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Chile: “¡Vamos a la Pública!”: La campaña busca fortalecer las escuelas públicas y la comunidad escolar

“¡Vamos a la Pública!”: La campaña busca fortalecer las escuelas públicas y la comunidad escolar

América del Sur/Chile/ Por 

“¡Vamos a la Pública!” es una iniciativa recién nacida. Ha tenido sus primeros encuentros entre diciembre y enero, luego de que diferentes madres y padres se reunieron por sus dificultades en encontrar cupos para sus hijos en escuelas públicas de la Región Metropolitana. Actualmente son un total de 15 familias organizadas, de las cuales la gran mayoría no ha logrado ingresar a sus hijos en alguna pública de su comuna por la falta de cupos

Son un grupo de apoderados de las comunas de Providencia, Ñuñoa y Recoleta. Viven distintas realidades socioeconómicas pero se encontraron con un problema en común: la dificultad de conseguir lograr vacantes para sus hijos en las escuelas públicas de sus comunas.

De la unión de sus voluntades y del ideal de que el Estado debe cumplir con el deber de entregar educación pública y de calidad, financiada por los impuestos que uno paga, nació recientemente la campaña “¡Vamos a la Pública!”, la que trata de hacer correr la voz de sus ideas para que otros padres y madres se sumen a sus planteamientos.

“¡Vamos a la Pública!” es una iniciativa recién nacida. Ha tenido sus primeros encuentros entre diciembre y enero, luego de que diferentes madres y padres se reunieron por sus dificultades en encontrar cupos para sus hijos en escuelas públicas de la Región Metropolitana.

Actualmente son un total de 15 familias organizadas, de las cuales la gran mayoría no ha logrado ingresar a sus hijos en alguna pública de su comuna por la falta de cupos – algunas de ellas terminaron matriculando a los pequeños en una particular, para no perder el año escolar, mientras otras siguen esperando surgir una vacante pública, aunque la posibilidad de encontrarlo parezca improbable.

Entre los apoderados que conforman este primer equipo de la campaña están Andrea Carabantes y Lilith Kraushaar, dos mujeres chilenas que vivieron en Brasil y cuyos hijos son brasileños-chilenos. Las dos viven en Providencia y no han conseguido cupos para sus hijos en las escuelas públicas de la comuna. Además de la falta de cupos y de la falta de movilidad de las listas de espera, ellas reclaman de poca receptividad por parte de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia para con su solicitud.

“Cada vez que vamos a la Corporación nos dicen lo mismo, están aguardando los cupos, quedamos en lista de espera, pero incluso el discurso está tan ensayado que ya nos dicen que si no hay vacantes habrá que buscar lugar en la educación particular, e ya lo repitieron tantas veces, en diferentes escenarios, que una empieza a pensar que se te están forzando a ir a las particulares”, relata Kraushaar.

Además, las dos madres creen que parte la negativa para sus casos se da por razones sociales, porque son de familias de clase media. Ambas reconocen su condición, pero reclaman que también la clase media requiere y necesita de la escuela pública. “No es que la clase media tenga la posibilidad de pagar, la clase media lo que tiene es capacidad de endeudamiento y a veces se ve forzada a ir a la particular porque no hay cupos en la pública”, alega Carabantes.

“No es una cuestión de gusto, yo soy una persona de clase media pero también necesito esos espacios públicos, no solo por una cuestión financiera sino también para enseñar a mi hijo que él tiene ese espacio y ese derecho, y que no todo tiene que ver con comprar algo. Sino la idea de libertad de elegir que algunos sectores defienden termina siendo un argumento falaz, preso a una lógica consumista, como la libertad de elegir un producto, y en el caso de la educación particular es producto tan caro que termina siendo la libertad de con quien me voy a endeudar”, completa Kraushaar.

Por lo mismo, una de las principales demandas de la campaña es la creación de nuevas escuelas públicas ante la necesidad de ofrecer cupos en la enseñanza pública a las familias de clases bajas, de clase media e incluso de clases altas que se interesen por tener a sus hijos en instituciones. Carabantes agrega que este sería un verdadero marco de convivencia entre clases sociales, por lo que aprovechó de criticar a la llamada Ley Machuca: “Poner a una niña o niño de clase baja en un colegio de ricos no sirve de nada, porque no serán incluidos ni ellos ni sus padres en la comunidad escolar, los tratarán como unas rarezas dentro de su ambiente, mientras que en una escuela pública que esté abierta a todos los extractos sociales podría haber una mezcla social real, donde los diferentes mundos en igual dimensión buscarán reconocerse y aceptarse”.

Otro problema apuntado por las dos activistas es que muchas veces las razones sobre la falta de cupos incluyen alusiones a inmigrantes y personas de otras comunas. “A veces no llega al nivel de ofensas más abiertas pero es la típica excusa que trata de zafarse fomentando el estigma, cuando no es ese el verdadero problema. El problema es que nuestras comunas tienen que crear más cupos en las escuelas públicas, sean para familias chilenas o inmigrantes”, critica Andrea Carabantes, que vivió en Brasil por más de una década y que llevaba a su hijo a escuelas brasileñas hasta el año pasado. “Yo fui una madre inmigrante y me siento ofendida cuando tratan ponerles la culpa de esa forma”, agrega.

Sobre la ocupación de vacantes escolares entre comunas, las activistas reconocen que el problema en otras comunas es otro, a veces sobran cupos y en algunas escuelas donde sobra demasiado hay incluso la amenaza de cierre de escuelas. “De hecho, en algunas comunas los inmigrantes son justamente los que han salvado a esas escuelas de cerrar las puertas”, recuerda Carabantes.

Por eso, la iniciativa de reunir apoyos de familias de diferentes comunas de la Región Metropolitana e incluso de otras regiones incluye, junto con la demanda de la construcción de nuevas escuelas y la creación de más cupos en escuelas públicas, una otra por una política nacional de trato más igualitario en favor de las estructuras de esas escuelas. “Es una demanda por cantidad y también por calidad para todos, y para que una familia no se vea en la necesidad de buscar un cupo que está lejos porque la escuela de su comuna no es buena, hay que combatir también esas desigualdades, pero eso se hace con la participación de las comunidades y de los apoderados demandando los cambios”, explica Lilith Kraushaar.

/ Agencia Uno

Admisión Justa y Comunidad escolar

La campaña “¡Vamos a la Pública!” sirve de contrapunto a Admisión Justa, uno de los proyectos prioritarios del Ministerio de Educación que busca reinstalar mecanismos de selección en la admisión a los liceos y escuelas públicas, mientras que la idea del movimiento de Andrea Carabantes y Lilith Kraushaar es aumentar el número de vacantes para que eso no sea necesario, y además abrir más espacios de participación para los padres en el quehacer de las escuelas.

En ese sentido, las activistas dejan clara su oposición a la iniciativa liderada por la ministra Marcela Cubillos, la que consideran una política basada en una lógica elitista “en un sistema que por sí ya es elitista y privatizado al extremo, por lo que profundizar eso choca de frente con lo que esperamos de una política que fortalezca la educación pública, la participación ciudadana en la comunidad escolar y el principio de solidaridad que debe haber en la comunidad”, según Kraushaar.

Sin embargo, ellas no cierran la puerta para un posible encuentro con la titular de Educación caso ella se interese por conocer sus ideas. De hecho, los primeros planteamientos de la campaña han sido enviados a parlamentarios de diferentes sectores, y han tenido al menos dos interesados: los diputados frenteamplistas Tomás Hirsch y Gonzalo Winter, que las han invitado a conversaciones acerca de la propuesta. También se está negociando una reunión con el Colegio de Profesores.

Además de los apoyos, la campaña también busca sumar ideas que vengan a fortalecer la educación pública, aunque sea con ejemplos de afuera. De hecho, la experiencia de Andrea Carabantes en una escuela pública de São Paulo también inspiró a la campaña.

“Yo tenía a mi hijo en un jardín infantil privado hasta que vi un video de una activista que hoy es co-diputada regional en São Paulo recomendando llevar a los hijos a la escuela pública, y ella nos decía ‘¿por qué pagar por la educación si puedes llevarlo a una escuela pública?’. Lo hice, y lo interesante de esa experiencia fue haber encontrado mecanismos que favorecen a la participación democrática, como los consejos escolares, donde participan los apoderados y los gestores de la escuela para decidir cómo se utilizan las platas y qué medidas hay que tomar ante cada cuestión”, relata Carabantes.

Ella compara con cómo funciona esas estructuras en Chile y ve que si bien existen espacios similares, como los Centros de Padres, “lo de acá es una participación muy cosmética, los apoderados no se involucran en las decisiones, ni siquiera se fiscalizan los proyectos pedagógicos, sino que solamente deciden sobre la formatura del octavo básico, un evento de conclusión de curso, uno que otro viaje pedagógico durante el año y nada más”. Andrea cuenta que la comunidad de apoderados de la escuela de su hijo en São Paulo, de la cual participó hasta el año pasado tenía espacio para decidir el uso del presupuesto, el uso de los espacios de la escuela y la línea pedagógica que iba a seguir el establecimiento, lo que era debatido por los padres en asamblea, considerando los distintos puntos de vista.

Para conocer mejor la campaña de “¡Vamos a la Pública!” o incluso para sumarse al movimiento si así lo deseas puedes acceder al blog o a la página de Facebook. También hay cuenta en Instagram.

Fuente: https://www.eldesconcierto.cl/2019/02/25/vamos-a-la-publica-la-campana-busca-fortalecer-las-escuelas-publicas-y-la-comunidad-escolar/

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Educación Pública: La confrontación y el consenso de las élites

JUAN CARLOS MIRANDA ARROYO

Con la modalidad de “Parlamento Abierto”, las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados Federal, convocaron a representantes sindicales; a especialistas o grupos de investigación educativa (“la Academia”, que en su mayoría trabaja en instituciones de educación superior); a organizaciones de la “sociedad civil”, a empresarios; a las distintas fuerzas políticas, y a otros sectores de la misma clase política (legisladores de congresos locales o funcionarios de gobiernos estatales); a funcionarios públicos, del ámbito federal y estatal, del sector educativo; y, entre otros, a ciudadanos interesados (los menos, los olvidados, los ausentes), a participar en la tribuna nacional con la finalidad de discutir acerca de las inminentes modificaciones al texto Constitucional (Artículos 3, 31 y 73) referentes al derecho a la Educación y temas relacionados.

Desde la semana pasada y durante distintas fechas de este mes de febrero (2019), las élites de la educación pública, las figuras públicas que deciden el rumbo de la nación en la materia, en medio de la confrontación política, hacen uso del escenario y acceden a emitir sus ideas en la arena legislativa, foro del interés nacional. Ahí se dan cita y hacen uso del micrófono para dar a conocer sus posiciones “o posicionamientos” políticos e ideológicos; hablan sobre el “deber ser” de la educación pública en México. Ahí las participaciones de los invitados a la “Casa legislativa del Pueblo”, no se dan a la tarea de construir un debate de ideas, (por lo que a la discusión directa de puntos de vista opuestos se refiere), sino a edificar un monólogo múltiple, sutil, de terciopelo, que encierra pinceladas de discusión, de discrepancia, de confrontación entre diferentes voces.

Los actores protagónicos de esta contienda, las élites, es decir, los sujetos activos de esta disputa por la educación pública en México, representan a las fuerzas vivas pensantes, inteligentes, especializadas, expertas (por su experiencia en algún espacio del “sistema» educativo”), que no están despojadas de intereses e intencionalidades políticas ni económicas. ¿Qué está en juego en esta batalla por el poder público de lo educativo? Sin duda, el proyecto de nación. Los contenidos y los medios del deber ser educativo, y de la democracia misma como forma de vida. Ello significa que no solamente está en juego el proyecto educativo, sino también el destino de la nación.

Ahí, en la tribuna y en los pasillos se da la lucha de los discursos, de los simbolismos, de los ideales de las élites político-pedagógicas, cuyo interés primario es ocupar el centro de los poderes públicos del proyecto educativo nacional. Por todo ello conviene valorar esta hora del “Parlamento Abierto”, plural y diverso; coloquial y técnico; repetitivo pero creativo; espacio de crítica aguda, pero de inercia del continuismo; fuente de iniciativas, propuestas e ideas frescas o renovadas; aunque también es espacio y tiempo para que la élite hegemónica del pasado (“Pacto por México”) defienda y reivindique, con tibieza, un proyecto de Reforma Educativa que agoniza (el Reformismo Conservador y sus formas gerencialistas), que se resiste a morir.

Ahí está el registro de la retórica expresada en tribuna: Desde fragmentos de demagogia hasta intervenciones meditadas, informadas, congruentes y reflexivas en torno al cambio educativo. Alternancia discursiva entre lo crítico y lo acrítico; entre la oposición radical y la oposición oportunista, ésta última que presume de supuesta “neutralidad ideológica” y que parece olvidar que la política circular está en crisis y que la actual hegemonía política (“desde abajo”) podría poner en jaque al viejo poder de las élites (cuya legitimidad estaba instalada ”desde arriba»).

La confrontación de las élites es un campo de batalla que va más allá de los simbolismos, sobre todo si de lo que trata es de contender sobre los contenidos del marco legal de la educación pública. Las tensiones y distensiones en esta coyuntura no sólo están dadas por la lucha entre fuerzas político sindicales y el Estado (como protagonistas principales), sino también por las discrepancias (y alianzas políticas) entre grupos de académicos; en la discusión de ideas entre docentes y directivos de las escuelas normales o de UPN; en la diferenciación de proyectos o la imposición-resistencia de puntos de vista institucionales educativos. Ahí están también, sin ceder, la presencia y actuación de grupos de poder económico, eclesiástico y político. Nada más nos falta que haga presencia en escena el poder militar.

La contienda por ocupar o conquistar los espacios centrales y no periféricos del texto Constitucional está desatada; los consejeros del casi extinto INEE, están en campaña; los elegantes integrantes de la organización Mexicanos Primero, están en campaña; los dirigentes y bases de la CNTE y del SNTE, están en campaña. Fundación Azteca, Fundación Televisa, la OCDE, todos en el cabildeo, en las reuniones estratégicas. ¿Qué intencionalidades políticas están en disputa? ¿Un marco legislativo apegado a principios? ¿Con qué criterios pedagógicos, éticos, filosóficos o económicos se negocia? ¿Cómo rediseñar una arquitectura legal para la educación pública mexicana sin consensos? Ocupen sus localidades, señoras y señores, jóvenes, niños y niñas, porque luego tendremos la discusión acalorada sobre el contenido de las leyes secundarias; sobre los programas de gobierno; sobre el complejo accionar de las políticas públicas educativas. Seguirá la batalla por los presupuestos federales, estatales y municipales destinados al sector; vendrán también las disputas para definir las orientaciones o la toma de decisiones sobre aspectos macro sociales y micro sociales de los procesos educativos.

La disputa por los espacios y los tiempos de la educación pública en México en formato parlamentario, sin embargo, deja en la periferia, casi como ausentes, a los actores más importantes: A las profesoras y los profesores de a pie; a los directivos escolares, a los asesores técnicos y personal de apoyo; a los técnicos docentes; a los padres y madres de familia (y demás miembros de las familias que participan en la educación de sus niños, niñas, jóvenes y adultos). Ahí, en la tribuna nacional, no están los estudiantes, tampoco los periodistas, los intelectuales, los artistas, los trabajadores del campo, los obreros, los comerciantes ni los profesionistas u otras voces que tienen algo que decir sobre la educación pública.

El diseño del diálogo no está a discusión. Participaciones seleccionadas. Los demás disculpen las molestias, las élites están trabajando. La mesa está servida para que las élites asuman sus cotos de poder, para que los pongan en movimiento. Las élites activan sus “cuartos de guerra”, no para conspirar, sino para ganar espacios de poder público. Más atraídos por los juicios y los prejuicios morales (que no son inválidos en tanto éstos cuenten con contenidos éticos); más movidos por ideologías, por músculos políticos y menos por aproximaciones del conocimiento científico y técnico (con todo lo que ello significa) acerca de cómo procesar los asuntos apremiantes de la educación.

Mientras discutimos los términos de la Reforma Educativa que viene (que no necesariamente es una “contrarreforma”), o mientras las élites tomamos acuerdos o trabajamos en la construcción de un nuevo “Contrato Social” sobre la educación pública, miles de estudiantes jóvenes abandonan diariamente las aulas; millones de adultos siguen sin alfabetizarse o sin concluir la educación primaria o secundaria (se habla de un aproximado de 32 millones de mexicanos); y miles de niños entre los 3 y 4 años de edad no tiene acceso a la educación preescolar ni de la primera infancia, entre 0 y 3 años. ¿Cuál será el consenso posible en esta cerrada contienda de las élites por este ámbito clave de la vida nacional que es la educación?

*Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro.

Fuente: https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/02/13/educacion-publica-la-confrontacion-y-el-consenso-de-las-elites

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EEUU: The Untold Story Behind the Atlanta School Cheating Scandal

Por  & ,

Reseña: A medida que las huelgas de docentes en Denver y Los Ángeles se unen a una ola de acciones laborales recientes que llaman la atención sobre la difícil situación del sistema de escuelas públicas de EE. UU. Observamos de nuevo uno de los escándalos de escuelas públicas más grandes en la historia de los Estados Unidos. Las escuelas públicas de Atlanta, Georgia, se lanzaron al caos en 2015 cuando 11 ex educadores fueron condenados en 2015 por cargos de extorsión y otros cargos por supuestamente facilitar una operación de trampa masiva en exámenes estandarizados. Los fiscales dijeron que los maestros se vieron obligados a modificar las respuestas incorrectas y que incluso se les permitió a los estudiantes corregir sus respuestas durante los exámenes. El caso ha alimentado las críticas sobre la dependencia del sistema educativo en las pruebas estandarizadas y suscitó llamamientos de racismo. Treinta y cuatro de los 35 educadores acusados ​​en el escándalo eran afroamericanos. Hablamos con Shani Robinson, uno de los 11 maestros condenados, que ha escrito un nuevo libro sobre el escándalo de la trampa con la periodista Anna Simonton. Se titula Ninguno de los anteriores: la historia no contada del escándalo de engaño de las escuelas públicas de Atlanta, la codicia corporativa y la criminalización de los educadores .


As teacher strikes in Denver and Los Angeles join a wave of recent labor actions bringing attention to the plight of the American public school system, we take a fresh look at one of the largest public school scandals in U.S. history. Public schools in Atlanta, Georgia, were thrown into chaos in 2015 when 11 former educators were convicted in 2015 of racketeering and other charges for allegedly facilitating a massive cheating operation on standardized tests. Prosecutors said the teachers were forced to modify incorrect answers and students were even allowed to fix their responses during exams. The case has fueled criticism of the education system’s reliance on standardized testing, and elicited calls of racism. Thirty-four of the 35 educators indicted in the scandal were African-American. We speak with Shani Robinson, one of the 11 convicted teachers, who has written a new book on the cheating scandal with journalist Anna Simonton. It’s titled None of the Above: The Untold Story of the Atlanta Public Schools Cheating Scandal, Corporate Greed, and the Criminalization of Educators.

AMY GOODMAN: This is Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I’m Amy Goodman, with Juan González.

JUAN GONZÁLEZ: Well, we turn now to the fight for public education, as the teachers’ strike in Denver heads into its third day. District and union negotiators worked late into the night Tuesday on a potential agreement, including a base salary of $45,800 a year for educators. That would be a $2,500 boost from their expected pay for 2019-’20 school year. But the Denver Classroom Teachers Association is still demanding the district rely less on bonuses and instead focus on financial security for educators.

Denver’s teachers are striking for the first time in a quarter of a century. Their walkout comes just weeks after an historic 6-day teachers’ strike in Los Angeles ended with victory for educators demanding smaller class sizes and higher wages. The actions are the latest in a wave of teachers’ strikes that began last year in Republican-controlled states like West Virginia, Oklahoma and Arizona. The strikes have brought renewed attention to the plight of the American public school system, which teachers say is under attack.

AMY GOODMAN: We’re now joined by a former educator who says the teachers’ strikes can help shed light on one of the largest public school scandals in U.S. history. Shani Robinson is a former first-grade teacher in Atlanta, Georgia, who was convicted for what prosecutors said was her role in the massive cheating scandal that roiled the school district and drew national attention in 2015. Robinson was one of 11 former educators convicted of racketeering and other charges. Prosecutors say teachers were forced to modify incorrect answers and students were even allowed to fix their responses during exams.

This is Judge Jerry Baxter, speaking after the verdict was handed down. He ordered most of the educators immediately behind bars, an unusual move for first-time offenders.

JUDGE JERRY BAXTER: I made myself plain, from early on. And they have made this decision, and they have — they have — they’ve not fared well. And I don’t like to send anybody to jail. It’s not one of the things I get a kick out of. But they have made their bed, and they’re going to have to lie in it. And it starts today.

JUAN GONZÁLEZ: Two of the convicted former educators turned themselves in, in October, to begin their prison sentences. Nine were sentenced to jail but rejected sentencing agreements in order to appeal. Twenty-one defendants avoided trial with plea deals. The case has fueled criticism of the education system’s reliance on standardized testing, and elicited calls of racism, because 34 of the 35 educators indicted in the scandal were African-American.

AMY GOODMAN: Shani Robinson has written a new book on the cheating scandal, with journalist Anna Simonton. It’s called None of the Above: The Untold Story of the Atlanta Public Schools Cheating Scandal, Corporate Greed, and the Criminalization of Educators. In the book, Shani Robinson writes, “[T]he dominant narrative that developed about the scandal rarely acknowledged the bigger picture: federal policies that encouraged school systems to reward and punish educators based on student test scores; a growing movement, driven by corporate interests, to privatize education by demonizing public schools; and land speculation — correlated to new charter schools springing up — that was gentrifying Black and brown neighborhoods across the country.”

We’re joined now in our New York studio by Shani Robinson, who’s still awaiting an appeal in the case. Also with us, Anna Simonton, independent journalist, editor for Scalawag magazine, graduate of the Atlanta Public Schools, co-author, with Shani Robinson, of None of the Above.

We welcome you both to Democracy Now!

SHANI ROBINSON: Thank you for having us.

AMY GOODMAN: So, you are appealing these charges. I mean, you basically were charged under laws to get the mafia.

SHANI ROBINSON: Correct. I was facing 25 years in prison. I was charged with racketeering and false statements and writings.

AMY GOODMAN: So, explain — lay out the story. Go back to 2013. Tell us what happened.

SHANI ROBINSON: So, the APS cheating scandal was a period —

AMY GOODMAN: Atlanta Public Schools.

SHANI ROBINSON: The Atlanta Public Schools cheating scandal was a period of time in which educators were accused of changing their students’ answers from wrong to right on standardized tests. And so, I was actually a teacher for three years in Atlanta Public Schools. And my second year teaching, I was a first-grade teacher, and that later becomes the year in question.

ANNA SIMONTON: 2009, yeah.

SHANI ROBINSON: In 2009. And as a first-grade teacher, my test scores actually did not count toward the district targets, which were benchmarks imposed by the APSschool board and administration, or the federal standards, which was adequate yearly progress.

And so, in October of 2010, I get a phone call from a GBI agent, Georgia Bureau of Investigation, and he asked me to come in to, strangely, a mall parking lot, is where I met him. And he tells me that there’s been an erasure analysis done for the entire state of Georgia. Twenty percent of the schools over the entire state of Georgia were flagged for high erasures.

AMY GOODMAN: Explain erasures.

SHANI ROBINSON: So, the erasure analysis was basically looking at how many times a student — right, a student’s went from wrong to right.

AMY GOODMAN: Erases their answer.

SHANI ROBINSON: Right.

AMY GOODMAN: And makes it right.

SHANI ROBINSON: And goes from wrong to right, right. After a certain amount, it’s like statistically improbable, outside of human intervention. And so, the agent told me that in my class specifically, there were high levels of wrong-to-right erasures. And he asked me: Can I explain this? And I say, “No, I can’t explain this.” And then he asked me: Well, did any administrators or the principal ever place any pressure on me to cheat on my students’ test booklets? And I said, “No.”

And then he pulls out a prewritten, voluntary statement form, which was basically saying you don’t have any knowledge about cheating, you didn’t cheat. And he asked me to sign this form. Now, the thing about this form is that later it’s used against many educators who signed the form. They were charged with false statements and writings, which is a felony. And so, teachers were really put between a rock and a hard place, because here you have a GBI agent — and, mind you, there were no attorneys present. I didn’t have an attorney present. And when they went into the schools, teachers were pulled from their classrooms and interrogated, so there really were no attorneys present. And so you have this GBI agent asking you to sign a form, and if you don’t sign the form, you didn’t really want to become a target, you know, but if you did sign the form, you could potentially become a felon.

JUAN GONZÁLEZ: Now, let me ask you, the entire investigation, it was touched off, wasn’t it, by a series in The Atlanta Constitution that began questioning the percentage of erasures that they were uncovering in their investigation? What impact did that series have on the general Atlanta community? And obviously it touched off the law enforcement officials.

SHANI ROBINSON: Right. And there were — at that time, I believe there were about — it was over about — there were about five schools, across five districts. And so, that prompted the governor to do a statewide investigation. And so — and just to even go into as far as like the widespread cheating is concerned, over 40 states in this country have had evidence of cheating allegations. Fourteen of those states, it was considered to be widespread. In Washington, D.C., there were 103 schools that were flagged for high — suspiciously high erasures or test scores. So, this was actually something that was happening across the country. So, what we can’t figure out is why teachers in Atlanta were slapped with felony charges. Some of my co-defendants were facing prison sentences of up to 40 years.

JUAN GONZÁLEZ: And, Anna Simonton, I’d like to ask you in terms of the broader picture. Now, this happens — these indictments come down in the middle of the Obama administration. President Obama and Arne Duncan, his education secretary, were very much into performance-based measures of teachers and standardized testing as a way — as a key way to measure whether a student is doing a good job. Could you talk about the pressures that were put on educators, and not only on the educators, but their supervisors, their principals and their superintendents, during this period of time?

ANNA SIMONTON: Yeah. This was a long-running trend beginning in the early 1990s, when high-stakes testing began to be utilized in school districts, like Houston’s. But it was really codified in federal law in 2001 with No Child Left Behind, which was signed by George W. Bush. But Obama really continued the policies of No Child Left Behind in practice, if not in name.

And one interesting piece to this story is how our governor at the time, Sonny Perdue, used the same 2009 test scores to apply for a $400 million Race to the Top grant. So, Race to the Top was a grant under the Obama administration for states that could show that they were doing some of these education reforms that the federal government was pushing — so, expanding charters, increasing high-stakes testing — that they could get federal funding. And so, at the same time that Sonny Perdue sends in GBIagents to the schools of Atlanta because he suspects that the 2009 CRCTtest scores are fraudulent, he’s using those same test scores to say, “Hey, look, our test scores are going up.” And they did win that $400 million federal grant.

AMY GOODMAN: And, Anna, why did you get involved with Shani in writing this book, None of the Above? You, too, went to Atlanta Public Schools. Why was this so interesting to you?

ANNA SIMONTON: I did. I had to take these tests, and they were a drain on the actual education that I feel like students should be getting in the classroom. They’re, in my view, a waste of time.

But more important is that my middle school counselor was actually convicted in this case. I, like many people, watched the convictions handed down, not having really followed the trial. It was an 8-month trial, the longest criminal trial — excuse me — in Georgia history. And so it was hard for people to kind of understand what was happening as it dragged out. But when the convictions were handed down, it was like heartbreaking to see someone who I remembered being this like beacon in my own childhood, along with these other teachers. And so, when Shani reached out to me, it was just a wonderful opportunity to do something about it and try to tell another side of the story.

AMY GOODMAN: We’re going to break and then come back to this discussion. Our guests are Anna Simonton, independent reporter, editor for Scalawag, also joining us is Shani Robinson. She was the youngest of the teachers convicted in the Atlanta cheating scandal. She is appealing her conviction. Two teachers just recently went to jail. This is Democracy Now! Their  book is called None of the Above. We’ll talk more about it in a minute.

Fuente: https://truthout.org/video/corporate-greed-and-criminalizing-teachers-in-atlanta-school-cheating-scandal/

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Chile: Senadores de oposición denuncian “intento para hacer fracasar educación pública”

América del Sur/Chile/Eldinamo.cl

Jaime Quintana, Ricardo Lagos Weber, Carlos Montes, Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre, y Alvaro Elizalde llamaron al Gobierno a implementar la ley de Nueva Educación Pública.

Los senadores Jaime Quintana, Ricardo Lagos Weber, Carlos Montes, Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre, y Alvaro Elizalde llamaron al Gobierno a implementar la ley de Nueva Educación Pública, que estableció el traspaso de los establecimientos municipales al Estado, y denunciaron que las actuales autoridades parecen “empeñadas” en hacer fracasar la reforma aprobada en el gobierno pasado.

“De otra manera, no es posible entender cómo, iniciando el 2019, aún no exista claridad sobre la situación de los servicios en funcionamiento de la Nueva Educación Pública, siendo entre otros los encargados de asegurar la continuidad y mejora del servicio educativo público que acoge a más de 57 mil estudiantes en 300 establecimientos distribuidos en 14 comunas del país”, afirmaron.

“A casi un año de gestión gubernamental, la ciudadanía está siendo testigo de cómo las medidas y acciones que se están tomando en educación, así como los proyectos anunciados por la ministra no van en la línea de fortalecer la calidad de la educación de todos los chilenos”, aseguraron.

Al contrario, afirmaron, estas medidas del ministerio pretenden “concluir el intento iniciado en la reforma de 1982 de destruir la educación pública y de instalar de manera definitiva y sin contrapeso al mercado como único actor de educación”.

Fuente: https://www.eldinamo.cl/educacion/2019/01/23/senadores-de-oposicion-denuncian-intento-para-hacer-fracasar-educacion-publica/

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Desde Argentina: Cerrar y ajustar para privatizar

Un grupo de investigadoras en Ciencias de la Educación analizó el impacto de las políticas de ajuste en el sistema educativo y advirtió que “es acompañado con la contratación de fundaciones o la directa privatización de servicios” antes ofrecidos por el Estado.

America del Sur/Argentina/www.pagina12.com.ar

El 2018 fue otro año de desmantelamiento de la educación pública. Los intentos de clausura de escuelas rurales y de islas, la explosión de una garrafa en un colegio de Moreno, la aprobación del proyecto Unicaba mientras se reprimía en la calle a docentes y estudiantes, la actual embestida para cerrar los secundarios nocturnos se sucedieron como gestos ostensibles: no hay dudas de cuál es el lugar que el gobierno de Cambiemos piensa para el sistema educativo público y gratuito. Doce investigadoras –pedagogas y especialistas Ciencias de la Educación– analizaron los principales hechos sucedidos en el área durante el último año y lo volcaron en un documento, donde advierten, además, sobre el panorama nada alentador por los recortes en el Presupuesto 2019.

El documento fue elaborado por Teresa Artieda, Alejandra Birgin, Sandra Carli, Adela Coria, Myriam Feldfeber, Graciela Morgade, Marina Paulozzo, Roxana Perazza, Patricia Redondo, Silvia Serra, Myriam Southwell y Sofía Thisted, integrantes del colectivo Conversaciones Necesarias.

El análisis parte de una idea. Los cierres apuntan a una estrategia de concentración de la oferta educativa con el supuesto objetivo de priorizar la eficacia del gasto: “Responden a las políticas de ajuste que el gobierno de Mauricio Macri viene implementando, con especial celeridad a partir del acuerdo con el FMI”. Pero no se agotan en la lógica del ajuste, ya que al mismo tiempo el proceso de cierre de escuelas “es acompañado con la contratación de fundaciones o la directa privatización de servicios que hasta ahora brindaba el Estado”. Estos avances privatizadores vienen siendo registrados como una tendencia mundial. En Argentina, bajo la gestión macrista, el negocio crece, además, vía contrataciones con el Estado.

Cambiemos ha fortalecido una idea de Estado evaluador, agregan las investigadoras. Si bien no ha logrado imponer su idea de difundir los resultados de las pruebas educativas, se ha mostrado insistente en la idea de imponer esta suerte de ranking de escuelas, una propuesta que revela el profundo desconocimiento de la complejidad de los procesos educativos.

“En lugar de un Estado productor de conocimientos, se produce el desplazamiento de las universidades públicas (entre otras instituciones acreditadas) como interlocutoras de la política pública, y se recurre a fundaciones y ONG privadas, con el negocio que eso conlleva”, agrega el trabajo. Como ejemplo pone la contratación por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de su director de Escuelas, Gabriel Sánchez Zinny (fundador de Kuepa y Edunexo) de la Fundación Enseña por Argentina y de la Fundación Educere, decisión que supuso la transferencia de recursos al sector privado y la tercerización de servicios educativos que deberían ser garantizados por el Estado.

Otro rasgo de las políticas del gobierno durante el 2018 fue haber tomado decisiones a espaldas de comunidades educativas, docentes, organismos gremiales, especialistas, sin la búsqueda de consensos. Un caso emblemático señalado por las investigadoras es “la creación de Unicaba, impulsada por la ministra Soledad Acuña, que fue aprobada sólo con los votos de Cambiemos, sin el apoyo de otras fuerzas políticas y en el marco de una amplia movilización de oposición de la comunidad educativa”, reseñan.  Otro ejemplo citado es la ofensiva del ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro, contra los sindicatos docentes y el ataque sistemático a la Ctera, acusada alternativamente de “gremio purista”, “burocracia sindical” y “partido político”.

“A todo ello se suma la instalación de un clima persecutorio y represivo en el sistema educativo público, en algunos distritos del país, a partir del hostigamiento a docentes, estudiantes y dirigentes gremiales, la inhibición de la expresión pública de las disidencias, el armado de causas penales, la presencia de la policía en establecimientos educativos”.

Las pedagogas dedicaron un apartado de su trabajo al debate público sobre la Educación Sexual Integral. “Es notable que el gobierno nacional, que dice pronunciarse “a favor” de la ESI, haya desfinanciado en 2016 y 2017 al Programa Nacional de ESI, y que en 2018 haya colocado los esfuerzos en solo dos dimensiones de la misma: la prevención del embarazo en la adolescencia y la jornada anual “por la igualdad”, establecida en otra ley para que un día al año se trabaje sobre el tema de la violencia de género. Mientras tanto se redujo el financiamiento del ex Consejo Nacional de la Mujer”, señalaron.

“Las demandas y expectativas que los debates sobre la legalización del aborto abrieron en la sociedad y se profundizaron en las escuelas solo pueden atenderse con un incremento considerable del presupuesto en educación. Sin embargo, para 2019 solo se propone un ajuste feroz que pone en jaque las capacitaciones, la producción de materiales y la implementación de una ley que, en el marco de la creciente movilización de las mujeres, a todas luces es motivo de impugnación interesada por parte de sectores políticos ultraconservadores con creciente presencia en varios países de América Latina”.

Sobre las previsiones para este año, las autoras ponen el foco en el Presupuesto 2019, redactado con el corset del ajuste fiscal prometido al FMI. “La educación pierde participación en el presupuesto nacional del 7,1 por ciento en 2018 al 5,5 por ciento en 2019”, advierten.

Si 2018 se caracterizó por numerosos recortes y subejecución de partidas presupuestarias, así como por el desmantelamiento de programas nacionales (Conectar Igualdad) y la reducción al mínimo de otros (Progresar), el 2019 profundizará más aún la asfixia de la educación pública y del sistema educativo en su conjunto, avizoran. “El Presupuesto 2019 establece recortes brutales en educación (en fortalecimiento edilicio de jardines, infraestructura y equipamiento, acciones de formación docente, plan nacional digital, políticas socioeducativas, etc.) y aumenta de manera exponencial partidas destinadas a la tercerización, que serán de utilidad política en un año electoral.”

https://www.pagina12.com.ar/171327-cerrar-y-ajustar-para-privatizar

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Desde Argentina, Nancy Librandi: «Si hubo movilidad social en el país fue gracias a la educación pública»

Por Daniel Puertas/dpuertas@elpopular.com.ar

Nancy Librandi, ex subdirectora de Educación Artística rovincial, advirtió sobre quienes pretenden «reemplazar a la educación pública por una educación privada de élite» y dijo que «quiero creer que no tienen malas intenciones», ya que si eso ocurriera «sería una tragedia para la sociedad».

Además de funcionaria entre 2011 y 2015 Nancy Librandi fue inspectora y se jubiló en los últimos días de diciembre de 2015 después de una larga trayectoria docente. Ahora está preparando la tesis para obtener el doctorado de especialista en Lenguajes Artísticos y es evidente que tiene decidido no abandonar la docencia y considera que «todavía rengo mucho para dar».

A pesar de los «tres años de distanciamiento, de ostracismo» observa con atención la marcha del sistema educativo, ahora sin estar directamente involucrada y reparte su tiempo entre las reflexiones sobre la marcha de la educación en estos días y la búsqueda de objetos que encierren «la memoria de la gente» por distintos lugares del país, particularmente en La Rioja, hayan sido construidos como obras artísticas o para el uso práctico y cotidiano.

Y en sus reflexiones sobre la educación en la Argentina casi todo parece pasar por el sistema público, en el que, asegura, «siguen pasando cosas» buenas, fundamentalmente por el esfuerzo de maestros y no por las políticas que se están aplicando.

Ciertas palabras apresuradas como las de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien afirmó que los pobres no llegan a la Universidad o las que señalan que la «educación pública está colapsada» son para ella signos de las intenciones de dejar de lado el sistema público en favor de una «educación privada de élite».

Para ella con la destrucción de la educación pública le estarían «cortando las piernas a la sociedad» y recordó que muy probablemente «nuestros bisabuelos fueron analfabetos, nuestros abuelos con suerte completaron la primaria y nuestros padres cursaron el secundario. Nosotros somos la generación que llegó a los estudios universitarios y terciarios».

Para ella esta movilidad social a través de las generaciones sólo fue posible por la educación pública y sostiene que es un deber del Estado «no cercenar el derecho a la educación, garantizar el acceso de todos, lo que implica también mantener los edificios escolares en condiciones, preservar la seguridad psicofísica de los alumnos, preservar su identidad».

Parte de sus preocupaciones pasan por el futuro de los institutos terciarios: «cada vez que se piensa en fusiones, en cambiarles el formato se está cerca de un retroceso. Los institutos superiores de capacitación llegaron a un territorio amplio, al que no llegaba la Universidad».

Para ella «no hay otra salida que desarrollar y garantizar la educación pública. Cerrar escuelas nocturnas, como en la Ciudad de Buenos Aires, eliminar escuelas de islas, rurales en base a criterios eficientistas son torpezas que se cometen en detrimento de la sociedad».

En ese sentido añadió que «dicen que una escuela con dos alumnos no es funcional. Pero son dos alumnos con derecho a recibir educación» y supuestamente el Estado lo debe garantizar.

Pero se entusiasma al señalar que «el sistema educativo tiene una inercia tal que las cosas siguen pasando. Las prácticas más valiosas de la escuela siguen sucediendo a pesar de todo».

Observa con desconfianza los «cambios en los diseños curriculares del nivel primario, que ahora son sugestivamente parecidos en el diseño a los chilenos. Además son confusos, mal jerarquizados, mal categorizados. No sé que han querido hacer».

También sostiene que «ahora hay mucha preocupación por la tecnología, como si fuera el fin del progreso educativo cuando la tecnología no es un fin sino un medio».

Pero insiste en encontrar razones para el optimismo en que «hay muy buenos maestros y profesores y por eso en este marco todavía se cuelan cosas, se hacen cosas superlativas, de excelencia» en las aulas.

En cambio en el diseño de las políticas en marcha «hay un culto a la experticia» y «se han conformado equipos con gente con títulos mayúsculos pero que no han transitado por la experiencia. Cuando leés lo que escriben te das cuenta si lo hizo alguien con experiencia, con estudio, con preparación» dejando tácitamente expresado que a veces eso no ocurre.

Cuestiona también que se han renovado completamente «los equipos de supervisión», con lo que se ha perdido experiencia invalorable. Alerta además sobre los reales objetivos de las pruebas PISA promovidas por la OCDE que tanta polémica han desatado en la Argentina y recuerda que las lleva adelante una empresa multinacional e insinúa la posibilidad que uno de sus objetivos sea el de desacreditar la educación pública.

Esa megaprueba se basa en criterios que han sido calificados de reduccionistas, descontextualizados y que sólo apuntan a medir la capacidad de los alumnos para integrarse al mercado laboral en un contexto capitalista. La Argentina siempre ha obtenido malos resultados en esas pruebas.

Nancy Librandi cree que la educación va mucho más allá de los parámetros que sólo aspiran a medir cierta clase de eficiencia.

Fuente: http://www.elpopular.com.ar/eimpresa/295231/si-hubo-movilidad-social-en-el-pais-fue-gracias-a-la-educacion-publica

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La Industria Educativa y la Segregación Social

Por Víctor Cárcamo Silva/ institutobautistavanschouwen/23-01-2019

El debate por la selección de estudiantes en los denominados “liceos emblemáticos” en torno al denominado “Proyecto admisión justa”, ha puesto en el centro de la discusión las concepciones implícitas tras el modelo educacional chileno y nos abre a repensar los niveles de inclusión en nuestra sociedad y, junto con ello, el rol que el sistema escolar cumple en nuestro país.

No es posible separar la discusión en torno a la selección en el ingreso de estudiantes a un determinado colegio, como si en sí misma fuera la solución al problema de la promoción de estudiantes hacia la educación superior. En base a lo datos arrojados por el DEMRE a partir del último proceso de selección universitaria, de los 50 colegios con mejores puntajes obtenidos en la PSU, sólo dos son municipales y ninguno de ellos es particular subvencionado(1). Este dato no sería particularmente dramático si es que de él no se desprendiera como una nefasta consecuencia, que tan solo el 30% de los estudiantes de provenientes de establecimientos municipales quedó seleccionado para proseguir sus estudios de educación superior(2).

La gran defensa en la irrupción de otros sectores como oferentes en la educación, en los marcos de la “libertad de enseñanza”, fue el aumento de la matrícula y la posibilidad de superación de la pobreza, cuestión que los datos demuestran como un total fracaso. Si bien es cierto que los niveles de cobertura a nivel escolar son mayores, cabría preguntarse para qué están siendo formados nuestros jóvenes y, si no pueden elegir dónde educarse, en qué se traduce para ellos aquella “libertad”.

La comprensión de la educación como una industria(3), vale decir, como un nicho de negocios o un sector susceptible al “emprendimiento” desde el cual se pueden obtener ganancias, han sido por décadas parte estructural del marco que regula la labor educativa en nuestro país. Esto se expresa en acuerdos de larga data, como el debilitamiento de la presencia estatal en el sector público, la municipalización, el aseguramiento de financiamiento público para los sostenedores privados (particular subvencionado), que dicho sea de paso está condicionado al desempeño y asistencia de los estudiantes al establecimiento, lo que concuerda con la necesidad del sostenedor de seleccionar a aquellos estudiantes que le puedan asegurar el alcanzar mejores resultados en las pruebas estandarizadas y con ello obtener los fondos necesarios para la “prestación del servicio”.

Si bien el fin de la selección propuesto como “herencia” iba en una dirección correcta, la gran mayoría de los planes impulsados por la anterior administración no buscaban cambiar las lógicas de la “industria de la educación”, sino que muchas de ellas la perpetúan. Sería muy iluso de nuestra parte el pensar que la propuesta de conformación de los servicios locales en torno a direcciones zonales que contarían con presencia del empresariado local, fuera un intento de cambiar la matriz productiva de nuestro país con participación activa de las comunidades educativas o de las entidades sociales presentes en un territorio. Dicho esfuerzo, más bien, tenía como fin asegurar a la industria la obtención de mano de obra barata y calificada en el territorio aledaño a su labor(4).

Francisco Zariqueiey, así como diversos estudios en neurociencias, señala que los estudiantes con mayores capacidades alcanzan desempeños de mayor complejidad cuando enseñan o le explican a otros, pues son habilidades de un nivel superior las que deben poner en práctica(5). Sería importante avanzar la discusión en torno a lógicas que permitieran asegurar alcanzar mejores aprendizajes en el aula, de manera que la integración de estudiantes con distintos niveles de desempeño, con variadas necesidades para la facilitación de su desarrollo cognitivo y, por qué no con distintas realidades sociales, enriquezcan las experiencias educativas, generando mayores niveles de inclusión, no sólo a nivel del aula; sino que ayude a la rearticulación de un tejido social,  ya no sólo a nivel económico, sino también cultural, pues la realidad del sector público ya da cuenta de la presencia de un sin número de niños-estudiantes que migran al interior de nuestro país.

Con todo, el contar con mayores recursos para el desempeño del profesorado, el aumento de los tiempos de preparación para el trabajo en el aula, o el mejorar las prácticas de inclusión de estudiantes de distintos sectores en nuestro establecimientos, parecen fuera de toda discusión.

Lamentablemente, los problemas de segregación social derivados del concebir el ejercicio de un derecho como si fuera una industria, no son exclusivos del ámbito educativo, sino que son parte estructurante de un estado concebido bajo el principio de la subsidiariedad, sólo que a ratos muchos de los que se hacen parte del litigio parecen olvidarlo.

Víctor Cárcamo Silva
Instituto de Ciencias Políticas Bautista Van Schouwen

*Fuente: https://institutobautistavanschouwen.wordpress.com/2019/01/15/la-industria-educativa-y-la-segregacion-social/?fbclid=IwAR0STHdh2-OCZP0yOG3cmLSF-qxAU4lCHZYZzod77d7TyIJJo8aArUv_kW0

*Fuente de la imagen: https://www.unoentrerios.com.ar/hoy-hoy/privatizacion-educativa-una-politica-estado-n1677843.html

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