Docentes

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Los miedos de los docentes: “¿Cuando haya un caso, qué pasará?”

Ana Torres Menárguez

Por: Ana Torres Menárguez

Los directores ultiman las medidas de seguridad y temen que los profesores de apoyo no lleguen a tiempo. El uso obligatorio de mascarillas les tranquiliza

Una alumna entra algo despistada en el instituto público Juan de Mairena, en San Sebastián de los Reyes, donde el próximo día 10 comenzará sus clases de Formación Profesional. Con medio rostro tapado por la mascarilla le pregunta a la directora que dónde puede entregar su matrícula. “Hoy no, se la das a tu tutor el primer día de clase, ahora márchate”, le responde la directora, Marian González, que este martes, día en el que abrieron los centros educativos tras el cierre por la pandemia, tenía toda la atención puesta en los preparativos. “Todo se lo debemos al personal de limpieza y a los conserjes, que van a ser los encargados de dirigir el tráfico entre los 1.360 alumnos de este centro”, explica. El suelo del instituto está repleto de flechas y en la entrada han levantado una nueva conserjería en la que una pantalla mostrará la temperatura de los estudiantes una vez rebasen la línea roja de acceso. Se pararán uno a uno frente a un termómetro digital instalado en la pared. Los que superen los 37 grados serán dirigidos a la sala de aislamiento.

Lo que más preocupa al equipo directivo son las medidas higiénicas de seguridad. “La adaptación de los temarios no es un problema, sabemos cómo hacerlo, no necesitamos que ningún político nos diga cómo dar nuestra clase”, señala José María González, secretario y profesor de matemáticas en el Juan de Mairena. Los docentes de los más de 30.000 centros educativos españoles no conocieron hasta el pasado 27 de agosto —día en que los ministerios de Sanidad y Educación se reunieron con los consejeros autonómicos de educación— las condiciones en las que trabajarán este curso. La principal novedad es que todos los alumnos de más de seis años deberán llevar mascarilla en clase.

“Ese ha sido el mayor alivio”, cuenta José María González, a quien algunos compañeros de departamento le aseguraron que acudirán al aula con un metro para cerciorarse de que se respeta la distancia de un metro y medio.

En Cataluña no pueden decir lo mismo. Allí, la mascarilla solo será obligatoria para los mayores de seis años si el centro está en una zona con alto riesgo de contagio, lo que genera ansiedad entre el profesorado (este curso el Govern reforzará las plantillas con 5.417 nuevos docentes). “No sabemos si será efectivo que los maestros de primaria vayamos con mascarilla y los alumnos no; sin esa protección ya no podemos estar seguros de que se lo tomarán en serio y mantendrán la distancia de seguridad”, lanza Gemma Porta, profesora de una escuela pública de Mollerussa, en Lleida.

En los pasillos del Juan de Mairena se respira la ilusión del equipo directivo por la “nueva normalidad” y la recuperación del cara a cara con los alumnos. También el temor por no disponer de personal sanitario en el instituto; nunca han contado con un enfermero (solo el 20% de los centros educativos madrileños cuenta con un enfermero, según datos de la Consejería de Educación). “El centro de salud más cercano a este instituto está cerrado por covid y aún no sabemos a quién nos tendremos que dirigir cuando haya un alumno con síntomas”, explica la directora. Todavía no han decidido quién será el “coordinador y responsable covid” en el centro; la normativa dice que debe ser alguien del equipo directivo.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, durante una comparecencia ante el Congreso de los Diputados. En vídeo, la ministra responde a las preguntas de EL PAÍS.(FOTO: EFE | VÍDEO: EPV)

Además del responsable covid, lo que les quita el sueño es si los seis profesores que han solicitado a la Comunidad de Madrid (que se sumarán a los 92 docentes del centro) se incorporarán el día 7, como les ha prometido el Gobierno regional, que aseguró la semana pasada que contratará a un total de 11.000 como refuerzo ante la pandemia. “Les necesitamos para cumplir con la normativa: hemos reducido de 31 a 23 [alumnos] los grupos de 1º y 2º de ESO”, explica la directora. De 3º de ESO en adelante, el 50% de los estudiantes seguirá las lecciones desde el aula y el otro 50% desde casa. Lo más urgente es ampliar la red wifi del centro y dotar a todas las clases de una cámara para retransmitir las clases en directo. “Nunca ha habido buena conexión”, reconoce el secretario. Para cubrir todos los gastos de adaptación a la pandemia, el Gobierno regional les comunicó el martes que recibirán 120.000 euros extra, que se sumarán al presupuesto anual de 170.000 para cubrir todos los gastos de mantenimiento. Esa inyección ha calmado su angustia.

Es esa preocupación, la de la incorporación de nuevos docentes, la que late en diferentes centros de las distintas comunidades autónomas. “Nuestra mayor incertidumbre es cómo debemos actuar si el profesorado empieza a faltar por posibles contagios o cuarentenas…, de golpe nos podemos ver sin profesorado”, lamenta Fernando Sansanoli, director del instituto público de Alcoy Cotes Baixes.

El claustro del siglo XVIII del instituto público Lluís Vives de Valencia, con cerca de 90 profesores y 1.000 alumnos, está inusualmente silencioso. Este martes recibió a los docentes que se incorporan nuevos al centro, unos 30, que sustituyen las vacantes dejadas por jubilaciones, liberados sindicales y comisiones de servicio. La Generalitat ha contratado a 4.374 docentes más para este curso. El martes se enteraron de qué niveles impartirán. Es el primer día de apertura al exterior porque, reuniéndose y preparando el instituto para la vuelta al colegio, llevan desde agosto. Sergi Sanchis, docente desde hace 30 años de Matemáticas, es el director del centro, y lo que le preocupa es la semipresencialidad del alumnado, “un escenario totalmente nuevo para nosotros”. Los alumnos en Valencia se incorporarán escalonadamente entre el 7 y el 11 de septiembre.

“¿Cómo vamos a impartir una materia que está prevista para todo un curso con clases semipresenciales? La duda es cómo compaginarlo porque la metodología es muy diferente si la clase es presencial o están en casa”, apunta el director. Como a los directivos del instituto madrileño, a Picó le preocupa que la situación sea sostenible y no haya un nivel de contagios que ponga en jaque al centro. La inquietud de este profesor no es que haya casos, que los habrá, sino a partir de cuándo y cómo eso va a alterar la vida del centro, si se va a confinar una clase o no. “¿Cuándo haya un caso, qué va a pasar? ¿Será un brote, será un caso aislado? El protocolo de actuación está claro, el problema es qué decisión adoptará la Consejería de Educación cuando se supere cierto umbral”. Para él, hay muchos interrogantes.

Burbujas sin control

“Los grupos burbuja son grupos pinchados desde el momento en que solo se pueden mantener durante los horarios lectivos”, explica Mercedes Ruiz, directora del colegio público San José Obrero de Sevilla, que considera que los alumnos están más seguros en el centro que fuera, pero que el problema es que luego salen sin control y al día siguiente regresan al centro.

De los 6.300 docentes que la Junta de Andalucía ha contratado para garantizar una vuelta “segura” al cole, a Ruiz le corresponderían tres, pero a 1 de septiembre “no sabe cuántos va a tener, ni cuándo se van a incorporar”. La Consejería de Educación trasladó que la incorporación de estos docentes de apoyo se efectuaría a lo largo del primer trimestre del curso.

Fuente: https://elpais.com/educacion/2020-09-01/los-miedos-de-los-docentes-cuando-haya-un-caso-que-pasara.html

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España: CCOO pide la contratación de 70.700 docentes para un curso seguro y con presencialidad total

Noticias

Europa/España/03 Septiembre 2020/eldiariolaeducacion.com

  • El sindicato ha hecho público un informe con las condiciones que entiende que deberían darse en todo el país para un curso «lo más seguro posible» y con presencialidad. El coste sería de unos 4.500 millones de euros para la contratación de unos 70.700 docentes en todas las comunidades autónomas. y la apertura de 34.000 nuevas aulas.

Con tres escenarios posibles, CCOO apuesta por el que sale del acuerdo de la Conferencia Sectorial de junio. Es decir, con unas ratios máximas de 20 alumnos por aula. Un escenario que, a día de hoy, solo se ha negociado en la Comunidad Valenciana en los últimos meses. Tal vez Madrid, si Educación cumple con lo anunciado hace unos días, podría colocarse en un escenario parecido.

Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato ha criticado el hecho de la desigualdad que existe entre las comunidades autónomas en relación a la seguridad de la vuelta a los centros educativos, dado que no ha habido ninguna homogeneización en sus medidas y reclama, como mínimo, que el Gobierno central regule una bajada de las ratios, hasta 20 alumnos por aula. «Se puede hacer y hay precedentes», ha asegurado el dirigente, que se ha remitido al Real Decreto ley 14/2012 por el cual, el ministro José Ignacio Wert, impuso un aumento de las ratios en todo el país del 10%. Para el sindicato es momento de que se utilice esta misma herramienta, el Real Decreto ley pero en sentido contrario.

Esto supondría un aumento importante del número de docentes, unos 70.700 más en todo el país. Con ello, podrían abrirse unas 34.000 aulas más en todo el Estado, de manera que podría asegurarse la ratio de 20 alumnos por aula. El sindicato cifra la medida en unos 4.600 millones de euros.

García también se ha referido a los datos que empiezan a oírse en relación a la cantidad que podría dedicarse a educación de los fondos europeos de 140.000 millones comprometidos (aunque necesitan de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado). Según ha dicho, se habla de que un 5% de esta cifra acabe en la educación, es decir, 7.500 millones de euros. El secretario general ha insistido que, a parte de esta cantidad, «a la educación se le deben 9.000 millones» recortados, principalmente, a partir de 2012. Según sus palabras, a los 7.500 millones de la UE, habría que sumar estos 9.000.

Para el secretario general de la Federación quedan pocas oportunidades para que el Gobierno y las CCAA se pongan de acuerdo y hagan el esfuerzo necesario de cara a una vuelta segura a las aulas. Y una de estas oportunidades es la Conferencia de Presidentes del próximo día 4 de septiembre en la que se tratará la educación como único tema. «Esperamos que la Conferencia sea para algo nuevo, que no hayamos escuchado hasta ahora», ha dicho García, quien ha asegurado que sobre medidas sanitarias está todo claro, pero en relación a «las medidas organizativas, educativas y de inversión para un inicio seguro y una presencialidad segura, de eso, no hay casi nada». «Si la educación fuera una prioridad, a lo mejor esto se habría hecho en el mes de junio. No se hizo entonces y ahora hay que hacerlo corriendo», ha asegurado.

El sindicato también exige que, en cualquier caso, el capital que el Gobierno transfiera a las comunidades autónomas tenga carácter finalista, y no como los 2.000 millones comprometidos hasta ahora. Esta cantidad puede o no ser usada por los gobiernos autonómicos para educación. CCOO quiere que las próximas inversiones sean finalistas, no solo para educación, sino para ciertas cuestiones muy concretas: contratación de personal para bajar las ratios; para la mejora y adecuación de los espacios educativos necesarios; para la atención a la diversidad o para la dotación de herramientas y recursos digitales para alumnado y profesorado.

El escenario que ha planteado CCOO es el más conservador de los tres que pone sobre la mesa en su informe. El más costoso ya lo presentó a finales del curso pasado y tenía previsto 15 alumnos por aula, con la contratación de 170.000 docentes y un coste total de 7.400 millones (5.150 solo en contrataciones).

El otro palanteamiento se refiere a ratios de 15 alumnos en infantil y 20 en el resto de las enseñanzas no universitarias. Se trata de un escenario intermedio en el que las administraciones públicas deberían invertir 5.564 millones de euros, de los que 3.412 serían para contrataciones.

En cualquiera de los tres marcos, CCOO plantea, independientemente del número de nuevos docentes contratados, una serie más de inversiones que deberían dedicarse a la formación docente (136,5 millones); Plan Compensación Educativa (programa de refuerzo + becas: 1.010 millones); un plan renove de centros educativos (572 millones); inversión en la «nube educativa» (368,5 millones); equipos informáticos (119,5 millones), y un plan renove informático (26,5 millones de euros).

El documento de CCOO se completa con una batería de 20 medidas que vienen a detallar cada uno de los puntos anteriores y añaden algunos otros en relación a la seguridad y salud laboral o a las bajas y su sustitución a lo largo del curso. También ponen el foco en elementos como el currículo, el paso entre etapas o el papel importante que juega el personal de administración y servicios o las familias.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/09/02/ccoo-pide-la-contratacion-de-70-700-docentes-para-un-curso-seguro-y-con-presencialidad-total/

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Estudiantes en Panamá emigran de educación privada a pública

Noticias

Centroamérica/Panamá/03 Septiembre 2020/prensa-latina.cu

Al menos tres mil estudiantes de colegios privados emigraron a los públicos debido al impacto que genera la falta de empleos como consecuencia de la pandemia de Covid-19, aseguran hoy medios digitales de prensa.
Según el Ministerio de Educación (Meduca), la ausencia de ingresos estables obligó a muchos padres de familia a tomar esta decisión a cuatro meses de la culminación del curso escolar, que desde el inicio en marzo adoptó el modo virtual a causa de las medidas restrictivas para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Esta situación generó hasta la fecha el cierre de seis escuelas particulares, las cuales generan empleos a más de 30 mil docentes en el país, precisó el Meduca.

Al respecto, Katya Echeverría, representante de los Colegios Particulares de Panamá, aseguró que el Estado como garante de la educación debió crear una alternativa de ayuda colaborativa con los padres de familia y las escuelas para aliviar la carga económica y evitar el movimiento de los estudiantes.

Precisó que hay muchas instalaciones docentes privadas que ven con desespero la reactivación del año lectivo, con padres que no pagan las mensualidades o en su efecto solo el 10 por ciento puede asumir ese desembolso.

Ante esta realidad, el Meduca dio las ‘instrucciones a los directores regionales para que puedan aceptar y matricular a los estudiantes que han tenido que regresar al sistema público’, aseveró la directora nacional de Educación Media, Isis Núñez.

Sin embargo, a juicio de algunos profesores, el sistema educativo público no tiene la infraestructura física ni curricular para absorber a tantos estudiantes, criterio con el cual coincide la funcionaria, quien destacó los esfuerzos para adaptarse a la situación y garantizar el acceso al estudio de todos los niños.

Aunque el número oficial de estudiantes emigrados representa menos del uno por ciento de los 800 mil existentes en el país, supone un reto para la educación pública, marcada por deficiencias materiales, estructurales y de calidad en la enseñanza acumuladas por años, expresaron algunos expertos y docentes.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=393068&SEO=estudiantes-en-panama-emigran-de-educacion-privada-a-publica
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Argentina: Docentes entrerrianos vuelven a desconectarse virtualmente por 72 horas

Noticias

Por: https://www.analisisdigital.com.ar

Los docentes agremiados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) inician este martes 72 horas de “desconexión virtual”, la medida de fuerza que se impuso en tiempos de pandemia, aislamiento y suspensión de clases presenciales en la provincia.

La medida de fuerza, resuelta en el plenario de secretarios generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) que se desarrolló el último lunes 24 de agosto. La medida se extenderá entre este martes 1° y el jueves 3. Y sucede a una medida similar que cumplieron los docentes entre el miércoles 26 y el viernes 28 de agosto.

AGMER reclama de ese modo que el Gobierno disponga la apertura de la paritaria salarial y también demanda que se derogue parcialmente la Ley de Emergencia Solidaria, en los puntos que crearon aportes extraordinarios para activos y pasivos.

La “desconexión virtual” que se inicia este martes se da en el marco de otra medida resuelta por el gremio de los maestros. Este lunes 31 de agosto dio comienzo una maratón de 100 horas de radio, que se extenderá hasta este viernes. Conectados virtualmente por medio de la plataforma Meet y en vivo desde la FM Radio Comunitaria Sapucay de Colón (seccional que da inicio a las 100 horas), dio comienzo la actividad con la participación de la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Sonia Alesso.

Entre Ríos Ahora informó que la titular de AGMER Colón, Mónica Velzi, destacó que se trata de “una lucha colectiva, que la hacemos no sólo en defensa de nuestros derechos, sino también de los derechos de nuestros alumnos y alumnas” y agregó que “el derecho a la educación debe garantizarlo el Estado, ya que así lo demanda la Constitución y las leyes que la avalan. Para asegurar inclusión y permanencia necesitamos una mayor inversión y un Estado provincial presente que garantice la igualdad de oportunidades”.

“Los docentes han hecho un enorme esfuerzo poniéndose al hombro la educación pública, brindando desde sus hogares la tarea pedagógica y fortaleciendo los vínculos entre la escuela y la familia, atendiendo, además, los comedores de lunes a sábados. Esfuerzo sin precedentes que no ha sido reconocido por el Gobierno”, enfatizó Velzi y dio cierre a sus palabras reconociendo que si bien “no podemos salir a la calle, no bajamos los brazos. Estamos inundando las redes sociales visualizando nuestro reclamo y estas 100 horas vienen a afianzar ese camino. Necesitamos que se garanticen las condiciones salariales, sanitarias, edilicias, recursos y conectividad. Más inversión educativa y menos ajuste. Eso necesitamos”.

Susana Cogno, secretaria general de AGMER Paraná, planteó que “esta lucha nos encuentra contenidos, unidos y fortalecidos como entidad sindical, con una agenda de lucha compartida por todas las expresiones del sindicato llevando adelante esta jornada y las que vendrán”. “Para nosotros lo central es la defensa de los derechos conquistados por el conjunto de las y los trabajadores y sobre todo la defensa de la escuela pública, más en este momento de crisis que atravesamos”.

“El Estado debe tomar medidas urgentes en lo que respecta a salario, infraestructura y conectividad, para las y los docentes pero también para las familias de nuestras alumnas y alumnos. Desde que se dio el aislamiento, junto a las y los trabajadores de la salud y estatales, estamos a la espera de apertura de paritaria salarial, mientras seguimos de pie sosteniendo escuelas, hospitales y todo el sistema funcionando sobre nuestros hombros”, enfatizó Walter Baccón, titular de AGMER Uruguay.

Sonia Alesso, titular de CTERA, aseguró que “con las y los compañeros de AGMER tenemos una larga historia de lucha; de marchas provinciales conjuntas y nacionales; enfrentando todos y cada uno de los ajustes, en la escuela itinerante, en las marchas nacionales… y nos toca nuevamente hoy enfrentar un momento difícil y único. Hay mil millones de pibes que en el mundo hoy no están yendo a la escuela de manera presencial”.

Sostuvo a su vez que “nuestra lucha por mejores condiciones de trabajo, por escuelas seguras, por salarios acordes, se une a la lucha del pueblo por igualdad y soberanía pedagógica. No vamos a dejar de luchar en ningún lugar del país: por salarios dignos, jubilaciones dignas y mejores condiciones de enseñar y aprender. Son los gobiernos los que deben dar respuestas por conectividad, presupuesto educativo, e inversión. Estas cien horas de radio reforzarán cada uno de estos pedidos y serán el cimiento para mucha más lucha por la Educación Pública”.

En el cierre, Marcelo Pagani, secretario general de AGMER, mostró la necesidad de “hacer visibles en todos los rincones de la provincia las demandas docentes que el Gobierno no quiere escuchar”. Recordó así que “en el plenario de secretarios y secretarias generales planteábamos con absoluta claridad que las luchas son colectivas y con ellas recuperamos fuertemente nuestra historia solidaria, trabajando desde el minuto uno con organizaciones sociales, con nuestros compañeros y compañeras de toda la provincia. Pusimos nuestra estructura sindical a disposición de todas las comunidades para colaborar en esta coyuntura. Todas las acciones que llevamos adelante adquirieron así otra relevancia”.

“El Gobierno Provincial nos convocó al diálogo (con las y los compañeros de ATE, con el movimiento de mujeres, con la pequeña y mediana empresa) ahí pudimos plantear las cuestiones que nos preocupaban. Como sector y hacia el conjunto. El gobernador planteó entonces que ‘se iniciaba el diálogo social’. ‘Diálogo social’ fue para Bordet la sanción de la Ley de Emergencia. Una Ley que le saca a los trabajadores y los jubilados el 65% de lo que espera recaudar, el 15% a los bancos y el 7% a los propietarios de más de mil hectáreas: estos números hablan por sí solos. Y del mismo modo habló el contundente rechazo a su sanción por parte de nuestro sector, exigiendo su derogación”, subrayó.

*Fuente: https://www.analisisdigital.com.ar/provinciales/2020/09/01/docentes-entrerrianos-vuelven-desconectarse-virtualmente-por-72-horas

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CIDH pide a los estados de la región acelerar políticas de acceso universal a internet durante la pandemia del COVID-19

Noticias

Por: https://diariolalibertad.com

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia (SACROI COVID-19), manifiestan preocupación por las serias limitaciones en la falta de acceso a internet en la región de los sectores más vulnerables de la población y la consiguiente limitación para el ejercicio de otros derechos fundamentales, lo que afecta de forma diferenciada a comunidades indígenas, población afrodescendientes, mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas mayores, entre otros grupos.

En el contexto actual de emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, el acceso de las personas a una Internet de calidad adquiere una centralidad insoslayable. A partir de las medidas de aislamiento y/o distanciamiento social impuestas por los gobiernos a nivel global y su extensión en el tiempo, la conexión a internet aparece como la herramienta por excelencia para continuar con las tareas cotidianas que anteriormente requerían el contacto presencial, además de ser crucial para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales. El acceso a Internet tampoco debe ser interrumpido con bloqueos, filtros de páginas o caídas de servicio por razones políticas o discriminatorias.

La infraestructura y el nivel de alfabetización digital requeridos para afrontar la denominada “nueva normalidad” presenta grandes desafíos en la región. Las últimas cifras publicadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) a fines de 2019 señalan que a nivel global solo el 53.6% de la población (4.1 billones de personas) tiene acceso a internet, mientras que el restante 47% (3.6 billones de personas) aún se encuentra desconectado. En las Américas, casi un 23% de la población no cuenta con acceso a Internet; al mismo tiempo, se observan distintos niveles de acceso según países, subregión y comunidades. En América Latina y el Caribe se calcula que al menos 300 millones de personas no tienen acceso a Internet, encontrándose los mayores índices de desconexión principalmente en países de Centroamérica, el Caribe y América del Sur.

La CIDH y su Relatoría Especial han identificado que las comunidades indígenas, las mujeres, los afrodescendientes, los niños, niñas y adolescentes, entre otros grupos con necesidades específicas, están sufriendo limitaciones de forma desproporcionada en el acceso y asequibilidad de las tecnologías digitales. Esta brecha digital refuerza las desigualdades preexistentes que sufren estos grupos de personas y que han sido ampliamente documentadas.

Llamamos también la atención respecto a la inexistencia de cifras oficiales y estudios sistemáticos respecto a cómo impacta la falta de acceso a internet en comunidades indígenas y afrodescendientes. Esto se debe a que la variable étnica aún no es considerada en muchos de los reportes más importantes a nivel mundial que analizan las desigualdades de acceso a las tecnologías digitales. La variable de género se encuentra más presente en las estadísticas sobre acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, aunque falta aún sistematización a nivel regional.

No obstante, el hecho de que esta información no sea recabada y sistematizada de forma oficial no quiere decir que no exista como problema. En este sentido, la ITU ha reconocido que “los pueblos indígenas, los habitantes de zonas rurales, las personas con discapacidades y las mujeres, los jóvenes y niños de ambos sexos” constituyen algunos de los grupos con necesidades específicas a atender. Asimismo, numerosas organizaciones de la sociedad civil y activistas en el continente están intentando proveer información sobre esta brecha digital.

La CIDH y su Relatoría Especial llaman especialmente la atención a los Estados respecto al problema de la desconexión de estos grupos de los tendidos de redes de Internet, lo que supone dificultades para acceder derechos, incluyendo las ayudas financieras que los gobiernos están ofreciendo para paliar las necesidades derivadas de la pandemia. En general los organismos públicos utilizan la web para difundir información sobre estas ayudas, y en la mayoría de los casos las solicitudes requieren de registro y seguimiento en línea. En otros casos, aunque la población pudiese acceder a tal información, se encuentran con barreras de lenguaje, ya que por ejemplo existe escasa o nula información sobre Covid-19 en lenguas originarias.

El acceso a Internet también tiene un vínculo directo con el acceso a la educación. Según UNICEF, en América Latina y el Caribe aproximadamente 154 millones de niños, niñas y adolescentes –más del 95% de los matriculados en la región– se encuentran temporalmente fuera de las escuelas a causa del Covid-19, y un gran porcentaje de ellos no tienen forma de acceder a los contenidos educativos de manera virtual. Esta situación se extendió más de lo esperado inicialmente, y podría aumentar el riesgo de abandono escolar definitivo, especialmente de los niños y niñas más vulnerables.

Por estas razones, las medidas de urgencia para garantizar el acceso a Internet deben privilegiar la extrema situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos grupos de personas, de modo que puedan contar con la posibilidad de acceder a servicios básicos como educación, atención médica, oportunidades de trabajo remoto y contacto con sus familias.

La CIDH reconoce las medidas positivas que distintos gobiernos y reguladores del continente han adoptado para garantizar el acceso y continuidad del servicio de acceso a internet y telecomunicaciones. Algunos Estados, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia o Ecuador, han impedido a las empresas prestadoras de telefonía móvil o fija, Internet y TV por cable la suspensión o el corte de los servicios en casos de mora o falta de pago hasta una determinada cantidad de meses. En El Salvador se aprobó el pago diferido de los servicios de telecomunicaciones.

También se han implementado aplicaciones de educación virtual bajo la modalidad zero-rating, que no consumiría datos, para permitir que los y las estudiantes no se vean perjudicados en su formación y puedan continuar con sus clases de manera virtual sin costos extras. Es el caso, por ejemplo, de los portales “Colombia Aprende” y “Seguimos Educando” en Argentina. Los proveedores ofrecen la navegación en esta plataforma educativa de manera gratuita desde todos los teléfonos móviles, sean prepagos o pospago. Aunque es una medida que de sostenerse en el tiempo podría ser problemática en términos de pluralismo, parece ser adecuada y proporcional durante una emergencia como la del Covid-19.

En políticas de educación y cultura digital, Uruguay se presenta como uno de los países mejor preparados de la región. El Plan Ceibal, creado en 2007 para democratizar el acceso de las tecnologías digitales, permitió que el cierre de establecimientos educativos en marzo no afectara la continuidad de las clases; al inicio de la pandemia, la plataforma virtual ya contaba con un ecosistema de más de 173.000 recursos educativos.

No obstante, estas medidas transitorias para garantizar el acceso a Internet requieren ser acompañadas de planes y políticas públicas sólidas, planificadas, de largo plazo y con especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad. También son cruciales la generarción de información pública respecto a la falta de acceso a Internet y sus impactos diferenciados; las acciones y medidas que adopten otros actores del ecosistema digital, como empresas privadas de telecomunicaciones o prestadores de servicio en internet; y el rol de la sociedad civil y la academia, en materia de capacitación, así como en la investigación que permita ofrecer soluciones alternativas –sin fines de lucro, de carácter social y comunitarias– para hacer efectivo el derecho a la información.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se suman a los esfuerzos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), y la UNESCO en la promoción de políticas de ampliación de acceso a las TICs y reducción de la brecha digital, como así también en la visibilización y concientización del problema de falta de acceso a internet. En este sentido, la CIDH y su RELE se encuentran trabajando en una guía sobre el estado de situación del acceso a internet en la región y el especial impacto de la brecha digital en el contexto de la pandemia, que reunirá además recomendaciones para que los Estados, las empresas, el sector privado, y la sociedad civil avancen hacia una mayor y mejor inclusión de las personas en las carreteras de la información y comunicación.

Frente a este contexto, y en línea con la Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos la CIDH y su Relatoría Especial refuerza el llamado a los Estados a garantizar el acceso a una internet asequible y plural a todos sus ciudadanos y ciudadanas, en especial aquellos grupos de personas en situaciones de vulnerabilidad, e instamos a que lleven a cabo medidas positivas para reducir las brechas digitales. Además de permitir interacciones descentralizadas, instantáneas, sin bloqueos y sin límites de frontera, internet constituye una condición sine qua non para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, como la libertad de expresión y opinión, de asociación y reunión, así como el acceso a los derechos a la salud, la educación, el trabajo y la cultura.

*Fuente: https://diariolalibertad.com/sitio/2020/08/cidh-pide-a-los-estados-de-la-region-acelerar-politicas-de-acceso-universal-a-internet-durante-la-pandemia-del-covid-19/

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«Si queremos reducir la violencia en los jóvenes debemos prevenir, empezando por las escuelas»

ABC Sociedad

Por: ABC

El pasado jueves 25 de junio se ha celebrado una jornada de debate online bajo el título «Reducir cualquier tipo de violencia en las aulas y en la sociedad», en la que han participado diversas entidades y profesionales del sector educativo como la Fundación Edelvives, la Asociación GINSO, y el programa dide, entre otros, para compartir iniciativas enfocadas a reducir o prevenir la violencia entre los jóvenes y para destacar la importancia de la educación en este ámbito.

Juan Pedro Castellano, director general de la Fundación Edelvives, ha expuesto el programa «No te calles, cuéntalo», nacido en 2018 con el claro objetivo de combatir los abusos sexuales a menores. Este proyecto, ofrece herramientas y material didáctico, dirigido a familias, educadores y los propios mejores con el objetivo de prevenir y de denunciar este tipo de abusos. De hecho, según Arturo Cavanna, coautor del cuento #Notecalles y Director de Desarrollo Tecnológico – Transformación Digital en Grupo Edelvives de Edelvives, «gracias a este proyecto se han detectado e intervenido en más de 70 casos en escuelas españolas ya que, después de trabajar la historia en las aulas, los niños han comunicado los casos de abuso a sus padres o docentes».

Aunque queda mucho por hacer, desde la Fundación Edelvives se destaca la importancia de educar para prevenir situaciones de violencia tanto en el entorno escolar como fuera de él. «No podemos olvidar que el 70% de los casos de abuso sexual a menores se producen en el hogar. En España ha habido más de 3.000 denuncias relativas a abusos a menores durante el confinamiento». Es por ello por lo que programas como «No te calles, cuéntalo» buscan sacar a la luz estos casos de violencia a menores a través de la educación.

En esta línea, la Fundación Edelvives, junto con Google, y la colaboración de la Fundación ANAR, y la Guardia Civil, han apadrinado una herramienta llamada «Safe School» para que los niños o adultos puedan denunciar cualquier tipo de abuso. Esta plataforma desarrollada por Arturo Cavanna y seleccionada por la Academia de la Innovación de Google, contará con una aplicación y extensión para Chrome que será lanzara en octubre y que estará disponible en los dispositivos de las escuelas que los habiliten.

Educar, la clave para prevenir la violencia

En la jornada digital sobre violencia en los jóvenes también han participado José Luis Sancho, director clínico del programa RECURRA Ginso, y Javier Urra, presidente de la Comisión Rectora de Recurra GINSO. Ambos ponentes han explicado cómo abordan la prevención de la violencia desde el programa RECURRA Ginso, señalando que la educación es la clave para prevenir la violencia en los jóvenes, en concreto el acoso escolar dado que «es una de las principales causas de suicidio infanto-juvenil», según ha recordado Javier Urra durante su intervención.

Para ello, RECURRA Ginso cuenta con el programa Generación Convive, un programa de convivencia escolar que conjuga tecnología y educación y que trabaja la educación en valores y la inteligencia emocional. «Todo ello para evitar que sea necesario intervenir. Nuestra experiencia nos dice que muchas de las conductas violentas que se ven en los jóvenes son conductas aprendidas y ensayadas, por eso la prevención y la educación desde las escuelas es tan importante», ha recalcado José Luis Sancho.

Desde RECURRA Ginso han querido destacar además la importancia de recuperar en la escuela una virtud esencial, que es la humildad. «Cuando se educa a un menor en la humildad, esto les invita a auto cuestionarse, a asumir que no son poseedores de la verdad, a generar curiosidad científica y a intentar ver que el otro también es valioso y tiene algo que decir», ha puntualizado José Luis Sancho.

Identificación temprana de las dificultades

díde es una herramienta educativa de información de las necesidades educativas de los menores que ayuda a identificar tempranamente sus dificultades recogiendo información de las personas que mejor los conocen: sus padres y profesores.

Como bien es sabido, una vez que se conoce qué niños tienen predisposición a desarrollar estas conductas y se tiene conocimiento de qué le sucede al menor, se puede hacer la intervención que se requiera y manejar estos perfiles con las familias y los profesores desde los 4 años.

Con la metodología díde (creada por especialistas en educación, psicología y nuevas tecnologías) es posible, a través de unos cuestionarios digitales que responden padres y profesores, buscar un patrón en todo un curso para identificar tempranamente a niños/as que puedan presentar este perfil.

Mesa de debate

La mesa de debate organizada por la Fundación Edelvives, Díde, GINSO y NivelA, y retransmitida a través de elcolesiguetv, ha contado además con la colaboración de Arturo Cavanna director de Desarrollo Tecnológico y Transformación Digital en GRUPO EDELVIVES, Ana Cobos, presidenta de la asociación de orientadores de España COPOE y profesora en Universidad de Málaga, Google for Education, Óscar Belmonte, especialista en educación en el departamento de sensibilización y políticas públicas de UNICEF España, Ricardo Lombardero, founder & CEO LOMBER Soluciones. Creador del Método LOMBER©, Francisca Escobero, 0rientadora educativa, presidenta de la Asociación para la defensa de la inclusión educativa de Extremadura y óscar A. Pérez Sayago, Secretario General de la Confederación Interamericana de Educación Católica – CIEC.

Fuente e Imagen: https://www.abc.es/familia/educacion/abci-si-queremos-reducir-violencia-jovenes-debemos-prevenir-empezando-escuelas-202007060211_noticia.html

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El regreso a la escuela sin escuelas

Miguel Angel Pérez

Por: Miguel Ángel Pérez

Este lunes 24 de agosto ha dado inicio el ciclo escolar más atípico en la historia educativa de nuestro país: alumnos, alumnas y docentes regresan al trabajo escolar con las escuelas cerradas debido a la pandemia por coronavirus que se ha extendido de marzo de este año hasta esta fecha y lo que sigue. La atención educativa que tradicionalmente se ofrecía en los espacios escolares, las aulas de clase y el bullicio de las escuelas, hoy ha cedido su lugar a los procesadores, computadoras y dispositivos electrónicos.

El olor característico de las escuelas, una combinación entre papel, lápiz y humor de la inocencia infantil, ha sido sustituido por los nuevos olores insípidos de los procesadores. Además, un rasgo adicional es la apertura de la señal televisiva como eje de la conducción educativa. El papel de los maestros y las maestras será el de seguir dicha señal de la televisión para conocer de qué se va a tratar.

Este lunes 24, cerca de 23 millones de estudiantes, que antes corrían a las escuelas, hay permanecen en casa en espera de la señal, las imágenes de sus maestros y sus voces serán imágenes distorsionadas, difusas, llenas de humo urbano y de cansancio pandémico. Hoy el ciclo escolar camina a toda prisa, con la calma que da el no abrir las escuelas.

En este regreso a clases. El formato basado en la virtualidad, como atención, como recurso o como estrategia pedagógica, es por lo que el Estado ha optado más que una salida válida, todo esto parece más bien una puerta de salvación.

Lo que sí es posible afirmar bajo este contexto es que el vínculo humano el cual forma parte de la columna vertebral de la tarea educativa ha pasado a segundo plano, los maestros y maestras se han visto mayormente preocupados por acceder los mejor posible al uso de las tecnologías a manejar la plataforma que se ha decidido y a buscar mecanismos para establecer vínculos lo mejor posible.

Es obvio pensar que se podría optar por recurrir a distintas y hasta mejores estrategias, hoy se ha optado por esta. Se ha priorizado el derecho a la salud y a la seguridad y me parece que la medida ha sido correcta. Pero aun con todo ello, se ha dejado de lado, que esta estrategia de trabajo que ha comenzado este lunes 24, no vino acompañada de otras cosas que se necesitaban, como el hacer más equitativa la equidad con relación a la conectividad de las redes de intente, dotar a miles de alumnos y alumnas de equipos de cómputo que les sirva a los alumnos para conectarse, etcétera.

La nueva caja de herramientas que se exige para esta nueva normalidad educativa carece de compromisos y responsabilidades por parte de la instancia de gobierno y ¿qué pasará con los cientos de niños y niñas que no cuentan con dispositivos electrónicos para conectarse? ¿qué pasará con los miles de niños que se rezagarán por no poder adaptarse a las nuevas condiciones del formato educativo? ¿Quién los atenderá?

Como podrá verse a partir de este lunes 24 de agosto, el cambio social nos coloca ante uno de los desafíos más grandes de la historia del presente en nuestro país. Garantizar la atención educativa a los millones de mexicanos y mexicanas, aún bajo un contexto de pandemia y de contingencia nacional.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-regreso-a-la-escuela-sin-escuelas/

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