Discriminación

Page 49 of 54
1 … 47 48 49 50 51 … 54

Colombia: Ministra de Educación gay es blanco de críticas

Noticias

América del Sur/Colombia/20 Agosto 2016/Fuente y Autor:20minutos

La ministra de Educación y primera funcionaria de ese rango en asumir públicamente en Colombia que es gay, Gina Parody, se ha convertido en el blanco favorito de sectores ultraconservadores y en parte de la iglesia Católica.

Es señalada de ir en contra de los «valores familiares» y de promover el homosexualismo en los niños, en una serie de ataques que ha dejado en evidencia el conservadurismo que persiste en Colombia pese a los avances legales alcanzados como la legalización del matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo.

«Hay unos que promueven odio, miedo, separación, eliminación, división y exclusión, y otros que creemos que la cosa puede ser distinta y que aquí hay una democracia donde todos somos iguales dentro de la ley», dijo Parody a The Associated Press en una entrevista esta semana. Los ataques comenzaron cuando en redes sociales circularon unas cartillas atribuidas al Ministerio de Educación en las que por ejemplo se señala que «no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a serlo, de acuerdo con la sociedad y época en las que se crezca». La afirmación fue interpretada por algunos como un intento de promover la homosexualidad.

Las críticas saltaron de las redes sociales a las calles cuando miles de colombianos protestaron la semana pasada contra el contenido de las cartillas y también contra Parody, a quien en pancartas le pidieron la renuncia. Las cartillas, pensadas para fomentar un mayor respeto hacia la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI), fueron elaboradas por varias organizaciones y divulgadas hace unos días en la página del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Colombia.

Tras la aparición de las cartillas, hubo una andanada contra Parody, a quien señalaron como responsable de la elaboración y publicación. Alejandro Ordóñez, procurador general, fue uno de los críticos más fuertes. «Están utilizando unas cartillas y manuales para adoctrinar a nuestros hijos en la ideología de género», comentó hace unos días.

El ex presidente Álvaro Uribe, con quien Parody creció en la política y que ahora se ha vuelto en uno de los más feroces críticos del gobierno del mandatario Juan Manuel Santos, se sumó a los ataques. «Defender la familia no es ir en contra de principios de tolerancia», dijo. Parody, una abogada de 42 años, aseguró que su oficina no las elaboró y sólo colaboró en el trabajo de meses de varias organizaciones que las elaboraron. Sin embargo, aseguró que sólo eran un borrador y que fueron publicadas sin la aprobación ni consentimiento de su cartera. La ministra, sin embargo, está convencida de que el contenido de los documentos es sólo un pretexto y que es atacada por su condición sexual.

«Todo esto tiene que ver con intereses políticos y claramente homofóbicos», aseguró la ministra. Tras la aparición en las redes sociales de las cartillas empezaron a decir «que los niños se van a convertir en homosexuales», dijo Parody. «Eso es desinformación», añadió. Un día después de las marchas, la cúpula de la iglesia Católica en Colombia visitó a Santos para expresarle su preocupación por las cartillas y la educación sexual de los niños.

«Ni el Ministerio de Educación ni el gobierno nacional han implementado ni han promovido ni promoverán la llamada ideología de género», dijo Santos luego de la reunión con la jerarquía católica. El mandatario, que hasta ese momento se había mantenido al margen de la polémica, añadió que ese documento no sería autorizado por su administración para distribuirse en los colegios del país. En la entrevista con la AP, Parody recordó que el año pasado la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación revisar en los colegios los manuales de convivencia para evitar discriminación por género u orientación sexual.

A raíz del fallo de la Corte, organizaciones sociales -en colaboración con el Ministerio de Educación- comenzaron a discutir el tema que llevó a escribir lo que Parody dice era un borrador. La resolución del máximo tribunal se produjo como consecuencia de la muerte de Sergio Urrego, un joven que en agosto de 2014 se suicidó en un centro comercial bogotano en lo que las autoridades creen fue por sentirse perseguido en su colegio por ser gay.

Para cumplir esa sentencia, agregó Parody, el ministerio también empezó una serie de talleres en las secretarías de educación del país con rectores de colegios. La ministra dijo que a los rectores se les pidió hacerlo con «sumo cuidado». «Hagamos unas preguntas que los guíen. Hay un par de preguntas que han sido polémicas, pero que guíen a los rectores y que les permita a ellos después, en sus colegios y con su autonomía, reformar sus manuales de convivencia con los padres de familia y con los estudiantes», explicó Parody.

La funcionaria dijo que le llama la atención que uno de sus principales críticos sea Uribe, cuando en su gobierno (2002-2010) también circularon en los colegios colombianos textos sobre educación para la sexualidad para niños y adolescentes. Parody fue congresista entre 2002 y 2010, siempre de la mano de Uribe. Pero se alejó de él hacia el final de su gobierno, tras considerar que se dio cuenta de que «estaba muy permeado por el paramilitarismo». Para la funcionaria, quien tiene una relación sentimental con la ex ministra Cecilia Álvarez, no es fácil estar en el ojo del huracán. «Mi familia ha sido incondicional, aunque también sufre», dijo.

Su madre tiene 80 años y su padre 85. «Somos muy unidos, pero han sufrido mucho. Cecilia (su pareja) también ha sufrido muchísimo», añadió. Parody dijo que lo que ha pasado demuestra lo difícil que es difícil ser gay en Colombia, aunque consideró que también pone en evidencia la necesidad de igualdad y respeto.

Fuente de la noticia:  http://www.20minutos.com/noticia/58106/0/colombia-ministra-de-educacion-gay-es-blanco-de-criticas/#xtor=AD-1&xts=513357

Fuente de la imagen:https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2015/3/28/422553_121720_1.jpg

Comparte este contenido:
Leer más »

Estados Unidos: A textbook debate over minorities and civic education

Noticias

América del Norte/Estados Unidos/19 de Agosto de 2016/Autor: Durba Ghosh/Fuente: San Francisco Chronicle

RESUMEN: Cuando se reanuden las clases, los estudiantes de los Estados Unidos van a recibir los libros de texto de estudios sociales que se han debatido, reescritos y actualizados con los nuevos conocimientos. En California, los debates sobre lo que debe incluirse y cómo debe ser presentado ha sido objeto de un intenso debate en los últimos 20 años, y más reciente acaba de resolverse. ¿Cuáles son realmente estos debates, y por qué  escribir la historia es tan importante? La primavera pasada, los padres y los estudiantes de la India, con el apoyo de las bases Uberoi e hindúes americanos revisaron  los libros de texto de estudios sociales de secundaria. Ellos abogaron por el uso de «India» sobre «el sur de Asia» para referirse a los territorios del subcontinente indio, con el argumento de que el sur de Asia no reflejaba su identidad como indios. Asia del Sur incluye a las naciones de la India, Afganistán, Pakistán, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y las Maldivas. Además, el grupo instó a que los libros de texto borran toda mención de castas en la India, representan el Islam y el sijismo como ajeno al sur de Asia, y muestran que el tratamiento de las mujeres ha sido históricamente una alta prioridad para las personas que viven en el subcontinente indio.  Quienes se oponen a los cambios incluyen una amplia coalición de académicos, padres, maestros y miembros de otras diásporas del sur de Asia (Sri Lanka, Afganistán, Nepal, Dalit). Ellos argumentaron que los hechos acerca de la casta y la situación de la India como una sociedad secular que había sido receptivo a la aparición del budismo, el sijismo y el Islam debe recibir prioridad históricamente establecida.Después de varias audiencias públicas y reuniones, la Comisión de Calidad de Instrucción de California acordó mantener todas las referencias a la naturaleza jerárquica del sistema de castas, pero accedió a cambiar el sur de Asia hasta la India, salvo en unos pocos lugares.Estos debates sobre qué términos a utilizar en un libro de historia puede parecer poco importante. Sin embargo, se obtienen de las preguntas que son fundamentales en cualquier democracia, preguntas acerca de la participación ciudadana y cómo las minorías deben ser tratadas por las comunidades mayoritarias. Por un lado, activistas ciudadanos que tienen un interés en el proceso cívico que lleva a los libros de texto que se adoptan en un programa de estudios es el tipo de activismo cívico positivo que las democracias liberales deben apoyar; por el contrario, estas formas de activismo pueden introducir al pensamiento mayoritario en la educación, empujando a los estudiantes a excluir a las minorías y a los que son diferentes.

As schools reopen, students across the United States will be receiving social studies textbooks that have been debated, rewritten and updated with new knowledge and research. In California, debates over what should be included and how it should be presented has been the subject of fierce debate over the past 20 years, with the most recent just resolved.

What are these debates really about, and why is writing history so important?

This past spring, Indian parents and students, supported by the Uberoi and Hindu American foundations, mobilized over middle-school social studies textbooks. They advocated for the use of “India” over “South Asia” to denote the territories of the Indian subcontinent, arguing that South Asia did not reflect their identities as Indians. South Asia includes the nations of India, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka and the Maldives.

In addition, the group urged that textbooks erase all mention of caste in India, represent Islam and Sikhism as alien to South Asia, and show that the treatment of women was historically a high priority for those living on the Indian subcontinent. Many of those proposing changes argued from a position of injury and suggested that they were harmed or were at risk for being bullied because of Americans misunderstanding Hindu cultures.

Notably, the historical perspective that the Hindu American and Uberoi foundations supported led to a particular kind of history for India (not South Asia) that came at the expense of diversity.

Opponents to the changes included a broad-based coalition of scholars, parents, teachers and members of South Asia’s other diasporas (Sri Lankan, Afghan, Nepali, Dalit). They argued that historically established facts about caste and India’s status as a secular society that had been receptive to the emergence of Buddhism, Sikhism and Islam should receive priority.

After several public hearings and meetings, the California Instructional Quality Commission agreed to keep all references to the hierarchical nature of the caste system, but agreed to change South Asia to India in all but a few places.

These debates about what terms to use in a history textbook may seem unimportant. But they draw from questions that are central to any democracy, questions about civic participation and how minorities should be treated by majority communities. On the one hand, citizen activists taking an interest in the civic process that leads to textbooks being adopted in a school curriculum is the kind of positive civic activism that liberal democracies should support; on the other hand, these forms of activism can introduce majoritarian thinking into education, prodding students to exclude minorities and those who are different.

Common to these debates in India and the United States is a tension between majorities and minorities and the question of how to create a culture of diversity and inclusion when one group challenges another over what counts as historical knowledge about “their” communities.

If we can agree that social studies is intended to inform civic education, with the hope that young students will be engaged and involved citizens in the future, we should teach children a history that is complex and sensitive to what is positive about a given society or culture, as well as what is problematic (such as a caste system in which some members of communities were seen to be inauspicious or polluted).

In California, a process of public debate was intended to be inclusive and sensitive to a broadly conceived public, but it pitted several minority groups against one another. In the compromise forged by the commission, the textbooks ended up excluding any mention of “South Asians,” thus further marginalizing populations whose existence has been relegated to a time and space outside history. They should be working toward the goal of inclusion.

Schoolchildren should receive the kind of education that clarifies that the United States of America was built on a diversity that honors the unique histories of all minority groups.

Fuente: http://www.sfchronicle.com/opinion/openforum/article/A-textbook-debate-over-minorities-and-civic-9171711.php

Comparte este contenido:
Leer más »

Sudáfrica: Little Progress for Youth With Disabilities

Noticias

África/Sudáfrica/19 de Agosto de 2016/Fuente: HRW.org

RESUMEN: Sudáfrica ha avanzado poco en hacer frente a la discriminación y la exclusión que sufren los niños con discapacidades cuando se accede a las escuelas, Human Rights Watch y la Sección 27, dijo hoy. El Gobierno Nacional de Sudáfrica tiene que tomar medidas urgentes para demostrar su compromiso con la educación inclusiva.   Mientras que altos funcionarios del gobierno han hecho declaraciones alentadoras acerca de la inclusión de todos los niños en la educación, el gobierno no se ha traducido su compromiso en acción. LaSección 27, un centro de abogados líder sudafricano de interés público, llevó a cabo una nueva investigación que demuestra violaciónes generalizadas y graves de los derechos de los niños con discapacidades, incluyendo la actual discriminación y la falta de medidas concretas para abordar áreas de alta exclusión en el Distrito Umkhanyakude de KwaZulu -Natal. Basado en entrevistas con 100 cuidadores de niños con discapacidades y las visitas a las escuelas especiales y 14 de servicio completo,  describe la situación allí como un «apartheid racial y discapacidad dual en el sistema educativo de Sudáfrica.»

South Africa has made little progress in addressing the discrimination and exclusion faced by children with disabilities when accessing schools, Human Rights Watch and Section 27 said today. South Africa’s national government needs to take urgent action to demonstrate its commitment to inclusive education.

Section 27, a leading South African public interest law center, conducted new research demonstrating widespread and severe violations of the rights of children with disabilities, including the ongoing discrimination and the lack of concrete action to address areas of high exclusion in the Umkhanyakude District of KwaZulu-Natal. Based on interviews with 100 caregivers of children with disabilities and visits to 14 special and full-service schools, it described the situation there as a “dual racial and disability apartheid in South Africa’s education system.”

“While senior government officials have made encouraging statements about inclusion of all children in education, the government has not translated its commitment into action,” said Elin Martínez, children’s rights researcher at Human Rights Watch. “The government is failing thousands of children and young people with disabilities who are being denied their right to inclusive education.”

Nongovernmental organizations have repeatedly called for clarity on the numbers of children with disabilities who remain out of school, as well as for explicit budget lines for inclusive education in national and provincial budgets. Human Rights Watch has also said the government should stop segregating children with disabilities, and ensure that they are accommodated and guaranteed quality education in mainstream schools.

The government has not yet presented accurate data to show how many children with disabilities are out of school and continues to rely on estimates and outdated data.

In November 2015, the minister of basic education, Angelina Motshekga, announced that the Department of Basic Education would take major steps to strengthen the implementation of its inclusive education policy. In March 2016, President Jacob Zuma announced his commitment that “all government institutions must ring fence a budget for participation by and empowerment of young persons with disabilities, and must report annually on the impact of these programmes.”

Yet, the government’s 2016-2017 budget does not have a dedicated budget line for inclusive education, and does not stipulate financial support for full service schools, which would be adapted or built to accommodate children with disabilities and provide specialized services and attention in a mainstream environment. The Department of Basic Education stated that it has budgeted R6.3 billion (US$450 million) for special schools in 2016, and allocated funds for workbooks for visually impaired learners.

Research conducted from 2013 to 2015 by Section 27 in Umkhanyakude District, in northeast KwaZulu-Natal, found that schools are not provided with sufficient and consistent funding to accommodate students with disabilities. Both special and full service schools in the district report serious problems with infrastructure and access to basic services.

While some full service schools receive as much as R273,000 (US$20,000) for this purpose, one school reported receiving as little as R22,000 (US$1,600) from the province’s Department of Education as recently as 2014/15. Full service schools report that they have too few classrooms, with multi-grade classrooms shared by as many as 89 children.

Chronic underfunding also affects special schools around the country, particularly those in rural areas like the Umkhanyakude District. Although the district’s three special schools have been built recently and appear impressive at first sight, they lack furniture and facilities needed by children with disabilities.

Human Rights Watch and Section 27 acknowledged the government’s attempts to carry out its screening, identification, assessment, and support policy, to ensure that all children are screened for learning barriers. Where the policy has been carried out correctly and understood by local education officials, it is increasing support for children with disabilities who are adequately assessed. However, the policy is not being uniformly rolled out in many rural areas, in many cases due to a lack of resources and the absence of qualified education personnel.

Beyond assessments, the government should ensure that adequate support and reasonable accommodations are provided in mainstream schools, to ensure that more children with disabilities can get quality education in inclusive environments.

The United Nations Committee on the Rights of the Child will review South Africa’s record on September 19-20, 2016. Nongovernmental organizations have submitted evidence on the discrimination faced by children with disabilities in education. They urged the committee to recommend that South Africa should adopt adequate legislation to protect the right to education of children with disabilities, and allocate adequate resources to guarantee more children with disabilities access inclusive schools.

“We acknowledge the department’s intent to make a budget available to strengthen special schools for an inclusive education system,” said Silomo Khumalo, legal researcher at Section 27. “However, intent is not good enough. It must be supported with action. Funds from the Treasury must be allocated. We measure the department’s success by the standard set by the constitutionally entrenched right to basic education and children with disabilities’ right to equality. This right applies to all children, including children with disabilities, right now.”

New Evidence of Exclusion of Children with Disabilities
Section 27’s August 2016 report, “‘Too Many Left Behind’: Exclusion in the South African Inclusive Education System,” documents widespread violations of the rights of children with disabilities in the Umkhanyakude District of KwaZulu-Natal. Section 27 found violations against poor black children with disabilities so severe that it described the situation as a “dual racial and disability apartheid in South Africa’s education system” that amounts to systemic violations of children’s constitutional rights to basic education, equality, and dignity.

Based on interviews with 100 caregivers of children with disabilities, and visits to three special schools and 11 full service schools in the district, Section 27 found that a large number of children with disabilities in the district do not have – and may never have had – access to school. A study in Manguzi in 2001 estimated that 53 percent of children with disabilities “did not attend school,” and of those who did, 53 percent “reported having difficulties at school.”

At special schools, teachers struggle to teach the curriculum – both because they don’t have the requisite skills to teach children with varying barriers to learning, and because their classes are too big to give children individual attention and support.

Out of the 11 full service schools in the district, only two have any transportation provided by the province’s Department of Education. One of the schools, with an enrollment of 1,000 learners, has a bus that transports 120 children on a specific route. The second school shares a single bus with seven other schools in its area, and the principal must provide a list of only the children with the greatest need to receive the service. Many children on the list refuse to use the bus, saying they are bullied by high school students who also use the bus.

The nine remaining schools have no transportation or budget to help children with transportation. The schools say that the provincial Department of Education has been made well aware of their desperate need for transportation.

Ten of the 11 full service schools in the district are primary schools. Only one of the 14 schools in the district that serves children with disabilities – Somfula Secondary School – is a high school. This school has such limited space that it largely only accepts students from its primary school. Most children with intellectual, sensory, or severe physical disabilities cannot go beyond grade seven or attain a National Senior Certificate in their own district.

A government report released in November 2015 estimates that Kwazulu-Natal has as many as 182,153 children ages 5 to 18 with disabilities, but that as many as 137,889 – 76 percent – may not be receiving any schooling.

Selected Accounts
A parent of an 8-year-old boy with physical and intellectual disabilities in Manguzi, said:

The doctors [at Manguzi Hospital] referred my son to Sisizakele [special school], and I was told that he would be placed on a waiting list and I would receive a call. I have still not received a call. He was delayed in learning to walk and talk, though he will laugh sometimes. Now he can even bathe himself. But he can’t read or write and is very slow at school, and still struggles to speak properly. The local school indicated that they couldn’t cope with him after he had been there for a year.

He is eight years old. He has been out of school for more than two years. Both my son and I are hurt that he is not in school. It means that the teachers think my son is nothing compared to other people.

The head of department at a special school said:

Some learners leave the school, and then find somewhere to do grade seven, and then receive further education. Others cannot, because they are fully dependent and would require another special school to do so, even if they could cope with the content of higher grades. [There are] three children currently at the school who have the potential to go to grade seven after being educated at [our special school]; but because they are in wheelchairs, they cannot be taken to another school.

A principal at a full-service school said:

It is more important to have transport, because there are learners with disabilities at the school. There is a grade four learner who is epileptic, and he does not want to walk so far and so will fight with his parents. There is another learner in the school who has a physical disability who walks far to school, and sometimes when she arrives she will complain that she feels sick and so she can’t learn. This child has a limp, and must walk 10 kilometers to school. One side of her body does not work properly.

Fuente: https://www.hrw.org/news/2016/08/19/south-africa-little-progress-youth-disabilities

Comparte este contenido:
Leer más »

México: “Nos hemos acostumbrado a no ver” a los niños de la calle (ONG)

UNICEF

México/19 de agosto de 2016/insurgenciamagisterial.com

Invisibilizada, sin una política pública integral que atienda su problemática, y en una sociedad con marcados rasgos de discriminación, la población callejera es uno de los grupos sociales más excluidos y vulnerables del país. El crecimiento de los índices de pobreza y de satisfactores sociales hace que el problema persista, sobre todo en las megalópolis y ciudades medias.

Para especialistas y defensores de derechos humanos, el Estado mexicano sigue teniendo una enorme deuda con este grupo en el que coexisten niños, jóvenes, mujeres, familias, adultos y ancianos que sobreviven en la adversidad de la calle.

Aunque no existe información estadística oficial nacional o estatal sobre esta población, las organizaciones y colectivos que trabajan por los derechos de este grupo tienen indicadores elementales que apuntan a una agudización del problema, a causa de las crisis económicas y falta de oportunidades.

De la población callejera, más de 13 mil son menores

Existen pocos censos sobre el tema, y uno de los más serios data de hace más de una década, cuando el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Infancia (Unicef) y la oficina del Distrito Federal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia contabilizaron más de 13 mil niños y niñas menores de 18 años en situación de calle en el área metropolitana, de los cuales 85 por ciento eran varones y 15 por ciento mujeres.

Estas cifras contrastan con las del Instituto de Asistencia e Integración Social (Iasis) del Gobierno de la Ciudad de México, que contabilizó para el periodo 2011-2012 poco más de 4 mil personas sin vivienda, aunque su censo cuenta con información desagregada en grupos de edad, por punto de encuentro, actividad productiva que realizan, escolaridad y causas que los llevaron a estar en la calles.

Falta interés

Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), advirtió que para el diseño y éxito de una política pública integral, es fundamental contar con información y diagnósticos suficientes, que lamentablemente, por falta de interés, no se han construido desde la esfera gubernamental.

Incluso, el especialista señaló que los datos oficiales sobre la población callejera en la capital del país son parciales, pues corresponden sólo a quienes acceden a los servicios del Iasis. Aun así, dijo, refleja la grave situación de quienes recurren a sus servicios de albergue, alimentación y asistencia.

Diversas organizaciones y colectivos como Redim, El Caracol, la Alianza de Poblaciones Callejeras y el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, coinciden en que la relación que tienen la sociedad y las autoridades con la población callejera es preponderantemente de indiferencia, discriminación, rechazo y criminalización.

Un ejemplo de ello son las periódicas acciones de limpieza social contra ellas. Como defensores de derechos humanos, tan sólo en el último año dan cuenta de operativos policiacos arbitrarios de este tipo en la Ciudad de México, pero también de Guadalajara, Monterrey, León, San Luis Potosí, Puebla, Acapulco, Ciudad Juárez, Xalapa y Tuxtla Gutiérrez.

Esta discriminación y criminalización por parte de las autoridades se traduce en la negación de servicios, violencia policial y detenciones arbitrarias, señaló Luis Enrique Hernández, director de El Caracol Poblaciones Callejeras, con un trabajo de más de 20 años con este grupo.

La Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México 2013 señaló que 86.1 por ciento de quienes respondieron el sondeo consideraron que existe discriminación hacia los integrantes de la población callejera, ubicándolos en el octavo lugar de la lista de 40 grupos. Las personas pobres (una de las características de este sector) quedaron en segundo sitio con 91.9 por ciento.

Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes, señaló que esta invisibilidad es el mecanismo del cual se nutre la discriminación, a pesar de que las poblaciones callejeras las podemos ver todos los días, nos hemos acostumbrado socialmente a no ver.

Tomado de: http://insurgenciamagisterial.com/nos-hemos-acostumbrado-a-no-ver-a-los-ninos-de-la-calle-ong/

Comparte este contenido:
Leer más »

España: La Junta ‘castiga’ a los sindicatos que no tienen liberados totales

Noticias

Europa/España/16 de agosto de 2016/ Fuente: elmundo

Restringe las reducciones horarias a las organizaciones que apuestan por la liberación parcial

Esta discriminación motivó ya en 2011 una sentencia que condenó a la Junta.

La Junta de Andalucía prefiere los modelos clásicos de representación sindical, con liberados que se dedican exclusivamente a las tareas vinculadas al sindicato. Pero, al menos en el ámbito educativo, hay ya dos organizaciones que rechazan por principio ese modelo y apuestan por que sus representantes sindicales sigan en contacto con las aulas, para evitar que la labor de representación se convierta en un privilegio y se pierda conexión con el mundo real. Ésa es al menos la apuesta de APIA y PIENSA que, sin embargo, se han visto ‘castigadas’ por la administración precisamente por negarse a liberar de manera total a sus representantes.

«La Consejería de Educación ha decidido incrementar las horas de reducción a aquellos sindicatos que se acogen a un modelo de liberación total. El incremento es de un 33 por 100 más o menos. En cambio, a los sindicatos que optan por la liberación parcial (APIA y PIENSA) no les ofrece absolutamente ningún incremento», explica esta última organización a EL MUNDO.

Ese trato discriminatorio motivó ya en 2011 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en favor del sindicato APIA. La Consejería recurrió y el Tribunal Supremo ratificó la sentencia. En ambos casos con expresa condena en costas a la administración, recuerda PIENSA.

El procedimiento se había iniciado en 2006. «Es decir, tuvieron que pasar 7 años para que se hiciera justicia creando un perjuicio irreparable», añaden.

PIENSA, por su parte, exige ahora lo mismo que planteó APIA en 2006 y que es res iudicata, ‘cosa juzgada’. La solicitud fue presentada el pasado mes de febrero. Pero la dirección general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación ya les ha hecho llegar su negativa a admitir su reclamación, negando por un lado que exista tal discriminación (cosa que los tribunales ya sentenciaron) y, argumentando que la liberación total resulta «más cómoda» para la administración en lo que afecta a la organización de las plantillas de los centros.

Por contra, el sindicato responde a la administración que actualmente existen muchas fórmulas para todo el profesorado que implican reducción de jornada (que son equivalentes a la liberación parcial): «En consecuencia, es absurdo negar a un sindicato un trato análogo sobre esta base».

Por otro lado, PIENSA sostiene que «el modelo de reducción que aparece en Ley Orgánica de Libertad Sindical como natural es el de la reducción parcial. La posibilidad de acumular los créditos en una liberación total tiene un carácter contingente y subsidiario. Si hay algo que no necesita ser incentivado es la liberación total, precisamente por la ‘comodidad’ que supone para los liberados sindicales y sus sindicatos».

El sindicato PIENSA ha interpuesto ante la Consejería de Educación una demanda por vulneración de derechos fundamentales. De momento, los servicios jurídicos de la administración consideran que la Consejería no es competente y que ese tipo de demandas deben plantearse ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El sindicato teme que se trate de una maniobra dilatoria que conseguirá de nuevo retrasar varios años el reconocimiento de una situación de discriminación, que perjudica a los representantes de los trabajadores y sobre la que la Justicia ya había resuelto.

Fuente: http://www.elmundo.es/andalucia/2016/08/16/57b1e572268e3e271d8b45ec.html

Imagen: http://e01-elmundo.uecdn.es/assets/multimedia/imagenes/2016/08/15/14712763758652.jpg

Comparte este contenido:
Leer más »

Singapur: SAP schools shouldn’t be tweaked for sake of tokenism: Janil

Noticias

Asia/Singapur/12 de Agosto de 2016/autora: Charissa Yong/Fuente: The Strait Times

RESUMEN: Escuelas del Plan de Asistencia (SAP) Especiales de Singapur, que enseñan a los estudiantes sean bilingües en Inglés y Chino, quedaron bajo el punto de mira en una conferencia sobre la diversidad. Los miembros de la audiencia habían sugerido que las escuelas ofrezcan clases de idioma malayo o tamil para que sus poblaciones estudiantiles puedan ser más racialmente diversos. La sugerencia se produjo durante una discusión sobre los estudiantes chinos en las escuelas de SAP que tienen  amigos de otras razas. Pero el ministro de Estado de Educación Janil Puthucheary no está a favor de él, diciendo: «No queremos hacer uso de la participación simbólica racial con el fin de provocar una posición cultural. «Queremos tener un resultado real», agregó. En resumen, un objetivo educativo que ofrece la mejor oportunidad de educación a todos los estudiantes. El Dr. Janil dijo que las escuelas de SAP juegan un importante papel cultural en Singapur. Que se iniciaron en el año 1979 debido a las preocupaciones sobre la lengua china y las oportunidades disponibles para la mayoría de China para proteger su patrimonio cultural.

Singapore’s Special Assistance Plan (SAP) schools, which teach students to be bilingual in English and Chinese, came under the spotlight at a conference on diversity yesterday.

Members of the audience had suggested that the schools offer Malay or Tamil language classes so that their student populations could be more racially diverse.

The suggestion came during a discussion on Chinese students in SAP schools having few or no friends of other races.

But Minister of State for Education Janil Puthucheary is not in favour of it, saying: «We do not want to make use of racial tokenism in order to provoke a cultural position.

«We want to have a real outcome,» he added. In short, an educational goal that gives the best education opportunity to every student.

Raising a hypothetical situation in which a SAP school offered Malay, he said that in such a situation, a handful of Malay students would apply to that school.

«And then what? … Do those kids get a better education because they are learning Malay in a SAP school?

«Or are we saying that this is a good thing because all the rest of the kids now have some exposure to a Malay student or more Malay students in schools?»

Dr Janil also felt a handful of Malay or Indian students in a SAP school would realistically offer little chance or time for most Chinese students to meaningfully interact with them.

«If we can make an argument that there is a clear educational benefit, a greater benefit, then I think it’s worthwhile,» he added.

Dr Janil said SAP schools play an important cultural role in Singapore. They were started in 1979 because of concerns over the Chinese language and the available opportunities for the Chinese majority to protect their cultural heritage.

He also said similar programmes exist for Malay and Tamil, but do not have comparable take-up rates.

He wondered whether the SAP school system had been singled out because of its success, adding that they make up a small proportion of the school system.

Returning to his main point, he argued that having a small group of non-Chinese students is not going to change the racial harmony dynamics. Neither would it change the intra-school mix a great deal.

The reality is that SAP schools will continue to consist mostly of ethnic Chinese students and minority students who choose to take Mandarin, he added.

Fuente: http://www.straitstimes.com/singapore/education/sap-schools-shouldnt-be-tweaked-for-sake-of-tokenism-janil

Comparte este contenido:
Leer más »

La educación sexual en Colombia se convirtió en un tema político

Noticias

América del Sur/Colombia/12 de Agosto de 2016/Autora: Sally Palomino/Fuente: El País

Sergio Urrego tenía 16 años y no soportó más. Antes de suicidarse escribió varias cartas en las que hablaba de la discriminación que estaba sufriendo en la escuela por su orientación sexual. Fue una víctima más de la homofobia. El manual de convivencia de su colegio (algo así como una cartilla que guía el comportamiento de las instituciones educativas en Colombia) decía, por ejemplo, que manifestaciones de afecto como los besos eran “actos obscenos”. Ser gay era casi un pecado, o peor: un delito. Un discurso similar al que se escuchó este miércoles en Colombia en varias marchas que convocaron los sectores de derecha y la iglesia para rechazar, según ellos, “el adoctrinamiento hegemónico en identidad de género”, que se estaría haciendo desde el Ministerio de Educación, en cabeza de la ministra Gina Parody, quien abiertamente ha declarado su orientación sexual y es pareja de la exministra de Transporte Cecilia Álvarez, un aspecto que el sector más radical ha aprovechado para desviar el debate y hostigar a Parody.

Alba Reyes, madre de Sergio Urrego, explica que la revisión de los manuales de convivencia por parte del Ministerio de Educación no son un capricho. Después de que su hijo se suicidó la Corte Constitucional ordenó que se modificaran dichos manuales, justamente para evitar que un caso como el de Urrego, de persecución y discriminación, se volviera a repetir.

El debate que ahora se vive en el país empezó con una noticia falsa. Unas cartillas en las que aparecen dibujados dos hombres desnudos y que supuestamente habrían sido repartidas en el Caribe fue el inicio de una polémica que ha ocupado la agenda nacional de Colombia durante tres días, en los que se terminó hablando de la necesidad de reformar, como lo ha dicho la Corte, los manuales de convivencia para hacerlos más incluyentes y menos religiosos, como debe ser en un país laico.

Este jueves, y ante la presión de los sectores más reaccionarios de Colombia, el presidente, Juan Manuel Santos, se pronunció sobre el tema. Se refirió a un texto, de 97 páginas, que apareció en la web del Fondo de Población (UNFPA) y que según han explicado sería parte de una nueva cartilla –“de carácter técnico”- para prevenir la discriminación por encargo de la cartera de Parody. De hecho, Santos, ante las protestas de los ultraconservadores, ha decidido recular. El texto no será aprobado. “El documento del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas sobre ambientes escolares fue publicado en las páginas web de las Naciones Unidas para su discusión, sin la autorización del Ministerio, como lo ha reconocido en comunicado público dicha organización. Ese documento no será autorizado”, dijo Santos, quien llamó al respeto y a combatir “la violencia, la discriminación de cualquier tipo y el matoneo de nuestros niños y niñas”.

Para la madre de Urrego, que dos años después de la muerte de su hijo no ha visto justicia en el caso, el debate en el que se han enfrascado el país durante estos días es una muestra de que “a Colombia le falta educación sexual, pero sobre todo trabajar por la equidad”. “No se entiende cómo se sale a machar en contra de la igualdad, pero no porque no hay educación gratuita de calidad o porque los ambientes escolares en Colombia no son seguros. Es todo una contradicción”, agrega.

Alba dice que se revolvió en dolor de una madre reclamando los derechos de su hijo y de otros en las mismas condiciones con un tema de partidos y creencias. “La educación sexual en Colombia se convirtió en un tema político”. Asegura además que el ruido que se ha levantado por las supuestas cartillas con dibujos de parejas homosexuales ha desviado la orden de la Corte Constitucional que obliga a los colegios a reformar los manuales de convivencia evitando términos de discriminación y rechazo hacia la población gay.

Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/11/colombia/1470932637_031334.html

Comparte este contenido:
Leer más »
Page 49 of 54
1 … 47 48 49 50 51 … 54