América del sur/Colombia/04 Octubre 2018/Fuente: Prensa Latina
Profesores de universidades públicas de Colombia anunciaron una huelga de hambre por tiempo indefinido desde la próxima semana, en reclamo de mayores recursos para ese sector de la enseñanza superior.
Los docentes, entre los que se encuentran algunos exrectores, alegaron que la educación en el país pasa por una crisis financiera que es visible en las 32 universidades públicas de Colombia.
‘No hay como pagar nóminas’; es posible que no lleguemos a diciembre, alegaron los manifestantes, quienes hicieron ver su preocupación en carta dirigida al presidente del país, Iván Duque, y al Congreso de la República.
Insistieron en el derecho a la educación superior de calidad para más de 620 mil estudiantes del sistema de educación pública superior.
A juicio de los profesores universitarios, el acápite de educación dentro del proyecto de presupuesto general de la República, a debate en el Congreso, debe recibir una mayor inyección financiera y en materia de inversión.
Entrevista/03 Octubre 2018/Autor: Pablo Gutiérrez del Álamo/Fuente: El diario la Educación
El Ministerio ha dado ya algunos pasos para cambiar la Lomce, aunque todavía tímidos. Espera poder llegar a Navidad con una propuesta de modificación.
Isabel Celaá, ministra de Educación desde hace poco más de 100 días, es una mujer trabajadora y concienzuda. Es clara en sus explicaciones y una gran conocedora del sistema educativo. Hablamos con ella de la situación del profesorado, de sus planes de mejora o de abandono escolar temprano (AET).
Desde el momento en que tomó posesión, dejó claro que haría todos sus esfuerzos para que la educación pública recuperase el peso perdido en algunos territorios. La concertada está preocupada. ¿Tiene motivos?
El ministerio ha de ser garante de la calidad del sistema en su conjunto. Lo que pretendo como ministra es poner las cosas en su sitio. Más que de la concetada podemos hablar de algunas administraciones que, al amparo de la demanda social, se han olvidado de que el derecho fundamental de la persona a ser educada tiene que ser servido por los poderes públicos en primer lugar. Mientras que la concertada es libre de servirlos o no.
En resumidas cuentas, quiere decir que sabemos que el serivicio de la educación se presta en este país por la red pública y la concertada. La mayoría de los centros, de ambas, cumplen con sus objetivos sociales: educar. Pero no podemos obviar el hecho de que ha habido abusos en algunas comunidaded, las menos, en las que mientras no se invertía en la construcción de centros públicos, se llegaba a conceder suelo público y se concertaban centros incluso antes de ser autorizados.
Esto ha hecho que el sistema educativo haya visto reducida su financiación en un 11% desde 2010, mientras que en la OCDE se estaba incrementando el gasto público en educación, que es una inversión, en un 5%. Ahora que estamos viendo el informe Education at a Glance, vemos que el sistema educativo espñaol está por debajo de la media en financiación en relación a la OCDE. Esa reducciíon repercute obviamente en la calidad.
El Ministerio no quiere que la financiación caiga, pero hay un compromiso con Bruselas para que siga haciéndolo…
Le voy a contestar con dos consideraciones. La primera es que la educación no debiera ser un elemento que recortar. Debiera haber un pacto implícito, si no explícito, en cada uno de los países para que la educacion, igual que la ciencia, fueran ámbitos en los que no se pudiera recortar. Porque no solo es que la educación sea el elemento imprescindible para el desarrollo personal, que repercute en la sociedad, sino porque también lo es para la economía; la educación es el motor del crecimiento económico. Este es el discursos que llevamos haciendo muchos años y, sin embargo, no trabajamos de manera coherente. Es decir, incorporar más recursos a la ciencia, a la educación, porque aquel país que no investiga, que no crea conocimiento, no puede generar desarrollo. Vamos a ver si somos consistentes con el discurso. Un país siempre tiene opciones y la educación es uno de los sectores en los que jamas debiera hacer un recorte.
En segundo lugar, observemos la coyuntura. Este Gobierno está peleando. Llevamos de los 100 días muchos, pelando por relajar el objetivo del déficit en 6.000 millones de euros. Que nos permitan un gasto público de 6.000 millones más para acomodarnos a los objetivos del déficit con Europa, que respetamos y aceptamos de buen grado. A Europa esto le parece bien, realista y eso nos permitía respirar con 6.000 millones que iban fundamentalmente a las comunidades autónomas, que son las que hacen políticas de educación y sanidad. Esto nos lo han cortoocircuitado el PP y Ciudadanos por dos vías. Hemos intentado dos itinerarios. El primero era una modificación puntual de la Ley de Estabilidad Presupuestaria: nos lo han echado abajo so pretexto de que no es de lectura única y, por tanto, puede llevarlo ad calendas grecas. Y el segundo, hace unos días. La Mesa del Congreso, desde mi punto de vista, asumiendo un rol más político que técnico que es el que tiene que ejercer, elimnó esa posibilidad de la modificación de la Ley orgánica.
Me gustaría hablar del profesorado. Lo han pasado mal muchos años. El Ministerio ha anunciado la reversión de los recortes pero algunas medidas tendrán que esperar un año. ¿Por qué?
Por una razón muy sencilla, porque afectan a la docencia directa y cuando llegamos al Ministerio ya todos los centros habían hecho sus planificación conforme a la legislación vigente. Todo el curso estaba ya planificado con el horario de docencia del Real Decreto 14/2012. Estas cuestiones hay que enfocarlas bien. No podíamos entrar como elefante en cacharrería destrozando la planificación de los centros y, en segundo lugar, para modificar un real decreto ley necesitamos una ley. Por lo tanto, hemos tenido que hacer un proyecto. Ese borrador se vio en primera lectura hace 15 días en el consejo de ministros y lo veremos en la definitiva y segunda lectura, el primer viernes de octubre, probablemente, porque el día 2 es cuando conseguimos el Informe del Consejo Escolar del Estado. Definitivamente lo pasaremos a la Cámara. No había otra posibilidad, ni tiempo material.
Fotografía: Teresa Rodríguez
Quedan en manos de las comunidades las horas lectivas. Es posible que haya grandes diferencias entre ellas. ¿Por qué el Ministerio deja en manos de las comunidades esta decisión?
El Ministerio cree en el Estado de las autonomías y considera que una competencia de auto-organización, como la de atribuir docencia directa al profesorado, es competencia de la comunidad autónoma. Fue el PP el que en 2012 restó esa competencia. Ahora devolvemos una competencia que tenían desde tiempo inmemorial y que llevó a una práctica: el profesor de secundaria tenía 18 horas de docencia directa (de las 37,5 que tienen los funcionarios) y el de primaria, 21. Nosotros pensamos que una vez que la gran mayoría de las comunidades se pongan a esa atribución horario, para aquella que quede residual, será muy dificil mantenerse en otra. En la Conferencia Sectorial de julio, 12 de las 17 CCAA estaban de acuerdo con la medida y las 5 del PP no, que querían recursos. Que les podrían haber venido por los 6.000 millones, pero ellos mismos se han cerrado la puerta.
Claro, ¿Quién pagaría el cambio de las horas lectivas?
El Ministerio de Hacienda nunca se negó a no mirarlo, estaba en disposición de ayudar a las CCAA que tuvieran problemas. Tampoco hay que hacerlo de la noche a la mañana. Algunas han dibujado itinerarios en el tiempo para poder incorporarse a la medida.
Hace unos días habló de la intención de mejorar las condiciones de trabajo del profesorado. ¿Podría concretar alguna?
La derogación del Real Decreto la hemos tomado en el corto plazo, pero el profesorado necesita una carrera profesional, saber que tiene mirada a largo plazo, que cuando entra a una escuela o instituto no siempre se va a quedar en la misma posición; necesita un horizonte en el cual ser evaluado y que el resultado de la evaluación tenga unos efectos, generalmente económicos pero no solo, en su currículum también, como se hace en la universidad.
El otro día tuve la oportunidad de anunciar la apertura de un Foro Integral para el Profesorado. En España venimos hablando varios años de esta cuestión, pero nadie la ha abordado de frente. La razón es que es complicado porque afecta a muchos momentos de la historia del docente. Si iniciamos desde la cabecera, tenemos su formación inicial. Tenemos que hablar con las universidades para ver qué tenemos qe incorporar a la formación docente, qué no… Las disciplinas cambian, los currícula están cambiando y queremos cambiarlos más para adaptarnos a un mundo globalizado con nuevas necesidades en donde la educación tiene que dar respueta. A continuación, cómo se entra, las oposiciones. Después, el proceso de inducción, de ese profesor en formación en el lugar de trabajo, cómo hacer esas prácticas, qué tutor… eso suponen recursos económicos importantes. Luego está la evaluación, cómo se hace, cada cuánto tiempo, hay que establecer un sistema de grados, estos son remunerados o no… Para todo eso vamos a abrir un foro integral del profesorado, en breve, en donde queremos oír todas esas voces que en un momento determinado han tenido algo que decir. Ahí nos encontramos desde el Estatuto Docente que hizo este Ministerio en 2007, hasta el trabajo de José Antonio Marina, o el que encargó el ministro Ángel Gabilondo, hasta el trabajo que está haciendo la editorial SM. Todas esas cuestiones queremos ponerlas juntas, hablar de ello y queremos hacer una propuesta.
¿Una propuesta de Estatuto?
Una propuesta de carrera docente. Ni siquiera vamos a llamarlo Estatuto. No sé cómo lo vamos a llamar. Si la mayoría quiere hablar de estatuto, lo haremos, si la mayoría decide que es mejor hablar de carrera profesional, pues también lo haremos. El nombre no nos va a importar.
La evaluación de la que hablaba ¿Sería voluntaria?
Sí, sería voluntaria. Yo creo que el profesorado va a querer ser evaluado siempre que el resultado de la evaluación tenga un efecto positivo.
¿Puede haber efectos negativos de una evaluación?
Sería como en la universidad, en donde vas poniendo tus méritos: “He sido profesor tres años, o jefe de estudios o llevo 5 años enseñando tal, he generado grupos de trabajo con…”. Todo eso puede ir a un directorio de méritos. En cualquier caso, si no se quiere ser evaluado, no creo que fuera un inconviente.
Esa evaluación ¿podría tener relación con las notas de los alumnos?
Eso está todo por debatir, no hemos pensado en ese punto específico. Pero lo que si le puedo confirmar es que la formación del profesorado es capital. Y ha habido administraciones que han reducido los recursos en la formación del profesorado estos años. Y es un problema porque el docente tiene que estar en constante actualización, no solo sobre la didáctica o la metodología de su materia sino del resto de corrientes que están impactando en el ámbito escolar.
Fotografía: Teresa Rodríguez
¿Qué puede hacer el Ministerio para que eso cambie?
De facto el Ministerio viene haciendo cosas a ese respecto a través de los programas de cooperación territorial. Tenemos varios, ya cité hace unos días algunos de ellos, como el ProEduca y uno para los docentes de FP para que incorporen buenas prácticas a su ejercicio docente encontrándose, por ejemplo, durante una semana con docentes de otros territorios para intercambiar experiencias.
¿Hablamos de estancias en otros centros?
Sí, de algunos días. Ahí, lógicamente la CCAA tiene que pagarles el viaje, más allá de que nosotros, a través de los programas, inyectamos dinero finalista para ese proyecto.
¿Qué ha pasado con las oposiciones este año? Por fin vemos convocatorias generosas y quedan finalmente centenares de plazas desiertas. ¿Corremos el riesgo de no llegar al 8% de interinidad?
Esta preocupación es de la ministra. Llevamos años diciendo que la cifra razonable para la interinidad serían como el 8% en la docencia. Curiosamente con los recortes nos hemos ido al 30% en muchos casos. Ahora resulta que se pactó con mi antecesor una modalidad de oposiciones en las que la primera prueba era eliminatoria. No sabemos hasta qué punto ha repercutido esto. Y faltan tres años de la misma modalidad. El Grupo Socialista defenció que no fuera eliminatoria, que las dos pruebas fueran juntas, y luego se viera todo el baremos de méritos.
¿Habrá cambios en el modelo?
Vamos a ver cuál es la posibilidad, a ver si tenemos capacidad porque es un acuerdo cada 4 años.
Abandono escolar temprano. Una gran piedra en el camino. Preocupa que la mejora de los indicadores económicos se traduzca en un aumento del AET.
Eso es lo que yo siempre recuerdo. La apertura del mercado tiene el riesgo de llevarnos la mismo sitio. Puestos fáciles y que quienes abandonen después estén rodando como una piedra de un puesto a otro, con un trabajo precario. Esto es lo que queremos evitar. He hablado con empresarios para que sean cómplices, para que traten de no contratar a personas no tituladas por educación o que, incluso, no tengan certificaciones profesionales.
Aquí la FP es clave. Estamos, en relación a los estándares europeos, en la mita de alumnos matriculados. Esto no es más que por un prejuicio atávico que arrastramos de que la formación profesional es una línea de segunda cuando, en realidad, lo que nos está demandando Europa son formaciones de grado medio, ahí es donde estamos peor, más desproporcionadamente situados. Tenemos que trabajar mucho en la FP e grado medio. Y en la Dual, claro.
¿En qué sentido hay que trabajar mucho?
Porque a la FP de grado medio acuden quienes salen de la formación profesional básica, y esta ha venido a ser un programa de bajo valor educativo. Con lo cual, lo que genera es que entren personas desmotivadas. Por eso hay que darle un impulso importante en términos de, no solo de razón, sino de emoción, para que los niños, los jóvenes que entran sepan que se están jugando su porvenir y que han de saber qué quieren ser y, después, darles un tratamiento diversificado y acorde con sus habilidades.
La FP de grado medio ha de tener una impronta de que está enfocada a desarrollar carreras personales de éxito. Y para ello no solo habrá que hacer modificaciones normativas, que también, nuestro interés es hacer una ley de formación profesional. A corto plazo, camios normativos que nos permitan eliminar la burocracia de la FP para impulsar la flexibilidad. No se sostiene que, desde que identificamos una cualificación profesional hasta que va a la escuela convertida en un contenido formativo o un título pasen tres años. No puede ser. Por eso queremos meter a los agentes sociales, sindicatos y patronal, dentro de todo el proceso. Desde la identificación de la cualificación, la definición del contenido formativo y hasta la evaluación del alumno con un informe de la empresa. Siempre dirigido por el tutor del centro educativo.
Y es una exigencia importante que los empresarios de este país tomen conciencia del asunto y digan: la formación que se da en la empresa es de calidad, este alumno no viene a atender la puerta… Necesitamos la complicidad del sector social, estamos viviendo de espaldas. Los empresarios diciendo que el sistema no da la titulación que necesitan y, por lo tanto, tenemos puestos de trabajo pero no los perfiles formados. Y en educación decimos que la empresa no hace lo que tiene que hacer. Esto hay que cambiarlo. Ya sabemos que no tenemos el tejido empresarial de Alemania, es distinto, pero con nuestro tejido empresarial se pueden hacer muchísimas más cosas de las que estamos haciendo.
Democracia en los centros, otro de los temas que usted ha nombrado…
La participación en los centros también son recortes. La Lomce no solo ha sido una ley para hacer recortes educativos, también ha sido una ley muy ideológica. Una de las cosas que se recortaron fue la participación en los centros. Cambiar los consejos escolares, de ser órganos de co-gobierno de la comunidad educativa en su conjunto, cada una con su peso, a ser órganos de mera consulta o asesoramiento… eso es un cambio. También lo es que se haya restado peso a la comunidad educativa para la elección de las direcciones, es otro asunto que, en esta modificación de la Lomce en la que estamos trabajando ya, vamos a cambiar.
¿Para cuándo llegará?
Nuestro intento, si todo fuera bien, es que llegara a Consejo de Ministros antes de Navidad. La modificación que vamos a hacer es urgente. De aquellos aspectos más vulneradores del principio de igualdad y que han torpedeado al alumnado más débil. Como siempre digo, la educación de la élite nunca fue un problema. Pero claro, un gobierno democrático y responsable lo que tiene que procurar es que los más vulnerables lleguen a desarrollar el máximo sus potencialidades, sin que nadie se quede atrás. Sin olvidar la excelencia, por supuesto, pero es más difícil trabajar justo en el índice del AET.
Panorama de la educación nos dice que el 55% de la sociedad española de padres sin formación está sin formación. Esto es preocupante. La escuela está reproduciendo desigualdades y no las corrige en un 55%. Cambiar esto significa que no solo vale con el discurso, luego hay que poner medios. Trabajar en esto supone tocar 10 o 12 cosas importantes.
¿Algún plan para la educación infantil?
Estamos valorando cuánto podría costar la universalización. He pedido la valoración nada más llegar al Ministerio.
¿Hay una cierta sensación de urgencia? Hay muchas cosas que hacer y mucha incertidumbre en el horizonte…
Hay una sensación de urgencia porque cuando llegamos no había mucha actividad en el Ministerio. Había cierta tranquilidad, una idea de que las cosas iban razonablemente bien y no había problemas. En cuanto hemos empezado en el Ministerio, hemos visto la cantidad de cosas que hay pendientes. Que un país en 2018 todavía tenga que el 30% del alumnado no llega a la postobligatoria, por ejemplo, o que tengamos un porcentajje de NINI que es alrededor del doble de la UE, me parece que tendría que tener la luz roja encendida.
Probablemente la urgencia la ve más en mí, que no soy una persona tranquila, alguien que dice que las cosas se irán haciendo poco a poco, no. Normalmente estoy mirando tres papeles al mismo tiempo…
América del sur/Colombia/03 octubre 2018/Fuente: Semana
La Fundación Telefónica Colombia, de Telefónica Movistar, ha venido apostándole al trabajo en este campo, a través del cual beneficia, anualmente, a más de 500 mil colombianos.
La revolución digital es un fenómeno sin precedentes. César Alierta, Presidente Global de Fundación Telefónica, se ha referido a esta, como “una revolución más importante que la industrial, representativa de una oportunidad impresionante de crecimiento”.
La educación es uno de los campos que están cambiando de forma exponencial, tras la llegada del internet y las nuevas tecnologías. Fabián Hernández, Presidente CEO de Telefónica Colombia, ha asegurado que la educación “debe ser digital”, y que los docentes tienen el reto de “convertirse en promotores de cambio, innovación en sus aulas, y acompañantes de los procesos de aprendizaje de sus estudiantes”.
Respecto al estudiante, la era digital ha conllevado la necesidad de que los contenidos educativos estén enfocados en potenciar las Competencias del Siglo XXI (creatividad, innovación, pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo en equipo, alfabetización digital, comunicación asertiva) ya que estas serán fundamentales para que los niños, niñas y jóvenes, sean capaces de afrontar los retos laborales, del presente y el futuro.
Fundación Telefónica Colombia, entidad que canaliza la acción social de Movistar en el país desde hace más de diez años, le apuesta a esta transformación. Actualmente, se enfocan en la educación digital, a través de proyectos sociales y educativos, adaptados a los retos del mundo digital.
Los tres pilares en los que basan su intervención son: beneficiar a toda la comunidad educativa (docentes, niños, niñas, jóvenes y padres de familia), multiplicar beneficiarios cada año, e intervenir en población vulnerable, víctimas del conflicto. Bajo este esquema, benefició, en 2017, a 571.380 colombianos, a través de las líneas estratégicas que implementa en el país:
Educación digital
La Fundación Telefónica busca detectar y analizar nuevas tendencias educativas, experimentar con ellas, comprender y dar a conocer sus implicaciones en los procesos pedagógicos y aplicarlas en los sectores sociales más vulnerables.
Los proyectos que implementan son: ProFuturo, que impulsa el acceso a la educación digital de docentes y estudiantes, provenientes de población vulnerable; Aulas en Paz 2.0, que se enfoca en prevenir la violencia, a través del desarrollo de las competencias socioemocionales en docentes y estudiantes; Piensa en Grande, que ofrece herramientas para impulsar el emprendimiento social en jóvenes de 14 a 26 años y Escuela TIC Familia, que contribuye al cierre de la brecha digital generacional entre padres e hijos, permitiéndoles comprender los riesgos y oportunidades de internet.
Actualmente, la Fundación está presente en 125 de los municipios del país con sus proyectos de educación, de los cuales el 70 de ellos, son territorios declarados como Zonas de Estabilización del Conflicto Armado.
Empleabilidad
El 65% de los niños que empezaron la escuela primaria dedicarán su carrera profesional a trabajos que todavía no existen. Con el propósito de adelantarse a este escenario, Fundación Telefónica le apuesta a generar oportunidades para los jóvenes, con el fin de que estén mejor preparados para afrontar su futuro personal y profesional.
Además, los acerca a la nueva realidad del mercado laboral, llamada “Nueva empleabilidad”, es decir, las profesiones del sector tecnológico que se están definiendo en el presente, y que tendrán más demanda en el futuro. Entre ellas, expertos en ciberseguridad, Big Data, desarrolladores de videojuegos, apps móviles, webs…
Con las iniciativas de Fundación Telefónica, muchas han sido las instituciones educativas, comunidades, territorios y centros de formación que han visitado, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de cientos de miles de individuos.
Una superheroína en el Río Naya
Yonny Patricia Díaz es una docente del Pacífico que para educar a sus alumnos ha tenido que adaptarse a las condiciones del Río Naya. Foto: archivo Semana Educación.
En el pacífico colombiano, se ancla el Río Naya. En este lugar, de difícil acceso, vive Yonny Patricia Díaz Mosquera, docente de la Institución Educativa Raúl Orejuela de San Pedro, Buenaventura.
Esta docente se levanta cada día muy temprano y toma una lancha, como medio de transporte, para llegar hasta su institución: “vivir en el Río Naya es adaptarse a las condiciones del contexto, acostumbrarse a vivir sin energía. Es acostumbrarse a dormir en una casa de madera, donde se pueden meter culebras, sapos, o donde se puede levantar el río en cualquier momento”, cuenta.
“Es madrugar todos los días a caminar una playa, para ir a coger una lancha y llegar a la escuela. A los estudiantes también les toca la misma rutina, desde el Cauca, hasta San Pedro; porque allá solo hay una escuela, pero que apenas llega hasta 9° grado. Todos los días nos toca hacer este recorrido, luchar contra la falta de combustible y cuidar la lancha y el motor para llegar con ellos al colegio”, agrega la educadora.
“La idea es que mis estudiantes, a través de los proyectos de articulación entre el SENA de Buga y los desarrollados por ellos, salgan y continúen trabajándolo desde su casa, es decir, si no tienen recursos para estudiar, la idea es que, desde sus casas, puedan trabajar y vivir de eso”.
La importancia de un profesor innovador
Uno de los roles del proyecto ProFuturo, de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, es formar docentes innovadores que sean capaces de aumentar el interés del estudiante, por medio de metodologías de enseñanza, alejadas de los modelos de educación tradicional y basadas en las nuevas tecnologías.
“Cuando hay un profesor que motiva, que innova, el estudiante siempre estará allí, presto a escuchar y atender al docente. ProFuturo me ha enseñado a ser una docente innovadora, a trabajar cooperativamente en grupo con los mismos estudiantes, a aprender de ellos y ellos a aprender de mí” enfatizó Yonny Patricia.
Desde su arribo al país en 2017, la solución educativa ha logrado llegar, con formación y gestión de aula, a 271 instituciones educativas, formado a 13.800 docentes y beneficiado a 319 mil niños y niñas. En definitiva, el gran objetivo de Fundación Telefónica, es contribuir a que Colombia esté dentro de los países con los índices más altos y favorables en educación, para el año 2025.
De acuerdo con declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la política educativa de su gobierno se regirá por el respeto absoluto a los maestros; considera que la Reforma Educativa del gobierno de Peña Nieto se encaminó a denigrarlos y a poner el sistema educativo de cabeza. Por ello, convocó a la ciudadanía, en especial a docentes y padres de familia, a una consulta para alcanzar un Acuerdo nacional para una educación con equidad y calidad para el bienestar de todos los mexicanos.
Sin embargo, antes de que la consulta tenga resultados, AMLO ya decretó que cancelará la reforma y en su lugar habrá un nuevo plan. En ocasiones parece que su ángulo es agudo, como cuando dice que sí a la Coordinadora, pero les pide asistencia y puntualidad; mientras otras veces expande su visión y habla de una gran transformación. Esa ambigüedad abre la puerta a todo tipo de posturas. Resumo unas cuantas.
En las barracas de Morena, los diputados y senadores compiten para ver quién está más cerca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y responde a sus requerimientos. “No quedará ni una coma”, dijo Mario Delgado. “Vamos a plantear una iniciativa para derogar las nuevas fracciones o párrafos del artículo 3º”, proclamó Martí Batres; eso incluía la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El tono de la oratoria de los coordinadores de los grupos de Morena es drástico, pero una combinación de factores le puso freno. La crítica de la opinión pública contó, pero quizá más la del futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.
Según difundió Raymundo Riva Palacio, en cuanto el senador Batres anunció la iniciativa, Esteban Moctezuma le aplicó las balatas, acaso por instrucciones del mismo Presidente electo. El futuro secretario de Educación Pública también es incierto en su perspectiva, pero ofrece un ángulo conciliador: “Seguirá la evaluación, pero no será punitiva”, “queremos un país armónico, sin violencia, con cultura de paz… con un tejido social digno y justo”. Asegura que el nuevo gobierno pondrá orden donde hay caos porque comienza por la parte sana: La consulta.
Los foros para dicha consulta tal vez tengan ventajas con todo y la desorganización e improvisación. No obstante, se privilegia la voz de los maestros y sus dirigentes. El Comité Ejecutivo Nacional del SNTE ofrece paz, negociaciones y, pienso, sumisión: Dice en su comunicado del 9 de septiembre que ese Comité “coincide con lo expresado hoy por el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en que ‘creemos en el poder de escuchar, creemos en el poder del diálogo, creemos que para construir el futuro, todos tenemos que estar incluidos’”.
Como era previsible, la CNTE tiene una meta fija, abrogar la Reforma Educativa y no concede un ápice; su ángulo es puntiagudo. Cumple con su designio de ponerle marcaje a la consulta y no permitir que pasen posturas moderadas.
Organizaciones de la sociedad civil, Mexicanos Primero, en particular, siguen con atención los foros y destacan la escasa o nula participación de los alumnos; su mirada está excluida, a pesar de que serán los primeros afectados por las decisiones que tome el futuro gobierno.
Los otros partidos políticos apenas si dicen pío, aunque una diputada del Partido del Trabajo ya introdujo una iniciativa para derogar los cambios a la Constitución de 2013, que fundamentaron la reforma de este sexenio.
Los organismos intergubernamentales también toman la palestra. La Unesco, la Unicef y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos abogan por mantener los cambios positivos de la Reforma Educativa y alertan de las posibles consecuencias de una acción que devaste lo que se logró.
El gobierno, en particular el secretario Otto Granados Roldán, defiende lo realizado y aconseja continuidad; hay asuntos trascendentes que, en lugar de echarlos para atrás, vale la pena mejorarlos.
Los recodos que se presentan en la consulta son facetas de la contienda por la educación nacional. El próximo gobierno propone un cambio total, pero la estructura del sistema educativo mexicano tiene cimientos —corporativos— sólidos. El gobierno de Peña Nieto removió parte del edificio, pero la cimentación es más profunda de lo que parece.
Me temo que en el próximo gobierno el corporativismo regrese por sus fueros. Espero equivocarme y que AMLO, ya como presidente, no permita que se le pare la cresta.
El Congreso de la Unión discutirá dos modelos para valorar el trabajo de los docentes en la educación obligatoria, si es que no se presentan otras en este compás de espera, teniendo frente a sí la siguiente disyuntiva: a).- Una reforma a la reforma vigente y b).- Una nueva reforma. Ambas tienen en común la ausencia de propuestas o alternativas innovadoras. No hay nada oculto bajo el sol, no hay ninguna novedad, algo distintivo con relación a la actualmente vigente. Quien no conoce la historia está condenado a repetirlo rezan el refrán popular. Permítanme ofrecerles algunas razones para sustentar mi suposición.
Hoy en día, en al LXIV Legislatura se han presentado dos iniciativas sobre la reforma educativa. Una de ellas, expuesta por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con la intención de reformar la fracción III del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) eliminando el proceso de permanencia en el servicio sin modificar más nada (https://goo.gl/wusK8i). Y, la otra pretende abrogar las disposiciones de la Ley General de Educación (LGE), la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE), todas ellas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el once de septiembre del dos mil trece, suscrita por el diputado Reginaldo Sandoval Flores e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) (https://goo.gl/gU8B8z).
La primera iniciativa, en consecuencia, pretende dejar sin efectos los resultados de la evaluación del desempeño llevada a cabo del 2015 a la fecha. Esta idea es coincidente con la promesa del próximo Secretario de Educación Pública (SEP) sobre la reinstalación de los maestros cesados (https://goo.gl/bVJyxC). Y, la segunda iniciativa, decreta suspender las evaluaciones educativas hasta que se cuente con la nueva legislación reglamentaria, que tendrá que ser expedida a más tardar en un plazo de seis meses contados a partir de su fecha de publicación.
Es decir, se han presentado dos propuestas concretas:
1.- Modificar el Servicio Profesional Docente desvinculando la evaluación del desempeño como criterio de permanencia en la plaza y manteniendo los concursos de ingreso y promoción así como para fines de reconocimiento. Se pronuncian por una reforma a la reforma educativa.
2.- Eliminar por completo, que no quede ni una coma como lo señaló un legislador, la reforma educativa promulgada por la aún administración actual. Se manifiestan por una nueva reforma educativa.
Esta última, refiere que ambas cámaras, tendrán que generar un amplio diálogo y debate nacional en el que se participen docentes, padres de familia, sociedad civil organizada, especialistas, investigadores y todos los sectores involucrados a fin de “expedir una reforma educativa basada en un modelo humanista e integral que obedezca a la realidad de nuestro país y no a cuestiones políticas punitivas o estrictamente laborales”. Ésta también concuerda con la otra idea de Esteban Moctezuma Barragán (EBM) quien propone un Acuerdo Nacional para una Educación con Equidad y Calidad (ANEEC) para la construcción de políticas públicas mediante una consulta ciudadana, abierta, amplia, libre e informada. Para este fin, se ha venido realizando una consulta digital con registro abierto de ponencias y contribuciones a través de una plataforma por internet; una Consulta Estatal Participativa consistente en la realización de 32 Foros Estatales y; un Diálogo Social, visitando hogares de todo el país por brigadistas voluntarios, según refieren los organizadores quienes esperan concluir a finales de octubre (https://goo.gl/Wzwq5t).
EMB ha proyectado algunas primeras ideas. Mencionó que comenzará una nueva revalorización del magisterio nacional en favor de la enseñanza hacia los niños y jóvenes; “y si nos centramos en el aprendizaje (…) pues obviamente es una persona que va a estar más valorada”. Señaló “regresar a una especie de carrera magisterial en donde se consideraban varios factores en un docente para poder escalar; tenemos que darle garantía a los maestros de que tengan una carrera profesional como maestros, que la carrera magisterial les dé una ruta donde puedan transitar” (https://goo.gl/CjwSKQ).
Cabe recordar, que el Programa Nacional de Carrera Magisterial (PNCM) surge del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) y sobrevivió al Compromiso Social por la Calidad de la Educación (2000) y a la Alianza por la Calidad Educativa (2008) y el Pacto por México (2012) lo mató. Se concibió como un sistema de promoción de participación individual y voluntaria. De acuerdo con los resultados, se clasificaba a los participantes en uno de cinco niveles de acuerdo con su preparación (A,B,C,D,E), actualización, experiencia y permanencia en la función. Se contemplaban tres vertientes: docentes frente a grupo, maestros en funciones directivas y de supervisión así como profesores en actividades pedagógicas. Los factores de evaluación para su incorporación, promoción o refrendo eran: Aprovechamiento Escolar de los alumnos o para promover su aprendizaje (50%, 40%, 30% según la vertiente), Formación Continua (20%), Actividades Cocurriculares (20%), Preparación Profesional (5%), Antigüedad (5%), Gestión Escolar (5%) o Apoyo Educativo (20%). (https://goo.gl/EaEub1).
Anterior al PNCM, se aplicaban un conjunto de normas a fin de efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores de base y autorizar las permutas conocido como Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública. Se ponderaba, según el reglamento: Conocimientos 45%; Aptitud 25%; Antigüedad 20%; Disciplina y Puntualidad 10% (https://goo.gl/U5oeXR). Paralelamente, la organización sindical operaba otro “Escalafón” que variaba según las necesidades de las regiones geográficas y se utilizaba para asignar plazas de manera mancomunada con la autoridad educativa y gestionar apoyos y prestaciones para los trabajadores como licencias, préstamos de diversa índole, determinados servicios de salud, entre otros. En algunos casos, se consideraba la participación sindical como un criterio, en ocasiones el de mayor peso, a cambio de la asistencia a marchas, mítines, reuniones, entre otros. Desde aquí se argumentó la justificación de erradicar el apoyo discrecional, la venta y herencia de plazas en la actual reforma educativa.
El Servicio Profesional Docente se ofreció como premio al mérito. Carrera Magisterial, en los hechos, se condujo por el credencialismo burocrático y el Escalafón, tanto el oficial como el sindical aunque más paradigmático el segundo, por el clientelismo.
La discusión actual sobre como evaluar el trabajo académico de los profesores de educación básica y media superior, por el momento, transcurre sobre las siguientes alternativas: a).- modificar ligeramente la evaluación según el modelo del Servicio Profesional Docente, que ni es servicio, ni valora la profesión docente y su ejercicio; b).- resucitar el Programa Nacional de Carrera Magisterial, mejorado, el modelo retrógrado anterior; c).- y el cuestionado clientelismo político. Los tres, pudieran ser incluyentes. Es decir, puede ocurrir algo peor, la tentación de mezclarlos. Sería desilusionante para el maestro en lo individual y decepcionante para el magisterio en lo colectivo. ¿No habrá algo mejor? Tiempo al tiempo. Nada me daría mayor gusto que estar equivocado.
América del norte/Canadá/28 Septiembre 2018/Fuente: El país
Doug Ford, primer ministro de Ontario, retira el programa de 2015 por ser inapropiado para ciertas edades y vuelve a uno de 1998. Los alumnos se manifiestan: ‘Nosotros, los estudiantes, no consentimos’
A principios de este mes de septiembre, los alumnos de Primaria y Secundaria de las escuelas públicas de Ontario, la provincia más poblada de Canadá, volvieron a las aulas con un programa de educación sexual distinto del que se impartía desde 2015. Distinto, pero no nuevo: el Gobierno conservador de Doug Ford decidió reinstaurar el que fue creado en 1998, un programa que no incluye temas como homosexualidad, cyberbullying o acoso. “El planeta no dejará de girar si volvemos al programa de educación sexual que se enseñó hasta 2014”, expresó Ford dos semanas después de haber asumido el cargo de primer ministro. Tras la decisión del político, y las criticas de distintos sectores, los estudiantes se manifestaron el pasado viernes 21, bajo el lema Nosotros, los estudiantes, no consentimos. El Gobierno por su parte ha dicho que revisará los contenidos.
Una amenaza muy real
Durante la campaña electoral, Ford, líder del Partido Conservador de Ontario, hizo un voluminoso paquete de promesas para tomar las riendas del Gobierno. Ha cumplido ya con algunas de ellas. Por ejemplo, redujo el número de concejales en la alcaldía de Toronto, impuso un precio mínimo a la cerveza en establecimientos minoristas (un dólar canadiense por cada unidad en botella o en lata) y, de igual manera, sustituyó el programa de educación sexual en las escuelas públicas que fue instaurado por los liberales en 2015 por el que se elaboró en 1998. Ha justificado la medida señalando que varios de sus contenidos eran inapropiados para ciertas edades; también ha manifestado que los padres de familia no fueron tomados en cuenta suficientemente en su elaboración y promete un gran ejercicio de consulta en toda la provincia.
El programa de 2015 añadía al anterior (que ya abordaba temas como la higiene, los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual y los cambios físicos y emocionales) aspectos como la homofobia, el acoso, la masturbación, el consentimiento, el sexo oral y anal, el texting y la identidad de género. La mayoría de estos contenidos se impartía a alumnos de entre 11 y 14 años de edad.
Algunos sectores aplaudieron el anuncio hecho por Ford de volver al programa de 1998. “Es necesario un programa que sea de más fácil comprensión para los menores. Necesitamos una educación sexual que prevenga comportamientos irresponsables”, comentó a The Toronto Star Christina Liu, madre de dos niños y presidenta de la Alianza de Padres de Familia de Ontario. Por su parte, la Campaña de Coalición por la Vida refrendó su apoyo a Ford en un comunicado, señalando que el programa de los liberales daba la impresión de que la sexualidad es una actividad de diversión y placer, distinta al amor o al matrimonio.
Cuando el Gobierno liberal de la ex primera ministra Kathleen Wynne implantó el programa de 2015, se dieron algunas manifestaciones de rechazo en Toronto y otras ciudades de la provincia. Diversas familias decidieron no enviar a sus hijos a clases como protesta. Cabe destacar que algunos estudiantes estuvieron exentos de seguir estos cursos, ya que sus padres obtuvieron una autorización por razones religiosas. Una encuesta realizada en Ontario por la firma Forum Research arrojó que 40% de la población estaba en contra del programa liberal al momento de su puesta en marcha. El diario The Globe and Mail entrevistó en ese tiempo a un grupo de alumnas de octavo grado (13 años). Su opinión fue unánime: el programa de 1998 necesitaba ser actualizado, ya que no brindaba información sobre temas como el consentimiento y la interacción en redes sociales.
“La decisión del Gobierno de Ford de retomar el programa de 1998 me parece sumamente errónea. Muchos padres mostramos apertura en estos temas. Podemos resolver dudas. Pero no siempre es el caso y los niños y adolescentes necesitan tener información. Si no, ¿dónde la obtendrán? ¿En la pornografía de internet o con los amigos?”, comenta a El País Catherine Lord, una profesora de lenguas que tiene un hijo de 13 años y una hija de 12. “El programa de 2015 incorporaba temas muy necesarios en estos tiempos. Pensemos lo que pasa en redes sociales, en casos de suicidio por jóvenes víctimas de acoso por un ambiente de intolerancia. No era una promoción de actos, sino una forma de brindar recursos a los menores”, añade Lord vía telefónica desde la ciudad de Kingston.
Los liberales no han dejado de catalogar la decisión de Ford como un retroceso. Andrea Horwath, líder del Nuevo Partido Democrático de Ontario, presentó a principios de agosto una petición a la Asamblea provincial firmada por cerca de 1.800 profesionales (médicos, trabajadores sociales, personal de enfermería), donde aparece que la medida de los conservadores pone en peligro la salud de los alumnos por la falta de información en asuntos como la seguridad, el consentimiento y la inclusión.
En el mismo sentido, la Federación de profesores de primaria de Ontario solicitó el 4 de septiembre un mandato judicial para anular la decisión del primer ministro, bajo el argumento de que los docentes tienen la obligación profesional de brindar información para reducir los peligros que puedan enfrentar los alumnos. Asimismo, el organismo criticó la página web creada por el Gobierno para que los padres puedan denunciar a los maestros que no acaten la medida. La Federación de profesores de secundaria de esta provincia también se ha manifestado en contra del clima de intimidación. Ambas instituciones han señalado que en el diseño del programa de 2015 participaron expertos en distintas disciplinas y también padres de familia.
Además del recurso presentado por los profesores, varias familias con miembros de la comunidad LGTBQ han señalado que llegarán en breve a los tribunales para pedir que la decisión de Doug Ford quede sin efecto, ya que consideran que se están pisoteando sus derechos constitucionales. El programa de educación sexual creado en 1998 se está enseñando de nueva cuenta en Ontario. Sin embargo, las tensiones están lejos de terminar.
Múltiples experiencias en instituciones, ciudades y países evidencian que sí es posible mejorar la calidad de la educación. La condición para ello es que se tomen las medidas correctas y se intervengan las variables fundamentales. En Colombia todavía no lo hemos logrado, pero tenemos la oportunidad para hacerlo.
En Colombia la educación es de muy baja calidad. Eso lo sabemos quienes hemos estudiado e investigado con rigor el sistema educativo y, por ello, para nosotros es fácil detectar todos los esfuerzos que hace el Ministerio de Educación Nacional (MEN) por maquillar la situación. Pese a ello, la realidad es inocultable: En la escuela actual los jóvenes no aprehenden a pensar, comunicarse, ni convivir. Eso lo saben por experiencia propia los docentes universitarios.
Según las diversas pruebas nacionales e internacionales en las que ha participado el país (y son muchas y muy buenas), menos de un 4% de los jóvenes egresados del colegio tienen un buen nivel en argumentación, deducción e interpretación. Es más, si comparamos los resultados del año 2000 con los alcanzados en 2017, podemos concluir que el país no tuvo prácticamente ningún avance significativo en la calidad. La explicación es muy sencilla: No hemos trabajado sobre las variables claves de la calidad: la formación docente, el currículo, el liderazgo pedagógico y el clima institucional.
El país ha desarrollado programas puntuales y algunos de ellos han impactado algún sector. Entre ellos, los dos más importantes han sido el Programa Todos a Aprender –PTA– y el Índice Sintético de la Calidad Educativa –ISCE– (que incluye el llamado Día de la Excelencia Educativa). Estas experiencias deben evaluarse, ajustarse y potenciarse. Con modificaciones, podrían lograr mayores impactos; pero mientras no abordemos de manera estructural y sistemática las variables claves de la calidad, seguiremos muy lejos de alcanzar la educación que necesitamos para impactar el desarrollo sostenido y seguiremos viendo cómo se evapora la meta de convertirnos en el país más educado de América Latina para el año 2025.
A nivel curricular el país va como el cangrejo. La ministra Gina Parody asesorada por una universidad privada, diseñó los Derechos Básicos de Aprendizaje. Como dice el dicho, “esa platica se perdió”, porque fue un trabajo en el que el país retrocedió décadas en lo que ya había avanzado a nivel conceptual. La universidad carecía de experiencia en pedagogía y educación y por ello el diseño curricular propuesto desconoce los conceptos centrales de la pedagogía y se limitó a transcribir los contenidos previstos desde la ciencia. Cuando asesoré curricularmente a Bogotá, recomendé no tener en cuenta esta fallida experiencia curricular y esa sigue siendo mi recomendación para el país.
La primera condición para superar un problema es reconocerlo y, desafortunadamente, el MEN no ha reconocido el gravísimo problema de la calidad de la educación en el país. Ojalá ahora escuche voces tan autorizadas como la de Rodolfo Llinás, quien en edición número cinco de la Cumbre de Líderes por la Educación convocada por Semana, volvió a insistir en que hemos seguido manteniendo una educación muy impertinente que no logra enseñar a pensar a los jóvenes.
Desde mi perspectiva hay cuatro acciones obligatorias si queremos avanzar en la calidad de la educación básica. Faltan otras, pero creo que éstas son las esenciales.
Primero: realizar una profunda reestructuración curricular. La idea que he propuesto durante las últimas dos décadas es muy sencilla y está orientada en la misma dirección de la reforma curricular chilena de 1998 y de la prevista en Finlandia para el año 2020: la educación básica debe dedicarse a consolidar en los estudiantes las competencias básicas que se requieren para pensar, comunicarse y convivir. Todo lo demás es accesorio durante este ciclo del desarrollo.
Lo anterior significa que todas las asignaturas y en todos los grados deben consolidar la lectura, la escritura, la escucha, el pensamiento y el conocimiento y la comprensión de sí mismo y de los otros. Subrayo “todas las asignaturas” y “en todos los grados”, ya que éstas son las competencias más importantes a desarrollar en la educación básica. Por ello son competencias transversales. Lo anterior implica que, en sociales, en matemáticas, en artes, en lenguaje, en ciencias y en matemáticas, la tarea central de la educación básica debería consistir por excelencia en enseñar a pensar, comunicarse y convivir. Es así de sencillo y de claro. Sólo así garantizaremos un lineamiento curricular más pertinente, más contextualizado y menos rutinario que el actual. Sólo así garantizaremos el trabajo en equipo necesario para consolidar la calidad.
La segunda medida necesaria tiene que ver con la formación de maestros. Es preocupantemente bajo el nivel actual de formación de nuestros docentes. Según las pruebas SABER PRO, son los profesionales que alcanzan niveles más bajos en lectura crítica y escritura. Mientras no cambiemos esta situación, será imposible mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros niños y jóvenes. Para cualificar su formación se requiere trabajar en la transformación del modelo pedagógico hasta el momento dominante en estos centros universitarios, trabajo que deberá adelantarse de manera conjunta con los docentes de las facultades de educación. También es imperioso articular el trabajo de la universidad y el colegio, repensar el currículo de formación y establecer nexos con maestros e instituciones innovadoras.
Así mismo, es indispensable que se impulsen desde el MEN, en todos los municipios del país, mecanismos de selección de los mejores docentes, de manera que ellos salgan del aula y conformen equipos de calidad para acompañar a los colegios en los procesos de innovación. Se requiere garantizar reuniones semanales de docentes por área y por ciclo en todos los colegios del país y de impulsar procesos de formación in situ, tal como actualmente mantiene PTA. Los resultados de las investigaciones son contundentes: No hay que llevar a los docentes a las maestrías; por el contrario, hay que llevar a las universidades a los colegios del país para que acompañen los procesos de innovación en curso en cada uno de ellos. Lo reitero: la clave para alcanzar la calidad está en fortalecer las reuniones de docentes y la formación in situ.
La tercera medida tiene que ver con transformar a los rectores, actuales líderes administrativos, en líderes pedagógicos. Hoy por hoy, los rectores son expertos en procesos legales y en resolver asuntos administrativos, pero se ausentan cuando se inician las reuniones pedagógicas de docentes y no participan en las reflexiones sobre currículo, modelo pedagógico o promoción de estudiantes. Es más, buena parte del tiempo están encerrados en sus oficinas, si es que están en la institución educativa. Paradójicamente se han distanciado de la reflexión pedagógica, generando muy negativos impactos en la calidad. El país debe pensar seriamente en dotar a los colegios de asistentes administrativos, con la condición de empoderar a los rectores como verdaderos líderes pedagógicos. Una medida que podría contribuir en este sentido sería exigir que todo rector tuviera por lo menos dos horas de clase a la semana. Eso les permitiría establecer nuevas y fructíferas interacciones con estudiantes, profes y padres. Al fin y al cabo, un colegio es una comunidad y requiere de un líder pedagógico que la consolide. El rector es el llamado a asumir esta tarea. De lo contrario, tendremos la paradójica situación de barcos en los que los capitanes permanecen en tierra y le tienen miedo al agua. Los estudios de la UNESCO sobre calidad de la educación encuentran que el liderazgo pedagógico del rector es la segunda variable más asociada a la calidad en las instituciones educativas del continente.
La Ley General de Educación de 1994, tiene algunas de las claves de la calidad: consolidar la comunidad, la autonomía y el Proyecto Educativo Institucional. Hay que volver a ella.
La cuarta medida recomendada para impactar la calidad tiene que ver con el clima de aula y el clima institucional. Según la UNESCO, en los tres estudios que ha realizado en los países del continente, el clima del aula es la variable más asociada a la calidad de la educación. Esta variable influye más que todas las demás variables sumadas. De allí que hay que prestarle especial cuidado.
En Colombia el MEN acertó al incorporar esta variable para evaluar el ISCE, pero todo indica que la evaluación presenta problemas, ya que los niveles de discriminación son muy bajos. Es algo que hay que ajustar en las pruebas actuales y la experticia del ICFES es una garantía de que se puede resolver este problema.
La recomendación para Colombia sería crear una tercera línea en el Programa Todos a Aprender, adicional a la de competencias comunicativas y pensamiento: la de formación ciudadana y competencias socioemocionales. Tenemos que garantizar que la escuela se comprometa con una formación más tolerante, más respetuosa de la diferencia y que sea un espacio para cultivar la empatía y la comprensión de los otros. Ello no será posible sin un cambio curricular (primera recomendación) y sin un cambio en los sistemas de formación (recomendación segunda).
Lo que nos muestran múltiples ejemplos en el país y en el mundo es que sí es posible mejorar la calidad de la educación, incluso en tiempos relativamente breves, siempre y cuando se tomen las medidas correctas, se involucre a toda la comunidad y se fortalezca el liderazgo.
Necesitamos involucrar a todo el país en el proceso de transformación de la educación. De una u otra manera, todos somos responsables de la baja calidad educativa y todos padecemos sus consecuencias. FECODE tiene que entender que no tiene sentido que su única reivindicación sea la laboral y que deteriora la calidad al oponerse a una evaluación integral y pertinente. La tarea de la calidad no le pertenece ni al MEN, ni a FECODE, ni siquiera a los maestros. Nos pertenece a todos los colombianos que sabemos que, si no mejoramos la calidad de la educación, veremos debilitada la democracia, el tejido social, la productividad y la creatividad. Lo necesitamos para garantizar el desarrollo sostenido y, por ello, entre todos lo vamos a lograr.
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