Educación Superior

América del Sur/Venezuela/Agosto del 2016/María Egilda Castellano de Sjostrand/ess.iesalc.unesco.org.ve

Por:María Egilda Castellano de Sjostrand

El presente trabajo se dirige a cumplir dos objetivos: 1) describir las políticas que han orientado a la educación universitaria y superior en Venezuela, desde el inicio de la democracia representativa, en 1958; 2) señalar algunas de las manifestaciones y efectos de la política de modernización de la educación universitaria y superior y sugerir algunos problemas que pueden ser objeto de investigación socio-educativa.

El trabajo ha sido organizado en tres partes cuyo c’ontenido da respuesta a los dos objetivos planteados. En la primera parte se describen las políticas que para la educación universitaria y superior han formulado los gobiernos de la democracia representativa y su vinculación con el proyecto de desarrollo que se ha venido impulsando, señalando en ese proceso los cambios que se han introducido en cuanto a la prioridad concedida a una u otra orientación política en función de estrategias económicas e ideopolíticas que en cada momento histórico se han instrumentado para dar respuesta a exigencias concretas del modo de desarrollo que hemos asumido.

En la segunda se analizan algunas de las manifestaciones y efectos de la política de modernización de la educación universitaria y superior, los cuales se evidencian tanto al interior del nivel como en los distintos grupos y estratos sociales que han accedido o aspiran acceder a él.

Estas manifestaciones y efectos configuran espacios para la investigación socioeducativa por cuanto constituyen la concreción de la política, y de alguna manera expresan las alianzas, las presiones y los intereses en juego presentes en el Estado tanto en el momento del diseño y formulación de la política corno en el de las decisiones y acciones concretas.

En la tercera parte, a manera de conclusión, señalamos algunas líneas hacia las cuales creernos debe poner énfasis la investigación socioeducativa, vía a través de la cual las universidades, por medio de sus postgrados y centros de investigación, pueden contribuir a la búsqueda de opciones y al diseño de propuestas para que la educación superior colabore en la superación de los problemas de los otros niveles del sistema escolar, y a la vez pase a jugar papel estratégico en la producción y comunicación de conocimientos que ayuden a superar la crisis en la cual se encuentra sumida la sociedad venezolana.

1. Las políticas explícitas e implícitas para la educación universitaria y superior y el proyecto modernizador Corno consecuencia de un complejo de procesos desencadenados en Venezuela y relacionados con la orientación que se le dio a la sociedad a partir del acuerdo político que en 1958 impulsó la conquista de un régimen democrático y un modelo societal fundamentado en el paradigma del desarrollo y de la modernización 1 la universidad venezolana y las instituciones no universitarias, creadas en su mayoría a partir de la década del setenta, conjunto que se conoce corno «Subsistema de Educación Superior,» han sido orientadas fundamentalmente por dos políticas que se han explicitado como democratizaci6n y modernización.

Él proyecto modernizador para la sociedad se fundamentó, en lo ideopolítico, en la democracia representativa, y en lo económico en el desarrollo de las industrias básicas, bajo la conducción del Estado; en el crecimiento industrial a través de la sustitución de importaciones y en la modernización de la agricultura y expansión de los servicios, estos tres últimos aspectos conducidos por el sector privado, protegido y subsidiado por el Estado, quien administraría y redistribuiría los ingresos derivados de la explotación del petróleo, el cual seguiría siendo la fuente fundamental de los ingresos del país.

El Estado se mantendría como ente regulador de la vida social cumpliendo primordialmente con sus funciones de garante e interventor y en menor medida de acumulador (Giordani, 1986). En este proyecto la educación se valoró como altamente positiva para formar,a la fuerza de trabajo en el desempeño de los nuevos roles que exigiría la diversificación de la economía, consecuente con el modelo de desarrollo que fue adoptado, y para socializar a la población en los valores de la vida democrática ymoderna lo que coadyuvaría a la aceptación y legitimación del nuevo régimen socio-político.

Por ello durante la primera década de la democracia representativa a pesar de que los Planes de la Nación recogieron como políticas para la educación universitaria la democratización y la modernización, el énfasis se puso en la democratización.

La orientación democrática se dirigió a ampliar las oportunidades de acceso a las universidades existentes para el momento, y para garantizarlo la Ley de Universidades promulgada en 1958 legitimó la gratuidad, el financiamiento por parte del Estado, la autonomía académica y administrativa, junto a otras conquistas relacionadas con la vida democrática.

La educación universitaria a puertas abiertas quedó así garantizada y la autonomía, gratuidad y democracia se reconstituyeron como principios universitarios en el proyecto socio-político que se impulsaba.

Como resultado de este esfuerzo se produjo una importante expansión de la matrÍCula la que de 16.795 alumnos que se distribuían entre las Universidades y los Institutos Pedagógicos existentes para el período 1958-59, pasó a 62.449 en el lapso de diez años 1968-69 (OPSU, 1985).

La política de modernización de la educación postsecundaria se consideró el complemento necesario para que la educación pudiese formar parte de la estrategia de desarrollo económico y por ello se concretó en ese primer período de vida democrática en la creación de nuevas carreras y en la diversificación de la Ingeniería en las especialidades requeridas por el crecimiento industrial, cambios que se propusieron y realizaron en las universidades existentes.

Pero también, dentro de esta estrategia modernizadora se incluyó la creación de dos nuevas universidades dependientes del Estado, las Experimentales de Oriente y Lisandro Alvarado, y el primer Instituto Politécnico, el cual se dedicaría a la formación de profesionales en especialidades técnicas: Ingeniería Eléctrica y Mecánica.

Ya a finales de la década del sesenta se empezaron a mostrar con cierta intensidad los síntomas del agotamiento de la primera fase del proceso de industrialización substitutiva (Giordani, 1986; Hausmann, 1983).

La diversificación y crecimiento de la economía no se concretó en los niveles ~perados y aparecieron incongruencias, problemas e incoherencias entre el proceso expansivo de la educación postsecundaria y el modelo económico, a la par que las Universidades Nacionales Autónomas se habían involucrado en las luchas políticas que caracterizaron a la década, y se convirtieron en un foco disidente a la política gubernamental.

Este complejo de procesos explica la redefinición de la política económica y educativa que correspondió al primer gobierno Social-cristiano, quien propuso en el IV Plan de la Nación para el período 1969-73 una opción estratégica dirigida a una economía industrial moderna, para lo cual se consideraba necesario:

a) la ‘ racionalización y el uso de la renta petrolera como principal fuente de recursos; b) el tener una economía no petrolera; c) aumentar la eficiencia del sector público como promotor del desarrollo; y d) buscar una mayor autonomía externa.

La modernización de la economía debía ser acompañada por la correspondiente a la educación, y una vez reformada la Ley de Universidades, en 1970, el Presidente Caldera en su primer mensaje al Congreso Nacional señaló que su política educativa se concentraría en la modernización del sistema, poniendo énfasis en cambios cualitativos en vez de los cuantitativos que habían caracterizado a los anteriores gobiernos demoeráticos.

Acorde con este planteamiento anunció el proyecto de creación de Institutos Regionales Superiores como respuesta a las exigencias del desarrollo regional y del crecimiento industrial y de los servicios que generaría la estrategia de modernización de la economía.

Estos institutos ofrecerían carreras cortas prefere, temente en el campo tecnológico (Caldera, 1971). De allí que a partir de la· década del setenta el énfasis se puso en la modernización de la economía, del Estado y de la vida cotidiana, y los parámetros de la racionalidad instrumental rigieron cOn más fuerza el comportamiento de todas las instancias de la sociedad.

La educación postsecundaria al formar parté de esta estrategia debía ser repensada y reformada para responder a las exigencias de la modernización.

La política de modernización se instrumentó primariamente por medio de: la diversificación institucional y académica, la regionalización, y una mayor centralización y control político en la organización y funcionamiento de las instituciones. Implícitamente abrió el camino para el incremento de la participación del sector privado en la educación universitaria y superior.

En la segunda mitad de la década se incluyó la estrategia dirigida a la racionalización del crecimiento. Como puede apreciarse, la política de modernización impulsó una reforma trascendental en este nivel de la educacjón .

Para justificar los cambios que exigía la política se utilizó como argumento principal «la necesidad de formar los técnicos y tecnólogos que necesitaba el país». En estas razones explícitas encontramos coincidencia con las ideas que durante toda la década anterior y sobre la educación postsecundaria venía expresando un sector de los estratos dominantes, aquel agrupado en FEDECAMARAS.

2 La diversificación de la educación postsecundaria se fundamentó en la concepción de que la función primordial de la educación era la preparación de los recursos humanos necesarios para el funcionamiento del sistema económico el cuál por su modernización crearía espacios para nuevos y diferentes desempeños laborales, cada vez más especializados con preferencia en los niveles medios de la producción y de la gerencia.

De allí la proposición que se incluyó en el programa diseñado para el quinquenio 1969-74, en la cual se conceptuó a la educación postsecimdaria como «un esquema aglutinante de una constelación de centros de formación» (Fernández, 1975) que conformarían el subsistema de educación superior constituido por cuatro subniveles:

Educación superior básica, educación superior profesional intermedia de carreras cortas, educación superior profesional de carreras largas, y postgrado. esta manera la reforma se dirigía a dar respuesta a la segmentación del mercado de trabajo y a las necesidades expresadas por los industriales 3 ya que «tendría por finalidad la preparación de cuadros calificados para atender los diversos niveles de empleo, desde el obrero calificado hasta el llamado nivel superior» (Pérez Olivares, 1976).

La estrategia dirigida a la diversificación incluyó la intención, que valoramos positiva, de establecer la necesaria diferenciación entre las instituciones que conformarían el «subsistema»de educación postsecundaria en cuanto a sus misiones y fines, lo cual exige que cada institución además de cumplir con fines y objetivos universalistas (Brunner, 1991), lo haga con los particulares en acuerdo con la misión encomendada académico-científica o técnico-profesional (Gómez, 1991).

Diferenciación que también ha debido expresarse en el diseño curricular unos con preeminencia en lo cognitivo y otros con preeminencia en lo manipulativo (CERPE,1983).

La regionalización de la educación formó parte de la estrategia de desarrollo regional y su objetivo se expresó así: » .. ;colaborar en atender la demanda creciente fundamentalmente de las comunidades de mayor presión demográfica y establecer un sistema de carreras cortas que sean transitor;amente terminales.

Pero que dejen abierta la posibilidad de prosecución hacia carreras tecnológicas de mayor duración» (Hernández Carabaño, 1970) y » … como elementos fundamentales para impulsar el desarrollo regional se ubican, naturalmente en una red polos … » (Hernández Carabaño, 1970).

«La idea era realizar una estrategia de nú- cleos y comenzar en ella a hacer el diseño de las coordinaciones, asignando a cada unidad la tarea de responder a los requerimientos concretos que el polo plantea en materia de servicio, de asistencia técnica, de investigación y capacitación profesional» (Pérez Olivares, 1976).

La centralización y control político de las instituciones de educación superior se instrumentó a través de diversas vías.

En el caso de las universidades por medio de las nuevas funciones que la Ley de Universidades de 1970 confirió al Consejo Nacional de Universidades: planificación, coordinación, control y evaluación académica, administrativa y financiera de las universidades.

Así como también por vía del carácter de experimentalidad con el cual se crearon las nuevas Universidades Nacionales lo que permitió justificar la carencia de autonomía y en consecuencia el control político del gobierno de tumo por medio del nombramiento y remoción de las autoridades.

En el caso de los Institutos y Colegios Universitarios por vía de su dependencia del Ministerio de Educación, e igualmente del nombramiento de sus autoridades por el gobierno de tumo, así como a través de sus reglamentos internos. Como señalamos anteriormente, la estrategia de racionalización del crecimiento no formó parte de la política de modernización en su diseño inicial, ella surgió como respuesta a los conflictos generados por el comportamiento .de la población aspirante a ingresar a la educación superior.

Efectivamente, a mediados de la década del setenta, a pesar de los esfuerzos hechos por diversificar ampliar la oferta educativa a través de la creación de Institutos de Tecnología y Colegios Universitarios de carreras cortas, los egresados de la educación media seguían prefiriendo a las universidades y entre ellas, las Nacionales Autónomas.

Esta preferencia por las Universidades Autónomas generó los conflictos por el cupo que caracterizaron el resto de la década, cuando paradójicamente los Institutos y Colegios, contaban con vacantes.

Fue también en esta década cuando empezaron a manifestarse los enfrentamientos entre las universidades y el poder gubernamental debido al financiamiento.

La crisis generada en el ahora llamado «subsistema de educación superior» fue afrontada por el Consejo Nacional de Universidades mediante la proposición de la reorientación y racionalización de la matrícula en función de la diversificación de la educación postsecundaria.

La racionalización del crecimiento se instrumentó a través de la selección, proceso que se encomendó a la OPSU, creándose el Sistema Nacional de Admisión a la Educación Superior. A través de este Sistema el ingreso al nivel se haría selectivo en función de «méritos académicos previos y aptitucles para uno u otro tipo de educación» (Liprandi, 1990-91), tratando de adaptar por esta vía los egresos a los distintos requerimientos del aparato productivo y a las prioridades del mercado ocupacional, lo que exigiría una definición de cupo (CNU /OPSU,1976).

Se señalaron tres requisitos para esta estrategia: 1) «Una implementación adecuada de la política de democratización de la enseñanza ya que en ella queda explícitamente definido que no todo ciudadano tiene que recibir el mismo tipo de educación, porque no todos poseen un mismo potencial ni la misma vocación; 2) la correcta implementación del Ciclo Diversificado a fin de que capacite al individuo para optar favorablemente al mercado laboral, y para la prosecución de los estudios a nivel superior; y 3) la aplicación sistemática y adecuada de un régimen de orientación vocacional de naturaleza longitudinal que actúe como agente canalizador de vocaciones» (CNU /OPSU, 1976).

A la par el Consejo Nacional de Universidades venía trabajando en el diseño de un conjunto de Políticas para la Educación Superior, y en julio de 1977 aprobó el documento titulado: BASES SOBRE POLITICAS y ACCIONES CONCRETAS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR VENEZOLANA, el cual contiene seis Políticas con sus respectivas estrategias. Estas son:

Democratización, Desarrollo Autónomo, Renovación Institucional, Innovación, Crecimiento y Financiamiento (CNU /OPSU, 1977). Con excepción de la primera, las cinco restantes responden a la orientación modernizadora, y legitiman a través de un documento aprobado por el máximo organismo planificador y coordinador de la educación universitaria como lo es el Consejo Nacional de Universidades, las tendencias observadas desde el inicio de la década.

La década del setenta se vio favorecida por el alza de los precios del petróleo lo que permitió que para la segunda mitad, en el V Plan de la Nación, se expusiera una audaz estrategia para alcanzar «un desarrollo acelerado del país» MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN VENEZUELA… M.E. CASTELLANO DE SJOSTRAND /11 y «rescatar la soberanía de sus recursos», para lo cual se diseñaron programas que requerían cuantiosas inversiones dirigidas a construir una infraestructura física para el desarrollo de industrias consideradas básicas lo que exigió redimensionar el papel del Estado como acumulador.

La educación se continuó considerando como prioritaria para el desarrollo del país y la formación acelerada de recursos humanos para «formar a los profesionales que se requerían para los planes de desarrollo en marcha» (Pérez, 1976).

Se propuso el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho a fin de enviar numerosos estudiantes a universidades e institutos de educación superior en países extranjeros, fundamentalmente de Estados Unidos y Europa.

Internamente en el V Plan se propuso no sólo mejorar y ampliar la diversificación y regionalización de la educación superior sino insertarla en el proyecto de la «Revolución Educativa» haciéndola descansar en los principios de democratización, renovación y desarrollo autónomo, e incentivar el crecimiento de la educación superior privada (CORDIPLAN, 1976).

La década del ochenta y lo que va de los noventa se ha caracterizado por la emergencia de una crisis que toca a todas las instancias de la sociedad, colocando a la educación universitaria y superior ante un nuev’o escenario y ante nuevos retos.

Esta crisis desencadenada en el mundo y en América Latina con bastante anterioridad, tardó en manifestarse en Venezuela debido a las «favorables coyunturas petroleras» (Gamus, 1994), pero al hacerlo requirió cambios importantes en la estrategia del Estado para orientar las reformas necesarias en un escenario caracterizado por una importante deuda externa que exige la puesta en marcha de «programas de ajuste estructural implementados en respuesta a las dificultades en las balanzas de pago.

El ajuste estructural implica reducciones en el gasto público y en éste, el gasto educativo se ha reducido substancialmente y en especial en los niveles más bajos del sistema»(Reimers, 1991). Esta crisis ha estado condicionando las estrategias .

 El VII Plan se dirigió al logro de la recuperación económica, el pacto social y el pago de la deuda externa; la reforma del Estado, la creación del sistema nacional de salud, la elevación de la calidad de la educación y ampliación de la democratización y la reforma de la educación superior.

El VIII Plan se inscribe con más vigor en la política económica de ajuste, en la cual las privatizaciones tuvieron un papel central, el Estado se declara como promotor de la iniciativa privada, controlador y regulador del funcionamiento de la producción de bienes y servicios más que productor directo.

Como el Plan anterior, pone el énfasis en: mejorar la calidad de la educación superior, entendiendo por tal el refuerzo de aquellos conocimientos que la vinculen más estrechamente con el mercado de trabajo yen especial con el sector productivo, por 10 cual se fortalecerían las carreras cortas del área tecnológica ofrecidas por los Institutos de Educación Superior no universitarios, restricción del crecimiento de las universidades en carreras consideradas tradicionales, la recomposición de la distribución del presupuesto en favor de los niveles de preescolar y básica, así como no incrementar el correspondiente a la educación superior, incentivar a la iniciativa privada para que participe significativamente en este nivel educativo.

El IX Plan de la Nación augura la construcción de un nuevo país sobre la base de la conciencia de la crisis, factor que permitirá iniciar los cambios que permitan aprovechar las potencialidades propias y las oportunidades que están presentes en la coyuntura; unas y otras se reconocen como el aprovechamiento de las tendencias de la globalización, de las condiciones productivas, tecnológicas y de  recursos naturales, de los recursos humanos y del propio sistema político (CORDIPLAN,1985).

El Plan señala la necesidad de realizar reformas estructurales en la Educación Superior, por cuanto ésta está llamada a jugar un Ptlpel relevante en el desarrollo del país.

 Las acciones que se proponen son: fortalecimiento del rol de las universidades regionales en la dinamización del proceso de descentralización educativa; redimensión del papel de la OPSU y del Consejo Nacional de Universidades con el fin de difundir las experiencias y programas que están en marcha.

Lla vinculación de los sectores académicos, de producción de ciencia y tecnología y el sector productivo y que puedan fortalecer los objetivos de inserción y competitividad; la definición de un enfoque alternativo de recursos humanos que dé prioridad a las áreas claves para la inserción internacional; el desarrollo tecnológico de las actividades productivas de mayor dinamismo y la modernización de los servicios estratégicos; la flexibilización de los postgrados y elevación del rendimiento de los centros de investigación.

La atención ~ centrará más que en la expansión del sistema, en una mayor equidad, excelencia y calidad. Igualmente debe orientarse a la búsqueda de alternativas de financiamiento que liberen recursos para apoyar la Educación Básica y Media, una de cuyas opciones la constituye el Fondo para el Financiamiento y el Desarrollo de la Educación Superior, el cual se nutrirá con aportes del Ejecutivo Nacional, del sector empresarial y de los egresados del sistema.

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Fuente:

http://ess.iesalc.unesco.org.ve/index.php/ess/article/viewFile/253/210

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