59 de cada 100 niños y adolescentes en Paraguay no están escolarizados, según datos de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA). Otro de los problemas sociales que atañen a menores guarda relación con el embarazo precoz.
“59 de cada 100 niños y adolescentes en Paraguay no están escolarizados, es decir, la mayoría de los chicos deja la escuela”, expresó Aníbal Cabrera, director ejecutivo de CDIA, en contacto con La Unión.
Así mismo, mencionó que otro problema que padecen las niñas y adolescentes de nuestro país es el embarazo precoz. Sobre el punto, señaló que, al año 2017, 13 adolescentes fueron madres por tercera vez, lo cual quiere decir que “a esa edad, y desde antes, la han pasado siendo abusadas, estando embarazadas y dando de mamar”.
La Semana de los derechos de la niñez y adolescencia
La CDIA organiza la Semana de los derechos de la niñez y adolescencia, la cual posee una serie de actividades a ser llevadas adelante en más de 100 municipios del país.
“El objetivo no solamente es darles chocolatadas y jugar, sino también es reflexionar, junto con las comunidades y los niños, la situación en la que están viviendo y cómo podemos mejorar su calidad de vida”, expuso
Como organización, afirmó que lo que siempre exigen a las autoridades de Gobierno son prevención de la violencia hacia niños, mayores garantías de protección y mayor inversión en el desarrollo de los niños.
La presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, presentó hoy aquí un programa nacional para acelerar el proceso de erradicación de la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, abusos del que son víctimas numerosas niñas.
Debemos acabar con estas prácticas en nuestro país y para aplicar como es debido la hoja de ruta que proponemos, es necesario el compromiso y los recursos necesarios de los organismos e instituciones involucrados, comentó Zewde durante un acto protocolar.
Las acciones planificadas para todos los estados regionales estarán rectoradas por el Ministerio de Mujeres, Niños y Jóvenes, que trabajará en coordinación con las direcciones federales de Educación, Finanzas, Salud, Trabajo y Asuntos Sociales, y la oficina del Fiscal General.
Es prioritario eliminar esas injusticias, porque así también combatimos la violencia sexual y el abuso infantil, apoyamos las estrategias para prevenir el Sida y el embarazo precoz, y promovemos los derechos de las mujeres, entre otros beneficios, declaró la presidenta.
En 2014, las autoridades etíopes se comprometieron a terminar con el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina en 2025, pero el proceso no avanzó como vislumbraron y deberá aumentar el ritmo siete veces para alcanzar ese propósito en 2030.
Etiopía se encuentra entre los cinco países del mundo con el mayor número de matrimonios infantiles, una violación de los derechos de la niñez que cercena la libertad física de las niñas e impide la capacidad de decidir su futuro.
Según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, publicado en 2016, 200 millones de niñas y mujeres habían sufrido mutilación genital femenina, y más de la mitad de esa cantidad vivía en Indonesia, Egipto y Etiopía.
La violencia contra las mujeres es una profunda injusticia mundial. Es un gran obstáculo para cumplir los derechos humanos de las mujeres y niñas y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La equidad de género y los derechos de las mujeres son fundamentales para garantizar un futuro mejor para todos y todas. Son valores que subyacen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. No obstante, hay una impactante desconexión entre las declaraciones realizadas por los líderes de Nueva York y Ginebra y la vida –o muerte– en las calles en mi región, particularmente en América Latina.
Mi región alberga a 14 de los 25 países con más altas tasas de feminicidio en el mundo, es decir, de mujeres o niñas asesinadas por razón de género. En América Latina y el Caribe, 12 mujeres y niñas son asesinadas cada día. Sin embargo, el 98% de los casos no llegan a proceso judicial. Estas estadísticas alarmantes deberían avergonzarnos e instarnos a exigir acciones por parte de los líderes para salvar vidas y proteger los derechos y la dignidad de las mujeres y niñas.
Los asesinatos por razón de género son la culminación de una serie de actos violentos. En general, las personas no son conscientes de la cadena de eventos que llevan al feminicidio. En América Latina, tenemos una cultura de alta tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y niñas. Se ha normalizado la violencia. Es vista como parte de la vida de las mujeres, especialmente de las que pertenecen a comunidades social y económicamente desfavorecidas con bajos niveles de educación y desarrollo.
La violencia contra las mujeres es una profunda injusticia mundial. Es un gran obstáculo para cumplir los derechos humanos de las mujeres y niñas y alcanzar los ODS. Actualmente, ningún país está en condiciones de alcanzar la equidad de género dentro del plazo estipulado, ni en el mundo desarrollado ni en los países en desarrollo. Es una conclusión devastadora acerca de nuestras prioridades globales, que demuestra que debemos hacer más.
La Iniciativa Spotlight para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas es un paso en la dirección correcta. Esta iniciativa global impulsada por la ONU y la Unión Europea apunta a erradicar el feminicidio en cinco países de la región: Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.
En Argentina, la Iniciativa está apoyando la creación de Redes de Adolescentes y Jóvenes por la Igualdad. Estas redes promueven métodos de prevención comunitarios que instan a los jóvenes a reflexionar sobre roles de género y masculinidad nociva, y plantean soluciones comunitarias para erradicar los feminicidios. La Iniciativa también brinda capacitación a periodistas sobre eliminación de los estereotipos de género en la cobertura de noticias sobre violencia contra las mujeres y niñas.
En Guatemala, la Iniciativa está apoyando a la sociedad civil para que abogue por la investigación de las amenazas contra los defensores de los derechos humanos de las mujeres. En El Salvador, la Iniciativa Spotlight está permitiendo el acceso a oportunidades económicas para sobrevivientes de violencia, y en México, está ayudando a garantizar que el sistema judicial tenga las herramientas correctas y los enfoques adecuados para identificar los feminicidios y llevar adelante las causas judiciales correspondientes.
Este es un avance importante, pero no es suficiente. ¿Qué podemos hacer en otros países latinoamericanos donde la violencia misógina y la discriminación continúan prevaleciendo? ¿Cómo podemos cambiar las actitudes y políticas para proteger mejor a las mujeres en todos los niveles de la sociedad? Necesitamos que los líderes tradicionales, religiosos y políticos aborden este grave abuso de los derechos humanos, así como las personalidades notables del mundo empresarial y académico que pueden tener una influencia social considerable.
Tenemos que ponerle fin a la impunidad y fortalecer el sistema judicial para investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables e invertir en el acceso de las mujeres a los servicios de justicia. Sobre todo, debemos invertir en servicios centrados en las sobrevivientes que alienten a las mujeres y niñas a hablar y buscar apoyo si están experimentando abuso.
Cuando introduje las reformas de bienestar y protección social como presidente de Chile a inicios de la década del 2000, aprendí rápidamente que el recurso más importante para las víctimas de violencia de género era contar con refugios donde pudieran albergarse y estar seguras, lejos de sus abusadores. Garantizar que las mujeres puedan acceder a estos servicios sin correr el riesgo de empobrecimiento era un elemento crucial de dichas reformas, y continúa siendo una prioridad actualmente en toda la región. Esto significa que diferentes sectores como salud, servicios sociales, la policía y el sistema judicial deben trabajar en forma conjunta y no en silos.
Debemos invertir en prevención de la violencia contra las mujeres. Hay cada vez más evidencia global que demuestra que la prevención es posible si se asignan los recursos necesarios y hay voluntad política.
Como hombres, debemos promover representaciones positivas de lo masculino. Tenemos que darles un buen ejemplo a nuestros hijos. Esto incluye desafiar las mentalidades tóxicas machistas que promueven la aceptación de la violencia contra las mujeres, en nuestras escuelas, en los lugares de trabajo, en las instituciones religiosas y en nuestros hogares.
También es clave que apoyemos y escuchemos a las sobrevivientes y a las organizaciones y los movimientos feministas. Deben tener voz y voto a la hora de analizar estrategias, soluciones y decisiones. Es inspirador el ejemplo de Irinea Buendía, cuya hija, Mariana Lima, fue asesinada por su marido en México. La búsqueda de justicia de esta valiente madre durante seis años sentó un precedente clave en materia de procesamiento de feminicidios en México.
Son dignas de imitar las iniciativas de promoción y litigio del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio —una alianza de 49 organizaciones de derechos humanos de México— que ha mejorado la rendición de cuentas y ha aumentado el acceso a la justicia en casos de feminicidio a lo largo de México y América Latina.
El movimiento #NiUnaMenos de Argentina ha tenido un éxito notable así como los múltiples grupos de mujeres que abogan incansablemente por el empoderamiento de las mujeres y la equidad. Tenemos que hacer más para garantizar que reciban financiamiento y apoyo suficiente que les permita continuar este importante trabajo.
No podemos abordar este problema o imaginar un mundo mejor y más justo sin ellas.
América del Sur/ Brasil/ 13.08.2019/ Fuente: redclade.org.
La afirmación fue divulgada ayer en nota pública, elaborada como respuesta a las declaraciones recientes del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que defiende el trabajo infantil. Según la nota, la manifestación del presidente en favor del trabajo infantil no solo contradice el principio constitucional de protección infantil, sino que también viola las obligaciones asumidas por el Estado brasileño en tratados internacionales
“(…) hemos estado observando de cerca los desarrollos en Brasil con respecto a las discusiones recientes en relación al trabajo infantil y sus implicaciones en las vidas de los niños, y más específicamente, las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro, quién abierta y repetidamente ha defendido el trabajo infantil, para niños incluso menores de 10 años. (…) Como defensores de los derechos de los niños, condenamos fuertemente la aceptación de todas las formas de trabajo infantil como norma en la sociedad. El trabajo infantil, especialmente el trabajo infantil peligroso y que comienza a una edad temprana; no solo afecta el desarrollo físico, mental y emocional de los niños, sino que también perpetúa la pobreza de los hogares, el analfabetismo, la desigualdad de género y, en la mayoría de los casos, no conduce al desarrollo de habilidades”.
Esta es una afirmación de la Marcha Global Contra el Trabajo Infantil (Marcha Global) que consta en nota pública divulgada ayer (5), en respuesta a las declaraciones recientes del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en defensa del trabajo infantil. El líder brasileño afirmó en julio, durante una transmisión en vivo por la televisión, que “no hay problemas en ver un muchacho de nueve, diez años trabajar, pues el trabajo dignifica al hombre y a la mujer, no importando la edad”. Después, via Twitter, reforzó su opinión diciendo que está siendo atacado por la izquierda por “defender que nuestros hijos sean educados para desarrollar la cultura del trabajo desde temprano”.
Marcha Global
La Marcha Global Contra el Trabajo Infantil (Marcha Global) es un movimiento mundial de sindicatos, asociaciones de docentes y organizaciones de derechos de las niñas y los niños que se unen en su lucha contra el trabajo infantil y apoyan la educación para todas las personas. La Marcha Global trabaja en conjunto con las Naciones Unidas, agencias gubernamentales, partes interesadas locales, nacionales, regionales y mundiales en su esfuerzo por proteger y promover los derechos de los niños y las niñas, especialmente contra el trabajo infantil, la trata con fines de trabajo forzoso, la esclavitud infantil y la discriminación de género, al tiempo que respalda su derecho a una educación significativa, gratuita y de calidad.
Según la nota de la Marcha Global, la reciente declaración del presidente Bolsonaro sobre el trabajo infantil no solo contradice el principio constitucional de protección infantil de Brasil, sino que también viola las obligaciones asumidas por el Estado brasileño en tratados internacionales. La Marcha añade que la postura del presidente afecta negativamente al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular del objetivo de eliminar todas las formas de trabajo infantil hasta el 2025; además, pone en riesgo el bienestar y el desarrollo saludable de los niños y niñas de Brasil, defendiendo un escenario extremadamente contraproducente para la economía del país.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay alrededor de 152 millones de personas sometidas al trabajo infantil en todo el mundo. En Brasil hay 2,4 millones de niñas, niños y adolescentes que trabajan.
“La Marcha Global advierte que si los niños trabajan, más aún cuando lo hacen desde una edad temprana, tendrán graves consecuencias en su presente y futuro. Dichos niños se perderán la educación durante los años formativos de su desarrollo y continuarán realizando tareas repetitivas erosionando sus habilidades y la posibilidad de empleo en condiciones dignas en el futuro. En este proceso, sin darse cuenta, entrarían en el círculo vicioso de pobreza y analfabetismo que no sería fácil de desmantelar”, dice la nota.
Lee el comunicado completo:
Declaración de la Marcha Global Contra el Trabajo Infantil sobre las declaraciones del presidente brasileño
La Marcha Global Contra el Trabajo Infantil (Marcha Global) es un movimiento mundial de sindicatos, asociaciones de docentes y organizaciones de derechos de los niños que se unen en su lucha contra el trabajo infantil y apoyan la educación para todos. La Marcha Global trabaja en conjunto con las Naciones Unidas, agencias gubernamentales, partes interesadas locales, nacionales, regionales y mundiales en su esfuerzo por proteger y promover los derechos de los niños, especialmente contra el trabajo infantil, la trata con fines de trabajo forzoso, la esclavitud infantil y la discriminación de género, al tiempo que respalda su derecho a una educación significativa, gratuita y de calidad.
Desde la Marcha Global, hemos estado observando de cerca los desarrollos en Brasil con respecto a las discusiones recientes en relación al trabajo infantil y sus implicaciones en las vidas de los niños, y más específicamente, las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro, quien abierta y repetidamente ha defendido el trabajo infantil, para niños incluso menores de 10 años.
Como defensores de los derechos de los niños, condenamos fuertemente la aceptación de todas las formas de trabajo infantil como norma en la sociedad. El trabajo infantil, especialmente el trabajo infantil peligroso y que comienza a una edad temprana; no solo afecta el desarrollo físico, mental y emocional de los niños, sino que también perpetúa la pobreza de los hogares, el analfabetismo, la desigualdad de género y, en la mayoría de los casos, no conduce al desarrollo de habilidades.
La Marcha Global aplaude y reconoce el compromiso demostrado por Brasil al adoptar y ratificar varias convenciones y leyes que protegen los derechos fundamentales de los niños, como la Constitución de Brasil (1988) y el Estatuto del Niño y el Adolescente (1990), así como los acuerdos internacionales incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño (1990), el Acuerdo Americano sobre Derechos Humanos (1992), el Convenio 182 (2000) y 138 (2001) de la OIT. También reconocemos que Brasil ha desempeñado un papel fundamental y destacado en la lucha contra el trabajo infantil en la región y fue uno de los pioneros en la introducción de los programas revolucionarios de transferencia de efectivo como “Bolsa Escola” y “Bolsa Familia” para combatir el trabajo infantil y aliviar la pobreza en el entorno familiar. Últimamente, Brasil también se comprometió con la erradicación del trabajo infantil como una prioridad al firmar un compromiso internacional durante la IV Conferencia Mundial para la Erradicación Sostenible del Trabajo Infantil celebrada en Argentina en 2017.
Al considerar el marco mencionado anteriormente, la reciente declaración del Presidente Bolsonaro sobre el trabajo infantil no solo contradice el principio constitucional de protección infantil de Brasil, sino que también viola las obligaciones asumidas por el Estado brasileño en virtud de los tratados internacionales; que afectan negativamente el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el objetivo de eliminar todas las formas de trabajo infantil para 2025- poniendo en riesgo el bienestar y el desarrollo saludable de los niños brasileños y defendendiendo un escenario que sería extremadamente contraproducente para la economía brasileña.
La Marcha Global advierte que si los niños trabajan, más aún cuando lo hacen desde una edad temprana, tendrá graves consecuencias en su presente y futuro. Dichos niños se perderán la educación durante los años formativos de su desarrollo y continuarán realizando tareas repetitivas erosionando sus habilidades y la posibilidad de empleo en condiciones dignas en el futuro. En este proceso, sin darse cuenta, entrarían en el círculo vicioso de pobreza y analfabetismo que no sería fácil de desmantelar. El trabajo infantil con su doble filo privaría aún más a los adultos de condiciones de trabajo decentes porque los empleadores siempre preferirán a los niños sobre los adultos ya que ellos no exigen salarios mínimos y no pueden defender sus derechos.
Todos sabemos que, según la OIT, mientras que hay alrededor de 152 millones de trabajadores infantiles en todo el mundo, hay alrededor de 192 millones de adultos y jóvenes sin empleo globalmente. En Brasil hay 2,4 millones de niños y adolescentes atrapados en situación de trabajo infantil. El número de adultos brasileños desempleados ha aumentado a 13,4 millones, lo que muestra claramente que un niño trabaja en lugar de un adulto y, en consecuencia, el trabajo infantil alimenta el desempleo de los adultos, lo que deteriora aún más la economía nacional.
Mientras Brasil se encuentra actualmente en una situación de debilidad en el mercado laboral, se ha vuelto más imperativo que el país invierta en sus niños y jóvenes en aras de su desarrollo social y económico. Para lograr un necesario desarrollo sostenible en todas las dimensiones, los Estados y las sociedades deben reconocer y cumplir con el derecho de los niños a la educación, el bienestar, la protección, la supervivencia, el desarrollo y la participación, tal como se consagra en la Convención sobre los Derechos del Niño y de esta manera ser testigos de un impacto positivo no solo en ellos mismos, sino también en las familias, las comunidades y los países; no siendo Brasil la excepción.
Dado este escenario, la Marcha Global Contra el Trabajo Infantil condena inequívocamente cualquier forma de violación de los derechos fundamentales de los niños e insta a la comunidad internacional a llamar la atención sobre esta situación crítica que exige una acción conjunta que defienda y garantice el derecho de los niños a una educación gratuita y significativa, mientras sean libres de cualquier forma de explotación.
La Marcha Global reitera una vez más su compromiso de apoyar el trabajo de nuestros miembros y socios que están unidos contra el trabajo infantil en Brasil y más allá; y hace un llamado a todos los interesados que trabajan para la eliminación de esta forma de violencia contra los niños, a unirse y continuar discutiendo y comprometiéndose con el Gobierno de Brasil y con todos aquellos regímenes que favorecen la existencia de trabajo infantil, para que estos no solo abandonen esta mentalidad, sino para que trabajen de la mano con el movimiento contra el trabajo infantil para crear un mundo libre del mismo y amigable para todos los niños.
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/el-trabajo-infantil-perpetua-la-pobreza-el-analfabetismo-la-desigualdad-de-genero/
América del Sur/ Brasil/ 12.08.2019/ Fuente: redclade.org.
En el marco del Día Internacional de la Juventud, conoce algunas de las acciones que los foros nacionales miembros de la CLADE llevan a cabo actualmente, presionando por la garantía del derecho a la educación y participación de las juventudes en sus países.
El 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, una celebración anual que busca promover el papel de las y los jóvenes en los procesos de cambio, así como generar conciencia sobre los desafíos y contextos a los que las juventudes se enfrentan.
Este año, la ONU celebra la fecha con énfasis en el tema “Transformando la Educación”. Se eligió este mote para “destacar los esfuerzos que se hacen en general por conseguir una educación más inclusiva y accesible para todos los jóvenes y, en particular, el empeño de los propios jóvenes”.
Datos divulgados por la ONU expresan que hoy existen en el mundo 1800 millones de personas con entre 10 y 24 años de edad. Más de la mitad de niños, niñas y adolescentes con entre 6 y 14 años no tienen acceso a una educación de calidad.
Día Internacional de la Juventud y el ODS 4
Este año, el Día Internacional de la Juventud hace hincapié en el Objetivo de número 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS 4), donde los Estados miembros de la ONU se comprometen a: “garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos”. Así se quiere estimular el análisis y el debate sobre cómo los gobiernos, la juventud y las organizaciones y colectivos de jóvenes, además de otras partes interesadas, están transformando la educación para que se convierta en un elemento clave para alcanzar el desarrollo sostenible.
La población joven con entre 18 y 24 años de edad en América Latina y el Caribe ya había ultrapasado la cifra de 108 millones en el 2015, y son muchos los desafíos para la garantía de sus derechos: educación, trabajo, violencia y pertinencia de la escuela ante las trayectorias de vida de las y los jóvenes, son algunos de los temas que se destacan en este debate.
A su vez, la educación secundaria ha tenido un relieve particularmente importante en los últimos años. Muchos Estados de la región han consensuado que la garantía de una ciudadanía plena y participativa involucra la realización de una trayectoria educativa que concluya la educación secundaria, lo que los empujó a elaborar y aprobar marcos legales, reconociendo esta etapa educativa como obligatoria y gratuita. Sin embargo, según datos del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL), en el 2013 el 21% de las y los jóvenes de entre 15 y 17 años estaba fuera de la escuela y solo el 63,4% de las y los jóvenes de entre 21 y 23 años se había graduado en el nivel medio.
Frente a esta realidad, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) ha puesto en marcha un conjunto de iniciativas, incluyendo diálogos y encuentros virtuales y presenciales con integrantes del movimiento estudiantil y jóvenes de la región, para discutir retos y avances en la realización de su derecho a la educación. Estas acciones se impulsan con el objetivo de conocer y apoyar sus miradas, planteamientos y demandas para la mejora de los sistemas educativos, fortaleciendo a la vez su participación en espacios clave del debate y seguimiento de las políticas educativas en ámbito regional y nacional.
A continuación, compartimos también algunas de las acciones que los foros nacionales miembros de la CLADE llevan a cabo actualmente, presionando por la garantía del derecho a la educación y participación de las juventudes en sus países.
Argentina
La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) se dedica al monitoreo de acuerdos del Consejo Federal argentino que hacen referencia a los cambios en la secundaria, e incide por la garantía de una educación sexual integral y el enfrentamiento a la violencia escolar en esta etapa educativa.
El mes pasado, la CADE también se ha manifestado contra el servicio voluntario de adolescentes y jóvenes, implementado por la Gendarmería Nacional del país.
Foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Brasil
La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE) fue una de las organizaciones que impulsó la promulgación del Plan Nacional de Educación (PNE) 2014-2024, una de las más importantes conquistas para la garantía del derecho a la educación en Brasil. El plan establece alrededor de 11 metas relacionadas a los derechos de adolescentes y jóvenes, como la que se propone universalizar la atención escolar para toda la población de 15 a 17 años y aumentar, hasta el 2024, el número de matrículas de la secundaria para el 85%. Pasados cinco años de la aprobación del PNE, la CNDE hace seguimiento y presión para que sus metas de cumplan.
Así mismo, en junio de este año, la Campaña denunció ante la ONU el actual escenario regresivo para los derechos de niñas, niños y adolescentes en Brasil.
El evento se enmarca en un programa dedicado a la investigación, docencia, extensión y capacitación enfocadas en las poblaciones jóvenes del país, y buscó reflexionar sobre cuestiones como la perspectiva de género y el reconocimiento de subjetividades negadas históricamente en la educación. Se discutió, así mismo, sobre la importancia de trascender hacia la economía social solidaria como alternativa para una mejor distribución de la riqueza, y la necesidad de reforzar la democracia para promover la inclusión y el desarrollo humano.
Foto: Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile
Chile
Organizaciones sociales y educativas reunidas en la Red Contra la Represión a Estudiantes, entre ellas el Foro por el Derecho a la Educación Pública, han denunciado prácticas punitivas, violencia político-institucional, criminalización y persecución a estudiantes y docentes movilizados/as por parte del Estado chileno, ante instancias internacionales de derechos humanos.
En la revisión del ODS 4 en Naciones Unidas, el Foro también reforzó la necesidad de garantizar el derecho a la educación sexual integral para estudiantes y jóvenes, y mejorar las políticas para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).
Colombia
Foto: Grupo Comunicarte
La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE)viene participando en las movilizaciones convocadas por organizaciones estudiantiles y de docentes en el país, para exigir que el gobierno nacional cumpla sus acuerdos por el financiamiento adecuado y justo del derecho a la educación, garantizando presupuesto digno para las universidades y la EPJA.
En este sentido, realizó el último mes de mayo un seminario para discutir el financiamiento educativo, el derecho a la educación en el nuevo plan nacional de desarrollo y la actual situación de docentes, estudiantes, jóvenes, personas adultas y comunidades indígenas.
Ecuador
El Contrato Social por la Educación (CSE) elaboró la publicación “Agenda Joven”, que presenta las expectativas de jóvenes y adolescentes de Colta, Chunchi, Guamote, Latacunga y Pujilí, respecto a su calidad de vida y el cumplimiento de una educación que les permita continuar sus procesos de formación y realizar sus proyectos de vida.
El Colectivo denunció la desatención del gobierno a la educación secundaria y demandó mayor inversión en la educación de personas jóvenes y adultas en el país. Actualmente, sólo 20 de cada 100 jóvenes que egresan de la escuela primaria asisten a la secundaria en Guatemala. Asimismo, más del 50% de estudiantes de los cursos nocturnos no terminan la secundaria.
Foto: CLADE
Honduras
El Foro Dakar Honduras ha presentado denuncias y realizado acciones de incidencia contra la criminalización y represión de estudiantes en el país. Así mismo, ha actuado para garantizar que las voces de las y los estudiantes y jóvenes se tomen en cuenta en los debates sobre las políticas educativas. Son ejemplos: la serie de reuniones y conversatorios que el Foro ha impulsado en articulación con comunidades educativas y estudiantiles para la implementación de la Agenda 2030 en el país, y el apoyo permanente a su lucha por el derecho a la educación y participación.
Foto: Jorge Mejía Peralta
Nicaragua
El Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN) se ha articulado con estudiantes de distintas universidades del país, así como organizaciones y colectivos de jóvenes para elaborar el estudio “Participación Juvenil y Procesos de Transformación Social: Implicancia, Impacto, Retos y Compromisos”.
El estudio, aún en proceso de elaboración, busca sistematizar la participación de las juventudes organizadas frente a los contextos sociopolíticos de transformación social y en la construcción de nuevos paradigmas educativos. Así mismo, el Foro ha actuado para presentar las demandas y perspectivas de estudiantes y jóvenes del país, ante el proceso de Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, al Estado de Nicaragua.
República Dominicana
El Foro Socioeducativo, en alianza con otras organizaciones del país, presentó al Ministerio de Educación 17 recomendaciones para mejorar la política de alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas.
El documento enfatiza importantes retos y desafíos que tiene el programa de educación para personas jóvenes y adultas del país en materia de planificación, gestión continua, datos abiertos y manejo presupuestario, lo cual limita la eficiencia y eficacia del programa.
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/jovenes-de-america-latina-y-el-caribe-transformando-la-educacion/
Desde 1994, la comunidad internacional conmemora cada 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas mediante diversas actividades públicas para sensibilizar y visibilizar los derechos humanos jurídicamente reconocidos a los pueblos.
Sin embargo, a 25 años de estar celebrando esta fecha, y a 30 años de la aprobación del Convenio Internacional nº 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, las condiciones de subordinación/aniquilación para las y los indígenas recrudecen.
El sistema mundo occidental capitalista, en su fase de acumulación por despojo violento, está obligando a los pueblos indígenas a defender sus territorios por vías no violentas, pero la respuesta sistemática de las empresas-estados es la criminalización y asesinato de indígenas defensores de sus territorios.
Si hacemos un balance de los asesinatos de defensores de derechos en países como Guatemala, Colombia o México, casi el 100% de defensores de derechos asesinados son indígenas. En lo que va del 2019, de los 8 asesinatos de defensores miembros del movimiento social que acompaño en Guatemala, todos son indígenas.
Los bicentenarios estados criollos de Latinoamérica aún continúan tratando a indígenas como si fueran una especie de la fauna silvestre. No únicamente porque las y los indígenas viven sin Estado, sin derechos, ni oportunidades, sino porque las políticas de “mestizaje” y de eugenesia (blanqueamiento genético) continúan vigentes y potentes mediante dispositivos culturales criollos instalados.
Un indígena para ser ciudadano en una República criolla está irremediablemente condenado a renegar de su “ser indígena” y a asimilar el alma criolla. En los estados criollos el indígena que no renuncia a su identidad/dignidad sólo tiene obligaciones, mas no derechos. Mucho menos oportunidades.
El sistema mundo occidental colonizador, en su versión neoliberal, no sólo invade, despoja y destruye territorios indígenas/santuarios ecosistémicos, también rentabiliza el remanente cultural indígena (que dejó siglos de colonialismo permanente) como un exitoso bien comercial exótico.
Así, los cuerpos de indígenas, especialmente de jóvenes, envueltos en tejidos multicolores, son expuestos como anzuelos para atrapar la atención del consumidor en los mercados postmodernos.
Suficiente observar ciudades como Oaxaca, Cusco, Antigua Guatemala… Ocurre con los vestigios de las espiritualidades indígenas. Ocurre con la gastronomía. Ocurre con la indumentaria fruto de la Colonia. Ocurre con los lugares/legados arqueológicos… Incluso con el cerebro y psicología de indígenas profesionalizados.
El año 2019 está establecido, por la ONU, como “Año Internacional de Lenguas Indígenas”. Aunque los indígenas no hablamos lenguas, sino idiomas, porque el término lengua es una construcción ideológica para “naturalizar” la subordinación indígena a las culturas oficiales (que sí hablan idioma). Sin embargo, las y los indígenas conscientes no deberíamos distraernos únicamente en la defensa/ejercicio de nuestros derechos culturales. Debemos transitar hacia el ejercicio de los derechos políticos y económicos.
La proclamación y ejercicio de las autonomías indígenas, en base a la norma internacional, es una tarea aún pendiente casi para todos los pueblos indígenas. Ejercer autonomía requiere necesariamente recuperar nuestros territorios. Y esto implica reconfiguración estructural de los estados criollos en estados plurinacionales. Sin territorio, y sin autonomía, toda lucha indígena es miope.
Quizás uno de los legados de los 25 años del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, o los 30 años del Convenio Internacional nº 169, sea el avance en la sensibilización/ejercicio de los derechos culturales (idioma, traje, comida, espiritualidad). Pero, mucho de este esfuerzo se pervirtió en el culturalismo y oportunismo indígena rampante.
A tal grado que en países envidiablemente multiculturales como Guatemala, con frondosas ONG y cooperación internacional pro indígenas, tenemos “reinas” mayas (jóvenes) coronadas y envueltas en aparatosos trajes indocoloniales haciendo ceremoniosas filas para reverenciar y besar la mano del candidato presidencial criollo (del sector ultraconservador/militar). Esto ocurre, ahora.
O la humillante lambisconería de intelectuales y académicas mayas celebrando rimbombante Congreso Académico sobre Racismo, en 2018, en Guatemala ciudad, nada menos que para legitimar y posesionar el logotipo y el nombre de la USAID como el benefactor más sublime de Guatemaya.
Que el 9 de agosto nos motive hacia el activismo reflexivo y auto crítico a las y los indígenas privilegiados. Sobre todo a transitar del culturalismo/folclorismo hacia la promoción/ejercicio de los derechos políticos y económicos. Es verdad que 9 de agosto aún no es, ni será, para todos nuestros hermanos/as de las comunidades rurales, pero si las y los indígenas privilegiados (sin abandonar nuestras comunidades) le apostamos a la autonomía indígena, los territorios y el Buen Vivir, creo que habremos acelerado el esperado amanecer que tarda en clarear para la humanidad.
Entrevistamos a José Luis Carretero Miramar, secretario del sindicato Solidaridad Obrera, que es la tercera central anarcosindicalista del estado.
Pensamos que es prioritario que desde los ámbitos libertarios se pronuncien acerca de nuestros problemas cotidianos, escuchar cuanto saben de lo que nos pasa, que cerca están de nosotrxs, que proponen, cual es su compromiso. La charla con José Luis Carretero Miramar fue un grato momento, la comparto con vosotras y vosotros.
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