Salvador).
En el caso de Ecuador, el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 ha implementado algoritmos de IA desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo, llamada Distancia2, que sirven para analizar las imágenes provenientes de las cámaras y medir la distancia entre las personas para así evitar posibles contagios. La información es utilizada para actualizar de manera automática los indicadores de movimiento y mapas de calor (Riobo, Márquez y Calatayud, 2020).
Los dispositivos digitales también son implementados para garantizar el cumplimiento de medidas de cuarentena y aislamiento social. En Ecuador, el 17 de marzo de 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que por decreto oficial el gobierno comenzaría a utilizar el rastreo por satélite para garantizar que los ciudadanos no traspasen la “valla epidemiológica”[1]. Otro caso es el acuerdo firmado por el gobierno de Río de Janeiro y la empresa de telecomunicaciones TIM para utilizar datos de geolocalización de sus suscriptores con el fin de monitorear el cumplimiento de las restricciones de aislamiento.
Se debe agregar que también los drones son utilizados para vigilar el movimiento de los cuerpos, detección de infecciones y más comúnmente en labores informativas. En marzo de 2020 el Gobierno brasileño decretó el cierre temporal de la frontera con Uruguay como medida preventiva ante la pandemia y la 3era Brigada de Caballería Mecanizada del Ejército Brasileño voló un dron (DJI Mavic Mini Fly More Combo) para patrullar desde los cielos los límites fronterizos (Valadares, 2020). Similar al uso policiaco de drones en Chaltenango, El Salvador para verificar la movilidad de las personas y vehículos en las calles y carreteras del país (Policía Nacional Civil, 2020). En el caso de la Policía Metropolitana colombiana en conjunto con las autoridades sanitaras, los drones cuentan con cámaras térmicas que pueden detectar durante el día o la noche la temperatura corporal de individuos o grupos de personas que transitan calles públicas (Almenara, 2020). En otros casos vemos también su implementación en operaciones informativas con mensajes de audio transmitidos por medio de altavoces que sirven para comunicar las medidas gubernamentales (como el caso de Brasil, México, Ecuador, Colombia y Paraguay).
La situación de emergencia resalta la importancia no sólo de contar con información precisa y actualizada sino también de gestionarla y controlarla. En este caso vemos a los organismos internacionales, instituciones de salud, corporaciones y estados que se encargan de velar por la información avalada como “oficial” y verídica frente a las disonantes versiones que son descalificadas como distorsiones o fake news. En algunas ocasiones esto cuenta con el apoyo jurídico legal estatal, como el Decreto Supremo 4200 en Bolivia bajo la presidencia de Jeanine Áñez, que de manera ambigua y sin definición clara criminaliza toda actividad en-línea que sea considerara como “desinformación” o actos que “generen incertidumbre a la población” (Human Rights Watch, 2020).
El uso de programas digitales (apps) para dispositivos móviles destacan por su gran popularidad. El desarrollo y diseño de estas apps es atractivo por sus bajos costos, alta versatilidad para muchas funciones y su facilidad de reprogramar. Tomemos como ejemplo la app EDUS en Costa Rica que permite a los doctores acceder al expediente médico de los pacientes en tiempo real, garantizar un análisis completo del historial médico de los pacientes y determinar el tratamiento específico para cada problema de salud; además, permite un monitoreo de las distintas fases de la enfermedad para visualizar su evolución y detectar progresos o dificultades. Adicionalmente la app permite a los pacientes la revisión de medicamentos, solicitar y reservar citas médicas en los centros de salud cercanos o directamente en los hospitales (Solís, 2020). Estas apps pueden ser útiles como medio de difusión de información oficial (en el caso de las apps gubernamentales), más aún para recopilar información sensible y personal que en la mayoría de los casos realizan de manera automatizada diagnósticos con base en los propios síntomas reportados por los usuarios. La tabla 2 registra 16 países de la región que cuentan con apps digitales con los servicios de información médica y encuestas de síntomas para autodiagnóstico. En Cuba el gobierno promovió el uso de una app desarrollada por estudiantes de la Universidad de Ciencias de la Computación que colaboraron con el Ministerio de Educación Superior de Cuba, el Ministerio de Salud Pública y la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA con el objetivo de identificar en tiempo real aquellas personas que se auto-diagnosticaron con alguna sintomatología respiratoria y que pudieran ser sospechosas de la enfermedad, esto se realiza gracias al llenado y envío de formularios por Internet, que posteriormente son procesados y trasladados a los centros de salud (Freedom on the Net, 2020). En Ecuador, la app gubernamental SaludEC permite a los usuarios informar sus síntomas y conectarse con los servicios de salud, la app solicita permiso para acceder a la ubicación GPS y requiere que los usuarios proporcionen información de identificación confidencial. México también cuenta con un cuestionario de detección de covid-19 que recopila información personal sensible que puede ser transferida a las autoridades federales y locales.
Entre otras aplicaciones digitales que apoyan el trabajo médico de automatizar diagnósticos son los bots virtuales como R.O.S.A. (Respuesta Operativa de Salud Automática) en Panamá que gestiona consultas digitales vía WhatsApp y mediante la línea 169 ayudando a filtrar los pacientes que presentan síntomas relacionados con la covid-19 para ser remitidos a una atención médica; adicionalmente puede responder dudas sobre la enfermedad y el virus SARS-CoV-2 (Fundación Carlos Slim, 2020). También “Aurora” un bot desarrollado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) de República Dominicana que provee información a la población sobre la covid y conecta con más de 200 médicos, a través de herramientas sociales como Whatsapp y Telegram, permitiendo a los ciudadanos realizar video llamadas y obtener asistencia general vía telefónica o texto. En tan solo menos de 24 horas de lanzada, se reportaron más de 26 000 interacciones y 17 días después, 183 860 (Cruz, 2020).
Adicionalmente las apps pueden ser complementadas con algoritmos que registren aquellos casos confirmados de covid para dar seguimiento y alerta a sus contactos considerados como posibles contagiados. En la región identificamos al menos 6 países donde las apps digitales presentan opciones de seguimiento de contactos (Brasil, Ecuador, Haití, México, Perú y República Dominicana). A pesar de que se ha señalado que estas apps tienen un bajo uso y en muchos casos se trata de aplicaciones voluntarias, nos es importante resaltar el ejercicio como un ensayo inédito de gran alcance regional en tan poco tiempo, que muestra posibles rutas para futuras experiencias de vigilancia digital.
Es indudable la utilidad que pueden tener estas tecnologías para poder formular políticas lo más adecuadas posible en el tratamiento de covid-19 o de cualquier otro padecimiento generalizado que requiera un monitoreo preciso. Pero también es indudable el carácter autoritario de todas estas tecnologías.
Los datos recopilados sirven para elaborar los mapas epidemiológicos que ayudarán a controlar al virus pero que pueden servir a fines diversos, sean comerciales (como ofrecer servicios privados o medicamentos de patente una vez que se conoce el estado de salud del individuo), o de vigilancia.
De hecho, se podría decir que mediante estas tecnologías se está estableciendo un panóptico global (un big brother) en el que todos los individuos quedarán expuestos a procedimientos de control y disciplinamiento diversos que, de conformidad con los estilos políticos en cada lugar, podrán ser abiertamente represivos o adoptarán estilos consensuales. Los dispositivos digitales de vigilancia implementados por requerimientos médicos se ven entremezclados con rasgos sociales, políticos y culturales situados, específicos de las relaciones de poder de cada territorio en concreto.
En realidad desde el momento en que los individuos incorporan voluntariamente la aplicación a su teléfono móvil, están aceptando someterse a una autoridad superior y a normas y políticas no decididas por ellos. El problema es que no incorporar la aplicación equivale a quedar excluido de las fuentes de información que le permitirían tener un criterio propio sobre el caso. De esta manera sirven para generar nuevos patrones de identidad y sometimiento, generar criterios de clasificación (exclusión e integración) y códigos de acceso para restringir o permitir la movilidad de los cuerpos.
En principio son los gobiernos, y a la ocasión las autoridades de salud, quienes estarían dictando las reglas y procedimientos a seguir en esta circunstancia, pero los datos se están registrando no sólo por ellos sino por las autoridades de control de población en general, incluidas las de seguridad. O sea, que la angustia sobre la pandemia, justificada y compartida, es la puerta por la que se proporcionan informaciones privadas a bancos de datos que no se sabe quién procesa, controla y utiliza y que tienen propósitos diferentes que los de salud.
Más aún, si bien las aplicaciones pueden ser desarrolladas localmente, el destino final de los datos son las grandes y poderosas plataformas digitales como Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft (gafam), que no pueden ser controladas ni por los gobiernos particulares ni por los usuarios. Por supuesto aquí hay toda una discusión sobre diferentes medidas para poner límites al poder que tienen estas plataformas, a las que habría que agregar su vínculo con el Pentágono, pero por el momento tienen la capacidad no sólo de ser las depositarias de la información recopilada y poderla procesar o utilizar como mejor convenga a sus intereses empresariales, corporativos y políticos, sino que tienen también el poder para simplemente desconectar a un país entero en caso de que quiera ponerles límites y restricciones (ver el reciente caso de Australia).
La información será presumiblemente usada para una variedad de derivaciones comerciales que la aprovechan para el control y manipulación de las emociones, deseos, gustos y rechazos de los individuos ante estímulos digitales (ver el film testimonial Los dilemas de las redes sociales) con el propósito de inducir el consumo. Pero también se sumará a las manipulaciones políticas que pueden buscar orientar preferencias electorales, la criminalización de ciertos comportamientos opositores estigmatizados (comunistas, terroristas, etc.), la movilización en torno a objetivos puntuales, incluso sexistas y racistas. Adicionalmente, el paquete de datos que se está recopilando, desde los que se ofrecen con las tarjetas de crédito y similares, hasta los que se entregan con motivo de la pandemia van configurando los perfiles de disidencia social ya sea individual o colectiva, real o potencial, que ayudará a los encargados del disciplinamiento social a ser más eficaces y precisos.
Las tecnologías digitales redefinen el espacio de la privacidad y lo íntimo, al estar presentes en mayores ámbitos de nuestra cotidianidad. Cámaras, sensores, antenas y algoritmos renuevan las medidas disciplinarias y de control en las sociedades actuales.
Como puede verse en las tablas presentados, todos los países están aplicando más o menos las mismas alternativas tecnológicas. Es cierto que su fragilidad frente a las grandes plataformas es anterior a la pandemia pero se incrementó notablemente el último año.
Estamos en la era de la ciberguerra. Los desarrollos tecnológicos de mayor impacto han surgido de los entornos militares atendiendo a las exigencias del uso dual: militar-estratégico y civil. El siglo XXI se abrió paso impulsando la idea de la guerra de espectro completo en la que todas las dimensiones de la vida son parte del terreno de batalla. Particularmente, el control de las mentes y los corazones, además del de los cuerpos, cobró una espacial significancia. Los cuerpos pueden ser controlados mediante la alimentación, los medicamentos y todos esos dispositivos que los condicionan, los fragilizan y los inducen a diferentes adicciones; también pueden ser masacrados o violentados de múltiples maneras. Pero ¿cómo hacer que las mentes y los corazones se tornen dúctiles? Ahí es donde entran en pleno todos los dispositivos electrónicos de condicionamiento, combinando todos los lenguajes posibles: imagen, movimiento, sonido, contenido, hábito. Esto último es quizá lo más importante, modificar los hábitos para que la vida no sea posible sin pasar por los aditamentos y funciones que ofrece la electrónica: computadora, ipad, teléfono móvil, tablet, etc.
La ciberguerra no se reduce a estos controles individualizados, por supuesto, implica el control e intervención en el ciberespacio como un todo. Implica controlar los sistemas informáticos del enemigo, del competidor o del disidente y desde ahí provocar su fragilización o destrucción. Pero la batalla con el sentido común de la gente es primordial para lograr vencer y dominar.
Estos sistemas están diseñados para eso: para dominar y vencer.
Marzo de 2021
– Ana Esther Ceceña es coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Presidenta del Comité Directivo de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI).
– Josué García Veiga es economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG-IIEc).
Documento elaborado como aporte para el Grupo de Trabajo sobre Derechos Digitales Colectivos y Vigilancia, del proceso de las Jornadas «Utopías o distopías. Los Pueblos de América Latina y el Caribe ante la era digital», organizado en el marco de Internet Ciudadana.
Pandemic Big Brother (2020), The pandemic gives new opportunities to Big Brother, última actualización 10 de diciembre, disponible en: https://pandemicbigbrother.online/en/
[1] De acuerdo con María Paula Romo, la ministra de Gobierno del presidente Moreno, “se autoriza en consecuencia con el Decreto Ejecutivo del Presidente, el rastreo satelital, de las personas que entren en el cerco epidemiológico. La tecnología nos permite saber en dónde está un número de celular por el GPS en los teléfonos inteligentes. Se autoriza (…) el rastreo satelital de estas personas, vamos a poder saber su ubicación y vamos a poder saber si se mueven. Igual, vamos a hacer un control aleatorio, pero con una herramienta tecnológica que nos va permitir controlar a más personas para que se obedezca, para que se cumpla, este aislamiento” (Rueda de prensa virtual de la ministra de gobierno en EcuadorTV, 17 de marzo 2020, ver minuto 5:05).
En mi infancia nos asustaban con el Ogro, un monstruo que siempre estaba presente como amenaza, para llevarte, comerte o simplemente asustarte; para que hicieras esto, aquello o dejaras de hacer. Ya me he referido a ello en mis Reflexiones Republicanas. Hoy hemos creado otro monstruo: el Sistema tiene el mismo objetivo que aquél Ogro: controlar, amedrentar y castigar. Lo alimentamos periódicamente con nuestros votos. Un monstruo indeseable, avaricioso, cruel y corrupto, que queda representado en el Sistema institucional, político, judicial y económico.
El Sistema, se retroalimenta con sus propias inmundicias. La política se judicializa y la justicia se politiza; no existe independencia entre poderes. Se adoptan medidas, en muchas ocasiones, a sabiendas que son contrarias a la ley, rayando la prevaricación. La corrupción afecta a partidos y a políticos sin escrúpulos, que se lucran y benefician, sin vergüenza, en el ejercicio de representación y gestión de los fondos públicos. Hay tenemos el caso PP, Bárcenas, Gurtel, de las comisiones ilegales y la supuesta financiación irregular del partido, como culmen de la desvergüenza.
Las instituciones pierden su grandeza, al ser utilizadas en beneficio de aquellos que deberían protegerlas y que han prometido o jurado defender. La percepción que existe sobre la corrupción política y el deterioro institucional, van desde la monárquica, hasta el más pequeño ayuntamiento, pasando por gobiernos autonómicos o el propio gobierno de la nación, parlamentos y poder judicial, sin olvidar a banqueros y empresarios. Monstruo de múltiples cabezas y garras, que amenaza con destruir todo lo que toca.
La separación de poderes, que caracteriza a un estado democrático moderno, no se produce en la realidad. El parlamento que representa a la soberanía del pueblo, está supeditado al gobierno. El parlamento, que elige al presidente, está bajo sus dictados. No hay independencia, como no la hay con el órgano del poder judicial, que está politizado. El gobierno manda y el pueblo soberano, representado en el parlamento, obedece; solo se cuenta con él para votar cada cuatro años. Hemos creado un monstruo que identifica sufragio universal con democracia; cuando democracia es más participación y poder de decisión.
El imperio de la ley es la seña de identidad del Estado de Derecho. Decir que la ley es igual para todos, es otra gran mentira del Sistema. Ni a todos se les aplica con el mismo rigor, ni todos están por debajo de la ley. En el Sistema, el rey está por encima de la ley, lo dice el propio texto constitucional, y otros órganos, sin decirse, lo están también. La aplicación de la ley va a depender de la clase social a la que se pertenezca. Existen dos varas de medir. La justicia es clasista y castiga más a los que menos recursos tienen para defenderse. Con las reformas, no todos tenemos la misma oportunidad para acceder a la justicia. La democracia se ha degradado.
La administración de justicia es otro monstruo. Los jueces hacen cumplir las leyes, con escasos medios y regulares resultados. ¿Cuándo aparecerá un juez que no aplique las leyes injustas? ¿Cuándo se dará un político que haga leyes justas? El imperio de la ley, utilizado torticeramente es una trampa. Hay que cumplir la ley, aplicarlas justamente y hacerlas con criterios de justicia social. El Sistema, representado por el poder político, beneficia al poder económico, que es madre y padre del monstruo.
En un modelo en el que rige la economía social de mercado, se supone que el mercado manda, ordena y regula las tendencias; y el Estado corrige las desviaciones, con el objetivo de conseguir, con solidaridad, el progreso social. El mercado va a lo suyo, y el gobierno, que debería impulsar esas medidas correctoras, está preocupado, de forma exclusiva, en fortalecer el sistema financiero, olvidándose de la economía real que crea riqueza y empleo. De nuevo el monstruo, que como cual Saturno, se alimenta de las necesidades y calamidades de la gente, a quienes tendría que proteger y amparar.
El Sistema adquiere su propia lógica y entiende que todo es justo si se hace en su morada; pero lo que es injusto, lo es por encima de su lógica. Dicen que el sentido personal de justicia, debe sacrificarse, al orden legalmente establecido, aceptando la ley como es, sin detenerse a pensar, si es justa o es injusta. Y eso no puede darse en todas las circunstancias. No hay que confundir legalidad con legitimidad. Ésta no se adquiere por haber conseguido mayorías absolutas parlamentarias, si las leyes que aprueba son injustas socialmente, y perjudican a la clase trabajadora y a los sectores sociales más desfavorecidos. Frente a esta situación cabe, cuanto menos, la insubordinación.
Los poderosos tienen al Sistema en su poder. Fíjense que no he mencionado ningún caso concreto de despotismo, corrupción y exceso de poder, pero supongo que todo se ha entendido; lo estamos viendo a diario en las televisiones. Para acabar con este monstruo corrupto y menos democrático, se necesita una acción contundente y definitiva, que destruya a la bestia en su guarida. Puede haber otras salidas; pero ¿cuáles?
Parece que todo va a seguir siendo como es. Los partidos mayoritarios no están por la labor de dar la vuelta a la tortilla. Cada cuatro años a votar, fortaleciendo al monstruo. Un desahogo: contra la desesperanza indignación, protestas, manifestaciones y huelgas; que son buenos instrumentos para reivindicar los derechos, que el Sistema permite eliminar y suspender. Pero a estas alturas, estas acciones se quedan cortas y estrechas.
Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/el-sistema-que-controla-amedrenta-y-castiga/
Era el sexto día del mes de agosto. El antier de estas letras. En la pantalla, el rostro del secretario de Educación a medias pues usa, y qué bueno, mascarilla en estos tiempos. La voz clara y quien esto escribe atento. Se trataron varios temas. En un momento —al minuto 20 y 16 segundos del video— como respuesta a la pregunta de un reportero, dijo: “Muy bien. Lo que anunciamos (para el ciclo escolar 2020-2021) es (que será) totalmente a distancia. El 24 de agosto tenemos un programa muy robusto, como lo hemos señalado aquí, de varios canales de televisión que van a impartir los cursos, las clases, con base en los libros de texto gratuito (y) los aprendizajes esperados, por lo que no habrá necesidad de acudir a las escuelas.” La explicación termina 31 segundos después: minuto 20 con 47 segundos.
Como se dice en Narvarte, algo me hizo chiras al oír lo expresado en ese momento. ¿De veras dijo lo que creí oír el maestro Moctezuma? ¿Acaso escuché bien? Para verificar la raíz del desconcierto, volví a ver el video y tomé nota textual de sus palabras. Y sí, tal cual: lo redactado es transcripción cuidadosa.
No es menor. Se dirá que fue una forma de decir y nada más. Sostengo que no, que el equívoco en este caso se basa en una concepción profunda que modula al habla. Para emplear el sistema común de la escuela, preguntemos: ¿quién o quiénes son los sujetos que llevarán a cabo la acción? Varios canales de televisión. ¿Y qué harán? Impartir los cursos, las clases. Es, por supuesto, un dislate. Carece de sentido.
Sin embargo, enuncia, al filtrarse sin querer, la convicción de la capacidad educativa de lo transmitido por las televisoras. Negar que las señales de la tele y la radio son las que más alcance tienen entre la población sería errado, en comparación con la desigual distribución de equipos de cómputo, dispositivos semejantes y, más aún, conectividad. Se ha elegido la vía de transmisión más accesible, aunque de un modo que merece, en otro momento, analizar y debatir.
El circuito es: emisor (SEP), transmisor (tele y radio), reproductor de imagen y sonido (una pantalla o aparato) y el receptor: quien está ahí, recibiendo el conocimiento que, de acuerdo al lapsus de la autoridad educativa, llegará por medio de las clases que impartirán (sic) los canales. De ser así el alcance será máximo y el aporte al aprendizaje nulo.
El reto educativo es generar una mediación pedagógica entre la información emitida y quién está en posibilidad de aprender. En la pandemia es muy difícil lograrlo, aunque trivial endilgarlo a los padres (sobre todo a las madres por la inequidad en la asignación de tareas entre hombres y mujeres). Tampoco resuelve el entuerto la prótesis del libro de texto que contiene aprendizajes esperados diseñados sin tomar en cuenta la circunstancia que vivimos.
¿Qué hacer? Desanudar al magisterio de las instrucciones uniformes y, en un marco general compartido, permitir que diseñen modalidades adecuadas a la diversidad del país, para intentar conseguir el mejor vínculo pedagógico posible con aprendices y familias. Ya lo hicieron o intentaron en los meses previos. Hay experiencias geniales. Son quienes más saben de este complejo oficio que, en las condiciones actuales, lejos de reducirse a vigilar y evaluar si se puso atención a los “cursos del canal”, pueden generar espacios para aprender con lo que esté disponible, lo que aprendan y adopten de otros y lo que ensayen e inventen para su contexto. Vivimos tiempos de creatividad, no de control.
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