Page 73 of 265
1 71 72 73 74 75 265

Uruguay: Comienza la transición en enseñanza pública

Redacción: Noticias por el Mundo

El futuro presidente del Codicen, Robert Silva, se reunirá hoy con las autoridades de ese organismo para comenzar la transición. Por otra parte, aseguró que no prevé contactos con los sindicatos hasta que haya asumido el cargo.

En la próxima administración, según dijo, se buscará «generar un plan de educación, que incluya extensión del tiempo pedagógico, modificaciones curriculares y de las prácticas pedagógicas».

«En eso existe ya un acuerdo de las distintas comunidades de que es necesario proceder en ese sentido por lo que hay que articular esos esfuerzos», indicó. «Una cuestión que nos parece importantísima y fundamental tiene que ver con la generación de una política nacional docente, que sea comprensiva de la carrera, del desarrollo profesional y de la formación de grado para potenciar al actor protagónico del sistema educativo, como lo es el maestro o el profesor», añadió.

Asimismo, el futuro directivo del Codicen informó que en la ley de urgente consideración se eliminará los Consejos de Primaria, Secundaria y UTU, que pasarán a ser direcciones unipersonales.

La presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio Elbia Pereira dijo a República Noticias que no comparten y que es un retroceso que se eliminen los consejos. De todas formas, esperarán a ver el texto de la ley de urgencia para saber si van a tomar medidas o no.

Fuente: https://noticiasporelmundo.com/hoy-comienza-la-transicion-en-ensenanza-publica-uruguay-noticias-ultima-hora

 

Comparte este contenido:

Argentina: la rectora Delfina Veiravé asume la presidencia del Consejo Interuniversitario Nacional

Argentina: la rectora Delfina Veiravé asume la presidencia del Consejo Interuniversitario Nacional

La rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, Delfina Veiravé, asumió la presidencia del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en reemplazo de Jaime Perczyk, quien fue designado como Secretario de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación, en el marco del cambio de gobierno que se produjo en los últimos días en el país.

El presupuesto para las universidades argentinas y el aporte que las mismas podrán hacer al Consejo Federal Argentina contra el Hambre son dos de los importantes temas en la agenda de trabajo del organismo, que nuclea a unas 66 instituciones de educación superior.

“Es un honor y una gran responsabilidad”, aseguró Veiravé en diálogo con Radio UNNE 99.7 mhz, en relación al cargo que ocupa a partir del corrimiento que se produce, tal como lo dispone el Artículo Nº 22 inciso b) del Estatuto del Consejo.

La rectora de la UNNE se desempeñará en este cargo hasta el próximo plenario de rectoras y rectores que se realizaría en marzo del año entrante, cuando se realicen la elección de las próximas autoridades.

Veiravé asumió con “las mejores expectativas de cómo podamos trabajar en el futuro con la SPU”, dijo también en alusión al hecho de que una persona del ámbito universitario, como lo es el Rector de la Universidad de Hurlingham ocupe tan importante espacio dentro de la cartera educativa nacional. “La mayoría de los rectores está con una opinión muy favorable con respecto a quien hoy está ocupando la SPU”, aseguró. “Porque conoce el sistema, es rector de una universidad nacional y ha tenido ya responsabilidades en ese sentido en el Consejo”, explicó.

En comunicación con el programa “La Tarde nos Unne”, destacó también la ventaja que ello constituye, “porque conoce los problemas, los lineamientos de trabajos que se han estado llevando adelante en el CIN”, principalmente. “Esperamos, y así va a ser, que el CIN junto a la SPU, puedan trabajar coordinadamente, articulando también las políticas del sistema universitario y atendiendo las demandas que las universidades tienen, tanto públicas como privadas”, agregó.

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2019/12/argentina-la-rectora-delfina-veirave-asume-la-presidencia-del-consejo-interuniversitario-nacional/

Comparte este contenido:

Argentina: Nicolás Trotta, sobre los desafíos en educación: «Nuestro compromiso es convocar a la paritaria nacional docente»

Redacción: La Nación

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, sostuvo que uno de los «compromisos» es «convocar a la paritaria nacional docente», y lograr que la educación esté «presente en la cotidianidad de nuestras vidas», a través de los contenidos que se generarán con el redireccionamiento del dinero de la pauta oficial, según anunció ayer el presidente Alberto Fernández.

En diálogo con radio El Destape, Trotta también aseguró que se está «constituyendo una dirección nacional que va a asumir» la aplicación de la Educación Sexual Integral en las escuelas y, al respecto, se «impulsarán todas las herramientas necesarias».

«Uno de los compromisos es convocar al a paritaria docente» para discutir salarios, pero también «cuestiones que consideramos centrales como la formación docente, o los objetivos pedagógicos de cada región en la Argentina».

Trotta indicó asimismo que buscan que «la educación esté presente en la cotidianidad de nuestras vidas», y por eso se planteó el redireccionamiento de la pauta oficial «para generar material educativo, que serán pequeñas cápsulas que generen diálogo con la familia y la comunidad».

Respecto de la aplicación de la Educación Sexual Integral en las escuelas, el ministro afirmó: «Estamos constituyendo una Dirección Nacional que va a asumir esa agenda; hay un consenso muy grande en nuestra sociedad y vamos a impulsar todas las herramientas necesarias».

Trotta habló antes de dirigirse hacia el ministerio «para tener la primer reunión con todo el equipo y poder terminar de planificar la situación, para asumir una gestión que tiene enormes desafíos, mucha expectativa, y en donde no tenemos márgenes para no acompañar con respuestas concretas en una situación social y económica tan grave».

La reacción de los gremios

Para los sindicatos docentes, la decisión de restablecer la paritaria nacional docente es una buena noticia. «La noticia es alentadora. Es algo por lo que nosotros hemos luchado muchísimo. Nos parece fundamental y trascendental la paritaria para igualar el sistema educativo en la Argentina. Hoy la Argentina tiene 24 sistemas distintos. Cada provincia hace lo que puede en materia de formación docente, en infraestructura escolar, en el pago de salarios», explicó a LA NACIÓN Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

En el caso concreto de la UDA, el gremio reclamó por vía judicial que las negociaciones paritarias se realicen a nivel nacional. Hoy el expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia.

«La paritaria nacional llegaría en un momento adecuado e ideal para empezar a garantizar una mejor calidad educativa, que todos queremos», continuó Romero, quien consideró que la discusión salarial a nivel nacional puede ser un «buen punto de partida» para introducir mejoras en el campo educativo.

Sin embargo, el dirigente sindical advirtió que «tiene que haber fuerte decisión política en esa paritaria de realmente recomponer la educación argentina, de recuperarla. Hoy la Argentina adolece de salarios dignos».

En enero de 2018, un decreto del expresidente Mauricio Macri suspendió las paritarias nacionales. Con las firmas del exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro y del exministro de Trabajo, Jorge Triaca, la medida colocaba a la discusión salarial bajo la órbita de los gobiernos provinciales. También equiparó en representación a los distintos gremios que integraban la mesa nacional, hecho que despertó un conflicto con la Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina (Ctera), el sindicato más representado en aquel entonces.

Comparte este contenido:

Chile: Tres de cada 10 planteles de educación superior cerraron el 2018 con pérdidas

La tercera 

Superintendencia del ramo identificó las instituciones con más riesgo para focalizar en ellas las acciones de fiscalización. De las 48 casas de estudios con gratuidad solo siete registran cifras negativas. Las privadas lideran el listado de ganancias.

Más de $ 218 mil millones en excedentes registraron en 2018 las instituciones de educación superior del país, un aumento de $ 41 mil millones (23%) respecto del año anterior, según cifras oficiales del Ministerio de Educación (Mineduc).

Pero el panorama hoy no es el mismo para todas las casas de estudios, porque de las 140 instituciones que entregaron información al Estado, 39 registraron cifras negativas. Es decir, tres de cada 10 planteles tuvieron pérdidas.

El caso más extremo es el de la Universidad de los Andes, que cerró el año con casi $ 11 mil millones en pérdidas. Pero el director de Finanzas, Álvaro Beltrán, dice que eso se explica por la inversión que realizaron hace unos años para construir su clínica universitaria.

“Este déficit está totalmente financiado, por lo que no tiene efectos directos en el resto de la actividad universitaria y es el resultado lógico de un proyecto de la envergadura como es la Clínica Universidad de los Andes”, agrega.

En el listado de los planteles con déficit le siguen el Instituto Profesional La Araucana, que está en proceso de cierre, y la Universidad de Las Américas. En esta última institución explican que los $ 5 mil millones en rojo son un arrastre de la pérdida de la acreditación que sufrieron en 2013, lo que derivó en que la admisión de estudiantes cayera en un 40%.

Sin embargo, afirman que hoy la situación patrimonial es sólida y que han realizado inversiones en la docencia de pregrado, en investigación y en infraestructura.

“Este plan considera llegar a una situación de equilibrio en 2020 y el resultado proyectado del ejercicio 2019 muestra un avance en esta dirección”, dicen. También destacan la recuperación de la acreditación.

Vigilancia del riesgo

Otros planteles que presentan pérdidas son la U. Gabriela Mistral y la Universidad Ucinf, que está en proceso de cierre y siendo “absorbida” por la primera.

La tarea de vigilancia y alerta le corresponde al superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, quien, cuenta, se ha dedicado a definir, junto a la Contraloría, las normas contables que aplicarán a todas las casas de estudio para supervisar sus finanzas.

Paralelamente, agrega Avilés, desarrollaron un modelo de supervisión que les permite “priorizar nuestras acciones fiscalizadoras en aquellas instituciones que se encuentran en situaciones más riesgosas”.

“Luego de aplicar el modelo, hemos identificado los casos de mayor riesgo, concentrando ahí diversas acciones de fiscalización, siempre con el objeto de conocer el real estado financiero de manera actualizada en cada caso y así poder aplicar las medidas que correspondan”, señala.

Avilés plantea que se debe revisar el estado de las instituciones caso a caso, pero reconoce que “hemos sido testigos en los últimos años de situaciones de gestiones deficientes en lo administrativo y financiero que, en los casos más graves, han provocado lamentables daños a sus comunidades educativas”. Por ello, valora la creación de la institución que dirige y el robustecimiento de la Comisión Nacional de Acreditación.

Efectos de la gratuidad

Este año, varias universidades plantearon que la gratuidad en la educación superior les generaba brechas financieras, pues el Estado no pagaría el valor real de las carreras. Pero eso parece no reflejarse en los resultados.

De las 48 instituciones con gratuidad, siete registraron pérdidas, entre ellas, cuatro universidades estatales. La Universidad Arturo Prat lidera el listado en rojo. En tanto, planteles como Duoc UC, Inacap, U. de Concepción y U. Autónoma encabezan el grupo con más excedentes.

Andrés Bernasconi, director del Centro de Justicia Educacional de la UC, cree que finalmente el estado financiero de las universidades “depende mucho más de las decisiones que se toman al interior de ellas que de los efectos de las políticas públicas, considerando incluso la gratuidad”.

Lo mismo cree Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, quien dice que llama la atención que las universidades con gratuidad, en especial las estatales, pidan más recursos, siendo que estas últimas “reciben 19 veces más que las privadas por distintos fondos que se entregan a la institución, sin considerar becas, gratuidad u otros beneficios estudiantiles”.

El investigador de Nodo XXI, José Miguel Sanhueza, advierte que se debe hacer una diferencia entre los planteles con gratuidad, porque esta política “ha sido perjudicial en términos financieros para algunas universidades estatales y para el segmento tradicional de la educación superior, pero beneficiosa para las instituciones privadas que se incorporaron a esta política”.

(Para agrandar la imagen, hacer click sobre ella.)

Comparte este contenido:

¿Por qué la educación K-12 todavía necesita supervisión federal?

Matthew Lynch

Educar a los niños estadounidenses siempre ha sido una responsabilidad que ha recaído fuertemente en los estados. Sin embargo, a medida que el sistema escolar público maduró en el siglo XX, se hizo cada vez más evidente que los estados abandonados a sus propios dispositivos educativos significaban consecuencias peligrosas para muchos niños, especialmente los estudiantes con discapacidades y aquellos que viven en la pobreza, por ejemplo. Históricamente, el gobierno federal siempre ha sido el que recogió la holgura en la educación cuando los estados se han quedado cortos.

En su artículo para The Daily Beast , Jonah Edelman de Stand for Children advierte que los miembros del recién creado Congreso ya han expresado intenciones de reducir la rendición de cuentas y la transparencia sobre los sistemas educativos de los estados, al tiempo que proporcionan flexibilidad adicional con fondos federales.

Al contrario de lo que afirman algunos activistas por los derechos de los estados, los estados no siempre actúan en el mejor interés de sus residentes, especialmente cuando se trata de educación. Dejados a sus propios dispositivos, los estados tienden a promulgar prácticas discriminatorias.

Mi estado natal de Mississippi es un ejemplo de control estatal que salió mal. Si sus escuelas fueran totalmente dependientes del estado para delinear los puntos de referencia de aprendizaje y repartir los fondos (en base a una población estatal con un 24 por ciento en pobreza y más del 70 por ciento de sus estudiantes elegibles para almuerzos gratuitos o de precio reducido ), las desigualdades se reducirían. compuesto exponencialmente.

Y esas desigualdades ya son sorprendentes. Por ejemplo, mientras que el 83 por ciento de las escuelas secundarias de New Hampshire ofrecen cálculo, solo el 41 por ciento de las de Mississippi lo hacen .

Mississippi nunca ha podido recuperarse de la pobreza desenfrenada que comenzó después de la Guerra Civil. Incluso cuando se otorgó la libertad a los esclavos en el estado y sus alrededores, la población afroamericana no pudo elevar su calidad de vida debido a las barreras erigidas por la segregación y las leyes de Jim Crow. Todavía existen desigualdades menos evidentes que evitan que cada nueva generación de estudiantes afroamericanos en el estado rompa el ciclo de la pobreza en el hogar y el bajo rendimiento en el aula.

Edelman menciona cuestiones como la desegregación como victorias para el gobierno federal cuando los estados se negaron a hacer lo correcto para todos los estudiantes. Sin una intervención federal, por ejemplo, no tendríamos programas como la Ley DREAM, que alienta la educación continua para los estudiantes que de otro modo podrían ser elegibles para la deportación. En cambio, debido a este programa federal, pueden contribuir positivamente a sus comunidades y a nuestro país.

Por un lado, se necesita orientación federal para medir cuánto están aprendiendo los estudiantes de un estado a otro. Establecer una barra alta común para el rendimiento académico que incluya expectativas rigurosas de preparación para la universidad solo se puede lograr a través de la participación federal en las escuelas.

Será interesante ver qué giros y vueltas toman las reescrituras de NCLB y ciertamente ningún grupo estará completamente satisfecho. Pero vale la pena luchar por el principio básico de que garantizar a todos los estudiantes en todos los estados un acceso igualitario a la educación.

Fuente: https://educationpost.org/k-12-education-still-needs-federal-oversight/

Comparte este contenido:

La educación privada como aliada y no como adversaria

Por: Fidel Ibarra López

El pasado 12 de agosto se publicó un artículo de un servidor en este espacio el cual se intitulaba “¿Vamos hacia una estatización de la educación?”. En ese texto, un servidor hacía eco de las declaraciones del empresario educativo Américo Ferrara, dueño del Instituto Brillamont, en San Pedro, Nuevo León, el cual planteaba como escenario la “nacionalización de la educación en México”. En este texto un servidor que no había condiciones -hasta el momento- para estatizar la educación en México; pero sí existía -y existe- un “temor” entre los empresarios de la educación para que se vaya perfilando un escenario hacia ese propósito.

El presidente López Obrador se refirió al tema en la mañanera del 12 de agosto señalando que en México se va a “mantener el sistema de educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares sin hacer un lado a la educación privada”. Un servidor señaló en otro artículo que se publicó en este mismo espacio que esa declaración se podía interpretar como un “no los vamos a desplazar, van a seguir ofreciendo educación como lo están haciendo hasta el momento”. Esa declaración -señalamos en su momento- puede atemperar las “preocupaciones de los directivos”; pero es una declaración que se queda corta. En esa mañanera el presidente pudo haber extendido la mano a la educación privada y haber señalado a la educación privada como “aliada” del gobierno federal para “alcanzar los propósitos que este gobierno pretende llevar a cabo en la materia” (Educación Futura, 2 de septiembre del 2019).

En lugar de ello, el presidente López Obrador ha vuelto a señalar a la educación dentro de su concepción neoliberal que utiliza cada vez que recurre al pasado para justificar su política de gobierno. La referencia la hizo el pasado 1 de diciembre en el marco de la celebración de su primer año de gobierno. Ahí expresó lo que le hemos escuchado reiteradamente cada vez que aborda el tema educativo en su discurso: que la educación se privatizó de forma deliberada al generarse un escenario de expulsión de miles de jóvenes de la educación pública universitaria al cerrárseles las puertas utilizando como “pretexto” los exámenes de admisión. Esta concepción la viene exponiendo en dos espacios de discusión política: en sus libros que ha publicado y en su rol como actor opositor al régimen.

Planteado así, es claro que el presidente no tiene en buen término a la educación privada. La concibe como resultado de la política neoliberal que se estableció en México en los últimos 30 años. Y ello se constituye en problema si se pretende avanzar en la agenda educativa. Llegado a este punto, es pertinente integrar una contradicción que presenta el gobierno federal en su relación con el capital privado: el presidente López Obrador no tiene empacho ahora en llegar a acuerdos con la élite empresarial de este país -después de haberlos criticado acremente durante la campaña electoral- en aras de lograr mayores niveles de inversión privada para detonar el empleo y el crecimiento económico el próximo año -la realidad termina por imponerse-. ¿No tendría que establecerse la relación en los mismos términos con el capital privado en el ámbito educativo para lograr los objetivos que se ha planteado el gobierno federal en materia de cobertura y de calidad educativa? En el plano formal, no tendría que haber problema alguno; pero sí lo hay. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta es ideológica. En el campo educativo la “ideología” se constituye en un imperativo para avanzar en una agenda de gran calado con el capital privado. Se le acusaría de “neoliberal” al presidente si hace un movimiento de ese tipo.

Además, la educación representa una agenda “vital” para el presidente López Obrador en lo referente a su política social. En ese sentido, el presentar “buenos números” en términos de acceso a la educación; infraestructura; y de apoyos a los alumnos de escasos recursos económicos es de suma importancia para el presidente. Y desde esta concepción, la educación privada no encaja. Antes que concebirla como aliada, se recela de ella.

Algunos autores están señalando una concepción distinta a lo que un servidor ha planteado hasta aquí. Afirman, a propósito de la discusión sobre el anteproyecto de la Ley General de Educación Superior, que hay una postura de “favorecer” o “beneficiar” a las universidades privadas a partir de que en el anteproyecto de marras no se presentan cambios sustantivos respecto a la forma como vienen operando las universidades privadas hasta ahora (De Garay, Adrián, Educación Futura, 29 de noviembre del 2019). Y los argumentos que se presentan para sostener esta posición son los siguientes: 1) Que hay actores del gobierno de Morena que tienen intereses en la educación privada universitaria; y 2) Porque el gobierno de López Obrador requiere de la participación de la educación privada para llegar a la meta del 50% de cobertura.

No coincidimos con esa argumentación. Si no se integran cambios a lo que se propone para las universidades privadas se puede leer de igual forma en otro sentido: no hay cambios porque no se tiene proyecto para integrarlas. Y lo afirmo por lo siguiente: si desde 1978 la Ley General de Educación Universitaria no ha sufrido modificación alguna a pesar del proceso de reformas educativas que se han presentado desde 1993, es tiempo entonces -en esta ocasión que se está planteando sacar adelante una nueva ley en la materia- plantearse una normatividad de gran calado donde la educación pública y la educación privada universitaria converjan hacia un proyecto educativo con perspectiva de Estado de acuerdo con los intereses nacionales de nuestro país para los próximos 30 ó 40 años.

¿Se está planteando a ese nivel? No. Las universidades privadas tienen observancia en los últimos 10 artículos del anteproyecto de la Ley. Y los artículos que se están planteando tienen que ver con un conjunto de regulaciones que deben cumplir las instituciones privadas. No hay una perspectiva estratégica en ese articulado, solamente un marco regulatorio. Más nada. Entonces, ¿estamos ante una legislación que favorece a las universidades privadas o ante una legislación que aspira solamente a regular a las instituciones privadas puesto que no hay un proyecto para integrarlas en un todo de mayor calado; esto es, un proyecto de nación?

Desde nuestra perspectiva, el gobierno de López Obrador tendría que tenderle la mano -vuelvo a esta expresión que utilicé en un artículo que se publicó en este espacio el pasado 2 de septiembre- a la educación privada. No hay condiciones en este momento para que pueda sacar adelante sus objetivos con los recursos públicos y la infraestructura educativa que se tienen en el país en todos los niveles educativos. La educación privada le puede coadyuvar en ese propósito. Y le puede coadyuvar de acuerdo con los principios que el gobierno federal establezca.

Que en la educación privada opera en un marco mercantil, con bajos estándares de calidad educativa, eso depende de la institución; pero en efecto existe. Así como en la educación pública también se tienen graves condicionantes. Y los que hemos estado en ambos lados de la cancha lo sabemos. No obstante, me parece que en la coyuntura actual se debe rebasar esa discusión respecto a que la educación privada es sinónimo de educación neoliberal; y pensar de fondo un proyecto educativo de gran calado donde la educación pública y la privada converjan hacia el proyecto de nación.

Un paso importante para ello es que el presidente modere su discurso hacia la educación privada y extienda la mano hacia el capital privado. No hay contradicción si lo hace en otros ámbitos económicos.

Y señalamos lo anterior, porque hasta el momento, el discurso del presidente deja la impresión que, en esta agenda, la educación privada es adversaria antes que una aliada. ¿O no?

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-educacion-privada-como-aliada-y-no-como-adversaria/

Comparte este contenido:

Educación Pública: Un año de gobierno ¿Cambio de régimen?

Educación Pública: Un año de gobierno ¿Cambio de régimen?

Juan Carlos Miranda Arroyo

Antes del 1 de diciembre, el gobierno de la “4T” se había pronunciado por emprender una Reforma Educativa “de raíz.

Por el momento, no se ven claros los rasgos del cambio de régimen de la “4T” en materia de educación pública. En lo que sigue expondré las evidencias y las razones por las cuales considero que “el cambio” no ha llegado ni ha tenido lugar (en sus contenidos ni en sus formas) en el ámbito de la educación en México, hoy, al cumplirse un año de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

I

Antes del 1 de diciembre, el gobierno de la “4T” se había pronunciado por emprender una Reforma Educativa “de raíz” (o radical), ante el señalamiento de que la anterior (la del período 2012-2018) había sido considerada, tanto por los opositores políticos del gobierno de Enrique Peña Nieto como por los sectores disidentes del Sindicato de Maestros (específicamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE), como la “mal llamada Reforma Educativa”, que pretendió sentar a las maestras y a los maestros de México en el banquillo de los acusados. “Mientras las maestras y los maestros no fueran evaluados rigurosa y sistemáticamente, -rezaba el discurso oficial peñanietista-, la calidad de la educación de las niñas, los niños y los jóvenes, seguiría en entredicho”.

II

“A toda acción le corresponde una reacción”

En concreto, considero (y así lo he expresado durante los últimos meses), que la iniciativa de Reforma Educativa del gobierno lópezobradorista ha sido “contestataria”, pues no ha existido un proyecto alternativo de educación que sea consistente y de nítido contraste con las políticas públicas anteriores. A partir de la iniciativa ingresada al Congreso por parte del presidente López Obrador (12 de diciembre de 2018), el gobierno de la “4T” se propuso, de inmediato, eliminar lo que era política y técnicamente insostenible: la evaluación para la permanencia en el puesto, que estaba dirigida al conjunto del magisterio nacional en servicio.

En su lugar, el nuevo gobierno (2018-2024) concertó con las bases disidentes y sus dirigentes, los términos de la siguiente etapa de la Reforma Educativa. Así, el “Acuerdo Nacional por la Educación” y la llamada “Nueva Escuela Mexicana” parecen ser el resultado de una concertación con las fuerzas “institucionales (dirigencia oficial del SNTE) y las bases y representantes de la disidencia magisterial, a través de un discurso o una retórica cuyos contenidos eran más reivindicatorios de demandas opositoras (“No a la Reforma basada en una Evaluación Punitiva”) que de un verdadero planteamiento alternativo o innovador en materia de educación pública.

Si se mide a la actual Reforma Educativa de la “Cuatro-T” como una respuesta a los cambios (o más bien dicho, a la simulación de los cambios) que se dieron durante el sexenio anterior (2012-2018), entonces el resultado es que sólo se ha respondido ante esa coyuntura educativa: Eliminar el carácter eminentemente “evaluador” o “enjuiciador” de las políticas públicas educativas, sobre todo hacia las figuras educativas del sistema nacional: Docentes, Directores Escolares y Asesores Técnicos, entre otras figuras educativas importantes.

Con esa dinámica, que consistió en eliminar del texto Constitucional y de la legislación educativa a la denominada “evaluación para la permanencia” en el puesto, a través de una mal diseñada evaluación de desempeño, (como lo ha señalado el doctor Ángel Díaz Barriga en varias publicaciones), se evidenció que la fuerza de la nueva Reforma Educativa (2019) estaría en su condición y en su derecho de “hacer caer” a la anterior. Aunque no calificaría a la actual Reforma Educativa de “reaccionaria”, sí diría que es “contestataria”, “reactiva” o producto de la “concertación” con las fuerzas opositoras y con la cúpula que detenta la titularidad de la representación “oficialista” del magisterio ante las autoridades laborales. ¿Entonces cómo queda el asunto de la “Rectoría del Estado en la Educación”?

III

No encuentro cambios sustantivos ni trascendentes en el llamado “Acuerdo Nacional por la Educación”, cuando se mantienen intactos una serie de dispositivos que han dejado los gobiernos de marca “Neoliberal” en el ámbito educativo (léase, sobre todo, los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto). Esto lo digo en términos de la instalación de un discurso “pro-gerencialista” en el seno mismo de la escuela pública: La gestión de la “Calidad” como paradigma universal; la lógica de la “Mejora Continua” con pretensiones absurdas de “neutralidad ideológica”. (Lo mismo que sucedió con la noción de “Competencias”). En ambos casos, sin el cuidado de deslindar su pasado y sin ubicar claramente su legado histórico (como conceptos ideológicos, más que académicos), que nos vienen desde finales de la II Guerra Mundial, justo cuando E. Deming sostuvo que la superación de los viejos paradigmas de la producción de bienes y servicios (en Estados Unidos, en Europa y en Japón, que estaban en decadencia), deberían de provenir de la incorporación de cambios en la concepción gerencial de las organizaciones.

Así, la ideas de la “Calidad Total” y del círculo de la “Mejora Continua” eran obviadas como nociones “naturales” o “consustanciales” a la vida de la escuela pública. ¿Acaso vinieron de otro lado esos desarrollos gerencialistas? ¿Los intentos de la “nueva gerencia” empresarial por gestionar y producir bienes y servicios para reconvertir los patrones del consumo y renovar los factores de la acumulación capitalistas, en una era de reactivación de las economías de la posguerra, era un “desarrollo natural”?

El modelo de la “Calidad Total” de Deming, pese a sus actitudes críticas, se puso de moda una vez que se habían agotado los sistemas y modelos de administración centrados en la mano de obra, y que poco a poco fueron desplazados por las dinámicas “gerencialistas”; o a base de seguir las nuevas corrientes migratorias empresariales y que se orientaron hacia esquemas donde habría, progresivamente, una mayor intensidad de las tecnologías.

IV

Pero al Estado mexicano en la era de la “4T” no le interesó polemizar con ese pasado gerencialista en particular (pienso en la mayoría legislativa, en los funcionarios de alto nivel de la SEP, etc.). Todo lo contrario, se decidió caminar por el rumbo de la “Mejora Continua” en la educación; tanto así que creó, vía el Poder Legislativo y por iniciativa del Ejecutivo, una ley para la “Mejora Continua” de la Educación, así como una “Comisión Nacional para la “Mejora Continua” de la Educación (como organismo público no autónomo), en sustitución del finado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que contaba con autonomía constitucional.

Mientras tanto, y pese a que los diseñadores institucionales de la “4T” empezaron a hablar de “Excelencia” Educativa, sin un aparato conceptual que le diera sustento ni fundamento, percibo que durante el último año la educación pública estuvo plagada de improvisaciones. Para mi gusto, se abandonó lamentablemente el otro camino que quedaba y que consistía en discutir a fondo el modelo imperante de la “Calidad de la Educación” (evaluación de las políticas públicas con orientación hacia la calidad, tal como la definen los organismos internacionales), en vez de proscribir al concepto y colocar en su lugar a otro membrete, que carece de articulación y de consistencia conceptual: la llamada “Excelencia”…

En fin, lo que se desprende de este análisis resumido, abreviado, apretado de la actual coyuntura educativa, luego de un año de ejercicio en el poder público por la nueva élite gobernante de la “4T”, es que hay un intento por cambiar el “régimen”, (en eso consiste el proyecto que encabeza el presidente López Obrador); sin embargo, aún no se ha logrado ese propósito (¿falta más tiempo; todo un sexenio?), ni se cuenta con una plataforma alternativa clara en lo educativo, sino que, en todo caso, se han logrado delinear apenas unas políticas que han buscado desmontar la parte legislativa de la anterior plataforma política; pero que, en los hechos, se vive como una continuidad para el conjunto del magisterio, en lo sustantivo del trabajo cotidiano que se lleva a cabo en las escuelas y en las aulas.

No es hora en que se aprecie un cambio orgánico en materia curricular, por ejemplo. Las maestras y los maestros de la educación básica, por poner un caso, señalan que las indicaciones de las autoridades federales y estatales, es “continuar con lo dispuesto en 2017”, cuando se dio a conocer el llamado “Nuevo Modelo Educativo”, de la pasada administración federal. Entonces ¿Cuáles son los elementos del cambio curricular que requiere la escuela pública en los niveles de la educación básica con el “nuevo régimen”? ¿Cuál es el sentido y el contenido (con sus respectivos métodos) del cambio en la educación media y superior en México en esta era transformadora? ¿Cuál es el horizonte al que llevará o sobre el cual se inspirará la “4T” en materia educativa? No lo sabemos. Quizá eso está apenas en construcción.

Todo parece indicar que, en todo caso, eso apenas se va a analizar, a partir de este segundo año de gobierno federal que hoy comienza.

Correo-e: jcmqro3@yahoo.com

Twitter: @jcma23

Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo

 

 

Comparte este contenido:
Page 73 of 265
1 71 72 73 74 75 265