En julio el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (UNHRC, por su sigla en inglés) adoptó por unanimidad una resolución en la que se reconocen los Principios de Abiyán sobre el derecho a la educación. Los Principios de Abiyán se adoptaron en Costa de Marfil en febrero y fueron concebidos como un texto histórico que establece las obligaciones jurídicas internacionales existentes de los Estados de proporcionar educación pública y regular la participación del sector privado en la educación.Entre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) crecen las preocupaciones sobre la participación del sector privado en la educación y el apoyo del Banco Mundial a ella (véase el Observador de Invierno de 2017). En un informe de abril, Oxfam analizó la cartera de educación primaria y secundaria del Banco entre 2013 y 2018 y constató que más de una quinta parte de los proyectos incluían apoyo a los gobiernos para la educación privada. Un estudio separado de 2017 realizado por la OSC estadounidense RESULTS concluyó que la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco, ha cuadruplicado su financiación a escuelas privadas con fines de lucro desde 2006.En la presentación de su último informe sobre la privatización de la ONU, en junio, la Dra. Koumbou Boly Barry, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Educación, señaló que: “Con demasiada frecuencia, tratando de maximizar los beneficios, estos actores [el sector privado] lo hacen mediante la contratación de maestros no cualificados, la exclusión de estudiantes que no pueden pagar las cuotas escolares, la infraestructura inadecuada y las clases superpobladas”, es decir, desafiando el derecho a la educación y el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). Las OSC mostraron su apoyo en una declaración en la que se instaba a los Estados a considerar el uso de los Principios de Abiyán como insumo para sus acciones hacia la aplicación del ODS 4 y de sus programas nacionales de educación.
Además, la Alianza Mundial para la Educación (AME), que apoya la reforma educativa en los países de bajos ingresos, aprobó por unanimidad un proyecto de estrategia del sector privado en junio, conviniendo en que “no se pueden utilizar fondos de la AME para apoyar la provisión de servicios educativos con fines de lucro”.
A la luz del reconocimiento por parte de los Estados de los principios en el UNHRC, en un comunicado de prensa de julio, Sylvain Aubry, de la OSC Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, señaló: “Después de años de intentos fallidos de mejorar los servicios mediante la privatización o comercialización de los sistemas educativos, los Estados y las partes interesadas en la educación se están dando cuenta de que la creación de un mercado educativo anárquico no está cumpliendo con el derecho a la educación y que se necesitan normas y estándares si hemos de tomarnos en serio el desarrollo de sistemas educativos justos”.
GENEVA, SWITZERLAND – A global fund for education in emergencies is seeking $1.8 billion by 2021 to provide schooling for nine million children and youths caught in conflict and other situations of crisis. The fund, called Education Cannot Wait was set up at the World Humanitarian Summit in 2016 to provide education for children deprived of this opportunity.
The Fund has raised $500 million since it began operating in 2017. In its first two years, it has provided emergency education for more than 1.5 million young people caught in armed conflict, forced displacement, natural disasters and other crises in 29 countries.
Director of Education Cannot Wait, Yasmine Sherif, said significant investments are being made in the Sahel, in countries such as Burkina Faso and Niger where the needs are among the greatest on earth. She said children in Cameroon have not gone to school for two years as a part of a tactic of war.
She told VOA education is specifically designed to deal with the suffering experienced by children caught in armed conflict, all of whom are seriously traumatized.
«So, quality education requires mental health and psycho-social services. That is number one. And, that is one of our absolute top priorities…Two. It requires inclusiveness and gender equality to ensure that every girl is put at the forefront, that they are not left the furthest behind of all those left furthest behind,» she said.
Sherif said the fund is working with the Government of Afghanistan to bring girls back to school. She said displaced children in Democratic Republic of Congo are being provided with an education now, so they do not have to wait until the conflict ends.
A recent report by the U.N. refugee agency finds half of the more than seven million refugee children in the world do not go to school. Sherif said almost 50 percent of the fund’s beneficiaries are girls. She said 46 percent are refugees and displaced youngsters and 14,000 are children with disabilities.
She said children who go to school are inoculated against many dangers. She said those who do not have access to education, are at high risk of exploitation and abuse, sexual violence, early marriage and pregnancies, and forced recruitment by armed groups.
Fuente de la Información: https://www.voanews.com/europe/funding-sought-emergency-education-millions-children-crisis
A pocos días del reinicio del curso escolar en Haití, sindicatos de profesores expresaron hoy su preocupación por la reapertura de las clases, en medio de la tensa situación sociopolítica y económica.
Georges Wilbert Franck, coordinador del Sindicato Nacional de Maestros y Educadores Haitianos, vaticinó en una radio local que el inicio del año académico ‘será un desastre’, por la grave situación económica y la inseguridad crónica y generalizada.
Deploró, además, la falta de apoyo psicosocial a los escolares de barriadas desfavorecidas que han sido escenarios de conflictos como Cité Soleil, situada en la salida norte de la capital, Carrefour Feuilles (sureste) y Bicentenaire (sur).
El Ministerio de Educación y Formación Profesional anunció recientemente que el próximo 9 de septiembre comenzarán oficialmente las clases en todo el territorio nacional, y están programados 189 días escolares y 11 de descanso.
Sin embargo, Thérèse Magalie Georges, integrante de la Confederación Nacional de Educadores de Haití, auguró que será ‘muy difícil para los padres’.
De acuerdo con la sindicalista, el Estado ha desatendido este derecho fundamental, mientras el 80 por ciento de las escuelas pertenecen al sector privado, convirtiéndola en una empresa comercial ‘capaz aumentar las cuotas escolares como considere conveniente’.
La semana pasada, en un giro histórico, la Fiscalía de Puerto Príncipe atendió la demanda de varios padres que acusaron a directores de escuelas privadas de incrementar de manera considerable las cuotas docentes.
Georges criticó también los pagos atrasados a los docentes, una práctica que se ha hecho habitual entre los empleados públicos del país.
‘Algunos maestros no recibieron sus cheques de julio de 2019 hasta la tercera semana de agosto de 2019’, lamentó y añadió que no existe fecha aún para recibir los del mes en curso.
América del Sur/ Brasil/ 27.08.2019/ Fuente: redclade.org.
Con contribuciones de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, el documento fue elaborado por organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, foros y fundaciones brasileñas que actúan en la difusión, promoción y monitoreo de la Agenda 2030
“El gobierno de Michel Temer fue marcado por la aprobación de la Enmienda Constitucional (EC) 95/2016, medida que es un obstáculo para la universalización del acceso a la educación de calidad y para la implementación del Plan Nacional de Educación (PNE) con vigencia hasta el 2024, y podrá impactar negativamente el plan siguiente (2024-2034)”. Esta fue la primera constatación referente a la educación, presentada por el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Agenda 2030 (GTSC 2030), en su 3º Informe-Luz sobre la Agenda de Desarrollo 2030 en Brasil.
Publicado esta semana, el informe fue elaborado de manera colectiva por organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, foros y fundaciones brasileñas que se dedican al seguimiento a los compromisos del Estado brasileño con la Agenda 2030. Estos colectivos actúan en la difusión, promoción y monitoreo de la Agenda en el país, en lo que se refiere a sus diferentes objetivos temáticos, entre ellos el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido a la educación. Para elaborar la parte del documento que se enfoca en el ODS 4, de educación, el Grupo contó con los aportes de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE), miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil.
“El PNE es la principal política pública del país para alcanzar el ODS 4 y ambos están amenazados. El no cumplimiento de las acciones del PNE – organizado como una agenda progresiva y con metas previstas para el 2015 – perjudicó las actividades de 2016 y así sucesivamente. Vale resaltar que hasta el 2018, apenas el 30% de las metas y estrategias previstas desde el 2015 presentaron algún avance y ninguna de ellas se había cumplido integralmente, situación que no presentó avances significativos en el 2019”, expresa el informe.
Según datos del documento, en el 2019, aumentó el número de propuestas del gobierno que caminan hacia la reducción del derecho humano a la educación, como la privatización educativa y la oferta de enseñanza básica pública a distancia. “Estas ideas son movilizadas por una parcela del sector privado que no se preocupa con la calidad de la educación”, se subraya en el informe.
Para cambiar este contexto y hacer que las políticas educativas retomen su camino hacia la garantía del derecho a la educación de todas las personas, el grupo presenta siete recomendaciones, entre ellas: la revocación de la Enmienda Constitucional 95/2016 – la cual determinó el congelamiento del gasto público en educación, salud y asistencia social por 20 años; la ampliación presupuestaria de la Unión al fondo nacional de educación básica; la suspensión de la reforma de la educación secundaria y la revocación de todas las leyes aprobadas con la finalidad de prohibir que profesionales de la educación aborden los temas género y sexualidad en los centros educativos.
Además de las problemáticas de la educación brasileña, la tercera edición del informe evidencia el aumento de las violaciones a los derechos sociales, ambientales y económicos en Brasil.
Según el documento, las iniciativas ultraliberales y en base a fundamentalismos confesionales ganan fuerza en el país, a pesar de comprobadamente sin eficacia y dañinas.
“El desafío no es pequeño. Tenemos 15 millones de personas en extrema pobreza, 55 millones en situación de pobreza, 34 millones sin acceso al agua tratado, más de 100 millones sin servicios de colecta de aguas residuales y casi 600 mil casas sin energía eléctrica. Casi el 50% de la flora está bajo amenaza radical, el campo y la salud están amenazados por la liberación de 239 nuevos tipos de agrotóxicos. El escenario es tenso, con desempleo alto (13 millones de personas) y persistente, pero el Gobierno Federal se enfoca en propuestas que agravan los conflictos y empeoran, principalmente, la vida de las mujeres negras, quilombolas e indígenas, sin presentar soluciones para pacificar el país”, destaca el informe.
Fuente del documento: https://redclade.org/noticias/agenda-2030-en-brasil/
América del Sur/ Brasil/ 27.08.2019/ Fuente: redclade.org.
En el marco de la revisión de la Agenda de Desarrollo 2030 en la ONU, foros que defienden el derecho a la educación alertaron sobre la falta de acceso y calidad en la educación de niñas y niños pequeñas/os en sus países
Informes elaborados por foros nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala, muestran riesgos para la llamada educación en la primera infancia, la cual se refiere al derecho a la educación de niños y niñas de 0 a 8 años, según define el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (ONU).
Los documentos fueron presentados ante el último Foro Político de Alto Nivel de la ONU, donde se revisó el estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
De los foros miembros de la CLADE en dichos quatro países, apenas la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) ha indicado avances para la garantía de la educación y el cuidado en la primera infancia a nivel nacional. Los demás foros alertan para la falta de financiamiento, atención, formación docente e infraestructura en esta etapa educativa.
A continuación, lee más informaciones sobre cada uno de los países.
Brasil: políticas para niños y niñas retroceden, y se trasladan del campo educativo a la asistencia
Según el informe realizado por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE), aunque la sociedad civil del país haya luchado y alcanzado avances en las políticas y acciones para la garantía de una educación de calidad en la primera infancia, todavía restan grandes desafíos para la realización de este derecho para todas las niñas y niños.
“La meta 1 del Plan Nacional de Educación (2014-2024), que busca la universalización del acceso a la escuela para niños y niñas de 4 y 5 años de edad hasta el 2016, no fue cumplida. Desde el 2014, primer año de vigencia del Plan, la tasa de escolarización en esta etapa creció apenas 4 de los 11% necesarios para alcanzar la meta”, señala la Campaña en su informe.
En el documento, también se afirma que “para que la mitad de las niñas y niños de Brasil con hasta 3 años estén en la escuela en el 2024, según establece el Plan, sería necesario invertir lo suficiente para garantizar 20% más cupos en guarderías para la población de esta edad. En el 2017, el aumento en esta tasa había sido de apenas 4%”.
Además de la falta de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Educación, las políticas más recientes para la primera infancia en Brasil retrocedieron y se trasladaron de la perspectiva del derecho humano a la educación para el campo de la asistencia social. “Las políticas relacionadas a la primera infancia apoyan la adopción de propuestas de atención en espacios inadecuados para atender las especificidades de la educación de niñas y niños, por profesionales sin la formación específica para esta atención”, alerta el informe.
Chile: la mitad de niños y niñas con 4 y 5 años de edad no accede a la escuela
En Chile, la educación para la primera infancia, llamada de parvularia, es el nivel que más presenta deficiencias en el sistema educativo nacional. Esta etapa contempla estudiantes de 0 a 6 años de edad, iniciando en la sala cuna y terminando en el segundo nivel de transición, antes del ingreso a la educación básica.
Según informe elaborado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, en el 2018, la matrícula total en la educación parvularia ascendía a 800.083 niños y niñas, correspondiendo a una cobertura del 54,8%, fuertemente concentrada entre los 4 y 5 años de edad, y alcanzando a sólo el 20,1% de las niñas y niños con entre 0 y 2 años de vida.
La provisión de la educación para la primera infancia en el país contempla la participación de entidades públicas y privadas, con fuerte presencia de estas últimas, que representan casi el 60% del total de matrículas. “Es necesario comprender la importancia de frenar en esta etapa escolar la enorme segregación existente, a la vez que se construye una educación pertinente a las necesidades de niños y niñas, considerándolos así en su momento actual y no desde una óptica adultocéntrica, mucho menos propiciando un estrechamiento curricular por medio del énfasis en contenidos (lenguaje y matemáticas) que serán de utilidad para su posterior evaluación dentro de un sistema que tiende a la estandarización y homogeneización”, afirma el documento.
Según el Foro, las nuevas propuestas para la educación en la primera infancia en el país tienden a precarizar y privatizar aún más esta etapa educativa, a través del establecimiento de un sistema de subvenciones por parte del Estado, que beneficia proveedores privados sin garantizar un financiamiento basal al sistema público, y aumentando el desapego familiar por las largas horas en que los niños y niñas permanecerán en los jardines infantiles.
“Es necesario establecer un financiamiento por asistencia a las instituciones que imparten la educación parvularia, teniendo como evidencia que existe una diferencia concreta en la tasa de
asistencia entre el primer y el quinto quintil, un 45,3% y un 57,8% respectivamente, es decir, niños y niñas de una mejor situación económica tienen una mayor asistencia. Significa estar entregando más recursos para la educación de un sector determinado y privilegiado de la población, lo que provoca un aumento de la segregación y exclusión en los niveles pre-escolares del sistema educativo”, alerta el documento.
El Salvador: matrícula triplica en tres años
Según el informe presentado por la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación, la educación en la primera infancia ha conquistado avances en el país. Hubo un incremento de la cobertura y atención sobre todo en la educación inicial, que atiende a niñas y niños de 0 a 4 años. “El incremento se debe a la apertura y relevancia que le ha dado el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, triplicando la matrícula de educación inicial del 2.1% en el 2015, a 6.4% en el 2018”, destaca el informe.
RESALDE explica que este avance resulta de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, lanzada en el 2018 como un instrumento para la implementación de las líneas de acción de la Política de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, la cual a su vez se generó como respuesta a los compromisos establecidos en el Plan “El Salvador Educado”.
“La estrategia aspira a garantizar las oportunidades para el desarrollo integral de niñas y niños desde su gestación hasta cumplir 9 años, a través de la potencialización de los factores vinculados a la familia y a la comunidad que favorecen el desarrollo integral; del aumento de acceso y cobertura de servicios y atenciones integrales y de calidad; de la generación de ambientes saludables y entornos protectores y de la protección y restitución de los derechos de las niñas y niños en su primera infancia”, expresa el informe.
Guatemala: financiamiento para la educación en la primera infancia disminuye
Según el informe elaborado por el Colectivo de Educación para Todas y Todos, la educación en la primera infancia no logra atender a todos los niños y niñas del país y es más deficitaria en departamentos que tienen poblaciones mayoritarias indígenas como Izabal, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, San Marcos, Quetzaltenango Huehuetenango, Alta Verapaz y el Quiché.
El Colectivo explica que, al inicio del actual gobierno, entraron en revisión los programas sociales de ayuda monetaria condicionada para educación y salud, y se ha observado una reducción en la cobertura de la escuela primaria a un 84%.
En relación a la formación docente para esta etapa educativa, el informe indica que, según estimativas del Ministerio de Educación, la ampliación de cobertura en el nivel pre-primario requiere la formación de aproximadamente 40,000 docentes. “Una porción de ellos tendrá que especializarse en educación bilingüe intercultural para atender con pertinencia lingüística y cultural a la población infantil de los pueblos originarios”, afirma el documento.
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/seguimiento-a-la-agenda-2030-como-esta-la-educacion-en-la-primera-infancia-en-brasil-chile-el-salvador-y-guatemala/
América del Sur/ Chile/ 26.08.2019/ Fuente: redclade.org.
Ante la represión y criminalización del Estado chileno contra estudiantes, que culminó en la reciente invasión del Instituto Nacional de Chile por fuerzas policiales, para contener manifestaciones estudiantiles, el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), publicó una nota y reúne firmas de la sociedad civil, para exigir que la represión cese inmediatamente. El Foro afirma que estos actos del Estado violan los principios básicos de derechos humanos, libertad de expresión y derecho a la educación de las y los estudiantes.
“Exigimos que de inmediato cese la represión contra el Instituto Nacional, que se retiren sin condiciones las fuerzas policiales del recinto y de las calles aledañas. Pedimos que una inspección humanitaria de Naciones Unidas y organismos relacionados con la educación, la niñez y los derechos humanos se haga presente en el establecimiento y se pronuncien sobre el atentado que promueve el gobierno contra los Derechos Humanos de niños y jóvenes; niños que están bajo la responsabilidad del Estado cuando asisten a un establecimiento de la educación pública”, se afirma en la nota pública divulgada por el Foro.
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/chile-foro-por-el-derecho-a-la-educacion-reune-firmas-para-barrar-el-aparato-represivo-del-estado-en-los-centros-educativos/
América del Sur/ Argentina/ 13.08.2019/ Fuente: redclade.org.
Para recordar la tragedia, que ocurrió en agosto pasado en la escuela 49 de Moreno, llevando dos profesionales a la muerte, estudiantes, docentes y activistas se manifiestan en lucha por una infraestructura digna y segura para los centros educativos del país
Como todas las mañanas, Sandra Calamano, de 48 años, abrió la Escuela 49, en Moreno, provincia de Buenos Aires (Argentina), a darle el desayuno para las y los estudiantes. Para entibiar el ambiente, intentó prender una estufa defectuosa, cuando se produjo una explosión en el salón donde estaba. Sandra, quien era vicedirectora del centro educativo, y el portero Rubén Rodríguez (49 años), murieron víctimas de la explosión. Esta tragedia, ocurrida el 2 de agosto de 2018, acaba de cumplir un año, y segundo organizaciones de la sociedad civil y comunidades educativas, no fue un accidente, sino el resultado de la falta de inversión por parte del Estado en mantener una infraestructura adecuada para los centros educativos.
“Hoy son demasiadas las escuelas e instituciones educativas que no están en condiciones para garantizar una educación de calidad. Y, dentro de esas, son muchas las que no deberían estar funcionando porque no garantizan las condiciones de seguridad requeridas para estudiantes, docentes y auxiliares”, afirmó en la época del accidente la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE). Según informaciones de ALER, solo en la provincia de Buenos Aires, en el 2018, había más de 850 escuelas que no estaban funcionando por el mal estado de los edificios.
Pasado un año de la tragedia, Sandra y Rubén se han transformado en una bandera de lucha para diversas organizaciones sociales comprometidas en defender el derecho a la educación.
“En este momento estamos en una campaña muy fuerte, a raíz del tema de la infraestructura escolar segura para nuestros estudiantes, una infraestructura escolar que garantice efectivamente el derecho a la educación”, explica Alberto Croce, secretario nacional de la CADE.
La CADE viene peleando por la sanción de una ley nacional de Verificación Técnica Escolar (VTE), que ateste el buen funcionamiento y seguridad de las escuelas, así como se hace hoy en día respecto a los automóviles. “Queremos que haya un organismo independiente, que asegure que las escuelas son seguras para los que allí están”, dice Alberto Croce.
A continuación, escucha el audio completo:
Pueblo en las calles
Con el motivo del aniversario de dicha tragedia, se organizó una inmensa marcha en Moreno, en donde miles de personas salieron a la calle para reclamar a las autoridades una infraestructura escolar segura y adecuada.
“Queremos exigir justicia, que paguen los responsables políticos de sus muertes, porque toda la bronca, toda la impotencia que tuvimos a razón de la explosión de la escuela 49 se ha convertido en fuerza organizada para pelear. Por eso exigimos escuelas dignas y seguras para Moreno, para la província de Buenos Aires y para todo el país”, afirmó Mariana Cattaneo, secretaria del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) de Moreno, durante la manifestación en la cual CADE también ha participado.
Instituto Nacional del Cine cancela presentación de documental sobre la tragedia
Dos días antes de completar un año de la tragédia, el lunes 29 de julio, la gerencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA) canceló el lanzamiento del documental “Escuela bomba, dolor y lucha en Moreno”, que aborda el tema de la desinversión y del desinterés por la escuela pública en la Provincia de Buenos Aires y en todo el país, que resultó en la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez.
Según nota firmada por realizadores del documental y directores del departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, el argumento para cancelar la presentación ha sido el de que la película “no fue producida por el Instituto de Cine”.
“La película forma parte del conjunto de Estrenos DOCA 2019 [Documentalistas de Argentina], y su estreno fue confirmado en todas las reuniones que DOCA tuvo con la Gerencia de Exhibición del INCAA, y a través de diversas comunicaciones mantenidas vía e-mail, para organizar el mismo, hasta el día lunes 29 de julio”, dice la nota.
Mira el trailer del documental:
Ante la suspensión de la exhibición de la película, directores y productores del documental presentaron el largometraje en la puerta del cine Gaumont, donde originalmente se realizaría la sesión.
“Seguiremos sosteniendo la difusión de la película como lo veníamos haciendo, a través de instituciones que creen que la educación pública es un derecho a ser reivindicado y exigido, cuya defensa implica, entre otras cuestiones, visibilizar su vulneración a partir de los procesos de abandono y desinversión por parte del Estado. La convicción de que somos tod@s merecedores de condiciones dignas y seguras para aprender y enseñar nos guía en los pasos que estamos y seguiremos dando”, expresan los realizadores del documental.
A continuación, lee la nota completa:
Dos días antes de su estreno, el INCAA quita de la pantalla del cine Gaumont “Escuela Bomba, dolor y lucha en Moreno”
El lunes 29 de julio, desde la Gerencia de Exhibición del INCAA, nos informaron que no se presentará en el Cine Gaumont, como estaba programado, el film “Escuela bomba, dolor y lucha en Moreno”, bajo el argumento de que “la película no fue producida por el Instituto de Cine”. La película forma parte del conjunto de Estrenos DOCA 2019, y su estreno fue confirmado en todas las reuniones que DOCA tuvo con la Gerencia de Exhibición del INCAA, y a través de diversas comunicaciones mantenidas vía mail, para organizar el mismo, hasta el día lunes 29 de julio.
Este largometraje documental pone sobre la mesa un tema incómodo: la desinversión y desinterés por la escuela pública en la Provincia de Buenos Aires y en todo el país, que se cobró dos vidas (la de la Directora Sandra Calamano y la del auxiliar Rubén Rodríguez) en la explosión de la Escuela Nº 49 del Barrio San Carlos, en Moreno, hace casi un año.
Seguiremos sosteniendo la difusión de la película como lo veníamos haciendo, a través de instituciones que creen que la educación pública es un derecho a ser reivindicado y exigido, cuya defensa implica, entre otras cuestiones, visibilizar su vulneración a partir de los procesos de abandono y desinversión por parte del estado. La convicción de que somos tod@s merecedores de condiciones dignas y seguras para aprender y enseñar nos guía en los pasos que estamos y seguiremos dando.
Convocamos a la prensa y al público a la proyección que sostendrá DOCA de “Escuela Bomba, dolor y lucha en Moreno.” en el día y horario en que debería haber sido estrenada. Los esperamos el JUEVES 1 DE AGOSTO, A LAS 20 HS, EN LA PUERTA DEL CINE GAUMONT, AV. RIVADAVIA 1635, CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Les solicitamos que colaboren difundiendo esta información por todas las vías que consideren pertinentes.
A 1 AÑO DE SUS MUERTES: SANDRA Y RUBÉN PRESENTES!!!
Andrea Corrado Vazquez
Directora Decana Dpto. de Educación – Universidad Nacional de Luján
Javier Di Matteo
Vicedirector Decano Dpto. de Educación – Universidad Nacional de Luján
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
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