Conspirar contra los niños y el derecho a estudiar

Desde que inició el ciclo escolar, José Manuel no pudo pagar 14 pesos diarios de transporte urbano y menos podrá ahora que subió a 16, así que los días de escuela tiene que andar a pie varios kilómetros por senderos improvisados de terracería; algunos son viejos caminos que conectan a las comunidades rurales, en los que ya sólo transitan jornaleros y los grupos delincuenciales para el trasiego de droga, evitando las carreteras federales y los retenes militares.

Durante los 30 minutos que hace de su casa a la escuela, reconoce bien las parcelas de limón porque ha estado ahí. Él, junto a otros de sus compañeros, es parte de los 2 millones y medio de menores que entre los cinco y 14 años de edad tienen que trabajar para sobrevivir, de otro modo sería imposible que siguieran estudiando; las ausencias por trabajo que comienzan de uno a dos días a la semana en la escuela, ocasionalmente se vuelven definitivas hasta que se ven obligados a abandonarla por completo.

Hace varios años que José Manuel ya no vive con sus padres, sino con sus tíos, quienes trabajan en la informalidad y residen en una colonia en la que se aprecian multitud de casas hechas de cartón, hule y madera. El asentamiento creció en los márgenes urbanos, entre la carretera federal rumbo a Cuatro Caminos y la zona ejidal de La Nopalera Oriente, ambos han sido escenarios recurrentes de violencia.

En el tramo carretero se han suscitado infinidad de narcobloqueos, tiroteos, robos de autos a mano armada y hasta feminicidios; en las calles aledañas a la escuela, persecuciones, secuestros y ejecuciones. Tan sólo en 2016 fueron asesinadas siete personas de la comunidad, entre ellas el fundador local de las autodefensas, baleado unas horas después de que Silvano Aureoles y José Antonio Meade, entonces secretario de la Sedesol, asistieran a la cabecera municipal el Día del Niño, rodeados de militares y federales, para promocionar programas de ayuda a huérfanos y viudas, víctimas de la violencia.

Ante esta situación, común en diferentes zonas de Michoacán, pero también de todo el país, la reforma educativa no ha aportado casi nada. Criminalizar a los alumnos a través de mochila segura es un golpe más a su vulnerabilidad, cuando ellos son víctimas del contexto que los rodea y de un currículo carente de calidez humana, centrado en fines desprovistos de sensibilidad y sentido trascendente para la personalidad, como el de alcanzar la calidad empresarial.

No obstante que la falta de recursos económicos y las lejanas distancias se encuentran entre los factores centrales del abandono escolar, la SEP plantea el cierre de centros escolares a través de su programa de reconcentración, cuyo plan piloto inicia este año en zonas urbanas; la amenaza pesa sobre escuelas como la de José Manuel, insertas en pequeñas comunidades que fueron absorbidas por la ciudad, pero que se resisten a los cambios de la vida urbana, también sobre las periferias miserables a donde las familias fueron excluidas y que serían más excluidas aún sin la posibilidad de sus hijos para crecer en el estudio.

Es evidente que el gasolinazo no frenará el cierre de los centros educativos, y que tampoco tendrá algún impacto positivo en el fortalecimiento de la educación pública, como aseguraron Peña Nieto y Aurelio Nuño que lo tendría; al contrario, impactará negativamente, porque la escasa economía familiar golpeada por las constantes y desmedidas alzas de los precios, seguirá siendo un factor cada vez más decisivo en la exclusión de los niños que no ingresan a las aulas y la deserción de otros muchos que las abandonarán por falta de recursos económicos.

Datos sustentados por las investigaciones del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) muestran que con el aumento del salario a 80 pesos, no se alcanza a cubrir ni 40 por ciento de la canasta básica recomendable. Otros estudios indican que antes del gasolinazo y la oleada de aumentos de precios, 40 por ciento de la población vivía en pobreza laboral, lo que significa que este año las personas sin acceso a lo básico para sobrevivir superarán los 50 millones.

En estas circunstancias, para las familias como la de José Manuel pensar en gastos extraordinarios: uniformes, calzado, transporte y completar los útiles escolares, hace de la educación un derecho cada vez más inalcanzable. Alejar los centros escolares de donde los menores de edad más los necesitan, tratarlos como criminales y encarecer la vida con políticas económicas irresponsables, es condenarlos a la miseria, conspirar para expulsarlos del sistema educativo público y abandonarlos, como ya se hizo con los otros 3.8 millones que no van a la escuela.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/02/03/opinion/022a2pol