Derecho a la Educación

Por: Cristina Álvarez

La Campaña Mundial por la Educación recuerda a los Gobiernos su compromiso de garantizar una formación gratuita, equitativa, inclusiva y de calidad para todas las personas.

Pido la palabra por la educación. Lo hago porque creo firmemente que, en un mundo que se enfrenta a retos cada vez más complejos, la educación es el principal instrumento para el progreso material, pero sobre todo humano, de las sociedades. Una poderosa herramienta capaz de cambiar las vidas de las personas, contribuir a que puedan salir de la pobreza y paliar la desigualdad. Y, lo que es más importante, es un motor de cambio que permite generar oportunidades y dotar de esperanza a quienes tienen una vida más difícil. Es la única vía posible para construir entre todos un futuro mejor.

Pido la palabra para decir a los representantes políticos que en el mundo aún hay 263 millones de niños, niñas, jóvenes y adolescentes sin escolarizar, la mayoría de ellos en el África subsahariana. También tengo que decir que 758 millones de personas adultas son analfabetas, dos tercios de ellas mujeres. Y que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española se ha reducido en más del 65% entre 2008 (4.762 millones de euros) y 2015 (1.627 millones de euros de AOD neta, apenas el 0,13% de la renta nacional bruta). Estos recortes han afectado desproporcionadamente a la ayuda destinada a educación. En sólo siete años, la AOD española destinada a este sector prácticamente ha desaparecido: se ha reducido en un 90% entre 2008 y 2015, pasando de 354 a 34 millones de euros.

En septiembre de 2015, sentí una mezcla de esperanza e ilusión cuando los Estados miembro de las Naciones Unidas adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con los que se comprometen a trabajar de forma conjunta para conseguir que, en 2030, todas las personas vivamos en un mundo más justo y sostenible. Este nuevo marco de acción, mucho más ambicioso que sus predecesores los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se caracteriza por su carácter universal (es aplicable a todos los países del mundo) e integral (para que la agenda sea efectiva, deben cumplirse todos sus objetivos, sin excepción).

Desde luego, esta nueva agenda no sería viable sin su cuarto objetivo (ODS4), que nos enfrenta al reto de “garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos para el año 2030”.  Sitúa así el derecho a la educación en el lugar central que sin duda merece en la agenda internacional. El ODS4 no sólo es esencial en sí mismo, sino que es fundamental para la consecución de otros objetivos relativos a la salud, el crecimiento económico y el empleo, el consumo y la producción sostenibles o el cambio climático.

Considero que la educación es mucho más que un simple objetivo. Es la herramienta de transformación más poderosa con la que contamos para hacer avanzar a las personas, las comunidades y las sociedades. Y es, sobre todo, un derecho. A pesar de los enormes avances realizados en términos de acceso a la educación en los últimos quince años, sigue siendo un derecho vulnerado para millones de personas. ¿Cómo limita y limitará sus vidas no poder ejercerlo? Sin olvidar, por supuesto, otros retos como la calidad, que se ve gravemente afectada por la falta de inversión y los recortes en el gasto público; el insuficiente número de docentes, su cualificación y su remuneración; la desigualdad de género en el acceso a la formación; la falta de infraestructuras adecuadas o el número o la cuantía de las becas, entre otros. El futuro de la humanidad depende de que, entre todos, seamos capaces de cambiar esto.

Por eso, no podemos dejar que las promesas de la comunidad internacional y de nuestros responsables políticos caigan en saco roto. 2017 es un año crítico para garantizar el cumplimiento de los ODS, ya que en los próximos doce meses los Gobiernos deberán definir los indicadores que van a servir para medir su cumplimiento, es decir, para saber si avanzamos al ritmo necesario para lograr estas metas en el plazo establecido. ¿Cuántos niños, niñas y jóvenes acceden a la educación primaria y secundaria? ¿Cuántos las terminan? ¿Adquieren las competencias adecuadas? ¿De manera igualitaria entre hombres y mujeres? ¿Contamos con sistemas educativos inclusivos y de calidad? ¿Y con los fondos necesarios para financiarlos?

La respuesta a estas preguntas nos afecta directamente a todos y todas. Por eso, desde la Campaña Mundial por la Educación nos estamos movilizando –colegios, docentes, alumnos y alumnas– en más de 100 países para exigir a nuestros Gobiernos que adopten las políticas, medidas y recursos necesarios para hacer del derecho a la educación una realidad para todas las personas. Queremos reclamar también la necesidad de que estos procesos se lleven a cabo de forma abierta y transparente, a través de espacios que faciliten la participación y las aportaciones del conjunto de la ciudadanía, y especialmente de las comunidades educativas y de las organizaciones que trabajamos en defensa del derecho a la educación y los derechos de la infancia. Como nos decían los niños y niñas de uno de los colegios con los que trabajamos: “Todos tenemos los mismos derechos, por lo que todo el mundo tiene derecho a participar”.

Dentro de unas semanas, estaremos en más de 30 ciudades españolas celebrando decenas actos públicos y de encuentro con nuestros representantes políticos, para demostrarles que el derecho a una educación gratuita, equitativa, inclusiva y de calidad nos importa y nos afecta a todos y todas. Escribo este artículo para aportar mi pequeño (pero imprescindible) granito de arena a este movimiento internacional que pide la palabra por la educación. Tú también puedes hacerlo –únete a nosotros durante la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), del 24 al 29 de abril, y pide la palabra por la educación. El futuro está en nuestras manos.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/04/05/planeta_futuro/1491390505_123672.html