Departamento de Educación

Puerto Rico / 19 de abril de 2017 / Por: Benjamín Torres Gotay / Fuente: http://www.elnuevodia.com/

Reglamentos internos y la ley IDEA, que protege a menores de educación especial, le obligan a resolver conflictos en su entorno

Al referir al sistema penal a estudiantes por problemas de conducta cotidianos, el Departamento de Educación (DE) viola rutinariamente sus propios protocolos disciplinarios y las disposiciones de la ley federal IDEA para el manejo de problemas de conducta en niños de educación especial, reconoció el director de la división legal de la agencia, Eric Huertas.

Al reaccionar al problema de la inmensa cantidad de peleas rutinarias entre estudiantes que terminan dilucidándose en los tribunales de menores, en vez de en las mismas escuelas, Huertas indicó que reconoce que componentes del sistema no siempre cumplen con las disposiciones de la propia agencia.

Pero aseguró que la secretaria Julia Keleher tiene un plan para atender esa situación en el futuro cercano.

Huertas sostuvo que hay casos de conductas constitutivas de lo que serían delitos graves en el caso de adultos -en menores, se les llama faltas Clase III- que definitivamente tienen que referirse a las autoridades. También señaló que en ocasiones los padres de los niños involucrados en las situaciones son los que optan por denunciarlo ante la Policía y la escuela no puede negarse.

Pero estuvo de acuerdo en que, en muchos casos, el personal de las escuelas, en vez de atender el problema en el entorno escolar, lo denuncia a las autoridades penales.

“Esos casos definitivamente tenemos que manejarlos a nivel escolar. Tienen que llevarse a cabo unos procedimientos y hay unos remedios como la mediación”, dijo Huertas.

En el caso de los estudiantes de educación especial, la situación puede ser peor. La ley IDEA obliga a que se lleve a cabo un proceso mediante el cual se determine que la conducta imputada a un menor es una manifestación de su condición.

La ley obliga a que una situación de conducta se maneje a nivel médico, sicológico o social. En relación a esto, Huertas dijo: “por lo que estamos escuchando, eso no está sucediendo a nivel escolar. El Departamento de Educación entiende que ese es un asunto que hay que trabajar”.

Huertas dijo que, por años, los directores, trabajadores sociales y maestros se han sentido sin respaldo del sistema y por eso la proclividad a intentar zafarse de estos casos refiriéndolos al sistema penal de menores.

No obstante, dijo que la secretaria Keleher, que asumió el puesto en enero, trabaja en planes para profesionalizar al personal y para establecer un modelo de resolución de conflictos que se usa en Estados Unidos llamado “justicia restaurativa”, que incluye mediación y la participación de los padres y todos los afectados.

Violación que cuesta

La violación por parte del DE de los protocolos de la ley IDEA y educación especial le ha costado ya dinero en demandas al Gobierno de Puerto Rico.

El Nuevo Día supo de dos demandas que el Gobierno perdió en años recientes por no cumplir con el protocolo de IDEA: el de una niña de 12 años que fue esposada y encarcelada durante un fin de semana luego de ponerse violenta con una secretaria de la escuela en medio de una crisis por sus condiciones de déficit de atención, hiperactividad y trastorno oposicional desafiante, y de un niño de siete años, que llevaron a un cuartel y al que una mujer policía le causó un profundo trauma al mostrarle la celda y decirle que ahí iba a terminar a causa de su comportamiento.

“Todo niño que esté registrado en educación especial o que el Estado haya identificado como potencial estudiante de educación especial tiene derecho a que sus problemas de conducta se atiendan conforme a las disposiciones de la ley IDEA, y hay un protocolo, que no es (llamar) a la Policía, como de ordinario ocurre en los planteles en Puerto Rico”, dijo José Torres Valentín, uno de los abogados del pleito de clase Rosa Lydia Vélez, mediante el cual se obligó al DE a dar servicios a los niños que padecen de estas condiciones.

Las estadísticas más recientes en el Departamento de Justicia indican que, entre los años fiscales 2009-2010 y 2014-2015, ante los tribunales del país se vieron 21,392 faltas por las que se encontró como responsable a al menos un menor. De estas, 53% fueron faltas Clase I, que son lo que en adultos serían delitos menos graves, lo cual supone que el Estado invierte cuantiosos recursos en fiscales y tribunales para atender casos que podrían resolverse en el propio entorno escolar.

No hay constancia de cuántos de estos casos surgieron de las escuelas, pero varios abogados que defienden menores dicen que las salas están continuamente llenas de uniformes escolares.

Tampoco hay constancia de cuántos de los casos presentados son contra menores del Programa de Educación Especial del DE.

Pero, según el último perfil del recluso de la Administración de Instituciones Juveniles, publicado a finales del 2016, el 35% de los menores en instituciones correccionales venían del Programa de Educación Especial. Además, el 45% padece de déficit de atención e hiperactividad y el 35% de dificultades de aprendizaje.

El representante Denis Márquez, quien cuando era abogado en la práctica privada atendía casos de menores, dice que está seguro de que la mayoría de los menores escolares que se refieren al tribunal provienen del Programa de Educación Especial.

Aseguró que, según su experiencia, se debe a que, aparte de los maestros y maestras, casi nadie en las escuelas ni en los tribunales ni en el Departamento de Justicia está adiestrado para manejar las condiciones de estos niños.

“Hay que sensiblizar a funcionarios públicos y readiestrarlos”, dijo Márquez a El Nuevo Día.

El representante, electo por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), tiene planes de convocar a un foro en la Cámara de Representantes para discutir este problema, y espera que de esa iniciativa surjan ideas o propuestas de legislación para atenderlo.

“En los tribunales se ven unas experiencias terribles, brutales”, dijo Márquez.

Una ideaque los conocedores de este tema plantean a menudo es que se establezca una edad mínima para referir a los menores al tribunal. En ninguna jurisdicción de Estados Unidos existe un límite de edad para procesar a un niño en las cortes de justicia.

Edad mínima para acusar

Sin embargo, hay 22 estados que sí tienen una edad mínima reglamentaria para que el menor pueda ser enjuiciado como adulto.

En Puerto Rico, la edad mínima para eso es 14 años, al igual que en 16 estados de Estados Unidos.

A nivel mundial, el panorama varía bastante, pero hay países, como Francia, en donde a ningún menor de 13 años se le puede procesar en una corte.

En Noruega y Dinamarca, ese límite se fijó en 15 años. En Canadá, no se procesa a menores de 12 años; en Nueva Zelanda, es 10 años, y en Irlanda, 7 años.

Entre el 2009 y el 2015, 67 niños de menos de 11 años fueron encontrados responsables de faltas en los tribunales de Puerto Rico. No se sabe cuántos de ellos fueron encarcelados.

Los abogados que trabajan con estos casos reportan que hay niños hasta de 6 y 7 años en los tribunales, objeto de interrogatorios de fiscales, que en el sistema de justicia juvenil se llaman procuradores, y declarando ante jueces.

Se dan casos, incluso, de menores que son acusados de alguna falta y, si no hay ningún adulto que se haga responsable de ellos, los ingresan en instituciones penales para menores sin que se les haya probado ningún hecho contrario a la ley.

“La ley lo que provee es que, cuando no hay un adulto responsable o alguien que se haga cargo de este menor, por la propia seguridad del menor, la alternativa ciertamente es el ingreso. Va ingresado a institución juvenil hasta que aparezca un adulto responsable o el Departamento de la Familia consiga un lugar donde ubicarlo”, dijo el secretario auxiliar de Menores y Familia del Departamento de Justicia, Carlos J. Rivera Santiago.

En el caso de los menores, no existe el concepto de la fianza.

El presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Larry Emil Alicea, dice que un niño de menos de 10 años no tiene capacidad para discernir entre el bien y el mal ni es posible que pueda afrontar lo que ocurre en un tribunal.

“(A) muchos de nosotros, siendo adultos, se nos hace difícil comprender cosas que ocurren en el ambiente legal. Yo soy abogado y hay cosas en el sistema legal a las que no encuentro ningún sentido. Imagina a un niño de 7 años”, dijo Alicea.

Félix Vélez, director ejecutivo de la Sociedad de Asistencia Legal, dijo que la ausencia de una edad mínima para que un menor pueda ser procesado es una de las grandes fallas del sistema.

“Si tienes 17 años o menos, te pueden procesar. Puedes tener 9 o 10 años e ir a una corte juvenil”, indicó

“Se han propuesto proyectos de ley para fijar una edad mínima, digamos unos 12 años, y que, (si el menor tiene) menos de 12 años, se llame y se refiera directamente al Departamento de la Familia”, recordó Vélez.

Fuente noticia: http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/eldepartamentodeeducacionviolasusprotocolos-2311914/