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Violencia de género en la escuela: UNESCO presenta una Guía Global para hacerle frente

09 marzo 2017/Fuente: blog.educalab

Con el fin de afrontar la violencia de género en entornos escolares, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas en inglés) publicó el año pasado esta Guía Global cuyos destinatarios principales son los ministerios de educación y las instituciones educativas. Se propone ayudarles a comprender mejor este tipo de violencia y encontrar maneras para prevenirla y responder eficazmente cuando sucede.

La violencia de género radicada en la escuela se define como “las acciones o amenazas de violencia sexual, física o psicológica que tienen lugar dentro y cerca de la escuela, y que son perpetradas como el resultado de normas y estereotipos de género y legitimadas por desequilibrios en las dinámicas de poder.”

Afecta a millones de niños, familias y comunidades en todos los países del mundo de cualquier entorno social, económico o cultural. De hecho, cada año, aproximadamente 246 millones de niños son víctimas de alguna forma de violencia de género: maltrato, acoso escolar, abuso psicológico o acoso sexual.

formas de violencia de género

En todos los países y regiones del mundo donde ha sido estudiada, se informó sobre episodios de violencia de género ocurridos en la escuela, pero los datos objetivos siguen siendo limitados en cuanto al alcance de la población afectada y la cobertura que se les prestó.

A la falta de comprensión que rodea al concepto, se unen los problemas derivados de la susceptibilidad y del miedo a herir sensibilidades, que impiden que se realicen esfuerzos para abordar respuestas adecuadas.

Es bien sabido que la violencia de género radicada en la escuela viola los derechos humanos fundamentales y es una forma de discriminación por cuestión de género. Los niños tienen derecho a ser protegidos de cualquier tipo de violencia, incluso en su vida escolar. Las consecuencias de sufrir este tipo de violencia son varias:

  • ocasiona el sufrimiento físico y emocional del menor
  • deteriora su desarrollo cognitivo y emocional
  • según los datos objetivos, pueden tener efectos a largo plazo sobre los jóvenes que han presenciado o sufrido este tipo de violencia y que han aprendido a considerarla como algo aceptable.

En 2014 se organizó un “Grupo de Trabajo Global para acabar con la violencia de género radicada en la escuela” bajo el liderazgo de la UNESCO y de la UNGEI (Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas, por sus siglas en inglés), que reunió a un gran número de colaboradores comprometidos en erradicar la violencia de género en la escuela y en sus contextos próximos: UNAIDS (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA), IATT (Inter Agency Task Team, Grupo de Trabajo sobre Educación y salud en la escuela) y la UNWomen (ONU Mujeres).

Este grupo ha identificado una serie de acciones prioritarias que podrían ayudar a afrontar este problema de forma más efectiva desde el entorno global y desde los entornos locales y nacionales, entre las que se incluyen:

  • admitir la necesidad de reunir un catálogo de buenas prácticas
  • dar forma a unas recomendaciones estratégicas que permitan expandir esfuerzos.

El resultado de sus esfuerzos conjuntos es esta Guía Global, concebida como un recurso fundamental de los ministerios de educación y otros agentes educativos para atajar la violencia de género en la escuela.

Se divide en 6 capítulos, que abordan los siguientes aspectos:

  • la recomendación de que los gobiernos incorporen a sus políticas nacionales medidas preventivas contra este tipo de violencia y respuestas para mitigar su impacto
  • el cuidado del ambiente escolar con el fin de que los centros educativos sean seguros y brinden los apoyos que sean necesarios
  • la prevención de la violencia de género en la escuela desde el currículum y mediante la formación del profesorado en la prevención y modos de abordar este tipo de violencia
  • el establecimiento de protocolos de actuación claros, seguros y accesibles que favorezcan respuestas efectivas y rápidas a casos de violencia de género en la escuela
  • la colaboración con otros agentes estratégicos y la coordinación entre los distintos niveles educativos, incluidas las familias
  • la inversión en seguimiento, evaluación e investigación sobre la violencia de género en la escuela, que permiten los programas sean claros en sus objetivos, además de permitir el seguimiento del problema y la evaluación de las necesidades derivadas de su evolución.

Esta guía incluye interesantes infografías que detallan varios aspectos como:

  • los contextos donde pueden darse episodios de violencia de génerolugares
  • algunos testimonios de niños de Kazajstán que han sido víctimas de la violencia de género en la escuela
  • una línea cronológica de acuerdos y compromisos internacionales
  • 6 estrategias posibles para abordar el problema desde diferentes puntos de vista
  • diagramas teóricos
  • ejemplos prácticos de cómo los sistemas educativos pueden abordar este tipo de violencia en todos sus niveles
  • un glosario de términos, y más.

Fuente:http://blog.educalab.es/cniie/2017/03/08/violencia-de-genero-en-la-escuela-unesco-presenta-una-guia-global-para-hacerle-frente/

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UNICEF atiende a menores desmovilizados de guerrilla colombiana

UNICEF – Colombia/07 de marzo de 2017/Fuente: Prensa Latina

Los menores colombianos que abandonaron las filas de las FARC-EP están ahora bajo el cuidado de delegados de la Unicef y de Bienestar Familiar a fin de iniciar el proceso de reincorporación a la sociedad, confirmaron hoy noticiarios.

Tras la salida de un grupo de adolescentes de los campamentos de esa guerrilla la Alta Consejera de la Presidencia para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, aseguró que el procedimiento transcurrió sin contratiempos y apegado a lo pactado, reseñó RCN La Radio.

La operación humanitaria de salida y traslado desde una zona transitoria ubicada en Antioquia ocurrió la víspera de manera satisfactoria, explicó la funcionaria quien subrayó que se trató de la primera de una serie de acciones similares en distintos puntos del país.

Según el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Joshua Mitrotti, lo que sigue es un trabajo profundo del Gobierno con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), encaminado a reinsertar en la sociedad con plenos derechos y deberes a los beneficiados por esa medida.

En mayo pasado la actual administración y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) acordaron un protocolo para facilitar el tránsito a la vida civil de los menores de 18 años que permanecían en ese movimiento.

Durante 2016 ambas partes organizaron una operación humanitaria con dichos fines la cual terminó exitosamente; posteriormente decidieron proseguir con ese proceso luego de que los miembros del grupo rebelde llegaran a las zonas y puntos transitorios de normalización en 14 departamentos.

Esos adolescentes y jóvenes son acogidos en 10 lugares donde deben evaluar su estado de salud y las opciones educativas y de trabajo en correspondencia con la situación de cada uno de ellos.

El 24 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, firmaron el tratado definitivo con el que se comprometieron a terminar los enfrentamientos y hostilidades.

Fuente de la Noticia:
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=68547&SEO=unicef-atiende-a-menores-desmovilizados-de-guerrilla-colombiana
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Guinea Ecuatorial: Un test de embarazo para poder matricularte en el colegio

Guinea Ecuatorial/06 marzo 2017/Fuente: El País

Guinea Ecuatorial exige una prueba a las alumnas, a las que expulsa si dan positivo para «no contagiar» al resto. Sierra Leona también prohíbe escolarizarse a las jóvenes encinta.

Mauricia Nchama López tenía 16 años y estudiaba en el Centro Bisila de Bata, en Guinea Ecuatorial. Falleció el pasado mes de enero cuando, al saber que estaba embarazada, intentó abortar de manera clandestina. La adolescente tenía miedo de ser expulsada del instituto después de que el Gobierno ecuatoguineano aprobara una orden ministerial en julio por la que prohibía la presencia de chicas gestantes en los centros educativos. De esta manera, Guinea Ecuatorial sigue los pasos de Sierra Leona, país que en 2015 también aprobó una medida idéntica que sigue vigente en la actualidad. Antes, las menores embarazadas eran estigmatizadas por la sociedad; ahora, además, se ven expulsadas por decreto del sistema educativo con la supuesta justificación de que son una “influencia negativa” para las demás.

La orden ministerial, que entró en vigor en el curso 2016-2017, “obliga a las estudiantes a hacerse el test de embarazo para poder matricularse en los centros de Guinea Ecuatorial y permite la expulsión del centro educativo a las alumnas embarazadas”, según asegura el líder opositor ecuatoguineano Andrés Esono, muy crítico con esta medida que califica de “discriminatoria, anticonstitucional y machista”. De hecho, ha explicado mediante una carta pública que en septiembre pasado escribió una carta a varios ministerios, entre ellos los de Educación e Igualdad, advirtiéndoles de las consecuencias que podía tener la aplicación de este decreto, como los peligrosos abortos clandestinos, sin obtener ninguna respuesta.

Guinea Ecuatorial no es el primer país africano que prohíbe a las jóvenes embarazadas asistir a clase. En abril de 2015 Sierra Leona aprobó un decreto similar. Entonces, el mundo se felicitaba por la reapertura de las aulas tras la devastadora epidemia de Ébola que provocó miles de muertos en este país africano. Sin embargo, el Ministerio de Educación decidió vetar a las chicas que estaban encinta porque “existe una probabilidad muy alta de que las chicas más jóvenes se queden embarazadas si comparten el espacio con quienes ya lo están”, según asegura el decreto, que también afirma que el estado de gestación “impacta negativamente en su capacidad para concentrarse y participar en clase, expone a las chicas a ser ridiculizadas por sus compañeras, socava los estándares éticos necesarios en nuestras instituciones educativas y, en fin, compromete la calidad de la Educación”.

Desde que se aprobó esta normativa, numerosos organismos internacionales han ejercido una enorme presión para tratar de hacer entrar en razón al Gobierno sierraleonés. Sin éxito hasta ahora. “En este país siempre ha estado socialmente mal visto que vayas a la escuela si te quedas embarazada”, asegura Marta Colomer, encargada de campañas de Amnistía Internacional (AI) en África Occidental, “pero el decreto lo convierte en norma legal. No sólo es discriminatorio, sino que revictimiza a niñas en situación de total vulnerabilidad que sufren una suerte de castigo ejemplificador. Se entiende la educación como un premio y no como un derecho”.

“Me siento fatal cuando veo a mis amigas pasando de curso. Ahora tengo que repetir el año que viene”, aseguró a AI en noviembre una chica sierraleonense de 17 años. Repetir curso si consigue volver, porque dos de cada tres fracasan en el intento cuando ya tienen que hacerse cargo de un bebé. Amie, una adolescente, manifestó que “me quedé encinta y me prohibieron ir a la escuela. Es injusto, me han quitado la posibilidad de tener un futuro”. Sierra Leona, donde el 72 por ciento de la población vive en la extrema pobreza, tiene unas tasas de alfabetización femenina bajísimas y un elevado porcentaje de embarazos precoces. La mitad de las chicas entre 15 y 24 años no saben leer ni escribir y una de cada cuatro de entre 15 y 19 años ya tiene hijos o está embarazada.

Gracias a las presiones de organismos de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, el Gobierno sierraleonés aceptó crear un sistema de educación alternativo. “Unas 14.500 chicas embarazadas fueron autorizadas a recibir clase en aulas aparte o fuera del horario lectivo, para que no se mezclaran con las demás. Sin embargo no sólo estamos ante una medida segregatoria para niñas malas sino que los contenidos eran bajísimos, se impartían solo unas horas y tres días a la semana”, asegura Colomer. Pese a sus deficiencias, el sistema alternativo, financiado por las agencias de cooperación británica e irlandesa y puesto en marcha con el apoyo de Unicef, se ha renovado este año.

Durante la crisis del Ébola en 2014 y 2015 se dispararon los casos ya de por sí altos de embarazos adolescentes, lo que también se usó como excusa para implementar la medida. El incremento se debió a la suspensión del curso escolar y las cuarentenas, lo que provocó que muchas chicas permanecieran en sus hogares todo el día expuestas a todo tipo de abusos y a la crisis económica derivada de la epidemia que forzó a muchas jóvenes a intercambiar sexo por bienes materiales. “Está ligado a la pobreza y la falta de recursos, muchas veces quienes las dejan embarazadas son el de la tienda, el transportista que las lleva, el joven que las ayuda a sacar el agua del pozo. Lo hacen por necesidad, la mayoría no tiene ni idea de sexo y muchas se sorprenden al verse embarazadas”, añade Colomer. En Sierra Leona no existe educación sexual en los colegios y los anticonceptivos son desconocidos para la mayoría.

 Fuente:http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/05/actualidad/1488726266_750639.html

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La escuela de las luchas campesinas por el territorio (A Berta Cáceres)

Por: Carlos Aldana

Berta Cáceres fue una activista campesina de Honduras. En estos días, se conmemora el primer aniversario de su asesinato.

Esta valiente mujer simboliza, junto a muchos otros hombres y mujeres latinoamericanas, la lucha por el territorio. No por la tierra sola, sino por la conjunción de aspectos políticos, sociales, culturales y económicas que representa. Ella fue víctima de las grandes transnacionales que, junto a las estructuras de poder en los países, vienen empobreciendo a pueblos enteros mediante el saqueo o la explotación extrema de los recursos naturales. Berta, junto a tantos anónimos y anónimas, luchó por defender a los pueblos hondureños de la barbarie de empresas que modifican el entorno medioambiental a través de la utilización de ríos para la construcción de hidroeléctricas. Está claro que los impactos ambientales son tan enormes para la vida de las comunidades como lo es la ganancia que obtienen esas empresas.

Pero Berta Cáceres y el pueblo lenca representan solo un ejemplo de lo que está ocurriendo en América Latina. Una muestra de esa enorme escuela de las luchas campesinas por el territorio que está generando aprendizajes que la educación más tradicional y conservadora va a ocultar, negar o descalificar. Pero hay una gigantesca escuela en esas luchas que toda pedagogía de la vida y de la dignidad humana debe aprender a descubrir.

El debate que se mantiene abierto en nuestros pueblos por la defensa del territorio no es solo acerca del derecho de los pueblos a proteger sus recursos naturales. Implica también el abrirnos a descubrir cómo la protección del medioambiente es crucial para la vida comunitaria, pero también para la sobrevivencia global. En otras palabras, cada vez que un conjunto de comunidades pelea, discute y sufre la represión salvaje de poderes nacionales e internacionales, estamos frente a una lucha por el planeta.

Otro aprendizaje, quizá menos claro y más invisibilizado, es aquel que tiene que ver con el derecho de los pueblos a decidir por su territorio. Esto conlleva el derecho a acentuar y vivenciar sus cosmovisiones, sus valores, sus conocimientos y sus formas de relación con la naturaleza. Aunque parezca anacrónico decirlo, estoy seguro de que si las grandes potencias y las grandes transnacionales lanzaran una mirada a las maneras de vinculación con el entorno natural que han mostrado los pueblos originarios, las cosas serían otras para el futuro de la humanidad. ¡Pero esta es una ingenuidad! Lo que sí está claro que debe ser parte de la lucha ciudadana es el derecho a la consulta sobre agua, tierra, aire y recursos naturales que se niega de manera sutil o mediante la violencia.

También esta escuela nos está evidenciando la necesidad de que no desconectemos la tierra del territorio en cuanto concepción sociopolítica, pero también en cuanto a la dimensión cultural que tiene. Cuando llegan las máquinas a extraer minerales o desviar ríos, no solo llegan con la muerte de los microsistemas sino también con la destrucción de rasgos y elementos culturales que son más difíciles de recuperar. Por ejemplo, en Guatemala, la destrucción de la vida, la dignidad, la cultura y los proyectos de vida de 33 comunidades por causa de la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy, sigue siendo un ejemplo de cómo en las luchas campesinas y de los pueblos indígenas se juega el futuro de una visión y una forma de vida que permita al planeta su sobrevivencia.

Y frente a estas luchas, ¿qué pasa con los sistemas educativos? O intencionalmente se ignora la realidad profunda (porque se “dan” clases de ambiente o ecología, pero no de realidad socioeconómica y política), o las luchas campesinas son silenciadas. De hecho, cuando las protestas campesinas ocurren, se criminaliza a los hombres y mujeres que las promueven. ¡Se hace criminales a quienes defienden la vida en el planeta, pero no a quienes lo explotan hasta el agotamiento!

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/03/03/la-escuela-de-las-luchas-campesinas-por-el-territorio-a-berta-caceres/

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Las claves para combatir el acoso escolar en Japón

Japón/06 marzo 2017/Fuente: nippon.com

El uso de internet para insultar y difamar mediante aplicaciones y redes sociales como LINE o Twitter hace que el acoso escolar resulte cada vez más insidioso, grave y difícil de detectar. ¿Cuáles son las claves para proteger a los niños del acoso y qué medidas debemos tomar para garantizar esa protección?.

El caso de Ōtsu dio lugar a una nueva legislación

Han pasado cuatro años desde la entrada en vigor en 2013 de la Ley de Promoción de Medidas para Prevenir el Acoso Escolar, cuya aprobación se vio motivada por una serie de casos que tuvieron mucha resonancia mediática. El primero fue el suicidio de un estudiante de secundaria de Tokio en 1986 tras sufrir constantes maltratos que incluyeron la simulación de su funeral. Posteriormente los medios se hicieron eco de casos similares en repetidas ocasiones, pero no se llegó a tomar ninguna medida para evitarlos.

El detonante para el establecimiento de una legislación contra el acoso escolar fue un caso ocurrido en 2011 en Ōtsu (prefectura de Shiga) que también se saldó con el suicidio de la víctima. El suceso tuvo dos puntos en común con el de 1986: que el acoso provocó la muerte del acosado y que se atribuyó parte de la culpa a la escuela y al consejo educativo. En el caso de Ōtsu resultaron especialmente flagrantes la inacción y el encubrimiento de la situación por parte de la organización escolar, que en 2012 suscitaron un encendido debate social sembrado de críticas y análisis.

La aprobación de la nueva ley puede interpretarse como una señal de que el problema del acoso escolar, que originalmente se mantenía dentro de la esfera privada, se había agravado tanto que estudiantes y escuela ya no se bastaban para solventarlo y requerían de la intervención oficial. Dicho de otro modo, la ley materializó la decisión de abordar el problema desde la esfera pública. Ahora bien, al centrarnos únicamente en el papel de los adultos para prevenir un problema que se desarrolla entre niños, estamos eliminando de la ecuación la capacidad de resolución de los propios niños. Es necesario hallar el equilibrio legal entre el papel de los menores y la implicación de los adultos en el conflicto.

La Ley de Promoción de Medidas para Prevenir el Acoso Escolar obliga a las escuelas a cumplir tres requisitos:

1) Establecer una política básica para prevenir el acoso.
2) Constituir una estructura organizativa que haga viable la prevención del acoso.
3) Adoptar un enfoque adecuado para las medidas preventivas, la detección precoz y la gestión del acoso.

La nueva ley logró un cambio cualitativo en la prevención del acoso escolar, poniendo de relieve la importancia de atajar los problemas de raíz para evitar su reaparición aunque resulte inconveniente para la escuela o el consejo educativo, así como de garantizar la justicia y la neutralidad en la gestión de situaciones graves (incluida la investigación del trasfondo del problema).

La revisión de las medidas preventivas

En el año fiscal 2015 se registraron 224.540 casos de acoso escolar entre escuelas primarias, escuelas secundarias, institutos de bachillerato y centros de educación especial, es decir 16,4 casos por cada mil alumnos; este dato revela la espantosa gravedad de la situación.(*1) El número de estudiantes que se quitan la vida o dejan de asistir a la escuela como consecuencia del acoso sigue sin dar indicios de retroceder. La ley prevé que su contenido pueda someterse a revisión tres años después de haber entrado en vigor. Tras analizar los efectos de su aplicación, en noviembre de 2016 la Comisión de Medidas para la Prevención del Acoso Escolar — órgano asesor del Ministerio de Educación— anunció la nueva dirección de las medidas de cara al futuro.

El contenido de la revisión puede resumirse en los siguientes siete puntos:

1) Establecer una definición legal clara para identificar el acoso escolar.
2) Revisar el sentido de la política básica de prevención del acoso escolar.
3) Adoptar una estructura organizativa con medidas viables para la prevención del acoso y establecer una comunicación fluida.
4) Ampliar y mejorar los sistemas para la prevención y la detección precoz del acoso.
5) Establecer unos baremos claros para determinar cuándo se da por solucionado el acoso.
6) Reforzar la cooperación entre los cuidadores de los menores y la comunidad local.
7) Delimitar con precisión el alcance de los casos considerados como graves.

En cuanto al papel básico del profesorado, la enmienda legal dispuso como máxima prioridad la prevención del suicidio y la intervención en casos de acoso como parte de la práctica profesional cotidiana, con la gestión proactiva de las consultas y denuncias por parte de alumnos para garantizar la protección de las víctimas.

La postura de la víctima, en el punto de mira

A continuación quisiera diseccionar los principales problemas relativos a la circulación de la información y la gestión organizativa que se extraen de la revisión de la legislación contra el acoso escolar.

Como la definición legal del acoso escolar no ha calado todavía en las escuelas, cada centro y profesor alberga su propia interpretación, con lo que la identificación y la gestión de los casos resultan también heterogéneas. La definición que ofrece la ley otorga una gran importancia a la experiencia subjetiva del menor acosado, describiendo acoso como “aquellas conductas entre alumnos que afectan de forma psicológica o física, infligiendo sufrimiento mental o corporal al alumno a quien se dirigen dichas conductas”.

Al ofrecer una interpretación tan abierta, la brecha con la interpretación común del acoso por parte de la sociedad (conductas que implican superioridad física del acosador sobre la víctima, intencionalidad, continuidad, etc.) hace que algunos casos que son claramente de acoso según la definición legal se pasen por alto en el día a día. Para evitarlo hay que difundir la definición legal del acoso entre los profesores (por ejemplo, con cursos dentro de la escuela en que se analicen casos concretos) para que puedan ponerse en el lugar de las víctimas y no pasen por alto ningún indicio de acoso por sutil que sea.

Con todo, lo más importante para luchar contra el acoso es detectarlo y eliminarlo. Una de las claves para mejorar la comunicación y evitar el encubrimiento será que las escuelas (profesorado), las familias (cuidadores) y las comunidades locales vean la proliferación de casos de acoso que salen a la luz como algo positivo que demuestra la preocupación por parte de los profesores y la capacidad resolutiva de las escuelas.

Replantear los planes de acción de las escuelas

Las políticas básicas de las escuelas son, más que políticas propiamente dichas, planes de actuación. Es importante plantear ciertos objetivos para las medidas contra el acoso, establecer un plan anual de ejecución de iniciativas (como un programa de prevención del acoso) y evaluar el nivel de logro de los objetivos como parte de la evaluación de la escuela. Para prevenir el acoso hay que empezar por estudiar e impulsar medidas preventivas dirigidas principalmente a los alumnos, educándolos con un enfoque integral que cubra tanto formación teórica en ética, derechos humanos y legislación como actividades prácticas.

Lo que importa a la hora de formular y enmendar las políticas básicas de las escuelas es escuchar el punto de vista de los niños, tener en cuenta la opinión de los cuidadores y analizar honestamente los logros y los fallos del sistema escolar, trabajando codo a codo con la comunidad local y los organismos relacionados. Estudiar las políticas básicas mediante cursos en el propio centro es imprescindible para que todo el profesorado las conozca y comprenda, y además ofrece la oportunidad de cuestionar el sistema de orientación del alumnado y la filosofía organizativa de la escuela, dando paso a la reflexión para elevar la autoridad organizativa de la escuela.

La cooperación con la comunidad local y otros organismos externos

El acoso escolar en Japón presenta tres características principales:

1) Predomina el acoso psicológico a través de mecanismos comunicativos, como los insultos, las vejaciones y el aislamiento.
2) Tiene lugar mayormente dentro del aula (por ejemplo, en los descansos).
3) Los acosadores y las víctimas suelen ser compañeros de clase.

Ya que el daño provocado por el acoso escolar en Japón resulta difícil de detectar desde fuera, los profesores responsables se ven en el atolladero de tener que detectar los indicios precozmente y cuidar de las víctimas al tiempo que disciplinan duramente a los acosadores. Además, no son pocos los casos en que el tutor de la clase donde se produce el acoso se lo toma como una responsabilidad personal y se calla el problema por miedo a que se le culpe de falta de disciplina. En los últimos tiempos han aumentado los casos de acoso psicológico por internet (mediante LINE, Twitter, etc.), que resultan aún menos visibles y dificultan en extremo la detección del problema por parte de las escuelas.

El acoso se agrava más cuanto más invisible se vuelve. Cuando empieza a vislumbrarse un caso de acoso, es vital no limitar su gestión al entorno de la clase sino tratarlo como un problema que afecta a toda escuela y estudiar la vía adecuada para solventarlo de raíz. Para ello hay que concienciar a todos y cada uno de los miembros del profesorado de su obligación de informar de cualquier incidente a la organización escolar establecida para tal objetivo. Este proceso requiere que la cúpula directiva escolar lidere la cruzada contra el acoso estableciendo métodos y reglas para revelar información y crear un ambiente en el que los profesores no teman compartir los problemas.

Por otro lado, para lograr que el sistema de la escuela funcione es imprescindible establecer un clima de cooperación en el que los miembros compartan un entendimiento mutuo, potenciando sus puntos fuertes y compensando sus debilidades. Evitar que un solo profesor cargue con el sufrimiento del alumno acosado y ofrecerle el apoyo del equipo escolar es lo que en última instancia posibilita una gestión adecuada del problema.

Otro punto crucial es no gestionar el problema únicamente desde la escuela, y tener en cuenta la opinión de los cuidadores de los niños, adoptando las iniciativas necesarias para prevenir el acoso con la colaboración de la comunidad local y los organismos sanitarios, sociales y legales relevantes. Este objetivo se basa en la premisa de reconocer los problemas infantiles como problemas de la sociedad, y para perseguirlo los actores implicados deben mantener una comunicación fluida y constante, superando las fronteras de sus competencias para unir esfuerzos.

Estoy convencido de que si logramos afrontar los problemas que los profesores vienen cargando a solas desde la organización escolar, y establecemos la colaboración necesaria entre la comunidad local y los organismos pertinentes para intervenir en los problemas que la escuela no puede solucionar sola, las escuelas japonesas se convertirán en lugares libres de acoso donde niños y profesores compartan un entorno sano y feliz.

Fotografía del encabezado: En el Ayuntamiento de Ōtsu la alcaldesa Koshi Naomi (derecha) guarda silencio en el quinto aniversario de la muerte de un alumno de secundaria que se suicidó a causa del acoso escolar. 11 de octubre de 2016. (Jiji Press)

Fuente: http://www.nippon.com/es/currents/d00290/

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Argentina avanza con su proyecto de Ley Penal Juvenil

Argentina/06 marzo 2017/Fuente: americaeconomia

El gobierno argentino ya tiene avanzada la redacción de un proyecto de nueva Ley Penal Juvenil para enviarla al Congreso en el que insistirá con su idea original de rebajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, aunque sólo para los delitos «gravísimos» contra la vida, los secuestros extorsivos y la integridad sexual.

La iniciativa incluirá la aplicación de penalidades máximas de entre ocho y diez años de privación de la libertad para los menores hallado culpables de dichos delitos pero también una amplia gama de medidas alternativas sin restricciones a la libre circulación para delitos menores.

«Solo en los casos muy graves se prevé el encierro pero dentro de un sistema muy especializado. Esa escala de penas cumple además con la Convención de los Derechos del Niño, de que los menores no pueden tener ni condenas a prisión perpetua ni las mismas penas que los adultos», anticipó a Télam el secretario de Política Criminal, Martín Casares. Según el funcionario, «en los próximos meses vamos a enviar el proyecto al Parlamento. Estamos terminando la redaccion y ajustando detalles, porque el trabajo se inicio en enero a partir de los consensos en las mesas participativas».

Casares, quien coordina el proyecto en el ámbito del Ministerio de Justicia, anticipó que la norma tendrá unos ochenta artículos y que podría incluir un cronograma de implementación a raíz de del tiempo y recursos que demandará la articulación del nuevo régimen. Una de las posibles novedades sería la creación de un sistema de tutorías en la que esos jóvenes tengan asignados un responsable de su legajo, con equipos interdisciplinario de seguimiento.

«Vamos a bajar la edad de imputabilidad a 14 años para delitos gravísimos, contra la vida, la libertad, y los delito sexuales, pero también va haber muchas medidas alternativas», dijo Casares al confirmar la intención oficial pese a la rotunda negativa de los especialistas a la rebaja. Dicha oposición se expresó en la última de las ocho mesas convocadas en febrero por el gobierno para debatir el tema, cuando 34 de los 40 participantes votaron por no rebajar la edad de los menores para poder someterlos a penalidades a partir de los 14 años.

En esa nómina se incluyen Unicef, asociaciones de pediatras, psicólogos, colegios de abogados y organizaciones sociales, además de la Iglesia Católica que, sin participar con mociones, había anticipado su rechazo a la «criminalización» de los menores, en especial de bajos recursos.

El propio presidente Macri aludió genéricamente al proyecto al inaugurar, el miércoles pasado, el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. El gobierno confía en que pese a ese revés, podrá sumar a la fuerza parlamentaria de Cambiemos, el respaldo del bloque que responde a Sergio Massa, quien incluyó de manera distintiva la baja en la edad de imputación penal en su plataforma presidencial del 2015.

«El proyecto está muy avanzado porque a pesar de esa negativa de ONGs a consentir la baja, se trata de uno de los pocos puntos en que no hay acuerdo frente a una multitud de consensos», dio Casares. Para el funcionario, «es probable que haya una ley altamente consensuada salvo en ese punto» de la edad de imputabilidad, donde -según admitió- hay visiones ideológicas muy diferenciadas».

Según Casares, «todo estamos de acuerdo en un régimen de protección integral, en derogar el decreto de la dictadura que fija el régimen tutelar, en que haya una justicia especifica y medida alternativas a la privación de libertad, de justicia restaurativa, conciliación y trabajos sociales que le fije condiciones a los chicos».

El funcionario sostuvo que «el principal consenso es, que el marco de la ley penal es la prevención fijada por Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece que el Estado debe prevenir el delito juvenil mediante políticas públicas de desarrollo social, educación y salud».

Fuente:http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/argentina-avanza-con-su-proyecto-de-ley-penal-juvenil

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Argentina: La infraestructura escolar está lista para iniciar el ciclo lectivo 2017

Argentina/06 marzo 2017/Fuente: lmcipolletti

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos certificó que la infraestructura escolar para iniciar el ciclo lectivo 2017 es la adecuada en 1116 de las 1120 unidades educativas que funcionan en toda la Provincia.

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos certificó que la infraestructura escolar para iniciar el ciclo lectivo 2017 es la adecuada en 1116 de las 1120 unidades educativas que funcionan en toda la Provincia.

Sólo en cuatro edificios, donde se siguen realizando diversas obras, se prevé que las clases podrán comenzar siete días después de la fecha dispuesta por el calendario escolar.

Un relevamiento de la Subsecretaría de Coordinación de la cartera educativa reveló que el 99,6% de las unidades educativas de la Provincia están en condiciones de iniciar el año escolar en las fechas correspondientes. Las demoras de una semana se registrarían por trabajos en marcha en los edificios de las Escuelas Primarias N° 270 de El Bolsón, 287 de Fernández Oro, 155 de General Roca y 85 de Villa Regina.

La actual gestión educativa provincial inició su tarea en 2012, año en el que, por abandono y falta de obras, se produjeron inconvenientes en 300 escuelas al iniciarse el ciclo lectivo. Ese porcentaje se redujo a una mínima expresión en 2017, debido a la realización de trabajos que exceden la duración del receso escolar.

Este año, el ciclo lectivo dará inicio con obras escolares finalizadas, como es el caso del nuevo edificio del Jardín de Infantes del Barrio Lujan, en El Bolsón. De esta forma, el sistema educativo rionegrino suma 19 nuevos edificios para instituciones de Educación Inicial. Además, hay que agregar la refuncionalización de un ex colegio secundario de Cinco Saltos, para que allí abra sus puertas un nuevo jardín con tres salas, SUM, área de gobierno y cocina.

Asimismo, se construyeron edificios para Educación Inicial en Viedma, Choele Choel y Comallo. A la vez, se está iniciando la edificación de otros 13 edificios, cuya finalización está prevista para luego del receso escolar invernal. En ese listado de obras, debe incluirse la inminente inauguración del Salón de Usos Múltiples que compartirán la Escuela Primaria N° 256 y el Jardín de Infantes N° 13, en Río Colorado.

El subsecretario de Coordinación del Ministerio de Educación y DD.HH, Adrián Carrizo, adelantó que “en los próximos días iniciaremos las obras que licitamos en enero, de cara a prepararlas para el invierno, ya que la mayoría de los trabajos tienen que ver con los problemas que generó el temporal en octubre pasado en 15 establecimientos educativos, ubicados en Cipolletti, General Roca, Villa Regina y Choele Choel”.

La inversión oficial para la concreción de esas tareas supera los $14.000.000.

En tanto, el funcionario también se refirió a la refuncionalización integral del Jardín de Infantes N° 120, cuyo proyecto inicial fue modificado a pedido de docentes y padres: “Sumamos una sala más y en cada una de ellas se construirán baños. El edificio contará con una superficie de 931 m2, constituyéndose en el más amplio en superficie de la Provincia”, informó.

Al momento, se encuentran finalizadas las tareas de demolición interna, por lo que “los espacios nuevos se construyen a un buen ritmo de obra”, señaló Carrizo.

Fuente:https://www.lmcipolletti.com/la-infraestructura-escolar-esta-lista-iniciar-el-ciclo-lectivo-2017-n543347

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