Derecho a la Educación

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Las madres de día salen de la clandestinidad

Raquel Quelart

Por: Raquel Quelart

Cada mañana Francisco Javier Ortega, de 47 años y vecino de Barcelona, deja a su bebé en casa de una madre de día, una profesión que se encuentra inmersa en un vacío legal con el que ahora la Generalitat de Catalunya quiere acabar, a pesar de que esto ha abierto la caja de los truenos en el sector. “Aunque no la conocíamos, Iris nos gustó mucho porque transmite mucha cercanía y pone un gran interés en su trabajo”, explica Ortega.

La corta edad de su hija Usha, de tan sólo siete meses, y la dificultad para encontrar una plaza libre en una guardería a medio curso fueron los principales motivos por los que Francisco se decantó por un servicio de conciliación cada vez más extendido. Si en 2012 la asociación Llars de Criança sólo tenía 11 asociadas, en la actualidad cuenta con cerca de 200, según la presidenta, Noemí Duran, de 43 años y vecina también de Barcelona.

Los vecinos creen que es una guardería ilegal

NOEMÍ DURAN

Asociación Llars de Criança

No obstante, la situación alegal en la que ejercen las madres de día en Catalunya a menudo les causa quebraderos de cabeza. “Algunos ayuntamientos nos piden licencias”, explica Duran, y añade: “Los vecinos creen que es una guardería ilegal, y es complicado ejercer sin regulación como hasta ahora”. Por eso celebra la intención del Gobierno catalán de aprobar un decreto que dé cobertura legislativa a las llamadas “llars de criança” -hogares de crianza, en castellano-, si bien en los próximos días la asociación se reunirá con la conselleria para conocer en detalle el documento.

Roser Galí, directora general de Familias, comenta que las madres de día “están creciendo mucho en Catalunya” y que se trata de un modelo que “funciona bien” en varios países europeos, como Alemania, Francia, Suiza e Inglaterra. Por eso es “extraño”, señala, que no exista ninguna regulación en territorio catalán y prácticamente tampoco en España, ya que sólo Navarra ha legalizado la actividad.

En Canadá las madres de día están subvencionadas por el Gobierno

IRIS HUARD

Madre de día

Iris Huard compagina la maternidad con su trabajo de madre de día

Iris Huard compagina la maternidad con su trabajo de madre de día (LVD)

Una de las últimas incorporaciones en la asociación Llars de Criança, que lucha para que haya un marco regulatorio de la profesión, es Iris Huard, de 26 años. La cuidadora de la pequeña Usha llegó a Catalunya procedente de Quebec (Canadá) hace seis meses. “Allí las madres de día son muy comunes y están subvencionadas por el Gobierno”, comenta, y prosigue: “Pensé que era una manera de estar con mi hijo en casa –Bosco, de tres años- y de poder trabajar en seguida”.

Sin embargo, a diferencia de Canadá, país donde Huard cursó una diplomatura en Educación Infantil y realizó sus primeras prácticas, en España la quebequesa asegura que “la gente no ve con buenos ojos” la existencia de madres de día, por lo que las mujeres que se dedican a ello “no se sienten muy seguras”. Y sentencia: “Sin regulación no puedes dar garantías que el servicio que estás ofreciendo sea fiable”.

En Navarra se ha convertido en un servicio muy extendido desde que se reguló

En contraste con los ayuntamientos que ponen trabas a la actividad, es una alternativa en otros que no se pueden permitir abrir una guardería, como está sucediendo en Navarra, recuerda el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, encargado de la elaboración del nuevo decreto. En esta comunidad autónoma se “han convertido en un recurso muy usado en los municipios más pequeños que no tienen derecho a jardín de infancia”, según la conselleria.

Una opción que encierra en sí una concepción diferente de la crianza en la primera infancia. “Para nosotros es importante que durante esta etapa el niño viva en un entorno lo más similar posible al de su casa y que teja un vínculo con una persona de apoyo”, asegura Noemí Duran, y apostilla: “La escuela está más institucionalizada y esto es más similar a un hogar”, donde el niño juega libremente y la educadora “se adapta a lo que él necesita”.

Un bebé duerme a hombros de su madre
Un bebé duerme a hombros de su madre (Getty)

El proyecto de decreto de la Generalitat de Catalunya

En este sentido la directora general de Familias de la Generalitat de Catalunya sostiene que las madres de día no son un recurso educativo, “sino de crianza y de conciliación”, y que es preciso regular este servicio puesto que en la actualidad la Administración “no puede supervisar” una actividad alegal. La previsión es que el decreto, que aún es susceptible de modificaciones, vea la luz en el transcurso de seis meses.

La norma establece un máximo de cuatro niños por hogar de crianza, aunque excepcionalmente podrían ser cinco, siempre que se obtenga la autorización expresa de la Dirección General de Familias. Además, las cuidadoras tendrán que tener un grado o ciclo de formación profesional superior en educación infantil, acreditar una experiencia mínima de dos años y poseer el carnet de manipulación de alimentos.

Las madres de día de la asociación siguen referentes próximos a la crianza natural y la educación viva

El decreto también obligará a los hogares de crianza a contratar un seguro de riesgo, así como a ofrecer un proyecto pedagógico, que se puede basar en el juego y en diversas corrientes pedagógicas. De hecho, la asociación Llars de Criança asevera que sus madres de día siguen referentes próximos a la ecuación viva y la crianza natural, como Pestalozzi, Montessori, Loris Malaguzzi (Reggio Emilia), Emmi Pikler (Lòczy) o Waldorf.

Otro de los aspectos en el que incide la norma es en las características de las instalaciones donde esté ubicado el hogar de crianza, que deberá tener como mínimo 70 metros cuadrados, dos habitaciones y cumplir con una serie de requisitos de necesidad, confort y seguridad. Aspectos que se concretan, entre otras cosas, en protección contra incendios, calefacción, iluminación, ventilación, zonas diferenciadas para el descanso, higiene, sala de juegos, accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

Un servicio que cuesta unos 400 euros de media, según fuentes del sector

El texto que está preparando la Generalitat también obliga al profesional a firmar un contrato privado con los padres del menor, donde se establezca el máximo de horas que el niño podrá pasar en el hogar de crianza. Noemí Duran apunta que su asociación recomienda que el menor no esté más de ocho horas al cuidado de una madre de día. En el documento, además, deberá constar el coste del servicio –que asciende a unos 400 euros mensuales de media, según fuentes del sector-.

Pero el anuncio de este nuevo decreto ha caído como un jarro de agua en las principales patronales de jardines de infancia. En un escrito dirigido a los máximos responsables de los departamentos de Ensenyament y Treball, Afers Socials i Familias, la Associació de Llars d’Infants de Catalunya y la Associació Catalana de Llars d’Infants han exigido la retirada del proyecto de decreto.

Oposición en el sector de jardines de infancia

Los presidentes de ambas asociaciones, Jordi Fiblà y Conxita Pericó, respectivamente, lamentan que el texto de la Generalitat aborde la atención a la infancia desde una perspectiva “puramente asistencial” y temen que comporte “la precariedad” del sector. Al mismo tiempo, denuncian ingerencias del Departament de Treball en una materia que consideran que debería regular Ensenyament.

También se quejan de la falta de concreción del texto en algunos aspectos porque, según ambas asociaciones, no queda claro el límite de edad de los niños que podrán atender los hogares de crianza ni si el servicio lo podrán ofertar personas físicas o jurídicas. Por último, indican que el concepto “llar de criança”, utilizado en el redactado del proyecto, es muy similar al de “llar d’infants”, lo que podría provocar confusión a las familias.

¿Un servicio compatible con las guarderías?

Por su parte, Roser Galí sostiene que los hogares de crianza “no son una competencia” para los jardines de infancia, sino que tan sólo son una de las muchas opciones de centros que en la actualidad acogen a niños, como los centros de apoyo familiar, ludotecas y chiquiparks.

Un servicio de conciliación que el barcelonés Francisco Javier Ortega considera “recomendable” y ve compatible con el jardín de infancia, adonde también se plantea apuntar a su hija Usha más adelante “para que desarrolle otras habilidades”, aclara.

Los jardines de infancia temen que la regularización comporte precariedad en el sector

Fuente: http://www.lavanguardia.com/vida/20170621/423524270319/decreto-madres-de-dia-catalunya.html

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Entrevista a Torcuato Sozio: Argentina. “Debatir la educación religiosa obligatoria es retroceder 150 años”

Entrevistas

Argentina/21 agosto 2017/Fuente: Laicismo

En las escuelas públicas de Salta se dicta instrucción confesional desde 2008. Torcuato Sozio, de la Asociación por los Derechos Civiles, impulsó un reclamo de inconstitucionalidad que comenzó a discutirse esta semana en la Corte.

El miércoles pasado, la Corte Suprema empezó a debatir la ley provincial que establece la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas de Salta. Con cuatro jornadas de audiencias públicas, el máximo tribunal convocó a la sociedad civil a que exprese su opinión. Adventistas, católicos, organismos de derechos humanos, universidades, masones, pedagogos, abogados, y especialistas ya circularon por el cuarto piso de Talcahuano 550, donde se presentaron en calidad de Amigos del Tribunal (amicus curiae). La causa está en la etapa final de una pulseada que inició en 2008 en la provincia del gobernador Juan Manuel Urtubey, pero cuyo eco se remonta hacia fines del siglo XIX, cuando la presidencia de Julio Argentino Roca logró aprobar la ley 1.420 de educación común, gratuita y obligatoria, pese a la oposición de la Iglesia. Aquel modelo sarmientino tenía una impronta laica porque expulsaba la instrucción religiosa fuera del horario de clases. Salta lo revirtió.

El director de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Torcuato Sozio, encabeza un amparo colectivo junto a un grupo de madres que consideran vulnerados de sus familias e hijos los derechos a la libertad de religión y de conciencia, a la igualdad, a la no discriminación y a la intimidad. Luego de que la Suprema Corte de Salta avaló las leyes educativas locales (aunque estableció algunos límites a las prácticas religiosas), la causa tomó dimensión nacional tras ser apelada al máximo juzgado del país.

— ¿Cómo surgió la demanda contra el Estado salteño?

— A partir de la ley de Educación provincial N°7.546 sancionada por el gobierno de Urtubey, varios padres sintieron que sus niños eran discriminados en las escuelas de gestión pública porque se impartía educación religiosa dentro la enseñanza obligatoria, dentro del horario de clases, como si fuera matemática, geografía e historia. Esos niños realmente se sentían discriminados de distintos modos. En el momento que se daban clases de educación religiosa, ellos no tenían una actividad alternativa y tenían que retirarse del aula. Un conjunto de hechos concretos fueron agravando la situación, lo cual nos llevó a iniciar la acción judicial, planteando que la Constitución provincial y de la Ley de Educación constituyen una inconstitucionalidad flagrante. Entendemos que la educación religiosa obligatoria es violatoria de la libertad de pensamiento que prevé tanto la Constitución como los Tratados Internacionales que fueron incorporados en 1994.

— ¿Cómo describiría hoy una escuela pública típica de Salta?

— Es una escuela en la que durante la semana tienen por lo menos dos horas de educación religiosa, pero pueden ser más. En casi todos los casos, la educación es católica. Los niños que están en esa escuela de gestión pública y no son católicos no tienen una actividad alternativa. Por lo tanto, quedan discriminados. También hay rezos durante las mañanas.

— Comentó que la discriminación se fue agravando con el tiempo…

— Si, desde la sanción de la Ley de Educación provincial, el Ministerio de Educación salteño empezó a sacar distintas disposiciones. Por ejemplo, en los boletines se empezó a poner si el chico era o no católico. Incluso, se citó un caso en una de las audiencias de una niña que no le dieron el premio de abanderada porque constaba en el boletín de que no era católica. Es decir, en estos nueve años, se fueron adoptando medidas que agravaron la situación. El gobierno de Salta dice que mucho de lo denunciado hoy no ocurre, que los niños que no quieren clases de religión ahora tienen otras actividades. Pero se adquirió una dinámica en la que un día sacan una disposición, y al siguiente sacan otra. Vamos a probar que se mantuvo en todo este tiempo una lógica estigmatizante y discriminatoria.

— ¿A qué atribuye que la dirigencia política de Salta haya incorporado la educación religiosa obligatoria en las escuelas?

— Una razón posible es que se trata de una sociedad donde la Iglesia Católica es un factor de poder con fuerte capacidad de presión y que, como tal, condiciona al poder político. Pero son especulaciones. La dirigencia política argumenta, por ejemplo, que los salteños son predominantemente católicos y religiosos. Por lo tanto, según su postura, no estarían violando ningún derecho ya que se estaría ofreciendo algo que querrían las familias. No creo que sea así. Hay un conjunto de temas que surgieron en los últimos años y que la sociedad argentina tuvo una actitud muy tolerante, como el divorcio vincular durante el inicio de la etapa democrática, la Ley de Identidad de Género o la Ley de Matrimonio Igualitario. Hay un fallo de la Corte Suprema que establece que una persona discapacitada que fue violada puede ir a un hospital público o sanatorio a practicarse un aborto no punible. En todos los casos, la Iglesia Católica no estuvo de acuerdo y se opuso. Son cuestiones que en una escuela de enseñanza confesional se analizarían desde una perspectiva limitada. De hecho, hay presentaciones de Amigos del Tribunal que plantean cómo este tipo de escuelas generaron un direccionamiento contrario a la evolución que estaba adoptando la sociedad argentina.

— Se suele mencionar que los pueblos originarios no contarían con programas alternativos adecuados para las clases de religión. Quienes apoyan la ley salteña aseguran que sí existen estos planes.

— Dicen que hay programas en Orán y otros lugares de Salta, pero nosotros hicimos un relevamiento y entendemos que eso no ocurre. Aunque existieran, la provincia debería contar con un sistema de formación que instruya a los docentes con este tipo de enseñanza destinada a los pueblos originarios. Bueno, ¿pero quién la da? ¿Hay actualmente formación docente y profesores preparados? La respuesta es que no. Es falaz cuando se argumenta que se podrían dictar clases de otras religiones, cada escuela debería tener un docente de educación católica, un evangelista… Me gustaría escuchar a la ministra de Educación salteña en su exposición del 31 de agosto para que diga cuáles son los docentes preparados para alguien que profesa la religión anglicana o el credo judío. Los pueblos originarios tampoco son homogéneos, puede haber niños con familias de distintos pensamientos, con niños de padres ateos o agnósticos. De igual modo, en la ciudad de Salta debe haber personas con mayores o menores convicciones religiosas. Por eso decimos que es un asunto que tiene que ver con las convicciones de la propia persona y que, por lo tanto, no corresponde que esta educación esté incorporada a la currícula obligatoria.

— El país tiene un largo historial de discusión entre establecer un modelo educativo laico y otro de raíz católica. Desde la ley 1.420, la discusión quedó reflejada en muchas constituciones y normativas provinciales. Según el caso, algunas sostienen una educación basada en principios cientificistas, en otras, aparece la impronta confesional. ¿Cree que lo que se está poniendo en discusión es el modelo educativo?

— Evidentemente hay un debate propuesto, porque la causa está en la Corte Suprema y se llamaron a audiencias públicas. Para nosotros, el debate quedó zanjado con la reforma constitucional de 1994 y otros fallos del máximo tribunal. Es retroceder 150 años, se zanjó en 1884. Y ahora resulta que estamos volviendo a discutirlo.

— Desde el punto de vista del federalismo, ¿puede Salta escudarse en la autonomía provincial para establecer la educación religiosa?

— La Corte Suprema le está dando un alcance nacional al tema, podría no hacerlo. Cuando la Corte toma un tema es porque considera que hay que establecer un criterio general que no se puede resolver a nivel de las provincias. Nosotros no tenemos un sistema de educación desmembrado, hay una Ley Nacional de Educación que discuten los diputados y senadores. Sería contradictorio que el Congreso discuta una ley a nivel nacional y luego las provincias hagan cualquier cosa. Lo que queda en la órbita provincial son aspectos que no son centrales de la currícula. Planteo un extremo: una provincia no puede quitar matemática o geografía, pero sí puede agregar en historia, por ejemplo, información sobre caudillos o patriotas provinciales. Hay un margen en los planes de estudio, pero ello no puede conllevar a que no se respete una ley nacional. Los argentinos no tenemos 24 nacionalidades, tenemos una. Y las constituciones provinciales tienen que ser armónicas con la Constitución Nacional, para eso hubo una Asamblea Constituyente.

— El ex ministro de Educación y precandidato a senador por Cambiemos, Esteban Bullrich, planteó meses atrás que sería deseable que haya clases de religión de distintos credos en las escuelas públicas.

— Fue una desafortunada declaración, es un argumento que incompatible con nuestro sistema constitucional. La libertad de pensamiento no es sólo libertad religiosa. Por algo (el ahora ministro de Educación, Alejandro) Finocchiaro ahora está planteándolo de otro modo y dijo en un reportaje de esta semana que tenemos un sistema laico. Distintos son los casos de las escuelas de gestión privada, porque ahí vos sabes que es una escuela católica y, como padre, tomaste la decisión de pagar la cuota. En una escuela de gestión pública no. La educación religiosa tiene que darse, en todo caso, de modo extracurricular y al final del día, como si fuera algún deporte a elegir. Varios amigos del tribunal lo plantearon y es algo que se podría analizar.

— Desde la Iglesia sostienen que un modelo educativo laicista “discrimina” a quienes profesan una religión y que no es inclusiva con los credos. 

— Una educación inclusiva no puede ser predominantemente católica. Es razonable que la escuela enseñe sobre valores morales y éticos, nadie está poniendo en duda eso. Pero que esos valores tengan que pasar por el filtro de una educación de determinado credo no tiene ni pies ni cabeza. Y de ninguna manera la escuela laica es discriminatoria, una escuela de gestión pública la abrís para que entre todo niño de cualquier religión, y para ello, es necesario que la enseñanza confesional no sea obligatoria. De hecho, nosotros tenemos testimonios de padres católicos que no quieren que le enseñen catolicismo a sus hijos en la escuela, porque quieren manejar el tema según sus propias convicciones. No quieren que la escuela se los imponga. Esto se escuchará en la próxima audiencia del 31 de agosto.

— ¿Qué ocurre con la participación de las escuelas estatales en las festividades religiosas? ¿La Corte debería expedirse también sobre este punto?

— En Salta las escuelas suelen trasladarse hacia los lugares donde se llevan adelante esas conmemoraciones. Somos respetuosos de lo que defina la Corte. Entiendo que si declaran la inconstitucionalidad de la constitución salteña, esa decisión se derrama sobre los otros aspectos, el marco regulatorio, las disposiciones, hasta las fiestas religiosas. Sin embargo, los cambios normativos son procesos, no implica que las prácticas cambien en 24 horas. Lo importante es que la Corte ponga un mojón en la cuestión. En la Ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos una constitución laica que separa claramente el Estado de la Iglesia, y me tocó conocer una escuela en la que habían sacado el crucifijo y puesto en su lugar a Sarmiento hace muy pocos días. Es decir, tampoco son transformaciones que se dan de un día para el otro y seguirá habiendo una importante cantidad de docentes que profesen la religión católica. Lo que sí queremos que ocurra desde el minuto cero es que la educación religiosa se saque de la currícula obligatoria y que no haya niños discriminados. Que se declare la inconstitucionalidad del marco regulatorio salteño conllevaría que el sistema educativo empiece a funcionar de otra forma. Y tendría impacto sobre otras provincias y en el resto del país, porque la Corte Suprema es la intérprete del vértice normativo de la Argentina.

— Quiere decir que alcanzaría a Tucumán y Catamarca, que también cuentan con sistemas educativos con instrucción confesional obligatoria.

— Claro, se estaría interpretando cómo debe funcionar el sistema educativo en el país. Son importantes cuáles sean los considerandos y la parte resolutiva del fallo de la Corte. Obviamente, no nos podemos adelantar que es lo que va a pasar. Pero evidentemente aspiramos a que se declare la inconstitucionalidad.

— Entonces, ¿qué es lo que está en juego en esta causa?

— Está en juego que Argentina no renuncie a un principio constitucional básico como la libertad de pensamiento. Que cada ciudadano pueda, desde niño, programar de su plan de vida sin injerencia del Estado. El único modo es sostener fuertemente la independencia entre el Estado y la Iglesia. Esto permitiría que un chico agnóstico o ateo se sientan muy cómodos en una escuela pública junto a un niño católico, con un niño judío, o anglicano. Que puedan estar mezclados es lo que permite la integración.

Fuente: https://laicismo.org/2017/argentina-debatir-la-educacion-religiosa-obligatoria-es-retroceder-150-anos/166302

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España ocupa el puesto 28 en el ranking de países más innovadores del mundo

Noticias

España/21 agosto 2017/Fuente: Libre Mercado

Suiza lidera el Índice de Innovación internacional, seguido de Suecia, Holanda, EEUU y Reino Unido.

¿Cuál es la economía más innovadora del mundo? Esa es la pregunta que se hacen año tras año tres entidades especializadas en medir esta materia: a saber, la escuela de negocios INSEAD, la universidad de Cornell y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

El resultado de este esfuerzo es un trabajo académico conocido como Índice Global de Innovación y firmado por tres investigadores: Bruno Lanvin, Sacha Wunsch-Vincent y Soumitra Dutta. Según la edición 2017 del informe, que acaba de salir a la luz, Suiza es la economía más innovadora del mundo, con una puntuación de 67,7 puntos sobre un máximo posible de 100.

La segunda posición de la tabla es para Suecia, que logra una nota de 63,8 puntos. El top cinco lo cierran Holanda (63,4), Estados Unidos (61,4) y Reino Unido (60,9). Si bajamos algunas posiciones vemos que también entran en el top diez otros países como Dinamarca (58,7), Singapur (58,7), Finlandia (58,5), Alemania (58,4) e Irlanda (58,1).

De acuerdo con el índice final para 2017, los puestos que van del número 11 al 20 quedan asignados a Corea del Sur (57,7), Luxemburgo (56,4), Islandia (55,8), Japón (54,7), Francia (54,2), Hong Kong (53,9), Israel (53,9), Canadá (53,7), Noruega (53,1) y Austria (53,1).

¿Y qué hay de España? Hay que bajar un poco más, hasta el puesto 28, para toparse con nuestro país. Por delante de nosotros están Nueva Zelanda (52,9), China (52,5), Australia (51,8), República Checa (51), Estonia (50,9), Malta (50,6) y Bélgica (49,9). La puntuación asignada a España es de 48,8 sobre 100, lo que nos deja justo por delante de Italia (47), Chipre (46,8) y Portugal (46,1).

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En el apartado dedicado a las ciudades, el informe incluye a Barcelona y Madrid en los puestos 52 y 61 del subíndice. Este indicador se hace según el número de patentes solicitadas. En la Ciudad Condal hablamos de 2.003 durante el último año, mientras que en la Villa y Corte la cifra fue de 1.796 a lo largo del pasado ejercicio.

Por capítulos, España está en el puesto 32 del pilar referido a las instituciones, en el 27 del capítulo sobre capital humano e investigación, en el número 10 del ranking de infraestructuras, en el puesto 18 de la medición de sofisticación de mercado, en el ranking 37 de sofisticación de negocio, en el puesto 24 de la categoría sobre producción tecnológica y en el escalón 28 de la lista sobre producción creativa.

Fuente: http://www.libremercado.com/2017-08-21/espana-ocupa-el-puesto-28-en-el-ranking-de-paises-mas-innovadores-del-mundo-1276604521/

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Fusión de grupos y cierre de escuelas, reflejo del poco compromiso por la calidad educativa

Pluma Invitada

Por: Pluma Invitada

A finales de 2016, Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública, anunció la implementación de un plan para reconcentrar la matrícula estudiantil de las escuelas rurales pequeñas en centros escolares más grandes. Durante el ciclo escolar 2016-2017, profesores de primaria y secundaria de diversas delegaciones de la Ciudad de México denunciaron que en numerosas escuelas secundarias habían desaparecido turnos vespertinos, provocando una saturación de los grupos matutinos e impidiendo así un trabajo adecuado. Poco tiempo después, en vísperas del ciclo escolar 2017-2018, profesores de secundaria del municipio de Armería, Colima, se manifestaron a las afueras de su centro escolar en rechazo a los propósitos de las autoridades de fusionar grupos de su institución, no obstante, señalaron, cumplir con el número mínimo de alumnos requerido por grupo. En esa misma entidad, poco tiempo después, un dirigente sindical señaló que la Secretaría de Educación local buscaba cerrar 1,300 grupos. Hechos como los anteriores dejan de manifiesto las intenciones de las autoridades educativas por reducir la cantidad de grupos o instituciones y pone en entredicho su compromiso con el logro de la calidad educativa que tanto pregonan.

La fusión de grupos y el cierre de escuelas con baja matrícula tienen una evidente justificación económica: de ninguna manera es discutible que puedan darse ahorros en el gasto educativo a través de este tipo de acciones. Sin embargo, las razones económicas palidecen cuando se observa, por ejemplo, el estratosférico presupuesto que se asigna a la difusión de la Reforma Educativa (900 millones de pesos en los últimos tres años), lo que indicaría que el dinero no sería una excusa para sostener a los grupos y escuelas. Aunado a las justificaciones relacionadas con los recursos económicos, existen también razones desde el punto de vista de la matrícula para validar la reducción de espacios escolares: según el documento Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales cifras 2015-2016 (SEP, 2017) el número de alumnos de educación primaria ha decrecido 4.5% desde el ciclo escolar 2011-2012 hasta el 2015-2016, pasando de 14,909,419 a 14,250,425 estudiantes; mientras que en educación secundaria, a pesar de que la población no ha dejado de crecer, del ciclo escolar 2014-2015 al 2015-2016 se produjo un crecimiento casi nulo (0.1%), al pasar de 6,825,046 a 6,835,245 estudiantes, lo que deja entrever una reducción de la matrícula en un plazo muy próximo.

A pesar de las razones económicas y demográficas que se han presentado, la reducción de grupos y escuelas no goza de aceptación por parte de los docentes no sólo por, obviamente, poner en riesgo su fuente de empleo, sino por razones meramente pedagógicas. Para ningún maestro es un secreto que los grupos reducidos representan una ventaja para el trabajo académico con los estudiantes. Al respecto, un estudio de Botello-Peñaloza señala “una relación negativa entre el tamaño de la clase y el desempeño académico de los estudiantes en América Latina con base en la prueba internacional PISA de 2012” (2016, p. 106). Para el autor, los grupos reducidos suponen múltiples ventajas: posibilitan una participación activa de todos los estudiantes, una atención más personalizada por parte del docente, reducción del número de interrupciones y además una mejor oportunidad para ajustar la acción educativa a las condiciones del entorno social. No obstante que las ideas anteriores son ampliamente aceptadas por los docentes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que “en conjunto no hay pruebas determinantes acerca de la repercusión del tamaño de las clases en el rendimiento de los estudiantes” (p. 418).

Vale la pena revisar cómo está México en cuanto al tamaño de los grupos y la relación del número de alumnos y profesores, a la vista de la OCDE: en educación primaria, los grupos mexicanos son de aproximadamente 19 alumnos (dos por debajo de la media de la organización), mientras que en educación secundaria, de 28 estudiantes (cinco por encima). Es decir, en conjunto, en educación primaria y secundaria, los grupos mexicanos tienen un promedio de 23.5 alumnos, por 22 en promedio de los países integrantes de la OCDE. Así pues, el tamaño de los grupos mexicanos está ligeramente por encima de los países de la organización señalada. En cuanto a la relación entre el número de alumnos y profesores el panorama cambia radicalmente: mientras la media de la OCDE es de 14 alumnos por cada maestro de educación primaria y secundaria, en nuestro país es de más del doble: 30; de hecho, en educación secundaria, el número de alumnos (33) para cada profesor mexicano, es casi el triple del resto de los profesores de la organización (13).  Considerando las cifras negativas en cuanto a los estudiantes que le toca atender a cada profesor mexicano, es inentendible la tendencia de las autoridades del país a cerrar grupos y escuelas.

Es indiscutible que la matrícula de educación primaria lleva ya seis años en un ligero pero sostenido retroceso, mientras que la de educación secundaria aparentemente está próxima a un leve declive. Sin embargo, el cristal con el que las autoridades miran esta situación dice mucho de su compromiso con la calidad educativa: si se tratara de un gobierno sensible a la causa educativa, vería en estos hechos la oportunidad propicia para formar grupos con un número razonable de estudiantes que redunden en un mejor servicio educativo; sin embargo, obstinadas en ahorrar a como dé lugar en los gastos sociales, nuestras autoridades han demostrado que, para ellas, la reducción de la población de escuelas primarias y secundarias es la oportunidad perfecta para ahorrar recursos económicas cerrando grupos y centros escolares, sin importarles la saturación de aulas y las consecuencias negativas que de ella se desprenden. Así pues, estos fenómenos desnudan el escaso compromiso de las autoridades y demuestran que su supuesto interés por la calidad educativa es únicamente parte de un discurso hueco y propagandístico. El intento por reducir lo más posible el gasto educativo irrita no sólo a los afectados directos (docentes y estudiantes) con este tipo de medidas, sino a la población en general, que ve con enojo como la austeridad impera cuando se trata de gastos sociales mientras que la abundancia, el despilfarro y los privilegios dominan en los presupuestos asignados a la clase política y gobernante.

*Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Distribuidores Nissan No. 61 T.V.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

Twitter: @proferoger85

REFERENCIAS

BOTELLO-PEÑALOZA, Héctor. Desempeño académico y tamaño del salón de clase: evidencia de la prueba PISA 2012. Actualidades pedagógicas (67), 97-112. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2016.

OCDE. Panorama de la Educación 2016. Indicadores de la OCDE. Madrid: Santillana, 2016.

SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras 2015-2016. México: SEP, 2017.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/fusion-de-grupos-y-cierre-de-escuelas-reflejo-del-poco-compromiso-por-la-calidad-educativa/

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Namibia elogia apoyo chino para impulsar educación universitaria

Noticias

Namibia/21 agosto 2017/Fuente: Spanish China

La inyección de capital y el apoyo técnico de China a la asociación de educación terciaria de Namibia ha transformado la prosperidad económica en la Universidad de Namibia, dijo hoy Lazarus Hangula, rector adjunto de la universidad.

Hangula hizo los comentarios durante el festival cultural anual de la institución, que coincidió con la celebración del XXV aniversario de la universidad, y añadió que la ayuda china ha ayudado al recinto a convertirse en una institución reputada.

El apoyo otorgado incluye recursos humanos, financiamiento académico y un acuerdo con la Universidad de Geociencias de China que brinda ayuda técnica, liderazgo y apoyo de infraestructura a la Universidad de Namibia.

«A través de las relaciones bilaterales, China ha dotado a la Universidad de Namibia con equipo, becas y conocimiento profesional. El Instituto Confucio constituye una oportunidad para los namibios que buscan oportunidades académicos o para aquellos que desean explorar iniciativas empresariales en China o aprender el idioma y cultura chinos», indicó Hangula.

De acuerdo con Hangula, un creciente número de profesores e investigadores de la universidad también cuentan con certificaciones de universidades chinas.

Por otra parte, Zhang Yiming, embajador chino en Namibia, dijo que China desea incrementar la inversión en educación en Namibia, lo que ampliará los intercambios culturales y la cooperación entre los dos países.

Fuente noticia: http://spanish.china.org.cn/international/txt/2017-08/18/content_41430567.htm

Fuente imagen: http://nbii.polytechnic.edu.na/nust.na/web/sites/default/files/students-1stps.png

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China anima a profesionales a cuidar de niños «dejados atrás»

Noticias

China/21 agosto 2017/Fuente: spanish.xinhuanet

Las autoridades chinas han publicado un documento para invitar a los profesionales de trabajo social a cuidar de los niños «dejados atrás» del país.

El documento, que se publicó hoy lunes, fue divulgado conjuntamente por los ministerios de Asuntos Civiles, Educación y Hacienda, y el Comité Central de la Liga de la Juventud Comunista de China y la Federación de Mujeres de China.

De acuerdo con el texto, los profesionales de ámbitos relevantes están invitados a asistir en el cuidado y la protección de los niños «dejados atrás» por sus padres. Entre las medidas se incluyen visitas a sus hogares, encuestas y evaluaciones, reporte de casos o sospechas de violencia doméstica u otras formas de abuso infantil, y ofrecimiento de consulta psicológica para los niños necesitados.

El documento también les anima a participar en formar a las familias de estos niños con el objetivo de mejorar su conocimiento sobre la ley y la prevención de la violencia doméstica.

El texto añade que el conocimiento pertinente desempeñará un papel más importante en los servicios de comunidad, como la promoción de la educación sobre seguridad en las escuelas y las vecindades rurales, la protección de la salud mental infantil y la prevención de la delincuencia entre los menores.

Estos servicios profesionales podrían estar sufragados por el gasto gubernamental, de acuerdo con el documento.

Los niños «dejados atrás» son menores que no superan los 16 años que viven en zonas rurales y cuyos progenitores son trabajadores migrantes, o uno es trabajador migrante y el otro es incapaz de asumir las responsabilidades parentales.

Hasta finales del año pasado, China tenía cerca de nueve millones de niños «dejados atrás», de los cuales el cuatro por ciento no tenían nadie que le cuidara.

Fuente noticia: http://spanish.xinhuanet.com/2017-08/21/c_136543024.htm

Fuente imagen: http://otrasvoceseneducacion.org/wp-content/uploads/2016/07/China-niños-630×410.jpg

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El Salvador deroga controvertida ley que permitía el casamiento de menores embarazadas

Noticias

El Salvador/21 agosto 2017/Fuente: BBC Mundo

El Congreso de El Salvador derogó este jueves una norma que permitía el matrimonio entre personas adultas y menores de edad en caso de embarazo.

El matrimonio infantil ya estaba prohibido en el país centroamericano entre dos menores de edad o un menor y un adulto, excepto en un caso: cuando ya había hijos en común o un embarazo.

Los legisladores aprobaron una reforma al Código de Familia por la que fue eliminado el artículo 14, que permitía dicha excepción.

Ese artículo abría la posibilidad de que menores que fueron víctimas de delitos sexuales como violación o estupro contrajeran matrimonio y muchas veces acababan casadas con su agresor.

La medida entrará en vigor ocho días después de publicadas en el diario oficial.

De este modo, El Salvador se une a países de Centroamérica como Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras que ya han prohibido el matrimonio de menores de 18 años.

Niñas en riesgo

Asamblea de El SalvadorDerechos de autor de la imagenASAMBLEA DE EL SALVADOR
Image captionLos legisladores de El Salvador en la sesión en la que se derogó la norma.

Según cifras de Unicef, el 21% de las mujeres que actualmente tienen entre 20 y 24 años en El Salvador se casaron antes de cumplir los 18.

Para la agencia de la ONU, estas niñas «representan un grupo extremadamente vulnerable, pues se les priva de su infancia, tienen pocas oportunidades de recibir una educación, y a menudo comienzan a procrear demasiado pronto».

Y los mayores riesgos los enfrentan las menores del 20% más pobre de la población, así como las que viven en zonas rurales.

Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40975001

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