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España ocupa el puesto 24 de los 35 países de la OCDE en la lucha contra la desigualdad, según Oxfam

España/17 julio 2017/Fuente: rtve

  • La ONG destaca que ningún país lo está haciendo «bien»
  • La precariedad laboral y el paro, principales motivos en España
  • Suecia está a la cabeza de la lista y Nigeria, a la cola.

La ONG Oxfam Intermón ha publicado el primer informe que analiza el papel de los gobiernos en la lucha contra la desigualdad, en el que España queda en una posición retrasada entre los países más desarrollados.

El informe, que llega apenas dos años después de que la ONU estableciese los Objetivos de Desarrollo Sostenible contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, concluye que ningún país de los 152 analizados lo está haciendo «especialmente bien», a partir de sus datos de gasto social, políticas tributarias y los derechos laborales. 

España se sitúa en el puesto 24 del ranking de los países de la OCDE, por detrás de Reino Unido, Italia o Francia, y ocupa el 27 en la clasificación mundial.

El informe sobre el Índice del Compromiso con la Reducción de la Desigualdad  atribuye los motivos a la tasa de desempleo del país y al elevado número de trabajadores sin cobertura legal.

Los países nórdicos encabezan la lista

Suecia es el que mejor puntúa en la clasificación de la ONG. Le siguen Bélgica, Dinamarca, Noruega y Alemania. La organización alaba las políticas de Suecia, y califica la protección de los derechos de las mujeres como la «mejor» del mundo.

El documento considera que la «grave crisis de desigualdad mundial»  se ve agravada por el hecho de que ocho hombres en todo el mundo concentren «la riqueza de 3.500 millones de personas».

Los países que menos contribuyen a la brecha económica son Myanmar, Bahréin y Nigeria. Según los datos de Oxfam, más de diez millones de niños nigerianos no están escolarizados.

Más salario y derechos para combatir la desigualdad

La ONG recomienda a los gobiernos de los países analizados que eleven los salarios de los trabajadores para mejorar la situación.

También considera que subir el gasto público en sectores como la sanidad y la educación contribuiría a reducir la brecha económica.

Además, sugieren un sistema tributario progresivo, donde los más ricos paguen más. El documento concluye que todos los países analizados «podrían hacer más» para mejorar la situación.

Fuente: http://www.rtve.es/noticias/20170717/espana-ocupa-puesto-27-lucha-contra-desigualdad-segun-oxfam/1582540.shtml

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Estados Unidos: Desigualdades raciales y falta de fondos en educación preocupan a padres de niños latinos y afroamericanos

Estados Unidos/15 junio 2017/Fuente:el-observador

Las percepciones de los padres sobre las disparidades raciales en la escuela, siguen siendo fuertes a la hora de evaluar el éxito del sistema educativo estadounidense en la formación de niños afroamericanos y latinos. Así lo revela la segunda encuesta “La Nueva Mayoría en el Sistema Educativo” publicada por el Fondo Educativo de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos (LCEF en inglés).

La encuesta explora cómo los padres de familia ven el impacto del sistema de educación federal en el progreso de sus hijos “sobre quienes tienen altas expectativas de formación y para quienes esperan un fuerte rigor académico”, dijo Wade Henderson, presidente y director ejecutivo del LCEF en una teleconferencia organizada por New America Media a finales de mayo.

Entre los hallazgos más importantes de la encuesta está el hecho de que existe un abrumador sentimiento de desigualdad racial en el financiamiento escolar. No hay suficiente presupuesto para educar a niños latinos y afroamericanos en las escuelas públicas donde ellos componen la inmensa mayoría. Los padres y miembros de familia de estudiantes cuyos maestros son, en su mayoría, blancos están más propensos a creer que las escuelas “no hacen un esfuerzo suficiente” para educar a sus hijos.

Destacan la falencia de maestros bien equipados y con formación de alta calidad, que traten justamente a sus estudiantes, y que les faciliten oportunidades para tomar clases que los reten en sus propios conocimientos.

Los estados no han respondido lo suficiente a las necesidades de estos padres y las políticas federales tampoco reflejan lo que ellos necesitan para la educación de sus hijos”, agregó Wanderson.

La encuesta se conoce en momentos en que a nivel estatal se están preparando los planes educativos para cumplir con el Every Student Success Act (ESSA), la ley antecedida por la política No Child Left Behind desarrollada a través de serios esfuerzos bipartidistas durante el gobierno de Barack Obama. Aprobada en 2015, la ESSA permite a los estados una mayor flexibilidad para adaptar las estrategias de educación de acuerdo a la población a la que sirven.

Los estados deben informar cómo gastan el dinero que reciben para el rubro educativo y en quién, de acuerdo con las regulaciones federales”, dijo por su parte Liz King, directora de políticas educativas de LCEF. “Hay que abrir los los procesos de toma de decisiones a las familias de raza negra y latina”, añadió.

La encuesta se realizó telefónicamente por la firma Anzalone Liszt Grove Research a 1200 padres de niños latinos y afroamericanos en todo el país, quienes están vigorosamente involucrados en la crianza de sus hijos de edades entre 5 y 18 años. El 30% de los participantes latinos fueron entrevistados en español.

Matt Hogan, socio de la firma reconoció que muy pocos de los padres encuestados estaban familiarizados con ESSA. Pero en comparación con la encuesta del año pasado, sí hay un aumento en la creencia de que el racismo en el sistema educativo está teniendo un impacto negativo en la vida de sus hijos. “El 42% de los padres afroamericanos entrevistados piensa que sus hijos no reciben una educación tan buena como la de los estudiantes blancos por prejuicio racial o racismo”, agregó Hogan.

Entre los latinos esa cifra es menor, 28% y en general, las actitudes con respecto al sistema educativo han mejorado entre los padres y familias hispanas. Aunque ellos reconocen las desigualdades raciales, el 75% cree que las escuelas públicas estadounidenses hacen un buen trabajo en preparar a los estudiantes para el éxito en el futuro. Una escasa mayoría (52%) cree que la educación que los estudiantes latinos reciben en el país es tan buena como la que reciben los estudiantes blancos. Este porcentaje aumenta si los padres latinos no asistieron a escuelas en Estados Unidos.

Recordando que recientemente se celebró el 63 aniversario de la decisión de la Corte Suprema de Brown v. la Junta de educación, que terminó con la segregación de las escuelas en Estados Unidos, los expertos esperan que los resultados de la encuesta no solo permitan construir mejores políticas públicas y asignación de recursos, sino coaliciones para lograr metas educativas federales. Más aún en medio de los recortes que ha prometido la nueva administración de Donald Trump y los planes en los que la diversidad en la educación no parece prioritaria.

“Hay que corregir la inequidad institucional”, agregó Wanderson. “No importa si es Betsy DeVos en la posición de Secretaria de Educación, o alguien más. El estándar de responsabilidad por la participación federal sigue siendo el mismo y esperamos que esta administración cumpla con sus obligaciones”, puntualizó.

Fuente: http://el-observador.com/2017/06/14/desigualdades-raciales-y-falta-de-fondos-en-educacion-preocupan-a-padres-de-ninos-latinos-y-afroamericanos/

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UNICEF: Tratan a niños indígenas de México como extranjeros en su país

América del Norte/México, 10 de junio de 2017.  Fuente: www. jornada. unam.mx. Autora: Laura Poy Solano

Los niños indígenas de México son tratados como extranjeros en su país, afirmó Christian Skoog, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), quien destacó que tienen un maestro que no los entiende y al que no entienden, y libros que no pueden leer. ¿Cómo podrían tener los logros de aprendizaje esperados?

Al participar en una mesa de análisis del informe La educación obligatoria en México 2017, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), destacó que en nuestro país no existe una enseñanza intercultural y bilingüe, pues las escuelas indígenas enfrentan múltiples rezagos en materia de infraestructura, equipamiento, recursos y acceso a programas sociales.

No hay material (didáctico) para todas las escuelas indígenas y sólo en la mitad de éstas el docente habla alguna lengua indígena, pero no siempre es la misma en la que se comunican los niños con los que trabaja. Recordó que en el país hay 118 mil niños y adolescentes monolingües.

Vulnerabilidad social

En el acto, al que asistieron Eduardo Backhoff, presidente del INEE, y Sylvia Schmelkes, ex presidenta del organismo e integrante de su junta de gobierno, Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, destacó que ocho de cada 10 niños de cero a 17 años enfrentan alguna vulnerabilidad social. Se estima que 53 por ciento de ese sector de la población vive en pobreza, lo cual dificulta su acceso a una educación de calidad.

Tras la presentación de los principales resultados del informe, que encabezó Schmelkes, Bucio afirmó que niños y adolescentes aún enfrentan diversos desafíos para garantizar su derecho a la enseñanza, entre ellos la desigualdad de oportunidades, en particular para quienes son pobres, indígenas o tienen alguna discapacidad.

La condición de género, agregó, aún es relevante en cuanto a temas como la educación, pues enfatizó que las niñas indígenas siguen en el último lugar en el índice de desarrollo humano en las 32 entidades, sin excepción.

Fuente de la noticia: http://www.jornada.unam.mx/2017/06/07/sociedad/030n3soc

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In South Africa the faulty logic of xenophobia drives hostility to immigrants

Sudáfrica/Abril de 2017/Autor: Anthony Egan/Fuente: America Magazine

RESUMEN: Una nueva ronda de xenofobia a finales de febrero en Sudáfrica fue acompañada por violentas manifestaciones dirigidas por sudafricanos nativos y contra-manifestaciones de inmigrantes que ahora residen aquí. Esta vez se produjeron manifestaciones contra Sudáfrica en Lagos, Nigeria, lo que provocó reuniones diplomáticas entre los ministros de relaciones exteriores de ambos países. A medida que el humo desaparece, deben hacerse preguntas sobre por qué esta disrupción civil sucedió de nuevo. Es fácil señalar a los dedos: La intolerancia de los ciudadanos comunes y idiota y mal elegido declaraciones, excusas o negaciones por los políticos de todas las partes también se destacan. El lenguaje de la xenofobia ha sido frecuentemente puesto en juego en los últimos meses: que los extranjeros están robando empleos de los sudafricanos, traficando con drogas y anillos de prostitución y son los principales responsables de otros crímenes. ¿Pero los inmigrantes nigerianos, zimbabuenses, paquistaníes y otros están «robando» puestos de trabajo de sudafricanos? Según un informe del Instituto de Relaciones Raciales de Sudáfrica, «Los inmigrantes de Sudáfrica-Construyendo una nueva economía», muchos de estos inmigrantes «están llegando a un país donde no pueden hablar el idioma y, a menudo, no tienen documentos de trabajo» Lo que significa más «típicamente lucha para encontrar trabajo».

A new round of xenophobia at the end of February in South Africa was accompanied by violent demonstrations led by native-born South Africans and counter-demonstrations by immigrants now resident here. This time anti-South African demonstrations broke out in Lagos, Nigeria, prompting diplomatic meetings between both countries’ foreign affairs ministers. As the smoke clears, questions must be asked about why this civil disruption happened again.

It is easy to point fingers: The intolerance of ordinary citizens and idiotic and poorly chosen statements, excuses or denials by politicians from all parties also stand out. The language of xenophobia has been frequently put into play in recent months: that foreigners are stealing South Africans’ jobs, running drugs and prostitution rings and are the main perpetrators of a host of other crimes, too.

But are Nigerian, Zimbabwean, Pakistani and other immigrants “stealing” jobs from South Africans? According to a report from the South African Institute of Race Relations, “South Africa’s Immigrants—Building a New Economy,” many of these immigrants are “arriving in a country where they can’t speak the language and often have no working papers,” which means most “typically struggle to find work.”

Closer inspection suggests that they are actually creating jobs, not just for themselves but for the South Africans they employ. Many are even prospering, with many able to start up businesses ranging “from small convenience stores to wholesalers.” This has been a source of resentment, with many South Africans envious of the success of immigrants or objecting to being employed by “foreigners.” But their success compared to native born South Africans often boils down to better educations and a more entrepreneurial mentality than South African counterparts.

If this is so, is this the immigrants’ fault? The Economist reports that “in a league table of education systems drawn up in 2015 by the OECD club of mainly rich countries, South Africa ranks 75th out of 76.” According to an article in The Economist, many of South Africa’s educational gaps indeed can be linked to apartheid. “The Bantu Education Act of 1953,” it states, “set out to ensure that whites received a better education than blacks…who were to be educated only enough to be ‘hewers of wood and drawers of water.’” This meant that black students in South Africa also received about a fifth of the funding of white students.

But 23 years of post-apartheid education strangled by bureaucracy, crippled by self-interested teachers unions and battered by corruption has not created a new generation of well-educated and entrepreneurial young South Africans. Two decades is surely enough to clear away the worst of the legacy of apartheid education and create a more effective alternative. This has not happened—but this is a social problem that cannot be laid at the feet of “foreigners” who have no influence on education policy.

As to the question of organized crime, the picture is complex. While it is true that after 1994 foreign-based crime syndicates moved into South Africa—South American drug cartels, the Russian mafiya, Chinese triads, as well Nigerian and other syndicates from elsewhere on the continent—they did not exactly enter virgin territory. South Africa has a long history of local gangs and crime organizations—many of which formed alliances with the new arrivals in the more open society that emerged after 1994.

All organized crime groups have benefited from a poorly-trained and underprepared police service that has largely served as a crowd control mechanism, subject since 1994 to internal crises and general decline in morale further undermined by political appointments at its highest echelons. There is sadly also considerable evidence of endemic corruption throughout the service.

Did “foreigners” corrupt the police force? While a number of police have been revealed to have had corrupt relationships with gangsters (some of whom were foreign), this is hardly proof. According to a report from Reuters, many refugees and migrants, in fact, claim they have “suffered corruption and worse at the hands of police and immigration officers.”

NGO Corruption Watch also found, in a study of about 300 foreigners, that all had “complained of extortion, threats and solicitation from government officials.” Last month, South African President Jacob Zuma warned about the dangers of corruption, stating that this system of “bribes for permits” posed a major risk for South Africa.

Similarly the problem of illegal immigration lies in public policy and practice. Labyrinthine immigration laws make legal immigration difficult, as do confused policies over refugee status and corruption in the public service.

Hostility to immigrants—legal or illegal—in South Africa is fundamentally economic. The majority of the nation’s native-born citizens remain poor and undereducated. They have not benefited from democracy. This societal lapse is exacerbated by a cultural mindset that sees success as a zero-sum game, that is, “if someone succeeds, someone else must lose.”

This entitlement mentality is spurred on by the promises of politicians and the growing sense that those who lead do not really care about average South Africans except as vote fodder. But unwillingness to express disaffection by voting for an opposition party means that there is little impetus by politicians to do what is necessary—improve education, fight police and public service corruption and create conditions to build the economy.

The disaffected need a scapegoat; the immigrant is a handy target. For a time scapegoating may make one feel better, but it changes nothing.

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Que Tod@s estén, aprendan y participen en la escuela

Mexicanos Primero

Jennifer L. O’Donoghue *

Nuestro sistema educativo, como nuestra sociedad, es excluyente. Hasta la estadística más sencilla del sistema educativo retrata la exclusión, y basta con un par de experiencias en campo para verla en la realidad cotidiana de los millones de niñas, niños y jóvenes que no están en la escuela o, estando en ella, no aprenden o no se sienten escuchados ni involucrados.

En el ánimo de cambiar esta situación e impulsar una conversación pública a favor de la inclusión, esta semana presentamos nuestro estudio sobre el estado de la educación incluyente en México. Tod@s, que busca visibilizar a las personas –las niñas, niños y jóvenes, sus familias y sus maestras y maestros– y dar una idea de cómo la exclusión que viven día tras día en el sistema educativo les afecta a ellos y a sus comunidades.

Asimismo, Tod@s presenta una aspiración, la triple inclusión, que todas y todos: 1) lleguen a las escuelas listos para aprender y permanezcan en y transiten por ella en tiempo y forma, terminando los doce años de la educación obligatoria; 2) aprendan lo que quieren y lo que necesitan; y 3) participen como constructores activos de su propia experiencia educativa. Estar, aprender y participar, esto es lo que exige el derecho y es a donde queremos ir.

Esta visión de la educación incluyente no se limita a grupos etiquetados como “vulnerables”; no es solamente de la niña con “necesidades educativas especiales”, ni de las y los hijos de jornaleros agrícolas migrantes, ni de la población indígena. Es de tod@s, de cada niña, cada niño y cada joven. En la misma línea, no es de poner etiquetas -retornada, rezagada, madre adolescente, destacada, indígena, privilegiada, migrante… Significa valorar y promover la diversidad de cada persona, reconociendo sus intereses, historias, necesidades y aspiraciones únicas.

La inclusión no es tener bajas expectativas; esperar menos de los que –según nosotros– por su contexto o su condición no “pueden” estar, aprender o participar en la escuela. Pero tampoco se trata de exigir sin brindar el apoyo necesario, ni a las niñas, niños y jóvenes, ni a sus familias ni a sus maestras o maestros. Incluir implica mantener altas expectativas para todas y todos al mismo tiempo que aseguramos que cada quien cuente con el apoyo debido para poder alcanzarlas. La inclusión no se basa en la igualdad, dar lo mismo a tod@s, sino en la equidad; dar a cada quien lo que necesita, y más a los que menos tienen o más necesitan.

La inclusión claramente no es la segregación de ciertas poblaciones en tipos de servicios periféricos al sistema general, ni es el aislamiento de ciertos niños por su condición de “dis”capacidad. En la educación incluyente, todas y todos aprenden con y de todas y todos. Las escuelas y las aulas “regulares” con una orientación inclusiva son los medios más eficaces para combatir las actitudes discriminatorias, construir una sociedad inclusiva y lograr una educación para todos.

La inclusión no es estandarizar y centralizar. La meta de la inclusión siempre debe ser flexibilizar y diferenciar. El corazón de la educación incluyente es su habilidad de responder a la diversidad, no sólo de estudiantes, sino también de docentes, de contextos sociales y culturales, de condiciones materiales.

La inclusión no es crear programas compensatorios que buscan “integrar” a niñas o niños que son “diferentes” (“vulnerables”, “rezagados”, “atrasados”) a los arreglos ya existentes. Una educación incluyente se enfoca en la eliminación de barreras en el sistema para que se pueda responder a la diversidad de los estudiantes.

La inclusión no es parchar; no busca mejoras incrementales sino una transformación que es focalizada y sistémica al mismo tiempo. Focaliza porque reconoce la necesidad de proteger los derechos de poblaciones históricamente discriminadas, pero complementa los esfuerzos focalizados con transformaciones más amplias al sistema.

La educación incluyente no es una batalla ganada, es más bien un proceso continuo; una búsqueda constante. Significa comprometernos con un proceso continuo, un esfuerzo día tras día, de identificar y eliminar barreras – actitudes, prioridades y paradigmas que nos han impedido avanzar. Sólo cuando interrumpamos nuestro modo de pensar y operar actual, podremos empezar a transformar el sistema educativo mexicano para que todas y todos estén, aprendan y participen. Y este proceso nos requerirá a tod@s.

* La autora es Directora de Investigación de Mexicanos Primero.

Fuente del articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/que-tod-s-esten-aprendan-y-participen-en-la-escuela.html

Fuente de la imagen: http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2015/08/09/55c7fad45a70c.jpg

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Conspirar contra los niños y el derecho a estudiar

Por: Lev Moujahid Velázquez Barriga

José Manuel es un alumno que cursa el primer año en la telesecundaria de La Nopalera, municipio de Apatzingán, en Michoacán, ubicada en la zona conocida como Tierra Caliente. Tiene 13 años de edad, pero no es el mayor en su grupo, su mejor amigo ya cumplió los 16; sin embargo, eso no es raro en los estudiantes matriculados que han sido rechazados, expulsados o reprobados de las secundarias técnicas y generales de la ciudad, sobrepobladas hasta con 60 alumnos por salón.

Desde que inició el ciclo escolar, José Manuel no pudo pagar 14 pesos diarios de transporte urbano y menos podrá ahora que subió a 16, así que los días de escuela tiene que andar a pie varios kilómetros por senderos improvisados de terracería; algunos son viejos caminos que conectan a las comunidades rurales, en los que ya sólo transitan jornaleros y los grupos delincuenciales para el trasiego de droga, evitando las carreteras federales y los retenes militares.

Durante los 30 minutos que hace de su casa a la escuela, reconoce bien las parcelas de limón porque ha estado ahí. Él, junto a otros de sus compañeros, es parte de los 2 millones y medio de menores que entre los cinco y 14 años de edad tienen que trabajar para sobrevivir, de otro modo sería imposible que siguieran estudiando; las ausencias por trabajo que comienzan de uno a dos días a la semana en la escuela, ocasionalmente se vuelven definitivas hasta que se ven obligados a abandonarla por completo.

Hace varios años que José Manuel ya no vive con sus padres, sino con sus tíos, quienes trabajan en la informalidad y residen en una colonia en la que se aprecian multitud de casas hechas de cartón, hule y madera. El asentamiento creció en los márgenes urbanos, entre la carretera federal rumbo a Cuatro Caminos y la zona ejidal de La Nopalera Oriente, ambos han sido escenarios recurrentes de violencia.

En el tramo carretero se han suscitado infinidad de narcobloqueos, tiroteos, robos de autos a mano armada y hasta feminicidios; en las calles aledañas a la escuela, persecuciones, secuestros y ejecuciones. Tan sólo en 2016 fueron asesinadas siete personas de la comunidad, entre ellas el fundador local de las autodefensas, baleado unas horas después de que Silvano Aureoles y José Antonio Meade, entonces secretario de la Sedesol, asistieran a la cabecera municipal el Día del Niño, rodeados de militares y federales, para promocionar programas de ayuda a huérfanos y viudas, víctimas de la violencia.

Ante esta situación, común en diferentes zonas de Michoacán, pero también de todo el país, la reforma educativa no ha aportado casi nada. Criminalizar a los alumnos a través de mochila segura es un golpe más a su vulnerabilidad, cuando ellos son víctimas del contexto que los rodea y de un currículo carente de calidez humana, centrado en fines desprovistos de sensibilidad y sentido trascendente para la personalidad, como el de alcanzar la calidad empresarial.

No obstante que la falta de recursos económicos y las lejanas distancias se encuentran entre los factores centrales del abandono escolar, la SEP plantea el cierre de centros escolares a través de su programa de reconcentración, cuyo plan piloto inicia este año en zonas urbanas; la amenaza pesa sobre escuelas como la de José Manuel, insertas en pequeñas comunidades que fueron absorbidas por la ciudad, pero que se resisten a los cambios de la vida urbana, también sobre las periferias miserables a donde las familias fueron excluidas y que serían más excluidas aún sin la posibilidad de sus hijos para crecer en el estudio.

Es evidente que el gasolinazo no frenará el cierre de los centros educativos, y que tampoco tendrá algún impacto positivo en el fortalecimiento de la educación pública, como aseguraron Peña Nieto y Aurelio Nuño que lo tendría; al contrario, impactará negativamente, porque la escasa economía familiar golpeada por las constantes y desmedidas alzas de los precios, seguirá siendo un factor cada vez más decisivo en la exclusión de los niños que no ingresan a las aulas y la deserción de otros muchos que las abandonarán por falta de recursos económicos.

Datos sustentados por las investigaciones del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) muestran que con el aumento del salario a 80 pesos, no se alcanza a cubrir ni 40 por ciento de la canasta básica recomendable. Otros estudios indican que antes del gasolinazo y la oleada de aumentos de precios, 40 por ciento de la población vivía en pobreza laboral, lo que significa que este año las personas sin acceso a lo básico para sobrevivir superarán los 50 millones.

En estas circunstancias, para las familias como la de José Manuel pensar en gastos extraordinarios: uniformes, calzado, transporte y completar los útiles escolares, hace de la educación un derecho cada vez más inalcanzable. Alejar los centros escolares de donde los menores de edad más los necesitan, tratarlos como criminales y encarecer la vida con políticas económicas irresponsables, es condenarlos a la miseria, conspirar para expulsarlos del sistema educativo público y abandonarlos, como ya se hizo con los otros 3.8 millones que no van a la escuela.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/02/03/opinion/022a2pol

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México: Al menos 14 millones de niños en AL, fuera de la escuela

México/Febrero de 2017/Autora: Laura Poy Solano/Fuente: La Jornada

En América Latina y el Caribe al menos 14 millones de niños y adolescentes de 7 a 18 años de edad están fuera de la escuela o de cualquier servicio educativo, de los cuales 10 millones son adolescentes, afirmó Francisco Benavides, asesor regional de educación para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).

Durante los trabajos del Seminario Internacional sobre buenas prácticas educativas ante el riesgo de exclusión de Niñas, Niños y Adolescentes, Christian Skoog, representante de Unicef en México, destacó que en nuestro país, 4.1 millones de menores están fuera de la escuelas, mientras que 600 mil más están en riesgo de abandonar las aulas.

En entrevista, destacó que pese a los avances alcanzando por México en la cobertura universal de educación primaria, aún se tienen desafíos en secundaria, pero principalmente en la atención del primer grado de preescolar y en el acceso al bachillerato, donde se concentra el mayor porcentaje de jóvenes que logra continuar su formación.

Agregó que ante el contexto que enfrenta México con la nueva administración de Estados Unidos, y ante la posible llegada de connacionales de deportados del país vecino o que decidan regresar a territorio nacional, Unicef colabora con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con el gobierno federal para garantizar que «todo niño migrante y quienes regresen al país tenga derecho a ingresar a las aulas, incluso si no cuenta con documentos que acrediten su identidad, como el acta de nacimiento».

Cuestionado sobre los desafíos que enfrenta nuestra nación para frenar la exclusión de menores del sistema educativo destacó que «se sigue concentrando entre la población más pobre, los indígenas y con la población discapacitada», por lo que urgió a fortalecer mecanismos de acción que garanticen su acceso a la formación escolar.

En el encuentro, convocado por Unicef y la SEP participan especialistas del organismo multinacional, así como representantes de los Ministerios de Educación de Ecuador, Argentina, Colombia y Costa Rica, así como de diversas entidades, quienes presentarán sus programas de detección temprana de abandono escolar.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/08/al-menos-14-millones-de-ninos-en-al-estan-fuera-de-la-escuela

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