Igualdad entre hombres y mujeres, denuncia de la pobreza y ecologismo: la Conferencia Episcopal presenta el nuevo diseño de la materia, cuyo contenido elabora la Iglesia, e invita a la comunidad educativa a proponer mejoras
Los obispos han presentado este lunes su propuesta de nueva regulación de la asignatura de Religión, lo que se conoce como currículo, que abarca aquello que se debe aprender y evaluar en la materia, en un texto que implica un cierto giro hacia planteamientos más progresistas, con un mayor acento en la “erradicación” de la desigualdad entre hombres y mujeres y de la pobreza, así como de la importancia de la sostenibilidad, el valor de la diversidad en la sociedad y el diálogo intercultural.
En virtud del acuerdo entre España y la Santa Sede, los contenidos de la asignatura de Religión son diseñados por la Iglesia. La Conferencia Episcopal Española ha publicado en su web los tres documentos, uno para la etapa de Infantil (alumnos de tres a seis años), otro para Primaria (de seis a 12) y otro para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO, de 12 a 16) en estado de “borrador” para recabar “aportaciones de mejora” de profesores, familias y otros representantes de la comunidad educativa antes de remitirlo al Ministerio de Educación. Estos nuevos currículos constituyen uno de los desarrollos de la nueva ley de educación, la Lomloe, también conocida como ley Celaá, que entró en vigor a principios de año. Los cambios en la materia empezarán a aplicarse el curso que viene.
La normativa, todavía en vigor, aprobada en 2015 para desarrollar la Lomce, la ley de educación que elaboró el exministro del PP José Ignacio Wert, se refiere en dos ocasiones, con la misma frase, a la igualdad entre hombres y mujeres, al señalar que la asignatura “favorece de manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas, así como de las diferencias entre personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación”. Los nuevos currículos se refieren a la cuestión más veces, con fórmulas diversas y una mayor contundencia.
El currículo de secundaria indica, por ejemplo, que una de las competencias específicas de Religión (es decir, una de las cosas que deben aprender los alumnos en la asignatura) “asume como propias todas las situaciones de exclusión o pobreza, de violencia o injusticia, de desigualdad entre varones y mujeres, para proponer la erradicación de esos problemas con la esperanza radical del bien común que expresa el Evangelio”. El documento de Primaria afirma que la asignatura “proporciona los criterios para el análisis y denuncia de todas las situaciones de marginación o desigualdad entre varones y mujeres” e incluye, entre los “saberes básicos” que debe contener la materia, el “reconocimiento del papel de las mujeres en la Biblia”. Y el currículo de Infantil incorpora, por su parte, entre las competencias de la asignatura “el reconocimiento de la plena igualdad entre niños y niñas, y la adquisición de hábitos de vida saludables que pueden fortalecerse desde la visión cristiana de la vida”.
Valores democráticos
El nuevo diseño de la asignatura también contiene un subrayado, inexistente en la redacción anterior, de la contribución que debe hacer la materia a la “erradicación” de la pobreza, la “denuncia de las situaciones de exclusión, injusticia o violencia”, la promoción de la “libertad de expresión” y la apreciación de los “valores democráticos”. La materia de Religión, indica el documento de Primaria, debe ayudar a los alumnos a prepararse “para el ejercicio activo de la ciudadanía y el aprecio a los derechos humanos, así como al pluralismo de las sociedades democráticas; supone haber comprendido con valores de respeto e inclusión las diferencias entre las personas y las sociedades, y las diferentes culturas y religiones”.
El nuevo currículo hace hincapié en el fomento de los valores encaminados a la “sostenibilidad del planeta” y la “ecología integral”, un concepto que combina la preocupación por la naturaleza y los sectores sociales más desfavorecidos, utilizado con frecuencia por el papa Francisco. Y manifiesta la alineación de la asignatura con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y con los Derechos Humanos.
En la nueva ley de educación la asignatura de Religión ya no tiene una asignatura alternativa para quienes no la estudien. Tampoco está previsto que Religión cuente a efectos de la nota media del expediente, es decir, para matricularse en una carrera o recibir una beca.
El Instituto Santa Catalina de Siena de Bandra proporcionó smartphones a sus alumnos y comidas diarias a las familias más necesitadas. Alerta de la UNESCO sobre la situación de la educación: «En la India, el 19% de los cargos de enseñanza están sin cubrir y muchos docentes están subcalificados».
Bombay (AsiaNews) – El reporte de la UNESCO «Sin docentes no hay clase», resalta el impacto que ha tenido el coronavirus en la educación india en 2021. Según el informe, más de un millón de puestos de enseñanza en las escuelas de todo el país siguen vacantes, es decir, el 19% del total; si solo se consideran las zonas rurales, el porcentaje de cargos vacantes trepa al 69%. A esto se añaden las conclusiones del gobierno indio sobre los pobres resultados en el aprendizaje. Por tanto, el panorama del sistema educativo indio no es nada halagüeño. “La actual pandemia de Covid-19″, escribe la UNESCO, «resalta aún más el papel crucial que desempeñan los docentes para garantizar una formación significativa y unos sistemas educativos resilientes».
El Hermano Joseph es director de la Escuela y Orfanato Santa Catalina de Siena, en Bandra, en el distrito de Bombay (estado de Maharashtra, costa oeste de la India). Frente a esta situación, se aboca a garantizar una instrucción de calidad y constante a los niños pobres de los barrios marginales.
«En nuestra escuela estudian niños de familias económica y socialmente frágiles», explica a AsiaNews, «Ellos han sufrido mucho las consecuencias de la pandemia. La mayoría de los centros educativos de la ciudad cuentan con todas las facilidades para impartir las clases en línea”. La situación es diferente allí: “nuestros alumnos han tenido muchas dificultades para conectarse; muchos de nuestros niños no pueden permitirse ni siquiera el teléfono más barato. La mayoría de las familias con las que trabajamos sólo tienen un smartphone, que comparten entre muchos hermanos». En promedio, hay un smartphone por cada cuatro alumnos, y normalmente el hijo mayor tiene prioridad sobre los demás. De modo que los más pequeños no tienen posibilidades de seguir las lecciones online”.
Fundada en 1957 por el padre Anthony Elenjimittam (este año se cumple el décimo aniversario de su muerte), la escuela de Santa Catalina surgió con el objetivo de proporcionar una educación a los niños pobres, independientemente de su casta, credo o condición social.
Fiel a este compromiso, el año pasado este centro escolar adquirió 72 teléfonos móviles nuevos -con aplicaciones para acceder a la educación en línea- y los entregó a los padres para facilitar el acceso al aprendizaje online. Gracias a esta iniciativa, la mayoría de los alumnos pueden participar en las clases. “Visitamos a muchas familias de nuestro barrio durante la pandemia», explicó el Hermano Joseph, «y nos dimos cuenta de que muchísimos padres tenían dificultades para alimentar a sus hijos. Entendimos que en ese momento, la prioridad no era tanto proporcionar teléfonos móviles, sino garantizar una comida para esos niños». La escuela de Santa Catalina comenzó entonces a distribuir comidas calientes y desayunos a las familias más necesitadas: «Tengo que agradecer a nuestros docentes que fueron más allá del deber en esta tarea, asegurándose de que los alumnos más pobres recibieran sus raciones de comida cada día».
Escuelas de Dignidad es el desenlace de una larga investigación en escuelas públicas argentinas y brasileñas que propone una porfiada utopía en tiempos inciertos y amenazantes. Quiere contribuir a instalar la política como un derecho humano que abre las puertas a los demás de derechos. Valoriza las prácticas de las y los directores de escuelas que, desde una peleada autonomía, construyeron currículos de educación popular para los niños y adolescentes de las clases subalternizadas: los marginados urbanos, los campesinos y los pueblos originarios en distintas regiones del país y en el sur de Brasil. Las historias de vida de los protagonistas permiten comprender cómo estas experiencias fueron posibles y aportan criterios para la formación de nuevas generaciones de educadores que se comprometan con la expansión de la educación popular en las escuelas públicas. A manera de advertencia para no tropezar con las mismas piedras, recupera experiencias análogas resistidas. Sugiere reflexiones teóricas y acciones estratégicas que posibiliten la emergencia de sujetos populares capaces de sostener y expandir el ejercicio de la política desde la desnaturalización y problematización de situaciones inadmisibles. Apuesta así al amanecer de una nueva cultura política para un nuevo protagonismo democrático.
Autoras(es): Germán Roberto Cantero.
Editorial/Edición: CLACSO. IUCOOP. CTERA. Facultad de Filosofía y Letras – UBA.
El 1° de febrero de 2021, el ejército birmano derrocó al gobierno elegido democráticamente y detuvo a la Consejera de Estado, Aung San Su Kyi, bajo cargos falsos. En medio de la crisis del Covid-19, los niños y niñas del estado de Chin no tienen clases desde hace un año y medio. Mientras las Fuerzas Armadas utilizan las escuelas como bases militares y acosan a las organizaciones educativas no gubernamentales, los padres, maestros y estudiantes ven a la desobediencia civil como un mecanismo de resistencia: “No necesitamos una educación militar esclava”.
Más de 1000 niños han sido detenidos y dos fueron condenados a muerte luego de haber sido acusados de matar a un partidario del golpe. Los juicios se llevan a cabo en el marco del Estado de Sitio impuesto en marzo, el cual transfirió poderes ejecutivos y judiciales a los mandos militares regionales. En consecuencia, no se respeta el debido proceso. La AAPP registra dos niños asesinados en el estado Shan, uno en Kayah, uno en Mon y tres en Chin. Sin embargo, probablemente el número de muertes infantiles sea mucho más alto dada la dificultad de recolectar información en zonas habitadas por minorías étnicas, donde las edades de quienes fueron asesinados por la artillería militar y los ataques aéreos continúan sin confirmarse.
Los crímenes cometidos contra los menores son los actos más viscerales y obscenos perpetrados por la Junta Militar y quedarán grabados en la consciencia del Estado. A esto, debemos sumarle los niños desprovistos de atención médica y sin acceso a la educación. El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de la Naciones Unidas ha mostrado su preocupación ya que una generación entera de menores se está viendo perjudicada por la crisis.
Asamblea escolar. En Paletwa, algunas escuelas están cerradas desde 2017 debido al conflicto en curso. Foto: DMG Newsroom
RECHAZO A LA EDUCACIÓN ESTATAL
Chin suele ser descrito como el estado más pobre y menos desarrollado de Myanmar. Aquí, la educación siempre ha sido una preocupación desde el punto de vista de los derechos humanos. Junto al confinamiento por el Covid-19, el golpe provocó que los niños no tengan clases desde hace más de un año y medio. En el distrito de Paletwa Township, la interrupción educativa y el cierre de escuelas han provocado un fuerte descenso de la educación formal.
Cuando el 1° de junio, el gobierno militar ordenó la reapertura de las escuelas del país, el 90% de los niños no asistieron. Los padres se negaron a enviarlos a las escuelas de la Junta Militar: “No necesitamos una educación militar esclava”. Los docentes permanecieron comprometidos con la huelga nacional y el Movimiento de Desobediencia Civil, y muchas escuelas del estado Chin continuaron ocupadas por las Fuerzas Armadas.
En Chin, la situación de la educación se encuentra estrechamente relacionada a la idea de revolución. De los 9.667 docentes que trabajan en las 1.515 escuelas estatales, más de 4.000 han sido despedidos por la Junta Militar por haberse unido al Movimiento de Desobediencia Civil. Cuando las instituciones educativas abrieron sus puertas, no asistió ningún niño de los municipios de Kanpetlet, Mindat, Tonzang y Thantlang. El rechazo de los docentes y de los habitantes de Chin no es novedoso. El sistema educativo es considerado una imposición colonial: una herramienta de la opresión y de la asimilación cultural denominado “burmanización”.
Las estadísticas de rendimiento educativo en Chin muestran que la educación pública no termina de beneficiar a gran parte de un país que cuenta con 35 idiomas indígenas. La imposibilidad de enseñar en los dialectos maternos, la falta de financiación y una estructura educativa obsoleta han llevado a que las comunidades del estado Chin se encuentren en los niveles más bajos de escolaridad del país. Desde 2015, el porcentaje de aprobados fluctúa entre el 14% y 21%, muy por debajo del promedio nacional ubicado en el 33%.
Esta mirada es compartida por las organizaciones de la sociedad civil de Chin, tal como lo refleja el líder Salai Tuan Min: “A partir del golpe, todas las actividades llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil se han detenido. Algunos de los docentes se encuentran en huelga, otros con órdenes de arresto y algunos se están escapando. Como el lugar donde residen en las comunidades no es seguro, tratan de esconderse y escapar para salvar sus vidas. La educación es bastante secundaria comparado con esto”.
Niños comiendo en un campamento para desplazados en el municipio de Mindat. Foto: Comité de Gestión de Mindat.
UNA BRECHA EDUCATIVA INTERGENERACIONAL
El 1° de agosto se cumplieron seis meses del golpe. Mientras las escuelas continúan siendo utilizadas por el ejército birmano como bases militares, los docentes debieron darse a la fuga y, los pueblos y aldeas han sido evacuadas. Asimismo, el Covid-19 está arrasando los municipios del norte. Ante la ausencia de datos oficiales, las organizaciones de la sociedad civil de Chin contabilizan alrededor de 80 personas fallecidas desde agosto y más de 2.000 contagios desde febrero. Auxiliar con respiradores a los casos más graves se ha convertido en un desafío debido al deteriorado sistema de salud y las dificultades de acceso humanitario.
La falta de educación impacta psicológicamente en los niños indígenas y en el desarrollo de la región a largo plazo. Durante el asedio al pueblo de Mindat en mayo y junio, el ejército birmano utilizó las escuelas como base; atacó la infraestructura civil y bombardeó casas; detuvo y disparó arbitrariamente a la población; utilizó civiles como escudos humanos; y cortó el suministro eléctrico y de agua del pueblo. Todas estas acciones produjeron el desplazamiento de más de 10.000 personas.
El investigador de políticas educativas en Myanmar Salai Thawngsan señala: “Aquellos que deberían estar en las escuelas están huyendo y escondiéndose para salvar sus vidas. Sus opiniones podrán cambiar, pero será difícil hacer que piensen en regresar a la escuela como antes. Nunca volverán a ver a la educación como una actividad normal. Ven a la educación y la asistencia a las instalaciones escolares como un modo de apoyar las actividades militares”.
Mientras en Chin no abundan los recursos naturales, las reformas a las políticas de titularidad de tierras y el cambio climático han perjudicado los métodos tradicionales de sustento como la rotación de cultivos. Por lo tanto, el pueblo Chin había comenzado a ver a la educación como una herramienta de ascenso social y una estrategia de desarrollo local. “El estado Chin no es como otros lugares. Obstruir la educación es una forma de destruir nuestro futuro. Sin educación es difícil sobrevivir en Chin. En el pasado, el pueblo podía recurrir a la rotación de cultivos. En cambio, los jóvenes no tienen el conocimiento tradicional. ¿Qué podrán hacer sin educación?”, se pregunta Salai Thawngsan. La preocupación es que por el conflicto, la falta de educación y la imposibilidad de vivir de la tierra como lo hicieron sus padres, las nuevas generaciones migren hacia Malasia, Tailandia o India.
¿UN NUEVO AMANECER?
El gobierno paralelo ha diseñado un programa educativo domiciliario para aquellos padres que no quieran enviar a sus hijos a las escuelas administradas por la Junta Militar. El programa va a existir en dos formatos, virtual y presencial, con el objetivo de alcanzar un mayor número de estudiantes. A largo plazo, se está diseñando un nuevo plan curricular que se apoya en la idea de una democracia federal, en oposición al actual sistema unitario del gobierno militar. El plan educativo también mantiene el pago de salarios a aquellos docentes que son parte del Movimiento de Desobediencia Civil.
No obstante, Salai Thawngsan sostiene que la utilización de plataformas virtuales, las clases por Zoom y los materiales descargables propuestos por el gobierno paralelo no funcionarán en el estado Chin ya que la conectividad a internet es muy baja y la disponibilidad de electricidad es limitada: “No tenemos una red de contención para la educación. Tenemos a las organizaciones de la sociedad civil, pero no pueden trabajar. Al mismo tiempo, la conectividad es muy precaria, lo cual hace que la situación sea peor que en otras partes del país. Si bien el foco del gobierno paralelo es la virtualidad y la tecnología, en el estado Chin es muy difícil el acceso”.
Actualmente, el Consejo Consultivo Nacional de Chin, conformado por organizaciones que se oponen a la Junta Militar, no ha mostrado un plan para solucionar la crisis educativa. Junto al gobierno paralelo, debe enfocarse en el aprendizaje en regiones remotas y, reforzar los diálogos con los docentes y la sociedad civil. “Cada comunidad del estado Chin necesita pensar cómo educar a sus niños. De lo contrario, no habrá esperanza para el futuro. Incluso la comunidad religiosa debe priorizar este objetivo. No podremos hacerlo en cada aldea, pero necesitamos seleccionar lugares donde las aldeas puedan tener un acceso seguro”, señala Thawngsan.
Existe un refrán que se ha popularizado en las redes sociales: “La noche es más oscura antes del amanecer”. Aunque el país parezca estar en su hora más oscura, la comunidad educativa debe estar preparada para el retorno de la democracia. La sociedad post-golpe debe cumplir la promesa de “no dejar a nadie atrás” y permitir que los niños accedan a nuevas oportunidades a través de la educación.
Khai Ring, de la etnia Chin, es Director de Investigación y Políticas de una organización de la sociedad civil enfocada en la educación. Su trabajo se enfoca en el desarrollo de políticas públicas y el aprendizaje basado en las lenguas maternas indígenas.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el pasado 20 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 23/08/21 donde se presentan los lineamientos para el regreso a las clases presenciales. Es a partir de este documento oficial, que se puede realizar un análisis con la seriedad debida, sobre el regreso a las escuelas que están planteando las autoridades educativas. Y discernir a partir de lo anterior, los costos que se deprenderán con la implementación de los lineamientos referidos.
Para tal efecto, parto de lo siguiente: el argumento que se utilizó en lo público para fundamentar la reapertura de las escuelas, es que el regreso iba a ser presencial, seguro, voluntario y escalonado. Ese era el concepto que se adujo en lo público; pero si se revisa el documento de marras, se identifica que ahora se plantea que el regreso será presencial, responsable y ordenado. Se borró del mapa el término voluntario. De hecho, de las 7 mil 16 palabras que componen el Acuerdo, solamente se menciona dos veces el término “voluntaria” –ya no voluntario-. Y se menciona en páginas interiores. Lo cual significa que se cercenó el concepto original en aras de ajustar la fundamentación para encuadrar los lineamientos para el regreso al modelo presencial.
El otro término que se borró es el concepto de “seguro” y se cambió por el de “responsable”. El primero implicaba garantizar un marco de seguridad para los maestros y los alumnos, lo cual no era del todo fácil. El segundo conlleva el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en el Acuerdo. Lo cual significa que es un término más ad hoc para lo que se demanda, puesto que la responsabilidad se enmarca en lo referente al cumplimiento de nueve acciones de carácter sanitario que se pretenden desarrollar para el regreso a las escuelas. En lo que respecta al regreso a las aulas entonces, se cercenó el concepto original con miras a ajustar un documento a una decisión política por parte de las autoridades educativas.
El otro factor a destacar, es que se declara desde el inicio del Acuerdo que el modelo con el cual se va a iniciar el ciclo escolar, es con el modelo presencial. Y eso no es un asunto menor. ¿Por qué? Porque significa que se elimina la posibilidad de desarrollar un proceso de innovación educativa que nos pudiera permitir en el futuro inmediato enfrentar, por ejemplo, un escenario -como lo hemos señalado en este espacio- donde la pandemia se constituyera en una enfermedad endémica; es decir, en una enfermedad que nos afectara de forma permanente, como sucede con el caso del VIH. Si eso ocurre, no podremos hacerle frente –en términos educativos- con el modelo presencial, porque sería de suma riesgoso mantener a los niños en las escuelas. Necesitamos otro modelo educativo –como el caso del modelo mixto e híbrido-; pero esa posibilidad se cerró en el actual ciclo escolar. Y se dejó en claro que la única vía para atender la gravedad del problema educativo es el modelo presencial. Lo que es lo mismo a decir que se recurrió al pasado para atender un problema del presente y del futuro. Lo cual es un craso error. En el fondo, no se acepta que la escuela que conocimos hasta febrero del 2020 ya no existe. Que se tiene que reinventar, si se pretende mantener en pie. Empero, en lugar de ello, se “asumen riesgos” al pretender implementar un modelo educativo presencial en el momento más inadecuado.
Hagamos un alto hasta aquí, para plantear la interrogante que más interesa a los padres de familia: ¿qué pasa si un padre de familia no quiere llevar a sus hijos a la escuela? Para tal condición, se afirma que se podrá “inscribir o reinscribir –el alumno- en el grado educativo que corresponda”. Y cito: “Una vez que se incorpore a las clases presenciales se realizará una valoración diagnóstica con objeto de conocer su nivel de aprovechamiento escolar”. Pero, ¿qué maestro acompañará el proceso de enseñanza-aprendizaje de ese alumno que no asistirá a las clases presenciales? De eso no se especifica nada en el documento. Solamente se señala que “se continuará ofreciendo el servicio público educativo mediante la utilización de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, así como el uso y aprovechamiento de programas de educación a distancia como «Aprende en Casa», «Jóvenes en TV», «Bachillerato en TV» y otras estrategias desarrolladas por las comunidades escolares”. Y se señala que “Las Autoridades Educativas Locales, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, los Asesores Técnico Pedagógicos y los equipos técnicos, podrán, dentro de sus posibilidades, brindar seguimiento y atención a las y los educandos que optaron por no acudir al servicio educativo presencial”. ¿Qué decir de lo anterior? Eso de brindar seguimiento “dentro de las posibilidades” se lee como un “hagan lo que puedan”; es decir, no marca un compromiso, ni tampoco una responsabilidad.
En ese sentido, si no se establece con claridad cómo se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje para los niños que no van a ser enviados por sus padres a las clases presenciales, se infiere que esos alumnos “quedarán a la buena de Dios”, pues no habrá quien les dé seguimiento debido a que el maestro titular estará atendiendo a los niños que acudan a las clases presenciales. Bajo esas condiciones, estamos ante un escenario donde se les está obligando a los padres de familia a enviar a sus hijos a la escuela, si es que quiere que su hijo tome las clases en el ciclo escolar. Ese es el punto central en todo este entuerto.
Ahora bien, ¿qué costos educativos y sanitarios se pueden generar con todo este embrollo? Si millones de niños no son enviados por sus padres de familia a las escuelas, y si no hay un seguimiento del proceso de aprendizaje de esos niños, el resultado -en términos de aprendizaje- podría ser catastrófico. Pero la parte que más preocupa es lo referente a la salud. Mientras que el Ministro de Salud en Cuba -por poner un comparativo- José Ángel Portal Miranda, declara que la variante Delta “es considerada la variante más contagiosa con un 64% de incremento frente a la variante Alfa, que es entre 40 y 50% más transmisible respecto al virus original de Wuhan”. Y agrega: “¿Qué nos hace falta para entender que los niños no son inmunes ante el SARS-CoV-2?”. La declaración es resultado luego de que en la isla se confirmó la cifra más alta de menores de 20 años contagiados en un solo día: 2,029 casos, y de éstos, 1,915 pacientes se hallan en edades pediátricas. (Juventud Rebelde, 20 de agosto del 2021). ¡Qué discurso tan radicalmente diferente al que se está presentando en México! Acá se declara la educación como actividad esencial -como requisito para regresar a las escuelas- y se afirma por parte de la principal autoridad sanitaria en el país, que las “niñas y niños tienen riesgo ‘casi nulo’ de morir por Covid” (El Financiero, 24 de agosto del 2021). Se minimiza el riesgo y se pavimenta el terreno “conceptualmente” para retornar a las escuelas.
Desde nuestra perspectiva, lo adecuado hubiese sido iniciar el ciclo escolar a la distancia mientras se experimentaba en algunas escuelas la implementación de un modelo mixto. Ello daría pauta para regresar a las escuelas de forma escalonada y segura. Sin embargo, se opta por “el trabajo por urgencias”. Y con ello no solamente se cercenan conceptos sino, sobre todo, se privilegia lo inmediato y se deja de lado lo estratégico.
“Convocamos a las autoridad griega a volver de esta resolución que restringe que los alumnos y profesores en escuelas primarias de la minoría turca en Tracia Occidental ejerzan sus prácticas religiosas”
Turquía ha expresado reacción contra la decisión de Grecia que ha restringido las prácticas religiosas en las escuelas de la minoría en Tracia Occidental.
El Ministerio de Exteriores ha subido este mensaje en su cuenta oficial en Twitter: “Convocamos a las autoridad griega a volver de esta resolución que restringe que los alumnos y profesores en escuelas primarias de la minoría turca en Tracia Occidental ejerzan sus prácticas religiosas”.
En su aporte de este jueves, el Consejo de Consultas de la Minoría Turca de Tracia Occidental de Grecia informó de que la Dirección Educativa Provincial impidió el pasado 22 de septiembre que los alumnos realizaran la oración del viernes en virtud de un circular enviado a las escuelas de la minoría en la provincia de Ródope.
Todos los gremios de educadores decidieron hacer una gran movilización en todo el país el próximo 1 de octubre. Los educadores exigen al Gobierno el cumplimiento del reajuste salarial del 16%.
El secretario general de la Unión Nacional de Educadores – Sindicato Nacional (UNE-SN), Eladio Benítez, informó este jueves en conferencia de prensa que, oficialmente, para el 1 de octubre se realizará una gran jornada de reclamo y movilización en todo el país.
Dijo que los 71.500 educadores están convocados para protestar en Asunción y en las cabeceras departamentales a fin de exigir el reajuste salarial del 16% para el sector.
«Nuevamente fuimos burlados por el Gobierno cuando la ley establece claramente que nos deben dar 16% de reajuste. Ellos están haciendo la promoción de que el sueldo van a tocar en un 8%. Creemos que la palabra de la autoridad tiene que ser como un sello que garantice el cumplimiento, no aceptamos el 8%, sino debe ser absolutamente el 16%», indicó.
El dirigente amenazó con recrudecer la medida de fuerza entre el 7 y 8 de octubre, si no se da cumplimiento a la ley, que está en manos del Poder Ejecutivo.
El reclamo docente es mantener vigente la Ley 6672/2021, que dispone la continuidad de la implementación gradual del salario básico profesional y que prevé una suba del 16% a partir de octubre de este año.
En el congreso unitario realizado por varios sindicatos de educadores el pasado 10 de setiembre se resolvió el estado de alerta de movilización en caso de que no se inicie el proceso de modificación de la línea presupuestaria para incorporar el reajuste.
Entre los sindicatos presentes estuvieron la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), OTEP-A, OTEP-SN, Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Unión Nacional de Educadores – Sindicato Nacional (UNE-SN) y organizaciones de docentes jubilados.
Desde Hacienda alegan que al recortarse fondos que provienen de las binacionales, no se podrá cumplir el reclamo al 100%. Para cumplir con el 16% en estos tres meses siguientes se requieren de USD 30 millones.
El viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Marco Elizeche, explicó la semana pasada que el 8% corresponde al efecto año completo de la suba que se daría desde el mes que viene, de acuerdo con lo establecido en el plan de gastos 2021 y en la Ley de Consolidación Económica.
El artículo 260 del proyecto de ley para el año entrante estipula que el aumento salarial a maestros será del 8%, desde octubre, si la recaudación efectiva de ingresos corrientes es de por lo menos el 80% de lo previsto al cierre del tercer trimestre.
Si los ingresos están por encima del 85%, el incremento podrá ser de hasta el 16%.
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