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Propuestas para una ley de educación

Por: Juan Pablo Casiello

El mes pasado publicamos un texto en estas mismas columnas en donde valorábamos el debate por una ley provincial de educación, hacíamos un diagnóstico crítico de la situación educativa y terminábamos reclamando que «como maestros y profesores que sostenemos día a día la escuela pública, queremos ser auténticos protagonistas en la construcción de una nueva perspectiva para la escuela pública santafesina.»

Hasta ahora han tomado la delantera los legisladores -ya hay cuatro proyectos ingresados en la Cámara de Diputados- y el Ministerio de Educación que ha convocado a algunos foros regionales (en las ciudades de Rafaela, Cañada de Gómez y Tostado) adonde ha llevado su propuesta general.

En nuestro caso —recogiendo algunas discusiones colectivas- elegimos en esta ocasión entrar al debate a través de tres preguntas, tres temas que son sin duda polémicos y a la vez centrales en la construcción de un nuevo proyecto educativo para Santa Fe.

¿Quién gobierna la educación? No aparece como un aspecto en discusión y sin embargo creemos que es central. No tenemos pretensión de novedad; como vamos a ver el tema viene por lo menos del siglo XIX. Nosotros partimos de considerar que se debe modificar el esquema según el cual el Poder Ejecutivo a través del ministerio correspondiente tiene el monopolio absoluto del gobierno de la educación. Ya la ley fundacional de la educación en la Argentina, la 1.420, establecía el funcionamiento de un Consejo Nacional de Educación para la «dirección y administración de las escuelas públicas». Actualmente, en varias jurisdicciones existe un Consejo Provincial de Educación que es el que gobierna el sistema educativo de esas provincias, con diversos métodos de elección de sus miembros y de relación con el Poder Ejecutivo. Algunos de los proyectos presentados recogen este tema y proponen la creación de Consejos, pero le otorgan un poder muy limitado, en general con carácter consultivo o asesor. Proponemos en cambio la creación de un Consejo cuyos miembros representen a los distintos sectores involucrados (docentes, comunidad educativa, etc.) y que tenga el gobierno efectivo de la educación.

Se trata de asumir la necesidad de un cambio, de democratizar a fondo el sistema y de pensar mecanismos que apuesten a su efectivo autogobierno. Aspiramos a recoger nuestras mejores tradiciones educativas, la de la Ley 1420, la de la Reforma Universitaria de 1918 y su continuidad en planteos como el de la Convención Internacional de Maestros que en 1928 agrupó en Buenos Aires a los mejor de la intelectualidad educativa de toda la región y entre sus conclusiones propuso «el gobierno democrático de la educación por padres, maestros y profesores elegidos libremente por estos» así como «la autonomía económica, administrativa y técnica de los consejos escolares.» Algunas décadas después, en su histórico congreso fundacional de Huerta Grande, la Ctera definirá en el punto 5º de su declaración de principios que «el docente debe participar efectivamente en el gobierno, planeamiento y política de la educación a través de su organización gremial».

¿Qué presupuesto educativo? Garantizar el derecho a la educación de todos los santafesinos significa un esfuerzo presupuestario muy importante. En la actualidad, Educación es el área que cuenta con mayores fondos llevándose alrededor de un tercio de los recursos totales del Estado provincial. Sin embargo, cualquier observador serio del sistema educativo reconocerá la insuficiencia de los fondos asignados. Insuficiencia que se expresa en bajos salarios, falta de inversión en infraestructura (construcción y mantenimiento de escuelas), faltante de cargos, de material didáctico, etcétera. Los proyectos de ley presentados y el «decálogo de derechos» que propone el ministerio implican la necesidad de un aumento muy importante de los fondos destinados a las escuelas. Algunos proyectos plantean un crecimiento presupuestario pero que creemos que siguen estando muy lejos de las necesidades.

Consideramos indispensable establecer algunos cambios estructurales si de veras queremos que los derechos enunciados en la futura ley no sean mera letra muerta y efectivamente lleguen a cada ciudadano santafesino. Junto con acordar con que se eleve la proporción de los fondos destinados a educación, proponemos sumar otras tres líneas de trabajo:

a) Cambiar la matriz impositiva provincial aumentando los aportes de los sectores más favorecidos de la economía (inmobiliario rural, de barrios privados y de departamentos desocupados, tributos a las grandes cerealeras, etcétera)

b) Acabar con el subsidio a la educación privada que hoy se lleva más de un 25 por ciento del gasto educativo total.

c) Comprometer al Estado nacional a que eleve en forma sustancial su compromiso con sostener la educación en cada una de las provincias.

La educación privada. Entramos acá en un debate difícil por los intereses que están en juego. Un debate que es presupuestario (por la importante carga que señalábamos representa para el Estado provincial los subsidios a este sistema) pero que es también político e ideológico. Los distintos proyectos presentados se enmarcan en la ley nacional de educación Nº26.206 y en este punto incluso vuelven a escribir el artículo 10º que establece que «el Estado nacional no suscribirá tratados (ELLIPSIS_CHARACTER) que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública». Pero la realidad es que en estos 10 años transcurridos desde la sanción de la ley, la educación privada y la mercantilización de la educación no han parado de crecer. Desde el nivel inicial hasta la educación universitaria, año a año florecen nuevas entidades privadas que venden el servicio educativo a quien pueda pagarlo y sacan importantes ganancias. Y muchas veces con subsidios del Estado. Pero queremos ir al fondo de la discusión. Creemos necesario retomar el debate que se dio en nuestro país a finales de los años 50 entre «educación libre o laica». No acordamos con que la educación siga colaborando con la desigualdad social y la escuela privada es un abono permanente en ese camino. Creemos que la ley debe establecer un sistema educativo estatal único, laico y gratuito.

Fuente: http://www.lacapital.com.ar/propuestas-una-ley-educacion-n1246741.html

Imagen: http://www.noticiasdemendoza.com/mendoza/108-2/41954-hoy-realizan-consulta-masiva-por-la-ley-provincial-de-educacion

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Protests force week-long shutdown at South African universities

África/Sudáfrica/Octubre de 2016/Autor: Tiisetso Motsoeneng/Fuente: Reuters

RESUMEN: El costo de la educación universitaria, prohibitivo para muchos estudiantes negros, se ha convertido en un símbolo de las desigualdades que perduran en Sudáfrica durante más de dos décadas después del fin del apartheid. Las protestas estallaron en primer lugar el año pasado, luego moderó cuando el gobierno congeló los aumentos de las tasas y creó una comisión para investigar el sistema de financiación de la educación. Pero el malestar continuó  ya que dijo el 19 de septiembre  que las tasas seguirían subiendo. El martes la policía disparó granadas aturdidoras, balas de goma y gases lacrimógenos después de que los estudiantes exigieran educación gratuita en el campus de Johannesburgo arrojando piedras contra la policía.

Clashes between police and students protesting about the cost of education forced South Africa’s Wits and Cape Town universities to suspend classes on Wednesday for the second time in less than a month.

The cost of university education, prohibitive for many black students, has become a symbol of the inequalities that endure in South Africa more than two decades after the end of apartheid.

Protests first erupted last year, then eased off as the government froze fee increases and set up a commission to look into the education funding system. But unrest has boiled up again since the commission said on Sept. 19 that fees would continue to rise.

A spokeswoman for the University of the Witwatersrand, known as Wits, and which reopened on Monday after protests last month forced a shutdown, said late on Tuesday that classes would be canceled until Oct. 10.

«We have agreed to suspend the academic program,» Shirona Patel said.

Police on Tuesday fired stun grenades, rubber bullets and tear gas after students calling for free education at the Johannesburg campus threw stones at police and flipped one vehicle. The university said some protesters had earlier pulled lecturers out of their offices as they prepared to restart classes after the shutdown called on Sept. 20.

Wits, which has been the epicenter of the protests, conducted a poll last week asking students if they wanted go back to class.

Some 77 percent of the 21,730 students who voted supported the resumption of lessons but clashes between students over whether classes should resume were reported on Wednesday.

The University of Cape Town (UCT), which had hired private security guards to help police the campus, said it would be shut down for the rest of the week due to safety concerns.

UCT spokeswoman Pat Lucas said that protesters had in the early hours of Wednesday attacked private security guards, broken into some buildings and started fires. Eight students had been arrested in the preceding day’s violence.

Fuente: http://www.reuters.com/article/us-safrica-protests-idUSKCN1250JJ

 

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Pavlov, lucrum y los tiempos posmodernos

Por: José Joaquín Brunner

Ha vuelto a despuntar el tópico “lucro en educación superior” a través de la agenda medial. Y como ya es costumbre, al toque de la campana sigue el reflejo condicionado que estudió el ruso Iván Petróvich Pávlov en la segunda mitad del siglo XIX. Ante el estímulo de los medios la reacción es inmediata y fulminante: fin al lucro, lucro maldito, inmoralidad del lucro, lucro es estafa, negociantes de la educación, educación pirata, lucro deshonesto, lucro vil; en fin, el turpe lucrum del cual hablaban los teólogos medievales.

Esta respuesta pavloviana ante la mera mención del lucro tiene dos consecuencias relacionadas entre sí.

Por una parte, activa una cadena simbólica que moviliza significados latentes, tales como: Universidad del Mar, educación de mercado, neoliberalismo, verdadero robo, privados inescrupulosos, universidades truchas, CAE, endeudamiento asfixiante, idolatría del dinero, contaminación ambiental de la educación, comercialización del conocimiento, gobiernos de la Concertación, polución ética, egoísmo individualista, mercantilización, instituciones empresa, muerte del alma mater.

Por otra parte, esa reacción pavloviana paraliza cualquiera deliberación pública seria y reflexiva sobe el tópico e inhibe la deconstrucción de esa cadena simbólica. No se alcanza a articular la conversación cuando ya la salivación del discurso estigmatizador inunda el espacio del pensamiento crítico. Tal es el ruido mediático que provoca la mera mención del vocablo-campana, cuyo eco luego se difunde por las redes sociales adquiriendo allí resonancias virulentas, que se torna imposible argumentar, intercambiar puntos de vista, ponderar y evaluar, invocar experiencias, citar evidencias, exigir lógica y aprender mutuamente entre los participantes en un diálogo.

Efectivamente, en un clima pavloviano de reflejos condicionados se imponen las opiniones ruidosas, machacones, repetitivas, automáticas, no pensantes. Es el reino de las reacciones automáticas y poco elaboradas, de código lingüístico restringido y autoritario, de cadenas simbólicas que operan sobre el esquema estímulo-respuesta donde no caben la refutación, la diversidad de explicaciones, la polémica.

Vence la retórica apabullante que no busca persuadir, sino, meramente, salivar.

Por lo mismo, el pavlovismo es poco propicio para el aprendizaje reflexivo y crítico. Es un conductismo primitivo: estímulo, respuesta; condicionamiento, conducta; reforzamiento, adquisición.

El lucro, al quedar atrapado en esa lógica esquemática, lineal y simplista, solo admite un discurso con las mismas características banales. Esto es, un discurso que declara la absoluta incompatibilidad entre lucro, conocimiento y educación. Cualquier contacto de la academia con el mercado mediado por dinero es considerado horrible y condenado a las hogueras del infierno.

II

Sin embargo, esta visión de las cosas es perfectamente anacrónica. Arranca de la condena impuesta a los sofistas por la posición platónica en la cultura filosófica griega que luego se proyecta hacia la Edad Media, momento en que queda reflejada en la máxima: “Scientia donum dei est, unde vendi non potest”; el conocimiento es un don de Dios, por eso no se puede vender. Esta máxima platónico-monástica pasa a ser doctrina oficial de la Iglesia durante los Concilios lateranenses tercero y cuarto de los años 1179 y 1215, respectivamente.

De esos tiempos se conservan, según señala un historiador, los ásperos testimonios y las críticas de San Bernardo: la condena contra “los que quieren aprender para vender su scientia: para tener dinero, para tener poder”. De San Bernardo se hace eco un modesto pero atento maestro parisino, Maurizio de San Vittore: los jóvenes, a los que observa y condena, dice él, “solicitan aprender no para adquirir sabiduría y ciencia, sino para prostituirse vendiendo su arte, para tener alabanzas humanas o para ganar dinero. Y por esto, indignos de la sabiduría adquirida, en realidad no venden nunca la verdad”.

El rechazo contemporáneo del lucro en sentido amplio -que se extiende a la comercialización del conocimiento, la mercantilización de la educación y la empresarialización de las universidades, a los aranceles y el crédito estudiantil- comparte con las antiguas condenas un mismo espíritu de pureza aristocrática y de separación del alma que vive de ideas por contraste con el cuerpo impuro que vive del mercado.

Ya Max Weber había observado que uno de los límites que encuentra el mercado es precisamente aquel impuesto por el tabú cultural de negociar con los bienes sagrados. El lucro constituye precisamente una forma de polución de aquellos bienes (los conocimientos), que son un don de Dios y como tales no deben ser transados en la plaza del mercado.

El anacronismo de esta visión es total, lo cual no significa que carezca de eficacia en el terreno simbólico de las ideologías.

III

En efecto, vivimos tiempos de capitalismo académico, donde el conocimiento es una de las mercancías más preciadas y el motor schumpeteriano de las economías basadas en la innovación. La universidad hace rato que dejó de ser una torre de marfil, como postulaban los neohumanistas alemanes de la época de Humboldt -pastores protestantes varios de ellos- representantes de una aristocracia del espíritu y de un Kulturstaat, un Estado de cultura.

Hoy las universidades son llamadas a trabajar eficientemente por una economía competitiva; deben involucrarse con el sector productivo y su capital humano es medido cada día según indicadores de desempeño y resultados. Forman una triple hélice con el gobierno y las empresas para generar productos y servicios de información y conocimiento que deben ser valorizados por el mercado. Son premiadas e inducidas a obtener ingresos propios, para lo cual el Estado crea mecanismos e incentivos que les permitan desarrollar negocios lucrativos. Incluso, se sostiene que ninguna universidad puede dejar de producir un excedente y que tal sería un indicador esencial de su solidez y capacidad de generar valor para la sociedad.

Dicho en otras palabras, las universidades en estos tiempos posmodernos son cada vez más parte y pieza de una cadena de valor, del entramado productivo de la sociedad. Son unidades performativas cuya centralidad para la economía y el bienestar de las naciones las transforma en algo completamente distinto de las bucólicas comunidades platónico-monásticas de adoradores de la “scientia donum dei est“.

Por todo esto, la reacción pavloviana frente al lucro es algo tan completamente inútil como ingenuo. Pues una vez más, como dice aquella famosa frase, el problema está en la economía (it’s the economy, stupid!), y no en la naturaleza jurídica del proveedor. En el capitalismo académico y no en la academia capitalista. En el mercado global y no en alguna peculiar maldad local.

El espíritu comercial smithsiano (de Adam) que se ha difundido entre los pueblos del mundo -desde China hasta Canadá, desde el norte hasta el sur- no se manifiesta esencialmente en lucro, sino en la orientación de la vida hacia al mercado, en la competencia, en la ética (sí, protestante) del trabajo, en la medición de los desempeños, la performatividad y el deseo faustiano de controlar el mundo para transformarlo, en la civilización del esfuerzo y la cultura de la innovación permanente de base científico-tecnológica. Como dicen las voces celestiales de Goethe al final del drama del Fausto: a aquel que se empeña y trabaja incansablemente lo absolveremos.

Entre las fuerzas del intercambio, la laboriosidad, el productivismo, las mediciones taylorianas, los incentivos y sus expresiones schumpeterianas en los mercados -la incesante destrucción creativa- y las fuerzas del espíritu, la contemplación, el platonismo de las ideas, la pureza de los bienes sagrados y el aislamiento del ruido de los mercados para volcarse a la esfera de lo ideal, hay una lucha sorda desde el comienzo de los tiempos.

Al principio, entonces, ¿fue la acción o la palabra? ¿La división smithsiana del trabajo o la contemplación platónica de los dioses? ¿El cultivo de las ideas o de los metales?

Lo que a todas luces resulta anacrónico es plantarse hoy frente al lucro a la manera como ayer lo hicieron nuestros antepasados cuyas almas circulan entre las ruinas de Grecia o confundidas con los cardenales reunidos en los concilios de Letrán. Más aún: resulta de una inexcusable ingenuidad.

Lo que cabe hacer, en cambio, es dejar atrás a Pavlov cuya campana todavía hace reaccionar salivando a platónicos y monásticos y tomar en serio al capitalismo académico y su ambigua pasión fáustica: la de conocerlo todo hasta dominarlo, transformando el mundo bajo la fuerza propulsora del conocimiento entendido como poder y como motor de riquezas.

El lema de nuestros tiempos posmodernos no es ya aquel de  “scientia donum dei est”, sino aquel otro que dice “ad lucrum per scientia”.

Fuente: http://ellibero.cl/opinion/pavlov-lucrum-y-los-tiempos-posmodernos/

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Panamá: Propuestas no solucionan problemas de la educación

Panamá/06 octubre 2016/Fuente: Panama América

Las diversas iniciativas planteadas por el Órgano Legislativo en cuanto a otorgarles incentivos a los padres de familia que tienen sus hijos en escuelas particulares, ante el inminente aumento de la matrícula y mensualidad en algunos centros educativos, no son vistas como una solución a la problemática educativa que atraviesa el país, según economistas.

Una de las propuestas que será debatida en la comisión de Educación de la Asamblea es la de modificación al tope de la Beca Universal para los estudiantes de escuelas particulares que actualmente es de $1,000 a $3,000.

Actualmente, en la ley de Beca Universal se plantea que tienen derecho los estudiantes de las escuelas particulares que entre la matrícula y mensualidad no paguen más de $1,000, lo que se aumentaría a un tope de $3,000, según la propuesta.

Durante la presentación del proyecto en la comisión, el diputado Leandro Ávila señaló que el pago de esta modificación se realizaría a través del 2% que se aumentó al ITBMS y también habría que estudiar si el Ifarhu utiliza en su totalidad el seguro educativo para el otorgamiento de becas.

Para el economista Juan Jované, nunca se va a ver una solución, si el Gobierno no atiende adecuadamente la educación oficial.

«Mucha gente tiene que acudir a la educación privada porque la oficial no está funcionando adecuadamente», sostuvo.

Aseguró que «si se aumenta el tope de la beca universal, quienes pagamos impuestos estaríamos pagando por una educación privada, y si se le quita del Impuesto Sobre la Renta, el Estado va a tener menos dinero como recaudación y menos dinero para mejorar la educación pública».

Otra de las iniciativas que apoyan los empresarios es que se retome el anteproyecto de ley 115, que considera deducir del impuesto sobre la renta los gastos escolares en los que incurren los padres de familia contribuyentes, quienes además de pagar el seguro educativo, invierten al optar por una escuela privada para sus hijos.

«Necesitamos solución básica, entendiendo que más allá de poder aliviar a las personas de clase media, lo fundamental es mejorar el sistema de educación oficial porque en ese caso la gente no tendría necesidad de ir a la privada», dijo Jované.

El economista considera que es un círculo vicioso, ya que si se subsidia a los estudiantes de escuelas particulares, mañana se necesitarán más ingresos y los que más pagan tributos es la clase media y, de alguna manera, si se les quita un impuesto, van a poner otro.

Según un estudio de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), en algunas escuelas particulares se dará aumento en la anualidad y matrícula de hasta $500, así como hasta $95 en el costo de la inscripción para el periodo 2017.

En el país hay 812 escuelas particulares, las cuales imparten enseñanza a 152 mil estudiantes.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hasta mayo, en el programa de beca universal se beneficiaron 588,566 estudiantes, lo que representó $123.7 millones.

De acuerdo con el diputado Ávila, las escuelas particulares están aumentando su anualidad, no por el aumento de salario a los maestros en el sector oficial, sino porque aumentó el costo operativo, en general.

Ávila destaca que para el próximo año, estarían debatiendo este tema e incrementarían nuevamente la mensualidad.

Ante esta situación, surge también la iniciativa presentada por el diputado Miguel Ángel Fanovich, que adiciona artículos a la Ley Orgánica de Educación, y establece que el costo de anualidad y matrícula en los colegios particulares, solo podrán ser elevados mediante asamblea general de padres de familia y acudientes, convocada por la dirección del colegio.

También indica que ningún plantel de educación particular podrá solicitar o exigir donaciones en dinero o especie a padres y acudientes.

Ante estas iniciativas, el economista Raúl Bethancourt señaló que la educación en Panamá no encuentra rumbo para ajustarse a los requerimientos de la empresa privada.

Indicó que el país no puede seguir otorgando becas sin compromisos.

«Si vamos a aumentar el subsidio a estudiantes que están en escuelas privadas, la pregunta es ¿cuál será el compromiso?», dijo.

«Antes de estar promoviendo aumentos a becas, debemos primero conversar sobre cuáles son los indicadores que requerimos para que el país siga progresando», señaló.

Fuente:http://www.panamaamerica.com.pa/economia/propuestas-no-solucionan-problemas-de-la-educacion-1044763

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Australia: More than 150 private schools over-funded by hundreds of millions of dollars each year

Oceanía/Australia/Octubre de 2016/Autores: Matthew Knott and Fergus Hunter/ Fuente: The Sidney Morning Herald

RESUMEN: Más de 150 escuelas privadas están siendo financiados por más de cientos de millones de dólares de los contribuyentes cada año, a expensas de otros estudiantes necesitados, de acuerdo con un nuevo análisis que detalla las distorsiones y desigualdades en el sistema de financiación de las escuelas de Australia. El análisis por Fairfax Media revela algunas escuelas ricas están sobre-financiados por $ 7 millones al año, mientras que muchas escuelas en los sectores público y privado siguen siendo significativamente con fondos insuficientes. Los gobiernos federales y estatales tendrían más de $ 215 millones adicionales al año para distribuir a escuelas necesitadas si dejaran de financiar los demás por encima de lo que se tienen derecho bajo la fórmula Gonski, el análisis muestra. Escuelas considerarán financiados por el gobierno federal recibirá más de $ 1 mil millones al año en fondos de los contribuyentes.

More than 150 private schools are being over-funded by hundreds of millions of taxpayer dollars each year at the expense of other needy students, according to a new analysis that details the distortions and inequities in Australia’s school funding system.

The analysis by Fairfax Media reveals some wealthy schools are over-funded by $7 million a year while many schools in both the public and private sectors remain significantly underfunded.

Federal and state governments would have more than $215 million extra a year to distribute to needy schools if they stopped funding others above what they are are entitled to under the Gonski formula, the analysis shows. Schools deemed to be over-funded by the federal government receive more than $1 billion a year in taxpayer funding.

Education Minister Simon Birmingham this week sparked a national debate by saying some schools are over-funded and may need to have their funding reduced from 2018. It would take more than 100 years for some over-funded schools to return to their appropriate funding under the current model, he said.

Fairfax Media’s analysis, based on available data from the My School website and the Department of Education, shows the over-funding of schools is particularly acute in NSW.

Private schools in NSW received a combined $129 million above their notional entitlement in 2014.

These include elite girls school Loreto Kirribilli, which received $7.3 million in government funding – 283 per cent of its entitlement.

Peter Goss, school education program director at the Grattan Institute, said: «There is no public policy justification for over-funded schools such as these to continue receiving increasing funding each year.

«At a minimum they should not receive any funding increases.»

Mr Goss said removing generous indexation rates for over-funded schools would not fix the school funding system alone but would free up funds to distribute to needy schools in both the public and private sectors.

More than 150 private schools across Australia received funding above their Schooling Resource Standard in 2014, according to the Department of Education.

The Schooling Resource Standard (SRS) measures how much taxpayer funding each school is entitled to based on a formula including special loadings for disadvantage.

By combining this data with school finance information on the My School website, Fairfax Media calculated the funding entitlement and over-spend for all the nation’s over-funded private schools.

The analysis shows Daramalan College in Canberra, which received $14 million in government funding in 2014, is the most over-funded school in the country in dollar terms.

The school received 198 per cent of its SRS entitlement, meaning it should only have received $7 million a year in funding according to the Gonski formula.

It was closely followed by Oakhill College, an independent Catholic school that sits on an expansive 18 hectare site in Sydney’s Castle Hill.

As well as an indoor swimming pool and gym, the school’s website says it has a recording studio, photography lab and a farm complete with livestock.

Oakhill College received $15.7 million in taxpayer funding in 2014, which is $6.8 million more than its funding entitlement.

Melbourne Grammar School, which charges fees of up to $32,520, was the most over-funded school in Victoria in dollar terms. It received $7.3 million in government funding, more than the $5.1 million it was entitled to.

Meanwhile, some private schools such as the Rossbourne School in Hawthorn, which specialises in educating students with intellectual disabilities, received only 67 per cent of its funding entitlement. Herrick Presbyterian Covenant School in Tasmania received just 41 per cent of its entitlement.

FULL LIST: OVER-FUNDED PRIVATE SCHOOLS ACROSS AUSTRALIA

The department did not break down funding entitlements for individual public or Catholic system schools. It stated NSW public schools are funded at at 86 per cent of their entitlements overall and Victorian public schools at 83 per cent. ACT public schools received 114 per cent of their SRS, making them over-funded overall, while WA schools received 99.7 per cent.

Sixty-five per cent of private schools in NSW and Victoria are underfunded, according to the department.

Senator Birmingham said the government remains committed to providing funding support to all students, regardless of which school they attend.

«The Turnbull government is determined to right the corruption of the Gonski report with a new, simpler distribution model where special deals don’t distort a fair distribution of federal funds,» he said.

Colette Colman, executive director of the Independent Schools Council of Australia, this week said private schools should not be treated as an «easy target» for cuts.

Targeting over-funded private schools would only reduce the federal government’s spending on schools by 0.5 per cent, she said.

The federal government currently pays $6.4 billion a year to public schools and $10.7 billion to non-government schools, with most funding for public schools coming from the states.

For the purpose of the analysis, Fairfax Media excluded special needs schools and some large, well-resourced school networks – such as Brisbane’s Anglican diocese – for which a clear funding breakdown was unavailable.

Fuente: http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/full-list-1-billion-flowing-to-wealthy-private-schools-officially-classed-as-overfunded-20160930-grs6nz.html

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Sudáfrica: Violent protests, campus closures drive foreign students away

África/Sudáfrica/Octubre de 2016/Fuente: The Pie News

RESUMEN: Protestas por el alza de los costos de la matrícula, se han intensificado en enfrentamientos violentos en los campus de África del Sur que podría disuadir a los estudiantes extranjeros de inscribirse en las universidades del país, así lo ha admitido un funcionario del Gobierno. Los informes de los países de origen de los estudiantes muestran los estudiantes que ya han comenzado a mirar hacia destinos alternativos de estudio, mientras que algunas universidades han suspendido la enseñanza en respuesta a las protestas. Los estudiantes protestan una decisión por el Departamento de Educación Superior y Capacitación al permitir que las universidades aumenten sus tasas hasta en un 8% al tiempo que ofrece subsidios para los estudiantes de bajos ingresos. Hablando con la noticia de PIE, un portavoz de la DHET dijo que aunque el aumento de las tasas de matrícula  entra en vigor en 2017 no debería ser un obstáculo financiero, las «repetidas, protestas violentas» que ha desencadenado podría conducir a otros estudiantes africanos para estudiar en otros lugares.

Tuition fee protests that have escalated into violent clashes at campuses across South Africa could discourage foreign students from enrolling in the country’s universities, a government official has admitted. Reports from student source countries show students have already begun to look to alternative study destinations, while some universities have suspended teaching in response to the protests.

Students are protesting a the decision by the Department of Higher Education and Training to allow universities to increase their fees by up to 8% while offering subsidies for lower income students.

Speaking with The PIE News, a spokesperson for the DHET said that although the increase in tuition fees due to take effect in 2017 should not be a financial barrier, the “repeated, violent protests” it has triggered could drive other African students to study elsewhere.

“Since most foreign students studying in South Africa work with foreign currency, the fees are relatively cheap even at the most expensive universities and will still offer great value for money,” according to Busiswa Nongono, spokesman for DHET.

However, he acknowledged: “What is more likely to impact on foreign student enrolments are the repeated violent protests and campus closures, which could drive the top end of students from the rest of the continent to increasingly look at other markets such as the UK, USA and Australia, as many Zimbabweans are once again starting to do.”

The trend is already being seen on the ground in Zimbabwe, reported Liza Manoussis, founder of Global Education, which sends students from Zimbabwe and South Africa overseas to study.

“Enquiries from our Zimbabwe office have escalated dramatically, even students who are in the first year in South African universities have their parents call us to try and place them into universities overseas,” Manoussis told The PIE News.

“They want options out of South Africa. It definitely is no longer an option for Zimbabwean students.”

As the violent protests continue, five universities have already seen clashes with the police that have threatened to turn into anarchy, with destruction of property and injuries reported among protestors.

A number of highly rated universities have temporarily closed, including the University of the Witwatersrand, The Nelson Mandela Metropolitan University, Free State University and Tshwane University of Technology, after the chaos that dominated most of September.

The University of Cape Town has suspended teaching for two weeks and its vice chancellor, Max Price, warned this week that the university could close until 2017 if clashes continue.

“UCT sent a statement to all its students this week to say if students don’t resume their studies and the university does not go back to normal on Monday it will cancel this year’s studies completely and students will have to repeat the year,” reported Manoussis at Global Education.

“The violence continues and we will wait to see what Monday brings.”

Jen Whittingham, an international master’s student from the UK, studying at UCT, said the fee hikes will affect more than just students. Speaking with The PIE News, she said:  “I appreciate the fact that they have listened to protestors to an extent and have shutdown the university in order to allow space and time for transformative engagements between students and faculty to take place.

“However, the outcome of these efforts is unclear at the moment but will emerge on Monday. The repercussions of a further shutdown is very grave for all students and the country as a whole,” she added.

“I also believe that in parallel, the repercussions for black students who may see fee increases in the future are just as grave.”

Other higher education leaders are reading the protest as a class revolt, rather than simply fees-hike protests, pointing out that the unrest reflects social and economic discontent among the country’s youth.

“The current situation on all our campuses is of great concern and as you might have seen it is affecting all universities. It is now much more than a just university focused student uprising, but a social uprising against the current social order by a group of young people,” an international educator at NMMU told The PIE News.

Higher Education Minister Blade Nzimande and the ruling African National Congress have condemned the riots, with the minister blaming the unrest on “rogue” elements.

“It is most disturbing to see such violent protests inflamed by rogue elements, even after wide consultation was undertaken on the measures announced to address the ongoing issue of university fees,” the minister said in a statement.

The South African government he said is committed to finding resources under its National Student Financial Aid Scheme to subsidise fees for children from “poor, working and middle class families”, as well as those with a household income of no more than 600,000 rand per annum to cushion them against the anticipated rise.

Fuente: https://thepienews.com/news/south-africa-violent-protests-campus-closures-drive-foreign-students-away/

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Sudáfrica: Student protests only the start of greater pain

África/Sudáfrica/Septiembre de 2016/Autor: Greg Nicolson/Fuente: Daily Maverick

RESUMEN: Al anunciar la semana pasada su recomendación sobre los aumentos de tasas, el Ministro Blade Nzimande tuvo cuidado de enumerar los esfuerzos en la educación superior y la formación. A pesar de la difícil situación económica, el presupuesto de su departamento aumentaría de R42-millones en 2015/16 a R55-millones de dólares en 2018/19. El Gobierno pagó R1.9 mil millones del déficit R2.3 mil millones después del estado dijo que no pagarían los aumentos de tasas terciarias en 2016. Más de mil millones de R4.5-fue re-priorizado para el Plan Nacional de Ayuda Financiera para Estudiantes (NSFAS) este año. El Fondo Nacional de Habilidades ha facilitado casi R1.4 mil millones de dólares para el 2016.

Announcing his recommendation on fee increases last week, Minister Blade Nzimande was careful to list efforts in higher education and training. Despite the struggling economy, his department’s budget would rise from R42-billion in 2015/16 to R55-billion in 2018/19. Government paid R1.9-billion of the R2.3-billion shortfall after the state said no students would pay tertiary fee increases in 2016. More than R4.5-billion was re-prioritised to the National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) this year. The National Skills Fund has allocated almost R1.4-billion for 2016.

“It is indeed a fine balancing act and we must all participate,” he said, “whether at the national level, in university administrations, or as student leaders – because it is the nature of balancing acts that if one falls, all fall.”

Two days later, students at the University of Witwatersrand edged towards police officers enforcing an interdict limiting student protests. We’re fighting for your children, they told the cops. Kill us like you killed people in Marikana. And, after the police set off stun grenades and fired rubber bullets, some students retaliated with rocks, saying: I hate White people.

The democratic government is spending billions to uplift the lives of the black majority, but those lives often exist on the bitter dregs of a society designed to exclude, with competing debts the state cannot pay and struggle to prioritise. The democratic hope for dignity has not been met, leading here, where change is a universal demand. The how and how fast is a national knot still unravelling.

Fees Must Fall is about how a democracy deals with a history of oppression. It’s about healing broken bones, about a generation’s phantom limbs and its children refusing amputation.

Only about half of the students who start primary school make it to matric, with failure rates higher in rural provinces. The number of matric students who qualify for university studies remains low. The number of black students at universities has risen, but as a proportion in comparison to other racial groups it still remains low. Statistics differ, with the statistician-general saying there are still far too few black graduates. Others have lauded the huge increase. Black graduate unemployment remains at about 9% compared to 3% for whites.

The education system, despite progress, is still stacked against black students, starting from primary school. If black students qualify for university, NSFAS still does not cover all deserving applicants and black families who do not qualify for funding will use a greater proportion of their income, or take on debt, to cover study costs. Unemployment for black South Africans is far higher than whites, they have far fewer private company executive positions, much less control of the country’s wealth, and own far less land. The democratic project’s achievements often come with reports of racism, as blacks start to enter white spaces, in high schools, universities and businesses.

Protesting university students have continually linked their cause to race. Speaking at the Wits medical campus on Monday, former SRC president Mcebo Dlamini spoke more about reports of racism at the institution than fees. “Decolonisation” is repeated at protests. Essentially, demonstrating students say universities don’t reflect the demographics or cultures of the black majority.

“We can’t breathe” is a phrase often cited by students. Black students have to struggle or be extremely lucky to get into university and face family financial pressures or be lumped with future debt. By their nature, universities reproduce past knowledge systems before they create new thoughts, meaning black students are not only usually taught by whites but taught White. To breathe, or to survive, under financial constraints and repeated cultural domination seems impossible, or at least only tolerable to pay back, pay forward, family investment.

This is the country’s DNA, where dignity is a luxury, but how many generations will be able to accept the virus? Protesting students have talked about historical debt, registration fees, issues of accommodation, campus security, racism and fees, which for the average student remain extremely high in relation to household income, and has risen with lower government subsidies. Revolution is the underlying message.

There was hope last year. Student protests culminated at the Union Buildings, with diverse South Africans turning out in their thousands under the banner of Fees Must Fall. Change, it felt, could be achieved. It was. President Jacob Zuma announced a zero-percent fee increase. But that was only after a small group of protesters started fires and battled police for hours in the gardens of the country’s highest office. The no-fee increase only slightly reduced the costs for struggling families; it didn’t scrap fees.

The short-term victory at the Union Buildings was diluted, an idealistic hope confronted with a violent reality. There’s violence on black bodies, violence in crime and violence in the streets. How would systemic violence against blacks not lead to more violence? How could this issue avoid the same fate as violent service delivery protests, where promises, police and protests repeat like a song stuck in your head?

Students, being students, know the promise of “radical economic transformation”. They know the ANC’s resolutions. They know how little has been delivered, or, at least, how slow the pace of delivery is.

A handful of student groups have made written submissions to the commission of inquiry on the feasibility of free higher education. A running theme was that this generation needs to achieve free higher education, at least for the poor, now or never. They propose new or increased taxes on the wealthy or budget changes. Clampdowns on wasteful and irregular government spending, as well as corruption, are often cited as sources for potential funding of free education, but reclaiming that cash is easier said than done. At least until the commission’s recommendations come out, the state seems cautious of introducing new taxes or committing to wholesale budget changes to fund free education.

Answers aren’t forthcoming. In the last few days, differences between students have been pointed out. There’s a growing acknowledgement of the “silent majority” who don’t want campuses closed. Nzimande has called on parents to take an active role in combating campus violence. The Democratic Alliance has started an online petition to open universities. Wits will poll its student body on a way forward. A number of organisations have called on students to isolate those causing violence. There appear to be many students who support change but don’t want their studies to be interrupted, or to risk further costs to their families. Black and white students are weighing their potential careers and ability to help their families against the long-term costs and benefits of university closure.

Protesting students appear united in their demand for free education, or at least steps towards it. They want it now. Past protests suggest mass demonstrations will end when most students accept they’ve made a point and need to continue their studies, ready to fight another day, or internal divisions lead to only a small group of protesters continuing. That could change depending on the response of universities, government and police.

Students, however, have held up society’s shackles for all to see. Even if the protests pause, they will resume again in future. Academic programmes and individuals might suffer. That’s the cost of living in an unequal society.

The balance can’t hold. The pain will be spread. The outcome is unknown.

Fuente: http://www.dailymaverick.co.za/article/2016-09-28-student-protests-only-the-start-of-greater-pain/#.V-yARRJGT_s

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