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El Fondo Monetario Internacional y el ajuste en educación

Por: Alex Colman

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es un organismo multilateral de crédito con un rol central en el financiamiento y la promoción de reformas de mercado desde la segunda posguerra, con una presencia muy extendida en América Latina y el Caribe, pero también en otras partes del mundo, como es el caso de la periferia europea desde la crisis de 2008. Desde su creación, pero sobre todo desde la crisis de la deuda en América Latina en los años ochenta, la función del FMI ha sido garantizar y estabilizar las condiciones (económicas y políticas) de extracción de renta para un conjunto de sectores del capital financiero internacional (sobre todo, de la banca estadounidense), a la vez que garantiza mayor desigualdad en la distribución del ingreso y encauza la apertura de nuevos “mercados” al capital financiero mediante una serie de reformas.

Dada la tendencia al deterioro en los términos del intercambio internacional de mercancías y la existencia de una estructura productiva desequilibrada, los países atrasados y semi-industrializados –cuya economía está orientada a la exportación de materias primas–, se encuentran ante una situación crónica de déficit de financiamiento externo.[1] Ante esta restricción externa (expresada en la combinación, en períodos de crisis, de 1) renuencia crediticia por parte de la banca privada, y 2) fuga de divisas por parte del capital local), el FMI, en confluencia con otros organismos de crédito tales como el Banco Mundial y la banca privada de los países capitalistas avanzados, ha profundizado históricamente su égida en materia de política económica en la región, extendiendo durante ciertos períodos –como las décadas de 1980 y 1990– su incumbencia y condicionamiento directo de las políticas económicas locales a cuestiones que van más allá de sus tradicionales “áreas de expertise” (macroeconomía, política monetaria, fiscal y cambiaria), como por ejemplo: la reestructuración del tamaño y la composición del sector público (educación, salud, obra pública, empleo y salarios estatales). Sin embargo, aun limitándose a los tradicionales condicionamientos en materia fiscal, monetaria y cambiaria, las políticas de ajuste recomendadas por el FMI han influido fuertemente en el sector público, con impactos traumáticos en educación, salud, en la distribución del ingreso y en las condiciones sociales generales de la población.

Si bien la recomposición de las economías latinoamericanas en el período que va de 2003 a 2007, ocasionadas por un ciclo de alta liquidez internacional y una mejora en los términos del intercambio por la expansión de las economías asiáticas, y el bajo impacto de la crisis de 2008 en el Cono Sur, han permitido la cancelación de créditos y de deuda con el FMI, así como una mayor flexibilidad en el diseño de la política económica,[2] en los últimos años se han acumulado condiciones (políticas y económicas) que auspiciaban un retorno del FMI en América del Sur. Particularmente, se trata del alza de las tasas de interés internacionales, la disminución de las reservas (por el desequilibrio en la balanza de pagos producto del deterioro de los términos del intercambio y el aumento de restricciones mercantiles, y también por el pago de las deudas ilegítimas), las problemáticas vinculadas a la falta de inversión por fuera de la esfera financiera, y el giro a la derecha en la región.

El nuevo acuerdo stand by con el FMI por un monto total de U$S 50 mil millones que realizó el gobierno de Cambiemos vino de la mano de medidas como el cierre del ingreso a la administración nacional,[3] si bien cabe esperar nuevas medidas de impacto en el corto y mediano plazo, así como una extensión del ajuste al Estado provincial.[4] Entre los grandes interrogantes se destaca el grado de impacto que va a tener la política de ajuste fiscal en ámbitos como salud y educación. Mediante un breve recorrido histórico sobre la relación entre el FMI y Argentina, y un racconto de sus políticas y concepciones en el ámbito educativo, vamos a intentar prever sucintamente los posibles impactos del nuevo acuerdo en educación.

Breve recorrido histórico[5]

Si bien el FMI fue creado a fines de la Segunda Guerra como una pieza clave del nuevo orden económico mundial, Argentina ingresó al organismo en 1956 dado el fracaso de las negociaciones con Estados Unidos durante la presidencia de Perón.[6] En un contexto marcado por el “consenso keynesiano” y en el que el conjunto de los países latinoamericanos habían acumulado importantes reservas debido a la venta de materias primas durante la guerra, se recurrió poco al financiamiento de este organismo. A mediados de 1950 el panorama comenzó a modificarse debido a un incremento generalizado del déficit comercial, lo que sumado a la baja liquidez internacional provocó la reorientación del FMI a cuestiones de financiamiento externo en la región.[7]

Con la caída del acuerdo de Bretton Woods, y el período de estanflación de las economías avanzadas que aconteció luego de la crisis del petróleo, el FMI fue reemplazado por el G7 como espacio de coordinación de la política económica internacional. A su vez, en esta época perdió intervención en el financiamiento dado su reemplazo por créditos comerciales de los bancos privados. Sin embargo, apoyó financieramente a las dictaduras latinoamericanas en la segunda mitad de la década de 1970, como el caso de Argentina, Chile y Uruguay. El giro reaccionario y neoliberal en América Latina abrió el espacio a transformaciones económicas más profundas. En Argentina se promovieron incrementos en la desigualdad de la distribución del ingreso, la retracción del Estado en el comercio exterior y en las finanzas, la liberalización de las importaciones y eliminación de subsidios a las exportaciones (lo que ocasionó, entre otras cosas, la reducción de la participación de la industria en la producción nacional), y facilitó grandes remesas para el capital financiero especulativo.

Con la crisis de la deuda de América Latina, en los años ochenta, el FMI incrementó su intervención financiera e injerencia política en la región, constituyéndose como “manager” de las crisis.[8] La estrategia consistía en la renegociación de los plazos de deuda, mediante la constitución de acuerdos con condicionalidades muy favorables a los bancos privados. En este período se incrementó la articulación del FMI con otros organismos de crédito como el Banco Mundial, con el objetivo de promover reformas estructurales. Sin embargo, las políticas de ajuste del FMI potenciaron la recesión en los países latinoamericanos, ocasionando períodos de mayor conflictividad social.

Con la caída del muro de Berlín, a fines de los ochenta y principios de los noventa se abrió un nuevo ciclo de alta liquidez internacional, profundizándose las reformas pro mercado en latinoamérica y Argentina en particular. En esta época, el FMI amplió sus áreas de incumbencia, imponiendo recetas como la reestructuración del sector público, la privatización de empresas públicas y la flexibilización de los mercados laborales. Los economistas hablan de un crecimiento de las economías latinoamericanas en el período 1989-1994 (en Argentina, de la mano de la convertibilidad), pero esto se dio en un contexto de deterioro generalizado de las condiciones sociales y de la distribución del ingreso. Además, en esta época cambió la composición de la deuda, desde la banca comercial a grandes y pequeños tenedores de deuda soberana.[9]

Con la crisis financiera de México (1994), el FMI se consolidó como prestamista de última instancia y garante del retorno excedentario. Cada vez fue más claro que el financiamiento que proporcionaba se trataba en realidad de un rescate de los acreedores externos. Sin embargo, el peso del organismo disminuyó con la crisis en Argentina, sumado a las nuevas condiciones económicas y políticas del período 2003-2007, que le restaron poder de coerción en la región.

En este período, el FMI se restringió, esencialmente, al monitoreo de las economías y de la evolución del sistema financiero internacional. En 2002 se abrió una minúscula recomposición del organismo. Con la crisis de 2008, el FMI incrementó sustancialmente sus recursos con el otorgamiento de créditos a países en crisis (particularmente, la periferia de Europa, y en América Latina aquellos países más vinculados a Estados Unidos, como México y Colombia). En 2009, el FMI anunció una reforma de sus mecanismos de crédito “para ayudar a los países a afrontar la crisis”, duplicando, entre otras cuestiones, el acceso al financiamiento, y modificando su política de condicionalidad con un mayor uso de “criterios de calificación predeterminados”. Como dice en su boletín, “el objetivo del FMI es garantizar que las condiciones vinculadas con los desembolsos de préstamos del FMI se centren en objetivos específicos y se adapten de manera adecuada a las diversas políticas y fundamentos económicos de los países (en el pasado se ha criticado que algunos préstamos del FMI tenían demasiadas condiciones que no estaban suficientemente centradas en los objetivos principales). Esta modernización se logrará basándose en mayor medida en unos criterios de calificación predeterminados (condicionalidad ex-ante) y no en la condicionalidad tradicional (ex-post). Además, a partir de ahora el seguimiento de las reformas estructurales se llevará a cabo en el marco de los exámenes de los programas y no se basará en el uso de los criterios de ejecución estructural, que se eliminarán de todos los acuerdos del FMI, incluidos los que se aplican a los países de bajo ingreso”.[10]

Es decir, ahora se tendría que cumplir con una serie de tareas (“acciones previas”) para acceder a las líneas de crédito, y luego se supervisarían los desempeños periódicamente para los siguientes desembolsos (en el caso de los acuerdos stand by). Teniendo en cuenta que el FMI controla el seal of approval para el acceso al crédito internacional (sino, se correría supuestamente el riesgo de perder el acceso a toda asistencia externa, aunque este riesgo a su vez es debatible), es difícil no preguntarse hasta qué punto hubo cambios reales en las políticas de condicionalidad. De hecho, diversos analistas han manifestado que el alcance de esta reforma fue muy limitado, dado el incremento de las exigencias de ajuste del gasto público, y la inflexibilidad en torno a la implementación de controles cambiarios o de capitales (lo que implica, entonces, la desregulación total). “Esto lleva a que sus condiciones, aunque limitadas a pocas áreas, reproduzcan en su contenido el esquema de ajuste con libre movilidad de capitales, que puede profundizar el impacto del shock externo”.[11]

 

La mercantilización de la educación

 

Es conocida la transformación del sistema educativo que llevó a cabo el gobierno de Menem bajo la égida de los organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, en el contexto de la privatización de servicios educativos a nivel mundial. En una época en la que el FMI había ampliado sus atribuciones y áreas de incumbencia hasta abarcar la privatización de empresas públicas y la flexibilización del mercado laboral, se impuso una reforma educativa que procuró la federalización educativa (Ley Federal de Educación), dejando el gasto en manos de los gobiernos provinciales y locales, a la vez que se recortó brutalmente el gasto público y las transferencias de partidas presupuestarias a las provincias. Esto incluyó un brutal desfinanciamiento del sector (que ya estaba en ciernes antes de la LFE), lo que ocasionó procesos como privatizaciones, cortes de servicios básicos por falta de pago, huida masiva de docentes por la miseria salarial, falta crónica de materiales escolares, problemas de mantenimiento y de administración, además de un aumento de la deserción escolar y un descenso de la calidad de la enseñanza.

En varios países de América Latina, la orientación fue la misma: privatización y descentralización, y posteriormente, eliminación del presupuesto y de las transferencias y participaciones federales, así como la subejecución de recursos.[12] Comentario aparte amerita el tema de la centralización del control pedagógico, con la implementación de programas nacionales de evaluación, un diseño centralizado de reformas, y programas nacionales de formación de profesores. Respecto de la composición del gasto, se destaca entre otras cuestiones la reorientación del presupuesto (ya reducido) de la educación secundaria y universitaria al ámbito de la educación primaria. Esto vino de la mano de un incremento de los costos privados de la educación superior, fundados en una concepción de la universidad como bien privado que buscaba transferir renta desde este ámbito a los mercados financieros internacionales. Si bien en Argentina esto sucedió en mucha menor medida, en diversas partes de América Latina existió una reforma generalizada de los esquemas de financiamiento, con la implementación de sistemas de crédito educativo y fondos de inversión para la educación superior, constituyendo éstos nuevos mercados de servicios financieros.[13]

A diferencia del Banco Mundial, el FMI no hace casi inversiones en proyectos de reforma educativa, sino que se enfoca en programas de ajuste estructural (PAE) o sectorial (PAS). Sin embargo, según diversos analistas, estas políticas de ajuste tienen más impacto en la educación que los mismos proyectos educativos, influyendo en la “oferta” y la “demanda” de los servicios. Los PAEs cambian, indirectamente, el nivel y la composición del gasto presupuestario, lo que afecta todos los terrenos: la construcción (obra pública), la administración y el mantenimiento de las escuelas, los salarios y beneficios de los docentes, y el gasto en materiales escolares.[14] Además, al una reducción del poder adquisitivo suele repercutir en una menor demanda de servicios educativos. En las décadas del ochenta y el noventa, los PAEs aumentaron la brecha entre los países más y menos ricos, considerando el ingreso per capita. Asimismo, según un estudio temprano, aumentaron los índices de deserción escolar.[15] En relación al gasto educativo, se constató una disminución generalizada del porcentaje del gasto en relación al Producto Nacional Bruto, y mayores deterioros en cuanto al acceso y al desempeño escolar.[16]

Los PAEs colocan un techo al gasto en educación y en salud, limitando las contrataciones laborales. Esto afecta particularmente a las mujeres. La restricción del gasto público (en el corto y mediano plazo) se fundamenta en la concepción de una relación inversa entre el crecimiento del sector público y la “sustentabilidad”.[17] ¿Qué quiso decir “sustentabilidad” en educación, por ejemplo durante el auge del consenso de Washington? Garantizar la mínima inversión real posible, desde una concepción mercantil de la educación cuyo parámetro de evaluación es el principio neoclásico de la “eficiencia” en la distribución de recursos económicos. Si lo que se necesitaba era atraer inversiones de capital en la producción de bienes y servicios exportables, en condiciones de alta productividad y flexibilidad, lo que había que hacer era flexibilizar el mercado laboral, integrar la producción al mercado externo, disminuir los salarios, garantizar la propiedad privada, y estabilizar las ganancias del capital controlando la inflación y otras variables macroeconómicas. Estos condicionamientos se tradujeron en políticas de mercado, “entre cuyos objetivos implícitos se destaca la transferencia neta del excedente de los sectores sociales (como la educación) y desde el mismo Estado a favor de los actores especulativos como el financiero”.[18] El plan neoliberal, en educación, fue (y es) que facilite la incorporación de trabajadores al mercado laboral minimizando su costo. Esto implicó, a su vez, la flexibilización laboral en el sector educativo: la proletarización de los docentes (sobre todo, los de escuelas primarias y secundarias).

Pero estas políticas de ajuste han profundizado la recesión en las economías de los países atrasados o semi-industrializados. Las políticas del FMI han “fracasado” rotundamente,[19] si desde el vamos no consideramos que en realidad han salido victorias en sus propósitos reales: profundizar la desigualdad y garantizar la extracción de remesas y la profundización de la deuda con el capital financiero.

 

Los posibles impactos del nuevo acuerdo en educación

 

El gobierno de Macri ha profundizado el desfinanciamiento de la educación pública desde que asumió. El nuevo acuerdo con el FMI repercutirá en una mayor reducción del gasto público, con un impacto problemático en educación. Dicho impacto se despliega en un intento de transformación global del trabajo docente (en términos de formación, trabajo y jubilación) y profesional (para el caso universitario), así como en mayores presiones hacia la mercantilización educativa, la formación según el principio de la “eficiencia”, el control pedagógico y la injerencia de las empresas privadas en el ámbito, además de la reducción presupuestaria general.

Los impactos, entonces, han sido y serán:

  1. A nivel presupuestario. Las noticias sobre recortes presupuestarios en miles de millones a las universidades nacionales han sido ampliamente difundidas, lo que profundizará aún más el ahogo presupuestario. También se ha denunciado que existe una importante subejecución presupuestaria y retraso en el envío de los recursos previstos (deudas). El ajuste también se expresó en recortes de becas a estudiantes de bajos recursos (por ejemplo, en el programa Progresar).[20] Con el acuerdo, la situación seguramente se agravará, sobre todo en el ámbito provincial, que ya transitan un ajuste muy importante en las transferencias corrientes. La situación ya es muy grave en provincias como Chubut y Santa Cruz, en las que se les ha ofrecido miseria a los docentes.
  2. A nivel salarial. Desde hace años se vienen imponiendo salarios a la baja para los docentes. Este año, los docentes escolares vienen luchando desde hace meses contra paritarias de miseria. En este punto, el gobierno ya había decretado el fin de la paritaria nacional docente, desarticulando uno de los mecanismos unificados de negociación. A esto se suma la campaña de desprestigio contra los docentes, que los construye como si fueran un “enemigo interno”, con el objetivo de justificar socialmente los salarios de hambre. También se quieren imponer paritarias a la baja en el ámbito universitario. Entre las posibles medidas que se vienen se encuentra la eliminación del incentivo docente (cuyo pago quedaría a cargo de las administraciones provinciales).
  3. Obra pública y reparaciones. En la Provincia de Buenos Aires, Vidal disolvió a fines de 2017 la Unidad Ejecutora Provincial, organismo encargado de construir, mantener y reparar escuelas y jardines (despidiendo a todos sus empleados por mail). Con los ajustes en obra pública que depara el nuevo acuerdo, es posible que se quiera congelar este sector, y/o que se destinen fondos a empresas privadas y tercerizadas.[21] De hecho, uno de los ajustes más importantes que ya han trascendido tienen que ver con la obra pública provincial.[22]
  4. Devaluación de títulos y flexibilización laboral. Ya ha habido un recorte de incumbencias y un ataque a los títulos universitarios, que devalúa su valor y profundiza la flexibilización laboral en el campo profesional, dado que “ya no hay necesidad de pagarle a un profesional universitario recibido para realizar las tareas que fueron afectadas por el recorte”.[23] Esto se puede extender a otras áreas. Asimismo, se devalúan los títulos de los terciarios por la acreditación de los profesorados universitarios al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Además, está el proyecto de la “Secundaria del Futuro”, que entre otras cosas incorpora el tema de las “pasantías” en empresas en el último año de la secundaria, lo que profundizaría la flexibilización.
  5. Eliminación de programas, profesorados y bachilleratos, y cierre de escuelas / achiques de cursos. En el ámbito de los terciarios, hace tiempo que se quiere imponer, en la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto que pretende desintegrar los 29 institutos de formación docente del distrito (proyecto UNICABA). También han querido avanzar contra los bachilleratos para adultos, lo que además hace peligrar miles de puestos de trabajo.[24] La educación para adultos, en particular, “viene siendo vaciada por la competencia de planes más ‘flexibles’”,[25]con el uso de plataformas virtuales (“innovación tecnológica”), lo que permite transferir este presupuesto a otras partes. Por su parte, ha habido noticias que alarman sobre el posible cierre de escuelas y achique de cursos en la Provincia de Buenos Aires. Considerando los dichos de Vidal desde el Rotary Club, que trascendieron ampliamente, también estarían en la mira las universidades públicas.[26] Estos dichos (“nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”) recuerdan el guión neoliberal según el cual el subsidio estatal a la educación superior aumentaría la desigualdad.
  6. Acreditación a organismos de evaluación. En todo el sector universitario parecería haber renovadas presiones para adecuar los planes de estudio a los lineamientos del CIN –sobre todo en relación a los profesorados, lo que viene de la mano de la devaluación de los terciarios–, y a la injerencia de la privatista Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CoNEAU), como el caso de la Universidad Nacional del Comahue. En algunos casos se prevé la eliminación de contenidos, que podrían pasar al área de posgrado.
  7. Eliminación de regímenes jubilatorios especiales. Ahora se quieren eliminar los regímenes jubilatorios especiales, entre los que se encuentran los de docentes e investigadores,[27]cuestión que había trascendido en 2017 como uno de los puntos que no salieron en la reforma previsional, y que volvió a ponerse en la palestra durante las negociaciones con el FMI.
  8. Incremento de la importancia de los posgrados pagos. El recorte de incumbencias y de contenidos en la educación superior repercute en una apreciación de los posgrados pagos.

Como se puede observar, el panorama no parece muy alentador. Sin embargo, cada una de las medidas que este gobierno ha intentado imponer en materia educativa ha sido contestado por sectores movilizados, y en varios casos el gobierno ha debido retroceder, o congelar iniciativas. Hoy más que nunca es imprescindible dar una batalla de conjunto, con los docentes y con el movimiento estudiantil a la cabeza, con el objetivo de pararle la mano a la reforma educativa encubierta, al ajuste de Macri y del FMI.

[1]              Nemiña, Pablo, y Larralde, Juan. 2018. “Etapas históricas de la relación entre el Fondo Monetario Internacional y América Latina (1944-2015)”. América Latina en la historia económica. Vol. 25, núm. 1, pp. 275-313.

[2]              No nos engañemos: lo que ha permitido esa mayor flexibilidad es la mejora económica, pero lo que ha condicionado este giro como necesidad política fueron las relaciones de fuerza conquistadas en los ciclos de rebeliones populares de América Latina.

[3]              Colman, Alex. (15 de junio de 2018). “El cierre del ingreso al Estado, en el cruce entre sustentabilidad y gobernabilidad”. Socialismo o Barbarie, núm. 473.

[4]              Carelli Lynch, Guido. (21 de junio de 2018). “El Gobierno tiene su plan de ajuste para las provincias: menos obra pública y fondos”. Clarin.

[5]              En esta sección, seguimos a grandes rasgos a Nemiña, Pablo, y Larralde, Juan. 2018. “Etapas históricas…”, op. cit.

[6]              Kedar, Claudia. 2012. “Chronicle of an Inconclusive Negotiation: Perón, the International Monetary Fund, and the World Bank (1946–1955)”. Hispanic American Historical Review. Vol. 92, núm. 4, pp. 637-668.

[7]              Es por esta época que se consolida el modelo Pollak, que constituye la base teórica desde la cual el FMI diagnosticará el estado de las economías, y que implica la explicación de desequilibrios externos por factores internos (administración del tipo de cambio, gasto público, regulación estatal del mercado), por lo que las “recomendaciones” apuntan a la devaluación de la moneda, la reducción del déficit fiscal y la liberalización de exportaciones e importaciones.

[8]              Boughton, James M. 2000. “From Suez to Tequila: the IMF as crisis manager”. The Economic Journal. Vol. 110, núm. 460, pp. 273-291.

[9]              “El cambio resultó ser muy perjudicial para Latinoamérica, porque la atomización dificulta cualquier proceso de renegociación en tanto se torna mucho más difícil de lograr. Toda negociación se entorpece cuando involucra la participación de muchas contrapartes. Contrario al sentido común, no es el deudor el que tiene poder cuando negocia con acreedores atomizados, sino que son éstos; en especial, los acreedores más recalcitrantes como los holdouts, los que tienen mayor capacidad de negociación”. Oglietti, Guillermo. (11 de mayo de 2018). “Deuda latinoamericana, Argentina y el FMI”. Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

[10]            FMI. (24 de marzo de 2009). “El FMI reestructura sus mecanismos de crédito para ayudar a los países a afrontar la crisis”. Boletín Digital del FMI.

[11]            Nemiña, Pablo. 2010. “Alcances de la reforma de la política de financiamiento y condicionalidad del FMI”. Problemas del desarrollo. Vol. 41, núm. 160, pp. 39-66.

[12]            Ortiz, Ilich. 2017. “El Sistema General de Participaciones y la des-financiación estructural del Derecho humano a la educación”. Sin datos.

[13]            El subsidio estatal a la educación universitaria “es tomado como un gasto regresivo, que empeora la distribución del ingreso”. Mora Toscano, Oliver. 2005. “Las políticas educativas en América Latina: un análisis de la educación superior desde la visión de la banca multilateral”. Revista Apuntes del CENES. Vol. 25, núm. 40, p. 256.

[14]            Alexander, Nancy. 2001. “Paying for education…”, op. cit.

[15]            Reimers, Fernando. 1994. “Education and structural adjustment in Latin America and sub-Saharan Africa”. International Journal of Educational Development. Vol. 14, núm. 2, pp. 119-129.

[16]            Stewart, Frances. 2005. Adjustment and poverty: options and choices.Londres, Routledge.

[17]            Marphatia, Akanksha A. 2010. “The adverse effects of International Monetary Fund programs on the health and education workforce”. International Journal of Health Services. Vol. 40, núm.1, pp. 165-178.

[18]            Mora Toscano, Oliver. 2005. “Las políticas educativas…”, op. cit., p. 254.

[19]            Bruno, Michael, and Easterly, William. 1998. “Inflation crises and long-run growth”. Journal of Monetary Economics. Vol. 41, núm. 1, pp. 3-26. McKinley, Terry. 2008. “The Globalisation of Inflation and Misguided Monetary Policies”. Development Viewpoint.Núm. 14.

[20]            Fornassero, Inés. (24 de abril de 2018). “El recorte que ya se produjo”. Página/12.

[21]            Por lo pronto, ha transcendido un audio en el que Mateo Nicholson, titular de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar de la Provincia de Buenos Aires, pide a su secretaria “inventar los presupuestos” y “tirar para arriba” el presupuesto de refacción de cocinas en escuelas, lo que si se comprueba demostraría la malversación de caudales públicos en este sector. “Se suman denuncias contra un funcionario bonaerense acusado de ‘inventar’ presupuestos”. (20 de junio de 2018). Clarin.

[22]            Carelli Lynch, Guido. (21 de junio de 2018). “El Gobierno tiene su plan de ajuste para las provincias: menos obra pública y fondos”. Clarin.

[23]            Véase la Resolución 1254/2018, que modifica las incumbencias y recorta las reservas de 37 carreras de grado. Busch, Marian. (24 de mayo de 2018). “Ataque a los títulos universitarios: la educación al servicio del FMI”. Socialismo o Barbarie. Núm. 470.

[24]            Lista Gris Carlos Fuentealba. (5 de abril de 2018). “Cierre de los bachilleratos de adultos: Un ataque más a la educación pública”. Socialismo o Barbarie. Núm. 463.

[25]            Massacanne, Martiniano. (21 de diciembre de 2017). “El fin de la educación para adultos”. Socialismo o Barbarie. Núm. 452.

[26]            “Para Vidal sobran universidades públicas”. (30 de mayo de 2018). Página/12.

[27]            Bermúdez, Ismael. (4 de junio de 2018). “El Gobierno pone bajo la lupa los regímenes especiales de jubilación”. Clarín. Los argumentos de la burguesía se resumen en Colina, Jorge. (6 de junio de 2018). “Reducir el déficit fiscal implica perfeccionar el sistema previsional”. El Economista.

Fuente: https://www.mas.org.ar/?p=16852

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Rechazan normalistas de educación especial nuevo plan de estudios

Por: Laura Poy Solano

Estudiantes de educación especial en normales públicas de Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México se manifestaron en el Zócalo capitalino para rechazar los nuevos planes para la formación de profesores en la materia, pues destacaron que no sólo cambia el nombre de la licenciatura por el de inclusión educativa, también desaparece la formación por campo de especialización y se reducen a materias optativas.

Ante la falta de respuesta de las autoridades educativas, Ricardo Isidro Ambrosio, alumno de octavo semestre de la licenciatura de la Escuela Normal de Educación Especial Fray Matías de Córdova, en Tapachula, Chiapas, exhortó a todos los estudiantes de esa especialidad a coordinarse y defender nuestro campo laboral, porque no sólo nos afectan como futuros docentes, también a nuestros alumnos, porque aunque apoyamos que exista la inclusión no se puede aplicar a niños con diversas discapacidades sin darles un adecuado apoyo y acompañamiento.

Agregó que no quieren que desaparezca la educación especial con el argumento de que ahora se va a promover la inclusiva porque es un planteamiento erróneo: La inclusión es un proceso social que nos involucra a todos, mientras que la realidad de las escuelas regulares es que un solo docente atiende a 40 alumnos y si cinco tienen distintas discapacidades se les está condenando a la desatención y el olvido.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2019/04/04/sociedad/032n3soc

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Canadá quiere imponer a los profesores un examen anual de matemáticas obligatorio

América del norte/Canadá/04 Abril 2019/Fuente: El confidencial

Afectaría a los docentes de primaria y secundaria y sería imprescindible para recibir la licencia para poder ejercer

La región de Ontario es una de las más importantes de Canadá, al contar con la capital Ottawa y la ciudad más grande del país que es Toronto. Está situada en el sureste del país y quiere introducir en su sistema educativo una novedad dirigida a los profesores: un examen de matemáticas para todos los maestros de primaria y secundaria.

Se trata de una medida que valora el gobierno regional y que afectaría a todo el profesorado: tal y como adelanta Global News, sería un examen anual obligatorio para todos los profesores de primaria y secundaria, no sólo para los que dan clase de matemáticas. Y aprobarlo sería imprescindible para poder seguir ejerciendo en toda la región.

El objetivo de las autoridades es mejorar las notas de los estudiantes en matemáticas, que llevan años cayendo en toda la región. Para ello han aprobado una ley que obligará a todos los profesores a aprobar un examen en esa materia, aunque no sea su especialidad, ya que de lo contrario no recibirán su licencia para poder ejercer.

No será inmediato

Aún no ha trascendido cómo se llevará a cabo la prueba o de quién dependerá, ya que aún se quiere consultar con el profesorado y los propios padres. Lo que sí se sabe es que el nuevo gobierno regional, de tendencia conservadora, quiere mejorar las notas en una materia que no ha dejado de descender en los últimos años.

La ministra de Educación canadiense, Lisa Thompson, ha calificado las notas de los alumnos en matemáticas como «inaceptables»

Achacan al anterior gobierno liberal de haber fracasado en su intento de mejorar las calificaciones de los estudiantes y por eso quieren introducir este nuevo plan. Sin embargo, para el partido que ahora está en la oposición se debería reforzar el apoyo a los alumnos y mejorar la capacitación de los docentes, pero no imponerles una prueba.

La ministra de Educación canadiense, Lisa Thompson, ha calificado las notas de los alumnos en matemáticas como «inaceptables«. Mientras, fuentes del gobierno regional de Ontario hacen esta reflexión: «¿Cómo podemos esperar que nuestros estudiantes aprueben las matemáticas cuando nuestros maestros no pueden

Fuente: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-04-04/profesores-examenes-matematicas-obligatorios_1924106/

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Puerto Rico: Chárters siguen como ficha de tranque entre Educación y magisterio

Centroamérica/Puerto Rico/04 Abril 2019/Fuente: Noticel

Nominado Secretario se reunirá mensualmente

En su primer día como secretario interino del Departamento de Educación (DE), el profesor Eleuterio Álamo, se comprometió con la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, y la secretaria de la Local Sindical del gremio, profesora Grichelle Toledo Correa, para reunirse mensualmente, sin embargo, no coincidieron en el tema de las escuelas chárter.

En la reunión hoy, miércoles, celebrada en la Oficina del Secretario en Hato Rey, el funcionario informó que “llegamos a acuerdos para sentarnos en la mesa y dialogar todos los meses sobre los asuntos magisteriales y en las escuelas, de forma que sea una conversación continua”.

“Aunque no coincidimos en el tema de las Escuelas Público Alianzas habrá un respeto a la consulta que se le hizo a las comunidades escolares. Estaremos revisando los procesos para que, al final del día, las escuelas que puedan estar bajo este nuevo modelo sean aquellas cuyas comunidades escolares estén abiertas al proceso”, abundó Álamo.

“Tal como dije desde que asumí el cargo, quiero mantener un diálogo sincero y abierto con los representantes de la Asociación de Maestros; conocer sus inquietudes y necesidades para que desde mi posición pueda aportar al mejoramiento del sistema público, de los maestros y de la razón de ser de esta agencia, que son los estudiantes”, subrayó el nominado.

Por otor lado, apuntó que el Departamento de Educación consultará al magisterio sobre la posibilidad de extender hora y media el horario de los docentes pero se hará en coordinación con el representante sindical del magisterio. “El resultado de esa consulta se va a respetar”, puntualizó.

Sobre el proceso de otorgación de permanencias, Álamo aclaró que las comunicaciones que han recibido algunos maestros se tratan de la primera fase, atada al registro de elegibles, mientras la segunda será para maestros de difícil reclutamiento.

Fuente: https://www.noticel.com/ahora/charters-siguen-como-ficha-de-tranque-entre-educacion-y-magisterio/1065473698

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España: Canarias, la primera comunidad que hace obligatoria la educación emocional en los colegios

Europa/España/04 Abril 2019/Fuente: El país

Los alumnos de primero a cuarto de primaria reciben menos horas de matemáticas y lengua. La OCDE ya prepara una evaluación de nuevas competencias emocionales

Allí, todas las aulas están en una sola planta, dentro de pequeños bloques que se comunican con pasillos al aire libre, como un pueblo en miniatura. De fondo, se ve la montaña y las plataneras. En una clase de tercero, hablan en corro sobre el síndrome de Down, ese día todos llevan un calcetín de cada color para simbolizar lo diferente. La profesora les pregunta si saben qué es la trisomía, habla de parejas de cromosomas y de algunos niños que tienen, además, un trío. Sus rasgos y su forma de sentir son más pronunciados, detalla. Uno de los alumnos la interrumpe: “Borja también es diferente”. Uno de los niños, bastante más alto que los demás —les saca dos años— y con unas lentes de aumento, levanta la cabeza, están hablando de él. “Borja —continúa la maestra— tiene un retraso en el aprendizaje y por eso aprende más lento que los demás, ¿verdad Borja?”, le lanza. En este centro educativo ya no hay tabúes, todo se habla, sin excepción.

Este es el quinto año que Canarias imparte la asignatura Emocrea (Educación Emocional y para la Creatividad), una decisión que al principio resultó polémica al tratarse de la sexta autonomía con el mayor índice de abandono escolar, un 20,9% en 2018 frente al 17,9% de la media de España (lejos todavía del 10,6% de media de los países de la UE). Eso supone que uno de cada cinco canarios de 18 a 24 años no tiene más estudios que la ESO.

La aprobación de la Lomce por el PP en 2013, dio a las comunidades autónomas la posibilidad de incluir en sus programas académicos asignaturas de libre configuración. El Gobierno de las islas, en ese momento formado por Coalición Canaria y el PSOE, decidió destinar dos sesiones de 45 minutos a educación emocional y, para ello, restaron una hora de Matemáticas a los alumnos de 1º y 3º de Primaria, y una hora de Lengua a los de 2º y 4º. “La tradición más academicista sostiene que hay de destinar más tiempo a Matemáticas y Lengua, pero nosotros decidimos quitárselo para no marginar a las materias más humanísticas, como Música, Plástica o deportes. El profesorado nos ha acabado dando la razón”, explica Antonio Gómez, técnico de la Consejería de Educación encargado de la supervisión del programa.

Solo dos países de la UE imparten educación emocional como materia obligatoria: Reino Unido y Malta. La OCDE ya está trabajando en esa línea y desarrollando un nuevo marco para evaluar a los alumnos no solo en matemáticas y comprensión lectora, sino en habilidades sociales. Es lo que llaman Global Competences. “Hay una base científica muy fuerte sobre la relación entre la capacidad para aprender y el estado emocional. Lo que más importa es que se haga un cambio de mirada y se tenga en cuenta cómo sienten los chicos. Hemos centrado la educación en los contenidos durante demasiados años”, explica Verónica Boix, investigadora de Project Zero de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, donde cerca de 40 expertos desarrollan nuevas metodologías de innovación.

Alumnos del centro público La Laguna, en Los Llanos, durante una clase de educación emocional con su tutora Mónica Viña, la semana pasada.
Alumnos del centro público La Laguna, en Los Llanos, durante una clase de educación emocional con su tutora Mónica Viña, la semana pasada. ENRIQUE NAVARRO

“Ahora vivimos en un mundo mucho más complejo, con emociones más difíciles. El tema de la inmigración, por ejemplo, genera respuestas emocionales fuertes: temor, inseguridad… no lo podemos desvincular de la educación”, señala Boix, que forma parte del equipo que desarrolla el sistema de medición de la OCDE. El currículum debe incluir dos nuevos retos: “cultivar el potencial del ser humano”, en referencia a la capacidad social, intelectual, moral y ética, y dar valor a las relaciones personales, cómo nos comunicamos con los demás. “Hay que enseñar a los niños a indagar, por qué se sienten así, poner nombre a sus emociones, reconocer y aceptar sensaciones que no siempre son agradables”, continúa Boix.

Precisamente, la nueva herramienta de la OCDE —en fase de prueba y aún sin fecha para su lanzamiento oficial— busca analizar cómo los alumnos toman perspectiva sobre temas globales como el cambio climático, cómo entienden las posturas de otros y cómo consideran la posibilidad de pasar a la acción. “En todo eso juega un papel el control de las emociones”, añade Boix.

Canarias, la primera comunidad que hace obligatoria la educación emocional en los colegios

Los fenómenos globales tienen un impacto emocional sobre los niños y las escuelas deben acompañarles. En una investigación en 500 colegios de Estados Unidos conducida por John Rogers, profesor de Educación de la Universidad de California, se demostró que los estudiantes no son “inmunes” a los discursos políticos de odio. “El clima del país llega a los niños en forma de agresión a los compañeros migrantes, incapacidad de dialogar a través de las diferencias… la agresividad de la era Trump también se cuela en las escuelas y hay que tratarla desde la emoción”, sostiene Boix.

El trabajo debe empezar por la formación de los docentes. En un estudio de uno de los equipos de Project Zero en Los Ángeles, se vio que los profesores suelen tener reacciones autoritarias o agresivas hacia alumnos de clases socioeconómicas más bajas.

La idea del nuevo currículum de Canarias fue de Antonio Rodríguez, profesor de Psicología de la Educación de la Universidad de La Laguna (Tenerife). En los noventa, centró una de sus investigaciones en comparar la psicología del niño canario con la del resto de autonomías. “Históricamente, hemos sido una de las regiones con la tasa más alta de analfabetismo, eso influye en la autoestima de los estudiantes y en cómo ven sus posibilidades de futuro”. Los resultados de las pruebas a más de 2.500 chavales de diferentes autonomías confirmaron la tendencia canaria a “autodevaluarse”. “La fragmentación de las diferentes islas y la desconexión son factores que afectan”, dice Rodríguez. Años más tarde, él y su equipo desarrollaron junto a un comité de maestras, las líneas de educación emocional y los parámetros para evaluar esas competencias.

Una revisión de 500 estudios internacionales publicados sobre el tema ha confirmado que esos programas mejoran un 13% el rendimiento académico. De momento, en Canarias no lo han medido porque tienen que esperar a que la primera generación de alumnos llegue a sexto de primaria. La parte emocional sí la evalúan cada año, con cuestionarios a los estudiantes y profesores. Preguntas como: “Cuando sientes ira hacia un compañero por coger algún material tuyo sin permiso, ¿cómo reaccionas?”, o “al llegar a casa, ¿tu familia te recibe con un abrazo?”. “Aprenden a reconocer las señales que emite el cuerpo, a descifrar los códigos corporales asociados a estados emocionales. Entienden que la frase ‘no estoy gritando, yo hablo así’, ya no sirve”, apunta Rodríguez, que acaba de lanzar su libro Educaemoción: la escuela del corazón (Santillana), una guía para docentes con 100 actividades. Se les enseña que tienen derecho a enfadarse, pero que hay límites, no pueden gritar o pegar a un compañero. Que la emoción siempre tiene un efecto sobre su conducta y que antes de actuar, hay que parar y respirar.

“El sistema límbico, la parte del cerebro que se encarga de las emociones, tiene una respuesta automática. Con entrenamiento, se aprende a gestionarla, y cuanto más pequeño se es, más potencial de cambio”, señala Rodríguez. Los indicadores muestran una mejora de todas esas habilidades. En el colegio La Laguna, de Los Llanos, afirman que previene el bullying. “No podemos decir que son cosas de niños, tienen que ganar confianza en sí mismos para decir ‘no me gusta que me llames así’ o ‘no me gusta que me toques la cabeza de esa forma”, dice Mónica Viña, directora del centro. Echando a los alumnos de clase no se soluciona nada, defiende, porque no sabrán por qué se han comportado así ni cómo frenarlo. La asignatura de educación emocional es la única en la que el alumnado puede estar en silencio y no intervenir si no se siente a gusto ese día. “Ellos deciden”.

PRIMERO, LOS PROFESORES GESTIONAN SUS «HERIDAS EMOCIONALES»

El Gobierno de Canarias recomienda, en su orden de inclusión de la nueva asignatura, que la impartan las tutoras de cada curso de primaria. En los últimos cinco años, han formado a 1.189 docentes (de un total de 7.881). En la Universidad de La Laguna, para los estudiantes de Magisterio ya es una asignatura opcional. «Hacemos dinámicas para gestionar nuestras heridas emocionales, primero tenemos que solucionar lo nuestro, y luego ya pensar en ayudar a los alumnos», cuenta Alejando Dayekh, estudiante de 3º. Cree que forma parte de una nueva generación de maestros que ya no cree en la hegemonía de las «materias duras», que ya no sigue los estereotipos emocionales de género y que defiende que en clase cualquiera puede romper a llorar. «No hay que ser psicólogo para impartir esta asignatura, sino estar dispuesto a hablar de tu mundo interior y del de los otros», opina Rosi Marrero, profesora del colegio público Las Mantecas, en Tenerife.

Además de la experiencia de Canarias, donde el abandono escolar ha bajado del 27,5% de 2013 al 20,9% de 2018, otros 320 colegios (50% públicos, 35% concertados y 15% privados) españoles han participado en un programa voluntario ofrecido por la Fundación Botín, que desde 2006 ha analizado la inclusión de la educación emocional en 24 países. «Creemos que no basta con un solo profesor, se tiene que implicar todo el centro, y la materia debe ser transversal», indica Javier García, director del programa Educación Responsable de la fundación. Se inspiraron en modelos como el de Sudáfrica, donde tratan el conflicto racial a través de habilidades emocionales.

En estos años han formado a más 8.000 docentes españoles, y los alumnos de 1º de infantil a 4º de ESO que han probado sus herramientas en clase (más de 500 para los diferentes niveles) han mejorado 12 puntos en identificación emocional —que les permite saber por qué se sienten de una determinada manera— y más de 25 puntos en creatividad. Ahora están desarrollando junto a un comité de expertos de la Universidad de Málaga y la de Cantabria, un sistema de evaluación con 10 variables, entre ellas, una que mide la capacidad de desbloquear emociones a través del arte, y en ese punto están colaborando con el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. «La educación en España se ha centrado en el ámbito cognitivo: Lengua, Historia y Matemáticas. Hay que ser capaz de responder a los retos que plantea la vida. Estamos pasando página», apunta García.

Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/03/26/actualidad/1553627291_428563.html

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Perspectivas de la reforma educativa: pedagógica, profesional, laboral y sindical

Por: Pluma Invitada

La reforma a los artículos 3º, 31 y 73, fracciones XXV y XXIX-F, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (CPEUM), enarbolará la política en materia educativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Será la política pública que regirá hasta el 2024, al menos. Representaría su gran Reforma Educativa. Su aprobación se encuentra en un compás de espera por el diálogo en curso del gobierno con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Ésta, la Reforma Educativa, es susceptible de analizarse desde cuatro perspectivas, según mi parecer: pedagógica, profesional, laboral y sindical tomando como base el Decreto Dictaminado por las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados. A éste se le agregaron, en comparación con el Proyecto de Decreto previamente difundido, dos transitorios.

El Artículo Séptimo, el cual altera la numeración de los subsecuentes, ordena al Congreso de la Unión realizar las reformas a la legislación secundaria a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la publicación de este Decreto.

El Artículo Decimosexto, el último y no por ello el menos importante, contempla “la entrada en vigor de las presentes disposiciones, los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación, se regirán por el artículo 123 Constitucional, Apartado B. Con fundamento en este Decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.”

El anterior transitorio, el Artículo Decimosexto, brinda elementos para considerar que los derechos laborales de los trabajadores se consagran en el Apartado B del 123 Constitucional, en la Ley Federal del Trabajo y en el marco jurídico normativo que de éstas emanan. Y lo no laboral, entendido como la admisión al servicio educativo y a la promoción a los ascensos, en el 73 Constitucional Fracción XXV en la Ley Reglamentaria por legislarse.

De nueva cuenta, se contempla un régimen laboral de excepción para las Maestras y los Maestros, el Sistema de Carrera, en lugar del Escalafón establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Y por qué no se modifica el Apartado B del Artículo 123 Constitucional y/o la Ley Federal de los Trabajadores? Porque involucraría al resto de los trabajadores del Estado y a sus Sindicatos. No le conviene al gobierno emprender esta batalla o quizá no tenga la fuerza para acometerla. Sería abrir flancos innecesarios.

Este artículo constitucional, el 123, refiere la forma para la designación del personal mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes así como también que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartad B, se establece el escalafón para efectuar promociones de ascenso a los trabajadores, en el Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros se le llamará promoción. Los factores contemplados son los conocimientos (principios teóricos y prácticos que requieren para el desempeño de una plaza), la aptitud (la suma de facultades físicas y mentales, la iniciativa, la laboriosidad y la eficiencia para llevar a cabo una actividad determinada), la antigüedad así como la disciplina y puntualidad. Incluso se contempla la calificación por medio de tabuladores o a través de los sistemas de evaluación que señalen los reglamentos.

A la luz del párrafo anterior, saltan a la vista las contradicciones con la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Sí asumiéramos que la reforma educativa busca establecer la política de la actual administración en esa materia, como lo referí al inicio, siendo así, entonces ¿qué aspectos debiera contemplar para ser considerada de corte educativo? ¿a qué se refiere cuando se dice que es una reforma laboral? ¿qué es lo educativo de una reforma educativa? ¿qué es lo laboral de una reforma educativa?

Sí pretender el aprendizaje de los alumnos es lo educativo de la reforma, entonces ¿lo relativo a las condiciones para el ejercicio de la profesión docente, se concibe de carácter laboral? Sí los aspectos curriculares es lo educativo de la reforma, entonces ¿la formación de los docentes para la implementación del programa de estudios en el aula, se concibe de carácter laboral? Por lo tanto, lo educativo de la reforma educativa es el aspecto pedagógico, tanto teórico como práctico. Tan pedagógico es el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes como las condiciones profesionales, incluyendo la situación laboral, para el ejercicio de la profesión docente.

Distinguir la diferencia entre las condiciones profesionales de la situación laboral de los maestros se vuelve relevante para la confección de las leyes secundarias, en este caso la Ley Reglamentaria del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros.

Sí lo laboral se relaciona con la relación contractual entonces ¿por qué los nombramientos son materia del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros? Sí lo educativo es la promoción a ascensos entonces porque es materia del Escalafón establecido en el Apartado B del 123 Constitucional? Sí el Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros se circunscribe a lo educativo entonces ¿el Escalafón alude a lo laboral? ¿La situación laboral de las maestras y los maestros es materia del Apartado B del 123 Constitucional y las condiciones profesionales del Sistema de Carrera? Al parecer, es legal la lucha sindical para hacer respetar lo establecido en Apartado B del 123 Constitucional. ¿Es legítima la aspiración de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación?

El derecho humano, como enfoque de la reforma educativa, abriga también las condiciones profesionales y la situación laboral de las maestras y los maestros. Cuando hablamos de educación se alude tanto al aprendizaje como a la enseñanza. La situación laboral y las condiciones profesionales para el ejercicio de la profesión docente son también materia del derecho humano, del derecho fundamental, del derecho a la educación.

La reforma educativa también es una reforma laboral sí en ella se contemplan las condiciones para el ejercicio de la profesión docente. Siendo así, ¿quién tiene la autoridad moral para dilucidar sobre la docencia?. ¡El Maestro! Maestro no es sinónimo de sindicato. Hay que identificar las distinciones entre gremio docente (el magisterio) y el gremio sindical. Las asociaciones profesionales persiguen fines distintos a las organizaciones sindicales. Entonces, ¿por qué los sindicatos se arrogan el derecho de defender los intereses laborales y profesionales de los maestros? ¿Es una indefinición? ¿un vacío legal? ¿es válido? En el discurso sindical se emplea indiscriminadamente la frase “defenderemos nuestra materia de trabajo”. ¿A cuál se refiere? ¿a la situación laboral? ¿a las condiciones profesionales? ¿a ambas? El gobierno pretende quitarle a los sindicatos la tutela de los maestros. El Apartado B es para los sindicatos lo que la Ley Reglamentaría para la Carrera de las Maestras y los Maestros representaría para el gobierno.

Lo que se pretende regular es el ejercicio de la profesión docente y lo necesario es acotar el poder de los sindicatos. Una reforma educativa no es una reforma sindical. Ésta, la reforma sindical, está implícita en la recomendación 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

Ante esta circunstancia, emerge el poder de influencia de los diversos sectores y actores implicados, los poderes fácticos. Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es uno de ellos. El periódico Excélsior, en su edición del pasado treinta y uno de marzo, en una de sus notas se “cabeceó”: “Doble cachucha: son diputados y de la CNTE”. En ella se nombraron algunos de los 34 docentes identificados, algunos fueron combativos líderes, por ejemplo la Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Ahora sí, ¡fuera máscaras! Se ven a todas luces dos caras o una doble moral. Los diputados en su calidad de representantes populares tienen frente a sí un conflicto de interés. Por la izquierda dicen defender al pueblo y por la derecha velan por los beneficios del grupo al que pertenecen. Algunos especialistas nombran a este fenómeno neocorporativismo. Tan cuestionable y dañino éste como el añejo corporativismo. Tan legal e ilegítimo el uno como el otro.

La reforma educativa sí debiera contemplar los aspectos pedagógicos relativos al aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes así como los laborales y profesionales inherentes al ejercicio de la profesión docente por parte de los maestros. La reforma educativa sí debiera acotar el poder de influencia de las organizaciones sindicales cuando éstas busquen ir más allá de sus propósitos y pretendan chantajear al gobierno utilizando a los estudiantes y maestros como justificación de sus desviados actos. ¿Será posible? Acotar el poder sindical y potenciar el ejercicio de la profesión docente. Vaya desafío mayúsculo del papel de los sindicatos desde este contexto. En los próximos días sabremos el rumbo que seguirá este asunto según los acuerdos entre el gobierno y la CNTE.

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente: http://www.educacionfutura.org/perspectivas-de-la-reforma-educativa-pedagogica-profesional-laboral-y-sindical/

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Entrevista a Carlos Magro: “El cambio educativo no viene impuesto desde arriba, que es como tradicionalmente hemos querido cambiar las cosas”

Entrevista/04 Abril 2019/Autor: Daniel Sánchez Caballero/Fuente: El diario la educación

Carlos Magro aboga por la necesidad de un diálogo pausado sobre los fines de la educación, las metodologías o la participación de la comunidad educativa (y el entorno) en el cambio educativo. También defiende un diálogo no partidista: «El famoso pacto, parece más bien un no pacto pactado, un interés en no llegar a acuerdos porque hay otros intereses».

A Carlos Magro le gusta debatir, hablar sobre educación y cómo mejorarla. Este consultor, que ha trabajado para organismos públicos y privados y está especializado más en la gestión que la docencia o la academia, cree que el sector necesita el debate más que nunca. Hace falta una conversación amplia, sostiene, abierta, en la que participen más actores, entre ellos los alumnos (“lo hacemos todo por ellos, pero sin ellos”) en busca de la mejora del sistema. “Creo que actualmente el debate está secuestrado por intereses no educativos”, afirma. Magro, que materializa su interés por el diálogo desde la vicepresidencia de la Asociación Educación Abierta, opina que los grandes retos del sistema español son el fracaso escolar en su más amplio espectro, y la segregación; dos temas que de alguna manera señalan al mismo sitio, la exclusión. Sin embargo, también valora el esfuerzo que se ha hecho para llevar la educación a un nivel de igualdad con nuestros vecinos europeos pese a la desventaja que teníamos en los últimos 30 años y otorga todo el mérito de la mejoría al esfuerzo de los docentes.

¿A qué te refieres con que “el debate está secuestrado”?

Nos falta calma en el debate educativo. Nos falta más sosiego, centrarnos en lo importante, que es mejorar la educación, los aprendizajes de nuestros alumnos e hijos. En España hay dos grandes retos. Uno es recortar la segregación escolar. Somos un país que lidera la segregación en nuestro entorno, y creo que no es admisible. Y, por otro, somos los campeones del conjunto de cosas alrededor del fracaso escolar, el abandono, etc. Tenemos unas cifras fuera del contexto europeo en el que nos movemos. Es un tema muy importante que nos dice que son razones suficientes para tratar de cambiar las cosas. Y cambiarlas tiene que ver con los recursos, las infraestructuras, etc., pero también con las prácticas escolares, lo que hacemos, la evaluación, el currículum, las metodologías. Si nos lo tomamos en serio, implicaría muchas cosas. Cuando digo que el debate está secuestrado es que no tengo claro que cuando los políticos hablan de educación estén pensando en esto que digo. Parece que discuten y no llegan a acuerdos. Como el famoso no pacto, que parece más bien un no pacto pactado, un interés en no llegar a acuerdos porque hay otros intereses. Cuando hablo de hablar de lo importante es de por qué tenemos un 18% de fracaso y no el 10% que nos correspondería por nuestro contexto.

Fracaso y segregación correlacionan de alguna manera, son dos caras de una misma moneda.

No soy un experto y no quiero decir nada que no sea correcto, pero es importante tener claro que el fracaso es exclusión, es expulsión del sistema de un porcentaje que ha ido variando, ha bajado algo, pero es altísimo y no nos lo pedimos permitir desde ningún punto de vista. Responde a muchas causas sociales, económicas, de capital cultural… Tiene que ver con nuestras leyes, con las dotaciones, la formación del profesorado, las ratios, las infraestructuras, los recursos del sistema… Pero, además, con el currículum y las leyes. Y tiene que ver también, y esto me parece interesante porque ahí podemos actuar, con qué entendemos colectivamente que son los fines de la educación. El fracaso que tenemos responde en parte a que no hemos terminado de hacer una transición entre un sistema que hace 30-40 años era selectivo y propedeútico, que preparaba para etapas posteriores, a otro más inclusivo que nos demanda la sociedad. Cuando decidimos que el objetivo de la educación obligatoria era formar a las personas de manera integral, cambiaron los fines educativos y eso tiene implicaciones muy grandes en el currículum, las metodologías, la manera de evaluar, cómo organizarnos en el centro, la concepción del alumno… Hay muchas cuestiones que nos está costando implementar. El sistema tiene altas tasas de fracaso probablemente, entre otras cosas, por lo que nos está costando esa transición de modelo. Lo que le pedimos a la escuela hoy no tiene que ver con lo que le pedíamos hace 40 años. Es bastante más difícil cumplir con los objetivos hoy. Dicho de otra manera, ser docente hoy es mucho más difícil que hace 40 porque las exigencias son mucho más altas. Hay que resolver el fracaso y la segregación, pero también la atención a la diversidad. Y esto hace más compleja la labor de los docentes, que es algo mucho más difícil de lo que la gente cree.

¿Hemos perdido el objetivo en el cambio de sistema o nos está costando implementar el nuevo sistema?

Nos está costando. Nos cuesta asumir que la enseñanza obligatoria tiene otros fines. Nos está costando a nosotros y a todo el mundo, no es un problema nuestro. Hay muchas razones: no es lo mismo escolarizar hasta los 14 que hasta los 16. No es lo mismo escolarizar pretendiendo que todo el mundo alcance unas competencias mínimas para poder desarrollarse de una manera completa en su vida, que es lo que pedimos ahora al sistema, que lo que teníamos antes, que era más selectivo y más centrado solo en contenidos y no tanto en la educación integral. No nos preocupaba tanto que un porcentaje alto de los estudiantes no llegasen al final de la etapa. Ahora pedimos más: que toda la población, con toda su diversidad, alcance unas competencias mínimas al final de la etapa obligatoria y que nadie se quede atrás en el proceso. Eso debería implicar cambios sustanciales, que he mencionado antes y que nos está costando implementar. En eso estamos, en una etapa de transición que está durando demasiado.

¿Pero vamos en la buena dirección?

Creo que sí. La buena noticia es que estos procesos de cambio se producen a diario. Hay miles de docentes haciendo las cosas de manera distinta. Hay cientos de escuelas con proyectos interesantísimos, independientemente de su titularidad y sus condiciones. Tenemos un montón de ejemplos de buenas prácticas individuales, colectivas, en públicos y privados. Vamos mejor de lo que a veces parece. No quiero pintar un escenario negro. Pinto uno de complejidad, no de pesimismo. Nuestro sistema educativo y los indicadores que da en términos de competencias de los estudiantes son mejores que hace unas décadas. Se ha hecho un progreso tremendamente positivo y, en el fondo, estamos equiparados a nuestro contexto en todo (y eso ha sido un esfuerzo enorme de los docentes para llevar un sistema de un país que educativamente estaba muy atrás a uno que está en el mismo nivel que sus vecinos), excepto en el fracaso escolar, y eso se debe probablemente a que venimos de condiciones iniciales mucho peores.

En la democracia, el sistema ha evolucionado positivamente de manera muy grande, gracias al esfuerzo de docentes y escuelas como organizaciones. El indicador del fracaso lo que nos dice es que aunque hemos hecho un gran esfuerzo, queda camino de mejora y esta pasa porque nadie se quede atrás. Un porcentaje de fracaso, por mínimo que sea, es fracaso del sistema. Qué tenemos que hacer para reducir las tasas es lo que tenemos que plantearnos y ya hay muchos docentes y escuelas que están trabajando muy bien y reduciendo esas tasas de abandono y desafección de los estudiantes. Y lo están haciendo con los aspectos que pueden modificar ellos. No pueden modificar las ratios, la falta de fondos o la legislación. Pero pueden modificar la cultura escolar, las prácticas educativas en las aulas. En este proceso se están consiguiendo mejoras sensibles en estas áreas.

Hablas de cambios impulsados por docentes, por escuelas… ¿Hay algún modelo mejor? ¿El cambio debe venir desde arriba o desde abajo?

El cambio, cuando funciona de verdad y es sostenible, viene promovido por la comunidad educativa. Y esta es más que los docentes, más que el claustro como colectivo, más que el centro entendido como una dirección escolar y los docentes. Son las familias, es el contexto. Para que haya mejora tiene que haber un proyecto educativo a ser posible respaldado, impulsado, diseñado por una comunidad educativa. Creo que esa es la clave. Lo que tengo claro es que los docentes individuales, que siempre ha habido y habrá haciendo cosas excepcionales de manera individual, no serán capaces de hacer las transformaciones que necesitamos. La complejidad de la enseñanza hoy requiere sobre todo entender que la docencia no es una tarea individual, sino colectiva. En la medida en que los docentes trabajan de forma coordinada con sus compañeros empezamos a ver que las cosas funcionan mejor. Este cambio se logra donde se ha comprendido que la docencia siempre es una cosa colaborativa. Lo que sí que es claro es que el cambio educativo no viene impuesto desde arriba, que es como tradicionalmente hemos querido cambiar las cosas. Las leyes no mejoran las prácticas en el aula por sí solas y, por tanto, no mejoran el aprendizaje del alumno. El impulso individual tampoco parece suficiente. El sitio del cambio es el lugar intermedio, ni desde arriba con leyes ni desde prácticas de aula individuales. Si miramos los procesos buenos de cambio, en todos se dan estas condiciones: colaboración de las familias, un buen proyecto educativo impulsado desde un liderazgo distribuido, cooperación entre docentes…

Hablas a menudo de “lo que ocurre fuera del aula”. ¿Cómo es posible integrar estas enseñanzas con las regladas? ¿O no es necesario?

Es deseable. Aquí estamos en otro nivel, pero uno de los retos de la educación formal es entender cómo funcionan los procesos de aprendizaje informal. Nuestros estudiantes se pasan el día aprendiendo cosas en aprendizajes informales. Ser capaces de entenderlos, vincularlos e incorporarlos a la escuela es uno de los problemas históricos de los centros. Cuando hace 30 años le dijimos a las escuelas que su fin era preparar a las personas para la vida, lo que queríamos era vincular lo que pasa en la escuela con lo que pasa fuera. Hay que buscar maneras para crear estos vínculos. Se hace cada vez que un grupo de alumnos o un centro educativo se ponen a trabajar por proyectos intentando resolver problemas reales de su comunidad educativa. El aprendizaje servicio es un gran ejemplo de cómo vincular aprendizajes formales con problemáticas exteriores. Aquí vemos que los alumnos entienden lo que hacen, que no es solo adquirir un conocimiento, sino transformar sus proyectos vitales. Tenemos muchos ejemplos: desde las comunidades de aprendizaje que vinculan mundos tan separados como el familiar y la escuela, hasta el aprendizaje servicio o las ciudades educadoras.

Fuera del centro escolar hay muchos activos disponibles y cuando soy capaz de movilizarlos doy sentido a los aprendizajes formales, el aprendizaje es más significativo y los alumnos desarrollan competencias fundamentales sobre problemáticas reales. Abrir la escuela a su comunidad es uno de los grandes retos: enseñar a vivir, a través de la vida, de proyectos reales, es la única manera de comprobar que estoy desarrollando las competencias que me pide el currículum. Los problemas reales están en su contexto, fuera de la escuela.

Hablando de dirección, abogas por su especialización y profesionalización, quizá un poco a imagen de lo que se hace en EEUU, donde son dos profesiones totalmente diferenciadas. ¿Falta formación?

Creo que igual que es más complejo ser docente, también lo es dirigir un centro educativo. No sé si el camino está totalmente separado de la docencia, creo que para ser buen director es bueno haber sido docente, pero también que la dirección necesita más herramientas, más formación, capacitación profesional para poder liderar una organización como un centro educativo, que es altamente complejo. La complejidad de la gestión de un centro es muy alta. Tienes complejidad pedagógica en primer lugar. Necesitas, para empezar, un liderazgo pedagógico que requiere competencias específicas. Necesitas un gran liderazgo de equipos. Los equipos directivos en general necesitan tener herramientas de gestión en el sentido mejor de la palabra: recursos que tienen que ver con temas legales, etc. Dirigir (y hablo de todo el equipo) exige bastante más que ser un docente. No digo tener una carrera distinta, pero sí una formación específica a la hora de acceder a esos puestos, porque es una labor que se ha vuelto cada vez más compleja. El modelo que teníamos, vertical, no me parece mal, pero requiere profundizar en lo que se hace desde hace tiempo de ahondar en la vía de profesionalización de la dirección. La corta formación que se hace ahora no es suficiente; igual que ser un buen docente requiere un proceso de formación y acompañamiento.

La Asociación Educación Abierta, de la que forma parte, ha elaborado el proyecto ‘Calmar la educación’. ¿Qué es? ¿Hace falta sosiego en la educación?

Sí. Hemos hecho un proceso muy participativo de diálogo educativo con la idea de que necesitamos tiempo, calma, sosiego, eliminar la crispación, encontrar procesos de diálogo, escucharnos. Es una apuesta por el diálogo como un valor y, en estos momentos, más que crispación o desencuentros necesitamos respeto, diálogo y diversidad para poder profundizar en los temas que necesitamos.

¿Cuáles son estos temas, más allá del fracaso y la segregación que ya ha mencionado?

Que la educación es lo que sucede en las aulas. Cómo tenemos que repensar las prácticas de enseñanza para dar respuesta a los retos que tenemos por delante. En nuestro país, ya he comentado que pasa por reducir las tasas de fracaso en su concepto grande, que incluye el abandono o la no titulación. También en cómo lograr la educación integral y de todos, que nadie se quede atrás. Eso pasa, desde mi punto de vista, por muchas cosas pero, entre otras, por pausar un poco la crispación, buscar el diálogo, la profundidad en el debate, espacios de debate educativo, escuchar a los docentes (tienen que hablar ellos), los centros, las familias, los alumnos… Una de las cosas que ignoramos en el debate es a los alumnos: lo hacemos todo por ellos, pero sin ellos. Necesitamos incorporar más actores, centrarnos en temas estrictamente educativos: cómo mejorar los aprendizajes, reducir el fracaso, qué hacer para que los estudiantes salgan del sistema con esa capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Pasa por entender que nos implica a todos: a docentes, estudiantes, familias. Pero no solo, hay más gente. Necesitamos tiempo para decidir en qué queremos invertir, debatir sobre los fines. Se habla de temas, pero siempre son los mismos. Creo que hay que aumentar los temas, integrar nuevas voces y, sobre todo, rebajar la crispación y la utilización partidista por parte de algunos; la educación es demasiado seria como para no tomársela en serio. Esto intentamos con aquel proceso llamado Calmar la educación. Si no abrimos un diálogo distinto no lograremos cambiar las cosas y, desgraciadamente, muchas veces los temas sobre los que está el debate más publico son los mismos cuatro o cinco.

Fuente e imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/04/04/el-cambio-educativo-no-viene-impuesto-desde-arriba-que-es-como-tradicionalmente-hemos-querido-cambiar-las-cosas/

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