La derogación contó con 61 votos de los miembros del Congreso, de mayoría oficialista.
El Congreso de El Salvador, de mayoría oficialista, derogó el martes un decreto legislativo de 1993 que designa el 16 de enero como el “Día de la Conmemoración de los Acuerdos de Paz”.
Con 61 votos a favor, los congresistas del partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, aprobaron sin dispensa de trámite una pieza de correspondencia para renombrar la fecha como “Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado”.
La fecha en la que se rememora el fin de cerca de 12 años de guerra civil en El Salvador ha sido causa de polémica entre grupos de la sociedad civil y el mandatario, quien se niega a conmemorar la fecha y la ha calificado de “negocio” y al conflicto armado como “una farsa”.
Ernesto Castro, exsecretario privado del presidente Bukele y actual presidente del Congreso, dio a conocer en su cuenta de Twitter sobre la iniciativa, afirmando que la iniciativa busca poner “en el centro a los salvadoreños que sufrieron durante la Guerra Civil.
De acuerdo con la carta publicada por Castro, y que fue presentada a la Asamblea Legislativa para abolir el decreto, el cambio de nombre obedece a que “los Acuerdos de Paz, lejos de presentar un beneficio para la población salvadoreña, se constituyen como el inicio de una era de corrupción”.
Sin embargo, para grupos de la sociedad civil, derechos humanos e investigadores salvadoreños, la firma de los acuerdos de paz cobra especial relevancia no solo porque puso fin a la guerra interna del país, sino también porque hizo posible la desmilitarización de la Seguridad Pública y permitió la creación de instituciones que buscan fortalecer la democracia en el país.
Carlos Cañas Dinarte, investigador cultural salvadoreño, explicó este martes a la Voz de América que, gracias a los acuerdos, “se posibilitó el surgimiento de instituciones claves”, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Nacional de la Judicatura y otras “destinadas a cimentar y fortalecer el ejercicio democrático garantizado por la Constitución”.
Algo con lo que también coincide el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, José Apolonio Tobar, quien afirmó en la cuenta oficial de Twitter de la institución que los acuerdos “generaron las condiciones para una nueva sociedad” en el país centroamericano.
“La Firma de los Acuerdos de Paz posibilitó que las armas callaran y que los derechos humanos de los salvadoreños se respetaran”, fueron las palabras de Tobar, citadas por el organismo.
La derogación se da a conocer cuando grupos civiles y de derechos humanos salvadoreños han realizado una convocatoria ciudadana masiva en redes sociales para marchar el 16 de enero en conmemoración de la fecha y en rechazo a muchas políticas impulsadas desde el Ejecutivo, que, según ellos, han ocasionado un retroceso en la democracia del país.
El 16 de enero de 2022 se cumplen 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil en El Salvador, la cual dejó más de 75.000 muertos, unos 9.000 desaparecidos y pérdidas millonarias a la economía.
Con los acuerdos de paz se readecuó el sistema judicial, se crearon nuevas instituciones de derechos humanos y tres cuerpos de seguridad fueron declarados proscritos y reemplazados por una nueva policía civil.
El ejército se sometió al poder político, 7.900 combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se desarmaron y la organización conformó un partido político que gobernó el país entre 2009 y 2019.
La CEPAL tuvo, desde su creación, una posición crítica frente a las realidades latinoamericanas.
El último número de El Trimestre Económico (Vol. 89, No. 353, enero-marzo, 2022 – https://bit.ly/3JSga9K), la afamada revista que publica el Fondo de Cultura Económica de México desde 1936, dedica sus artículos al pensamiento de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Es una referencia de enorme importancia para la región y vale resaltar algunos aspectos de carácter histórico.
Hasta bien entrado el siglo XX, el ensayo de carácter politológico y positivista dominó en los estudios latinoamericanos, pero la ciencia social, como tal, prácticamente se desarrolló con el avance de este siglo y normalmente desde mediados del mismo, como puede seguirse en Teoría, acción social y desarrollo en América Latina (1976), de Solari, Franco y Jutkowitz. La economía fue la más pobre entre esas ciencias. Sin embargo, la creación de la CEPAL, en 1948, tuvo impacto decisivo para ese desarrollo y su primer Estudio Económico de América Latina (1948-1949) resultó pionero en la materia.
Abordó el progreso técnico en la región, apenas visible en buena parte de los países; también trató el comercio externo, e inauguró la visión sobre los desniveles en los términos del intercambio, una concepción que fue eje de los análisis cepalinos en años posteriores. Sin embargo, el Estudio se limitó a cuatro países: Argentina, Brasil, Chile y México. Buena parte de los países latinoamericanos carecían de información nacional con la que se podía contar para un análisis pormenorizado de todos. La mayoría tenía economías primario-exportadoras, predominaban las haciendas y las relaciones económicas precapitalistas. Los técnicos de la CEPAL que llegaron a Ecuador recibieron informaciones del Banco Central (BCE), pero además de una serie de personas que podían dar cuenta de las realidades nacionales, de modo que con todo ello prepararon el informe El Desarrollo Económico del Ecuador (1953), estudio igualmente pionero en el país. La lectura de ese detallado documento no solo proporciona el retrato de aquellos momentos, sino que reflexiona sobre el atraso y sus condiciones sociales, incluso desde perspectivas históricas. Naturalmente, resaltan los asuntos relativos a la economía agraria y sus productos, ya que Ecuador era uno de los más atrasados países latinoamericanos, todavía bajo dominio oligárquico-terrateniente.
Por cierto, desde la fundación del BCE (1927) se pudo contar con buenas estadísticas técnicamente elaboradas. Los miembros de la Misión Kemmerer (norteamericana), con quienes se fundó la institución, dejaron informes en los que queda en claro que el país carecía, hasta entonces, de estadísticas y estudios confiables. Un artículo del historiador Michael T. Hamerly (“Los informes ministeriales y registros oficiales del siglo XIX como fuentes cuantitativas”, 1977) demostró que los informes de los Ministros de Hacienda y otros, tuvieron siempre datos inseguros, desconfiables o variables. El “Boletín” del BCE de los primeros años contiene los primeros estudios realmente económicos, aunque en décadas posteriores se transformó en un documento casi exclusivamente monetario y con algunos datos macroeconómicos.
Con el impulso de la CEPAL se fundó en Ecuador la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (1954), que empezó a jugar un papel fundamental desde la década de 1960, pues se le encargó la elaboración de los planes de desarrollo. Sus estudios siguieron la rigurosidad y las ideas de la CEPAL. En 1979 se transformó en CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo). En 1998 le reemplazó la Oficina de Planificación y en 2004 la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Sus archivos y biblioteca, tan importantes como patrimonio para la historia económica del país, estaban literalmente “abandonados” (en el edificio del Consejo Provincial de Pichincha) cuando pasaron, al menos por un tiempo, a la biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito; pero luego salieron de allí. ¿Dónde se encuentra este repositorio del patrimonio nacional? Ese periplo tiene que ver con el giro económico del Ecuador, que desde León Febres Cordero (1984-1988) inició el abierto rumbo empresarial-neoliberal y dejó a un lado la importancia de la planificación, recuperada en la década progresista 2007-2017 y abandonada nuevamente desde 2017, cuando se reinicia el ciclo empresarial-neoliberal. Bajo los gobiernos neoliberales incluso las estadísticas se “transforman”: interesan solo ciertos datos macroeconómicos, pero las informaciones más “sensibles” (como las tributarias relativas a las elites) se ocultan y no son públicas, como sucede en Ecuador actual.
La CEPAL tuvo, desde su creación, una posición crítica frente a las realidades latinoamericanas. Era imposible que no sea de otra manera, ante mentes brillantes como las de sus fundadores. En las décadas finales del siglo XX su presencia teórica en la región retrocedió, pues dominó la ideología neoliberal. Sin embargo, la CEPAL, hoy bajo la Secretaría Ejecutiva de Alicia Bárcena, ha retomado su posición crítica y, sobre todo, tiene un peso significativo en las propuestas para edificar economías sociales en América Latina, pues sus estudios han demostrado las nefastas consecuencias que ha provocado el neoliberalismo en la región. Los artículos del Trimestre Económico destacan esta etapa cepalina, en la que se movilizan ricas concepciones sobre la igualdad, la equidad de género, los derechos, el medio ambiente, la protección social, la redistribución de la riqueza, la cultura de privilegios. Y se incluye al final el estudio “La periferia latinoamericana en el sistema global del capitalismo” de Raúl Prebisch (1901-1986) -quien fuera Secretario Ejecutivo de la entidad-, un texto que mantiene increíble actualidad.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, insistió este lunes en que los Gobiernos latinoamericanos deben apostar por la ciencia y la tecnología para apuntalar la recuperación económica tras la pandemia por coronavirus.
En la inauguración de la tercera reunión de la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CCITIC) de la Cepal, organizada de forma conjunta entre el organismo y el Gobierno argentino, Bárcena subrayó la necesidad de cambiar el “paradigma de desarrollo” de las economías de la región.
“Los países dicen ‘vamos a crecer como nunca’ (en 2021) y sí, en promedio la región va a crecer el 6 %, pero el próximo año va a venir una desaceleración tremenda que nos va a llevar al 2 % otra vez. La gran paradoja es que no es crecimiento genuino, no es crecimiento basado en ciencia, tecnología y mayor productividad”, aseveró la funcionaria durante su discurso de apertura.
“Tenemos que cambiar este paradigma de desarrollo, para ir de este modelo extractivista a un modelo de producción sostenible, en donde sobre todo se aborde la redistribución del conocimiento. La concentración de la tecnología y el conocimiento hoy día está en manos de muy pocas empresas, y en este caso es lamentable”, agregó.
En ese sentido, Bárcena manifestó que América Latina y el Caribe “tienen capacidades” para desarrollar nuevas tecnologías, poniendo como ejemplo el desarrollo de vacunas o la descarbonización de la economía, unos desafíos que no deben ser abordados país por país, sino por la región en su conjunto.
“Nuestra industria productiva no demanda ciencia y tecnología, entonces tenemos que crear ese círculo virtuoso: mayor productividad, mayor ciencia y mayor tecnología nos da habilidades a las empresas, más salario y permite crear más conocimiento”, aseguró la titular de la Cepal, quien también instó a coordinar esquemas regulatorios entre los diferentes países.
Por su parte, el canciller argentino, Santiago Cafiero, señaló que la economía del conocimiento es el “sector de mayor potencial” de futuro, puesto que actúa como generador de empleo, amplía la capacidad exportadora de los países e “impacta directamente” en la calidad de vida de los ciudadanos.
“Junto con todos los países de América Latina y el Caribe, seguiremos empeñados en diseñar políticas que ayuden a disminuir las brechas y lo haremos con los sindicatos, con las empresas y con los organismos de investigación”, concluyó Cafiero su intervención.
En esta tercera reunión de la CCITIC, que se extenderá hasta el miércoles, representantes de organismos internacionales, de la academia y del sector privado buscarán definir una agenda de trabajo regional en materia de ciencia, tecnología e innovación para los próximos dos años.
Durante mucho tiempo una parte de los marxistas aseguraron que el capitalismo tiene límites estructurales y económicos, fincados en leyes que harían inevitable su (auto) destrucción.
Esas leyes son inmanentes al sistema y se relacionan con aspectos centrales del funcionamiento de la economía, como la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, analizada por Marx en El capital.
Esta tesis dio pie a que algunos intelectuales hablaran del derrumbe del sistema, siempre como consecuencia de sus propias contradicciones.
Más recientemente, no pocos pensadores sostienen que el capitalismo tiene límites ambientales que lo llevarían a destruirse o por lo menos a cambiar sus aspectos más depredadores, cuando en realidad lo que tiene límites es la propia vida en el planeta y, muy en particular, la de la mitad pobre y humillada de su población.
Hoy sabemos que el capitalismo no tiene límites. Ni siquiera las revoluciones han podido erradicar este sistema ya que, una y otra vez, en el seno de las sociedades posrevolucionarias se expanden relaciones sociales capitalistas y desde dentro del Estado resurge la clase burguesa encargada de hacerlas prosperar.
La expropiación de los medios de producción y de cambio fue, y seguirá siendo, un paso central para destruir el sistema, pero, a más de un siglo de la revolución rusa, sabemos que es insuficiente, si no existe un control comunitario de esos medios y del poder político encargado de gestionarlos.
También sabemos que la acción colectiva organizada (lucha de clases, de géneros y de colores de piel, contra las opresiones y los opresores) es decisiva para destruir el sistema, pero esta formulación también resulta parcial e insuficiente, aunque verdadera.
La actualización del pensamiento sobre el fin del capitalismo, no puede sino ir de la mano de las resistencias y construcciones de los pueblos, de modo muy particular de zapatistas y kurdos de Rojava, de los pueblos originarios de diversos territorios de nuestra América, pero también de los pueblos negros y campesinos, y en algunos casos de lo que hacemos en las periferias urbanas.
Algunos puntos parecen centrales para superar este desafío.
El primero es que el capitalismo es un sistema global, que abarca todo el planeta y debe expandirse permanentemente para no colapsar. Como nos enseña Fernand Braudel, la escala fue importante en la implantación del capitalismo, de ahí la importancia de la conquista de América, ya que le permitió, a un sistema embrionario, desplegar sus alas.
Las luchas y resistencias locales son importantes, pueden incluso doblegar al capitalismo a esa escala, pero para acabar con el sistema es imprescindible la alianza/coordinación con movimientos en todos los continentes. De ahí la tremenda importancia de la Gira por la Vida que estos días realiza el EZLN en Europa.
El segundo es que no se destruye el sistema de una vez para siempre, como debatimos durante el seminario El pensamiento crítico frente a la Hidra capitalista, en mayo de 2015. Pero aquí hay un aspecto que nos desafía profundamente: sólo la lucha constante y permanente, puede asfixiar el capitalismo. No se lo corta de un tajo, como las cabezas de la Hidra, sino de otro modo.
En rigor, debemos decir que no sabemos exactamente cómo terminar con el capitalismo, porque nunca se ha logrado. Pero vamos intuyendo que las condiciones para su continuidad y/o resurgimiento deben acotarse, someterse a control estricto, no por un partido o un Estado, sino por las comunidades y pueblos organizados.
El tercer punto es que no se puede derrotar el capitalismo si a la vez no se construye otro mundo, otras relaciones sociales. Ese mundo otro o nuevo, no es un lugar de llegada, sino un modo de vivir que en su cotidianidad impide la continuidad del capitalismo. Las formas de vida, las relaciones sociales, los espacios que seamos capaces de crear, deben existir de tal modo que estén en lucha permanente contra el capitalismo.
El cuarto es que, mientras exista Estado, habrá chance de que el capitalismo vuelva a expandirse. En contra de lo que pregona cierto pensamiento, digamos progresista o de izquierda, el Estado no es una herramienta neutra. Los poderes de abajo, que son poderes no estatales y autónomos, nacen y existen para evitar que se expandan las relaciones capitalistas. Son, por tanto, poderes por y para la lucha anticapitalista.
Finalmente, el mundo nuevo posterior al capitalismo no es un lugar de llegada, no es un paraíso donde se practica el buen vivir, sino un espacio de lucha en el que, probablemente, los pueblos, las mujeres, las disidencias y las personas de abajo en general, estaremos en mejores condiciones para seguir construyendo mundos diversos y heterogéneos.
Creo que si dejamos de luchar y de construir lo nuevo, el capitalismo renace, incluso en el mundo otro. El relato del Viejo Antonio que dice que la lucha es como un círculo, que empieza un día pero nunca termina, tiene enorme actualidad.
Informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) advierte por este fenómeno que influye en los resultados académicos de los alumnos.
Los más pobres con los más pobres, y los menos pobres con los menos pobres. Así lucen cada vez más las escuelas uruguayas. Pareciera que, sin proponérselo, los centros educativos se van convirtiendo en guetos a los que asisten estudiantes demasiado parecidos entre sí. Al menos eso anuncia el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) en el informe del estado de la enseñanza local presentado esta semana, en el que se advierte que esa segregación “es un determinante relevante de los resultados académicos”.
Más del 90% de las escuelas públicas Aprender son de contexto muy desfavorable y desfavorable, mientras que el 80% de las privadas son de contexto muy favorable. Pero la segregación no acaba en la clásica dicotomía de públicos versus privados, sino que se da a la interna del propio sistema estatal. En ese sentido, las escuelas de práctica, en las que se desempeñan los maestros que son formadores de los futuros docentes, se parecen mucho a los colegios privados. En las escuelas de tiempo completo hay una minoría de contexto muy favorable, y en las urbanas comunes casi no existe la pobreza más extrema.
Aquel ideal vareliano de que los hijos del profesional y del obrero comparten el banco escolar va haciéndose añicos con el paso del tiempo. Porque los investigadores del Ineed, usando el índice de Hutchens -una de las mediciones más extendidas para cuantificar la segregación social en los centros educativos-, estimaron la segregación desde 2013 hasta fines del año pasado y concluyeron que viene en ascenso en jardines y escuelas.
En los liceos y UTU, en cambio, los centros educativos son más heterogéneos y la segregación se ha mantenido estable en el mismo período analizado. Eso puede deberse, según el informe oficial, a que en el país existen menos centros de enseñanza media y los alumnos acuden a locales que no necesariamente están cercanos a donde viven.
“La segregación creciente en inicial y primaria está relacionada con la forma de asignación de los estudiantes a los centros y, en última instancia, con una creciente segregación territorial. En estos niveles educativos hay más oferta concentrada en menos territorio, por lo que es más probable que los niños y niñas asistan a centros cercanos a su lugar de residencia”, explicaron a El País las investigadoras Fiorella Ferrando, Melissa Hernández, Cecilia Oreiro, María Noé Seijas y Joana Urraburu.
Puede que haya quienes consideren que el aumento de la segregación no es en esencia una mala noticia y en todo caso es un simple reflejo del deseo de parte de la sociedad. Por ejemplo, puede que un padre quiera que sus compañeros de clase, de club y de actividades sean de un mismo contexto porque eso le da tranquilidad o estatus.
Pero las investigadoras del Ineed aclaran que “hay varios estudios que demuestran que a menor segregación, mejores los aprendizajes”. Eso ocurre porque aumentan las posibilidades de aprender de otros.
Existe lo que los técnicos llaman “efectos de pares”: un niño con cierto rezago tendrá más chances de potenciarse con compañeros de diversos contextos que si todos son de su misma condición.
Pero los beneficios se pierden cuando se trata de centros educativos homogéneos en su interior y heterogéneos en relación a otros. Hay menor intercambio cultural y a su vez hay menos vínculos entre contextos diferentes, lo que tiende a fragmentar más la estructura social del futuro.
“La literatura científica evidencia que cuando la escuela es más diversa, a los niños, sobre todo a los pobres, les va mejor. En el caso uruguayo, como la segregación es antes barrial que escolar, termina ocurriendo que los niños no interactúan con pares de otros contextos en casi ninguna actividad”, explica la socióloga uruguaya María José Álvarez, profesora de la Universidad de los Andes, en Colombia, y una de las referentes en los estudios recientes sobre desigualdad.
Álvarez, junto a unos colegas uruguayos de la Universidad Católica, acaban de concluir en otra investigación que “existe una creciente fuga de los hijos de profesionales de la educación pública uruguaya”. Tras estudiar los microdatos de las Encuestas Continuas de Hogares desde 1992 a 2016 observaron ese fenómeno que se agrava en la Secundaria.
“Al fugarse se pierde capital social: por la menor diversidad y porque esos padres profesionales son los que más se involucran en la comunidad escolar”, explica la socióloga.
Las crisis económicas, como la de 2002 y la actual, suelen generar frenos a la fuga, pero “si se ve la película de largo plazo hay una migración”. ¿A qué se debe? Los investigadores realizaron entrevistas a los padres, quienes justificaron que inscribieron a sus hijos en colegios privados en busca de mayor tiempo pedagógico y el aprendizaje en profundidad de segundas lenguas.
“Lo interesante”, dice Álvarez, “es que todavía existe cierta nostalgia de esos padres por la educación pública, entonces sienten la necesidad de justificar por qué decidieron enviar a sus hijos al sector privado”.
El Ineed concluye que “la distribución desigual de estudiantes entre los centros contribuye a consolidar circuitos educativos disímiles y a aumentar la inequidad educativa”. Y la inequidad es, a la vez, el talón de Aquiles del estado de la educación uruguaya.
Andrés Ruggeri, coordinador del 8° Encuentro de Economía de les trabajadores
M.H: Está finalizando el octavo Encuentro de trabajadores y trabajadoras de la Economía popular. Una gran actividad virtual pero muy amplia que se desarrolló parte en octubre y a lo largo de todo el mes de noviembre, este octavo Encuentro de trabajadores y trabajadoras que tuvo su localización en México pero que se difundió en varios países. Me gustaría que compartieras un primer balance.
M.H: Está finalizando el octavo Encuentro de trabajadores y trabajadoras de la Economía popular. Una gran actividad virtual pero muy amplia que se desarrolló parte en octubre y a lo largo de todo el mes de noviembre, este octavo Encuentro de trabajadores y trabajadoras que tuvo su localización en México pero que se difundió en varios países. Me gustaría que compartieras un primer balance.
A.R: Fue el octavo Encuentro de economía de los trabajadores y las trabajadoras, había sido aprobado en el anterior encuentro que fue en Brasil, en la escuela nacional Florestan Fernandes del MST, que iba a hacerse en México. Después vino la pandemia e incluso se suspendieron los encuentros regionales que se iban hacer durante el 2020 y se tomó la decisión entre las distintas organizaciones de ir a un esquema virtual.
Se estuvo debatiendo durante mucho tiempo porque una de las características de todo este período es que parecía que se iba a terminar y, sin embargo, recrudecía la pandemia. Entonces, se decidió hacerlo totalmente virtual porque no quedaban muchas opciones.
Fue una actividad muy intensa, la gente de México se puso al hombro todo un esfuerzo organizativo que es muy distinto de los anteriores porque acá no había delegaciones, no había que ocuparse de todas esas cuestiones prácticas de la gente llegando de lugares diferentes, pero había que garantizar las transmisiones, incluso tener en cuenta los distintos horarios de los distintos continentes.
M.H: ¿En qué sumó y en qué resto que el encuentro fuera virtual?
A.R: Sumó la posibilidad de hacer muchas actividades con mucha gente que quizás de otra manera no hubiera podido estar porque en el encuentro presencial hay que ir hasta el lugar del encuentro y eso implica un costo, un tiempo, etc., y acá uno se podía conectar desde cualquier lugar del mundo o incluso subido al sitio web lo puede ver en cualquier momento.
También haber hecho la página web del Encuentro que era algo que se venía hablando hace años y finalmente ahora con el trabajo de algunos compañeros se pudo hacer y ahí hay acceso a todo lo que se discutió, creo que en ese sentido fue un salto de calidad en cuanto al acceso de los debates.
Por otro lado, hay un montón de cosas que acompañan al Encuentro que tienen que ver justamente con los debates en el lugar, con el intercambio entre las distintas delegaciones, incluso con una unidad del debate, porque en el encuentro presencial siempre estamos con un montón de mesas de temas diferentes, pero hay una suerte de continuidad de los debates porque van atravesando los temas todo el encuentro.
Siempre tengo la misma sensación de que fue una única discusión en los tres o cuatro días que dura el Encuentro tocando diferentes temas, aristas, pero siempre con cierta unidad de debate, y acá no se dio porque cada mesa fue una mesa separada de las anteriores y coincidían algunos expositores que estuvimos dos o tres veces, pero era muy difícil que alguien pudiera estar un mes y medio todos los días conectado durante tres horas participando de todos los debates.
Eso restó bastante pero fue la única forma de hacerlo y lo importante, y fue la conclusión que se sacó, fue sostener el espacio, evitar que pasara más tiempo sin que hubiera una actividad de la red, del Encuentro.
M.H: ¿Ya se definió dónde nos encontraremos en los próximos encuentros?
A.R: No se tomó una definición muy definitiva digamos, pero se habló de continuar con el esquema de Encuentros regionales durante el 2022, muy probablemente el sudamericano o quizás el latinoamericano porque la gente de México está muy degastada para hacer otro encuentro regional el año que viene y ya viene organizando todos los encuentros de América del norte y América central que fueron en México y no hay demasiadas posibilidades que haya uno en Estados Unidos o en Canadá, así que probablemente sea un encuentro de todo el continente latinoamericano de la regional que nos toca a nosotros, y eso seguramente sea acá en Argentina.
Había una idea de hacer el pasado sudamericano en Santa Fe que es una propuesta que sigue en pie y vamos a tratar de que no sea acá en Buenos Aires. Y después está el Europeo, la gente de Francia planteó que estaba bastante desarticulada la red europea pero que no era un problema de esta red en particular sino de toda Europa, las redes militantes, de movimientos sociales, sindicatos europeos están sumamente desarticulados y eso también arrastra a esta red por eso plantearon hacer un encuentro en Francia y a partir de ahí invitar al resto.
Y después queda pendiente la posibilidad de ayudar a nuestros compañeros africanos a que hagan el suyo pero eso es algo más remoto. El año que viene vamos a tener dos encuentros regionales uno en Europa y otro en Argentina.
M.H: Se han conocido estadísticas del ReNaTEP con casi tres millones de familias inscriptas, se presentó en mayo de este año, y allí se habla de casi un 8% de cooperativas de trabajo. ¿Esto que tiene que ver con la Economía de los trabajadores?
A.R: Yo creo que tiene que ver bastante. Me parece que la Economía de los trabajadores es un concepto amplio que significa no solamente la experiencia de autogestión de la Economía popular sino que abarca todo lo que tiene que ver con disputar, pensar y proyectar la economía desde la clase trabajadora y desde una idea de la clase trabajadora por ahí más amplia que la concepción más bien estrecha de la clase trabajadora que tiene un salario formal o registrado.
Eso incluye a todo el cooperativismo de trabajadores y también a la Economía popular además de los sindicatos y la clase trabajadora más formalizada. Uno de los grandes problemas que me parece hay últimamente es darse cuenta de la dimensión que tiene toda esa economía que no está formalizada, pero no pensándola como economía formal sino desde este otro lado de súper explotación del trabajo por un lado y proceso de autogestión del trabajo por otro, como dos partes de un mismo fenómeno.
Un sector social expulsado del trabajo formal que en algunos casos sigue siendo empleado, lo que acá llamamos en negro o de relaciones de explotación mayor o de redes informales, pedazos de cadenas productivas en su eslabón más débil y en algunos sectores esto se autonomiza y trata de elegir sus propias empresas o cooperativas, o se resiste también a la desocupación, es el caso de las empresas recuperadas o de muchas otras organizaciones.
Todo ese sector no entra en las estadísticas por eso es importante este trabajo del ReNaTEP, creo que no termina de ser completo porque hay que inscribirse y hay una parte grande de la población que está en esa condición que si no está organizada es bastante imposible de detectarla y que formen parte de las estadísticas.
Desde ese punto de vista todo eso forma parte y está relacionado con la Economía de los trabajadores. De hecho fue una discusión del 8° Encuentro de los trabajadores este tema. Fue una discusión en varias mesas, hubo dos o tres mesas de precariedad laboral donde participaron experiencias distintas de México, de Brasil, de Chile, de Argentina, inclusive acá, por ejemplo, participó una cooperativa de inmigrantes colombianos, el tema de las migraciones, que en México es un tema muy importante, también tuvo dos mesas y tiene bastante que ver con esto.
Y en otra de las mesas, que fue una discusión mucho más teórica, también hablamos de los modos de acumulación a través de híper explotación del trabajo no asalariado, de la coordinación al capital de distintas formas productivas que a veces pueden ser cooperativas, de lo que también se ha llamado acumulación por disposición.
Todo esto fue debatido de varias maneras y lo que falta es sacar una síntesis porque fue bastante transversal a unas cuantas mesas.
M.H: ¿Cómo se accede a toda esta información, a este 8° Encuentro de los trabajadores y las trabajadoras?
A.R: Hay una página web que es https://www.facebook.com/economiatrabajadores/ ahí están todas las mesas subidas del encuentro. Si ponen en YouTube octavo encuentro de economía de trabajadores también lo van a encontrar porque se accedió desde varios lugares y se subió por varios sitios.
M.H: ¿Querés agregar algo más?
A.R: Fue un encuentro particular pero permitió darle vida a la red y dar todas estas discusiones, y ahora esperamos el siguiente y que sea en mejores condiciones para poder participar personalmente.
Las organizaciones sociales y políticas encuentran en las calles una forma de lucha frente a los avances neoliberales direccionados desde los organismos del poder económico y político . En América Latina, las movilizaciones y protestas son la expresión de las desigualdades sociales existentes que se viven y se sienten en los cuerpos de las y los latinoamericanas/os.
Desigualdades que, en la actualidad, expresan el proceso de concentración de riqueza y transferencia de recursos de los sectores que menos tienen hacia los que más acumulan que se dio en la pandemia.(1)
Ante este contexto de mayor desigualdad, el campo del pueblo opone resistencia en toda América Latina, encontrando nuevas formas de protesta, que van haciendo posible identificar un enemigo común y conocido: el Fondo Monetario Internacional (FMI). Un organismo internacional que define y determina las realidades económicas locales a través de las presiones por pago de sus deudas. Deudas que desde la educación no ha de ser pagada ni con los salarios de los trabajadores, ni con el hambre de los niños y adolescentes que llegan con hambre y necesidades insatisfechas a las aulas, ni con la restricción de este derecho, ni con la falta de acceso al derecho a la conectividad de la comunidad educativa.
Latinoamérica se mueve en defensa propia
Durante el 2020 y pese al pleno apogeo de la Pandemia, se vivieron movilizaciones y protestas impulsadas desde el sector educativo en toda América Latina. Los trabajadores de la educación se vieron afectados particularmente y esto impulsó reclamos y resistencias en países como: Ecuador, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil, México, Costa Rica y Panamá.
Las consignas que se observaron en cada una de las movilizaciones desarrolladas se relacionaron con reclamos específicamente educativos, pero también abarcaron aspectos más amplios en cuanto a demandas sociales. En, Ecuador, las comunidades se posicionaron para combatir el «paquetazo de Lenín Moreno» y defender el poder adquisitivo de los salarios en medio de una crisis institucional gubernamental. En Chile, el conflicto educativo siempre estuvo latente. Los “mochilazos” y las “revoluciones pingüinas” así nos lo recuerdan. En 2019 las y los estudiantes despertaron a todo un país expresando que “no eran 30 pesos, sino 30 años” de ser los buenos alumnos del Fondo Monetario.
Por su parte, en Colombia, el pliego de peticiones también denominado «paquetazo», coincidió con la convocatoria de sindicatos y centrales obreras colombianas en rechazo a la violencia y las políticas de Iván Duque, su presidente. En tanto en Perú, el Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación de Perú (sutep) exigió al gobierno destinar el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional a la educación. En ese país, mientras, se desarrollaba la salida del presidente en funciones, Martín Vizcarra, y la asunción de Fernando Sagasti. El SUTEP en conjunto con la CGTP (Confederación General de Trabajadores de Perú) exigía la conformación de una Asamblea Constituyente y la redacción de una nueva Constitución, atravesado por fuertes manifestaciones.
En Paraguay y Uruguay, el reclamo se centró en mayor presupuesto para el sector educativo. Mientras tanto, en México la consigna se centró en el reclamo por la retribución del salario a docentes contratados. En Costa Rica, las movilizaciones fueron en rechazo al Fondo Monetario Internacional –FMI- y las políticas del gobierno. Mientras que en Panamá las centrales obreras docentes se posicionaron en contra las medidas de recorte de ayudas del Gobierno de Laurentino “nito” Cortizo, presidente de dicho país. A la vez que el pueblo de Bolivia exigía la renuncia de Víctor Hugo Cárdenas, el entonces ministro de Educación de facto de Bolivia, por promover la privatización de la educación en el país.
La efervescencia y las muestras de iniciativa popular que se viven en Latinoamérica nos permiten afirmar, como Giménez y Caciabue que “la calle no es de la derecha reaccionaria y rancia -aunque se vista de jóvenes libertarios-, la calle es de las mayorías dispuestas a profundizar el proyecto de país que cierre con todas, todos y todes adentro, esa es la deuda urgente”.
Históricamente, la resistencia a la mercantilización de la educación, impuesta generalmente por el FMI, ha marcado la agenda de las organizaciones sociales políticas en general y de las comunidades educativas, en particular. Las protestas y movilizaciones en Latinoamérica descritas dan cuenta del clamor popular respecto de la urgencia de terminar con las desigualdades sociales existentes, así como también de la disposición de los sectores del campo y del pueblo a tomar las calles y levantar sus voces por una sociedad donde una vida digna no sea un reclamo, sino un derecho. Donde la deuda a pagar sea con el pueblo y no con los organismos internacionales.
No sólo se debe remitir a la memoria cercana de los pueblos vecinos. Argentina ha sido, a lo largo de la historia, el campo de disputa entre un proyecto de subordinación y dependencia, por un lado y de soberanía e independencia, por el otro. Desde 1824, con el empréstito Baring Brothers, Argentina entra en el camino del endeudamiento. El FMI hará su aparición primero en la década del 60, y con más fuerza luego de la crisis de la deuda de la década del 80 y los gobiernos neoliberales de los ’90.
En el sector educativo, los organismos internacionales también desarrollaron sus estrategias. En particular, en agosto de 1995 se promulgó la Ley de Educación Superior (Nº 24.521), ley que fue propuesta y financiada por el Banco Mundial (BM).
Según Etchichury (2016) “El Banco Mundial, aprobó un crédito específico para la reforma de la educación superior, cuya ejecución se inició en 1995. El informe técnico correspondiente a aquel préstamo describía los problemas centrales que el BM observaba en el sistema universitario de 1995 y adelantaba sus propuestas de solución. Ante ese panorama, el Banco y el Gobierno argentino acordaron un préstamo por 165 millones de dólares destinado —según declara el BM— a “establecer un ambiente competitivo para el mejoramiento de la educación superior y proveer, a través de un mecanismo transparente de financiamiento, los incentivos apropiados para avances continuos en eficiencia educativa y mejora de la calidad” (The World Bank, 2004: 2)”.
Dicha ley regula y determina los objetivos, alcances, financiamiento y recursos de la educación superior en Argentina hasta el día de hoy. Horacio Etchichury describe en su trabajo titulado “La tercera década: Ley de Educación Superior y el legado del Banco Mundial” publicado en 2016, que el proyecto sostenido con el crédito aprobado en 1995, tiene el 31 de diciembre de 2003 como fecha de conclusión. Un año después, el Banco Mundial elaboró un informe de evaluación donde consideró “satisfactorio el nivel alcanzado en el logro de los objetivos del proyecto”.
Como se sabe tanto el FMI, como el Grupo Banco Mundial, fueron creados en la Conferencia de Bretton Woods en 1944. Para ser elegibles como miembros del Grupo Banco Mundial, los países deben primero adherirse al FMI. Tales aspectos vislumbran lo objetivos comunes de dichos organismos.
Actualmente, el discurso de la fuerza social de Juntos por el Cambio -JxC-, compuesto por las alianzas del neoliberal PRO, sectores concentrados de la economía local en asociación con trasnacionales, ONG’s y Fundaciones y representado en el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y en la diputada de CABA María Eugenia Vidal, sostiene en sus discursos que estamos “aislados del mundo” y es necesario “volver”. Esto no significa otra cosa que la vuelta al circuito de la financiarización y sus consiguientes consecuencias para la sociedad en general y el sistema educativo, en particular. Es necesario recordar que los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y la asesoría del FMI dieron como resultado mayor desigualdad social.
Según el informe elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y las universidades de Avellaneda, Quilmes, Tres de Febrero, General Sarmiento y San Martín, la educación pasó de representar el 7,8 por ciento del presupuesto total del Estado nacional en 2016 al 5,1 por ciento 2020; hubo un descenso del presupuesto en la partida “Políticas socioeducativas”, que llegó a ser en el 2020 sólo el 6 por ciento de lo que era al inicio de la gestión y un recorte del presupuesto en obras del 2018 al 2019 de un 71%. La cara más oscura de este proceso de desinversión se hizo visible en la explosión que ocurrió en agosto de 2018, en la escuela N°49 de Moreno, provincia de Buenos Aires, qué se cobró las vidas de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Otro hecho de negligencia ocurrido bajo el gobierno macrista que no se puede omitir son las 135 mil netbooks que fueron encontradas en febrero de 2020 en el Correo Argentino y que no habían sido entregadas a las/os niñas/os y adolescentes del sistema educativo nacional.
El pueblo argentino siempre fue un centro de resistencia a los Planes de Ajuste Estructural que el FMI y los organismos internacionales han intentado imponer sobre el país. El 2021 nos encuentra con un sector educativo que necesita transformaciones y una deuda al organismo multilateral de crédito de 46 mil millones de dólares, número cercano al tercio de las acreencias totales del organismo. Tal como describió el diputado y sindicalista Hugo Yasky: “El préstamo que tomó el FMI equivale a construir 13.133 escuelas”.
No puede caer sobre los hombros de trabajadoras, trabajadores y las y los miembros de la comunidad educativa el pago de la deuda. Tal como lo ha dicho la calle: “Nosotras/os no debemos nada”. En todo caso, la deuda es con los derechos y las condiciones de igualdad. Ante una profunda crisis sistémica global, las pérdidas se intentan imponer sobre los millones de trabajadores, mientras el 1% de la humanidad (donde se encuentran los dueños de las grandes tecnológicas que fueron protagonistas de la educación en pandemia) incrementa su patrimonio, apropiándose de las riquezas socialmente producidas.
Es momento de emprender la escuela de la lucha callejera, donde el Pueblo demuestra su fuerza, construye su historia y aprende a conseguir conquistas y derechos; donde los movimientos sociales y las organizaciones manifiestan sus reclamos e intereses. El pago de la deuda no puede significar reducción de presupuesto educativo, baja de los salarios a trabajadores de la educación, infraestructuras obsoletas y niñas/niños y jóvenes sin dispositivos ni conectividad. Las comunidades educativas, comunidades de aprendizajes, en conjunto con los sectores del pueblo, deberán constituirse también como ámbitos donde acumular fuerza para no permitir este nuevo intento de avance en las lógicas de mercantilización de la educación.
Jouli es Licenciada en Educación Especial. Pedraza es Licenciada en Ciencias Políticas. Ambas miembros del Centro de Estudios y Formación en Política Educativa (CEFOPED), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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