Con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, el Estado rompió, unilateralmente, el pacto que desde hacía décadas tenía con los trabajadores de la educación. La reforma transformó sustancialmente la naturaleza del trabajo docente. Trasladó a los maestros, de la noche a la mañana, al reino de la inseguridad y la precariedad laboral. El magisterio dejó de ser una profesión de Estado para convertirse en una profesión semiliberal, cuyo desempeño está sujeto al arbitrio de la autoridad. De paso, decretó la práctica extinción del normalismo.

La nueva reforma educativa retoma aspectos esenciales de la reforma del Pacto por México. Así lo han reconocido el PRI, el PAN y especialistas educativos del mundo empresarial. Tan es así que votaron entusiasmados en favor del dictamen de la reforma en la sesión conjunta de las comisiones de Puntos Constitucionales y Educación en la Cámara de Diputados.

Como escribió Pablo Hiriat, nada sospechoso de simpatizar con el obradorismo: La reforma educativa aprobada ayer en comisiones en la Cámara de Diputados es prácticamente igual a la que promulgó en febrero de 2013 el presidente Peña Nieto, luego del Pacto por México entre todos los partidos.

Es falso que el rechazo de los maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al dictamen de los diputados sea por el control de las plazas. La coordinadora ha señalado una y otra vez, en cuanto foro y negociación ha participado, que no quiere que el sindicato controle las plazas. Pese a ello, políticos y expertos educativos ligados al mundo empresarial reiteran la calumnia.

De hecho, como recuerda el investigador Aldo Muñoz, ni antes ni después de la federalización de 1992 se entregaban al Comité Nacional del SNTE 50 por ciento de las plazas más bajas que se estipula en el artículo 62 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.

Lo que el magisterio democrático de­manda es no ser confinado a un régimen laboral de excepción, que trata las garantías laborales del magisterio como derechos de segunda. Juzga inadmisible que el ingreso, promoción y reconocimiento sean temas administrativos bajo el control gubernamental, al margen de cualquier bilateralidad. Ni en el artículo tercero, ni en algún transitorio. Tampoco admite que, aunque se reconozca en un transitorio que, salvo el ingreso, la promoción y el reconocimiento, las relaciones laborales se regulen por el apartado B del 123 constitucional. Por una razón elemental: para efectos de ley superior, un transitorio no está por encima de la ley madre.

Formalmente, la reforma educativa de la 4T declara que busca robustecer al normalismo. No lo hace. El texto dice: El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. Los diputados mocharon la propuesta presidencial original que establecía el dar atención prioritaria a estas ­instituciones.

Fortalecer realmente el normalismo implica varias cosas, no contempladas en el dictamen: dar plazas a los egresados de las normales públicas al terminar sus estudios; que los egresados de estas instituciones tengan primacía para ocupar una plaza de trabajo sobre los que vienen de otros centros educativos; libertad académica y autonomía real.

El normalismo es una profesión de Estado, surgida de la obligación de éste de impartir educación. Es la vía de formación de los profesionales que se requieren para cumplir con el ordenamiento constitucional en la materia. Los normalistas son evaluados por las autoridades educativas al ingresar a la normal, mientras están en ella y para recibirse, obtener su título y su cédula profesional. Los planes de estudios que cursan son fijados por el Estado.

Es absurdo que, en lugar de seguir la ruta que durante muchos años se siguió exitosamente, no obtengan su plaza y comiencen inmediatamente a trabajar al recibir su cédula profesional. Y que deban concursar por un trabajo compitiendo con profesionistas que no poseen los estudios para enseñar a niños y jóvenes. Es como si los cadetes del Heroico Colegio Militar, al terminar sus estudios, en lugar de ingresar directamente al servicio con un grado, tuvieran que presentar un nuevo examen, junto a profesionistas que no cursaron la carrera de las armas.

Las plazas de los normalistas de nuevo ingreso del sistema público no son administradas por el sindicato. No es el SNTE el que se las da. Es la autoridad educativa quien las asigna directamente a los egresados. Porque se necesitan sus servicios y porque demostraron, a lo largo de toda la carrera, que están capacitados para ser maestros.

Con la nueva reforma es imposible que se establezca pacto alguno entre los maestros y el Estado. O que se haga realidad una nueva escuela mexicana. Por el contrario, tal y como sucedió en el sexenio pasado, en el que los legisladores del PRI asumían que todo estaba bajo control y se enfrentaron a oleadas intermitentes de descontento magisterial, lo que veremos es un desencuentro permanente entre los trabajadores de la educación y la 4T.

Fuente del artículo: https://jornada.com.mx/2019/04/02/opinion/015a1pol