Centro América/Nicaragua/18 Julio 2019/Fuente: Prensa Latina
El Gobierno de Nicaragua prepara estrategias para brindar seguridad y garantizar la vida de niños y jóvenes, anunció hoy la vicepresidenta Rosario Murillo.
En su alocución diaria por el Canal 4 de la televisión nacional, Murillo explicó que se valora seguir una serie de pasos para que esos grupos sociales sean protegidos por las leyes del país ante toda circunstancia.
‘Estamos trabajando las estrategias para la protección de la seguridad y la vida de los niños, jóvenes y estudiantes. Una estrategia nacional que estamos ya consultando y que nos va a permitir establecer todos los programas de atención, de alerta temprana, para el cuido de la vida de la niñez y la adolescencia, la juventud y la familia’, dijo la vicemandataria.
En la misma línea, el Gobierno nica busca como ampliar el cuerpo legal que brinda protección a la mujer, y el protagonismo de grupos sociales en la dinámica nacional, agregó la también coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.
‘A la par también estamos consultando la estrategia de promoción del protagonismo y protección de la vida de las mujeres nicaragüenses’, apuntó.
Desde la llegada del sandinismo al poder en 2007 son varias las políticas emprendidas para garantizar los derechos de los menores, en especial su acceso a la educación y la atención médica gratuitas.
En cuanto a la mujer Nicaragua es uno de los países que más ha avanzado en la equidad de género en los últimos 12 años, evolución reconocida por organismos internacionales.
De hecho un reporte del Foro Económico Mundial publicado a finales de 2018 ubica a la nación centroamericana entre los cinco países que más han reducido las brechas entre hombres y mujeres.
El interés superior del niño ha de primar sobre la necesaria consulta a los padres y sobre las decisiones burocráticas y administrativas que limiten o violen el derecho del niño a una escolaridad en un sistema inclusivo y de calidad.
Han tenido que pasar 60 años desde la Declaración de los Derechos Humanos para que las personas con discapacidad tengan sus derechos tras la aprobación de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esas seis décadas ha habido avances e intenciones, y a la tercera va la vencida, se ha logrado.
El Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad para el decenio se aprobó en 1982 hasta 1993. No se conoció en España hasta 1986. Se trataba de recomendaciones y principios los Estados Partes debían asumir. Concluido ese período, y dado su escaso desarrollo, se aprobaron las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en diciembre de 1993. Aunque no eran de cumplimiento obligatorio, pretendían convertirse en normas internacionales consuetudinarias con la intención de respetar una norma de derecho internacional.
El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Reino de España la firmó el 30 de marzo, el Rey la rubrica el 23 de noviembre y se publica en el BOE el 21 de abril de 2008. Al día siguiente se firma el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. El Real Decreto 1276/2011 de 16 de septiembre designó al CERMI como mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación del Convenio.
La Convención firmada por España no establece nuevos derechos; aclara y recoge, por fin, de forma explícita que el derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva y de calidad. Recoge los artículos relativos a la educación de la Convención de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989 que también firmó España en 1990. En su artículo 23 establece el derecho del niño con discapacidad a tener acceso efectivo a la educación y la capacitación con el objeto de lograr sus desarrollo individual y su inclusión social; el 28 establece el derechos del niño a la educación, derecho que debe ejercerse en condiciones de igualdad. Y el 29 estipula que la educación del niño debe de estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades.
El artículo 24 de la Convención de las Personas con Discapacidad consagra que estas tienen derecho a la educación y que los Estados partes tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar la educación inclusiva y de calidad para todas las personas sin distinción. Los Estados partes deben de garantizar el derecho a las personas con discapacidad en un sistema inclusivo a todos los niveles, incluyendo el nivel preescolar y la educación terciaria, las escuelas vocacionales y de educación continua así como las actividades extraescolares y sociales.
Según el artículo 96 pár. 1 de la Constitución Española, los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente, forman parte del ordenamiento jurídico, por lo tanto, el derecho a la educación inclusiva tiene que ser respetado, protegido y garantizado por el Estado. El Real Decreto 1/2013 aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social y, por lo tanto, supera todas las disposiciones anteriores.
Por lo tanto, este derecho obliga al Estado y comunidades autónomas a garantizar el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva y de calidad. Ello exige el acceso a la escolarización como todos, la inclusión educativa con los ajustes necesarios de calidad y equidad y la participación en todas las actividades en las etapas educativas.
En cuanto al acceso, la actuación de los equipos e informes psicopedagógicos y de atención temprana han de orientarse superando los diagnósticos de orientación médica y sobre las carencias, hacia las posibilidades, la capacitación y el diseño de programas de inclusión educativa con los ajustes necesarios en los centros ordinarios.
El interés superior del niño ha de primar sobre la necesaria consulta a los padres y sobre las decisiones burocráticas y administrativas que limiten o violen el derecho del niño a una escolaridad en un sistema inclusivo y de calidad.
En cuanto a la escolarización en un centro ordinario, como todos, la prueba de la carga no está en el alumno sino en el sistema. Son nuevos alumnos y el sistema tiene que adaptarse a ellos y no ellos al sistema. El profesor del aula es profesor de todos los alumnos; puede necesitar de otros docentes, de especialistas, de recursos materiales y tecnológicos, de tiempos extra o adecuados; pero no puede desentenderse ni delegar su función ni permitir que el alumno salga de clase para otros programas o atenciones.
Pero el profesor sólo no puede, necesita de la organización del centro y del curriculum; una organización rígida de horarios, espacios y tiempos no permite adaptarse a las necesidades de los alumnos; un curriculum diseñado por intereses que no responden a la realidad de los alumnos, sus motivaciones, sus expectativas, sus necesidades en la vida de hoy, que no sirve para la mayoría, tampoco sirve para las minorías que van a dejar de serlo.
Hay investigaciones suficientes sobre Diseño Universal de Aprendizaje y Diferenciación de Aprendizaje en las que todos los alumnos pueden desarrollarse de modo que alcancen los niveles de logro de las diferencias competencias de acuerdo con su particular estilo y ritmo de aprendizaje y con las diferentes estrategias que proponga el profesorado para cada uno. O el Proyecto INCLUD-ED de Ramón Flecha con los grupos interactivos, las lecturas dialógicas y las Comunidades de Aprendizaje.
El profesor tiene que formarse para atender adecuadamente a estos alumnos; en la formación inicial ha de prepararse para tratar a todos los alumnos sin apartados ni exclusiones ni especialidades; en la formación permanente y en ejercicio, tanto en la una como en la otra, tiene que dotarse de formación y manejo de ajustes para atender a estos nuevos alumnos, y en todas las actividades de formación han de estar presentes las necesidades y planteamientos educativos de la inclusión.
Como cada centro educativo es único, por sus alumnos, profesores, comunidad educativa y entorno social próximo, con sus necesidades, sus fortalezas y debilidades, por su autonomía, precisará la formación específica para atender a las exigencias de la inclusión educativa que tenga.
En cuanto a la participación, los nuevos alumnos han de formar parte de todas las previsiones y actividades del aula, estar en todos los grupos y equipos colaborativos y cooperativos, no estar excluidos, ni olvidados ni revueltos; tampoco deben salir del aula para recibir cualquier atención especializada.
La inclusión educativa no sólo beneficia a estos alumnos sino a todos porque aporta atencíón más personalizada para cada uno y desde la educación se va forjando una sociedad equitativa, justa y democrática que beneficia a todos y no excluye a ninguna persona.
La educación inclusiva es la condición para la inclusión social, pero no puede lograrse sin la participación social. El Estado tiene que promoverla y garantizarla y la sociedad civil, en sus organizaciones y desde la aportación individual, no solo ha de poner la mano para reclamarla sino también, con las manos de todos, ayudar a que sea efectiva, para el bienestar de cada uno y de la sociedad toda.
Aprobada la reforma educativa, ahora la atención se centra en la aprobación de las Leyes Secundarias[1], así como en el nuevo modelo educativo. Tres procesos que se vinculan con un mismo principio educativo: hacer efectivo el derecho a la educación en México y que la educación que se imparta sea equitativa e inclusiva. Estos dos últimos elementos son de suma importantes para comprender el derrotero de la educación en el era de López Obrador, puesto que la concepción del tabasqueño en materia educativa es una concepción sociológica, es por ello que se refiere a conceptos como “desigualdad”, “pobreza” y “marginación social” en su discurso cuando trata el tema educativo. Por tanto, los principios de “Equidad” e “Inclusión” no son meras figuras decorativas en el discurso institucional de este gobierno, sino un principio rector de la política educativa.
Para el caso del presente artículo, nos interesa detenernos en lo referente al nuevo modelo educativo que se está anunciando desde hace unos meses por parte del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. En ese sentido, el presente escrito es un primer acercamiento de un servidor con respecto a este tema, del cual, por cierto, se ha expuesto muy poco todavía por parte de las autoridades correspondientes. De ahí que perfilemos el sentido del presente escrito como un primer acercamiento.
Partamos, por tanto, del plano conceptual: ¿De qué se habla cuando hablamos de modelo educativo? De acuerdo con Tünnermann (2008), el modelo educativo “es la concreción, en términos pedagógicos, de los paradigmas educativos que una institución profesa y que sirve de referencia para todas las funciones que cumple (…) a fin de hacer realidad su proyecto educativo”. Y agrega: “El modelo debe estar sustentado en la historia, valores profesados, la visión, la filosofía, objetivos y finalidades de la institución” (p. 15). Si se toma esta definición como referente, en términos conceptuales ¿hacia dónde se orienta la propuesta de modelo educativo del gobierno de López Obrador?
La referencia directa -como se expone líneas arriba- del nuevo modelo educativo son los principios de “Equidad” e “Inclusión”, que se concretiza en los siguientes aspectos: a) Reconocimiento de la diversidad regional y cultural, misma que se “proyectará” en los planes de estudio, programas, evaluaciones y acciones en el sector educativo”; b) Rescate de la educación indígena, la educación especial; c) Renovación del compromiso con la educación de los padres de familia; d) Apuesta por una evaluación diagnóstica y formativa de las maestras y los maestros (Guevara Niebla; 2018, Educación Futura).
Asimismo, el fundamento axiológico del nuevo modelo educativo se expone en la reforma educativa que se acaba de aprobar recientemente. En ese documento institucional, se señala que: “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas,[2] con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva”. Y se afirma que:
“Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje” (DOF, 15/05/2019).
Este último apunte (tomado) de la reforma educativa, se recoge como fundamento de la Nueva Escuela Mexicana, en el sentido del “retorno” del humanismo a la educación pública en México.[3] Con esta condición, se establece un cambio sustancial en el discurso: se habla de “educar de forma integral”, y no solamente de “educar para el trabajo”; se habla de “educar para la vida” y no solamente para las “exigencias que establece el mercado”. Se puede argumentar que lo anterior no es nada nuevo en el escenario, puesto que se viene hablando de “educar para la vida” desde la década de los 70’s del siglo XX, y además ha sido parte del discurso institucional. No obstante, en el presente gobierno federal se tiene como jefe del Ejecutivo a un presidente que tiene como eje de acción el fincar un gobierno contrario a los intereses del neoliberalismo. Y ello implica dar la batalla en todos los frentes donde este fenómeno tiene presencia. Y la educación es un campo de batalla (fundamental) en ese propósito. Basta observar el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) para confirmar la afirmación anterior.
En términos de contenidos, se afirma que se refuerza lo concerniente a Civismo, y se agregarán otros, como el caso de la filosofía, las artes, las lenguas indígenas, la educación física y sexual, así como las lenguas extranjeras.
Hasta aquí, nos queda claro que lo que se está planteando como la Nueva Escuela Mexicana se corresponde con la filosofía política y educativa planteada con la reforma al artículo 3 constitucional el pasado mes de mayo. Y, por tanto, en términos de visión educativa en la era de López Obrador la educación se concibe como una vía para sentar las bases para tener una sociedad más justa y equitativa. En ese sentido, hay congruencia en el planteamiento. Y lo que se está presentando no solamente perfila una visión del nuevo modelo educativo, sino a su vez, se le confiere un marco de identidad al sistema educativo nacional en su conjunto.
Me detengo en este último punto: quizás lo más importante de todo este proceso de reforma que se está llevando a cabo en estos tiempos, sea el hecho de que se pretenda constituir una “Escuela Mexicana” que le dé identidad a la educación en México. Es algo que no hemos tenido en nuestro país en varias décadas. Y es importante señalarlo, porque en su momento este país fue referente educativo para otras nacionales -como el caso de Cuba, que retomó de la experiencia mexicana a principios de la década de los 60’s del s. XX, el modelo de la “Escuela Rural”-.
Hay pendientes por revisar, por supuesto, en este Modelo Educativo de la “Nueva Escuela Mexicana”, puesto que todavía no se presenta en su totalidad. Un ejemplo de lo anterior es lo referente al modelo pedagógico. No obstante, lo que se tiene hasta el momento nos indica que la línea que se está siguiendo es congruente con lo que se indica en la reforma al artículo 3 constitucional. Y la tarea educativa se sigue manteniendo en la vía de la transformación. Compromiso capital de este gobierno federal.
*Investigador Titular del Centro de Investigación e Innovación Educativa del Sistema Educativo Valladolid (CIINSEV).
[1] Las Leyes Secundarias que se están discutiendo son las siguientes: La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; la Ley del Organismo a que se refiere la fracción IX del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y la Ley General de Educación y otros ordenamientos.
[2] La referencia es directa hacia los maestros, en lo concerniente al respeto a sus derechos laborales.
[3] Al apunte anterior, bien se le puede agregar: retorna el humanismo a la educación pública en México, luego del periodo donde se orientó la educación hacia una condición instrumental y pragmática, debido a las exigencias de la globalización económica.
América del Sur/ Brasil/ 16.07.2019/ Fuente: redclade.org.
En revisión del ODS 4 ante Naciones Unidas, la vicepresidenta de la Campaña Mundial por la Educación, Madeleine Zúñiga, destacó que una educación transformadora debe considerar la diversidad, garantizándose a lo largo de toda la vida y contando con formación sólida del magisterio y financiamiento adecuado
Ayer se inició la revisión del Objetivo de Desarrollo Sostenible de número 4 (ODS 4), referido a la educación, en Naciones Unidas, en el marco del Foro Político de Alto Nivel, que tiene lugar hasta el 18 de julio en Nueva York, EUA.
Fueron tres horas de debates dedicados a mirar la situación del derecho a la educación a nivel mundial con la participación de representantes de diversos países, así como de diferentes sectores de la sociedad civil, entre ellos defensoras y defensores de los derechos de las personas Lesbianas Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI).
“La diversidad de representantes de sociedad civil e intervenciones enfatizó una perspectiva intersectorial de la educación, lo que representa un avance fundamental respecto a los debates sobre la Agenda de Educación 2030 que tuvieron lugar en años anteriores”, afirmó Camilla Croso, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), que acompaña el evento en Nueva York.
También se destacó en este primer panel sobre el ODS 4, la participación de la vicepresidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), Madeleine Zúñiga. En su intervención, señaló que “la educación es un poderoso instrumento para transformar vidas y, por ende, transformar el mundo, pero no cualquier educación, sino aquella que es instrumento de desarrollo sostenible, justicia social, sociedades auténticamente democráticas, la ciudadanía global, la cultura de paz que el mundo entero requiere”.
Zúñiga enfatizó que una educación de calidad debe estar centrada en las personas y su dignidad, asumiendo las múltiples dimensiones de la diversidad para diseñar modelos y estrategias pertinentes a las características de las diferentes sociedades. Para ello, añadió que es fundamental garantizar el derecho a la educación a lo largo de la vida; una formación sólida al magisterio, en el marco de los derechos humanos y la atención educativa integral y mutisectorial; así como mayor y mejor inversión en la educación pública.
“Eso, a su vez, implica una mejora sustantiva de las normas fiscales y una férrea voluntad política para luchar contra la evasión y elusión de impuestos; para lograr la justicia fiscal ausente en el mundo, así como la creciente privatización de la educación, proceso no regulado que está permitiendo que empresas nacionales e internacionales encuentren en la educación, en todo nivel, una excelente y fácil fuente de enriquecimiento. Las escuelas privadas de bajo costo y baja calidad, con docentes mal pagados, no solo atentan contra el derecho a la educación, sino que profundizan las desigualdades en las sociedades que asumen”, afirmó.
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/revision-al-ods-4-una-educacion-de-calidad-debe-estar-centrada-en-las-personas-y-su-dignidad/
La respuesta simple es la más frecuente, la gente responde “lo dice la Constitución”, como si todo lo que dice la Constitución se cumpliera. La teoría jurídica lo explica así: es distinto el deber ser (la ley) y el ser (la realidad). Entonces la brecha entre el discurso legal y los hechos es inmensa; al contrario de lo que creemos, son pocas las promesas que cumple plenamente el Estado mexicano.
El problema es que vemos a la Constitución mexicana como sinónimo de una obligación sin cortapisas, pero en realidad es algo más laxo; se trata de un programa ideológico, un plan, no la lámpara de Aladino. Como toda agenda, la Constitución marca destinos, no rutas. En ese sentido, es plausible desear que algo bueno suceda. “Soñar no cuesta nada”, dice la frase popular. El problema, es el cómo hacer realidad esos anhelos.
Eso mismo pasa con la educación en México. En un país que se declare democrático, el Estado tiene la obligación de garantizar la educación del pueblo, en nuestro caso la Constitución lo dice en el artículo 3, del cual transcribo el siguiente párrafo: “corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.
En el marco de este derecho a la educación, el miércoles pasado, la Secretraría de Educación Pública (SEP) del Gobierno federal, junto con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), realizaron un foro regional sobre las leyes secundarias en materia de educación, donde participaron representantes de las entidades del noroeste del país.
En este foro, dos de los temas más importantes fueron la gratuidad y el acceso a la educación en las universidades, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la SEP, impulsa una agenda para la implementación de un nuevo modelo educativo donde estos puntos son los principales.
Otros temas relacionados con el nuevo paradigma de la educación, fue la articulación de todo el sistema educativo, desde la educación inicial hasta la educación superior, ya que la separación entre educación inicial, básica, media superior y superior, ha provocado el distanciamiento entre estas etapas y uno de los efectos negativos es que el déficit de la educación se normaliza; así que cuando las y los estudiantes entran al siguiente nivel, el chivo expiatorio de las deficiencias que viene cargando el alumno o la alumna es el nivel anterior, de este modo todos se lavan las manos por no alcanzar la calidad académica.
Este nuevo esquema que busca unir en una cadena a todo el sistema educativo es algo distinto en el sistema educativo mexicano, como lo hizo notar el Dr. Carlos González Herrera, secretario de Educación estatal. Esperemos que la estrategia permita alcanzar resultados positivos.
Por otro lado, un tema que se mencionó de forma reiterada, fue la autonomía universitaria, que es un requisito indispensable para mantener los principios y fines de las instituciones de educación superior que, en el caso de la UACJ aparecen en la su Ley Orgánica y de donde rescato el segundo punto del artículo 4, sobre los principios: “La Universidad es un espacio en el que confluyen y se expresan libremente las diversas corrientes del pensamiento, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes de los Estados Unidos Mexicanos”. Este principio es el que sustenta la necesidad de la autonomía universitaria.
Ante el nuevo Gobierno federal, las universidades públicas, así como los centros de investigación, han resentido los cambios en la política presupuestaria, esto ha afectado una parte de la operación y provocó incertidumbre en el sector educativo; ahora, con la creación de un consejo de educación que pretende establecerse como un control de la política educativa, se han encendido las alarmas, como lo mencionó el Dr. Servando Pineda Jaimes, investigador de la UACJ. Debemos estar pendientes sobre lo que se resuelva en el Congreso sobre este punto.
En ese contexto se presenta la iniciativa del presidente López Obrador de materializar la gratuidad y la universalidad, como lo dice la constitución. Pero el problema radica precisamente en una cuestión de presupuesto; representantes de varias universidades y tecnológicos hicieron el mismo cuestionamiento, ¿de dónde van a salir los recursos económicos para incrementar la matrícula y para eliminar el cobro?
Estas dos promesas de la constitución (el acceso a la educación superior de cualquiera que cumpla con los requisitos y que sea totalmente gratuita), implican más docentes, más espacios, más mobiliario, más equipo, más infraestructura, en resumen más inversión y la gratuidad significa menos ingresos para las universidades.
Hasta ahora la propuesta es que la universalidad y gratuidad sean graduales, esto deberá explicarse en las leyes complementarias y, sobre todo, describirse a detalle las etapas de esa gradualidad, para que el plan sea factible.
El rector de la UACJ, Mtro. Juan Camargo Nassar, en ese sentido fue enfático: bienvenida la propuesta del Gobierno federal, pero cumpliendo con un compromiso con la comunidad de no sacrificar ni un ápice de la calidad académica que hemos logrado, además agregó una defensa de la autonomía universitaria, siempre en cumplimiento con la transparencia y la rendición de cuentas, que son necesarios para una vida democrática.
Estos eventos de análisis del sistema educativo, además de servir para reflexionar sobre temas comunes, también nos permiten compararnos con otras instituciones de educación, a través de las exposiciones que hacen sus representantes.
En ese sentido, afortundamente para nuestra comunidad fronteriza, la UACJ es un referente a nivel nacional por los logros alcanzados, comenzando por la excelencia académica en sus aulas, la generación de conocimiento e investigación, la participación social activa en la comunidad, la vinculación con el sector público y privado, así como otros logros muy importantes en la administración de la vida universitaria –que en otras instituciones no existen–, como la gobernabilidad al interior y las finanzas sanas; la UACJ es una de las pocas universidades públicas –del mismo perfil– que no tienen deuda, esto se ha logrado con disciplina y orden en la administración. Lo antes mencionado hace que la UACJ sea una de las universidades más importantes en el norte del país.
Son muchos los desafíos de la educación en México, uno de ellos es la gratuidad que, más allá de las promesas políticas, es un reto que sí es posible alcanzar, pero con un plan sustentable económicamente a largo plazo. Por ahora, el Gobierno federal es quien debe impulsar el primer acuerdo para garantizar la educación como ejercicio de los derechos humanos.
El subsecretario de Educación Superior, Dr. Luciano Concheiro Bórquez, cerró su participación en este foro con una reflexión, dijo que la educación, como derecho humano, no sólo está en el “deber ser”, sino en el “deber en el hacer”, esto resume la intención de la educación gratuita como un asunto de ética en el ejercicio del poder político, lo que suena muy bien, pero falta dar un salto del discurso a la realidad.
Fuente del artículo: https://diario.mx/opinion/es-posible-la-educacion-superior-gratuita-y-el-acceso-universal-20190706-1536451.html
América del Norte/ México/ 15.07.2019/ Fuente: www.lavanguardia.com.
Los profesores, los padres de familia y los jóvenes estudiantes encabezan las demandas de los cambios en el sistema a los que se ha comprometido el Gobierno
En particular, el deseo de transformar lo que sucedía en el medio educativo -impulsado por profesores, padres de familia y jóvenes estudiantes- fue elemento clave para la obtención de una importante cantidad de votos que contribuirían al cambio de régimen, logrado por cierto, justo hace un año en las elecciones en que se votó por el anhelado nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La creencia en un cambio educativo tuvo su influencia en la elección presidencial. Desde el punto de vista de las mayorías ahí van avanzando los compromisos planteados por el presidente. Es la percepción en general.
Promesa electoral
Abolición de la anterior reforma educativa
En el ámbito educativo las cosas se están trabajando. La mal llamada reforma educativa que tanto angustió a los profesores -sobre todo a los de educación básica- quedó atrás. Se canceló tal como lo prometió el presidente.
Han pasado varios días de aquellos andares y la nueva reforma educativa -la del presidente Obrador- nació el 9 de mayo de 2019, al ser aprobada la reforma, adición y derogación de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. Nuevas políticas, proyectos, acciones y metas se habrían de realizar a partir de aquel momento.
Protesta de estudiantes mexicanos reclamando las mejoras en educación. (Mario Guzmán / EF
Nuevas medidas
Obligatorio, gratis y laico
La reforma en el artículo 3º. Constitucional, señala entre sus principales objetivos que: toda persona tiene derecho a la educación, y que el Estado–Federación la impartirá y garantizará en todos sus niveles. La educación continuará siendo gratuita y laica, así como universal e inclusiva. Conjuntamente, entre otros de sus propósitos señala que, para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se creará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
Niños aprendiendo en una escuela al aire libre en la playa. (David Guzman / EFE)
El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, al que le corresponderá, poner en marcha una gran cantidad de objetivos generales en favor la educación.
Tal como realizar estudios e investigaciones especializadas, determinar indicadores y establecer criterios para las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora de la educación. Así como emitir lineamientos y lograr concretar de la mejor manera una gran cantidad de objetivos, planteados en el tercero constitucional.
Sin duda, no será una tarea nada fácil. Se requerirá de los mejores especialistas y tomadores de decisiones en toda la extensión de la palabra. Tendrán una gran responsabilidad.
También, un gran compromiso es el que se asignó al Senado de la República, pues en ellos recayó la responsabilidad de llevar el proceso y elección de quienes conforman este importante aparato regulador de la educación en México.
Irregularidades
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación
Para la creación de este nuevo organismo, la Junta de Coordinación Política del Senado, emitió una convocatoria el 21 de mayo del presente año. Sin embargo, al desarrollarse este primer proceso, se presentaron diversas irregularidades desde la mirada de muchos actores de la educación e incluso de algunos participantes. Ante ese escenario, se tomó en consideración a la sociedad y los reclamos de hacer un proceso más justo y transparente. Por lo que la Junta de Coordinación Política del Senado, acordó concluir este primer proceso el 19 de junio. Y justo en esta misma fecha, emitió una nueva convocatoria para abrir un nuevo proceso.
Las prisas se posesionaron de esta segunda convocatoria, con la intención de lograr en tiempo y forma la integración de una nueva propuesta para nombrar a la Junta Directiva y al Consejo Técnico del Organismo para la Mejora de la Educación.
Esta segunda convocatoria, generó nuevos participantes en la contienda, nuevas reglas, métodos y nuevos acuerdos que ofrecieran más transparencia y claridad a la sociedad mexicana. En fin, en el primer proceso participaron 123 aspirantes. En la segunda convocatoria contendieron 219 especialistas de la educación. Todos, de diversas partes de la República Mexicana.
Protesta de maestros mexicanos para velar por una buena reforma educativa. (Mario Guzmán / EFE)
En el procedimiento, los participantes en su mayoría cumplieron y presentaron sus expedientes, ensayos, ponencias y entrevistas que el gran llamado trajo consigo. Así, después de casi dos semanas de intensidad para todos los involucrados -candidatos y Senadores- el proceso llegó a su desenlace en las primeras horas del 2 de julio, en el recinto del Senado de la República.
El proceso de conformación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación concluyó, quedando integrada la Junta Directiva y el Consejo Técnico, tal como lo señala el artículo 3o. Constitucional. Cabe recordar que, a estos dos órganos, todavía falta por incorporar un tercer órgano, llamado Consejo Ciudadano.
Críticas
No están los mejores
Desafortunadamente, la opinión de varios agentes y desde el sentir de diversos medios, la Junta Directiva en su mayoría no quedó conformada por los mejores perfiles como se esperaba. La inquietud se da, porque participaba una gran cantidad de profesionales y académicos del más alto nivel para poder escoger de entre ellos a los mejores integrantes de dicho órgano. Cosa que al parecer no ocurrió con alguno de los integrantes. Dado que se habla de que alguien no tiene más allá de la licenciatura o incluso un perfil ajeno a lo que planteaba la convocatoria. La cual señalaba expresamente que, quienes integren dichos órganos deberán -deberían- haber sido especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa; además de acreditar el grado académico de su especialidad y experiencia, entre otras.
Incluso, el debate parlamentario señalaba a altas horas de esa noche, que se tenía que reconsiderar al menos una de las propuestas. Así, entre el debate y la discusión, se llevó a cabo la votación de la Junta Directiva propuesta, y conformada por cinco integrantes. De la propuesta de cinco integrantes, cuatro fueron aceptados por las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores. El quinto integrante tuvo que ser puesto a votación de nuevo, logrando el porcentaje de aceptación en una segunda ronda. La Junta Directiva quedó conformada esa madrugada, incluso se les tomó protesta en esa misma sesión del 2 de julio.
Estudiantes tomando clases en una tienda de campaña en Oaxaca (México). (José De Jesús Cortés / EFE)
Ahora el reto de dicho órgano, el de la Junta Directiva, será mayor del que se esperaría. Los cinco integrantes no pueden hacer quedar mal a sus electores, es decir, a los Senadores que confiaron en ellos, sea con un perfil o con otro.
Los profesores
Vigilancia de los compromisos de Obrador
El presidente Andrés Manuel tiene empeñada su palabra con la sociedad mexicana y sobre todo con los profesores de México. El proyecto educativo no puede fallar, es la gran apuesta para la transformación nacional. En la Junta Directiva recae la gran responsabilidad de la toma de decisiones de muchos de los procesos que se habrán de llevar a cabo en todo el sistema educativo. A partir de la elección de este órgano, la atención de quienes participan en el sector educativo en todos sus niveles, estará atenta a las directrices que se planteen.
Por otro lado, a decir de muchos, el otro órgano elegido esa misma noche, el Consejo Técnico, quedó conformado de una manera más congruente con lo que solicitaban los requerimientos de la convocatoria. Los siete integrantes fueron aceptados en una sola votación. A decir del clamor popular, este órgano es bien visto en su totalidad.
Los integrantes del Consejo Técnico, tendrán la gran responsabilidad de asesorar a la Junta Directiva, es decir, a los grandes tomadores de decisiones para la mejora continua de la educación nacional. Así, el proceso concluyó en esa madrugada y ahora toca esperar a ver el quehacer de este nuevo organismo de la educación.
Sin mayorías
Pactos difíciles
De los 219 participantes, ¿fueron elegidos los mejores perfiles para conformar la Junta Directiva? O acaso, el contexto de transformación nacional que estamos viviendo obligó a generar acuerdos para poder avanzar y no estancar el proceso. Recuérdese que, en el legislativo, no hay mayorías, que se tiene diversidad de grupos parlamentarios y, por lo tanto, de votaciones. Recuérdese también, que se requería de la aceptación de al menos dos terceras partes de los integrantes del Senado. Hay que aprender de lo sucedido. Se debe aceptar que en la política se generan acuerdos para poder avanzar y no detener los procesos, aunque esos acuerdos a veces incluyen a quienes no se debía, y excluyen a quienes sí se debía. Pero afortunada o desafortunadamente así funciona la política
Por otro lado, ¿qué pasará con todos esos especialistas de la educación que participaron en el proceso? De qué manera se aprovechará todo ese cúmulo de experiencias en el ámbito de la educación.
Sin dudarlo, se debió requerir de mucho valor para atreverse a participar en un proceso que desde un inicio parecía poco sencillo. Pero los especialistas de la educación todavía tienen mucho por hacer.
Fuente de la noticia: https://www.lavanguardia.com/participacion/lectores-corresponsales/20190711/463319559720/mexico-mejoras-modelo-educacion.html
México / 14 de julio de 2019 / Autor: Nicolás Ayala / Fuente: Mundo Sputnik News
Uno de cada siete niñas, niños y adolescentes en México está por fuera del sistema escolar, lo cual se agrava si son pobres, indígenas, o tienen alguna discapacidad.
Cada año el 25% de los jóvenes mexicanos que cumplen 16, no puede continuar la educación superior porque no hay sistema educativo para ellos.
«En nuestro país la educación es un derecho constitucional desde los tres años, sin embargo, el 60% de niños y niñas no logran tener educación preescolar. Esto agrava su posibilidad de aprovechar la educación básica y secundaria», dijo a Sputnik el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García.
La institución es una coalición de 77 organizaciones de la sociedad civil que desarrollan programas dirigidos a la infancia en situación de vulnerabilidad, y opera en 17 estados mexicanos. A fines de junio el informe ‘La infancia cuenta‘, donde se indica que cerca de cinco millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran fuera del sistema educativo, mientras que unos 28 millones participan de la educación primaria y secundaria.
«La forma en las que el Estado mexicano está afrontando el tema educativo tiene muchísimas fallas. Cinco millones es un número enorme, pero además la calidad y accesibilidad no son las adecuadas», sostuvo.
Gran parte de lo que determina la exclusión del sistema educativo tiene que ver con la discriminación por origen étnico, por pobreza y por condiciones físicas. Las regiones más pobres son las más afectadas por la deserción escolar y donde la calidad educativa es menor.
«El 73% de las escuelas no tienen herramientas para dictar materias de computación, y el 13% de las escuelas no tienen luz ni agua potable», explicó el director de Redim.
La segregación se acentúa en jóvenes con discapacidad o embarazo temprano. En estos casos se duplica la posibilidad de quedar fuera del sistema educativo. Muchas de las escuelas no cuentan con la infraestructura necesaria para integrar a los que tienen discapacidades. Además exigen acompañantes de tiempo completo para ellos, lo cual hace imposible que las familias puedan insertarlos en las instituciones educativas, explicó Pérez García.
Hacia las adolescentes embarazadas existe una discriminación que eleva el número de abandono escolar, nueve de cada 10 están fuera de la escuela. “Muchas veces son expulsadas por lo que llamamos el ‘prejuicio de la manzana podrida’, la creencia de que una adolescente embarazada puede contagiar a otras niñas de sus prácticas sexuales”, indicó el directivo.
El informe indica que «se requieren medidas urgentes para ampliar la cobertura en preescolar y educación media superior». Además propone que se realicen adaptaciones de contenidos y generación de materiales en lengua indígena y que la enseñanza se adapte al contexto cultural de los alumnos.
«Cuando hablamos del derecho a la educación hablamos de una llave: si los jóvenes están en el sistema educativo tienen mayores posibilidades de acceder al derecho a la salud, a una vida sin violencia, al de ser informado. Estar fuera de la escuela los mantiene en una condición de aislamiento y desprotección», concluyó Pérez García.
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