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Kasai, un tsunami de pobreza, privaciones y conflicto

Por: Tiziana Trotta

La violencia amaina en esta región de la República Democrática del Congo, pero el hambre, la falta de acceso a sanidad, escuelas poco seguras y el reclutamiento en el conflicto amenazan a la infancia

La región de Kasai, en el centro de la República Democrática del Congo (RDC), no consigue levantar la cabeza, a pesar de que se ha producido una tregua de los combates y que algunos desplazados están empezando a regresar a sus comunidades. La zona está sumida en la violencia desde finales de 2016 y la situación humanitaria, denuncian las organizaciones internacionales, se mantiene muy grave, sobre todo para la infancia. Malnutrición, ataques a escuelas, reclutamiento de niños por parte de grupos armados y falta de acceso a cuidados médicos son algunos de los problemas a los que tienen que enfrentarse los más pequeños.

Pese al descenso de la violencia desde la segunda mitad de 2017, sigue existiendo el riesgo de que se reanuden los combates y en la zona rige la inseguridad, con lo cual los movimientos de población no se han detenido. Aunque el acceso a los servicios básicos está mejorando, las consecuencias para la infancia son devastadoras.

El hambre amenaza la vida de al menos 400.000 menores de cinco años que sufren desnutrición severa

Al menos 770.000 niños, la mitad de todos los menores de cinco años de la región, sufren desnutrición aguda, denuncia el informe Kasai: una crisis para los niños, publicado este viernes por Unicef, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El hambre amenaza a la vida de 400.000, una cifra que podría dispararse si no se toman medidas de manera rápida, alerta el estudio. La malnutrición crónica es la causa de que la mitad de los menores de cinco años de la región sufra un retraso en el crecimiento.

Esta situación no representa una excepción en un país con uno de los índices de desnutrición más elevados del mundo, donde seis millones de niños padecen desnutrición crónica y otros dos millones, aguda, según los últimos datos de Unicef. “La desnutrición crónica siempre se ha mantenido muy elevada”, explica Inés Lezama, jefa de nutrición de la organización en RDC. “La aguda, en cambio, se había reducido entre 2007 y 2013”.

Un hombre junto a su mujer, enferma de malaria, en el centro de salud de Kananga (RDC), el pasado 20 de enero.
Un hombre junto a su mujer, enferma de malaria, en el centro de salud de Kananga (RDC), el pasado 20 de enero. VICENT TREMEAU / UNICEF

Las tierras, abandonadas tras la fuga de la población, se han dejado de cultivar y, en algunas zonas de Kasai, se han perdido ya tres cosechas agrícolas. “Si bien el conflicto está retrocediendo y empieza a haber más productos en los mercados, la inseguridad alimentaria sigue en niveles de emergencia y muchas familias no disponen de los recursos económicos para acceder a los alimentos”, asegura la experta desde una de las regiones más pobres del país. “Hay que actuar de manera rápida”.

Más de un niño de cada diez muere antes de celebrar su quinto cumpleaños. “A menudo, las necesidades de los más pequeños están desatendidas, ya que las mujeres cuentan con una sobrecarga importantes de trabajo, al tener que ocuparse del hogar y de la agricultura”, añade Lezama. “Si necesitan ir al campo, dejarán a los hijos solos en casa”.

Otro desafío para la región reside en subsanar el colapso del sistema de salud. A pesar de que mejora el acceso a los centros, alrededor de 200 de estas estructuras han sido saqueadas, quemadas o destruidas durante el conflicto. “Si las instalaciones sanitarias no disponen de suficiente material o de personal, las familias dejarán de acudir”, destaca Lezama. Por el momento, no se han registrado brotes de cólera y sarampión, pero la experta de Unicef advierte que no se puede bajar la guardia; después de la fase de emergencia más aguda, es crucial asegurar una asistencia continua.

Unos niños descansan con sus padres durante una evaluación médica en el centro de salud de Kananga, en la región de Kasai (RDC), el 20 de enero de 2018.
Unos niños descansan con sus padres durante una evaluación médica en el centro de salud de Kananga, en la región de Kasai (RDC), el 20 de enero de 2018. VICENT TREMEAU / UNICEF

Más de 400 escuelas de Kasai han sido atacadas o utilizadas con fines militares desde el comienzo del conflicto y 100 han sido destruidas. El año pasado, casi medio millón de niños no pudieron acabar el curso escolar. Unicef prevé que esta situación se mantendrá inalterada a lo largo de este 2018.

Miles de niños han sido, además, reclutados por grupos armados activos en la región. Durante el auge de la crisis (entre otoño de 2016 y el verano de 2017), más de la mitad (60%) de los milicianos tenía menos de 18 años, según estimaciones del Grupo Mundial de Protección y el Grupo Mundial de Educación. La mayoría de ellos, incluso no llegaba ni a los 15 años. Kate Shaw, asesora de World Vision para la respuesta de emergencia a la crisis de Kasai, sostiene haber hablado con exniños soldados que le han informado de la presencia entre las milicias de menores de cinco años.

Mientras que los más jóvenes se emplean en las cocinas o en otras tareas domésticas, los mayores se pueden ver obligados a matar o se utilizan como escudos humanos. Sea cual sea su edad, señala el informe de Unicef, tienen que someterse a ritos de iniciación que incluyen beber brebajes que pueden contener alcohol o huesos humanos molidos, o comer carne humana para adquirir supuestos poderes que les protegerán en los combates.

UN PAÍS AL BORDE DEL ABISMO

A Kasai, se suman otros focos de violencia e inseguridad del país, como las zonas de Kivu, Tanganica e Ituri. En la última conferencia de donantes, organizada por Naciones Unidas y celebrada el pasado mes de abril, se recalcó que las necesidades de la RDC están aumentando y que para hacer frente a la crisis se necesitarían casi 1.700 millones de dólares este año (1,4 millones de euros), el doble de la suma pedida para el año anterior.

Sin embargo, las autoridades de la RDC no acudieron a Ginebra al considerar que el encuentro ofrecía una mala imagen del país y que el Estado puede hacerse cargo de las necesidades humanitarias internas.

“La mayoría de estos niños fueron obligados a unirse a los combatientes por parte de sus familiares u otros coétaneos”, explica Shaw. “Se les amenazaba, de lo contrario, con matar a sus padres o a ellos mismos”. Aunque las milicias están poniendo en libertad a los soldados más jóvenes desde el pasado verano, muchos de ellos necesitan apoyo para la reinserción y superar los traumas que han vivido. “A menudo, se sienten culpables por lo que han sido obligados a hacer o siguen con el miedo a ser perseguidos, pero tienen que lidiar solos con ello”.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/05/10/planeta_futuro/1525962484_477827.html

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The case for restricting hate speech

For: Laura Beth Nielse

As a sociologist and legal scholar, I struggle to explain the boundaries of free speech to undergraduates. Despite the 1st Amendment—I tell my students—local, state, and federal laws limit all kinds of speech. We regulate advertising, obscenity, slander, libel, and inciting lawless action to name just a few. My students nod along until we get to racist and sexist speech. Some can’t grasp why, if we restrict so many forms of speech, we don’t also restrict hate speech. Why, for example, did the Supreme Court on Monday rule that the trademark office cannot reject “disparaging” applications—like a request from an Oregon band to trademark “the Slants” as in Asian “slant eyes.”

The typical answer is that judges must balance benefits and harms. If judges are asked to compare the harm of restricting speech – a cherished core constitutional value – to the harm of hurt feelings, judges will rightly choose to protect free expression. But perhaps it’s nonsense to characterize the nature of the harm as nothing more than an emotional scratch; that’s a reflection of the deep inequalities in our society, and one that demonstrates a profound misunderstanding of how hate speech affects its targets.

Legally, we tell members of traditionally disadvantaged groups that they must live with hate speech except under very limited circumstances. The KKK can parade down Main Street. People can’t falsely yell fire in a theater but can yell the N-word at a person of color. College women are told that a crowd of frat boys chanting “no means yes and yes means anal” is something they must tolerate in the name of (someone else’s) freedom.

Consider also the protections afforded to soldiers’ families in the case of Westboro Baptist anti-gay demonstrations. When the Supreme Court in 2011 upheld that church’s right to stage offensive protetsts at veterans’ funerals, Congress passed the Honoring America’s Veterans’ Act, which prohibits any protests 300 to 500 feet around such funerals. (The statute made no mention of protecting LGBTQ funeral attendees from hate speech, just soldiers’ families).

So soldiers’ families, shoppers and workers are protected from troubling speech. People of color, women walking down public streets or just living in their dorm on a college campus are not. The only way to justify this disparity is to argue that commuters asked for money on the way to work experience a tangible harm, while women catcalled and worse on the way to work do not — as if being the target of a request for change is worse than being racially disparaged by a stranger.

In fact, empirical data suggest that frequent verbal harassment can lead to various negative consequences. Racist hate speech has been linked to cigarette smoking, high blood pressure, anxiety, depression and post-traumatic stress disorder, and requires complex coping strategies. Exposure to racial slurs also diminishes academic performance. Women subjected to sexualized speech may develop a phenomenon of “self-objectification,” which is associated with eating disorders.

These negative physical and mental health outcomes — which embody the historical roots of race and gender oppression — mean that hate speech is not “just speech.” Hate speech is doing something. It results in tangible harms that are serious in and of themselves and that collectively amount to the harm of subordination. The harm of perpetuating discrimination. The harm of creating inequality.

Many readers will find this line of thinking repellent. They will insist that protecting hate speech is consistent with and even central to our founding principles. They will argue that regulating hate speech would amount to a serious break from our tradition. They will trivialize the harms that social science research undeniably associates with being the target of hate speech, and call people seeking recognition of these affronts “snowflakes.”

But these free-speech absolutists must at least acknowledge two facts. First, the right to speak already is far from absolute. Second, they are asking disadvantaged members of our society to shoulder a heavy burden with serious consequences. Because we are “free” to be hateful, members of traditionally marginalized groups suffer.

Fuente: http://www.hoylosangeles.com/g00/latimesespanol/hoyla-el-argumento-para-restringir-el-discurso-de-odio-20170621-story.html?i10c.referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.ve%2F

 

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Feministas y Universidad de Chile firman acuerdo para promover equidad género

Autor: 2001

Dirigentes feministas de la Universidad de Chile y el rector Ennio Vivaldi firmaron hoy un acuerdo para promover la equidad de género en esa institución, un primer paso para deponer las tomas y movilizaciones que las estudiantes han realizado en varias facultades desde abril pasado.

«Este petitorio da cuenta de las inquietudes que las comunidades tenían, pero, sobre todo, que los estudiantes tenían. Esperamos una normalización de la universidad total al más corto plazo», afirmó el rector a los periodistas.

Las dirigentes feministas le entregaron a Vivaldi el 18 de junio pasado un petitorio de 16 páginas elaborado por diferentes asambleas y movimientos estudiantiles de todas las facultades de la Universidad de Chile (UCH) para erradicar el sexismo y promover la igualdad de género.

Según las portavoces de las estudiantes, se llegó a acuerdos en todos los puntos del petitorio, entre los que destaca el fortalecimiento de la actual Dirección de Género de la universidad.

Además se crearán nuevas instituciones para dar un apoyo efectivo a las denuncias de violencia de género y sexual al interior de la UCH, y se abrirán centros de atención y acompañamiento para las víctimas.

«Hemos podido poner en la mesa de discusión las necesidades que tenemos todas las estudiantes y generar discusiones políticas de fondo que apuntan a los cambios estructurales que hoy en día necesitamos en nuestra universidad», aseguró Florencia Asenjo, estudiante de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

Camila Bustamante, portavoz de las estudiantes del Campus Sur de la UCH, llamó a extender lo obtenido en la universidad a todos los hogares de Chile y consideró que las estudiantes deben liderar otras luchas feministas como «el aborto libre, seguro y gratuito».

Las dirigentes precisaron que la firma del acuerdo con la universidad no implica que todas las facultades que se encuentran ocupadas por estudiantes, dado que hay recintos que tienen exigencias propias que aún no se han cumplido.

Actualmente, se encuentran ocupadas la Facultad de Derecho, el Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU).

La Facultad de Derecho, dijeron las feministas, seguirá ocupada porque el consejo académico no aceptó su petición de solicitar la renuncia al académico Carlos Carmona, que fue acusado de acoso sexual y laboral por una alumna.

El rector Ennio Vivaldi argumentó que no tiene la facultad para pedir la renuncia porque, al ser una universidad pública, los cargos se obtienen a través de oposiciones.

Las movilizaciones feminista de la UCH se suman a otras masivas registradas en el país en los últimos meses, que han logrado incluir la equidad de género en la agenda política del Ejecutivo.

Los estudiantes han sido uno de los colectivos más activos en estas marchas y protestas multitudinarias, que se han saldado con la toma de numerosos centros educativos por todo el país tanto a nivel universitario como secundario.

Fuente: http://www.2001.com.ve/en-el-mundo/189305/feministas-y-universidad-de-chile-firman-acuerdo-para-promover-equidad-genero.html

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7 duras críticas a EE UU por la pobreza extrema que hay en el país más rico

Autor: BBC Mundo

En un polémico informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator sobre pobreza extrema de esa organización hace un cuestionamiento descarnado de la sociedad estadounidense

«Su enorme riqueza y conocimiento contrastan de forma chocante con las condiciones en las que viven grandes cantidades de sus ciudadanos. Unos 40 millones viven en pobreza, 18.5 millones en pobreza extrema y 5.3 millones viven en condiciones de pobreza extrema propias del tercer mundo».

Con estas palabras el relator sobre pobreza extrema y derechos humanos de la ONU, Philip G. Alston, se refiere a Estados Unidos en un informe en el que da cuenta de una gira de 15 días de investigación que realizó en ese país a finales de 2017.

El texto es una crítica descarnada a la primera potencia del mundo, en la que se apuntan problemas como la creciente desigualdad, la persistencia del racismo o la existencia de un sesgo entre los sectores en el poder hacia los más pobres y desfavorecidos.

«En un país rico como Estados Unidos, la persistencia de la pobreza extrema es una decisión política adoptada por quienes están en el poder. Con voluntad política podría ser fácilmente eliminada», señala Alston.

Indica que hay una serie de ingredientes indispensables en una política para eliminar la pobreza, entre los que incluye cuestiones como las políticas de pleno empleo, la protección social para los más vulnerables, un sistema de justicia justo y efectivo; o la igualdad racial y de género.

El informe de Alston fue presentado la semana pasada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y recibió grandes críticas del gobierno de Donald Trump.

El Ejecutivo estadounidense sostiene que el texto contiene cifras «exageradas» pues afirma que el número de personas en pobreza extrema en ese país no es de 18.5 millones sino de unas 250.000.

La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, dijo que el informe es engañoso y está «motivado por razones políticas» y acusó al relator de «desperdiciar» los recursos de la ONU al investigar la pobreza «en el país más rico y libre del mundo» en lugar de centrarse en países donde los gobiernos causan el sufrimiento de su propia población como Burundi y la República Democrática del Congo.

BBC Mundo te cuenta cuáles son algunos de los cuestionamientos más duros que hace el informe de Alston.

1. El sueño es una ilusión

«Los defensores del status quo señalan a Estados Unidos como una tierra de oportunidades y un lugar donde el sueño americano puede hacerse realidad porque los más pobres pueden aspirar a llegar al grupo de los ricos».

«Pero la realidad actual es muy distinta. Estados Unidos tiene ahora una de las tasas más bajas de movilidad social intergeneracional de los países ricos», señala Alston a propósito de uno de los elementos clave de la sociedad estadounidense.

«Las altas tasas de pobreza infantil y juvenil perpetúan muy efectivamente la transmisión de la pobreza intergeneracional y aseguran que el sueño americano rápidamente se convierta en la ilusión americana. La igualdad de oportunidades, que es tan valorada en teoría, en la práctica es un mito, especialmente para las minorías y las mujeres, pero también para muchas familias de trabajadores blancos de clase media», agrega.

2. Pobres malos, ricos buenos

El informe critica el peso que al hablar sobre la pobreza se le da a la imagen «caricaturizada» sobre las supuestas diferencias entre ricos y pobres que son difundidas «por algunos políticos y medios estadounidenses».

«Los ricos son trabajadores, emprendedores, patriotas e impulsores del éxito económico. Los pobres son vagos, perdedores y tramposos. Como consecuencia de ello, (se considera que) el dinero que se gaste en bienestar social es dinero tirado a las cañerías», critica Alston.

«La realidad, sin embargo, es muy diferente. Muchos de los más ricos no pagan sus impuestos a las mismas tasas que lo hacen otros, acumulan gran parte de sus fortunas en paraísos fiscales y obtienen sus ganancias solamente de la especulación, en lugar de contribuir a la riqueza general de la comunidad estadounidense», apunta.

«En toda sociedad hay quienes abusan del sistema, tanto en los niveles superiores como en los inferiores. Pero, en realidad, los pobres son mayoritariamente aquellos que nacieron en la pobreza, o quienes cayeron allí por circunstancias que en gran medida se hayan fuera de su control, como las enfermedades mentales y físicas».

Estos prejuicios sobre ricos y pobres se reflejan en la formulación de políticas.

El relator especial señala, por ejemplo, que uno de los principales argumentos para impulsar los recortes en los beneficios sociales son las acusaciones sobre la existencia de un fraude generalizado en el uso de los mismos y que muchos de los funcionarios con los que habló le advirtieron que había personas que estaban buscando todo el tiempo formas de sacar provecho del sistema.

«El contraste con la reforma fiscal es ilustrativo. En el contexto de los impuestos, se pone una fe inmensa en la buena voluntad y el altruismo de los beneficiarios corporativos, mientras que en la reforma del estado de bienestar se aplican los supuestos contrarios», asegura.

3. Empleados pobres

Alston destaca que uno de los argumentos utilizados en Estados Unidos por quienes abogan por recortes en los beneficios sociales es que los pobres deben dejar de depender de las ayudas y ponerse a trabajar.

«Se asume, especialmente en una economía que progresa, que hay muchos empleos esperando a ser ocupados por individuos con poca educación, que con frecuencia tienen una discapacidad de un tipo u otro, a veces cargados con un historial criminal (con frecuencia relacionado con la pobreza) sin mucho acceso al sistema de salud y sin entrenamiento ni ayuda efectiva para conseguir un trabajo», señala.

«En realidad, el mercado laboral para estas personas es extraordinariamente limitado y, más aún, para aquellos que carecen de las formas básicas de apoyo y protección social», añade.

Para ilustrar la insuficiencia de la estrategia de combatir la pobreza apostando por el trabajo pero sin el apoyo de las políticas sociales, Alston pone como ejemplo el caso de los trabajadores de Walmart, el mayor empleador de Estados Unidos.

«Muchos de sus trabajadores no pueden sobrevivir, teniendo un trabajo a tiempo completo, si no reciben cupones de alimentación. Esto encaja en una tendencia más amplia: el porcentaje de hogares que, mientras tenían ingresos, también recibían asistencia para alimentación aumentó de 19,6% en 1989 a 31,8% en 2015», asegura.

4. La justicia, una fuente de ingresos

Alston señala que uno de los mecanismos que dificultan el progreso de los más pobres son la gran cantidad de multas y tasas que se aplican a quienes cometen pequeñas infracciones y que se acumulan hasta convertirse en una enorme carga para ellos.

Pone como ejemplo el hecho de que los permisos de conducir son suspendidos por una gran cantidad de faltas no relacionadas con el tráfico, como el no pagar una multa.

«Esa es una forma perfecta para asegurarse de que los pobres, que viven en comunidades que se han negado a invertir seriamente en sistema de transporte público, sean incapaces de ganarse un dinero que les habría ayudado a pagar la deuda pendiente», refiere.

En ese sentido, el relator de la ONU critica como una práctica extendida en todo el país el uso del sistema legal para recaudar ingresos y no para promover la justicia.

Asegura que esto se ha convertido en un mecanismo «para mantener a los pobres en la pobreza mientras generan ingresos para financiar no solo el sistema de justicia sino muchos otros programas».

5. La criminalización de los pobres

Entre las fallas del sistema legal, el informe también cuestiona que en muchas ciudades las personas sin hogar son criminalizadas simplemente por la situación en la que se encuentran.

«Dormir al descampado, sentarse en lugares públicos, mendigar, orinar en público y una infinidad de otras infracciones han sido concebidas para atacar ‘la plaga’ de los sin techo», indica.

Alston señala que, según cifras oficiales, en 2017 había en Estados Unidos unas 553.742 personas sin techo pero asegura que hay muchas evidencias de que la cantidad verdadera es mucho mayor.

Afirma que solo en la zona de Skid Row, en el centro de Los Ángeles, hay unos 1.800 sin techo que disponen de apenas 9 baños públicos, una cifra que ni siquiera cumple con los estándares de la ONU para los campos de refugiados sirios y para situaciones de emergencia.

«Que haya tantas personas sin techo no es algo ni remotamente inevitable y refleja la decisión política de ver la solución en la aplicación de la justicia en lugar de en proveer viviendas adecuadas y accesibles, servicios médicos, asesoría psicológica y formación laboral», apunta.

«Castigar y apresar a los pobres es la respuesta típicamente estadounidense a la pobreza en el siglo XXI», indica Alston en las conclusiones. «El encarcelamiento masivo es usado para hacer invisibles de forma temporal los problemas sociales y crear la ilusión de que se ha hecho algo».

6. Desigualdad extrema

Según el informe de la ONU, Estados Unidos es el país rico con mayores niveles de desigualdad de ingreso y de riqueza.

Señala que 1% más rico pasó de obtener 10% de todos los ingresos nacionales en 1980 a conseguir 20% en 2017. En el caso de Europa, ese indicador pasó de 10% a 12% en el mismo lapso.

Alston hace referencia expresa al hecho de que la fortuna de los miembros iniciales del gabinete de Trump alcanzaba a 4.300 millones de dólares.

«Lo que la desigualdad extrema significa es la transferencia de poder económico y político a un puñado selecto de personas, quienes inevitablemente lo usarán para avanzar sus propios intereses», asegura.

«La alta desigualdad debilita al crecimiento económico sostenido. Se manifiesta en bajo niveles educativos, un sistema de salud inadecuado y la ausencia de protección social para la clase media y los pobres, lo que a su vez limita sus oportunidades económicas e inhibe el crecimiento general», advierte.

7. El legado de la esclavitud

«Al pensar en los pobres, los estereotipos raciales usualmente no están lejos de la superficie. Se asume que los pobres son mayoritariamente personas de color, afroestadounidenses o ‘inmigrantes’ hispanos».

«La realidad es que hay ocho millones más de pobres blancos que de pobres negros. El rostro de la pobreza en Estados Unidos no solamente es negro o hispano, sino también blanco, asiático y de muchos otros orígenes», afirma Alston.

El relator de la ONU considera que la estadounidense sigue siendo una sociedad crónicamente segregada.

Señala que los negros tienen 2,5 más probabilidades que los blancos de vivir en la pobreza, una tasa de mortalidad infantil 2,3 veces superior.

Su nivel de desempleo duplica el de los blancos y usualmente ganan solo 82,5 centavos para cada dólar que obtienen estos. Además su tasa de encarcelamiento es 6,4 veces mayor.

«Estas vergonzosas estadísticas solo pueden ser explicadas por la duradera discriminación estructural basada en la raza, lo que refleja el legado duradero de la esclavitud», concluye Alston.

Fuente: http://www.el-nacional.com/noticias/bbc-mundo/duras-criticas-por-pobreza-extrema-que-hay-pais-mas-rico_241838

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La historia oculta de Gran Bretaña: esclavitud y maltrato en el siglo XVIII

Autor: Pablo F. de Mera Alarcón

«Esclavos fugitivos en Gran Bretaña», desarrollado por investigadores de la Universidad de Glasgow, es un proyecto sobre los anuncios de esclavos fugados en la prensa británica

«No tenemos las palabras, a veces ni siquiera los nombres, de las personas esclavizadas que fueron llevadas a Gran Bretaña en el siglo XVIII. En muchos casos, todo lo que queda son los breves anuncios difundidos en periódicos escritos por maestros que estaban ansiosos por reclamar sus valiosas propiedades humanas». Con estas palabras, Simon Newman, profesor de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Glasgow, pone de manifiesto que la esclavitud no se restringía al continente americano o el mundo asiático, sino que era una práctica «rutinaria» y normalizada en las islas británicas hace tres centurias.

Una base de datos digital que ha sido lanzada por académicos de la Universidad de Glasgow recolecta más de 800 de estas publicidades y es el resultado del proyecto «Esclavos fugitivos en Gran Bretaña: esclavitud, libertad y raza en el siglo XVIII». Estos reclamos, colocados por maestros y propietarios ofreciendo recompensas por la captura y devolución de los prófugos, «aparecían junto a los artículos de actualidad mundanos y cotidianos y los anuncios que llenaban las páginas de la floreciente prensa de periódicos». La estandarización del cautiverio servil es corroborada por Nelson Mundell, asistente en la investigación: «Este proyecto muestra que no era algo inusual tener esclavos caminando por las calles de pueblos y ciudades a lo largo y ancho de Gran Bretaña».

Pero el número de esclavizados era mucho mayor ya que, así como hubo amos que no publicaron avisos, se cree que muchos siervos no gozaron de la oportunidad o el arrojo para probar suerte en arriesgados intentos de liberación. En cualquier caso, lo que sí contradice es la aseveración que el magistrado John Holt pronunció a comienzos de siglo: «Tan pronto como un negro pisa Inglaterra, se hace libre». De hecho, habrá que esperar 100 años para que elimperio británico EE.UU prohíban el comercio de esclavos, en 1807 y 1808 respectivamente; en 1815 serían las potencias europeas, reunidas en el Congreso de Viena, las que acordasen, presionadas por Inglaterra, acabar con la trata en todas sus colonias.

Los anuncios tenían, además, un valor aleccionador

Las meticulosas investigaciones que realiza el proyecto en la prensa inglesa y escocesa del momento proporcionan una valiosa fuente de información acerca de la esclavitud en Gran Bretaña. «Estos breves avisos periodísticos dan vida a las personas subyugadas que vivieron, trabajaron e intentaron escapar de la sociedad británica», comenta Simon. Unos esclavos que, en su mayoría sirvientes domésticos de familias elitistas y mercantiles ligadas a los territorios del imperio allende el mar, también fueron empleados como marineros, trabajadores portuarios o artesanos.

Su relevancia radica igualmente en la descripción de los modales, ropa, peinados o habilidades de los huidos, algo que no aparecería en los registros oficiales de la época de no ser por los anuncios en prensa. Aunque también funcionaban como advertencia al señalar las cicatrices o marcas que tenían, como así lo refleja el siguiente aviso publicado por el maestro Patrick Burk: «un joven negro, llamado Jeremiah o Jerry, de unos 5 pies de altura u 8 pulgadas de altura, huesos grandes, bien plantados, pero no gordos, tiene grandes rasgos negros fuertes y una gran cicatriz en la parte superior de una de sus muñecas; (…) se fue con un gran abrigo de color claro, pantalones de cuero sucios y medias blancas, y llevaba un rizo detrás que combinaba con la otra parte de su propio pelo lanoso; lee y escribe mal, toca bastante bien el violín y puede afeitarse y vestir una peluca».

El final del anterior anuncio también expone el ofrecimiento de clemencia ante la ofensa que supone la fuga: «como dicho negro conoce el afecto de su Maestro por él, si regresa de inmediato, será perdonado; si la libertad es lo que él desea, la tendrá, con salarios razonables; si descuida esta presente Disposición de perdón, puede estar seguro de que se tomarán más medidas efectivas». No obstante, tal gesto de misericordia y piedad por parte de los maestros y propietarios no parece demasiado probable que se llevase a cabo o, al menos, no en los términos manifestados.

«Esclavos fugitivos en Gran Bretaña» viene a acentuar el liderazgo británico en el tráfico y venta de esclavos a lo largo del siglo XVIII. En 1776 es promulgada la Declaración de Derechos de Virginia, mientras que en 1789 ocurre lo propio con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estos documentos que propugnan derechos naturales inherentes a todo ser humano son semillas de una sociedad más justa en la que la esclavitud y el comercio de personas, algo más que habitual en la Gran Bretaña de la época, fuesen erradicados.

Fuente: https://www.abc.es/historia/abci-historia-oculta-gran-bretana-esclavitud-y-maltrato-tiempos-victorianos-201806270158_noticia.html

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¿Cuáles son los derechos de la infancia que vulnera la administración Trump?

Autor: Chevige González Marcó/El Ciudadano

El gobierno de Estados Unidos, con su política de separar familias de migrantes, está violando la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia

Los Gobiernos de Estados Unidos, aquellos que pretenden dictar normas sobre el respeto a los derechos humanos en el mundo, son los mismos gobiernos que mantienen a esa nación como paria de los acuerdos y tratados referentes a la defensa de los derechos fundamentales del ser humano.

Por ejemplo, ni siquiera adoptan los tratados internacionales referidos a la protección de la infancia, pues son la única nación en el Mundo que apenas firmó, más no ratificó, la Convención sobre los Derechos del Niño. Se trata de la carta fundamental que une a la humanidad en la protección de uno de sus sectores más vulnerables.

Hoy, cuando el gobierno de Donald Trump separa impunemente a miles de familias de migrantes, dejando a niños en la indefensión y el abandono, ya sabemos por qué no ratificaron esa convención.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su sigla en inglés), dedicado a la protección de los derechos de niños y adolescentes, establece una serie de derechos que son irrenunciables, universales, de orden público e indivisibles. Por ello, contempla cinco principios para su atención:

  1. Igualdad y no discriminación.
  2. Interés superior del niño.
  3. Prioridad absoluta.
  4. Corresponsabilidad y solidaridad social-
  5. Efectividad.

Derechos de la infancia que vulnera Trump

Con base en esos principios, entre los derechos fundamentales de la infancia que establece la Convención y la Unicef y que actualmente atropella la administración Trump se encuentran:

  • Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión, idioma, nacionalidad, sexo u opinión política.
  • Derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social.
  • Derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación.
  • Derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal.

EL GOBIERNO DE TRUMP ADVIERTE QUE NO RETROCEDERÁ EN SUS POLÍTICAS DE TRATAR A LOS MIGRANTES COMO CRIMINALES

Claras violaciones al derecho internacional

“Estados Unidos debe poner fin de inmediato a la práctica de separar a las familias y criminalizar lo que, a lo sumo, debería ser una infracción administrativa, la entrada o la estancia irregular en el país”,  expresó la portavoz de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani.

El funcionario criticó que no se distinga siquiera los casos de solicitantes de asilo. “Algunos de los niños separados de sus padres son muy pequeños y hay al menos uno de doce meses“, afirmó.

“La detención nunca va en interés de los niños y es una violación de sus derechos (…) no hay nada normal” en ello, sentenció Shamdasani. Luego agregó que “el uso de las detenciones y las separaciones familiares como elemento de disuasión va contra los estándares y principios de los derechos humanos”, recordó la portavoz.

A su vez, enfatizó lamentó que EE. UU. sea el único país que no ha ratificado la convención de la ONU sobre derechos de la infancia, pero tiene obligaciones derivadas de otros textos de leguslación internacional.

Por ejemplo, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, precisó que “la familia es la unidad fundamental reconocida en las leyes nacionales y el derecho internacional de los derechos humanos en todos los Estados democráticos, y está legalmente reconocida y protegida”.

El descaro

Padres e hijos son separados a diario cuando un progenitor está acusado de algún delito. “Es triste ver llorar a un niño que separas de su padre, pero no porque sea triste debemos ignorar la ley”, dijo ayer lunes Thomas Homan, vicedirector de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, para justificar los atropellos que están cometiendo. Pero ¿y los derechos de la infancia que son internacionalmente reconocidos?

Fuente: https://www.elciudadano.cl/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-de-la-infancia-que-vulnera-la-administracion-trump/06/19/

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Tres apuntes educativos sobre Madrid

La supresión de exámenes de septiembre, la política educativa que lleva a una de las segregaciones socioeconómicas más fuertes de Europa y la persecución del elitismo son ejes de la educación en Madrid.

1.- La Consejería de Educación del Gobierno de la Comunidad Madrid ha suprimido el examen de septiembre. Profesorado, familias y estudiantes han denunciado la situación caótica que se está viviendo en muchos institutos sobrepasados por una medida impuesta con la más absoluta falta de rigor. Por la precipitación, la falta de análisis y por la ausencia de una agenda compartida en sus objetivos, contenidos, tiempos y recursos con la comunidad educativa y los sindicatos más representativos del sector.

La Federación Regional de Enseñanza de CCOO presentó, en su día, un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la orden en la que se suprimía la convocatoria de septiembre. Argumentaba, y la situación actual le ha dado la razón, que un cambio en este sentido correspondía hacerlo desde las órdenes que regulan la evaluación; que los centros educativos madrileños no disponían de medios suficientes para lograr recuperar alumnado en 15 días, y que la recuperación en junio no tiene sentido como medida aislada, sino en el marco de una evaluación continua apoyada en una planificación de refuerzos, desdobles, distintos apoyos, etc. Para CCOO de Madrid, ni las plantillas ni los recursos materiales existentes hacían viable esta propuesta.

La supresión del examen de septiembre, como otras medidas que enturbian el buen funcionamiento del sistema educativo, tiene dos fundamentos. Por una parte, la mayoría de los problemas que se plantean en el subsistema escolar, con repercusiones en los subsistemas familiar y sociocultural, tienen su origen en unas normas generales de aplicación a todos y todas por igual, que no tienen en cuenta las realidades sociales, culturales y de aprendizaje de cada persona. Por otra, no hay evidencias empíricas generalizables desde datos comparativos que permitan extraer conclusiones sobre la eficacia de la recuperación en septiembre, pero debiera haberlas. Algunas comunidades autónomas ya han experimentado las pruebas en junio y han vuelto a implantar las de septiembre, y otras las mantienen en la actualidad. Esos datos debieran estar a disposición de todas las comunidades de forma transparente y haber sido objeto de análisis por las administraciones educativas, sirviendo de base a sus decisiones. Las administraciones neoliberales se comportan como un martillo para el cual todas las personas y las circunstancias son clavos.

2.- El Gobierno regional de Madrid convoca desde hace años una entrega de premios a la excelencia académica. Un canto al elitismo más conservador de la política educativa del PP madrileño, que centra toda su preocupación en exaltar al alumnado que académicamente obtiene mejores notas olvidándose del resto, como los más creativos o los que, a pesar de los contextos hostiles y desfavorecidos, son capaces de sacar adelante sus estudios, entre tantos otros y otras.

Algunos medios de información han recogido las palabras que el estudiante premiado, Francisco Tomás y Valiente, nieto del catedrático de Derecho Constitucional del mismo nombre asesinado por ETA, dirigió a las autoridades autonómicas alertando públicamente de que se estaba confundiendo excelencia con elitismo, y que esta turbia idea de la excelencia no puede situarse por encima de la equidad y del derecho a la educación para todas y todos los estudiantes: “No solo son excelentes aquellos que obtienen óptimos resultados, sino muy especialmente quienes consiguen progresar desde circunstancias menos ventajosas, en ocasiones con problemas familiares, aprietos económicos o dificultades de aprendizaje”.

Este elitismo encaja a la perfección en ese ideal de ‘economía de casino’ en el cual el pobre es pobre porque se lo merece. Y que hace de la competitividad más feroz entre los jóvenes el fundamento de una sociedad insolidaria y hostil con los demás. Un modelo social que tiene como correlato un modelo educativo que abandona a su suerte a las personas con más problemas sociales, económicos y culturales.

3.- Según un estudio de la OCDE, la Comunidad de Madrid es la segunda región de Europa, después de Hungría, con más segregación en la enseñanza secundaria en función del origen socioeconómico del alumnado. Produciendo un sorprendente agrupamiento en función de su estatus económico y social. Una investigación reciente elaborada desde la Universidad Autónoma de Madrid refuerza esta tesis y aporta tres variables para entender la descohesión social que fomenta el sistema educativo madrileño, fruto de las políticas educativas del Gobierno regional: a) la libre elección de centros; b) los centros bilingües, y c) la promoción y el fortalecimiento de la enseñanza privada apoyada desde la Administración educativa.

Las partes integran un mismo todo:

  1. No sólo tendrían que desaparecer los exámenes de septiembre, sino esta forma de evaluar al alumnado, con toda la trama de exámenes y pruebas externas que están convirtiendo la educación en un campo de instrucción y de tiro donde la competición, inmersa en una espiral de actividades y refuerzos extraescolares (para las familias que se los pueden permitir) se convierte en la única garantía de supervivencia social. Una sociedad movida por la insolidaridad, el individualismo, y el desprecio “al otro”.
  2. De ahí, que la educación en valores debiera ser la gran preocupación del sistema educativo. La verdadera excelencia es la excelencia ética y moral. Ya es una prioridad educar a personas excelentes: solidarias, capaces de cooperar y fraternizar con los demás, sin estar todo el día mirando por el retrovisor para saber por dónde viene el supuesto competidor y enemigo.
  3. No obstante y por seguir ahondando en un modelo elitista que abandona a su suerte a cientos de miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el presidente del gobierno regional de la Comunidad de Madrid, ya tiene en cartera la inversión de 6,7 millones de euros en becas de excelencia, destinadas a 3.215 alumnos para el próximo curso haciendo caso omiso del pilar que debería vertebrar nuestro sistema educativo: la equidad educativa.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/06/21/tres-apuntes-educativos-sobre-madrid/

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