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Haití: Mantener la atención sanitaria en medio de la violencia extrema y la incertidumbre

Para describir la vida diaria hay que recurrir al vocabulario de la guerra. La capital de Haití, Puerto Príncipe, está dividida en muchas líneas de frente. Barrios enteros están bajo el control de grupos armados que cambian territorios. En las zonas pobladas y empobrecidas las calles tienen barricadas y en algunas áreas hay francotiradores que disparan a lo que ven.

Los enfrentamientos entre bandas han forzado a miles de residentes a abandonar algunos barrios, mientras que en otros, como Cité Soleil, la población se encuentra atrapada por los combates. Naciones Unidas calcula que 18.000 personas están desplazadas, acogidas por familiares o en lugares mal adaptados como escuelas o iglesias.

Se trata de un nuevo fenómeno, dado que la mayoría de ellos han huido durante las últimas semanas debido al repunte de los enfrentamientos. Las principales rutas de acceso a Puerto Príncipe están controladas por bandas y entrar o salir de la ciudad se ha convertido en una tarea complicada. Además de los combates, hay un elevado nivel de criminalidad, con robos, secuestros y extorsiones.

En este contexto, hay muchas víctimas de la violencia, especialmente heridos. En nuestro hospital en Tabarre, MSF ha dado atención a más de 600 personas heridas desde principios de año, la mayoría de las cuales son de los distritos de Martissant, Cité Soleil, Croix des Bouques o Bel Air, que es escenario de enfrentamientos.

Desde abril hemos hecho frente a varias oleadas de heridos que han provocado que incrementemos nuestra capacidad de hospitalización. Ha habido días en los que nuestros equipos han recibido hasta a 20 pacientes. De media, más del 60 por ciento de los pacientes de traumatología son víctimas de heridas de bala o arma blanca.

Por otra parte, MSF ha seguido atendiendo a víctimas de violencia sexual o de género en Puerto Príncipe y Gonaives. Si bien Haití ha estado afectado por la violencia crónica desde hace años, la situación se ha deteriorado de forma gradual durante el último año.

Las instalaciones sanitarias no están ya exentas de los ataques y nuestras actividades médicas se han visto alteradas por una sucesión de incidentes críticos. En febrero, un hospital de MSF dedicado al tratamiento de personas con quemaduras graves en el distrito de Drouillard tuvo que cerrar porque fue rodeado por los combates.

Los cerca de 20 pacientes que aún estaban en el hospital tuvieron que ser trasladados y el hospital aún no ha reabierto. Hemos mantenido un puesto médico de avanzada en el que estabilizar y enviar a los heridos o a las víctimas de quemaduras.

Durante el mes pasado, una explosión de violencia en el barrio de Martissant puso en la línea de frente, a prueba, al personal del centro de emergencias de MSF. Durante muchos días, el personal médico tuvo que atender a los heridos mientras se protegía de las balas perdidas y una de nuestras ambulancias fue robada.

El 26 de junio, la estructura fue objetivo de disparos directos y fue finalmente evacuada para no seguir poniendo en peligro a los pacientes y el personal. Más allá de estos episodios extremos, hay una violencia ordinaria que amenaza a todos. Cuando vamos a las calles, nuestros trabajadores sanitarios, como la población, viven con temor a las balas perdidas o los robos.

Un empleado de MSF que trabajaba en Tabarre fue asesinado el 25 de mayo por hombres armados una vez que había terminado su turno en el hospital y se dirigía a casa. Este estado permanente de inseguridad limita el acceso de la población a la atención sanitaria.

El sistema sanitario es ya extremadamente desigual, con una atención privada disponible sólo para los que pueden permitírsela, mientras que las instalaciones públicas carecen de los recursos básicos. En este contexto, es un desafío mantener las actividades médicas.

El personal y los pacientes tienen que llegar a las instalaciones médicas y volver de ellas con seguridad, pero no hay garantías de que puedan lograrlo. En un momento en el que MSF debería expandir sus actividades para responder a las crecientes necesidades médicas de la población, incluidas las relacionadas con un aumento de los casos de COVID-19, estamos teniendo problemas para mantener abiertas nuestras instalaciones.

Hoy es urgente darse cuenta de que Haití está sumido en una situación de violencia e inseguridad total que se suma a una gran crisis sanitaria. El asesinato del presidente, Jovenel Moise, agrega incertidumbre a un país que parece estar al borde del caos.

Fuente: https://www.europapress.es/internacional/noticia-haiti-mantener-atencion-sanitaria-medio-violencia-extrema-incertidumbre-20210715153629.html

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Colombia: autismo político, crisis social y modelo de exterminio

Por Aram Aharonian

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Más de dos semanas de ininterrumpidas manifestaciones populares a lo largo y ancho de Colombia evidencian que la crisis económica, financiera, sanitaria y social provocada por la inoperancia, torpeza y un programa de insultantes privilegios para la oligarquía del presidente Iván Duque, precipitaron el resquebrajamiento del consenso neoliberal y llevaron al baño de sangre con el que el establishment quiso sofocar el estallido social

En Colombia, imperialismo, contrainsurgencia y fascismo han actuado siempre unidos y/o mezclados. Subsiste una alianza militar-narcomilitar, con impunidad (casi) garantizada por la Fiscalía, que deja cadáveres de cientos de dirigentes sociales, indígenas o campesinos, mientras siguen las desapariciones y los fusilamientos extrajudiciales. Siete bases estadounidenses se alojan en territorio colombiano, asesores estadounidenses e israelíes adiestran a los asesinos de su pueblo.

Colombia es el único miembro suramericano de la OTAN, justificado por los enormes intereses neocoloniales económicos y políticos del complejo militar industrial y financiero nacional y global, además de los intereses geoestratégicos con países limítrofes “desafectos a Washington” como Nicaragua y Venezuela.

Hoy Colombia es más importante para Estados Unidos que su neocolonia de Puerto Rico en la totalidad de los intereses de Washington en la región. Pero el dato nuevo es que el gobierno de Joe Biden, en lugar del “tradicional apoyo irrestricto” al gobierno de Colombia, ha pedido el respeto por los derechos humanos y ha desautorizado los “desmanes” de la fuerza pública, que ellos financian y adiestran que, asociada con el narco paramilitarismo ha reprimido brutalmente –otra vez- y con una violencia aterradora a la actual protesta.

Algunos analistas pecan de optimismo al creer que esta posición desautoriza al expresidente Álvaro Uribe, cabeza de la derecha y del genocidio, -voz de Washington, pero sobre todo del Comando Sur- en su país desde hace dos décadas. Lo que hace el gobierno demócrata estadounidense es evaluar los daños, teniendo en cuenta que para ellos democracia es igual a elecciones (si son amañadas, mejor) y el proceso electoral colombiano ya se está jugando.

Esta “nueva” posición de Washington ha obligado a Duque a abandonar el cómodo Palacio de Nariño para ir, humillado y “clandestino”, en horas de la madrugada, a reunirse con sus operadores y agentes represivos, comandados por el general Eduardo Zapateiro, en la ciudad de Cali. La preocupación del arriba nervioso es que no surge ningún candidato desde la derecha proestadounidense.

Y aquellos que crecieron bajo el ala de Uribe y el narcopoder, tienen muy pocas oportunidades de llegar a la casa presidencial, máxime cuando la encuesta realizada por la revista Semana indicaba que el izquierdista Gustavo Petro ganaría en la primera vuelta y cuando todos son conscientes de que le será muy difícil a Duque gobernar los 18 meses que le restan.

En las próximas semanas ya veremos a quien los magos de Washington tocan con su varita mágica para garantizar la continuidad del uribismo. Alberto Pinzón señala que buscan a alguien con suficiente demagogia populista, imagen de progresista, que asista a los cocteles de la embajada y, sobre todo, que prometa continuar la lucha para llevarle la democracia a Venezuela, restaurar sus antiguas instituciones y suprimir definitivamente ese peligro a la seguridad de los EEUU que declaró el presidente Obama hace seis años.

Pero no hay que quitarle méritos a Iván “el terrible”: Es el único de América Latina y del mundo a quién se le ocurrió subir los impuestos en medio de la crisis social más grande que ha vivido el planeta en un siglo y la peor que ha tenido Colombia en su historia. Duque destinó apenas un 2,8% del PIB a la pandemia (EU dedicó un 24,8%), y casi la mitad de ese 2,8% no es gasto sino un seguro de crédito para la banca privada.

Hernando Gómez Buendía, director de Razón Pública, señala que Colombia fue víctima de tres cosas: su tradición de buen deudor y seguidor del Fondo Monetario Internacional; la Constitución de 1991, que se hizo para prohibir que el Banco de la República financie el gasto público, y la ideología o rigidez neoliberal del ex ministro de Hacienda Carrasquilla, su discípulo Duque, la Junta Directiva del Banco de la República y el equipo de gobierno en su conjunto.

En las últimas dos semanas, Duque perdió dos ministros. A la salida del impresentable ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, autor del proyecto de reforma tributaria que disparó el estallido social y al que ni Uribe quería, se sumó la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, dejando en claro que se trata de una crisis política provocada por la arrogancia e insensibilidad de Duque .

La administración derechista se quedó sin proyecto ni respuestas tras fracasar en su intento de trasladar a las mayorías el costo de mantener los ofensivos privilegios de la oligarquía mediante el aumento y la creación de nuevos impuestos. Ya Duque venía en caída libre, acumulando un 70 por ciento de desaprobación. Tratando de revertir la caída libre, Duque aseguró el 14 de mayo que “la recesión ha terminado” e indicó que por primera vez desde la pandemia Colombia muestra un crecimiento positivo en su economía, 1.1% luego de tres trimestres con cifras negativas. Tardaron muchos días en hacer cuadrar las cifras para mostrar esa mejora que no convenció a nadie.

Solo un gobierno con autismo político puede haber anunciado una reforma tributaria que afecta mayormente a las clases medias y populares, en un país que atraviesa el pico de la tercera ola de la pandemia con uno de los niveles de contagios y muertes más altos del mundo, un incremento de las personas en situación de pobreza extrema y una caída de la economía de casi 7%, dice Ariela Ruiz Caro.

Ese rechazo popular se volcó a las calles, en un país hambriento, desangrado, y los asesores del gobierno creyeron que Duque recuperaría credibilidad llamando a un farsesco diálogo –bien promocionado pro los medios- que no incluía la rectificación de las políticas no sólo neoliberales sino también oligárquicas, que quizá significaran un enfrentamiento con Uribe, su mentor y mandante.

Asimismo, el senador Iván Cepeda, la organización Temblores y organizaciones de Derechos Humanos informaron sobre la denuncia instaurada ente la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas por 1.595 casos de agresiones y violaciones de derechos humanos por parte del gobierno en los primeros 16 días de Paro Nacional. La denuncia acusa como máximos responsables de las violaciones humanitarias al presidente Iván Duque, al ministro de Defensa Diego Molano; al expresidente Álvaro Uribe Vélez; al general del Ejército Eduardo Zapateiro y al director nacional de la Policía, Jorge Luis Vargas.

Mientras, un críptico tweet en la cuenta de Uribe con una supuesta propuesta de acción política prendió la curiosidad y desató un intenso debate acerca del origen de dicha intervención. Textualmente decía: “1) Fortalecer FFAA, debilitadas al igualarlas con terroristas, La Habana y JEP. Y con narrativa para anular su accionar legítimo; 2) Reconocer: Terrorismo más grande de lo imaginado; 3) Acelerar lo social; 4) Resistir Revolución Molecular Disipada: impide normalidad, escala y copa”. Uribe se refería con el último de los términos al concepto repostulado por el neonazi chileno Alexis López, acérrimo defensor del revisionismo del holocausto judío, y conferencista en reiteradas ocasiones, en la Universidad Militar Nueva Granada, donde se forman algunos de los principales cuadros militares de Colombia.

Uribe es conocedor del poder del mercadeo, del valor de la emocionalidad en la construcción de mecanismos de poder y legitimación. Con la deformación del concepto. alimenta su serie de grandes éxitos que se inician con el ‘castrochavismo’ y continúan con otras deformidades tales como aquella de la ‘ideología de género’ o la alargada sombra del Foro de São Paulo, algunos de los argumentos más difundidos para la negativa de apoyo al proceso de paz en el referéndum de 2016.

La teoría ignorante o paranoica de la “revolución molecular disipada” que puso a circular el uribismo deja de considerar que en Colombia hay una sola fuerza organizada y capaz de ocupar esos centros de poder: el Ejército. Y en el caso de Duque, antes que un golpe, tendríamos una militarización completa del país y una violencia de Estado duradera.

La estrategia no es nueva por parte de la derecha: la desinformación se nutre del anonimato en la generación del mensaje y del capital simbólico de la figura que lo difunde. Su único fin es el de crear narrativas paralelas –a través de la apelación a las emociones con la utilización sistemática de la amenaza del terrorismo- y afianzar el pánico colectivo a través de una manipulación consciente de la información falsa presentada como veraz.

Para eso cuenta con asesores colombianos, ecuatorianos, estadounidenses, venezolanos e israelíes, además de los medios hegemónicos para difundir la información falsa, no solo colombianos sino también latinoamericanos y globales.

El senador Gustavo Petro dejó en claro que Uribe, un siniestro personaje y también su entorno –conformado por la más rancia oligarquía y por los más salvajes grupos paramilitares–recurrieron a tácticas transparentemente fascistas para auparse al poder y crear un sólido consenso social alrededor de sus intereses: desde la satanización y criminalización de cualquier forma de disidencia, hasta la invención de amenazas inexistentes para justificar formas extremas de violencia de Estado.

Ahora se habla de la realidad regional. En las regiones y ciudades intermedias, como Cali, es donde más duro se ha sentido el incendio social, descentralizando la protesta, trayendo a la escena a otros liderazgos sociopolíticos, que ponen en peligro la acumulación de capital conseguido en estos 40 años de genocidio y de despojo millonario de víctimas.

*Periodista y comunicólogo uruguayo, magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur, preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

*Fuente: https://www.nodal.am/2021/05/colombia-autismo-politico-crisis-social-y-modelo-de-exterminio-por-aram-aharonian/

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Al fin, Perú ha parido una izquierda popular

Por: Ricardo Jiménez A.

En la década de 1990’. la dictadura de Alberto Fujimori derrotó las organizaciones subversivas armadas y, mediante una combinación de represión, violación de derechos humanos y corrupción desatada en todos los niveles del estado y la sociedad, impuso una constitución y un modelo económico ultra neoliberales, que han significado un enriquecimiento ilimitado de los súper ricos a costa de las inmensas mayorías precarizadas o en una débil e insegura integración por el consumo y el crédito, asimilada vagamente como “clase media”.

Parte de ese proceso, fue la descomposición de la izquierda histórica, fragmentada hasta lo indecible, desorientada ante las nuevas realidades, especialmente, la pérdida de sus vínculos masivos y orgánicos con los sectores populares; vínculos que nunca pudo volver a recomponer. Es por ello, que las alternativas electorales contrarias a la derecha neoliberal surgieron de otros sectores distintos y más o menos nuevos, como los del nacionalismo de Humala, quien vertiginosamente traicionó esas aspiraciones apenas llegado al gobierno. O como VeróniKa Mendoza, surgida como figura al romper con la traición humalista y cuya base más ancha está en la clase media ilustrada, culta, progresista y ambientalista.

Hoy, de sorpresa, sin que nadie lo viera venir, por fin surge en el Perú una izquierda auténticamente popular, tras la candidatura de Pedro Castillo. Prueba de ello es justamente la sorpresa e invisibilidad con que ganó estas elecciones en primera vuelta, debido a que las miradas de analistas, medios de comunicación y aún de las militancias de izquierda clasemedieras, ni lo esperaban, ni lo querían.

A todos ellos incomoda esta corriente política que, a mano y sin permiso, sin “big data” y estrategias de “tweeter”, viene desde Los Andes profundos, siempre despreciados con racismo y clasismo, del movimiento rondero campesino y urbano, el más importante movimiento social del país, parte de Alba Movimientos en Perú, de los sectores sindicales de profesores, que han sido los más combativos y críticos al abandono neoliberal de la educación en los últimos años, y que tiene la capacidad de disputar los cerros pobres de Lima, porque habla su mismo lenguaje y lo mueven los mismos abandonos, olvidos, descontentos y esperanza.

Se trata de una izquierda popular, auténticamente autónoma, sin complejos y que no busca ni acepta chantajes de la derecha. Un ejemplo, es cuando el candidato Pedro Castillo, profesor y rondero, de 52 años de edad, señaló públicamente que en Venezuela no hay dictadura y que los venezolanos, sin injerencia externa, deben resolver ellos sus problemas, mostrando que era un mito innecesario sumarse a las calumnias de derecha contra Venezuela para “ser una izquierda aceptable” en el país. Otro ejemplo, cuando señala que, si el congreso, que será altamente fragmentado y con mayoría de bancadas de derecha, no quiere apoyar el llamado a Asamblea Constituyente, usará sus facultades presidenciales para cerrarlo, lo cual trasmite un mensaje de voluntad y coraje político que lo hace creíble y da garantías para sumarse, sin el temor a indecisiones y traiciones posteriores.

Por cierto, que tiene errores y limitaciones. ¿Acaso alguna obra humana no? Que pueden ser graves y deben cambiarse, como su rechazo al enfoque de género y los derechos de la diversidad sexual. Que reflejan, además, las limitaciones de su ancha base popular que todavía tiene estos prejuicios y desconocimientos. También hay denuncias de corrupción sobre algunos líderes o candidatos de este movimiento, algo de lo que no escapa, literalmente, ninguna fuerza política en el Perú; además, hay que decirlo, son, en cualquier caso, mínimas ante las corruptelas industriales de los partidos de derecha.

Pero, como decía el cubano universal, José Martí, “el sol tiene manchas. Los desagradecidos solo ven las manchas. Los agradecidos, la luz”. Y no hay dudas que esta luz popular abrirá caminos y nuevos escenarios, independientemente de lo que pase en segunda vuelta y de cara a un neoliberalismo peruano que se cae irremediablemente a pedazos, y que, de alcanzar nuevamente el gobierno, en la segunda vuelta electoral del próximo domingo 6 de junio, es altamente probable que ni siquiera pueda terminar su mandato, dadas las tendencias a la crisis social y la descomposición políticas, estructurales e irreversibles.

Pero eso será otra historia. Ahora toca sumar todos los esfuerzos a esta nueva izquierda popular que al fin ha parido el pueblo peruano.

Fuente: https://www.tercerainformacion.es/opinion/21/04/2021/al-fin-peru-ha-parido-una-izquierda-popular/

Fuente Original: https://ricardojimeneza.blogspot.com/2021/04/al-fin-peru-ha-parido-una-izquierda.html

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Gobierno Haití critica huelga de profesores y ataque a escuelas

El Ministerio de Educación de Haití criticó la huelga de profesores que mantiene a varios liceos hoy sin docentes y condenó los ataques contra las escuelas.

 

Unas 24 horas después que los estudiantes marcharan por las principales calles de la capital para exigir su derecho a la educación, el ministro Josué Argenor Cadet dijo sorprenderse por la decisión de los maestros de iniciar una huelga para demandar una tarjeta de débito.

El paro llevó a cientos de alumnos a las calles la víspera, quienes también acusaron al Gobierno de financiar las bandas armadas y no la enseñanza, y denunciaron que no tener educadores no los eximía de rendir las pruebas estatales.

Es inconcebible que los profesores y agentes del Ministerio puedan negarse a prestar el servicio por el cual se les paga regularmente, con el pretexto de una tarjeta de débito que no es un derecho legal, afirmó Cadet en un comunicado.

También deploró que algunos individuos irrumpieron violentamente en las escuelas, obligando a estudiantes y al personal a abandonar el lugar, mientras destruían materiales de estudio.

‘Es inadmisible e intolerable que esta práctica bárbara y retrógrada siga afectando al funcionamiento de las escuelas haitianas y violando el derecho a la educación de nuestros niños’, afirmó.

A mediados de marzo, líderes sindicales en el gremio educativo amenazaron con ir a paro si el Gobierno no los proveía de tarjetas de débito, y no se solucionaba la problemática de la igualdad salarial para los empleados de oficinas departamentales.

‘Nos tratan como parientes pobres’, dijo entonces Marie Antoinette Médor, portavoz del sindicato, aunque reconoció que el proceso está en marcha.

En los últimos dos años, el sector se vio afectado por numerosos movimientos de protesta que, sumado a la crisis sociopolítica y sanitaria, pone en riesgo el desarrollo de la enseñanza en todos los niveles, advirtieron expertos.

La comunidad educativa, por su parte, critica al Gobierno por no cumplir sus demandas, algunas de las cuales incluyen el pago de salarios atrasados en ocasiones por años.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=442219&SEO=gobierno-haiti-critica-huelga-de-profesores-y-ataque-a-escuelas
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Jordania: reformas incumplidas, crisis social y creciente represión


Por: Victoria Silva Sánchez 


En marzo de 2011 los jordanos salieron a la calle para pedir reformas políticas y económicas. Diez años después de las Primaveras Árabes, las promesas reformistas no se han cumplido, el país se halla en una crisis económica y social y la solución parece consistir en más represión.

El arresto el pasado 3 de abril del hermano del rey Abdalá II, el príncipe Hamza, acusado de conspirar para derrocar a su hermano, ha sido el último episodio de la creciente ola represiva que surca el reino hachemita, tanto que los jordanos han tenido que informarse en la prensa internacional para conocer lo que estaba sucediendo en su país.

El llamativo suceso ha hecho olvidar que el pasado 24 de marzo se cumplieron diez años de las protestas de la Primavera Árabe en Jordania. La celebración del aniversario fue abortada por las autoridades, que durante todo el día desplegaron numerosos efectivos en distintas partes de Ammán, impidiendo la concentración de ciudadanos y deteniendo a más de cien personas, que fueron liberadas en los días posteriores.

En 2011 los movimientos ciudadanos pedían reformas que incluían un Parlamento representativo, un gobierno elegido en las urnas, reformas constitucionales, persecución de la corrupción, la reforma del sistema impositivo, rebajar la presión del aparato de seguridad y trabajar por la unidad nacional. El rey Abdulá II prometió trabajar por la implementación de estas reformas, pero cayeron en saco roto, como viene siendo habitual. Diez años después, ninguna de estas promesas se ha cumplido: no hay reforma de las instituciones políticas, la corrupción continúa rampante, el aparato de seguridad ha incrementado su poder y el espacio cívico está totalmente limitado.

Foto: Mercado en la ciudad antigua de Ammán. (Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

Más allá del coronavirus

La pandemia de coronavirus ha afectado gravemente a Jordania, que registra más de 627.000 casos confirmados y más de 7.100 fallecimientos desde marzo de 2020, mientras que apenas el 2,9% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Según el FMI, la economía jordana se contrajo un 3% durante 2020, el déficit presupuestario creció un 106% y los ingresos descendieron un 9,3%. Mientras, el desempleo ha alcanzado el 24,7% de la población activa a finales de 2020 y el Banco Mundial estima en un 27% más el número de jordanos que viven bajo el umbral de la pobreza.

Sin embargo, estos indicadores económicos negativos no tienen su origen en la pandemia, sino que son parte estructural de la economía jordana, principalmente importadora, basada en el sector servicios y el turismo, una débil industria centrada en la exportación, con bajo rendimiento del sector agrícola y dependiente de las rentas procedentes de la ayuda internacional y las remesas.

Un claro ejemplo son los presupuestos anuales de 2021, que permiten vislumbrar las carencias sistémicas, como un anticipo del déficit presupuestario en 2.600 millones de dinares jordanos (3.118,5 millones de euros). El Gobierno prevé recolectar el 76% de los ingresos a través del sistema impositivo (principalmente del sector privado) y estima destinar la mayor parte del gasto público al aparato civil (24,5%), Ejército y seguridad (27,5%), deuda pública (15%), prestaciones por jubilación y compensaciones (16%) y apenas un 5% en asistencia a los más vulnerables, salud, educación o subsidios. Dada la precaria situación que gran parte del comercio minorista y de sectores como la restauración atraviesa, las previsiones de ingresos pueden cambiar a la baja. Las reformas del sector impositivo no han surtido el efecto deseado y medidas como el recorte del sector público, necesario ante la imposibilidad de hallar nuevas fuentes de ingresos, se ven impedidas por el uso del sector público como moneda de cambio para comprar lealtades y favores, particularmente en la relación con los principales grupos tribales. Asimismo, en los últimos años la inversión directa extranjera también ha descendido en más de un 50%, debido al deterioro de la seguridad nacional y regional y la dificultad de hacer negocios debido a las trabas burocráticas, imposibilitando el desarrollo de proyectos de infraestructura y energía. Finalmente, la baja inflación demuestra el escaso poder de compra de los ciudadanos e impacta negativamente sobre la recuperación económica.

El alto nivel de desempleo está directamente relacionado con los sectores productivos de la economía, aunque no refleja el desempleo real. La mitad de la población jordana trabaja en el sector informal, por lo que es muy vulnerable a la pérdida de trabajo, y a la ausencia de un sistema de seguridad social efectivo que proteja a los desempleados e incentive el alta en el mismo, pero se resiste a ser regulado. Por otra parte, la dependencia externa lastra a la economía jordana de forma catastrófica, pues tanto su energía como su seguridad alimentaria están sujetas a la importación de productos como hidrocarburos, cereales, azúcar o carnes, muchos de ellos subsidiados hasta hace poco, suponiendo un gasto desorbitado par las arcas públicas.

Foto: Un grupo de personas en Ammán reciben la vacuna de covid19. (Jordan Pix/Getty Images)

Finalmente, los jordanos son cada vez más conscientes de la corrupción generalizada en el país. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, Jordania figura como el 60 país menos corrupto a nivel global, pero el 55% de los jordanos consideraba en 2019 que la corrupción había aumentado durante el último año. La pandemia no ha hecho sino empeorar esta percepción, tal y como atestigua el enfado generado por la negligencia que causó la muerte de nueve pacientes en un hospital público por falta de oxígeno.

Inmovilismo político y aumento de la represión

Pese a las promesas de reforma política y económica, lo cierto es que el espacio político jordano se ha reducido desde 2011. La vigilancia sobre la discusión pública ha aumentado y con ello las dificultades de discutir sobre reformas democráticas. Se da una cierta tendencia inmovilista. Un ejemplo de esta persecución es el caso de los Hermanos Musulmanes. Aprovechando divisiones internas, el Gobierno reconoció en 2015 a la nueva organización disidente Sociedad de los Hermanos Musulmanes, leal al régimen, como legítima, y ordenó la disolución de los Hermanos Musulmanes originales, alegando que esta última no cumplía con la ley de partidos políticos. Pese a que recurrieron dicha decisión judicialmente, el Tribunal de Casación sentenció en julio de 2020 que la organización era ilegal y debía ser disuelta, aunque se trata de una decisión política influenciada por las presiones de países como Emiratos Árabes Unidos y su cruzada regional contra la hermandad.

El aparato de seguridad ha acaparado cada vez más espacio de acción y decisión a todos los niveles. A través de instrumentos legales como la Ley de Prensa y Publicaciones, la Ley contra el Cibercrimen o la Ley antiterrorista se ha criminalizado a periodistas y autores por expresar sus opiniones o, simplemente, compartir información en redes sociales. “La libertad de prensa está en su punto más bajo en muchos años, tanto en términos de autocensura como de temas que la prensa local ya no cubre”, apunta Adam Coogle, director adjunto de la división de Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch.

Durante los últimos años no solo ha habido un aumento notable de la represión y la censura contra periodistas, activistas, dibujantes e, incluso, diputados, sino también del ciberespacio a través de la disrupción de redes sociales y de la conectividad como herramienta de gestión de las movilizaciones sociales. “En los últimos siete u ocho años ha habido una creciente oposición desde el Gobierno a Internet y la creencia de que este medio tiene que ser limitado y regulado”, apunta Issa Mahasneh, director ejecutivo de la Asociación Jordana de Código Abierto (JOSA, por sus siglas en inglés). Esta tendencia, que comenzó durante las protestas contra la austeridad de 2018, se ha afianzado. “Desafortunadamente, esto es algo recurrente. La gente ya espera, cada vez que hay una gran manifestación, que Facebook Live se vuelva inaccesible para sus usuarios”, señala Mahasneh. Desde JOSA reclaman mayor transparencia por parte de las autoridades respecto a estas disrupciones, cuya causa se niegan a explicar. En la actualidad, no existe base legal que justifique a las autoridades jordanas bloquear el acceso a determinadas aplicaciones sociales, ya que la única institución capacitada para bloquear la Red es la Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones y para ello necesita una orden judicial amparada por la legislación vigente, tal y como sucede en el caso de los medios de comunicación online, cuyo bloqueo está respaldado por la ley de Prensa y Publicaciones. “El Gobierno insiste en que este es un país gobernado por el Estado de derecho. Este es el argumento que le lanzamos al gobierno: ‘De acuerdo. Si lo somos, muéstranos el respaldo legal detrás de este bloqueo’”, señala Raya Sharbain, gestora de programas de JOSA.

La pandemia ha retirado el velo sobre la creciente militarización de la vida pública que vive el país, que cada vez se asemeja más a algunos de sus vecinos. En marzo de 2020, el Gobierno aprobó una Ley de Defensa como medida excepcional para hacer frente a la pandemia. Un año después, esta norma, que otorga amplios poderes al primer ministro para gobernar por decreto, sigue vigente. Hasta la fecha se han publicado 27 de estos decretos, que en muchos casos están redactados en términos muy ambiguos, lo que permite perseguir penalmente a aquellos ciudadanos que compartan determinadas informaciones que “extiendan el pánico”. Esta tendencia ha acrecentado la represión durante la pandemia, que ha ofrecido episodios como la prohibición del sindicato de profesores y la detención y sentencia de sus líderes bajo cargos fabricados. “No se trata de nada nuevo. Simplemente, han ido más lejos que antes. Esto no es un producto de la legislación de emergencia, todo se ha hecho utilizando la legislación existente fuera de la pandemia”, apunta Coogle.

“Golpe de Estado” y golpe de efecto antidemocrático

Pese a que las autoridades militares negaron públicamente el arresto de Hamza, el vídeo filtrado a la BBC por el propio príncipe reconociendo estar bajo arresto domiciliario e incomunicado y un audio que ha sido posteriormente filtrado en redes sociales donde se escucha al jefe de las fuerzas armadas advertirle sobre sus actividades y al príncipe expulsándole de su domicilio, contradicen la narrativa oficial. En el vídeo Hamza arremetió contra la incompetencia y corrupción de los gobernantes y la creciente represión en el país, recogiendo así las reclamaciones de las últimas protestas. Además de él, también fue arrestado Bassem Awadallah, antiguo asesor del rey Abdalá y cercano a Mohammad Bin Salman, lo que ha avivado los rumores de la implicación saudí en la supuesta desestabilización.

Las autoridades han buscado vincular Hamza a la figura de Awadallah con el objetivo de desacreditar al primero frente a la población, pero el resultado ha sido el opuesto. El Gobierno no se ha referido a los sucesos como “golpe de Estado” sino como “acciones desestabilizadoras”, con conexiones internacionales hasta ahora desconocidas. Pero son muchos los jordanos que cuestionan la veracidad de lo ocurrido o al menos creen que les están ocultando una parte de lo sucedido, hecho que queda demostrado por la prohibición impuesta a los medios de informar sobre esta cuestión. Lo que sí está confirmado es el triste precedente que este suceso ha sentado en el país, y aunque el propio Hamza ha movido ficha declarando públicamente su lealtad al rey, la cuestión está lejos de haberse resuelto. En cualquier caso, su consecuencia más palpable será el aumento, aún más si cabe, de la vigilancia y la represión.

A diez años de la Primavera Árabe, la esperanza reformista parece haber pasado de largo por Jordania. La falta de democracia y participación de la sociedad civil, la corrupción rampante, el creciente desempleo y escaso crecimiento económico, la creciente represión y militarización de la vida pública no hacen presagiar avances. Después de la pandemia, a las autoridades jordanas se les acaban los chivos expiatorios para continuar posponiendo unas reformas tan necesarias que, de no ser implementadas, acabarán fagocitando al propio sistema.

Fuente e imágenes: https://www.esglobal.org/jordania-reformas-incumplidas-crisis-social-y-creciente-represion/

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Libro(PDF): Estados Alterados. Reconfiguraciones estatales, luchas políticas y crisis orgánica en tiempos de pandemia

Reseña: CLACSO

Con claroscuros y matices diferenciados, América Latina sigue siendo un espacio abigarrado de experiencias y posibilidades en disputa, en el que no parece haber lugar para la rendición. Lo que vendrá tras esta crisis sanitaria, económica y social será el resultado, seguramente, de las contradicciones que se despliegan cada día, en cada lucha, en cada rebeldía, en cada decisión de resistir, en cada voluntad de avanzar y no dejarse vencer en un mundo en el que el destino anti-capitalista parece, cada vez más, el único posible y necesario de construir.

Autoras(es): 

Carolina Bautista. Anahí Durand Guevara. Hernán Ouviña. [Editoras y Editores]

Henry Renna Gallano. Valentina Rossi. Anahí Durand Guevara. Josefina Torres Jiménez. Luisa Natalia Caruso. Miguel Ángel Beltrán Villegas. Julieta Paula Mellano. Magdiel Sánchez Quiroz. Camilo Gauto. Jorge Viaña. Islanda Micherline Aduel. Fabio Luis Barbosa dos Santos. Maíra Machado Bichir. Victoria Darling. Rodolfo Gómez. Mariana Giaretto. Carolina Bautista. Milton Piñeros Fuentes. Franco Rossi. Hernán Ouviña. Lucio Fernando Oliver. José Francisco Puello Socarrás. Dario Clemente. Marina Wertheimer. Javier Moreira Slepoy. Jymy Forero Hidalgo. Franklin Ramírez Gallegos. Daniel Vizuete Sandoval. Alfonso Bermejo. [Autoras y Autores de Capítulo]

Editorial/Edición: CLACSO. Muchos Mundos Ediciones. IEALC.

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina

ISBN: 978-987-86-8011-8

Idioma: Español

Descarga: Estados Alterados. Reconfiguraciones estatales, luchas políticas y crisis orgánica en tiempos de pandemia

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=2306&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1475

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Tres películas sobre la escuela

Reseñas/Diciembre 2020/eldiariodelaeducacion.com

  • La escuela y la educación hace años que son protagonistas de numerosas películas. De la mano de Jaume Cela te presentamos tres títulos, de diferentes épocas y latitudes.

El niño de la bicicleta
Hermanos Dardenne

Cirile vive en un internado. Quiere reencontrarse con su padre, algo que no conseguirá pero, lo que sí hará será entrar en contacto con una peluquera, Samanta, que, a partir de ese momento, se convertirá en un apoyo incondicional para el chaval.

Hoy empieza todo
Bertrand Tabernier

Un director de una escuela infantil en un contexto de crisis social. Una administración que no ayuda. Dónde están los límites de la acción de un docente. Hasta qué punto debe implicarse en las vidas de sus alumnas y alumnos y de sus familias.

Uno para todos
David Ilundain

Un profesor llega nuevo a una escuela para hacer una sustitución. Se encuentra con un grupo de alumnos estupendos. Pero, no todo es lo que parece. Falta un alumno que está en casa con una grave enfermedad. Nadie lo quiere de nuevo en el aula. Hasta el momento había sido foco de conflictos con todos los demás.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/12/02/tres-peliculas-sobre-la-escuela/

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