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Lucía Blanco Gracia nos comenta: ¿Cuáles son las leyes trans (o la ausencia de ellas) en África?

En la inmensa mayoría de países de África, las personas trans son invisibles: oficialmente no existen porque la ley ni las nombra ni las reconoce. Cuando se trata de violencia, sin embargo, son blanco de acoso y detenciones arbitrarias sin tener a quién acudir.

«A pesar de que los códigos penales que criminalizan las relaciones homosexuales no mencionan específicamente a las personas trans, el Estado y la sociedad asumen que entran en esa categoría, así que no hay distinción», explica Wendy Isaack, investigadora para África de derechos LGTBI (Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales) de Human Rights Watch (HRW).

Aunque no se pueden analizar los 55 Estados miembros de la Unión Africana (UA) con una única mirada, sí que se aprecian tendencias comunes. En países como Burundi, Camerún o Ghana, por ejemplo, son criminalizadas de facto diariamente a través de un amplio abanico de leyes relacionadas con la homosexualidad -«sodomía»- el trabajo sexual, el orden público o la falsificación de identidad.

En muy pocos países, como Malaui y Gambia, existen leyes que las condenen explícitamente, según la última edición del informe Trans Mapping Legal Report (2019), una radiografía global de las leyes trans de la organización ILGA.

Para medir los derechos transgénero en todo el mundo, hay dos variables fundamentales: la posibilidad de cambiarse el nombre y la opción de modificar el marcador de género en los documentos de identidad, menos común y más compleja.

UN LIMBO LEGAL

«No estamos realmente criminalizadas por ser personas trans, no hay leyes que no nos permitan existir», apunta desde su despacho en Nairobi Ava Mrima, activista trans y portavoz de la organización keniana Jinsiangu.

En Kenia, ninguna ley reconoce o prohíbe su existencia, lo que las deja en un limbo legal sin derechos que les impide denunciar el acoso que sufren en su vida diaria, cuando su apariencia no encaja con la feminidad o la masculinidad normativas.

Como en Angola o Malaui, en Kenia la ley permite a cualquier ciudadano cambiar su nombre en sus documentos oficiales, pero debido a la falta de formación y los prejuicios de los funcionarios este proceso «se puede alargar más de un año para las personas trans, mientras dura entre tres y seis meses para el resto de kenianos», indica Mrima.

«Cada aspecto de la vida de una persona está gobernado por algún tipo de documento», advierte la experta de HRW, así que el hecho de que su documentación no coincida con la identidad con la que viven «impacta en su acceso al trabajo, a abrir una cuenta bancaria, a obtener un carné de conducir…».

También genera inseguridad y desprotección porque no existe un marco legal que les permita denunciar su discriminación.

«Si vas a la policía, empiezan a cuestionarte y ya no se trata de lo que te ha pasado sino de que eres trans. Si es una comisaría hostil, pueden incluso arrestarte», lamenta la portavoz de Jinsiangu.

DERECHOS HUMANOS (Y NO SOLO TRANS) COMO ESTRATEGIA LEGAL

En 2014, Rikki Nathanson, una mujer y activista trans de Zimbabue, fue detenida en Bulawayo, segunda ciudad del país y el lugar donde había transitado «con el apoyo» de su familia y vecinos, según relata desde Maryland, en la costa este de Estados Unidos, donde buscó después asilo político.

Nathanson fue arrestada por entrar en un baño femenino, obligada a desnudarse frente a varios agentes de policía para «comprobar» su sexo y retenida durante días en condiciones degradantes, acusada de alteración del orden público, una causa que fue sobreseída.

La activista -autora de la sección africana del citado informe de ILGA- demandó a la policía y en 2019 logró un fallo histórico cuando la Justicia dictaminó que las personas transgénero tienen los mismos derechos humanos y constitucionales que el resto de ciudadanos.

Este es un buen ejemplo de la estrategia legal que está siguiendo esta comunidad en África: apelar a derechos humanos garantizados en la Constitución en vez de centrarse en la identidad trans.

«El mejor enfoque no es buscar directamente la descriminalización, que te deja sin opciones si el tribunal no te da la razón, sino ir paso a paso, priorizando derechos como la privacidad o la dignidad y construyendo jurisprudencia», asegura Amanda Shivamba, abogada del Southern Africa Litigation Centre (SALC).

El SALC se encargó de dos casos históricos en Botsuana, donde el Tribunal Supremo consideró en 2017 que la negativa del Registro Nacional a cambiar el género en la documentación de dos personas trans violaba sus derechos a la privacidad, a la protección contra la discriminación, la libertad de expresión y la igualdad de trato frente a la ley.

ESCASEZ DE MÉDICOS Y COSTES ELEVADOS

Namibia y Sudáfrica son la punta de lanza de los derechos trans en África, pero lo que predican sus leyes encuentra obstáculos en la práctica: la falta de médicos formados y el alto coste de los tratamientos.

«Tienes que preguntarte: ¿qué posibilidades reales tienen las personas trans? ¿Puedes operarte en un hospital público o tienes que ir a uno privado? ¿Hay cirujanos capacitados?», apostilla Isaack.

Una provisión en la ley namibia permite cambiar el marcador de género siempre que la persona se someta a una cirugía de reasignación de sexo -algo que, por otro lado, no todas las personas trans desean- pero, como no existen médicos formados ni el tratamiento hormonal está disponible en el sistema público de salud, se ven obligadas a viajar al extranjero.

Desde Kenia -donde la ley no permite todavía cambiar el marcador de género-, Ava Mrima cifra el coste mínimo de las intervenciones quirúrgicas básicas en unos 2.300 euros para las mujeres trans y unos 5.000 euros para los hombres. Además, su organización conoce solo a dos o tres cirujanos con formación necesaria en todo el país.

Las personas trans no pueden ejercer plenamente sus derechos ni siquiera en Sudáfrica, donde una ley pionera garantiza desde 2003 el cambio de nombre y de marcador de género y su derecho a someterse a cirugía.

La realidad, no obstante, es otra: solo dos hospitales en todo el país, uno en Ciudad del Cabo y otro en Pretoria, cuentan a día de hoy con profesionales capacitados, lo que provoca una enorme lista de espera.

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/%C3%A1frica-transg%C3%A9nero–an%C3%A1lisis-_-cu%C3%A1les-son-las-leyes-trans–o-la-ausencia-de-ellas–en-%C3%A1frica-/46595100

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Activistas feminista en Rusia enfrenta pena de cárcel por dibujos “cuerpo positivo”

Proyecto de arte positivo para el cuerpo conllevaría una condena de seis años de prisión

Yulia Tsvetkowa es artista feminista, directora del teatro y activista LGBT que enfrenta una pena de seis años de cárcel por distribución de imágenes pornográficas por difundir en redes sociales sus dibujos, que sus seguidores han llamado “cuerpo positivo”.

El 12 de abril, una corte en Kosmomolsk-on-Amur, en la región oriental rusa de Jabárovsk, empezó el último juicio del caso de Tsvetkova. El juicio se lleva a cabo a puertas cerradas, presuntamente porque se muestran imágenes pornográficas.

A Tsvetkova, de 27 años, es artista y directora de teatro a quien se acusa de “crear y distribuir material pornográfico” [artículo 242 (3b) del Código Penal de Rusia] por publicar varios dibujos de mujeres desnudas y vaginas en su página de VKontakte. Los dibujos son parte de su proyecto artístico “cuerpo positivo“. “Una mujer no es una muñeca”. Las acusaciones según el artículo 242 podrían tener como resultado un sentencia de prisión de hasta seis años.

Anna Khodyreva, la madre de Tsvetkova, dijo a AFP que no les permitirían asistir a la audiencia reservada y calificó el caso de “absurdo”. Dijo que todo se “estaba haciendo para asegurarse de que tengamos tan poca información como sea posible”.

Natalia Zvyagina, directora de Rusia para Amnistía Internacional, criticó la decisión de tener una audiencia reservada, y dijo que las autoridades rusas deberían “garantizar una audiencia pública” en el caso de Tsvetkova. Junto con el centro de derechos humanos Memorial, Amnistía Internacional ha calificado a Tsvetkova como prisionera de consciencia y ha pedido a Rusia que retire las acusaciones y que “deje de atacar a feministas, LGBTI y otros activistas”.

Historia de persecución

Yulia Tsvetkova ha gestionado varios proyectos educativos en Jabárovsk, así como un grupo juvenil, grupos en línea sobre feminismo y educación sexual para jóvenes, además de un grupo Monólogos de la Vagina que celebraba el poder y la naturaleza única del cuerpo femenino.

Yulia Tsvetkova fuera del tribunal. Foto (c): Yulia Tsvetkova.

Inicialmente fue detenido en noviembre de 2019, y quedó bajo arresto domiciliario hasta el 16 de marzo de 2020. En diciembre, la declararon culpable de violar la ley rusa que prohíbe “propaganda de relaciones sexuales no tradicional entre menores”. La multaron con 50 000 rublos (780 dólares), y en julio de 2020 le fijaron otra multa de 75 000 rublos (1050 dólares) por publicar un dibujo de parejas del mismo sexo con niños con la leyenda “La familia está donde está el amor. Apoya a las familias LGBT+ “.

En 2020, le dijo a AFP que cree que las autoridades usaban la acusación de pornografía como una oportunidad para reprimir su activismo LGBT, porque es fácil acusar a los ciudadanos y conlleva una larga sentencia.

En una entrevista de 2020 para la sección de Rusia y el espacio posoviético de oDR, openDemocracy, Tsvetkova habló del impacto de su arresto domiciliario y sobre las amenaza que enfrentó de activistas anti-LGBT. El actual caso penal contra ella empezó después de una queja presentada por Timur Bulatov, conocido activista anti-LGBT. También reflexionó sobre su condición de prisionera política:

Creo que hoy hay muchas prisioneras políticas: madres, esposas, mujeres que soportan un peso increíble a causa de los juicios políticos”, dice la artista rusa Yulia Tsvetkova, designada prisionera política por la asociación de derechos humanos Memorial. “Los prisioneros políticos son héroes, pero las mujeres son el personal invisible de servicio.

La próxima audiencia en el caso de Yulia Tsvetkova sería el 6 de mayo.

Fuente: https://es.globalvoices.org/2021/05/05/activistas-feminista-en-rusia-enfrenta-pena-de-carcel-por-dibujos-cuerpo-positivo/

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Habemus Ley General de Educación Superior; pero…. ¿consensos ?

Por: Sylvie Didou Aupetit

Cinvestav

El Diario Oficial de la Federación (D.O.F) publicó, el 29 de diciembre de 1978, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Este mismo órgano dio a conocer, el 20 de abril de 2021, una Ley General de Educación Superior (LGES), que abrogaba la anterior. Nada más habían transcurrido 43 años, entre uno y otro evento. Durante ese periodo, el sistema nacional de educación superior se había transformado profundamente en cuanto a su conformación segmentada, al tamaño de la matrícula, a los rasgos de la profesión académica, a los soportes de la enseñanza virtual o presencial y al suministro, territorial y por nivel, de los servicios de enseñanza.

Ante la multiplicación de los lugares de aprendizaje y la reconfiguración de los tiempos educativos, contar un nuevo instrumento regulatorio era de hecho indispensable para responder las reestructuraciones contextuales y las inducidas por las políticas públicas de educación superior, durante las pasadas 4 décadas. Era, además un paso esperado, conforme con el activismo legislativo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (auto-denominado Cuarta Transformación – 4T), que se había traducido previamente en la aprobación de una Ley General de Educación, el 30 de septiembre 2019.

Una lectura de la LGES, recientemente promulgada, revela su estrecha conexión con los posicionamientos de la 4T, en términos éticos y de equilibrios entre poderes. No sorprende el énfasis del texto en la inclusión, la no-discriminación y la interculturalidad. Esos valores están en sintonía con los desarrollos recientes de la educación superior, a escala continental, y con la moral pública que esgrime el gobierno. Pero la articulación de la LGES con un proyecto partidista no se agota en una dimensión « moral ». Justifica, sobre todo, un reforzamiento de las atribuciones del gobierno federal, en la supervisión del subsistema de educación particular y en la rectoría del público.

El subsistema particular agrupaba el 36.2% de la matricula inscrita en educación superior, en 2019-2020, antes de la pandemia de Covid-19 y el largo cierre de las instalaciones de educación superior. Representaba, en consecuencia, un actor colectivo importante en el sistema educativo nacional, aunque sus componentes fueran heterogéneos. La LGES propone regular su funcionamiento en forma estricta, mediante la aplicación obligatoria de un procedimiento anterior, el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), atribuido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y por otras instancias. Si bien ese afán expresa una preocupación por garantizar la calidad de los programas y de los servicios y estandarizarlos con base en criterios mínimos de desempeño, plantea cuestiones sobre las capacidades instaladas en los organismos habilitados a expedir el RVOE para llevar a cabo expeditamente esos procedimientos y a lo que ocurrirá a los establecimientos, si sus programas no lo consiguen.

En ese mismo tenor, habrá que monitorear cómo las instituciones particulares acogerán una propuesta nueva, la de reconocimiento a la gestión institucional y excelencia educativa para las instituciones particulares, contenida en el artículo 73. Supuestamente, ese dispositivo aligera los requisitos burocráticos hacia el sector para los establecimientos acreditados pero ¿será suficiente esa oferta conciliadora para que las instituciones particulares acepten, sin reparos, nuevas exigencias, por ejemplo las de obtener un aval externo para impartir las carreras de formación para el magisterio o de otorgar becas a sus estudiantes? Aunque varias ya manejaban sus propios programas de apoyos académicos (por desempeño sobresaliente) o económicos (asistenciales), en una coyuntura de tensiones con el gobierno y de supresión del financiamiento indirecto a ciertas funciones, habrá que verificar si esas disposiciones no envenenarán una relación de por sí degradada.

Es sin embargo en el sistema público donde se encienden los focos rojos. Como era previsible, la LGES formula la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior (artículo 1) en condiciones de acceso gratuito (artículo 4). Las consecuencias de esas decisiones habían sido previamente discutidas en filtraciones sucesivas de las versiones anteriores del documento. Muchos especialistas habían señalado reiteradamente que acarrearían problemas no sólo financieros, sino pedagógicos, cualitativos y de capacidades institucionales de atención a la diversidad y a los nuevos estudiantes. En cierta forma, afectarían la autonomía de las instituciones para aplicar criterios de ingreso, selectivos o abiertos y definir sus cupos. Contribuirían a disminuir los recursos propios de los establecimientos, esencialmente procedentes de cuotas, derechos de inscripción y venta de servicios.

Ante el revuelo provocado, la LGES indicó que esas medidas tendrán una implementación gradual, a partir del ciclo escolar 2022-2023. Señaló, como apoyo a las instituciones, la apertura de un Fondo Especial Federal, cuyo monto dependería de los recursos disponibles. Dada la magnitud de los retos generados y la espada de Damocles que significa la « ·austeridad republicana » para la educación superior, uno puede interrogarse sobre la suficiencia de una medida de esas características y la certidumbre financiera que brinda a establecimientos ya sumidos en una severa crisis presupuestal.

La LGES, indudablemente, está orientada a regular el sistema de educación superior, en su estado actual. Está destinada, asimismo, a apuntalar, en lo educativo, un proyecto político que reivindica el rol interventor del gobierno, en tanto arbitro y financiador de la res publica y, en particular, de los servicios de bienestar. No se sostiene por ende en un ejercicio de construcción de consensos, destinado a reconstruir pactos sociales extensos, sino que remite a una manifestación de poder.

En ese contexto, es probable que la implementación de la LGES no será tersa sino que avivará las discrepancias preexistentes entre sectores partidarios y opositores al gobierno, en la esfera educativa. Más allá de eso, la Ley pregona ambiciones de transformar la educación superior, alineadas sobre los objetivos de refundación ideológica y social del país, perseguidos por la administración federal. Pero, ¿obtendrá el sistema educativo los recursos y los medios indispensables para concretar esos propósitos?

Fuente e imagen: educacionfutura

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‘No tienen a nadie’. Un icono transgénero de 88 años combate la soledad de los mayores. México

Samantha Flores, creadora de un centro comunitario en Ciudad de México para personas LGBTQ de la tercera edad que cerró durante la pandemia, espera reabrirlo.

 La pintura rosa de su escalera está descascarada, la barandilla de metal negro desconchada, pero Samantha Flores está tan perspicaz como siempre entre una profusión de plantas trepadoras y una explosión de flores rojas.

A sus 88 años, el icono transgénero mexicano sigue siendo elegante, divertida y a veces coqueta, sentada en una pequeña mesa redonda en el rellano fuera de su diminuto apartamento en Ciudad de México, donde ha recibido a quienes tocan su puerta, a una distancia segura, durante toda la pandemia.

Después de casi nueve décadas como socialité, gerente de un bar gay, defensora de los derechos LGTBQ y muchas otras cosas en el medio, Flores tiene una gran comunidad de viejos amigos y vecinos que llaman a la puerta.

“Sin mis amigos yo no sería quien soy”, dijo.

Pero, como bien sabe Flores, muchas personas mayores no tienen tanta suerte. Así que hay una parte de su comunidad que desea muchísimo recuperar: el centro de acogida que fundó y dirige para ayudar a los adultos mayores LGTBQ a combatir su aislamiento. Fue la primera organización de este tipo en México.

En marzo del año pasado, el centro cerró cuando el coronavirus comenzó a recorrer el país. El gobierno mexicano ha prometido vacunar a todos los ancianos para finales de este mes, pero en algunos barrios de Ciudad de México, la vacunación acaba de empezar.

Así que Flores sigue esperando.

“Mi deseo más grande del mundo es volver a abrir la casa”, dijo.

Fundado hace tres años, Vida Alegre, como se llama el centro, ofrecía meditación, terapia de duelo, comidas, un club de cine y formación tecnológica. Pero sobre todo, dijo Flores, daba a los ancianos solitarios un sentido de comunidad.

“El adulto mayor, en general, sufre de dos cosas. De soledad y de abandono”, dijo. “Es un estorbo para la familia”.

Para las personas mayores lesbianas, gays, bisexuales y trans que crecieron en otra época y que tal vez fueron rechazadas por sus familiares, el aislamiento puede ser aún peor.

“No tiene a nadie, absolutamente a nadie”, dijo Flores.

 

ImageFlores afuera del centro comunitario para personas LGTBQ de la tercera edad que fundó hace tres años, el primero de su tipo en México.
Credit…Marian Carrasquero para The New York Times

En el último año, Flores se ha convertido en una especie de celebridad. En junio del año pasado, la revista Vogue México publicó un perfil sobre ella y más tarde apareció en una campaña de la firma de moda Gucci.

Pero para Flores, el glamour y la atención son solo nuevas plataformas para hablar de lo que más le importa: Vida Alegre, y la discriminación a la que todavía se enfrentan las mujeres trans mexicanas y que a menudo causa que su único medio de vida sea el trabajo sexual.

“La sociedad en general, tiene la culpa de que las chicas trans trabajen en la calle”, dijo. “No les dan otra oportunidad”.

Cuando se une a las actitudes machistas y a la violencia generalizada de las pandillas, la discriminación también puede ser mortal para las mujeres trans en México, que suele figurar entre los países más peligrosos del mundo para las personas trans. Pocos tienen la suerte de vivir tanto tiempo como Flores.

 

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Flores se mudó a la Ciudad de México, donde comenzó a sumergirse en la naciente escena gay de la capital de las décadas de los años 50 y 60.
Credit…Marian Carrasquero para The New York Times

Pero la suerte, al parecer, ha estado a menudo del lado de Flores.

Nacida en la ciudad de Orizaba, en el estado de Veracruz, en 1932, Flores creció en una casa con un terreno lleno de naranjos, guayabos, limoneros y aguacateros, y describe su infancia como idílica. Su familia aceptaba tácitamente ya entonces lo que ella llama su naturaleza afeminada, dijo.

“No podía pasar desapercibida”, recuerda Flores.

Pero a sus espaldas, siempre había murmullos de vecinos y compañeros de escuela, dijo Flores, y después de graduarse de la secundaria, no podía esperar a salir de Orizaba.

“Lo que quería era salir del pinche pueblo y de la pinche gente”, dijo. “Me di cuenta de que era yo criticada y ahora ya señalada por maricón”.

Flores se trasladó a Ciudad de México, donde comenzó a sumergirse en la incipiente escena gay de la capital en los años 50 y 60.

“Para mí fue la libertad”, dijo.

Una noche de 1964, Flores fue invitada a una fiesta de disfraces y, junto con algunos amigos, decidió ir en drag. Eligió el nombre de Samantha para su personaje por el de Grace Kelly en la película Alta Sociedad, que tenía música de Cole Porter, su cantante favorito.

“A mí me gustó Samanta por lo doble”, dijo Flores. “Bing Crosby le decía Sam, y es como de Samuel”.

La anfitriona de la fiesta era una amiga de Flores, Xóchitl, entonces una de las mujeres trans más famosas de México, quien, según Flores, tenía conexiones con los ricos y poderosos que le permitían la libertad de celebrar fiestas extravagantes para la comunidad LGTBQ.

“Ella fue la que abrió las puertas a la mujer trans”, recuerda Flores. Poco a Poco, Flores apareció en público como Samantha hasta que, eventualmente, fue Samantha.

“Me identifiqué totalmente y encontré mi verdadera personalidad”, dijo.

Pronto, Samantha Flores se convirtió en una presencia fija de la vida nocturna de Ciudad de México.

 

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A sus 88 años, el icono transgénero mexicano sigue siendo elegante, divertida y a veces coqueta.
Credit…Marian Carrasquero para The New York Times

Por aquel entonces, cuenta Rodríguez, formar parte de la comunidad LGTBQ en México era aún más peligroso; la policía detenía regularmente a las mujeres trans en la calle o hacía redadas en bares gay y confiscaba sus pertenencias.

“Existía mucha persecución”, dijo. “A veces, si eran policías malos, te llevaban a lugares y te violaban sexualmente o te golpeaban”

Pero Flores dijo que se las arregló para evitar los problemas. Ya sea porque podía pasar fácilmente por mujer o por su amistad con la bien relacionada Xóchitl, nunca la molestó la policía.

Aun así, Flores dijo que se sentía incómoda como mujer trans en México, y decidió mudarse a Los Ángeles. Durante varios años, en la década de los 70 y principios de los 80, vivió entre México y Los Ángeles, donde trabajó administrando un bar gay, entre otras cosas.

Cuando regresó a México a tiempo completo a mediados de los 80, la crisis del sida estaba en pleno apogeo.

“Mis mejores amigos, mis amigos más amados, murieron de VIH”, recuerda Flores. “Perdí la cuenta. Si te digo 300, no te exagero”.

Ver la crisis a la que se enfrentaba su comunidad la inspiró a convertirse en activista.

“Me volví luchadora”, dijo.

Al principio, Flores fue voluntaria en una organización benéfica contra el sida, y más tarde empezó a reunir dinero para niños con VIH y mujeres víctimas de la violencia en el norte de México, recaudando fondos en representaciones teatrales, como Los monólogos de la vagina, que se representó en México durante años.

Luego, hace unos años, un amigo suyo le sugirió que creara un refugio para adultos mayores LGTBQ.

“Ahí se me prendió”, dijo Flores.

Le tomó años recorrer la burocracia mexicana y hallar el lugar adecuado, pero finalmente consiguió alquilar un edificio de una sola habitación en una calle muy transitada del barrio de Álamos. Ahora Vida Alegre se encuentra allí, con el edificio pintado de azul brillante y una bandera arcoíris en la fachada.

La comunidad ha crecido hasta contar con unas 40 personas, de las que aproximadamente la mitad son heterosexuales y van allí solo por la compañía.

“Es la empatía y la convivencia”, lo que atrae a la gente, dijo Flores. “El abandono y la soledad se han escapado”.

Además de reabrir Vida Alegre, Flores tiene otro deseo.

“Estoy esperando al príncipe azul en caballo blanco con armadura de plata y que me venga a dar serenata”, dijo Flores. “Tengo 35 años viviendo aquí, con las ventanas abiertas, esperándolo. No ha llegado aún”.

Fuente: https://www.nytimes.com/es/2021/04/02/espanol/Samantha-Flores-icono-trans.html

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Destruyamos el capitalismo racista que discrimina y mata a mujeres, negros, pobres, rebeldes

1. Podrán castigar a 10 mil policías por salvajes asesinatos, pero los nuevos policías o gendarmes contratados seguirán libres para matar. Los policías sólo cumplen con su trabajo y las instrucciones dadas por sus gobiernos. Los policías no están contra el negro Floyd o la mujer miserable asesinada en Quintana Roo; la orden se da siempre contra la raza negra, contra todas las mujeres, contra los miserables y contra los rebeldes de clase que no se someten. El capitalismo racista se ha anclado en nuestra mente, en nuestra conciencia. Nos lo han metido desde nuestro hogar, en la escuela, la iglesia, la sociedad. No es asunto personal, aunque duela, todos cargamos el racismo, la discriminación, el desprecio capitalista.

2. En esta nefastísima sociedad de la competencia, la acumulación, el consumismo, el dinero, todos buscan tener mucha propiedad y mucho poder porque de allí se puede tener más y más. ¿Por qué sólo castigar a policías sin hacerlo mejor contra quienes gobiernan? ¿Por qué castigar a quienes asesinan a uno, si se bombardean masacrando a miles? ¿Por qué castigar a quien roba algo, unos pesos para comer, si la práctica de políticos y empresarios a robar 100, 1000, miles de millones? De plano, el mundo está de cabeza y habría que hacer lo contrario para ponerlo de pie. Para ello habría que hacer una revolución profunda, radical económica, política, cultural, buscando la igualdad total en el trabajo, los ingresos, la vida.

3. Las mujeres, que son la mitad de los pobladores del mundo, saben que su enemigo no es el hombre sino la discriminación y el racismo que aplasta a todos: a los negros, a los pobres, a los rebeldes; tienen que luchar en parejo con los hombres contra el capitalismo que las esclaviza y las discrimina. ¿No es acaso ridículo, tonto, sectario, no permitir que los hombres conscientes, luchadores sociales, hagan más grandes y combativas sus luchas contra el capitalismo? El capitalismo incluso se ha aprovechado del mucho atraso de las mujeres para imponerles un concepto de belleza/objeto sexual que propaga en los medios. Ahora los gobiernos otorgan cargos para confundirlas, cuando tienen que luchar en las calles junto a los hombres.

4. En México, como en todos los países, el racismo y la discriminación es contra los pobres y miserables; pero también contra los indígenas por pobres; en tanto que en EEUU la supremacía blanca es contra los negros, los portorriqueños, los latinoamericanos y también contra los africanos, asiáticos, sobre todo musulmanes. Si extirpáramos el capitalismo y toda la putrefacción de nuestra mente: el consumismo, la competencia, el ventajismo, desaparecería el racismo y la discriminación que tantas muertes han provocado. El capitalismo, que jamás se acabará con elecciones y respetando los derechos de personajes de cuello blanco que se han enriquecido despojando al 80 por ciento de la población, sólo será enterrado por mujeres y hombres luchando juntos.

Fuente: https://www.aporrea.org/internacionales/a301202.html

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¿Jóvenes con o sin derechos?

Por: Tahira Vargas García 

La marcada tendencia en muchas familias e instituciones educativas de un ejercicio de poder autoritario hacia la juventud se expresa en las restricciones a su inserción en espacios de recreación, vestimenta y manejo de su cuerpo.

Recientemente se celebró el día nacional de la juventud. En estudios realizados con jóvenes de ambos sexos en comunidades rurales y urbanas se muestran conflictos con la población adulta por violaciones a sus derechos de expresión y ejercicio de libertad. La marcada tendencia en muchas familias e instituciones educativas de un ejercicio de poder autoritario hacia la juventud se expresa en las restricciones a su inserción en espacios de recreación, vestimenta y manejo de su cuerpo.

La juventud tiene derecho en una sociedad democrática a ser  y actuar en forma diferente libre de estigmas sociales que la discriminen como el de ‘delincuente” (casos de aretes, collares o peladas) o de “puta  y cuero” (caso de pantalones apretados, escotes). Los espacios desde donde se violan los derechos de la juventud son muchos, algunos de los cuales emergen en nuestros estudios son:

  • Hogar-relaciones de padres/madres/personas adultas responsables y jóvenes
  • Centros Educativos
  • Iglesias y grupos religiosos
  • Espacios públicos, calles, callejones y parques
  • Discriminación contra la población joven: negra, dominicana de ascendencia haitiana, lesbiana-gay-transexual, masculina-pobre, madre adolescente o adolescente embarazada, trabajadora sexual.
  • Represión y violencia de la policía nacional contra la población joven de sexo masculino de los sectores pobres

Tanto en el hogar, en la calle como en los centros educativos se educa con represión, con sanciones y prohibiciones permanentes que se convierten en las orientaciones principales dirigidas a esta población, las cuales generan rebeldía, violencia y resistencia.

El derecho a decidir sobre el cuerpo que demandan continuamente y actualmente con mayor fuerza, encuentra una gran barrera social fortalecida por algunas instituciones religiosas fundamentalistas. La comprensión de que el cuerpo es un espacio íntimo, privado cuyo control es individual no colectivo es parte de esa tensión permanente. Lamentablemente en nuestra sociedad las adolescentes, jóvenes y mujeres sufren acoso, violencia sexual e imposiciones con respecto a la continuación de embarazos no deseados que generan frustraciones, violencia y muchas veces suicidios.

La inexistencia de una construcción del sentido de responsabilidad se debe a la ausencia de libertad. Las personas adultas (Padres/madres, abuelos/as tías/os, docentes, líderes religiosos y sociales)  tienen miedo de ofrecerle a la juventud espacios de libertad donde tomen sus propias decisiones y tengan control sobre lo que hacen. El miedo se extiende hacia la conciencia de derechos, lo que se les niega y con ello se genera una gran brecha intergeneracional.

Ofrecerle libertad a la población joven no la convierte en delincuente ni genera conductas autodestructivas (adicciones, suicidios) por el contrario, la convierte en entes socialmente responsables. Jóvenes en actividades delictivas, víctimas de explotación sexual se han socializado en el autoritarismo y la violencia no en la libertad.

La juventud está generando cambios en nuestra sociedad desde micro espacios en el territorio, a nivel local y social. Cambios que apuntan a la horizontalidad y respeto hacia la diversidad en todas sus manifestaciones: sexual, religiosa, racial, artística y cultural. Se necesita escuchar y conocer las voces de las adolescentes y jóvenes que demandan sus derechos sexuales y reproductivos y que en estos momentos requieren no ser condenadas, encarceladas o castigadas por detener un embarazo producto de una violación sexual.

Suficientes condenas, maltratos y sufrimientos viven las adolescentes y jóvenes en nuestra sociedad rompiendo estigmas y barreras al desarrollo, cuando deciden interrumpir un embarazo porque han sufrido una violación sexual deben ser escuchadas y no castigadas.

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/opinion/jovenes-con-o-sin-derechos-8910864.html

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Callejón sin salida

Por: Tahira Vargas García

Los hombres y jóvenes que embarazan tienen una cuota de responsabilidad, pero son invisibles dentro de estos factores causales, su participación en embarazar sin medir consecuencias es significativa.

El embarazo en la adolescencia es un fenómeno frecuente en nuestro país. El fenómeno tiene dos tendencias dentro de la adolescencia según los estudios cualitativos y cuantitativos realizados en los últimos 10 años, (CONAPOFA 2008, PROFAMILIA-CENISMI 2011), estas tendencias son embarazos deseados y embarazos no-deseados. Dentro de los embarazos no-deseados encontramos diversos perfiles de adolescentes que se embarazan por diferentes causas entre las cuales se encuentran:

a-Presencia de relaciones sexuales espontaneas no-planificadas.

b-Falta de información y orientación.

c-Poca continuidad y sistematicidad en el uso de métodos anticonceptivos.

d-Violaciones sexuales

e-Incestos

Vemos que hay una diversidad de causas de embarazos no-deseados desde la perspectiva de las adolescentes. Los hombres y jóvenes que embarazan tienen una cuota de responsabilidad, pero son invisibles dentro de estos factores causales, su participación en embarazar sin medir consecuencias es significativa.

En los estudios realizados se muestra que las adolescentes que se embarazan sin desear ni planificarlo sufren en muchos casos el rechazo y la presión social en sus familias, centros educativos, parejas, grupos de pares y sociedad en general.

Nuestra sociedad maneja el embarazo en adolescente en una forma ambigua y contradictoria. Las familias, centros educativos y entorno social las juzga, las expulsan de los centros educativos porque están embarazadas y se desesperan. No pueden interrumpir el embarazo porque la sociedad no lo permite, es ilegal, si continúan con el embarazo sufren la expulsión de los centros educativos, el aislamiento, discriminación y exclusión en sus familias y en su contexto social.

Cuando la niña o adolescente sufre una violación sexual, el silencio es mayor y con ello los riesgos. Quedar embarazada se convierte en un doble trauma en el que se combina la condena social por ser adolescente embarazada y el riesgo de mantener una relación continua con su agresor al convertirse este en padre. El miedo a informarle a la familia el abuso y sufrir el peso del estigma las lleva a búsqueda de alternativas clandestinas y riesgosas de aborto. La desesperación y la depresión las arropan y buscan incansablemente salidas en las que no hay puertas sino muros. Las búsquedas de remedios combinados para provocarse el aborto en forma clandestina son múltiples en las que se combinan raíces y hojas de diversa índole, ingesta de tres pasitos, tirarse por la escalera, introducirse una percha o un objeto punzante, pedirle a una amiga que se le tire encima y muchas otras prácticas agresivas que las llevan muchas veces a desangrarse sin contar con atención médica oportuna y de emergencia.

Como sociedad no le damos alternativas a las adolescentes y jóvenes, le cerramos las puertas y solo nos dedicamos a condenar y reprimir. No se ofrece una educación sexual que empodere a las y los adolescentes en sus derechos sexuales y reproductivos y se les niega a las adolescentes servicios de salud integral cuando inician un proceso de aborto clandestino. La condena total al aborto que se ha mantenido a través de la historia solo provoca más desesperación, clandestinidad, riesgos y muerte. ¿Hasta cuándo seguiremos empujando a las niñas y adolescentes abusadas a un callejón sin salida?

Fuente: https://acento.com.do/opinion/callejon-sin-salida-2-8903498.html

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